Jueves, 03 Octubre 2019 06:01

Fragmentos de un espejo roto

Fragmentos de un espejo roto

La independencia de las provincias de Centroamérica fue proclamada el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio Nacional de Guatemala, en una encerrona de próceres temerosos del futuro que se apresuraba delante de sus ojos. Guatemala era entonces asiento de la Capitanía General, desde donde se gobernaba el destino de seis provincias, contando Chiapas, las que, tras el derrumbe silencioso del gobierno colonial, no volvieron a avenirse nunca, dominadas por las discordias entre liberales y conservadores.

En Centroamérica, desde entonces un traspatio, la independencia llegó como una carambola, después que en otros países del continente, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, culminaban, o estaban por culminar, las grandes epopeyas bélicas que dieron a la historia latinoamericana nombres como los de Miranda, Bolívar, San Martín, Sucre, O’Higgins.

Hay distintas maneras de contar la historia, y por tanto, de fijar las fechas de las celebraciones. Las bisagras del imperio colonial comienzan a aflojarse en 1808, cuando España cae bajo la férula del imperio napoleónico y en América, gran paradoja, la chispa de la independencia se enciende con proclamas de defensa de la legitimidad del reinado de Fernando VII, depuesto por los franceses. El Cabildo de Caracas, para dar un solo ejemplo, se proclama como la "Junta Suprema Conservadora" de los derechos de aquel monarca tan dual, al que la historia llama indistintamente "El Deseado" y "El rey felón".

Tras la proclama de la independencia, los próceres tenían el oído puesto en el destino de México, el vecino poderoso de entonces, y pocos meses después de la firma del acta oficial del 15 de septiembre de 1821, temerosos de quedarse solos, corrieron a anexar a las recién independizadas provincias al imperio de Agustín de Iturbide, que no tardó en fracasar. Chiapas se integró a México independiente en 1823.

La independencia centroamericana cayó como una fruta madura del viejo árbol colonial. Fue el resultado de un trámite burocrático confuso, aceptado en algunas de las provincias, rechazado en otras; o, como ocurrió en León, Nicaragua, la dualidad: las autoridades suscribieron el "acta de los nublados", que proclamaba la independencia de España, "hasta tanto que se aclaren los nublados del día".

El acta del 15 de septiembre lleva a la cabeza la firma del capitán general don Gabino Gaínza, quien no hacía sino cambiar de casaca. De gobernador español, pasaba a jefe del gobierno independiente, y los firmantes que concurrieron con él, tenían, en su mayoría, una impecable hoja al servicio de los intereses coloniales, ya agónicos para entonces en todo el continente.

En el primer punto del acta se explica, con diáfana claridad, la razón fundamental para que aquellos que representaban el poder de la corona se lo transfirieran a ellos mismos convertidos en autoridades republicanas. Ese primer punto dice, de manera textual, que se declara la independencia "para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo". Más claro no canta el gallo de la historia.

Sin embargo, si el acta del 15 de septiembre se firmó sin costo de sangre, alentó las disensiones y las disputas intestinas. La sangre habría de derramarse abundantemente después en continuas guerras intestinas entre criollos y mestizos, que buscaban mantener viva la nueva República Federal proclamada en 1824, y los conservadores monárquicos, que rechazaban la federación como un plan de los francmasones. Y estas guerras vinieron a sellar nuestra suerte definitiva: la de ser, hasta ahora, pedazos sueltos de un todo común. Una frustración que no cesa.

El verdadero prócer de este sueño imposible que se llama Centroamérica fue el general Francisco Morazán, empeñado a lo largo de una década en unir los fragmentos dispersos y darle a la región una entidad política federal, hasta que murió fusilado en Costa Rica en 1842. Luego, cada pequeño país cogió su propio camino.

Desde la independencia hemos vivido bajo la regla de oro que Giuseppe de Lampedusa expresa en El Gatopardo, muy siciliana y muy universal: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie…”

Casi ya dos siglos de historia independiente en una región fragmentada, y tantas veces olvidada, que se sitúa lejos de cualquier asomo de entidad o unidad política, y donde los vínculos geográficos, históricos y culturales resultan siempre apartados por intereses espurios; una crónica cortedad de miras, que en pleno siglo XXI deja la modernidad, que implica el desarrollo integral y la justicia social, en una lejana quimera.

La pregunta de si somos una nación, o queremos serlo, ni siquiera está planteada. Los discursos retóricos y demagógicos sobran. Los organismos de integración son decorativos, un parlamento, una corte de justicia, tal como si para construir una casa se comenzara por el techo, sin tener primero los cimientos.

En lugar de próceres, como Morazán, lo que hemos tenido son ilusionistas de oficio. Y continuamos mirándonos en los fragmentos de un espejo roto.

