Quimsacocha: “mendigos sentados en un saco de oro”
El ex presidente peruano Alan García llamaba perros del hortelano” a los indígenas amazónicos o andinos que no dejan explotar las riquezas de petróleo, gas, minerales. Ni comían ni dejaban comer. Esa imagen no fue apreciada por los insultados.


El presidente Rafael Correa de Ecuador dice y repite a los indígenas que son “mendigos sentados en un saco de oro”. Lo dijo el 10 de agosto de 2012 en su informe a la nación y en Quimsacocha, en el Azuay, defendiendo a la compañía minera Iamgold. Atribuye el dicho a Humboldt, pero en Perú esa misma frase se suele atribuir a Antonio Raimondi.


Desde Alaska a Tierra de Fuego hay cientos de conflictos en las industrias extractivas. La economía mundial no se “desmaterializa”, todo lo contrario. La energía del carbón, del petróleo o del gas se disipa, se pierde al quemar esos combustibles fósiles. Al día siguiente hay que ir a buscar más, ya sea en las profundidades de la Amazonia o en el fondo del mar del Golfo de México, con los conflictos que eso acarrea. Los metales podrían reciclarse en parte, pero la demanda aumenta (cobre, bauxita, hierro, oro) y resulta más barato aprovisionarse en las fronteras de la extracción que reciclar.


Si una comunidad niega la “licencia social”, ¿debe entonces el gobierno entrar manu militari como en Perú Alan García y Ollanta Humala? ¿O debe el gobierno reflexionar, esperar? Así, mientras en San Luis Potosí en México la minera San Xavier continúa con la minería de oro a pesar de decisiones judiciales en contra, los proyectos en el cerro Wirikuta tal vez se detengan. Mientras en Guatemala hay conflictos en las minas Marlin y Caballo Banco (ambas de la Goldcorp, que también causa daños en el Valle de Siria en Honduras), en Costa Rica el gobierno declaró oficialmente una moratoria minera por la resistencia social y sentencias judiciales contra la minería en Crucitas en el río San Juan, y El Salvador echó a la compañía Pacific Rim que quería explotar la mina de oro llamada El Dorado.


En Ecuador, el páramo de Quimsacocha (“tres lagunas”) es una bellísima zona cerca de Cuenca, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Cajas. Pero en esa zona hay una gran concesión minera de la compañía Iamgold. En junio de 2012 la empresa Iamgold decidió ceder sus derechos de explotación a otra empresa canadiense junior. A cambio, si el proyecto progresa, Iamgold comprará acciones de esta nueva empresa esperando que tenga más suerte y más empeño.
En la prensa ecuatoriana y extranjera se ha dicho que Iamgold se va porque las cargas tributarias previstas reducirían significativamente la rentabilidad de Quimsacocha. El gobierno de Correa está fomentando la minería y la extracción de petróleo pero está atornillando fiscalmente a las empresas. Pero también se ha dicho con razón que Iamgold carece de “licencia social”. Iamgold no logró el consentimiento de los pueblos afectados porque estos creen que las fuentes de agua van a ser afectadas irreparablemente si se hace minería en esta zona. En octubre de 2011, en las comunidades de Victoria del Portete y Tarqui se realizó una consulta popular en la que 92 por ciento votaron en contra de la minería en Quimsacocha.


Tras esa consulta, Rafael Correa visitó, muy irritado, Quimsacocha y soltó su frase preferida: “mendigos sobre un saco de oro”. Los líderes de estas protestas, como Carlos Pérez, han sido “criminalizados”, sentenciados a cárcel por protestar.


Desde hace 10 años, primero en Tambogrande en Perú y en Esquel en Argentina, después en otros lugares, muchos proyectos mineros han sido interrumpidos en América latina por consultas populares, bajo el Convenio 169 de la OIT, que protege a pueblos indígenas o bajo otras modalidades. Esos referéndums o consultas tuvieron efectos políticos. Otras veces no hace falta referéndum, la oposición local es tan firme y unánime que las mineras o petroleras no pueden entrar. Esto ha ocurrido en Intag y en Sarayaku en Ecuador, ahora también en peligro.


Rafael Correa es un presidente con muchas virtudes pero tiene un defecto común en muchos economistas: el es anti-ecologista (diga lo que diga la muy verde Constitución de Ecuador de 2008), y en eso coincide con otros dirigentes nacionalistas-populares de América Latina.


Ahora bien. Los ecuatorianos no son mendigos encima de una montaña de oro sino ciudadanos de un país que progresa en lo económico y en lo social, que tiene un papel internacional relevante, y que discute sobre el difícil tránsito a una economía post-extractivista.


Por Joan Martínez Alier, Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona; coordinador del Proyecto EJOLT

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Martes, 02 Octubre 2012 05:39

La historia mordiéndose la cola

La historia mordiéndose la cola
En Honduras se creará una ciudad modelo” bajo un estatuto especial, tanto legal como económico, lo que ha levantado una intensa polémica cuyo eje principal es el asunto de la soberanía nacional. La noticia me ha llamado, por supuesto, la atención. Y mi primera pregunta ha sido: ¿de dónde viene todo esto? La clave me la dio la presencia del economista Paul Romer, profesor de la Universidad de Nueva York, sentado al lado del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, al hacerse el anuncio oficial en Tegucigalpa.


Romer no es un mero asesor del proyecto. Es el ideólogo global de las charter cities, término que en español puede tener diversas interpretaciones: ciudades bajo fuero especial, o ciudades alquiladas. Y por lo que se ve, ahora que Honduras le ha abierto las puertas al plan, pues la Constitución Política fue reformada en 2011 para hacerlo posible, será en Centroamérica donde Romer podrá probarlo por primera vez. La clave está en sustraer porciones de territorios nacionales deshabitados para crear estas ciudades donde sus habitantes vivirán prósperos y felices. La clave del enclave.


En uno de los videos en que promueve su cruzada, Romer comienza utilizando la imagen de un grupo de muchachos africanos que se ven obligados a estudiar sus tareas en plena calle, bajo las luminarias del alumbrado público, porque en su casa no tienen luz eléctrica. Y elige de ejemplo a uno de ellos, Nelson. Seguramente, aun siendo tan pobre, tiene un teléfono celular, dice; pero eso no es suficiente.


¿Qué pasaría si Nelson viviera en una ciudad donde la energía eléctrica fuera barata, y pudiera estudiar en una buena universidad? ¿Una ciudad donde todo el mundo gozara de empleos bien remunerados, y no tuviera que preocuparse de la violencia callejera, ni del crimen, ni de la ineficiencia del Estado, regido por leyes obsoletas? Y todo eso, sin tener que emigrar. Ese milagro ocurriría dentro de las propias fronteras del país miserable y atrasado de Nelson. Basta segregar una porción del territorio.


