La líder hongkonesa retirará el proyecto de ley de extradición, según la prensa local
  • - Fuentes citadas por el diario South China Morning Post aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales para una reunión en su residencia oficial tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto de extradición
  • - La política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central"
  • - Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos

 

 La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunciará este jueves la retirada del polémico proyecto de extradición que ha suscitado las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace tres meses, según varios medios de la ciudad.

Fuentes citadas por el diario South China Morning Post y por el portal de noticias HK01 aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales a las 16:00 hora local (10 horas en España) para una reunión en su residencia oficial, tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto.

Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos; una de las cinco demandas del movimiento es precisamente la retirada efectiva y definitiva de esa reforma legal.

De producirse finalmente, esto significaría que tras trece semanas de protestas las autoridades locales accederían a cumplir con una de las cinco exigencias, en un gesto para "calmar el ambiente", según una de las citadas fuentes.

El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".

Así, Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: "Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente".

En sus últimas intervenciones, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.

Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.

Éstas han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.

Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon "muerta" esa propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.

EFE

04/09/2019 - 09:52h

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Colombia, plataforma de la CIA para la agresión a Venezuela

El pasado 28 de agosto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela (Venezuela Affairs Unit, VAU por sus siglas en inglés), que estará ubicada en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, lo que exhibe a ese país sudamericano como la principal plataforma para un golpe de Estado made in USA contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y el papel servil y cipayo del presidente colombiano Iván Duque.

La Unidad de Asuntos de Venezuela estará dirigida por James Story, ex encargado de negocios en la Embajada estadunidense en Caracas, y quien fue uno de los últimos diplomáticos en retirarse de la misión en la capital venezolana en marzo, después de que el presidente Nicolás Maduro rompiera relaciones con Washington.

El nivel de la VAU no es tradicional en el servicio exterior de Estados Unidos, y según trascendidos de prensa no se equiparará a una “sección de intereses” como la que existió en La Habana, Cuba, durante décadas. De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, su carácter provisional la coloca fuera del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en cuanto a aprobar su personal, aunque seguirá supervisando el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La creación de la oficina diplomática paralela de EU en Bogotá contó con el apoyo bipartidista (demócrata/republicano) del Congreso, y busca dar legitimidad regional al desdibujado presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, en un momento de extrema debilidad política de la oposición interna al gobierno de Maduro.

El presidente Maduro rompió relaciones con EU el 23 de enero pasado, luego de que Donald Trump desconociera su mandato y reconociera a Guaidó, su creación, como “presidente encargado”, en medio de una campaña de intoxicación mediática en el mundo occidental dirigida a presionar, desestabilizar y producir un “cambio de régimen” en Venezuela, con apoyo de varios presidentes de la ultraderecha latinoamericana agrupados en el llamado Grupo de Lima.

Desde entonces, oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzaron a realizar contactos con funcionarios diplomáticos venezolanos con fines de reclutamiento e incitación al abandono de sus cargos, en particular en Colombia, Panamá y Naciones Unidas.

Según reportes periodísticos, a cambio de convertirse en colaboracionistas de la agencia de espionaje estadunidense, oficiales de la CIA ofrecieron sumas de dinero de entre 120 y 150 mil dólares, con el encargo, a quienes defeccionaran, de que deberían ofrecer entrevistas a medios de prensa donde evidenciarían, entre otras exigencias, rechazo al presidente Maduro y al gobierno que habían defendido hasta ese momento.

Desde entonces, también, los agentes de la CIA incrementaron sus actividades en territorio colombiano. En 2018, la agencia estadunidense ya había logrado la defección del agregado de prensa venezolano en Bogotá, Luis Espinoza. Destaca, asimismo, el apoyo brindado a una red terrorista basificada en Perú, denominada operación “Jaque Mate Venezuela 2019”, dedicada a la ejecución de actos violentos en territorio venezolano con fines de desestabilización.

Antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, entre Iván Duque y Gustavo Petro, en junio de 2018, la CIA preparó una denuncia pública donde acusaba, falsamente, a Royland Belisario, miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de un supuesto atentado contra el hoy presidente Duque. La versión fue recuperada por el diario bogotano El Tiempo el 3 de marzo de 2019 y atribuida a “organismos de inteligencia colombianos”.

El 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que cuando “yo era director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. La transcripción oficial del Departamento de Estado censuró esas aseveraciones, pero sí quedaron registradas en video. Y aunque es público y notorio que a lo largo de su historia la CIA ha hecho lo que Pompeo dijo, no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo de esa forma.

El 7 de febrero anterior, tras la detención del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Oswaldo Valentín García Palomo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó ante los medios la publicación de mensajes intimidatorios y noticias falsas por parte de actores del antichavismo que delineaban el marco de una serie de acciones golpistas.

De tiempo atrás, García Palomo había contado con el apoyo de la CIA y de los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil. En su confesión, el ex militar declaró que la Agencia Central de Inteligencia lo había contactado a través del general retirado Antonio Rivero, activista del Partido Voluntad Popular (el de Guaidó) y agente de la CIA, según Rodríguez. Detalló, también, que en territorio colombiano había contado con el apoyo de alias “Alejandro”, un general de la Policía Nacional de Colombia, quien era el enlace con el gobierno de Juan Manuel Santos.

El plan golpista había sido reactivado en mayo de 2018, previo a las elecciones colombianas, con la asesoría de alias “Indiana” y el “coronel Lee” por parte de la CIA y de “Alejandro”, por parte del gobierno de Colombia. Los oficiales instruyeron a García Palomo el plan de ataque contra Venezuela durante el primer trimestre de 2019, y su confesión, según Jorge Rodríguez, venía a desmontar la campaña de intoxicación desinformativa internacional sobre la “crisis humanitaria”, como coartada para una invasión diseñada por la CIA y el Pentágono con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

En el contexto de una prolongada guerra híbrida imperial de desgaste, el sábado 23 de febrero de 2019, calendarizado como el enésimo “Día D” de la asediada República Bolivariana de Venezuela, resultaría otro estrepitoso fracaso de la terrorista ultraderecha internacional que responde a los dictados de la Casa Blanca.

