Viernes, 15 Mayo 2009 06:41

Bibi va a EE.UU. a ver a Obama

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaja a Estados Unidos la semana que viene para mantener conversaciones con el presidente Obama. Ya se le advirtió que no “sorprendiera” a Washington con una operación militar israelí contra Irán, de acuerdo con lo que publicó el diario liberal Haaretz.

La víspera de las conversaciones que son consideradas cruciales para definir el futuro del proceso de paz de Medio Oriente se dijo que el presidente Obama despachó a un enviado anónimo para advertir al líder israelí la preocupación de Estados Unidos de que Israel pudiera actuar unilateralmente contra Irán. Se dice que el mensaje fue transmitido a Netanyahu después de una reunión anterior en Washington, en la que un enviado que representaba al primer ministro israelí había discutido la iniciativa del presidente de Estados Unidos de dialogar con Teherán. Se dice que esa reunión tuvo lugar con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el consejero de seguridad nacional del presidente, James Jones.

El informe escrito por el normalmente bien informado editor diplomático del diario, Aluf Benn, señalaba como motivo probable de la preocupación de Estados Unidos la promesa preelectoral de Netanyahu de “hacer lo que sea necesario” para evitar que Irán adquiriera armas nucleares. También citaba su comentario adicional después de asumir: “No permitiremos que los negadores del Holocausto lleven a cabo otro holocausto”. Anoche, la oficina del primer ministro se negó a confirmar el informe.

La reunión de Netanyahu en Washington llega en un momento de creciente expectativa de que el presidente Obama pueda decirle que las chances de construir una poderosa coalición –incluyendo los Estados árabes– para presionar a Irán a que abandone sus ambiciones de armas nucleares será mejorada por el progreso en las conversaciones entre Israel y los palestinos sobre una futura solución de dos Estados. El rey Abdullah de Jordania, una de las figuras clave en el mundo árabe que está de acuerdo con esa opinión, presionó ayer a Netanyahu para que se comprometa rápida y públicamente a un estado palestino en una reunión previa no anunciada entre los dos hombres en Aqaba, en Jordania, sobre el Mar Rojo.

Algunos diplomáticos creen que Netanyahu podría estar a punto de declarar por primera vez su apoyo a un Estado palestino. Mientras que ha dicho desde que asumió que realmente quiere hablar con los palestinos sobre seguridad, economía y política, hasta ahora no ha dado el paso. En tanto, Netanyahu le pidió al papa Benedicto XVI en una reunión en Israel que hablara en contra del presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad.

El premier dijo en la televisión israelí anoche: “Le pedí, como una figura moral, que hiciera escuchar su voz firme y perseverante contra las declaraciones provenientes de Irán sobre su intención de destruir a Israel”. Anteriormente, en una misa al aire libre que fue por lejos la más multitudinaria de su gira de cinco días por Tierra Santa, el papa Benedicto XVI saludó a cientos de miles de católicos y les pidió a los cristianos y a los musulmanes que “rechacen el poder destructivo de odio y prejuicio”.

El Papa fue recibido otra vez con calidez por los peregrinos de varios continentes, así como por un significativo contingente de cristianos árabes-israelíes. Pero varios cientos de feligreses decepcionados no pudieron recibir el sacramento en el Monte del Precipicio, aparentemente porque había pocos sacerdotes para darlo. Una de ellas, Isabel Agrilea, una española de 30 años, dijo: “Esta fue una mala organización para la eucarístia. Creo que es realmente muy triste”.

Después de la misa, el papa Benedicto XVI y Netanyahu se reunieron en Nazareth para analizar el proceso de paz en Medio Oriente y encontrar la forma de que éste avance. La reunión fue a solas durante quince minutos en el convento de los franciscanos en Nazareth.

Por Donald Macintyre *
Desde Jerusalén

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère. 

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Jueves, 05 Febrero 2009 09:37

Neocolonialismo agrario

Una de las grandes batallas del siglo XXI será la de la alimentación. Muchos países, importadores de comida, se ven afectados por el aumento de los precios. Los Estados ricos lo venían soportando; hasta que, en la primavera de 2008, se asustaron por la actitud proteccionista de naciones productoras que limitaron sus exportaciones. A partir de ahí, varios Estados con crecimiento económico y demográfico -pero desprovistos de grandes recursos agrícolas y de agua- decidieron asegurarse reservas de comestibles comprando tierras en el extranjero.

Al mismo tiempo, muchos especuladores se pusieron igualmente a comprar terrenos para hacer negocios. Convencidos de que la alimentación será el oro negro del futuro. Según ellos, de aquí a 2050, la producción de alimentos se duplicará para satisfacer la demanda mundial. "¡Invertid en granjas! ¡Comprad tierras!" repite Jim Rogers, gurú de las materias primas. George Soros apuesta asimismo por los agrocarburantes y ha adquirido parcelas en Argentina. Un grupo sueco ha comprado medio millón de hectáreas en Rusia; el hedge fund ruso Renaissance Capital, 300.000 ha . en Ucrania; el británico Landkom, 100.000 ha . también en Ucrania; el banco estadounidense Morgan Stanley y el grupo agro-industrial francés Louis Dreyfus, decenas de miles de hectáreas en Brasil, etc.
Pero quienes se han lanzado a comprar tierras por todo el mundo, son principalmente los Estados con petrodólares y divisas. Corea del Sur, primer comprador mundial, ha adquirido 2.306.000 hectáreas; le sigue China (2,09 millones), Arabia Saudí (1,61 millones), los Emiratos Árabes Unidos (1,28 millones) y Japón (324.000 ha .). Total: cerca de 8 millones de hectáreas de tierras fértiles compradas o alquiladas en el exterior. Regiones enteras han pasado a estar bajo control extranjero en países con escasa densidad demográfica y cuyos gobernantes están dispuestos a ceder partes de la soberanía nacional. Un fenómeno que preocupa. En un informe alarmante, la ONG Grain denuncia "un acaparamiento de tierras a nivel mundial" (1).