Nelson vive en un país fallido, que no es capaz de hacer posible el desarrollo. El Estado no puede garantizar a sus ciudadanos una vida pacífica y segura, su burocracia engorrosa ahuyenta las inversiones, y por todos lados campea la corrupción. Hay que librar al desarrollo económico de estas amarras. En la ciudad modelo, libre de los males endémicos del subdesarrollo, reinará el buen gobierno. Una ciudad exitosa, por fin, en un país fracasado.


Entonces, la fórmula es sencilla: estos países prestan, o alquilan, o ceden, un pedazo de su territorio, y allí se organiza esta nueva Ciudad del Sol. El país en cuestión puede participar, claro, y su primer aporte es el suelo. Pero necesita de socios, socios poderosos que pueden ser otros países, o empresas trasnacionales, capaces de invertir, levantar las fábricas y edificios, construir las redes ferroviarias y de carreteras, los hospitales, universidades, escuelas, parques. Pero deben hacerlo bajo leyes propias.
¿Quién gobernará esta ciudad modelo? Sus ciudadanos, los que han decidido libremente trasladarse a vivir allí, nacionales o extranjeros. Se darán su propio estatuto, elegirán a sus autoridades civiles, organizarán su propio sistema judicial y su propia policía, otorgarán las licencias de operación a las empresas industriales y a los bancos, decretarán su propio régimen fiscal, y controlarán las telecomunicaciones. La polis y el demos, por fin, en feliz armonía. Por supuesto que los inversionistas, ejecutivos de empresas, técnicos extranjeros, también serán parte de esta ciudadanía ejemplar, con derecho a voto. En el caso de Honduras, el Estado se reservará, según se escucha, la defensa militar, las relaciones exteriores y la emisión de pasaportes.


Frente a los ataques contra la creación de la nueva ciudad, el presidente Porfirio Lobo alega que la soberanía está a salvo, y que lo único que habrá son reglas especiales. Aquellos que escojan vivir allí podrán hacerlo con dignidad, sin las amenazas de la delincuencia, o sea, sin maras ni cárteles de narcotraficantes, llenos de confianza, amparados por la seguridad jurídica, con trabajos garantizados, y excelentes niveles de educación y salud. Es decir, lo que no puede ser posible en todo el territorio nacional se podrá conseguir como por encanto en el enclave modelo.


Supongo que, de ser así, los 33 kilómetros cuadrados que el presidente Lobo afirma tendrá esta primera ciudad, para cuya construcción Corea del Sur ya ha hecho su primer aporte de socio potencial, no serían suficientes para albergar a los miles que querrán irse a vivir allí, un rápido viaje del infierno al cielo.


En sus explicaciones acerca de la filosofía de sus charter cities, Romer se hace la pregunta: “¿Es esto colonialismo?” Y se responde que no, porque en este caso no será la voluntad omnímoda de un Estado extranjero la que determinará todo, sino que los ciudadanos del enclave tomarán las decisiones de manera democrática. Nada menos que el ágora entre rascacielos y trenes de alta velocidad, en medio de la selva.


El relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank la Rue, tras visitar Honduras en agosto de este mismo año, consignó en su informe que el proyecto de Romer es “una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el Estado con la población en su territorio”.


La historia mordiéndose la cola.

Medellín, septiembre, 2012

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Sábado, 29 Septiembre 2012 09:09

Un reclamo que no tuvo salida en la ONU

El canciller chileno dijo que su país está abierto al diálogo y que no existen temas limítrofes pendientes entre ambos países, pero que Bolivia no tiene derecho en su reclamo. Evo Morales había exigido una “reparación histórica”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, rechazó categóricamente la petición que Bolivia formuló a su país de obtener una salida al mar, alegando que no existen problemas de límites pendientes entre ambos Estados, ya que los establecidos en el Tratado de 1904 se respetan plenamente.

“Bolivia carece de un derecho para reclamar una salida soberana al mar”, aseveró ayer Moreno ante la Asamblea General de la ONU, para añadir que “Chile ha cumplido cabalmente las obligaciones contraídas” en el citado tratado, cuya renegociación pidió el presidente de Bolivia, Evo Morales, en su discurso del miércoles en el mismo foro.

Moreno apuntó en este sentido que Morales se refirió “a su demanda marítima reivindicatoria en términos que se apartan de las normas de buena convivencia entre las naciones” y agregó que Chile “no ha dejado de expresar a Bolivia su disposición al diálogo sobre la base del pleno derecho a los tratados vigentes”, por lo que “está en manos de Bolivia aceptar la invitación”.

El ministro señaló que su país permite “el más amplio libre tránsito” por su territorio, “a través de una infraestructura de óptima calidad, como lo reconocen los propios bolivianos”, así como que “el respeto a los acuerdos de límites entre países vecinos es una base de convivencia y garantía de la paz internacional”. Asimismo, reafirmó que la Constitución boliviana aprobada en 2009 “introdujo disposiciones que contravienen el marco del derecho internacional” y que son, por tanto, “inoponibles” a su país.

“Me veo en la obligación de rechazar categóricamente el emplazamiento, las afirmaciones y cargos formulados contra mi país”, remarcó Moreno, quien recordó que su país ya presentó una respuesta a Morales ante la Asamblea General, usando el derecho a réplica.

En su discurso ante la 67ª sesión de la Asamblea General, Morales había declarado que Chile no podía “ignorar el derecho boliviano y prolongar el encierro geográfico impuesto por la fuerza”, a la vez que solicitaba el acompañamiento de la comunidad internacional para poner fin al “enclaustramiento” de su país y reparar este “daño histórico”.

El Tratado de Paz y Amistad de 1904 fijó la soberanía chilena sobre territorios que Bolivia perdió durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884. Eso supuso su pérdida de acceso al mar, un asunto que ha dificultado desde entonces los vínculos entre ambos países, que no tienen relaciones bilaterales a nivel de embajadores desde 1978.

En la última Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en junio de este año en la ciudad boliviana de Cochabamba, Bolivia pidió a Chile “renegociar” dicho tratado y reiteró su intención de presentar una demanda ante el tribunal de La Haya.

Además de rechazar el pedido de Bolivia, Moreno defendió el libre comercio y la apertura de los mercados para superar la crisis económica y criticó el proteccionismo. “El proteccionismo lleva a proteger la industria ineficiente y a entregar a los ciudadanos productos de mala calidad y más caros, disminuye la productividad, elimina la competencia y el emprendimiento e impide el verdadero desarrollo”, afirmó Moreno en su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU.

Frente a ello, el ministro recetó una “mayor apertura y libertad para el comercio” como la clave para superar la crisis financiera internacional, tesis que ejemplificó con la propia experiencia chilena.

Así, Moreno recordó que su país inició hace años un proceso de liberalización comercial, disminuyendo unilateralmente sus aranceles y a través de acuerdos de libre comercio con más de 60 países, lo que hace de Chile la nación que ha suscripto el mayor número de estos tratados.