En esa coyuntura, uno de los miembros de la estación de la CIA en Bogotá acompaño al senador estadunidense de ascendencia cubana Marco Rubio y al representante por el estado de Florida, Mario Díaz-Balart, en su visita a la localidad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela y uno de los principales focos de tensión entre ambos países. En esa ocasión, Rubio y Díaz-Balart –representantes de la mafia cubano estadunidense de Miami− estuvieron acompañados de Carlos Trujillo, embajador de EU ante la OEA.

Cúcuta, donde según el intelectual colombiano Renán Vega Cantor “reina el poder paramilitar” −hasta el punto que se le conoce como la “República Independiente de los Paracos”−, había sido el escenario, la víspera, del concierto “Venezuela Aid Live”, organizado por la gusanería cultural del clan Estefan (el matrimonio conformado por Gloria y Emilio Estefan ), que contó con la asistencia de unos 30 artistas Made in Miami , incluido Silveste Dangond, denominado “el paramilitar del vallenato”.

Ese concierto de odio y de guerra fue concebido como una acción de distracción en la frontera colombo-venezolana, dirigido a encubrir una operación de bandera falsa en el marco de la pretendida introducción de “ayuda humanitaria” a Venezuela de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que desde 1961 ha sido utilizada por la CIA como una de sus armas más poderosas para sus operaciones encubiertas.

En el argot militar, las operaciones de bandera falsa son las que realiza una potencia agresora de forma clandestina, en aras de parecer agredida y culpar al enemigo. El 23 de febrero, dos camiones de la USAID con supuesta ayudada humanitaria para Venezuela fueron incendiados con cocteles molotov en el puente internacional Francisco de Paula Santander, del lado colombiano y por grupos violentos de la oposición venezolana, y el vicepresidente de EU, Mike Pence y el secretario de Estado, Pompeo, culparon al “tirano” Maduro.

La operación, que contó con la asistencia in situ del presidente colombiano Iván Duque y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, así como del lacayo del Ministerio de Colonias de EU, el uruguayo Luis Almagro, exhibió los nexos de la mafia cubano-americana de Miami auspiciada por la CIA con los “paracos” de Cúcuta y la ultraderecha continental, pero también la impunidad con la que la agencia estadunidense desarrolla sus actividades injerencistas contra Venezuela desde el territorio de Colombia.

Desde inicios de 2019 y hasta la fecha, la Embajada de EU en Bogotá ha venido incrementando el número de funcionarios en su consulado en Cúcuta con dos objetivos fundamentales: apoyar las visitas de congresistas, políticos y militares estadunidenses así como de jefes y oficiales de la comunidad de inteligencia que viajan a esa región fronteriza, y para el monitoreo de la situación en Venezuela, sobre lo cual remiten partes diarios que son remitidos al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.

El consulado de EU en Cúcuta cuenta con un alto número de funcionarios que estaban adscritos a la misión diplomática norteamericana en Caracas, la cual debieron desalojar tras la ruptura de relaciones decretada por Nicolás Maduro. Según versiones periodísticas, entre ellos habría algunos expertos en operaciones encubiertas y al trabajo de campo con la ultraderecha venezolana, grupos paramilitares y bandas criminales, pero también con hacendados opositores, que como parte de la guerra económica contra el gobierno constitucional de Maduro, realizan operaciones clandestinas para sacar al exterior minerales (oro, bauxita, hierro), petróleo y gasolina.

En ese contexto, la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela anunciada por Pompeo la semana pasada, vendría a reforzar el papel del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque como cipayos de Washington y el de Colombia como plataforma para la agresión del Pentágono y la CIA contra Venezuela.

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China busca la "mano negra" tras las protestas de Hong Kong y ya no sabe ni a quien detener

La policía ha detenido a tres destacados activistas que han mantenido un perfil bajo durante las protestas porque China no puede concebir un movimiento sin líderes

La teoría de la "mano negra", de origen soviético, sigue formando la cosmovisión del Partido Comunista Chino

 

Hong Kong despertó el viernes bañada por un chaparrón de noticias tan densas como la lluvia que no dejaba de caer.

Primero fue Andy Chan Ho-tin, cabeza visible del ilegalizado Partido Nacional de Hong Kong. Chan fue detenido en el aeropuerto durante la noche del jueves cuando estaba a punto de volar a Japón. Después se supo que Joshua Wong había corrido la misma suerte. Desde que en 2012, con apenas 15 años, organizó protestas contra el currículo en las escuelas, Wong se ha convertido en uno de los activistas por la democracia más conocidos. Aquel proyecto educativo, un intento de despertar el espíritu patriótico de la juventud hongkonesa para algunos, fue descrito como un "lavado de cerebro" por Wong y sus partidarios. Fue también uno de los líderes de la conocida como 'Revolución de los paraguas' en 2014. Fue detenido, terminó en prisión y aún arrastra causas judiciales.

La tercera persona de alto perfil arrestada este viernes es Agnes Chow. Lideresa también de la 'Revolución de los paraguas', Chow fundó junto a Wong un partido político, Demosisto, otra de las formaciones nacidas de ese ciclo de protestas junto al Partido Nacional de Hong Kong fundado por Chan.

Ninguno de ellos ha mostrado un perfil alto durante las últimas movilizaciones, caracterizadas por no contar con líderes visibles. Las protestas han adoptado como slogan el famoso "be water" de Bruce Lee: adaptable y móvil.