Sin campos fértiles ni agua, los países del Golfo son los que más pronto se han lanzado. Kuwait, Qatar y Arabia Saudí buscan parcelas disponibles donde sea. "Ellos poseen tierras, nosotros dinero", explican los inversores del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 900.000 ha en Pakistán; y están considerando proyectos agrícolas en Kazajistán. Libia adquirió 250.000 ha . en Ucrania a cambio de petróleo y gas. El grupo saudí Binladen ha conseguido terrenos en Indonesia para cultivar arroz. Inversionistas de Abu Dhabi compraron decenas de miles de hectáreas en Pakistán. Jordania producirá comestibles en Sudán. Egipto obtuvo 850.000 ha . en Uganda para sembrar trigo y maíz...
China es el comprador más compulsivo, pues debe alimentar a 1.400 millones de bocas cuando sólo dispone del 7% de las tierras fértiles del planeta. Además, la industrialización y la urbanización le han destruido unos 8 millones de hectáreas. Y algunas regiones se están desertificando. "Tenemos menos espacio para la producción agrícola, y es cada vez más difícil elevar el rendimiento", explicó Nie Zhenbang, jefe de la Administración Estatal de Granos (2).

China detenta tierras en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam, y sobre todo en África. Pekín ha firmado unos treinta acuerdos de cooperación con Gobiernos que le dan acceso a tierras. A veces, las autoridades de Pekín envían desde China la mano de obra; pagada a menos de cuarenta euros al mes, sin contrato de trabajo y sin cobertura social.

Por su parte, Corea del Sur ya controla en el extranjero una superficie superior a la totalidad de sus propias tierras fértiles... En noviembre de 2008, el grupo Daewoo Logistics, estableció un acuerdo con el Gobierno de Marc Ravalomanana, presidente de Madagascar, para alquilar 1,3 millones de hectáreas, o sea la mitad de las tierras cultivables de esa gran isla...

El Gobierno surcoreano también ha comprado 21.000 hectáreas para cría de ganado en Argentina, país en el cual el 10% del territorio (unos 270.000 kilómetros cuadrados) se encuentra en manos de inversores extranjeros, quienes "se han beneficiado de la actitud de los diferentes Gobiernos para adquirir millones de hectáreas y recursos no renovables, sin restricciones y a precios módicos" (3). El mayor terrateniente es Benetton, industrial italiano de la moda, que posee unas 900.000 ha. y se ha convertido en el principal productor de lana. También el millonario estadounidense Douglas Tompkins tiene unas 200.000 ha . situadas próximas a importantes reservas de agua.

En general, la cesión de tierras a Estados extranjeros se traduce en expropiaciones de pequeños productores y aumento de la especulación. Sin olvidar la deforestación. Una hectárea de bosque procura un beneficio de cuatro a cinco mil dólares si se plantan en ella palmas de aceite; o sea de 10 a 15 veces más que si se dedica a producir madera (4). Ello explica por qué los bosques de la Amazonia, de la cuenca del Congo y de Borneo están siendo sustituidos por plantaciones.
Es un retorno a odiosas prácticas coloniales, y una bomba con efecto retardado. Porque la tentación de los Estados extranjeros es la de saquear los recursos, como lo hace China, con mano de obra importada y poco beneficio local... Pero la resistencia se organiza. En Pakistán, los campesinos ya se están movilizando contra el desplazamiento de aldeas si Qatar compra terrenos en la región de Penyab. Paraguay ha aprobado una ley que prohíbe vender parcelas a extranjeros. Uruguay se lo está planteando; y Brasil estudia cambiar su legislación.

El neocolonialismo agrario le arrebata el trabajo al campesinado y crea un "riesgo de pauperización, tensiones sociales extremas y violencias civiles" (5). La tierra es un asunto muy sensible. Siempre ha provocado pasiones. Representa una parte de la identidad de los pueblos. Tocar ese símbolo podría terminar mal.

Notas:
(1) www.grain.org/m/?id=213
(2) China Daily , Pekín, 9 de mayo de 2008.
(3) Daniel Enz y Andrés Klipphan, Tierras SA. Crónicas de un país rematado , Alfaguara, Buenos Aires, 2006.
(4) Le Nouvel Observateur , París, 23 de diciembre de 2008.
(5) Le Monde , París, 23 de noviembre de 2008.

Por Ignacio Ramonet
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Unas cuatro décadas atrás surgió una nueva generación de movimientos, muy diferentes de los que hasta ese momento habían sido hegemónicos en América Latina. Este conjunto de movimientos, nacidos a comienzos de la década de 1970 y durante 1os 80, fueron muy activos en los 90, le plantaron cara al neoliberalismo, ocuparon el lugar vacante dejado por los partidos de izquierda, que se fueron plegando al modelo, y a los sindicatos, que hicieron más o menos lo mismo, con honrosas y escasas excepciones.

Estos movimientos le cambiaron la cara al continente; deslegitimaron el modelo neoliberal, o por lo menos las aristas más groseras del modelo; instalaron una nueva relación de fuerzas y modificaron el mapa político. Pese a sus diferencias, tienen algunos rasgos en común:

Convirtieron la lucha por la tierra (rural y urbana) en la conquista de territorios, o sea de espacios donde los pueblos (indígenas, campesinos, sectores populares urbanos) hacen sus vidas cotidianas y transforman las iniciativas para la sobrevivencia en modos y formas de resistencia al sistema.

Se proclaman autónomos, de los partidos, las iglesias, los sindicatos y los estados. Pero esa autonomía encarnada en territorios va de la mano de la creación de nuevos modos de vida y de ejercicio del poder, o sea de autogobierno.

Son movimientos de base comunitaria, en el sentido general del término. A diferencia de los movimientos anteriores, la pertenencia no es individual, sino familiar, y la base social de esos movimientos implica la organización colectiva de matriz comunitaria.

No son estrictamente movimientos sociales; son movimientos políticos o político-sociales, si se prefiere. La división entre lo social y lo político creada por las ciencias sociales y por la izquierda tradicional no resulta útil para comprender esta nueva generación de movimientos.

No se pueden comprender estos movimientos desde afuera, ni con una mirada fija en las estructuras visibles, aquellas que capturan la atención de los medios, las academias, las izquierdas institucionales. Hace falta una mirada interior, capaz de captar los procesos subterráneos e invisibles, lo que sólo puede hacerse en un largo proceso de involucramiento con los movimientos, no sólo con sus dirigentes. El concepto de “trabajo de campo” es limitado, ya que no contempla ni la convivencia ni la ligazón afectiva con los de abajo.