“Esta política, a pesar de las dificultades externas, nos ha permitido aumentar la tasa de crecimiento a un ritmo del 6 por ciento en los últimos dos años, alcanzar un ingreso per cápita que es el más alto de la región, reducir las cifras de desempleo y de pobreza”, enumeró Moreno.
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Lunes, 10 Septiembre 2012 17:45

Los muros invisibles

Los muros invisibles
En las migraciones convergen las más diversas posibilidades: derribaron imperios y los consolidaron, aumentaron las ganancias del capital y mejoraron la vida de los trabajadores, son una ventana para la libertad o para la opresión. La historiadora Avi Chomsky enfoca su análisis en los sujetos de las migraciones.
 
“La economía depende de la mano de obra mexicana barata”, explica la historiadora Avi Chomsky, quien estos días imparte un curso sobre inmigración en Montevideo. “Sin esa mano de obra los bienes y servicios baratos que disfrutan los ciudadanos estadounidenses, desaparecerían”. En su opinión, los “ilegales” o “indocumentados” forman parte de una construcción social que justifica los malos tratos y beneficia a las grandes empresas.
 
La hija mayor del célebre lingüista es profesora de historia en la Universidad estatal de Salem, en el estado de Massachusetts. Publicó una decena de libros, el último dedicado a la historia de la revolución cubana. A mediados de la década de 1970 se relacionó con la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW por sus siglas en inglés) integrada en gran medida por inmigrantes mexicanos, lo que supuso un parteaguas en su vida: aprendió español y se comprometió con el mundo de los inmigrantes latinos, con sus movimientos y organizaciones, pero también se especializó en analizar a las multinacionales que los contratan.
 
En 2010 acudió como voluntaria del grupo de derechos humanos No Más Muertes, a Nogales, en la frontera mexicano-estadounidense, donde pudo comprender “los muros invisibles” que funcionan en su país y que afectan a toda la población no blanca. “Cerca de Boston, mi ciudad natal, viven miles de inmigrantes indocumentados que lograron cruzar la frontera y el desierto violentos, para vivir detrás de una nueva serie de muros en Massachusetts”. En su opinión los barrotes de la opresión han sido reforzados por el gobierno de Barack Obama, quien ha contribuido como pocos a hacerlos aún más invisibles.
 
Toda su producción teórica y su práctica como activista está dedicada a comprender y acompañar a los más perjudicados por el sistema, los marginados o los habitantes del “subsuelo” como llaman los zapatistas a los que no tienen nada que perder. Cuando aborda el movimiento Occupy Wall Street destaca la ausencia de “la gente de color” y la necesidad que han tenido las “minorías” (que ya aportan la mayoría de los nacimientos) de organizarse en paralelo para no volver a quedar marginados.
 
- Usted sostiene que los inmigrantes son necesarios para el buen funcionamiento de la economía de su país.
 
- No me gusta hablar de la economía sino de cosas más concretas como el trabajo. Muchos empresarios están a favor de la inmigración porque les pagan salarios más bajos y trabajan en sectores en los que nadie quiere trabajar. Hay todo un discurso de que los inmigrantes les quitan el trabajo a los que tienen empleo. Es evidente que hubo cambios muy importantes en torno al trabajo. A lo largo del siglo XX la clase trabajadora se convirtió en clase media a través del acceso al sueño americano, por la participación política, buenos salarios, acceso a la educación y la salud. O sea bienes de consumo y bienes sociales. Con la desaparición del empleo industrial por el cierre de industrias y su traslado a los países de la periferia, está desapareciendo ese estilo de vida y las clases medias también. En la agricultura, en la industria avícola y en la construcción, predomina el trabajo mal pagado con empleo intensivo de inmigrantes. También sucede en los servicios ya que las familias demandas cuidados que antes podía cubrir el ama de casa pero ahora contratan inmigrantes para cuidar a los niños, cortar el césped y una infinidad de empleos que hace unas décadas no existían porque la familia perdió su tiempo libre porque deben trabajar muchas más horas al punto que el ocio fue colonizado por el trabajo.
 
- ¿Cómo afecta la crisis a los inmigrantes?
 
- Es curioso que en Estados Unidos hay altos niveles de desempleo pero entre los inmigrantes, y sobre todo entre los indocumentados, no hay desempleo porque hacen un trabajo necesario. Un presidente mexicano dijo que los inmigrantes hacen los trabajos que “ni los negros quieren hacer”. Cuando yo era niña los que repartían los diarios eran los chicos del barrio porque recibían propinas. Ahora ese trabajo lo hacen los inmigrantes, empiezan a las cuatro de la madrugada, tienen que tener coche, pagan sus gastos de salud y de la seguridad social, y trabajan 365 días al año incluso cuando la nieve bloquea los caminos. Ganan apenas 500 dólares mensuales y no tienen derechos porque son autónomos. Ese es un tipo de trabajo típico de los inmigrantes sin documentos y la derecha económica es feliz con esta inmigración ya que permite aumentar los niveles de explotación que garantizan ciertos niveles de bienestar a los ciudadanos blancos.
 
- Desde el punto de vista cultural y político, ¿qué han aportado los inmigrantes latinos en las últimas décadas?
 
- Los movimientos de los latinos son la mayor esperanza para quienes queremos ver un cambio en el país. La izquierda está muy diezmada. El movimiento contra la guerra ya no existe, los sindicatos están muy golpeados y ya no luchan por cambiar la sociedad.
 
- Desde lejos parecería que el movimiento de los inmigrantes se ha diluido.
 
- No existen grandes manifestaciones de inmigrantes, pero en lo local hay mucha actividad. No tenemos movimiento estudiantil y predomina una gran despolitización, pero hay movimientos de los estudiantes latinos. Ellos comprenden cómo funciona el sistema en su conjunto. Sin embargo, entre mis estudiantes blancos predomina la idea de que no hay ninguna posibilidad de cambiar nada y no hacen nada. Nunca escuché a un inmigrante decir que no vale la pena luchar, y tampoco lo escucho en Colombia aunque las cosas están mucho peor que en Estados Unidos. Entre los trabajadores inmigrantes hay organizaciones sindicales, son los más explotados y son los que más se están movilizando.
 
- ¿Qué piensa del movimiento Occupy Wall Street?
 
- Es un movimiento muy importante pese a algunas limitaciones. En primer lugar ha despertado entre muchos jóvenes la idea de que existe derecho a protestar, a imaginar otro mundo y a movilizarnos para conseguir un cambio, algo que había sido imposible de lograr en los últimos años. Además ha sido capaz de movilizar mucha gente con el objetivo de que no sean otros los que decidan tu futuro. Y ha puesto en un lugar destacado la injusticia económica haciendo visible que la economía funciona de manera inmoral y favorece a unos pocos. Hasta que nació OWS esas cosas no estaban en discusión.
 
- ¿Cuáles serían los problemas que observa?
 