Los analistas han estado buscando la etiqueta precisa con la que referirse a las protestas que han remecido Hong Kong durante todo el verano. Los paraguas juegan un papel mucho menos importante que el desempeñado en 2014 y aunque en esta ocasión no se han convertido en seña de identidad, en esta ocasión se abren más por motivos climáticos, pero también lo hacen para protegerse del gas lacrimógeno y las fotografías y grabaciones no deseadas.

Algunos han tratado de bautizarla como la 'Revolución de los cascos' y dotar así de una descripción adecuada a un verano caracterizado por la aparición de una violencia que no se había registrado en protestas previas. Esta vez la policía dispara con normalidad gas lacrimógeno, balas de goma y otras armas no letales además de usar sus porras a rienda suelta. Por eso los cascos.

El domingo, Hong Kong también vio, por primera vez, fuego real. Un policía utilizó su arma reglamentaria contra los manifestantes [disparó al aire para dispersarlos]. Por primera vez en medio siglo. No se habían utilizado desde que la policial colonial trató de restaurar la calma durante los disturbios provocados por la izquierda en 1967, durante un conato de extensión de la Revolución Cultural china a un territorio que entonces formaba parte del Imperio Británico.

Los manifestantes no se han quedado de brazos cruzados ante la escalada represiva: Desde 2016 lanzan ladrillos contra la policía. Todo comenzó cuando los activistas se enfrentaron a las autoridades para evitar el desalojo de vendedores callejeros informales durante el Año Nuevo Chino. Se llamó entonces la 'Revolución de las albóndigas de pescado' a partir de una especialidad culinaria local. Su líder, Edward Leung, que ahora tiene 27 años, cumple una sentencia de seis años en prisión. Fundador del grupo 'Indígenas de Hong Kong', debe su despertar político al temor de que el estilo de vida hongkonés se erosione hasta diluirse debido a su integración gradual en China. Leung es también quien formuló el lema más reconocido hasta el momento: "Recuperar Hong Kong, la revolución de nuestra época".

Lo que comenzó como una protesta contra el intento de introducir una modificación legislativa a la ley de extradición que habría permitido juzgar a hongkoneses en la China continental, muy mal gestionado por la jefa del Ejecutivo de la antigua colonia, Carrie Lam, ha evolucionado hasta convertirse en una pelea a tumba abierta por el sufragio universal, una promesa ya antigua y nunca cumplida. Alimentada, además, por el rechazo a una violencia policial que no deja de aumentar.

Una mirada a los 22 años que Hong Kong lleva bajo soberanía china permite que salga a la luz el más claro de los elementos que impulsan la desafección política: la ausencia de canales que permitan una comunicación fructífera entre Gobierno y ciudadanía.

Y no obstante, las autoridades, tanto en Hong Kong como en Pekín, parecen totalmente incapaces de comprender que los interlocutores escogidos por ellos mismos –una macedonia de multimillonarios y leales a Pekín– no representan las voces del disenso. Los miembros del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, órgano de gobierno local, son nombrados por la jefa del Ejecutivo, elegida a su vez mediante sufragio censitario por 1.200 de entre 7,5 millones de habitantes. Carrie Lam gobierna Hong Kong con la legitimidad de 777 votos.

Desde 1997 todos los gobiernos hongkoneses se han negado a establecer contactos con el sector que trabaja por la llegada de la democracia, muy representativo del sentir general.

Además, hace días que el ruido de sables agitados por China sobrevuela Hong Kong. Las maniobras militares próximas a la frontera son cada vez más evidentes. Aunque una intervención armada no parece probable, meter miedo siempre ha sido una estrategia útil. El arresto de unos 1.000 activistas a lo largo del verano tiene como última de sus manifestaciones las detenciones de conocidos líderes que mantenían un perfil bastante bajo. La intención es clara.

Aunque Pekín ha tenido que admitir que no puede controlar la información que sale de Hong Kong, trata de generar un discurso alternativo y favorable a sus intereses. Según su versión, una "mano negra" se mueve tras bambalinas impulsada desde el exterior para sembrar discordia en Hong Kong. Las detenciones del viernes demuestran que su formulación no es propagandística. Realmente lo creen.

No pueden concebir un movimiento sin líderes. Tiene que tratarse de algo orquestado por saboteadores, sean estos malvados detractores del plan quinquenal chino o desafectos al régimen hongkonés que le piden a su gobierno que escuche a la población. Así, a fin de cuentas, es como se cerró el ciclo de protestas de Tiananmen: desatando una campaña que duró años que pretendió desenmascarar y llevar a prisión a las "manos negras" que lo habían provocado y negando que pudiera existir algún sentimiento popular, auténtico y espontáneo tras la presencia de millones de personas en las calles.

Para concluir, un indicador más de uno de los errores más habituales a la hora de entender la política china. Sus pronunciamientos, por más absurdos que parezcan, por más propagandísticos que suenen a los oídos de Occidente, pueden ser, en realidad, la plasmación de lo que sus líderes creen de verdad. El modo en que silencia cualquier posible disidencia podría demostrarlo. Un gobierno que se niega a escuchar a sus detractores se cree su propia propaganda.

Por Ilaria Maria Sala

30/08/2019 - 21:24h

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Viernes, 30 Agosto 2019 07:15

Derrota de la contrainsurgencia "social"

Derrota de la contrainsurgencia "social"

En la medida que las políticas o programas sociales suenan como las caras amables de los estados de nuestra región, más allá de quienes los administren, resulta necesario recordar sus orígenes y objetivos declarados. No alcanza con señalar que buscan reducir la pobreza o que pretenden debilitar a los movimientos antisistémicos. La historia se remonta a la guerra de Vietnam y a un personaje llamado Robert McNamara, uno de los cuadros más astutos que tuvo el capitalismo.