Son portadores del mundo nuevo porque producen sus vidas (de las familias y comunidades) con base en relaciones de reciprocidad y ayuda mutua, no para acumular capital ni poder, sino para crecer y fortalecerse como comunidades y movimientos. En ese sentido, creo que en los territorios de los movimientos predominan relaciones no capitalistas, no de forma pura e incontaminada por cierto, sino en pugna permanente contra los estados y el capital que buscan destruirlos. Dicho de otro modo, la producción (material y simbólica) de valores de uso ha desplazado a la producción de valores de cambio, no para siempre, ni absolutamente, sino tendencialmente.

Esto lo podemos ver en multitud de iniciativas, desde las que nacieron en ciudades como El Alto y el Plan 3000, en Santa Cruz, Bolivia, hasta los barrios piqueteros de Buenos Aires, donde construyeron sus viviendas, equipamientos colectivos, calles, servicios de agua, de salud, de educación. Miles de huertas urbanas, no sólo rurales; miles de emprendimientos productivos, cientos de fábricas recuperadas, nos hablan de que no sólo en las áreas rurales, sino también en las periferias urbanas existe enorme capacidad de producir sin patrones, sin capataces, sin división jerárquica del trabajo.

En estos mundos nacen pensamientos otros. No son ya las academias ni los partidos del sistema los que piensan a los de abajo, sino nosotros mismos nos estamos pensando. No para producir teoría o tesis, sino para potenciar el movimiento, para defenderlo mejor, para expandirlo y compartirlo con otros. O sea, no se produce teoría, sino apenas ideas fuerza para seguir caminando.

El mundo otro no puede ser representado en el mundo formal del Estado y el capital. Más aún: no puede ser representado, porque sólo es representable lo que está ausente. Creo, además, que participar en instancias estatales debilita a los movimientos y los desvía de su tarea principal, que es “fortalecer lo nuestro”. Sin embargo, hay muchos movimientos que siguen siendo combativos y que luchan por verdaderos cambios que mantienen relaciones con los estados. Éste es un debate que nos acompañará durante largo tiempo y que no tenemos otra alternativa que enfrentar del modo más unitario posible, siempre que sea un debate “entre nosotros”.

Por último, en estos territorios en resistencia existen mundos diferentes al mundo del capital y del Estado. Naturalmente, tienen sus formas de poder, con mayor o menor grado de desarrollo. La asamblea es la forma común de decisión colectiva. No parece posible un mundo sin poderes. Pero los hechos nos enseñan que puede haber poderes no estatales, o sea, poderes no jerárquicos ni centralizados; rotativos por turnos, de modo que todos y todas pueden aprender a mandar colectivamente y a obedecer colectivamente. En cada lugar y país adoptan formas diferentes, pero existen, tienen vida y ya no se referencian en el Estado como lo hicieron los sindicatos.

¿Cómo triunfa este mundo de valores de uso, femenino, comunitario, autocentrado y autodirigido, capaz de producir y reproducir la vida? No lo sabemos. Lo que vemos es que crece por expansión, dilatación, difusión, contagio, irradiación, resonancia… No crece solo, ni de forma simétrica al capital y al Estado, o sea aniquilando, destruyendo, imponiendo, digiriendo y dirigiendo. No podemos imponer el mundo otro porque lo estaríamos negando, pero podemos insuflarle vida, actuando como fermento y levadura, con la convicción de que los movimientos y los mundos otros son lo único que puede salvarnos de la catástrofe que preparan los de arriba.

Raúl Zibechii. Versión abreviada del texto leído en la Fiesta de la Digna Rabia, San Cristóbal, 3 de enero.
 

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Nació en Andahuaylas un día como hoy, en 1911 y vivió allí sólo tres años. Al perder a su madre, Victoria Altamirano, él y su hermano Arístides fueron llevados por su padre –Víctor Manuel, un abogado cusqueño– a San Juan de Lucanas. Como hijastros de Grimanesa Arangoitia viuda de Pacheco, tuvieron una niñez difícil por la dureza de ella y por la constante ausencia del padre. En la cocina, Cayetana le dio la ternura que necesitaba, y en las tierras lucaninas de músicos, danzantes y comuneros que trabajaban felices en sus faenas aprendió a cantar, enamorar en quechua y también admirar la fuerza comunera, siempre compitiendo para arar más profundamente la tierra, limpiar una acequia, bailar en la fiesta del agua o en su apoyo a los danzantes de tijeras.

Estudió su secundaria en colegios de Ica, Yauyos, Abancay y Huancayo. En 1931 ingresó en San Marcos para estudiar educación, al mismo tiempo como empleado de correos. Decidió escribir y ‘contar’ el mundo andino luego de leer lo que jueces y literatos decían sin conocer la realidad ni sentirla. Imaginemos su furia cuando López Albújar contaba que los ‘indios’ no querían a sus mujeres y sus hijos, y preferían sus animales. En los cuentos de su primer libro, Agua (1935), presentó, desde la cultura quechua, el gravísimo conflicto entre señores e indios, con poesía y ternura extraordinarias.

San Marcos lo acercó al debate político. Como simpatizante del Partido Comunista, tuvo una breve participación política organizada pero pronto abandonó la célula cuando su jefe le reprochó emborracharse con los indios y acompañar a los danzantes de tijeras, antes que cumplir con sus tareas. Cuando le dijeron que los comunistas sólo tendrían derecho a la alegría luego de la victoria, empequeñecido (chintirukuspa) pidió salir de la reunión por un momento y no volvió.

En 1937, por ir a un mitin de solidaridad con los republicanos españoles, fue apresado en San Marcos y encerrado en El Sexto, dura cárcel limeña donce conoció el conflicto político entre apristas y comunistas, costeños y serranos, entre ciudad y campo. Le servían de consuelo las canciones quechuas aprendidas en Puquio y San Juan, traducidas en Canto quechua (1938). Más tarde, en su novela El sexto, vuelve sobre los conflictos políticos, en particular entre apristas y comunistas. Casado con Celia Bustamante, para recuperar su salud vuelve a los Andes, como profesor de lengua y literatura en el Colegio Pumacahua de Sicuani.