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Una multitudinaria manifestación recorrió ayer las calles de Barcelona para exigir "justicia y respeto al derecho de autodeterminación" ante el inminente fallo del Tribunal Supremo contra los independentistas catalanes procesados por la declaración unilateral fallida de octubre de 2017. Pedro Sánchez, jefe de Gobierno español, amenazó con aplicar el artículo 155 constitucional, el cual volvería a dejar en suspenso las instituciones autonómicas. Foto Ap.

Madrid. Una multitudinaria manifestación recorrió ayer las calles de Barcelona para exigir "justicia" y el "respeto al derecho de autodeterminación", en una protesta en la cual se llamó a la "desobediencia civil" ante el inminente fallo del Tribunal Supremo contra los funcionarios independentistas procesados por las acciones de octubre de 2017.

El Ejecutivo español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que volvería a dejar en suspenso las instituciones autonómicas.

El segundo aniversario del referendo independentista sirvió para volver a poner de manifiesto el encono y el distanciamiento que impera en Cataluña entre los dos bloques enfrentados desde hace más de siete años: los que pugnan por la independencia, que representan 47 por ciento de la población, y los que están en contra, ya que sea porque quieren mantener el actual régimen o porque son más partidarios de reformar el estatuto en aras de un gobierno más federalista.

El aniversario del referendo sacó a las calles a 180 mil personas, según la policía municipal de Barcelona, y medio millón, según los organizadores de la protesta.

Se volvieron a escuchar las reivindicaciones a favor de la liberación o la amnistía de "los presos políticos".

Las banderas separatistas y el color amarillo –convertidos en símbolo de la movilización– inundaron las calles de la capital catalana, en las que también estuvieron muy presentes las reivindicaciones para que sean liebarados los miembros de los Comités de Defensa de la República, detenidos la semana pasada y que enfrentan cargos de terrorismo, tenencia ilícita de armas y sabotaje.

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 Jared Kushner, asesor principal de la Casa Blanca.Foto Ap

Dos analistas británicos quienes más conocen los dédalos del Medio Oriente, Alastair Crook y Patrick Cockburn, juzgan que se gestó una nueva correlación militar de fuerzas a raíz de los ataques con drones de los hutíes del Yemen (https://bit.ly/2mowJUt).

Bajo la Lupa se atrevió a emitir una "hipótesis perversa y aviesa" de la inexplicable "ineficiencia" de Estados Unidos en Arabia Saudita debido al próximo lanzamiento de la "Oferta Pública Inicial (IPO)" por 2 millones de millones de dólares que codician Trump y su yerno talmúdico Jared Kushner.

Alastair Crook, director de Conflicts Forum, con sede en Beirut, sentencia que se trata de un "exitoso golpe mortal" que trastoca el "paradigma dominante" (EU como "guardián del Golfo y garante del flujo del petróleo") y cita a Anthony Cordesman, del think tank CSIS, quien comenta "las implicaciones estratégicas de los golpes a Arabia Saudita" (https://bit.ly/2mfiDoo): una "clara advertencia estratégica que la era de la supremacía aérea de EU en el Golfo, y del casi monopolio estadunidense de su capacidad de ataque de precisión, se detuvo rápidamente".

Según Alastair Crook, se trata de “un mensaje de un frente común (Irán, Siria, Hezbolá, Hutíes y Hash’da-Shaibi. Nota: la milicia chiíta del sur de Irak)”.

Sea el culpable que fuere, inventado o real, emerge una nueva realidad en el Medio Oriente: Irán es la "nueva superpotencia de los drones" (https://bit.ly/2LyYeGi).

Según Alastair Crook, los eventos en el corazón petrolero de Arabia Saudita forman parte de un “inmenso switch” (https://bit.ly/2nrSFPb) –un "reajuste civilizatorio" en medio del "golpe de precisión en la credibilidad de EU" (https://bit.ly/2ntZJuM)– con el resquebrajamiento del paradigma estadunidense cuando "los aviones robots y los drones cambiaron las coordenadas fundamentales de la guerra".

Por su parte, Patrick Cockburn juzga que "los ataques drones en Arabia Saudita cambiaron la guerra global" (https://bit.ly/2lmwObq), además de "transformar el equilibrio del poder militar en Medio Oriente" cuando “18 drones y 7 misiles crucero –muy baratos y sin sofisticación, comparados a la moderna panoplia militar, que afectaron la mitad de la producción de crudo de Arabia Saudita”, pese a que Riad gastó 67 mil 600 millones de dólares en su presupuesto de defensa el año pasado, en su mayoría para sistemas de defensa aéreo que "fracasaron en frenar notablemente el ataque".

Patrick Cockburn comenta que el presupuesto de defensa de EU es de 750 mil millones de dólares –nota: la parte visible, ya que, según SIPRI, existe otro tanto en las entrañas de la "investigación" en las universidades de EU– y su presupuesto de espionaje es de 85 mil millones de dólares que no supieron que ocurrió en el Golfo "hasta que habían concluido los ataques".