- Las comunidades de color se han sentido aisladas y hay una lucha de los afrodescendientes y los latinos para crear su propio movimiento, para participar desde su propia identidad. Ellos dicen Occupy the Hood (Ocupemos el Barrio), para darle visibilidad a sus problemas que no son contemplados por los activistas blancos porque no ven el racismo. En Estados Unidos se considera que el racismo es cuestión del pasado, se dice que el color de piel ya no importa (colorblindness). Aún los blancos de izquierda son incapaces de ver el racismo estructural y esa es una forma de excluir nuevamente. Estamos ante un nuevo racismo, un racismo que niega la existencia del racismo. La gente de color formalmente tiene derechos pero están profundamente afectados por la segregación residencial, por las leyes anti-inmigrantes, por el sistema judicial que penaliza a los varones jóvenes negros.
 
- ¿Es posible que estas dos culturas puedan coincidir en un mismo movimiento? Se lo pregunto porque en América Latina vivimos una permanente criminalización de los pobres, al punto que si usted pone la palabra pobre en el lugar de negro o latino, la situación no es muy diferente a la que describe.
 
- El problema que observo es la dificultad de ver el sistema en su conjunto y no sólo lo que sucede en un país.Los que están más marginados son los que pueden ver el sistema en su totalidad, porque los que están dentro del sistema, aunque sean oprimidos, pueden ver sólo aspectos parciales.
 
- ¿Cree que el impacto de Occupy Wall Street será similar al que tuvo el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960?
 
- El movimiento de los derechos civiles consiguió muchas de sus demandas, pero los cambios en la sociedad nos llevaron a una nueva época de discriminación y racismo. La marginación de la comunidad negra ha empeorado y además aparece otro grupo más discriminado. A los negros se les otorgaron derechos legales pero la discriminación se trasladó a los latinos para que sigan haciendo los trabajos más duros y peor pagados. A los negros ahora se los discrimina de otra manera, ya no mediante leyes sino de una manera no explícita contra la raza, a través de la creación de nuevos delitos para criminalizar así a una gran proporción de la comunidad negra.
 
Michelle Alexander estudió la encarcelación masiva de los jóvenes negros. Cuatro generaciones no pudieron votar. La de los bisabuelos por la esclavitud, la de los abuelos por las presiones de Ku Kux Klan, la de los padres por los límites legales, las leyes de Jim Crowd, y ahora por estar acusados de delitos. El impulso de aquel movimiento era para la igualdad pero fue desarmado a partir de logros legales pero no sociales. El movimiento fue muy fuerte, muy potente, pero fue cooptado a partir del reconocimiento de la igualdad legal. Occupy Wall Street no tiene objetivos, ni un programa ni una estrategia y eso que puede atraer a muchas personas pero es también una debilidad porque sin objetivos claros no sabe hacia dónde va.
 
- Como activista comprometida, ¿cómo siente el mundo viviendo en Estados Unidos?
 
- Soy optimista por naturaleza. Pero cuando me pongo a analizar llego a la conclusión de que no voy a ver los cambios por los que venimos luchando. A eso se suma el problema ambiental porque podemos conquistar la justicia social pero en un mundo en el que yo podremos vivir. Lo que es importante es seguir haciendo lo posible por cambiar las cosas. Trabajo con comunidades negras colombianas desplazadas por las minas de carbón, gente que vivió toda su vida en sus tierras y de golpe los empresarios, gente como Goldman Sachs, los desplazan por la fuerza y terminan viviendo en basurales en las periferias urbanas. Saben que nunca van a recuperar sus tierras, tienen muy claro cómo funciona el sistema y saben que no tienen fuerza para modificar las cosas, pero siguen construyendo una trinchera desde la que resisten algo que los supera, algo que parece imposible cambiar.
 

 Capital migrante

 
“Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración”, es el libro con el que Avi Chomsky intenta desarticular los argumentos de quienes encabezan campañas en contra de los inmigrante (1). Cuestiona el concepto de inmigrante “ilegal” porque contradice la Declaración Universal de Derechos Humanos y porque lo que es legal cambia con el tiempo. En todo caso, hay doce millones de personas sin documentos sólo en Estados Unidos, que están sobre representados en la agricultura, la construcción y los servicios peor remunerados. Seis de cada diez indocumentados provienen de México y casi todos los demás de otros países de América Latina.
 
Detrás y debajo de la inmigración, Chomsky detecta la eterna movilidad del capital: a comienzos del siglo XX los empresarios textiles comenzaron a invertir en el sur de Estados Unidos donde pagaban impuestos y salarios más bajos, los sindicatos eran perseguidos y había subsidios al capital. Luego argumentaban a los trabajadores de sus empresas en el norte del país que “la competencia del sur” socavaba sus empresas por lo que debían reducir salarios y aumentar los ritmos de trabajo (2) Dejaron de invertir en sus fábricas en el norte para cerrarlas definitivamente cuando estuvieron obsoletas.
 
Con los años, esa lógica interna se comenzó a aplicar fuera del país. Primero abrieron plantas en Puerto Rico, México, países centroamericanos y asiáticos. El tercer paso, luego de “modificar las relaciones de trabajo en las fábricas norteamericanas para hacerlas competitivas respecto al tercer Mundo”, fue importar trabajadores latinoamericanos con el argumento de que “los estadounidenses no querían esos empleos”. En realidad los gerentes de las grandes multinacionales comenzaron a reproducir en la metrópoli las condiciones de empleo que existen en los países en desarrollo que pasan, como sucedió en la industria frigorífica, por eliminar a los sindicatos.
 
Esta migración del capital revela que el imperio suele ensayar en su propio territorio y con su propia población, las recetas que luego exporta a sus periferias. Y viceversa. Así sucedió con los pueblos originarios y más recientemente con la “guerra contra las drogas” que se utilizó para derrotar los movimientos negros (ver recuadro).

 La nueva segregación racial

 Los muros invisibles

 
Con el 5 por ciento de la población mundial Estados Unidos tiene el 25 por ciento de los presos del mundo. En la ciudad de Washington tres de cada cuatro jóvenes varones afroamericanos van a pasar parte de sus vidas en la cárcel. Casi 2,4 millones de personas están en las cárceles y otros 5 millones se encuentran bajo sentencia probatoria o libertad condicional. De ellos, 40 por ciento son afroamericanos y 20 por ciento latino, cuando estos grupos constituyen 12 y el 16 por cinto de la población respectivamente.
 
La abogada y activista negra Michelle Alexander, autora de un célebre libro sobre la nueva segregación (3), sostiene que la mayoría de los jóvenes negros en las grandes ciudades de Estados Unidos son “almacenados en las cárceles” porque su trabajo ya no es necesario en la economía globalizada. Luego de haber sido etiquetados como “delincuentes” por pequeños delitos por los cuales no son condenados los blancos, quedan permanentemente atrapados en un estatus de segunda. Habitualmente se sostiene que la discriminación finalizó con las reformas promovidas por el movimiento de los derechos civiles de la década de 1960. Sin embargo, el sistema de justicia utiliza la “guerra contra las drogas” como su principal herramienta para mantener en pie la discriminación. En 2005, de cada cinco detenciones por drogas, cuatro eran por posesión. Sólo una de cada cinco se debía a la venta de drogas. Ocho de cada diez son negros.
 