Vivió feliz el reencuentro con las piedras trabajadas como si fueran de barro, la luz y belleza del Cusco, el descubrimiento de las danzas, cantos y cuentos de sus estudiantes, de la voz maravillosa de Carmen Taripha, cocinera del padre Jorge C. Lira en Calca, y los primeros estudios de folklore en el departamento de Antropología de la Universidad San Antonio Abad, con Efraín Morote Best y Josafat Roel Pineda. En Cusco escribe para La Prensa de Buenos Aires, artículos reunidos en Señores e indios, publicado en Cuba por Ángel Rama. En ese fértil período escribió la novela Yawar fiesta (1941) para presentar el mundo de señores indios en la provincia de Lucanas, sobre todo en Puquio, a través de los toreros y capeadores o jugadores andinos. Enriquecido con la experiencia cusqueña, JMA toma la decisión de ser antropólogo.

Luego de publicar Diamantes y pedernales (1954), vuelve a Puquio (1955) con Josafat Roel Pineda y el sociólogo francés François Bourricaud, y hace un trabajo de campo que le sirve para su libro Puquio: una cultura en proceso de cambio. En ese viaje, él y Roel recogen una segunda versión del mito de Inka Ri.
 
En 1959, la Editorial Losada de Buenos Aires publicó Los ríos profundos, de éxito inmediato, que lo sitúa entre los mejores escritores peruanos y le abre puertas para ser invitado a varios países. No conozco en Perú una prosa con más ternura que la de esa novela.

En 1958, JMA le pidió a la Unesco una beca para viajar a España y tratar de responder a la pregunta “cuánto de España hay en las comunidades peruanas”. Nunca un antropólogo latinoamericano había formulado un plan de trabajo como ese. Su libro Las comunidades de España y Perú fue su tesis doctoral en San Marcos (1963), luego de publicar en 1962 su cuento “La agonía de Rasu Ñiti”, precioso relato sobre la vida y la muerte de un danzante de tijeras, y su poema “Túpac Amaru Kamaq Taytanchisman Haylli Taki” (A nuestro padre creador Túpac Amaru, himno-canción). En 1963, su amigo Paco Miró Quesada, ministro de Educación en el primer gobierno de Belaunde, crea para él “La Casa de la Cultura”. Deja ahí su huella en la revista Cultura y Pueblo, en la presentación múltiple y constante de música, canto y danzas indígenas, en especial andinas, en los mejores teatros de Lima y el registro de artistas andinos, como primer reconocimiento oficial de su historia. El 1964 publicó su novela Todas las sangres.

Después de su tesis, JMA debió ser nombrado profesor de antropología de tiempo completo en San Marcos, pero no fue así. Amigos de Humanidades de la Universidad Agraria le ofrecieron un puesto que sería el último. La tesis y Todas las sangres dejaron a JMA agotado, con pocos ánimos para seguir. Un viaje de algunas semanas a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, y varios viajes a Chile para recuperarse, marcan el momento de la crisis final. Su depresión, compañera constante desde su primera infancia, lo condujo en 1966 a un fallido intento de suicidio en el Museo de la Cultura Peruana, del que era director.

Con un nuevo amor y un segundo matrimonio, Sybila Arredondo, hace varios viajes a Santiago para ver a la psiquiatra Lola Hoffman. Su consejo de escribir para no morir lo embarcó en su último proyecto literario, la novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. Si en Todas las sangres intentó una visión global del país, con la historia de los zorros asumió el desafío de ver el país dentro del capitalismo global en la medida en que Chimbote era el puerto mayor, convertido en primer exportador de harina de pescado del mundo.

A fines de noviembre de 1969, el tiro que se dio cerca de su oficina en la Universidad Agraria fue definitivo. Días después muere. En los 42 años transcurridos y ahora, en su primer centenario, JMA es héroe cultural, escritor de primera línea y cimiento firme para pensar el futuro del país. Miles de jóvenes lo toman como icono y mentor de lo bueno y mejor de nuestro pueblo, aunque, estoy seguro, muchos lo han leído poco o nada. Lo importante es que saben de él por sus frases que circulan como claves para entender el país. En particular una: Todas las sangres, esto es, todas las lenguas y culturas, todos los rasgos biológicos de la Costa, los Andes y la Amazonia; todas las naciones escondidas y sometidas a la occidental criolla que se siente y define como única. La visión unicultural del Perú criollo oficial, desde 1821 hasta ahora, expuesta en el ideal del Estado-nación de un Estado, una nación, un territorio, una lengua, una religión, importado de Europa y Estados Unidos, está en abierta contradicción con la realidad heterogénea y maravillosa del país, de una decena de culturas y por lo menos 50 lenguas, lo que se llama ahora diversidad cultural o multiculturalidad.

En Todas las sangres, la novela más importante del país, JMA inventa y deja las bases de solución de un gran conflicto entre el capitalismo y el mundo andino.

Martes 18 de enero de 2011
Publicado enEdición 165
Domingo, 28 Noviembre 2010 18:32

Minería: Locomotora para unos pocos

Colombia no ha sido un país minero y está lejos de Chile o Perú –países a los que quiere superar con una política al 2019. La última reforma del Código de Minas (Ley 1382 de 2010) les otorga plazos de hasta 11 años a los dueños de títulos mineros para hacer exploración.

Para continuar la política de Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos heredó nueve TLC con 47 países, así como las medidas de corte tributario para incentivar la inversión en activos fijos productivos (mineros), medidas que en forma paulatina redujeron las responsabilidades tributarias de las empresas y que actualmente se busca desaparecer con la misma intencionalidad1. Parte de la estrategia para garantizar la confianza inversionista, que según el gobierno gozamos todos los colombianos. En todo caso, y aun con la aparente mejoría de la economía, desde 2002 la desigualdad aumenta. En Colombia sobrepasa los índices de Brasil y Bolivia, países que se destacan en la región por tener los coeficientes de Gini más altos2.

Mientras el gobierno saliente difunde autohalagos porque mejoró las condiciones para la inversión en el país, en medio de una economía devastada3, y ante la insistencia del gobierno entrante de sostener que “la inversión extranjera reduce la pobreza”, debemos analizar algunas de estas cifras, especialmente las del sector minero, ya que Santos propone unas “locomotoras de la prosperidad”. La minero-energética, dice, le apuesta entre otras cosas a “la generación de empleo y al mejoramiento general de las condiciones de vida”.

Locomotora o aplanadora de la riqueza de nuestro subsuelo

Al mes de agosto de 2010, en el país había 8.827 títulos oficialmente otorgados por el Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeominas) a distintas empresas nacionales y extranjeras, así como a personas naturales. De tales títulos, según el propio Ministerio de Ambiente, al menos 571 (203 mil hectáreas) se refieren a zonas donde no se puede hacer minería de acuerdo con la legislación vigente, entre parques nacionales y regionales naturales, páramos, humedales y zonas de reserva forestal protectora.