McNamara fue el primer presidente de la empresa Ford que no pertenecía a la familia, en 1960, cargo que abandonó al ser nombrado secretario de Defensa entre 1961 y 1968, durante la guerra de Vietnam. Ese año pasó a presidir el Banco Mundial, hasta 1981. Durante la Segunda Guerra Mundial había ingresado a la Fuerza Aérea, donde aplicó las artes de la administración de negocios aprendidas en Harvard a la eficiencia de los bombarderos estadunidenses, lo que le valió la Legión al Mérito como teniente coronel.

Durante el conflicto en Vietnam comprendió que las armas, por más sofisticadas que sean, no ganan guerras. Dirigió el Banco Mundial con el objetivo de revertir la derrota militar y preparar el terreno para que esa situación no volviera a producirse. Comprendió que la injusticia social y la pobreza podían poner en peligro la estabilidad del sistema capitalista, y para remediarlo concibió la política del "combate a la pobreza".

Entiéndase que para McNamara la pobreza es un problema en tanto, y sólo en tanto, puede desestabilizar la dominación. Es una cuestión instrumental, no ética. Bajo su gestión el Banco Mundial se convirtió en el centro de pensamiento ( think tank) más citado por las academias y pasó a definir las políticas de los países en desarrollo. Como destacó uno de sus colaboradores, Hollis Chenery, se trata de "repartir un pedazo del crecimiento de la riqueza y no la riqueza"*.

El "combate a la pobreza" tuvo dos efectos más. Consiguió sacar la riqueza del centro del escenario político, como había estado hasta la década de los 70. Aunque hoy parezca increíble para quienes no vivieron la "revolución mundial de 1968", la izquierda creía que el verdadero problema social era la riqueza, por eso todos los programas de gobierno iban dirigidos a la reapropiación de los medios de producción y de cambio, como la reforma agraria, entre muchos otros.

La segunda es que se propuso, y consiguió, influir en los movimientos antisistémicos de una manera muy sutil, a través de una política que definieron como "fortalecimiento organizativo" (recuerden el Pronasol), se eligieron movimientos de lucha para convertirlos –con apoyo del Banco Mundial– en organizaciones burocratizadas que, en adelante, se especializarán en hacer trámites ante agencias de desarrollo. El banco dejó de gestionar los préstamos y se limitó a "acompañar", "capacitar", "asesorar" y "fiscalizar".

Por todo lo anterior, es importante que las bases de apoyo del EZLN hayan conseguido derrotar esta "contrainsurgencia social". No es lo habitual. En mi país, Uruguay, el progresismo consiguió amortiguar el conflicto social con una batería de "políticas sociales" que van desde el impulso a "cooperativas" digitadas desde arriba, hasta la creación de organizaciones sociales que tienen la apariencia de legítimos movimientos. Otros progresismos fueron más sutiles, clonando movimientos enteros.

El comunicado titulado Y rompimos el cerco, firmado por el subcomandante Moisés, enseña tres aspectos de esta derrota de los programas sociales.

El primero es que las bases de apoyo salieron de sus comunidades a encontrarse con otros abajos, con quienes se entendieron "como sólo se entienden entre sí quienes comparten no sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia".

La segunda es el papel destacado que jugaron los jóvenes y las mujeres en la tarea de romper el cerco. La tercera es que las mujeres zapatistas no sólo marcaron el norte, sino que estuvieron también "a los lados para que no nos desviemos, y atrás para que no nos retrasemos".

Fue un encuentro entre abajos, entre iguales, más allá de las opciones políticas coyunturales de cada quien. Fue un encuentro de dignidades: la zapatista y la de las comunidades partidistas que se rebelaron contra "el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno", que les entrega limosnas para dividirlas.

Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino sobre todo cómo lo hicieron. Es una lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde los programas sociales inspirados en el Banco Mundial y ejecutados por los progresismos, han destruido la independencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácito de las grandes multinacionales.

Poder popular y programas sociales son dos fuerzas que se repelen. Cuando una triunfa, la otra pierde.

*Citado por Eric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente , Abya Yala, Quito, 2007, p. 155.

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¿Por qué esconde China sus buques petroleros de los radares estadounidenses?

Expertos afirman que China está escondiendo los petroleros para eludir las sanciones estadounidenses al crudo iraní

En la pugna por el control de las rutas de comercio marítimo convergen dos conflictos creados por la misma Administración Trump: la guerra comercial con China y la política de "máxima presión" contra Irán

Irán es el único país rico en petróleo en el que Estados Unidos no se ha afianzado y esto es una oportunidad para las necesidades energéticas de China

 

A principios de junio un enorme buque petrolero chino desapareció de pronto en el Océano Índico. Aparentemente, se había desactivado el sistema de rastreo que permite seguir su recorrido.

No era el primer buque que desaparecía de las pantallas. En las últimas semanas, las empresas que rastrean buques se han acostumbrado a que algunos desactiven los transpondedores que permiten que el buque envíe una señal de identificación a la Organización Marítima Internacional.

El gobierno de Trump ha incrementado sus esfuerzos en rastrear buques vinculados a la empresa estatal petrolera más grande de China después de las sospechas de que los buques estarían ayudando a transportar crudo iraní, desafiando las sanciones de Estados Unidos contra Teherán.

"Están escondiendo su actividad", afirmó en julio Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, al New York Times. "No quieren que se sepa que han estado en Irán, evadiendo las sanciones. Es así de sencillo", atajó. 