Las "justificaciones" de EU suenan "patéticas" y Patrick Cockburn juzga que "EU y Arabia Saudita dudan en perpetrar represalias contra Irán" porque saben que un contrataque no será un paseo dominguero.

Patrick Cockburn concluye que tales ataques con drones constituyen un punto de inflexión histórico cuando "casi cualquier país puede producir drones y misiles en suficientes grandes cantidades para superar cualquier defensa".

Lo real es que el 14 de septiembre de los drones, EU/Israel/Gran Bretaña perdieron su supremacía aérea en el golfo Pérsico. Agregaría "hasta cierto punto" debido a que en Medio Oriente nadie posee bombas nucleares como Israel que goza de canonjías celestiales que van entre 200 o 400 bombas clandestinas –dependiendo quien haga su tramposo conteo– y que se da el lujo de no firmar el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (NPT) ni de aceptar la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica: procedimientos universales a los que se sometió Irán que no posee ninguna bomba nuclear –aunque si el know how del enriquecimiento de uranio hasta 20 por ciento cuando se requiere más de 90 por ciento para la fabricación de una bomba atómica.

Aunque Israel esté perdiendo gradualmente su supremacía aérea, todavía cuenta con su última arma: la Opción Sansón (https://amzn.to/2o8dMX2) –libro del galardonado israelí-estadunidense Seymour Hersh–, es decir, el lanzamiento de las bombas atómicas de Israel que pueden aniquilar a todos los países y guerrillas de Medio Oriente.

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Con 23 por ciento, los venezolanos se convierten en la primera comunidad inmigrante en Chile EFE

Carlos llevaba seis meses viviendo en Ecuador cuando decidió migrar definitivamente a Chile. El país trasandino, del que había escuchado buenas posibilidades laborales y donde reside su cuñada, fue su opción para establecerse definitivamente con su familia y dejar atrás los riesgos y dificultades que le tocó enfrentar en su país, Venezuela.

El joven treintañero, que accedió a dar su testimonio protegiendo su identidad real, salió de Quito y cruzó todo Perú hasta llegar a Tacna, una ciudad ubicada en el sur del país, a unos 50 kilómetros de la frontera chilena de Chacalluta. Lo que nunca imaginó Carlos, que viajaba con toda la documentación requerida al día, era que una vez en el confín, él y su familia quedarían retenidos allá durante varios días, a merced de los guardias custodios de la zona limítrofe.

"Nuestra intención era entrar como turistas y cambiar [la categoría migratoria] una vez en Chile, pero cuando solicitamos la visa de Turismo en la frontera nos la denegaron por falta de plata [dinero]", explica. Le pidieron que demostrara que disponía de 1.800 dólares para permanecer en Chile los 90 días que ese permiso autoriza.

"Ningún venezolano que sale del país tiene esta cantidad de dinero", afirma. Los miles de venezolanos que han llegado al país cordillerano en el último tiempo no lo han hecho cargados de ahorros. Al menos, no la mayoría. Pero Carlos y los suyos se toparon con las primeras señales del Gobierno de Sebastián Piñera para endurecer las condiciones de entrada a Chile de las personas procedentes de Venezuela.

Amontonados en la frontera

El 22 de junio, casi de forma inesperada, entró en vigor un decreto que obliga a todo ciudadano del país caribeño que desee ingresar a Chile a contar con un visado consular de Turismo estampado en un pasaporte que se debe tramitar en los consulados chilenos del exterior. El nuevo requisito abrió un melón de dificultades para los migrantes que habían iniciado su viaje meses atrás y que llegaban a la frontera de Chacalluta preparados para responder a otro tipo de burocracia.

La mayoría de los venezolanos portaban solamente su documento de identidad –un pasaporte les cuesta unos 280 dólares y no está al alcance de todos–, y muchos tampoco disponían de ahorros para vivir durante varios meses ni de un billete de salida del país, condiciones que algunos funcionarios exigían para cumplir con la solicitud.

Desechada esta primera opción, existe la posibilidad de recurrir a la Visa de Responsabilidad Democrática, un documento que creó por decreto el presidente Piñera apenas asumió su cargo en 2018 en un gesto de impugnación al Gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día en que comenzó a exigir este visado, el mandatario chileno apuntó en una entrevista con ABC que en Venezuela "hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos".

El permiso facilita la entrada de los venezolanos que huyen de la situación política y social de su país con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano chileno. El trámite, sin embargo, requiere no haber pasado más de tres meses en otro país y la presentación del certificado de antecedentes penales, que muchos de los venezolanos no llevaban consigo porque su plan inicial no pasaba por esa opción. 

Además de las nuevas exigencias de Chile, Perú también impuso días antes nuevos requisitos para la entrada de los venezolanos. Por eso, muchos que no los cumplían decidieron seguir su camino hasta Chile, sin imaginar los impedimentos que encontrarían también allí. "Quienes llegaban a Chacalluta no podían entrar y tampoco podían regresar a Perú porque el gobierno peruano había colocado una nueva visa. Eso provocó un aglutinamiento de centenares de personas en la frontera", explica Luis Zurita, dirigente de la Asociación de Venezolanos en Chile.