Alexander defiende la tesis de que las formas de control racial han evolucionado y que el sistema penal y penitenciario juega ahora el mismo papel que la esclavitud. La “guerra contra las drogas” tuvo un impacto devastador en las comunidades afroamericanas, en una escala desproporcionada respecto a las dimensiones de la delincuencia: en menos de tres décadas la población carcelaria se multiplicó por ocho, en su inmensa mayoría por el incremento en las condenas en relación con las drogas, resultando en la tasa más alta de encarcelamiento del mundo.
 
Mientras los estudios muestran que los estadounidenses de diferentes razas consumen drogas ilegales en una proporción similar, la tasa de negros encarcelados por delitos de drogas es hasta cincuenta veces mayor que la de los blancos. En las grandes ciudades hasta el 80 por ciento de los varones afroamericanos tienen antecedentes penales, por lo que forman parte de una nueva casta de marginados que pierden sus derechos.
 
Notas
(1) Haymarket, Chicago, 2011
(2) “Mito 8”, pp. 59-63.
(3) “The new Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”, The New Press, 2010.
 
Por Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
 
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“¡Váyanse con su guerra a otra parte!”
Los indígenas tomaron sus bastones de madera y empujaron a los militares. Les arrojaron tierra en la cara y los amenazaron con machetes. “¡Váyanse con su guerra a otra parte!”, les gritaron el pasado martes desde las empinadas montañas de Toribío, departamento del Cauca. Los indígenas no quieren al Ejército, ni a la guerrilla de las FARC, intercambiando tiros en sus territorios ancestrales. Por eso echaron a los militares del cerro Berlín, conocido como las Torres. En los enfrentamientos, un indígena murió tiroteado por un soldado por no atender una orden de alto en un retén en el municipio de Caldono.

Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.

La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.

En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.

Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.

Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No solo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.

“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, exdirector del Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.

Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.

Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.

El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.







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Jueves, 19 Julio 2012 16:11

¿Quién le teme a la paz?

¿Quién le teme a la paz?
Con una energía inusitada, la misma que les sirvió en el año 2004 para ser galardonados como Premio Nacional de Paz, la Guardia Indígena (GI), organización no armada a través de la cual el pueblo Nasa en el departamento de Cauca garantiza el control y orden dentro de su territorio, inició la minga por la recuperación y armonización de su territorio.

La minga tomó cuerpo el 12 de julio con el ascenso de no menos de 200 integrantes de la GI al cerro Berlín, donde “convivían” con los integrantes del ejército atrincherados en el mismo, y prosiguió el 14 con la expulsión del ejército de Monteredondo, al tiempo que hacían lo propio con la guerrilla en jurisdicción rural de Toribío, alcanzando atención nacional el 17 cuando ocuparon en su totalidad el cerro Berlín, territorio sagrado Nasa, desalojando del mismo a los saldados allí atrincherados.

Sin engaño ni violencia ni manipulación. La GI llegó al cerro con previo aviso difundido por los grandes medios de comunicación, nunca ocultaron su propósito –que el ejército desalojara el cerro–; realizaron tal demanda amparados en la autonomía que tienen como pueblo para ejercer control sobre sus territorios, pero también, como lo han sustentado, intentado garantizar su derecho a la vida.

La manipulación que los grandes medios oficiosos hicieron de esa acción el 18 de julio fue inmensa y sin ningún pudor. Una y otra vez vociferaron que “lo sucedido era inaceptable, ya que el ejército protege a todos…”, que “…los indígenas están infiltrados por la guerrilla”, que “…la forma como procedieron, violenta, desdice del pacifismo guardado hasta ahora por la guardia indígena…” (cargaron con los soldados, a los cuales se les solicitó un día antes que desalojaran el sitio), que “…todos (¡?!) los colombianos nos oponemos a ese proceder…”, que “…no se desató una masacre por la grandeza del ejército…”. En fin, opiniones –no información, como le corresponde a cualquier medio que se precie por su trabajo veraz. Mientras esto se decía, a las 5 a.m. del mismo día  había sido asesinado por soldados, en territorio de Caldono, Eduar Fabián Guetio Bastos, comunero de 20 años.


Pero no se limitaron a esto, también intentaron desinformar importantes segmentos sociales al entrevistar y darle resonancia nacional a un  dirigente de la Opic, organización paralela al Cric y la Acin, creada baja el gobierno y apoyo de Uribe, la cual dice no estar de acuerdo con la decisión tomada por las autoridades históricas del pueblo Nasa; al tiempo que ampliaban las declaraciones del mando del ejército nacional reduciendo el conflicto en marcha a un asunto de “…toneladas de cocaína que están represadas en el Cauca y que sus dueños necesitan sacar”.  Sin duda, manipulación y desinformación.


Hay que romper el silencio y la pasividad. El rechazo a quienes utilizan los espacios de la población civil como campo de batalla, debe ser generalizado. Los bombardeos y los tiroteos que tienen lugar sobre las cabezas de la población indígena, son una agresión a personas que deberían tener estatus de  protegidas.  Las lecciones de solidaridad, organización, entereza y disponibilidad para solucionar numerosos y recurrentes impases por la vía del diálogo, son virtudes del pueblo Nasa, probadas hasta la saciedad. Pero ahora resulta, de acuerdo a los creadores de opinión y al gobernante de turno, que son violentos y antisociales. ¿Por qué se los quiere indisponer con el resto del país? ¿Más allá de la sedicente contención a las farc, se esconden otros intereses? ¿Estaremos nuevamente frente a un cuidadoso plan de desalojo estructural? ¿Se esconden resultados de prospectiva sobre el suelo de la zona? El pueblo colombiano en su totalidad debe estar atento a lo que allí suceda, porque el problema de los indígenas del Cauca es un problema de todos/as.

El origen


En el mar de desinformación que se encargaron de llenar los medios oficiosos, por ninguna parte se recurrió al origen de los hechos. Y no era difícil establecerlo ya que los mismos indígenas se han encargado de dejarlo claro: la decisión de exigir que los grupos armados –legales e ilegales– salgan de su territorio, se tomó luego de padecer en sus vidas diarias por la incapacidad del ejército para recuperar el orden público en su territorio, producto de lo cual –según el Consejo Regional Indígena de Cauca –CRIC–, en los últimos 18 meses han tenido que soportar 600 hechos violentos que dejaron 2.500 víctimas de la población civil, de ellas unas cien asesinadas. Toda una guerra de la cual sus principales víctimas son los no armados: población de distintos cabildos, habitantes de municipios como Toribío, Jambaló, Caloto, entre las zonas más atacadas por la guerrilla.