El caso del buque Pacific Bravo, que Estados Unidos ya había señalado como sospechoso de violar las sanciones, es doblemente intrigante. Después de que desapareciera su número de identificación, volvió a aparecer más de un mes después, pero en un buque registrado con un nombre diferente. El cambio de nombre aparentemente habría sido un esfuerzo torpe por esconderlo.

Otros buques chinos, muchos pertenecientes al Banco de Kunlun, según informes periodísticos y pruebas de las empresas de rastreo, han utilizado tácticas diferentes. Algunos han sido localizados en imágenes satelitales interactuando con buques iraníes.

Lo que está ocurriendo en las rutas de comercio marítimo se enmarcan en una historia más grande, que tiene que ver con la compleja convergencia de dos apremiantes conflictos internacionales del Gobierno de Trump.

Washington pretende bloquear las exportaciones iraníes de petróleo como parte de una campaña de "máxima presión" para obligar a Teherán a negociar sus políticas nucleares y de seguridad. Y mientras, China —cuya guerra comercial con Estados Unidos se recrudece cada vez más— parece estar dando aire a Irán arrojándole un salvavidas.

Por su parte, Irán ha animado a China. Recientemente, el primer vicepresidente del país, Eshaq Jahangiri, en una conversación con un funcionario chino de visita en Irán dijo que Teherán espera que Pekín sea más activo en la comprar petróleo iraní.

"Creo que hace tiempo que los dos conflictos se han juntado", aseveró Ali Vaez, un analista iraní del thinktank Crisis Group. "La razón principal por la que al inicio China cumplió con las sanciones estadounidenses y redujo de forma significativa la importación de petróleo iraní fue porque esperaba poder utilizar esa carta en las negociaciones comerciales. Pero cuanto se paralizaron las conversaciones, China volvió a importar petróleo de Irán", agregó. 

Hasta ahora, los esfuerzos por evadir las sanciones habían tenido limitaciones. Vaez y otros analistas señalan que el mensaje del país asiático a su rival es claro: China puede "llevar al éxito o al fracaso la política de máxima presión de Estados Unidos".

A su vez, el cambio de rumbo de China hizo que en julio Estados Unidos emitiera nuevas sanciones contra el importador chino de petróleo Zhuhai Zhenrong, que copa el 60% del comercio de China con Irán, por "violar la ley estadounidense al aceptar crudo". 

Sin embargo, Vaez remarca que para China la adquisición de petróleo iraní no es solo una cuestión de influencia, sino que refleja su estrategia a largo plazo de no ser cómplice de las tácticas estadounidenses destinadas a generar un cambio de régimen en Irán.

"China tiene sus propias predicciones con respecto a Irán. Es el único país rico en petróleo en el que Estados Unidos no tiene una presencia afianzada. Desde el punto de vista de las necesidades energéticas de China, Irán es muy importante", apuntó. "Pero por otro lado, China se juega mucho en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y tiene que encontrar un equilibrio en las relaciones con otros países petroleros como Arabia Saudí", añadió. 

Sanam Vakil, investigador de amplia trayectoria en Chatham House, considera que los subterfugios actuales reflejan un deseo tanto de China como de Irán de evitar un enfrentamiento abierto por este asunto, mientras que Teherán va encontrando formas cada vez más "creativas" de exportar petróleo.

Según Vakil, lo que ha quedado en evidencia ha sido la incapacidad del Gobierno de Trump de gestionar estas crisis solapadas generadas por su propia gestión. "No es positivo para la política exterior de Estados Unidos tener tantas crisis interconectadas. Es imposible para el Gobierno estadounidense alcanzar todos sus objetivos", señaló. 

Vaez coincide con el experto, añadió que la importación china de petróleo iraní podría contar con el discreto apoyo de las capitales europeas que todavía tienen la esperanza de preservar el acuerdo nuclear con Irán pese a la retirada unilateral de Washington.

"No sé si el Gobierno de Trump tiene la capacidad o la comprensión estratégica necesaria para unir los puntos. Por eso ha sido su propio peor enemigo. Muchos de sus principales adversarios, incluyendo a Corea del Norte e Irán, están pendientes de cómo el Gobierno de Trump trata a China", explicó Vaez. 

"Sin embargo, en la práctica, este es un gobierno que, dada la oportunidad de luchar contra varios incendios a la vez, no duda en aprovecharla", sentenció. 

29/08/2019 - 22:34h

Traducido por Lucía Balducci

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Firmas brasileñas vinculadas con Trump, corresponsables del fuego en la Amazonia

Las empresas se han empeñado en construir una carretera y un puerto en la región para sus exportaciones

 

Río de Janeiro. Dos firmas brasileñas propiedad de uno de los principales donantes a las campañas del presidente estadunidense, Donald Trump, y del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, son en gran medida responsables de los incendios en la Amazonia, informó ayer el portal The Intercept.

Hidrovias do Brasil es mayoritariamente propiedad de Blackstone, firma inversora que también es dueña de la financiera brasileña Pátria Investimentos. El cofundador y director general de Blackstone es Stephen Schwartzman, estrecho aliado y asesor de Trump que ha donado millones de dólares a McConnell en los últimos años.

Hidrovias do Brasil y Pátria Investimentos ha impulsado la deforestación de la Amazonia para construir una controversial autopista y un puerto con el fin de exportar soya con mayor facilidad.

Blackstone afirmó en un comunicado que no ha hecho daño a la selva: Si bien no tenemos control operativo sobre Hidrovias do Brasil, sabemos que redujo sus emisiones de carbono, además de promover un transporte más eficiente de los productos agrícolas de los granjeros brasileños. The Intercept investigó la construcción de la autopista y el puerto desde 2016.

La primavera del presente año, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció que Hidrovias sería socio en la privatización y desarrollo de un proyecto de miles de kilómetros de carretera en la selva.