Desde cuando se puso en marcha la política de Estado “Visión 2019: Colombia como un país minero”, se comenzaron a realizar acciones para favorecer las inversiones extranjeras y la creación de distritos mineros en buena parte del país, que atraen millones de dólares para la exploración minera. Es un plan con Perú como referencia, ya que, desde la década del 90, el gobierno de este país obligó a las comunidades campesinas a convertirse en obreros asalariados, bajo precarias condiciones laborales y la degradación de sus niveles de vida, principalmente de su salud, a raíz de la intensificación (en cantidad y tamaño) de esta actividad.



Colombia es un país aún inexplorado en este aspecto, y el boom minero constituye el impulso a un sector de la economía para alcanzar el desarrollo bajo los parámetros de la exportación de recursos naturales. Con excepción del complejo minero del Cerrejón (la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que nos pone como cuartos productores mundiales del mineral) y de Cerromatoso (segunda productora de ferroníquel y quinta de níquel en el mundo), no tenemos minería de gran escala. Antes del diseño de la política de Estado a 2019, sólo había pequeñas e incluso medianas explotaciones aisladas de minerales. Unas minas más ligadas a intereses de terratenientes locales o regionales que a una política sistemática (expoliadora como la actual) de carácter nacional y transnacional.

La política económica para incentivar la inversión extranjera es contundente en la última década: la tasa de inversión privada total –nacional y extranjera– multiplicó hasta por cinco veces su valor en algunos sectores. Las medidas de exención tributaria desde 2003 fueron el estímulo para la inversión extranjera en un país con problemas de violencia, lo cual, decían, alejaba las posibilidades de inversión.

La inversión como porcentaje del PIB colombiano pasó de 16,5 por ciento en 2002 al 25,8 en 2009; mientras la IED4 en el mismo período, del 2,3 por ciento al 3 del Producto Interno Bruto (PIB). A la vez, el PIB en el mismo período pasó de 210 billones de pesos a 401 billones de pesos. En suma, en el período 2002-2009, la IED en el país se triplicó. Entonces, es válido preguntarle al gobierno ¿por qué si afirma “haber ganado la guerra y reducido la violencia armada a algunos pequeños focos en partes alejadas”, da más ventajas y aumenta la flexibilización de la tributación para los inversionistas extranjeros; si ya no estaría presente el peligro subversivo y desde su punto de vista somos una democracia profunda, económica, política y socialmente estable?



A la vez, durante el segundo trimestre de 2010, el Indicador de Inversión de Obras Civiles muestra que los pagos efectuados por este concepto aumentaron 6,2 por ciento con respecto al mismo período de 2009, resultado que es producto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del subrenglón de “Construcciones para minería”, que aumentó 44,2 por ciento y sumó 9,3 puntos porcentuales a la variación anual.

La minería (excepto los hidrocarburos) aportó al PIB en 2009 un 2,36 y un 2,44 por ciento hasta el primer trimestre de 2010, con un aumento de 8,3 por ciento entre el segundo trimestre de 2009 y 2010. A la vez, la minería acaparó el 17 por ciento total de la IED en 2008 y el 43 por ciento en 2009. Durante el primer trimestre de 2010, la IED dirigida al sector minero-energético (incluyendo hidrocarburos) alcanzó los 1.845 millones de dólares, que tradujo un incremento del 54 por ciento anual.



Sin embargo, y en clara contravía de los argumentos gubernamentales, la tasa (oficial) de desempleo está por encima del 12 por ciento. El boletín de la oficina de prensa del Dane de abril de 2006 indica una tasa de desempleo del 12,1 por ciento; mientras que para el mismo mes de 2010 la tasa de desempleo aumentó al 12,2. Como se lee, las cifras no guardan mayor correspondencia con el desempeño de la IED y el PIB.

Aunque quizá técnicamente no sea adecuado, si ignoráramos los picos de los meses de diciembre, teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento económico del país –producto de la IED–, es difícil encontrar una relación para pensar que una política de favorecimiento a la inversión extranjera ayude a la creación de empleo, particularmente en el sector minero. La minería, además de no generar empleo, por el tipo de ésta que tiene aplicación en el país (en gran escala), no tiene proyectos intensivos en mano de obra. Por el contrario5, busca acabar con el escaso empleo que genera la minería nacional (sin decir que el impulso a la minería nacional o de pequeña escala sea la solución al desempleo). (Ver recuadro 1).

La inundación de los recursos extranjeros por cuenta del sector minero que tienen sobrevaluado el peso deteriora los demás sectores de la economía y les da la razón a quienes anunciaron la “enfermedad holandesa” que amenazaba al país como producto de este boom.

Sin descuido del sinnúmero de violaciones de derechos humanos territoriales de nuestros afrodescendientes, campesinos e indígenas y del medio ambiente (ver recuadro 2), a esta “locomotora del progreso” debemos ponerle mucho ojo. Hay que prestar más atención a propósito de los escándalos de corrupción y tráfico de influencias conocidos en las minas de carbón y ferroníquel al norte de Colombia, propiedad de empresas transnacionales, que al día de hoy, tan solo en Cerromatoso, adeudan 24.892 millones de pesos (US$ 13.528.300 aproximadamente).

Un maquinista a favor del extranjero

Un gobierno serio, con sentido patriótico y de soberanía, pudiera estar pensando en cerrar varias de las minas que en sus distintas escalas funcionan mal (incluyendo proyectos de exploración); en la prohibición de la expansión de otras y la declaratoria de una moratoria minera en el país, en función de proteger ecosistemas estratégicos (como los páramos y acuíferos) y los derechos de las comunidades rurales del país, bastantes violados. La situación es inimaginable cuando todas las exploraciones entren a la fase de explotación.

De continuar esta tendencia, sin medidas económicas, sociales y ambientales que regulen la actividad –por ejemplo, fondos de estabilización con reglas fiscales claras que contribuyan al impulso de otros sectores productivos–, difícilmente saldremos de la miseria mientras unos pocos nacionales y extranjeros llenan sus bolsillos a costa del despojo de las comunidades.