"Había mucha gente durmiendo en el suelo, mis hijos también tuvieron que hacerlo; la comida se nos acabó y los niños tenían mucho frío porque venían de un lugar muy caluroso y no estábamos bien preparados todavía con la ropa de abrigo", recuerda Carlos, que finalmente cruzó la frontera el 16 de julio porque un funcionario "bueno" le dejó pasar.

"Imponer estas visas aumenta la vulnerabilidad"

Según cifras entregadas por el Departamento de Extranjería y Migración, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile se redujo en un 80% entre mayo y agosto, pasando de 39.000 a casi 9.000 personas. "La caída fue brutal, y por primera vez en muchos años el saldo de turistas venezolanos es negativo", declaró el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, al dar a conocer los datos. "Los flujos migratorios demuestran exactamente el objetivo que buscaba el Gobierno: que los ciudadanos venezolanos que quieran venir al país, sinceren sus razones y vengan ya con visa, facilitando justamente su inclusión en el país y que no entren como turistas con dificultades para obtener su información", añadió.

La situación en Chacalluta empezó a reconducirse en agosto cuando el Ejecutivo entregó salvoconductos para los venezolanos con familiares residentes en Chile y para "casos excepcionales y de especial complejidad", y limitó la entrega de visados exclusivamente al consulado de Lima. "Estuvimos en Tacna y pasamos por la frontera de Chacalluta hace dos semanas, donde ahora no hay un atochamiento [atasco] distinto de lo normal", confirma Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del Servicio Jesuita Migrante, una de las organizaciones más reconocidas en Chile por su trabajo con extranjeros.

Sin embargo, desde que se impusieron los nuevos requerimientos, varias voces han alertado sobre un eventual aumento de los ingresos por pasos no habilitados y de las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio del Interior, en los 10 primeros días que empezó a regir el nuevo permiso, 110 personas fueron detenidas por este motivo.

"La imposición de estas visas consulares aumenta la vulnerabilidad de estas personas, sobre todo cuando necesitan migrar porque están escapando de conflictos políticos o militares o porque no tienen cómo sobrevivir en sus países", afirma Ramaciotti.

"Ordenar la casa"

El Gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por promover políticas migratorias a base de mano dura. Popularizó la expresión "ordenar la casa" para referirse a una serie de normativas y decretos que impulsó para frenar la llegada de extranjeros. Primero lo hizo con los haitianos, cuyo crecimiento en el país fue exponencial en la última década, pero que se redujo drásticamente con las nuevas obligaciones que el presidente les impuso desde 2018. Ahora les tocó a los venezolanos, después de que sus flujos de entrada se multiplicaran gracias a una serie de medidas que el mismo mandatario se encargó de implementar.

"Hace falta una solución conjunta de los distintos gobiernos de la región para hacerse cargo de la crisis humanitaria que genera la migración masiva de personas venezolanas", afirma Juan Pablo Ramaciotti. El experto apunta que Brasil y Argentina han recibido una entrada menor que Colombia, Ecuador, Perú y Chile; y que los tres últimos han levantado nuevas exigencias para facilitar la entrada de venezolanos a sus respectivos países.

"Tienen que tomar decisiones conjuntas sobre cómo distribuir ciertas cuotas proporcionales de acuerdo a nivel de población, características económicas, etc.", añade. Según él, al igual que lo que ocurre en Europa con los refugiados, "mientras no se resuelva la situación interna en Venezuela, la solución es que los países se pongan de acuerdo porque las personas no van a dejar de migrar".

27/09/2019 - 21:32h

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Yehuda Shaul

Yehuda Shaul es cofundador de Breaking The Silence, organización formada por antiguos militares israelíes que critican la ocupación

"El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio por ello", señala Shaul, "están dormidos"

"La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí"

Yehuda Shaul habla tranquilo, con tono grave y en su perfecto inglés, desde una cafetería en Madrid. "El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio diplomático, político, mediático, apenas de seguridad…", señala este activista israelí. "Están dormidos", denuncia.

Quizá porque muy pocos saben a qué se dedican sus soldados cuando nadie les ve. Contra esa duermevela creó Shaul la ONG Breaking the Silence, dedicada a recopilar los abusos del Ejército en boca de sus propios soldados: asaltos a viviendas y arrestos aleatorios en barrios palestinos, castigos e intimidaciones a ancianos y niños…

Shaul creó la ONG poco después de terminar el servicio militar obligatorio de tres años en las Fuerzas de Defensa Israelíes en la ciudad ocupada de Hebrón en 2004, coincidiendo con el pico de violencia de la Segunda Intifada. Criado en la derecha israelí y con varios familiares colonos, fue al instituto en la Cisjordania ocupada y no fue hasta que dejó los fusiles y las ropas de camuflaje, cuando aquello que había estado haciendo durante tres años le hizo reflexionar.