The Intercept fue creado en febrero de 2014 por el periodista Glenn Greenwald, quien dede las páginas de The Guardian publicó las revelaciones del informante estadunidense Edward Snowden, quien filtró unos 20 mil documentos de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, con lo que salió a la luz pública la existencia del amplio programa de espionaje por Internet. Recientemente, The Intercept publicó una serie de chats entre el ex juez brasileño Sergio Moro y el equipo de fiscales que montaron una operación para condenar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

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Hidroeléctrica de Itaipú: invasión militar, acuerdo secreto y traición a la patria entre Brasil y Paraguay

Itaipú, la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, es, desde hace más de medio siglo, foco de reclamaciones constantes entre Paraguay y Brasil, que en los acuerdos originales compartían a partes iguales la soberanía 

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se salva in extremis del juicio político por un escándalo que tiene que ver con una renegociación secreta y desigual del acuerdo con Brasil sobre la central

Paraguay había aceptado aumentar la compra de energía más cara y reducir la compra de la potencia más barata para beneficiar a Brasil

 

Muy poco ha faltado para que el Parlamento paraguayo invocase el artículo 225 de la Constitución Federal, ese que describe los procedimientos de juicio político a los dirigentes del Estado. El delito: traición a la patria. Los acusados: el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Todo por un acta bilateral secreta entre Paraguay y Brasil relacionada con la contratación de potencia de la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, de soberanía compartida.

Una comisión bicameral de investigación está interrogando a todos los implicados. Este martes 27 de agosto ha pasado por allí Hugo Saguier Caballero, hasta hace unos días embajador de Paraguay en Brasil, y una de las primeras bajas colaterales del tumulto, cuando lo secreto se hizo público. Saguier fue el que firmó el acta en representación de Paraguay. El acuerdo obligaba a Paraguay a comprar más potencia de la energía más cara y así generar un excedente de la más barata del que se podrían aprovechar las empresas brasileñas.

Antecedentes históricos de un tratado desigual 

Itaipú, en el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay, supuso, en los años sesenta y setenta, la materialización de un proyecto mastodóntico nacido de la necesidad brasileña y de una invasión militar previa. Paraguay arrastraba todavía las heridas de las guerras del pasado, fatídicas para ellos, y el fantasma del dominio brasileño amenazaba con regresar y perpetuarse, sobre todo con el golpe de Estado de 1964 y el inicio del régimen militar. El general Stroessner ya gobernaba Paraguay.

La creciente demanda energética de Brasil requería medidas drásticas. Puerto Renato fue el origen de la actual contienda. Con el objetivo estratégico de controlar los denominados Saltos del Guairá, en el río Paraná, las Fuerzas Armadas brasileñas enviaron un destacamento a un territorio aún en disputa diplomática, no definido, o definido ambiguamente, por los tratados internacionales. Allí construiría Brasil la solución a su necesidad energética. La intervención de Estados Unidos, en cambio, propició el acuerdo de 1973 para que la hidroeléctrica, finalmente ubicada en la zona de Itaipú, en el mismo río Paraná, naciera como un proyecto compartido.

Las evidentes diferencias entre ambos países y la forma violenta de encajar la solución originaria generaron un documento desigual. Por decreto ambas naciones son dueñas del 50% de la potencia garantizada –energía más cara, pero cuya cantidad puede conocerse de antemano y es fija– y del 50% de la no garantizada –más barata porque depende de incrementos que provocan factores externos–. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la energía (más del 90%) viaja rumbo a Brasil, debido a la mayor demanda. Paraguay –mediante la Administración Nacional de Electricidad paraguaya, ANDE– le vende su excedente a la estatal brasileña Electrobras, pero no a precio de mercado, sino a uno mucho menor, con las consiguientes pérdidas para Paraguay.

Por otra parte, Brasil señala que Paraguay, aprovechándose de la preferencia que le otorga un acta firmada en 2007, divide sus compras entre potencia garantizada y potencia no garantizada para ahorrarse gastos. Brasil, en el acta secreta que ha desatado la polémica, presiona para que Paraguay aumente los niveles de compra de potencia garantizada hasta 2022, fijando previamente los valores (y reduzca los de la potencia no garantizada). Esto supondría, según ANDE, un gasto extra a Paraguay de 250 millones de dólares cada año por aprovechar su propia energía.

Presión, irresponsabilidades, dimisiones

Ante una modificación tan sustancial del Tratado de Itaipú todo ha apuntado hacia el presidente paraguayo y su vicepresidente. Acorralados, Abdo Benítez y Velázquez han desviado las culpas hacia su ministro de Exteriores, Luis Castiglioni –que ya no está en el cargo–, y este a su vez hacia el mencionado exembajador de Paraguay en Brasil. Los dirigentes de la ANDE fueron testigos también de la presencia en las reuniones de un consultor independiente que decía representar al vicepresidente. Irresponsabilidades en cadena que desembocaron en dimisiones grupales de altos cargos.

Pedro Ferreira, que dimitió como presidente de ANDE, no se cansa de repetir que avisó al presidente Abdo Benítez, al vicepresidente, al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil, de que el documento del acuerdo era nocivo para los intereses paraguayos y no se debería firmar. El aumento de costes y de tarifas para Paraguay y el encorsetamiento eran notorios. Recomendaba además añadir un punto en el que Paraguay pudiera vender libremente la potencia sobrante a precios de mercado. El punto jamás fue incluido en el acta. Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.

El equipo diplomático brasileño en las negociaciones estuvo capitaneado por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales en las Américas. Sus movimientos resultaron implacables. "Estaban presentes la delegación de Brasil y la delegación de Paraguay, y se me hace muy difícil entender que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo el respeto, eso no es un problema de Brasil", se puede escuchar desde la parte brasileña en una de las últimas conversaciones filtradas, ante las excusas de los técnicos paraguayos, que decían no haber visto nunca antes el acta definitiva.