1    Tal es el caso del impuesto de renta del 30 por ciento que tienen que pagar las empresas extranjeras que hacen compras de activos fijos, como maquinaria y tecnología, incentivo implementado transitoriamente en 2003 por la ley 863, prorrogado en 2006 por la Ley 1111 y ajustado en 2009 por medio de la Ley 1370.
2    Este indicador se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero también pude utilizarse para medir cualquier otra distribución desigual. Este coeficiente se mide en porcentajes que van de 0 a 1, donde cero es la perfecta igualdad (el mismo nivel de ingresos) y 1 es la máxima desigualdad (donde, hipotéticamente, una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno).
3    Ver edición 161 de desde abajo, en: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/208-edicion-161.html.
4    Inversión Extranjera Directa.
5    TGP: Tasa General de Participación; TO: tasa de Ocupación, TD: tasa de Desempleo.
6    Durante el primer trimestre de 2010, la IED del sector minero sumó US$1.162 millones, con un decrecimiento del 17,98 por ciento con respecto al mismo trimestre en 2009, y representando el 28 por ciento de la IED colombiana.

Recuadro 1
Incurren en violaciones: Canadiense Greystar y Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA)

Los acuerdos mineros no sólo violan las posibilidades de empleo y de mayores recursos en Colombia. El seguimiento a las denuncias por violaciones a derechos humanos, a causa del impulso de este sector de la economía por parte de las empresas transnacionales en materia de trabajo digno y consulta previa, es otra muestra de que estos proyectos mineros no favorecen la economía y mucho menos la paz para el país.

La minería en páramos, principalmente en el de Santurbán, al nororiente del país, en los municipios de California y Vetas, zona de la que por lo menos 1.700.000 personas dependen del agua que provee este ecosistema, tiene asignadas 40 titulaciones mineras, principalmente a la empresa Canadiense Greystar y asimismo a la Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA). Los 20 títulos mineros en resguardos indígenas, otorgados a la AGA en Cauca, sin consulta a las comunidades o sin tomar en cuenta los conflictos socioambientales con afrodescendientes por la misma razón al norte de este departamento, junto a otros más en el sur de Bolívar o en la región del Catatumbo, al nororiente del país, son parte de las señales del ‘progreso’ que viene con la minería.

Recuadro 2
Economía y promesas de empleo insustentables


A través de la exportación de bienes primarios, es indudable que las economías se activan para favorecer a unos pocos. Sin embargo, el International Center for Trade and Sustainable Development plantea que también “han sido los patrones recurrentes de bonanzas y crisis por los precios de los bienes primarios lo que ha creado una incertidumbre significativa […] tanto para los exportadores netos como para los importadores netos”. Estamos ante una afirmación demostrable en Colombia al observar las exportaciones por capítulos arancelarios:

Hubo una caída del 19 por ciento durante 2008, recuperada en 2009 pero que conllevó la caída en ese mismo año del 61 por ciento de escoria y cenizas; el 24 por ciento en materiales de fundición, hierro y acero; 55,6 por ciento del cobre, 48,7 por ciento del níquel, 69,6 por ciento del plomo y 21,9 por ciento del cinc. Así, ¿hasta dónde la economía del país podrá tener sostenibilidad cuando depende de los precios del mercado mundial?

En medio de este panorama, el Banco Mundial y entidades como la Corporación Andina de Fomento no dudan en impulsar créditos y préstamos de cooperación para el impulso de este sector; y reivindican el aporte de las materias primas para el progreso de América Latina, con insistencia en la vieja, pero establecida fórmula alrededor de la cual los países de la región debemos especializarnos en la producción de materias primas, a pesar de sus consecuencias de desastre ambiental, cultural, económico y político.

Un reciente informe del Banco Mundial1 muestra que en 2008 más del 97 por ciento del PIB de América Latina provino de países exportadores de materias primas. Siete aportaron un aproximado 85 por ciento del PIB regional y seis (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela, y Brasil que crece), tienen una proporción sustancial de ingresos por bienes primarios. El mismo informe señala que el 24 por ciento de los ingresos fiscales de América Latina dependen de la exportación de materias primas, en comparación con el 9 por ciento para los países ricos2.

1    Emily Sinnott, John Nash, Augusto de la Torre. Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?, agosto de 2010.
2    Ídem, p. 6.

*    Investigador de la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular-Instituto Nacional Sindical (CEDINS). Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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A raíz de algunos actos de protesta del estudiantado, la Universidad ha permitido la introducción de elementos de control que son a la vez represivos y propios de un pensamiento ‘empresarial’. Y el paramilitarismo está detrás.

Quizá sea más acertado decir que manu militari la Universidad avanza hacia la privatización. Porque, desde el 15 de septiembre pasado, cuando el Esmad ingresó a las instalaciones del campus para reprimir una manifestación pacífica1, este escuadrón de la policía no se ha ido de las porterías y cada que siente una ‘amenaza' de protesta ingresa y reprime.

Nos encontramos, pues, en estado de sitio. La Universidad se torna vacía, temerosa y ‘normalizada'. La orden del Gobernador es cerrar las puertas de la Universidad para el resto de la ciudad, pues, según aquél, “la Universidad se ha vuelto un nido de hampones”. Así, los estudiantes nos encontramos después del 15/S –tal como lo denominan algunos cerebros cooperantes con la paranoia oficial– con una universidad enrarecida, corporativa, donde para transitar por sus bloques hay que identificarse con la TIP y, además, ser verificado en un sistema o base de datos. Una pesadilla orwelliana.

La cuestión de fondo

Los estudiantes tenemos clara una cosa, y es que la actual coyuntura no es el problema en sí sino más bien la punta del iceberg en cuya profundidad se encuentran varias cosas: i) la desfinanciación progresiva de la universidad pública y el aumento de la cobertura educativa en detrimento de la calidad, y ii) la consolidación y estabilización del proyecto paramilitar dentro de la universidad, asunto este bastante maquillado y escondido por las autoridades universitarias. Ambas cosas están estratégicamente ligadas.

El dispositivo de seguridad instalado en la Universidad responde, más que a la coyuntura generada por la implementación de la TIP como documento único de identidad, a la necesidad de asegurar, prever y establecer formas de control que buscan “la anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos mismos”2. Esto se hace mediante una acción calculada a través de la cual se asocia la protesta estudiantil con el terrorismo, la toma pacífica del bloque administrativo con el secuestro de los funcionarios y, en últimas, al movimiento estudiantil con la delincuencia común y el tráfico de estupefacientes. Todo esto, en tiempos en que la organización y la movilización estudiantil se hacen urgentes.