Buscó refugio en sus "camaradas", y fue a través de conversaciones en los cuarteles cómo algunos de los soldados y exmilitares israelíes de una de las Fuerzas Armadas más temidas del mundo comenzaron a romper su silencio y a reconocer sus dudas sobre si lo que habían hecho estaba bien o no.

Empezaron su activismo con una exposición. Fotos del día a día en el Ejército. Tanques, civiles palestinos golpeados o arrestados con los ojos vendados, niños desde el visor de un francotirador… El objetivo era contar qué pasaba en las zonas ocupadas y qué estaban haciendo aquellos que se habían acostumbrado a la violencia. "La gente que venía estaba en shock, mientras que para nosotros aquello era como estar en casa", recuerda. Años después publicaron 'El libro negro de la ocupación', que recogía más de un centenar de testimonios sobre la intimidación y el día a día en Gaza y Cisjordania.

Y así pasaron quince años. Y, con ellos, el viraje al conservadurismo de la mano del partido del primer ministro conservador Benjamin Netanyahu, el Likud. De aquella exposición fotográfica que presentaron en el Parlamento israelí han pasado a tener su propia ley en contra, la 'Ley Breaking The Silence', que prohíbe dar charlas en los colegios a las voces disonantes. El objetivo, según Shaul, es callar la disidencia y matar el pensamiento crítico para que así el paso a un apartheid legal se haga de la forma más natural y "menos abrupta" posible.

Las elecciones refuerzan la ocupación

Los resultados de las recientes elecciones confirman el apoyo y la continuación de la ocupación. El actual primer ministro conservador, Benjamin Netanyahu, que se jugaba su impunidad jurídica y la radicalización de su proyecto político ha empatado con el otro favorito, Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y también defensor de la ocupación. "La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí", señala el activista.

La repetición electoral, según Shaul, ha puesto sobre la mesa dos cuestiones fundamentales, explica mientras se bebe una Coca Cola. La primera es el anuncio prometido por Netanyahu como guiño a los colonos y sectores más ortodoxos de anexionar los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Imponer la soberanía, aplicar la ley israelí y… "formalizar un régimen de apartheid".

El segundo aspecto, denuncia Shaul, es la destrucción de los pilares de lo que él considera los valores fundacionales e instituciones liberales de Israel: "Una educación y unos medios de comunicación críticos, una sociedad civil vibrante, un poder Judicial independiente..."

Sumada a esta delicada coyuntura interna, el activista añade un contexto internacional "trumpiano" y el llamado Acuerdo del Siglo o Plan Trump —Shaul hace un juego de palabras y lo llama 'Sham Trump' (el Engaño de Trump)—, cuyos detalles todavía se mantienen en secreto. "Lo que están intentando hacer es terminar con el paradigma de los dos Estados, la ley internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en el mejor de los casos, legitimar la ocupación permanente. En el peor, la anexión sin igualdad de derechos", denuncia.

"Todo va a depender de cómo responda Europa", afirma. "Si vuestros líderes no comprenden que Europa tiene que defender con contundencia el derecho y lo acordado en los tratados internacionales", no solo sentará precedente para disputas similares futuras, sino que "Israel perderá la oportunidad de, en un futuro lejano y progresista, dar marcha atrás y rectificar" .

El papel de los agentes internacionales es determinante porque la sociedad israelí, continúa Shaul, no tiene capacidad para oponerse al apartheid, término que utiliza casi como sinónimo de ocupación. "La mayoría de los israelíes y palestinos han nacido en esto, esta es la única realidad que conocemos, una en la que nosotros les controlamos", sentencia.

Por Marta Maroto

21/09/2019 - 20:58h

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EE UU enviará tropas a Arabia Saudí con misión “defensiva” tras el ataque a las refinerías

El Pentágono anunció este viernes por la noche el envío de tropas a Arabia Saudí con fines "defensivos" tras el ataque a las refinerías saudíes sufrido el pasado sábado, que tanto Washington como Riad atribuyen a Irán, pese a que el régimen de los ayatolás lo niega. El Gobierno estadounidense hizo pública la decisión tan solo unas horas después de aprobar sanciones contra el Banco Nacional de Irán, calificadas por el presidente Donald Trump como “el mayor [castigo] impuesto nunca contra un país”.

"El presidente ha aprobado el envío de fuerzas estadounidenses que serán de naturaleza defensiva y se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles", señaló el secretario de Defensa, Mark Esper, en una rueda de prensa. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, concretó que se trataría de un "despliegue moderado". Tanto el carácter explícitamente defensivo y la advertencia de que no se trataría de un envío muy numeroso deja clara la preferencia de la Administración de Trump de no entrar en un conflicto militar con Irán.