El acta bilateral, por petición expresa del Ejecutivo paraguayo a Jair Bolsonaro, quedó anulada. Un favor impagable. Pero la lista de favores pendientes de Abdo Benítez no termina ahí. Su futuro político ha pendido de un hilo durante semanas debido a la falta de apoyo de una de las vertientes del Partido Colorado, precisamente la que controla el expresidente Horacio Cartes, el 'Honor Colorado'. Los votos de esa mitad de su propia agrupación le hubieran empujado sin freno hacia el juicio político, para satisfacción de la oposición. En el último momento, sin embargo, Cartes le ha levantado la condena. Ahora nadie duda que esa inestimable ayuda le pasará factura a Abdo Benítez, quedando los tres años que restan de legislatura a expensas del exmandatario, que maneja el poder entre bambalinas.

Las calles tardarán algo más en perdonar a Abdo Benítez. La población no admite lo que considera toda una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación.

Por Víctor David López

27/08/2019 - 22:02h

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Foto aérea muestra icebergs mientras flotan a lo largo de la costa este de Groenlandia.Foto Afp

Ya he abordado la propuesta de Trump para "comprar" Groenlandia y sus implicaciones geopolíticas (https://bit.ly/2THgNth; http://bit.ly/2ZwVhsg); y (https://bit.ly/2Nm4qBG).

Se ha vuelto moda catalogar a Trump de "insano" para invocar la aplicación del artículo 25 de la Constitución para su destitución.

En The Washington Post, portavoz del establishment, Daniel Drezner, connotado internacionalista y becario de Brookings Institution, aporta "una propuesta modesta (sic) para que Trump compre Canadá" (https://wapo.st/33MOqOM).

La "propuesta" de Drezner se puede interpretar de sarcástica para unos, pero para otros puede significar la resurrección del irredentismo supremacista blanco evangelista de los WASP (White Anglo-Saxon Protestant) en su fase de Lebensraum ("espacio vital").

Daniel Drezner parece inclinarse al inicio por la ausencia de sensatez de la propuesta de Trump, que ni siquiera su staff toma en serio y que, a juicio de la agencia británica (¡ojo!) Reuters, "ha causado risa a algunos de sus consejeros como broma, pero que ha sido tomado más seriamente (sic) por otros en la Casa Blanca".

Daniel Drezner juguetea con los puntos de vista de otros columnistas del mismo Washington Post, donde "los ayudantes del presidente han empezado a investigar sus directivas para la compra de Groenlandia" (https://wapo.st/2Z9qtSk), mientras otros colegas del NYT filtran que aunque los consejeros de Trump "son muy escépticos", en lugar de disuadirlo, "han acordado investigar el asunto" (https://nyti.ms/2Zdt4uq).

Coloca en relieve que Larry Kudlow, consejero económico de la Casa Blanca, "hombre brillante" y usualmente precavido, comentó que la compra “se está desarrollando. Lo estamos viendo (…). Sólo digo que el presidente, que sabe de más sobre la compra de bienes raíces, desea echar un ojo” (https://wapo.st/2z9wv6Y).

Daniel Drezner sube su puja y expone un "editorial explosivo" del Washington Examiner que defiende a Trump: “no se rían; la compra de Groenlandia por EU puede representar un trato extraordinario en términos de la seguridad nacional de EU, sus intereses económicos y la protección ambiental(…). Los estadunidenses de todo el espectro político se beneficiarían con Groenlandia y sus 56 mil habitantes se incorporarían a nuestra familia nacional” (https://washex.am/2HqNiH7).

Daniel Drezner sopesa la "lógica del editorial": Groenlandia, "con un valor estratégico extraordinario" y "abundante con recursos primarios".

Daniel Drezner lleva su puja a límites antigravitatorios y enuncia que "Trump necesita pensar en forma más ambiciosa" por lo que si "desea pensar grande (sic), debería hacer una oferta por un aliado aún mayor, más rico, más estratégico y más pasivo-agresivo (sic) aliado en el Ártico": ¡Canadá!

Propone un paquete para la compra de Canadá: 1. Veinte billones de dólares en efectivo –10 billones para la Corona de Canadá/Inglaterra y 10 billones para los residentes; 2. La incorporación de sus 13 provincias y territorios como Estados de la Unión, con representación en el Congreso; y 3. La admisión de nuevos Estados como la capital (DC) y Puerto Rico para que EU tenga un total de 65 Estados. Estos tres puntos pueden sonar a chacota.

Según Daniel Drezner, su propuesta, en un tono burlón, constituye una ganancia para Gran Bretaña, que sería inyectada con una enorme liquidez, en época de gran precariedad frente a las consecuencias del ominoso Brexit (https://bit.ly/2OWt8L9).

Juzga que la absorción de Canadá –el segundo país más extenso del mundo– conformaría con EU una superpotencia geoeconómica y reduciría las barreras comerciales como "otro estímulo para el crecimiento económico".

En tono sarcástico, Daniel Drezner comenta la inyección expansiva bancaria, de corte monetarista, con la impresión de 20 billones de dólares.

Otro punto favorable es que "la mayoría de los canadienses son tan blancos (sic) como los republicanos".

¿Y que tal si Trump toma en serio la propuesta de Daniel Drezner?

¿Cómo se deben tomar en México las "bromas" de los neopiratas anglosajones, cuando se insinúan veleidades secesionistas en Baja California/Chihuahua/Nuevo León /Chiapas?

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Una mujer indígena de la comunidad Emberá Chamí,  en el departamento colombiano de Chocó.