Pero, además, tal vez lo que llenó la tasa fueron los últimos combates librados dentro de la jurisdicción del municipio de Toribío en los cuales los bandos enfrentados se tomaron las casas de habitación de los lugareños para servirse de ellas como trincheras. Es decir, lo que los indígenas del Cauca procuran, demandan, exigen, es vivir en tranquilidad y para ello el requisito fundamental es que los ejércitos salgan de su territorio. De la mano de esta exigencia, la propuesta a todo el país de abordar, de inmediato, una negociación política que lleve a una paz duradera a todos los que vivimos en este país, desangrada por un conflicto armado de no menos de 50 años.

El ejemplo brindado por los indígenas del Cauca, no debe despertar tan sólo aplausos. Debemos acompañarlos y marchar hasta donde las organizaciones armadas se enfrentan, para decirles ¡basta!, no se trata de patrioterismo ni de legalidades, se trata de la vida. Un derecho conculcado a los colombianos desde siempre y que ha hecho de éste un país de desplazados. La diferencia de los Nasa con todos nosotros, es que sin armas confrontan a los armados, y que para ellos sin su tierra no hay vida. El terror no funciona con ellos, y eso los vuelve diferentes. Entendamos que si actuamos como ellos, les cerramos el espacio a los violentos, quienes tendrán que decirle sí a la salida política al conflicto. No es un reto fácil, pero quizá nunca como hoy, tenemos la oportunidad de dar un mensaje contundente de ¡siéntense ya a hablar que es un mandato del pueblo! Hoy hay una oportunidad para la paz, no la desaprovechemos.

Un reto que también recae sobre todos los movimientos sociales, enfrentados a una insuperada atomización e intereses particulares, que les impide trascender sus pequeñeces. Hoy deben responder a este reto y salir por todo el país, cargados de un programa de transición para la paz. Que la gente negada, expulsada, soñadora, flamee la bandera indígena y logre en conjunto abrir las puertas para el diálogo y la negociación política.

Por eso, al escuchar gritar y desinformar a los creadores de opinión apoltronados en la tranquilidad de Bogotá, de sus edificios, vidrios blindados, guardaespaldas, grandes sueldos, el interrogante que surge es: ¿quién(es) le teme(n) a la paz? ¿por qué le temen a la paz?

Carta:
CAUCA: LA PAZ EN LAS MANOS DEL PUEBLO (descargar)

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Publicado enColombia
"Que vengan a ver cómo Colombia viola los derechos de los indígenas"
Yamir Adolfo Conejo tiene los 27 años que aparenta y un hijo de cuatro esperándole en el Cauca, una región suroccidental en la cordillera colombiana donde viven ocho pueblos indígenas en 39 municipios. Está residiendo en Euskadi seis meses protegido por el Gobierno vasco. Sobre su cabeza (como sobre la de tantos otros indígenas de una zona rica en oro y petróleo) pesan amenazas de muerte por ser responsable de 13 emisoras de radio, páginas web y documentales que claman a los cuatro vientos que el desplazamiento forzado de sus tierras hace que en estos momentos pueblos indígenas como el suyo la etnia totorez, de 6.900 personas estén en situación de exterminio cultural y físico. Van más de 20 muertos este año, el último, la semana pasada. Pero no tiene miedo: "Eso es lo que ellos quieren conseguir con sus amenazas, que dejemos de defender nuestros derechos. Muchos han caído por esta lucha y hace falta que la comunidad internacional esté al corriente de nuestra situación", dice.

¿Quiénes son "ellos"?

Son los batallones de alta montaña, el Ejército legal que el Gobierno está instalando en la zona supuestamente para protegernos de otros, los actores armados insurgentes, esto es la guerrilla, paramilitares de ultraderecha, narcotraficantes. Todos protegen un mismo poder hegemónico.

El conflicto es la tenencia de la tierra. ¿Cuándo surge?

Históricamente nos desplazaron a las montañas y ellos extrajeron los recursos de los valles. En todos estos siglos hemos conservado nuestra tierra: donde nacen los grandes ríos del Cauca. Por tradición, por nuestros ancestros, por costumbres, por respeto a nuestra madre naturaleza, hemos logrado conservarla.

Ustedes no viven en esas zonas, es territorio espiritual

Son tierras vírgenes. Allí contactamos con nuestra madre naturaleza y nuestros espíritus, que nos protegen. Allí está toda nuestra sabiduría ancestral. Ese conocimiento milenario que nos brinda la madre naturaleza.

¿Son rituales religiosos?

No, la religión es una estrategia de exterminio cultural para los pueblos indígenas. La tierra necesita que la cuidemos y un indio sin tierra pierde toda su esencia. Si hay que dar la vida por nuestra tierra madre la damos.

¿Considera que en la situación actual la están dando?


Sí. El modelo capitalista que quiere apoderarse de nuestros territorios nos cataloga como terroristas. Eso es jugarse la vida. Ellos crean el conflicto para justificar la militarización de nuestros territorios. Es intolerable.

¿Culpan al Ejército, al Gobierno?

Sí. Porque instala la Policía nacional en nuestros cascos urbanos.

Ustedes tienen su propia Policía

La constitución colombiana nos da derecho al autogobierno. Con él hemos creado un mecanismo de defensa, la Guardia Indígena. Empuña bastones de mando pero no va armada. Es defensora de la madre naturaleza, por eso decimos que somos todos, niños, mujeres y hombres. No utilizamos armas y no agredimos jamás para recuperar nuestro territorio.

¿Qué entienden por recuperación de territorios?

Esos derechos que nos corresponden por ancestrales. Cuando explotan nuestros territorios vamos hasta 3.000 personas y acordonamos la zona, sin armas, sin agresiones. Siempre está el diálogo. Como el Gobierno se hace el sordo, dialogamos con la empresa explotadora. El problema es que nunca sabemos el nombre de la empresa que realmente está detrás de la explotación. Nos confunden. Ocultan los nombres de las multinacionales. Esa maquinaria e infraestructura necesita de mucha plata: lavar el oro requiere una infraestructura carísima, de químicos Sacamos toda la energía negativa que dejan, pero el daño irreparable e inmenso ya está hecho. Todos los pueblos nos ayudamos para hacer esos ejercicios autónomos. Y no hacen caso y vuelven al territorio.

¿Cómo se organizan?

Aportamos mucho a la economía nacional. Producimos café y leche. En las grandes ciudades viven de nuestra producción y nos pagan. Vivimos en zonas rurales, cada familia cultiva su pedazo de tierra que es colectivo, la tierra pertenece a todo el pueblo y el cabildo la administra. La idea es que la relación del cabildo con el Gobierno sea de igual a igual. A veces lo respetan, pero ha costado vidas. Los comandantes sobre el terreno, los policías, no tienen ni idea de qué es el cabildo. Y deberían saberlo para respetarnos.

¿Qué esperáis de la Taula?