Tanto en junio, a raíz del derribo de un dron estadounidense (sin muertes), como ahora, el republicano está optado por la vía del endurecimiento de las sanciones, si bien, nunca descarta para a las armas. Otra cosa son las palabras, que rebosan de ardor guerrero: "El arsenal nuclear está al máximo nivel, renovado, increíble", recalcó Trump este viernes, "debemos rezar todos para que no tengamos que usarlo".

Teherán sigue negando los ataques del sábado y su ministro de exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró ayer jueves que un ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos o Arabia Saudí supondría el inicio de “una guerra total”.

Las sanciones anunciadas por el presidente llegan antes de que el Pentágono y los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca entreguen la lista de posibles objetivos para un eventual ataque. Aunque las sanciones económicas pueden ser una vía para evitar un conflicto militar abierto con el régimen de Hasán Rohaní, el mandatario estadounidense ha insistido en que “la opción militar siempre es una posibilidad".

Trump ha ido elevando las sanciones a la República Islámica desde que renunció al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, incluidas severas restricciones a la capacidad de Teherán para vender petróleo. El acuerdo nuclear de 2015 consistía en la congelación de sanciones contra Irán a cambio de que frenase su carrera atómica, pero Trump siempre criticó que, en realidad, Teherán seguía con sus aspiraciones nucleares y que las podía desarrollar gracias al alivio económico del levantamiento de las multas. Al romper el acuerdo en 2018, Washington reactivó esas penalizaciones. Irán optó entonces por incumplir abiertamente el pacto.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha explicado que las nuevas sanciones "cortarán todas las fuentes de fondos a Irán", incluido su fondo de riqueza soberana. "Esto significa que no llegará más dinero a los Guardianes de la Revolución", ha añadido sobre el ejército ideológico del régimen, también conocido como Pasdarán. "No habrá más dinero para financiar el terrorismo", ha puntualizado Mnuchin.

Trump se ha limitado a decir: "Es muy malo lo que está ocurriendo con Irán. Se está yendo al infierno". El mandatario ha finalizado recordando a Teherán que "cuando van con todo contra EE UU, no hay ninguna manera de que ganen".

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, aseguró ayer jueves en Abu Dabi que EE UU prefiere “una solución pacífica” con Irán, lo que supone un cambio de tono respecto a la belicosidad con la que calificaba los ataques contra el corazón de la industria petrolera. Aseguraba que se trataba de "un acto de guerra”.

Por Yolanda Monge

Washington 20 SEP 2019 - 18:43 COT

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Viernes, 20 Septiembre 2019 06:45