Es necesario en este punto aclarar algo: el dispositivo de seguridad instalado en la Universidad responde tanto a un proyecto de universidad como a un (mega)proyecto de ciudad. El sitio en que está ubicada la U. de A. es en este momento un corredor estratégico denominado el nuevo norte de Medellín y que comprende: nuevo parque empresarial, Parque de los Deseos (EPM), Parque Explora, Jardín Botánico, Parque Norte, corredor de Carabobo, Metroplus, macroproyecto Moravia y, finalmente, el proyecto de construcción de una filial de la multinacional HP. De manera que para este “nuevo norte” se hace necesaria una “nueva universidad”, emprendedora, empresarial y, en consecuencia, desmovilizada y acrítica.

Porque la cultura “E” se tomó la Universidad. Sin embargo, el tal emprendimiento no le sirve para salir de la crisis económica en que se encuentra, con más de la mitad de los profesores subcontratados y con los recursos de investigación concentrados en los sectores funcionales a la alianza Universidad-Empresa-Estado. Plata y emprendimiento hay para duplicar el pie de fuerza, fuera y de la universidad, para instalar cámaras ultramodernas en sitios estratégicos, incluida la biblioteca, para instalar sensores en las porterías, que, además cuenta cada una con 10 vigilantes dispuestos a requisar y en ocasiones agredir al estudiante que no se deja revisar el bolso.

Sobre la consolidación y estabilización del proyecto paramilitar dentro de la Universidad hay que decir una cosa, a saber: “La Universidad de Antioquia hace la vista ciega al paramilitarismo que desde hace rato penetró la institución”3. Las mismas confesiones de los paramilitares han señalado la alianza de su proyecto político, económico y militar con un ente de estirpe filosófica que ha rondado esferas como la labor investigativa y ha pretendido incluso llegar a la rectoría4.

Frente a semejantes denuncias y señalamientos que hacen referencia a la introducción del proyecto paramilitar en la universidad, es la misma institución la que ha preferido indiferenciar dicho problema con un asunto general de violencia e ilegalidad.

Porque el proyecto paramilitar dentro de la Universidad va justamente desde una estrategia de seguridad hasta el control de mercados, como aquel de los estupefacientes. Era necesario caotizar el campus universitario (ligar al estudiantado con las ‘mafias' de la piratería y el cartel de los jíbaros) para que, por obra del caos mismo, se justificaran las medidas implementadas. De ahí el eco mediático o, más bien, la acción de los medios del poder y el poder de los medios frente a la tergiversación de lo acaecido en los últimos meses en la Universidad. A esta situación es necesario generarle resistencias desde cualquier espacio de fuga, en este caso los medios alternativos de comunicación. De no ser así, la Universidad seguirá transitando por la emprendedora senda de la privatización, ¡y todo normal!

1    Ver el boletín de prensa Nº 185 de la Personería, en el que se describen los hechos: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/sala-de-prensa/boletines/item/352-medidas-de-choque-en-la-universidad-de-antioquia-injustificadas.
2    Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, FCE, Buenos Aires, 2006. p. 95.
3    Pronunciamiento de la Corporación Jurídica Libertad, fechado del 2 de junio de 2010.  Disponible en http://cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331:la-universidad-de-antioquia-hace-la-vista-ciega-al-paramilitarismo-que-desde-hace-rato-penetro-la-institucion&catid=29:pronunciamientos&Itemid=27.
4    Se hace alusión aquí al profesor, otrora adscrito al instituto de filosofía, Alfonso Monsalve Solórzano, quien ha sido señalado de tener vínculos con paramilitares. Ver el artículo "Las confesiones de los García", publicado el 17 de abril de 2010 en El Espectador: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso198762-confesiones-de-los-garcia.

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Viernes, 28 Mayo 2010 15:37

Emergencia de lo ambiental

Como nunca, “lo ambiental” forma parte del debate político nacional. No sólo por el espectacular ascenso de Antanas Mockus en las encuestas, que miden el estado de la carrera hacia la Presidencia de la República, adonde aquél se encamina a nombre del Partido Verde, en enconada disputa con el candidato oficial del uribismo, sino también  porque los candidatos se ocupan de los asuntos ambientales y éstos figuran en las páginas de los periódicos y los espacios de los demás medios de comunicación, con mayor frecuencia e intensidad que hace algunos años.

Un pacto ambiental


Un grupo de organizaciones de diversas tonalidades ambientales y reconocidos líderes formularon un amplio y en ocasiones difuso Pacto Ambiental, insistiendo en planteamientos como el ordenamiento del territorio con sentido ecológico, promoviendo prácticas sostenibles y energías alternativas, y eludiendo temas espinosos como los agrocombustibles, los transgénicos y el impacto de la minería en ecosistemas estratégicos, entre otros. Sin embargo este intento resulta novedoso, y el hecho de haber conseguido la firma de todos los candidatos es muy significativo.

Del verde zanahorio al verde intenso


Paradójicamente es el candidato ‘verde’ el más parco en planteamientos ambientales, mientras Gustavo Petro y Rafael Pardo aparecen como audaces. En el Foro organizado por la revista Semana se destacaron los puntos de vista de los abanderados del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, en contraste con la sonrisa light de Noemí, la aspereza de Vargas Lleras y la ausencia de Mockus, quien no pudo regresar a tiempo de una visita a Barranquilla.

En la propuesta “Un pueblo con poder de trabajar”, inserta en su programa, el candidato Petro ha incluido como visión de “desarrollo sustentable” la construcción de “un plan nacional de vida”, que atienda las necesidades fundamentales de la población con base en las posibilidades y oportunidades que brindan los ecosistemas, de tal manera que “nuestra sociedad se acople a las características tropicales, acuáticas, diversas climática y biológicamente” del territorio colombiano y se abandonen “los objetivos meramente extractivistas e inmediatistas que han jalonado la ocupación del territorio desde la Colonia”.