Que se dé a conocer la realidad. No es cierto que las cosas hayan mejorado, han empeorado. La estrategia megapropagandística del [expresidente Álvaro] Uribe y ahora de [Juan Manuel] Santos es decir que la guerra se acabó y ahora en Colombia hay un posconflicto. No lo hay, la guerra se ha incrementado.

¿Por qué ese mensaje?

Porque es lo que les interesa oír a los gobiernos europeos y a la comunidad internacional para justificar la entrada de multinacionales.

¿Qué reclama usted?


Solicitar a Mariano Rajoy que nos visite en nuestros territorios, que conozca la situación que estamos sufriendo a cuenta de la política capitalista de extracción y de entregar nuestros territorios a las multinacionales.

¿Creen posible mantener estos territorios ante el inmenso poder de gobiernos y multinacionales?

Somos muy positivos. No quiero que nos vean a los indios como unos pobrecitos a los que están matando y a los que hay que defender. No nos limitamos a criticar el sistema. Tenemos una alternativa, con nuestros territorios donde cultivar, donde vivir libres espiritualmente y convivir con los otros sectores: campesinos, negros, los que viven en las ciudades. Queremos que el Gobierno nos entregue la educación a los indígenas, porque siempre ha estado en manos de la Iglesia católica. También planteamos sistemas indígenas de salud propios. Necesitamos la ciencia occidental pero complementamos con los métodos tradicionales propios.
Publicado enColombia
Cuando piensa en “terrorismo alimentario,” ¿qué es lo que se imagina? ¿Complots diabólicos para contaminar productos en las góndolas de los supermercados? Si usted fuera Buddy Dyer, el alcalde de Orlando, Florida, podría haberse imaginado a un grupo que sirve alimentos a personas sin hogar en uno de los parques de la ciudad. Por estos días se está mencionando mucho al alcalde Dyer precisamente por que consideró que los activistas del colectivo Food Not Bombs de Orlando son “terroristas alimentarios.” En las últimas semanas, al menos veintiún personas fueron arrestadas en Orlando, la ciudad de Disney World, por servir gratuitamente comida en un parque.

Food Not Bombs, o como se le llama en español “Comida, no bombas”, es una organización internacional de base que lucha contra el hambre. Como su nombre lo indica, es un movimiento que se opone a la guerra. En su página de internet dice: “Food Not Bombs comparte gratuitamente alimentos veganos y vegetarianos con personas que padecen hambre en más de mil ciudades alrededor del mundo como forma de manifestarse contra la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Habiendo más de mil millones de personas que pasan hambre cada día, ¿cómo es posible que gastemos más dólares en la guerra?” Los lunes a la mañana y los miércoles a la noche, el colectivo de Orlando coloca una mesa en el parque Lake Eola Park de esa ciudad y sirve allí la comida que prepara.

Desde hace un tiempo, la policía de Orlando viene arrestando a quienes sirven los alimentos. Hace poco, por ejemplo, arrestó a Benjamin Markeson, que estaba perplejo cuando me dijo: “Creemos que terrorismo es arrestar gente por intentar compartir comida con las personas pobres y hambrientas de la comunidad y satisfacer así una necesidad de la propia comunidad. Lo único que hacemos es venir al parque y servir comida a personas pobres que tienen hambre. No sé cómo pueden calificar a eso de terrorismo.”

El abogado Shayan Elahi tampoco lo sabe. Como representante del colectivo Food not Bombs de Orlando ante la justicia, presentó una petición para obtener una medida cautelar contra las acciones llevadas a cabo por la municipalidad ante el juzgado del noveno distrito judicial de Florida, presidido por el magistrado Belvin Perry Jr. El juez Perry apareció en las noticias últimamente como el sensato juez que entiende en el juicio por asesinato contra Casey Anthony, que se lleva a cabo actualmente en Orlando. Mientras que las cadenas de cable realizan una cobertura completa de lo que sucede en el juzgado, Elahi espera que Perry tenga tiempo para ocuparse en persona del caso.

En el centro de la cuestión se encuentra una ordenanza municipal, la ordenanza de “Alimentación a grandes grupos,” que exige la solicitud de un permiso a los grupos que deseen servir alimentos, aunque sea en forma gratuita, a grupos de veinticinco personas o más. Todo grupo puede gestionar dichos permisos sólo dos veces por año. Food Not Bombs Orlando ya utilizó las dos autorizaciones que recibió para este año.

La Asociación por los Derechos Civiles de Florida ha solicitado al Alcalde Dyer que ofrezca una disculpa por calificar al grupo Food Not Bombs de “terrorista”. El acto delictivo no debería ser ofrecer comida a más de veinticinco personas, sino que más de veinticinco personas necesiten alimentos.

El Dr. Elahi vincula estas medidas represivas al proceso de gentrificación que está planificado para el centro de Orlando: “El alcalde creó el Consejo de Desarrollo del centro de Orlando y su objetivo general es básicamente expulsar a todos aquellos que, según ellos son ‘los otros’ y no se adecuan a su idea de quién debería estar en el centro. Y estamos tratando de mostrarle al alcalde que los tiempos han cambiado, que estamos en un momento en el que todo el mundo sufre y que cada vez más personas de las que vienen cuando servimos alimentos de Food Not Bombs son trabajadores pobres.”

Una resolución aprobada la semana pasada por la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos expresa cabalmente el mensaje principal de Food Not Bombs. En la resolución, los alcaldes exhortan al gobierno a poner fin a las guerras en Afganistán y en Irak cuanto antes sea estratégicamente posible, y destinar el dinero a satisfacer las necesidades vitales que tenemos aquí, en Estados Unidos.

La región central de Florida se ha visto duramente golpeada por la recesión y figura entre los lugares con más altos índices de ejecuciones hipotecarias y quiebras del país. La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación recientemente advirtió que se prevé que los precios de los alimentos se mantengan elevados durante lo que resta del año. La misma proyección se hace para los próximos. A principios de este año, los precios de los alimentos alcanzaron los niveles observados durante la crisis alimentaria de 2007 y 2008, que hizo estallar disturbios en varios países pobres del mundo. En Grecia, las masivas manifestaciones de protesta y la huelga general contra las medidas de austeridad han paralizado Atenas.

Una de las canciones más famosas de Disney, que no queda muy lejos de Lake Eola Park, se llama “Muy pequeño el mundo es” y dice así: “Compartimos tanto, que es hora de darnos cuenta, de que después de todo, el mundo es muy pequeño.” Hagamos que la fantasía se convierta en realidad. Compartir alimentos no debe ser un delito.

Publicado el 30 de junio de 2011

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.