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico

"Ribbentrop-Molotov": coctel histórico
  1. A 80 años de su firma (23/8/39), el pacto Ribbentrop-Molotov (bit.ly/1kcYUP8), tratado de no-agresión entre Alemania nazi y la URSS sigue dividiendo Europa, haciendo ruido en la izquierda y sirviendo a Rusia como palanca de la política regional. Su infame apartado secreto delimitaba las "zonas de influencia" y repartía Europa central. Tras la invasión conjunta de Polonia (1 y 17/9/39) −dividida en parte occidental incorporada a la Tercer Reich, central controlada por los nazis ( Generalgouvernement) y oriental incorporada a la URSS− Stalin anexó también partes de Rumania, Finlandia y los tres países bálticos. Así, no extraña la declaración conjunta de gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania según la cual "el pacto detonó la Segunda Guerra y condenó a la mitad del continente a décadas de miseria" (bit.ly/2lT16SY). Igualmente no extrañan intentos de la izquierda neoestalinista de defenderlo –"fue el Occidente que al negarse a formar un bloque antifascista propuesto por Moscú la empujó a firmarlo" y “el pacto fue fruto del ‘genio geopolítico’ de Stalin y ayudó a ganar la guerra” (bit.ly/2lV7sBi, bit.ly/2kmFBcN)− contrastadas con críticas de izquierda más sensata que apuntan, igual que en la década de los 30, a la esterilidad del análisis geopolítico sin enfoque de clase, maquiavelismo del régimen burocrático estalinista, sus afanes colonialistas y desastrosos efectos para el movimiento comunista internacional (bit.ly/2m0LufW). Allí está también Rusia cuya progresiva rehabilitación del pacto oscila entre verlo como "mal necesario" y "gran logro de la diplomacia".
  1. Si bien Putin inicialmente lo condenó por "inmoral" ( Gazeta Wyborcza, 29/8/09), conforme se acentuaban conflictos con naciones de su "zona de influencia" −Estonia, Ucrania et al.− trasladándose también al campo histórico, aumentaba su defensa ("ustedes de por sí eran colaboracionistas nazis, así que nosotros no tenemos nada de qué pedir perdón"). La reciente exhibición en Moscú, a pesar de que incluye el apartado secreto cuya existencia ha sido negada por la URSS hasta 1989, sigue este camino “contextualizándolo en nefasto clima de la realpolitik de los 30 (Múnich, etcétera)” y arguyendo que "la URSS estaba forzada a firmarlo por el malOccidente" (bit.ly/2kGhAxB). Es la misma línea que tiró... Stalin en un panfleto Los falsificadores de la historia –sic– (1948), escrito en reacción a la revelación del texto del pacto, donde subrayaba –torciendo él mismo la historia callando p.ej. sobre el apartado secreto– que “ningún falsificador –sic– logrará borrar de la historia el hecho que o aceptábamos la propuesta alemana para ganar tiempo o dejábamos que el Occidente nos involucrase en guerra en situación desfavorable” (bit.ly/2maFxNE).
  1. De una apología neoestalinista del pacto es fácil caer en otro extremo y verlo como una encarnación de la "equivalencia Hitler-Stalin", tal como lo hace −aunque de modo light− T. Snyder (bit.ly/2lVfNoq). Frente a su afán de ver en el "origen de la Segunda Guerra" –el meollo de su re-lectura de la historia de la región en Bloodlands, (2010)–, E. Zuroff apunta que esto "exculpa a los alemanes" y "disminuye intentos genocidas nazis" (bit.ly/2mkW2qD). Si bien, correctamente subraya que esta argumentación acaba en peligrosas teorías revisionistas de "dos totalitarismos" y "doble genocidio" en boga en el mundo possoviético –"mientras Stalin no era Hitler y la URSS no era la Tercer Reich"−, al enfatizar "razones prácticas" de la URSS (también reales), deja de lado sus motivaciones coloniales.
  1. Si Katyn –por décadas negada masacre a manos de NKVD de unos 22 mil oficiales de ejército, policía y otros miembros de la intelligenstia polaca en 1940 aprisionados durante la invasión el 17/9 (bit.ly/29VL6UX)− no se explica sólo con razones "defensivas", se entiende muy bien con el chovinismo e imperialismo gran-ruso y la naturaleza colonial de la invasión. La "seguridad" no requería eliminación de las élites, deportación de más de un millón de polacos a Siberia y Kazakstán, ni previa casi total liquidación física del Partido Comunista Polaco (KPP) –lo mismo aplicaba a los comunistas de Ucrania−, pero el afán de colonizar y anexar a Polonia –y Ucrania et al.−, sí (según P. Broué las purgas en KPP “estaban motivadas en buena parte por la necesidad de Stalin de abrirse el camino al deal con los nazis y la partición de Polonia”, Histoire de l’Internationale communiste: 1919-1943, 1997, p. 687).
  1. Para W. Benjamin, el pacto Ribbentrop-Molotov era la última prueba –tras la experiencia del Frente Popular y la derrota de la República Española− de que "ninguna esperanza podría venir de la URSS", llevándolo a tildar a los políticos estalinistas como "traidores de su propia causa" ( Tesis de filosofía de la historia, 1940). Los efectos del pacto para la izquierda eran terribles exponiendo la naturaleza contrarrevolucionaria del régimen de Stalin que desde Comintern ordenó suprimir la crítica del nazismo/fascismo y enfocarla en "el imperialismo franco-británico". Mientras los comunistas en el mundo seguían en un estado de choque, Moscú le pasaba a Berlín camaradas alemanes refugiados en la URSS. Trotsky ya en 1937 predijo el pacto documentando los acercamientos nazi-soviéticos (Broué, p. 716). Después de la invasión a Polonia, escribió que Stalin simplemente actuó "como un agente de Hitler al conquistar a 3 millones polacos" (bit.ly/2kIjVIn).

*Periodista polaco

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Viernes, 20 Septiembre 2019 06:25

Irán amenaza con una "guerra total" 

En Teherán, la escalada de tensión no se advierte en la vida diaria de sus habitantes. Imagen: EFE

 Tanto Washington como Riad responsabilizan a Teherán por los ataques del sábado pasado contra la petrolera saudita Aramco. 

El canciller iraní Mohamad Yavad Zarif aseguró que el resultado de un ataque militar estadounidense o saudita contra Irán podría desatar "una guerra total". Tanto Washington como Riad responsabilizan a Teherán por los ataques del sábado pasado contra la petrolera saudita Aramco, situación que reflotó la posibilidad de un nuevo conflicto bélico. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, subrayó por su parte que buscará una "solución pacífica" al conflicto, aunque insiste en culpar exclusivamente a Irán sin que existan aún pruebas fehacientes.

Zarif advirtió en una entrevista con la cadena CNN en Teherán que si Estados Unidos y Arabia Saudita inician la respuesta militar que evalúan desplegar contra Irán, todo derivará en un conflicto que podría causar "muchas bajas". "No queremos participar en una confrontación militar, pero no parpadearemos a la hora de defender nuestro territorio", aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní reiteró que su país no está implicado en esos ataques, que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes yemeníes, aliados a Irán. "Sé que nosotros no lo hicimos. Sé que los hutíes declararon que lo hicieron", agregó. Sin embargo, Arabia Saudita insistió el miércoles en que los ataques fueron efectuados con 18 drones y 7 misiles iraníes, y que fueron lanzados desde el norte y no desde el Yemen, al sur del reino, aunque no precisó si el origen era Irán.