Petro y Pardo plantean la relación entre la inequitativa distribución de la tierra en el país y los problemas ambientales. Este último ha señalado su incidencia en el cambio climático, lo cual resulta novedoso no sólo en el país sino asimismo en otras latitudes. Ambos proponen un uso más eficiente del suelo y la acción para limitar la expansión de la frontera agrícola. Petro se decide por la democratización de la tierra, el crédito y el saber, y Pardo, partidario de una nueva política de tierras y desarrollo rural, propone además la protección de los bosques y las selvas. No deja de preocupar, sin embargo, la insistencia de Pardo en el desarrollo de infraestructuras (léase megaproyectos), y el concepto de “tierras improductivas” y agroindustria de Petro. Es indudable, sin embargo, que son los dos candidatos que más se acercan a los temas y las propuestas formulados por el ambientalismo comprometido con los procesos sociales y populares.

Los candidatos y el Referendo por el Agua


Los candidatos también han sido confrontados en relación con las propuestas del referendo por el agua. A la derecha se ubicaron, sin duda, Noemí, Santos y Vargas LLeras, quienes defienden la privatización de los servicios públicos y del agua. Sanín considera que pagar por el agua evita el despilfarro; Vargas Lleras, que el mínimo vital gratuito desfavorece a los estratos bajos y ayuda a los ricos, y Santos defiende la iniciativa privada. Estos argumentos se han oído mucho en la Cámara de Representantes a lo largo de la discusión del Referendo. Difícil será convencer a alguien, y más si es pobre, de que el mínimo vital gratuito no le conviene, o que pagar las altas tarifas que imponen las empresas de acueducto, mercantilizadas por la Ley 142 de 1994, es un acto educativo, o que la empresa privada es la redentora de los sedientos.

En la orilla opuesta aparecen, otra vez, Pardo y Petro. Ambos apoyan el Referendo en su texto original. Aquél destaca “la movilización ciudadana para evitar que este recurso, patrimonio de todos, se convierta en un bien privado”. Petro, a la vez, enfatiza en la necesidad del mínimo vital gratuito, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, y añade que “entendiendo la escasez de agua que sufre Colombia, elevaremos a rango constitucional el conjunto de bienes de uso público que se relacionan con este derecho vital de los ciudadanos”.

Mockus, ambiguo, anota que el Referendo fue modificado y por tanto no debe ser aprobado, deseando que se vuelva al texto original. Reconoce que se trata de un bien común y público pero advierte que su producción (sic) y su distribución no deben ser gratuitas, aunque el recurso lo sea. Este juego de palabras y de conceptos esconde su identificación con el servicio de acueducto y alcantarillado como actividad fundamentalmente económica y previene contra los inconvenientes de la “gratuidad total”, que el Referendo no ha propuesto.

Cambio climático y agua en el centro del debate


En los últimos meses, a raíz de los resultados frustrantes de la Cumbre de Copenhague, que provocaron la reciente contra-cumbre de Cochabamba, el cambio climático y el calentamiento global han pasado a ocupar un importante lugar en el debate nacional. Contribuye a ello la prolongada sequía, consecuencia del Fenómeno del Niño y las inundaciones, ahora que el invierno ha entrado con fuerza. Las inundaciones son atribuibles a la deforestación de bosques y también a la desecación de humedales en beneficio de la ganadería y la agroindustria, pero es indudable que el cambio climático comienza a golpear el territorio colombiano.

La crisis de acceso al agua potable, que afecta a más de diez millones de colombianos y que llevó a finales del año pasado a que la Defensoría del Pueblo pidiera la emergencia ambiental en varios municipios, mantiene la actualidad del tema. Contribuye además la oposición de muchos alcaldes y concejos municipales a los Planes Departamentales de Agua.

De otra parte, se viene denunciando la entrega de concesiones mineras a transnacionales en zonas estratégicas para el ciclo hidrológico como los páramos, destacándose el caso de la Anglo Gold Ashanti en el páramo de Anaime, que ha provocado movilizaciones sociales de rechazo. Se destaca igualmente la denuncia del Gerente del Acueducto de Bucaramanga sobre la entrega en concesión a una compañía minera del 80 por ciento del territorio que contiene las fuentes de agua de esa ciudad, la cual tuvo eco en el editorial de Vanguardia Liberal del 20 de abril pasado.

Referendo por el derecho humano al agua


Este referendo no ha podido ser desbancado del debate parlamentario, no obstante el empeño puesto por el Gobierno en tal sentido y el intenso lobby del gremio Andesco, que agrupa a las empresas mercantilizadas. Por el contrario, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el referendo reeleccionista, significó un espaldarazo para el del agua al dejar totalmente claro que los textos firmados por la ciudadanía no pueden ser modificados por el Congreso, como lo sostuvo en todo momento el Comité Promotor del Referendo, del cual soy vocero.

La plenaria de la Cámara mantiene, sin embargo, la iniciativa en el congelador y, a pesar de haber estado en el orden del día de las sucesivas sesiones convocadas desde el 7 de abril, hasta la fecha no se ha logrado el quórum necesario para tomar decisiones, entre ellas la trascendental de restablecer el texto original. Esta actitud provocó la presentación de una tutela por parte de organizaciones del Comité Territorial del Agua en Antioquia y un derecho de petición del vocero, exigiendo una decisión sobre la convocatoria del Referendo y llamando la atención sobre la responsabilidad política y los deberes de los parlamentarios.

Los ambientalistas y la política


El conjunto de hechos y debates reseñados constituyen un reto para los ambientalistas históricos. Hoy como nunca, lo ambiental adquiere una dimensión política. ¿Cómo incidir en las decisiones de política pública que habrá que adoptar en temas tan decisivos como cambio climático, agua, biodiversidad, ecosistemas estratégicos, expansión urbana, ordenamiento territorial, entre otros? ¿Cómo evitar que el tema se banalice y lo ‘verde’ adorne propuestas y actitudes incluso contrarias con lo ambiental?

Probablemente la clave esté en repotenciar el movimiento ambiental y abrir espacios para una ciudadanía inquieta y ávida de participación en un asunto decisivo para el futuro del país y la especie. Esto, que implica actuar en una dimensión política no partidista pero incidente en los partidos, puede resultar más eficaz que los ensayos de convertir al ambientalismo en partido, de los cuales el Verde de Alemania es una de las experiencias más frustrantes y dignas de analizar, como quiera que se fue convirtiendo en lo contrario de lo que planteaba en su promisorio comienzo, y terminó apoyando causas tan repudiables como la Guerra en Iraq.
Publicado enEdición 157