Publicado enInternacional
El reinicio de las negociaciones entre palestinos e israelíes es una necesidad urgente para la comunidad internacional y la cuestión de los asentamientos continúa siendo un impedimento fundamental para que ese reinicio tenga lugar, especialmente cuando Netanyahu ha dado instrucciones para la construcción de 3 mil unidades habitacionales e insiste en dejar a Jerusalén oriental fuera de cualquier decisión sobre los asentamientos. La construcción de asentamientos es de la mayor importancia, no sólo por ser un obstáculo fundamental para la concretización de la paz, sino también por ser incompatible con todas las cartas de derechos humanos, las Convenciones de Ginebra y todos los valores de libertad, así como por la ilegalidad de la anexión de territorio por la fuerza y, mucho más, alterar sus características, la construcción de ciudades en territorios ocupados y traer inmigrantes de todo el mundo para sustituir a los originales y legales propietarios de la tierra.

Las resoluciones de la IV Convención de Ginebra de 1949 abordaron el tema de la aprehensión y confiscación de propiedades de la población de los territorios ocupados, así como las actividades de colonización y de transferencia y expulsión de población civil del territorio bajo la autoridad y el poder de la potencia ocupante. Por citar un artículo entre tantos, el artículo 49 establece que La potencia ocupante no podrá proceder a deportar o transferir a una parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado.

Al construir asentamientos, Israel no se limita a violar el derecho internacional sino también todas las resoluciones de la legitimidad internacional que prohíben la anexión de territorios por la fuerza. Desde la creación del primer asentamiento hasta la colocación de la primera piedra del asentamiento de Jabel Elmokaber en Jerusalén, el 7 de octubre de 2009, Israel –con 440 asentamientos hasta la fecha– continúa creando hechos consumados en el territorio ocupado y de continuar todo así, no les quedará a los palestinos nada para negociar.

Hasta la fecha, decenas de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General de Naciones Unidas han condenado la construcción de asentamientos, negando cualquier estatuto jurídico para la construcción de los mismos y exigiendo su desmantelamiento. El mismo Acuerdo de Oslo firmado por Israel y que por fin incluye explícitamente los asentamientos, fue también violado por Israel insistiendo en no respetar la hoja de ruta que en su primer párrafo exige el fin de la colonización y de la creación de nuevos hechos consumados hasta la resolución de las cuestiones finales del conflicto.

Desde el inicio del proceso de paz y el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP hasta la fecha, el número de asentamientos se ha duplicado varias veces mientras todas las protestas, apelaciones e incluso la presión estadunidense y europea enfrentan una infinita arrogancia israelí y un conjunto de argumentos frágiles, como el de que las colonias fueron construidas en terrenos abandonados o de Estado. Nótese que esta afirmación surgió después de la clasificación de los terrenos como tales por parte de las fuerzas ocupantes israelíes. Los palestinos continúan teniendo en su posesión documentos de propiedad, no sólo antes de la ocupación sino antes de la misma creación del Estado de Israel. Se sabe que la ley militar israelí prohíbe la revisión de decisiones de confiscación.

Otro argumento es el del crecimiento natural de la población. Tal crecimiento natural es inaceptable para la población palestina en las zonas C que constituyen 61 por ciento de Cisjordania y que continúan bajo total ocupación israelí. La construcción en estas zonas es regulada por licencias de construcción otorgadas por las autoridades israelíes para que los ciudadanos palestinos puedan construir en sus propias tierras con su propio dinero. Un reporte elaborado por el movimiento israelí Paz Ahora indica que 94 por ciento de las solicitudes palestinas para licencias de construcción fueron rechazadas por la administración Israelí. Entretanto, el vaciamiento de Jerusalén oriental de sus habitantes con el fin de judaizar la ciudad continúa, violaciones diarias que arruinan el proceso de paz (En 2009, 4 mil 670 identificaciones de residentes de Jerusalén, musulmanes y cristianos, fueron decomisadas por las autoridades israelíes).

La colonización es el nombre que Israel da al robo y es el primer factor en la destrucción del sueño de paz en la región y del de los palestinos de tener su Estado independiente en las fronteras de 1967, garantizado por la legitimidad internacional.

Por Randa Nabulsi, embajadora de Palestina en México 
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Las políticas israelíes sobre los territorios ocupados palestinos son una "anexación de hecho" de esas zonas, afirmó hoy el relator de la ONU para los derechos humanos en los Territorios Palestinos, Peter Falk.

"Los asentamientos, el muro de seguridad y la red de carreteras para acceder a las colonias han convertido las condiciones de la ocupación en una serie de circunstancias que se entienden mejor como una anexación de hecho", dijo hoy Falk a la Asamblea General de la ONU, ante la que presentó una evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Gaza.

Asimismo, consideró que "la prolongada ocupación (de los territorios palestinos), exhíbe formas de colonialismo y apartheid".

Falk indicó que "la situación en Gaza sigue siendo muy seria desde las perspectiva de los derechos humanos", al tiempo que subrayó que aunque el bloqueo israelí se ha aligerado en algunos aspectos, "la población palestina sigue bajo un gran estrés psicológico"

El experto de la ONU agregó que si antes del bloqueo, que ya dura tres años, la vida en Gaza era difícil, las políticas israelíes la han empeorado y destruido su economía.

Falk se refirió a que la situación de bloqueo virtual en que se encuentran las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos dificultan el objetivo final de que haya un estado palestino.

"La política real de Israel hace que éso, por ahora, no sea una posición viable", dijo el experto durante una conferencia de prensa.

En su intervención ante la Asamblea General, el relator subrayó que la mayor presencia de judíos en Jerusalén Este "mediante los asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y las revocaciones de los derechos de residencia a palestinos dificultan cada vez más la posibilidad de que se constituya allí la capital palestina".

Falk consideró que aunque se había asumido que la ocupación sería temporal y reversible según la resolución 242 del Consejo de Seguridad que pide la retirada de Israel a las fronteras previas a la guerra de 1967, la realidad de la política hebrea muestra los obstáculos para lograrlo.

El relator de la ONU consideró que "si bien las condiciones de Cisjordania y Jerusalén Este son susbtancialmente irreversibles por razones políticas y prácticas, seguir pensando en el consenso sobre dos estados se ha convertido en algo engañoso".

Recordó que el establecimiento de colonias judías en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que Israel está violando la ley internacional que expresamente prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su población a los territorios ocupados.

Asimismo consideró que "Israel ha cometido un gran error al no considerar (al movimiento radical islamista) Hamás como un actor político. Hasta que no lo haga no habrá progresos" en las negociaciones de paz.

El experto de la ONU señaló las malas condiciones de vida de los palestinos y señaló que el 60% de la población de Cisjordania "vive bajo una completa administración militar israelí".

"Después de 43 años, ya ha llegado el momento de reconocer los efectos intolerables de la ocupación sobre la población civil", agregó.

Falk también dijo que lo que "Israel ofrece a los palestinos no les compensa por lo que han perdido en términos de agua y territorios".

El informe presentado por Falk a la Asamblea recomienda que el Consejo de Derechos Humanos (CDH), que tiene su sede en Ginebra, realice un estudio sobre el "impacto legal, político, social, cultural y psicológico de la prolonmgada ocupación" israelí de los territorios palestinos.

Redacción Internet - EFE 
Naciones Unidas
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