Hasta mediados de agosto, eran 36 los indígenas asesinados en el Cauca colombiano. El homicidio del profesor Orlando Gómez, rector de un remoto colegio en el pueblo de Caldono, y la emboscada sufrida por varios indígenas donde resultaron dos muertos y diez heridos, ayudaron a amplificar el grito de las comunidades milenarias que no venían siendo escuchadas. Días atrás el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) había manifestado su gran preocupación, porque según explican, los grupos armados les declararon la guerra en el Norte del Cauca, como lo hicieron también con los educadores y transportadores. En la zona los ilegales se disputan el control de economías ilegales como tráfico de cocaína y marihuana y minería de oro, mientras el Ejército colombiano no logra copar los espacios que dejó la ex guerrilla de FARC que antes tenía dominio en esta zona. Sin embargo, la violencia que viven los indígenas no es una novedad.

PáginaI12 habló con Armando Wouriyu Valbuena, considerado maestro de Sabiduría por la Unesco y perteneciente al pueblo nación Uaiú. Valbuena hace parte de la Organización Indígena del Cauca (ONIC) y fue secretario de la Comisión Étnica en las negociaciones entre las FARC y el gobierno durante los Diálogos de La Habana. Con una preocupación que llevó a la ciudad de Popayán a la Ministra del Interior Nancy Gutiérrez, Armando Wouriyu cuenta que aún no obtienen respuestas y las reuniones con alto gobierno parecen todavía infructíferas, como durante los últimos paros agrarios y mingas indígenas. Sus declaraciones vienen en momentos en que el movimiento social del país alza la voz por todos los líderes sociales (más de 700) asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 que llevó al desarme de las FARC y tiene hoy al país en un nuevo reacomodamiento criminal y narco del que los indígenas tampoco se escapan.

--¿Qué le está pasando a los pueblos indígenas en Colombia ?

-- Los pueblos milenarios nómades están unos en confinamiento por la guerra, en aislamiento voluntario y otros, sometidos a la sedentarización; estamos seminómades en el Pacífico, Orinoquía y Amazonía, y también somos sedentarios, andinos y del desierto. En total somos un 3 % de la población y vivimos bajo los principios de armonía y equilibrio con los animales y vegetales, en los espacios aéreos, marítimos y terrestres, donde están nuestros dioses y espíritus. Pero la espacialidad vital milenaria y ancestral está siendo destruida por la economía liberal que fundamenta sus deberes en la acumulación del capital, destruyendo el ecosistema y sometiendo con sus principios al calentamiento global y sus repercusiones colaterales como es la muerte de más de cinco mil niños Uaiú, lo cual es parte del genocidio que vivimos.

--¿Cómo están viviendo el posconflicto y la supuesta paz?

--Desde el inicio de la guerra en 1492, las acciones genocidas, el despojo, el desplazamiento, la desestructuración social y, la desposesión de la propiedad y la prohibición del uso y goce de nuestros bienes no han cesado, más bien se perfeccionan y bajo los principios de dignidad, seguimos manteniendo el deber moral de resistencia.

Desde 1810 a 1890, las leyes desconocieron nuestros derechos de humanidad y de 1890 a 1991, la república liberal de Tomás Cipriano de Mosquera, Jorge Tardeo Lozano y otros nos despreciaron como seres humanos. De acuerdo a la ley, fuimos ciudadanos salvajes, semisalvajes y civilizados. La política de educación pública y justicia fue delegada al estado del Vaticano. Y vemos que después de la Constitución de 1991 la actitud de los funcionarios públicos sigue siendo de desprecio social, acciones excluyentes, segregación y apartheid.

En el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno nacional logramos un capítulo étnico para que se aplicaran todos los derechos de los derechos humanos. Pero no se le cumple a las FARC, y tampoco se cumplen los 538 acuerdos que incluye el tratado de paz. Aquellos establecidos en los derechos sociales, culturales y económicos, los civiles y políticos, para su uso y goce tampoco, al contrario se recrudece la violencia y exclusión en los territorios.

--¿Cual es el balance del último mes respecto a ataques al pueblo indígena?

-- A los pueblos milenarios nómades del Pacífico, Orinoquía y Caribe ( Wounan, Wamone, Yukpa, etc) no se les permite la cacería en sus territorios por el minado del territorio y ocupación militar, paramilitar e insurgente; no se puede ir a pescar por la veda en los ríos y además la contaminación de mercurio en los ríos, tampoco se puede hacer recolección de alimentos en los bosques: eso significa destrucción de la economía nómade y por ende la disminución de nutrientes en el sistema alimentario, lo que significa en el derecho internacional: genocidio.

Los pueblos y/o naciones semi nómades sufren las consecuencias de una planeación para personas de urbes que desconocen las economías milenarias y trae consecuencias irreversibles en lo cultural: eso es genocidio.

Y además los sedentarios del desierto están viviendo el calentamiento global y el extractivismo que destruyó el ingreso de las aguas a los ríos subterráneos del desierto, mientras los peces se alejan de las costas buscando aguas frías; esa es la causa de las muerte de más de cinco mil niños. Eso es genocidio. A ello se le suma el.asesinato selectivo al intelecto de los pueblos, que son nuestros líderes y guías espirituales.

--¿Cómo explican la creciente oleada de violencia contra ustedes?

-- El gobierno colombiano tiene una política energética acorde a los intereses de empresas extranjeras y ha creado normas para el florecimiento de la minería, uso, goce y disfrute de las aguas, uso, goce y disfrute de del viento y del aire, exonerándolos de impuestos y entregando los territorios ancestrales nuestros y de allí la causa real de violencia sistemática, acción muy propia del genocidio.

--¿Qué piden a las autoridades?

-- Cumplir su responsabilidad moral y política de proteger la vida, la dignidad los ciudadanos milenarios y detener los avances sistemáticos del genocidio.

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