Lejos de calmar las aguas, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, subrayó durante una ceremonia oficial que "los enemigos se han quedado sin opción en el campo de batalla ya que Irán ha cerrado todos los caminos para la infiltración hostil". "Nuestros soldados, basijis (voluntarios islámicos) y guardias están preparados con los ojos abiertos en las fronteras y no estamos preocupados por los enemigos, grandes o pequeños", agregó Salami en relación al conflicto.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de visita en Arabia Saudita, mantuvo su postura y declaró que el ataque del sábado contra las instalaciones de Aramco fue un "acto de guerra" de Irán y "no vino de los hutíes".

"¿'Acto de guerra' o AGITACIÓN hacia la GUERRA?", le respondió inmediatamente el canciller iraní Zarif en Twitter, y aconsejó a Estados Unidos y a sus aliados que no entren en guerra con Irán. "Por su propio bien, deben rezar para que no obtengan lo que buscan", escribió Zarif, antes de agregar que tanto Arabia Saudita como Emiratos todavía están inmersos en "una guerra en el Yemen mucho más pequeña" que no han sido capaces de ganar en cuatro años. La intervención en el Yemen de la coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita comenzó en marzo de 2015 y, desde entonces, los insurgentes desataron fuertes represalias contra el territorio saudita.

Pompeo destacó por último que Estados Unidos está buscando "una solución pacífica" y subrayó que su país lo ha demostrado: "Estamos aquí para construir una coalición que busca lograr la paz y soluciones pacíficas a esto". "Espero que la República Islámica de Irán lo vea de la misma forma", agregó Pompeo. "Creo que está abundantemente claro y que hay un consenso enorme en la región respecto a que sabemos precisamente quién llevó a cabo los ataques. Fue Irán", subrayó el secretario de Estado.

El crudo iraní, junto a numerosos otros sectores como el bancario, están bajo restricción estadounidense desde el año pasado, cuando el presidente Donald Trump decidió retirar a su país del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y otras cinco potencias mundiales. La preocupación en la comunidad internacional es elevada ante un eventual conflicto que desestabilizaría a Medio Oriente y que afectaría, además, el suministro de petróleo, como ya demostró el ataque a Aramco. Los ataques ya redujeron a la mitad la producción petrolera saudita y dispararon el precio internacional del crudo. Trump afirmó el miércoles que incrementará las sanciones financieras contra Teherán por el ataque, sin dar mayores precisiones.

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¿Cómo acoger migrantes en la región más violenta del mundo?

Países latinoamericanos como Chile y Colombia buscan fórmulas para afrontar la llegada de desplazados, especialmente de Haití y Venezuela, respectivamente

Eran menos del 1% de la población total de Chile en torno a 1980. Tres décadas después, en 2010, aún no alcanzaban el 2%. Pero en 2018, los extranjeros ya representaban casi el 7% de los habitantes de este país, según la estimación oficial. “Es nuevo para nosotros; no tenemos tradición de acogida, ni los recursos de Europa”, advierte Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Chile. Además, América Latina es la región más violenta del mundo, concentrando el 8% de la población del planeta, pero el 40% de los homicidios. Cómo afrontar el reto de las migraciones ha sido uno de los temas de la Semana de la Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Washington.

A cientos de kilómetros de allí, Medellín (Colombia) se enfrenta a un reto semejante. Conocida por ser la ciudad que superó la brutal violencia del narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, ahora debe abordar un nuevo desafío: la masiva migración venezolana que llega a sus calles. “Están llegando miles de venezolanos a Colombia, lo que agrava nuestra crisis social”, declara Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, la segunda más grande del país. El regidor insiste en que la transformación medellinense “no es un milagro, sino mucho trabajo” y que “aún está en marcha”. Es hora de devolver un favor: “En los 80 fuimos millones de colombianos los que fuimos a Venezuela, y fuimos muy bien recibidos, así que ahora nos toca recibirlos bien a ellos”, defiende.

1,4 millones de venezolanos (casi un tercio de los 4,3 millones que han abandonado Venezuela desde 2017) están en Colombia, el 47% en situación no regularizada. Y la previsión es que la cifra de desplazados seguirá aumentando en los próximos años. En esa línea, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno, Diana Urbano, asegura que el planteamiento del Gobierno colombiano es “aprovechar el potencial positivo de la migración, no verla como una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar”.

Además, se aprecia un empeoramiento en la situación de los que llegan. El porcentaje de migrantes venezolanos a Colombia en situación pobreza se ha incrementado 10 puntos entre 2016 (29,6%) y 2018 (40%), según los datos que aporta Urbano. “Por eso, en primer lugar, estamos trabajando para mejorar la atención humanitaria, con políticas de atención a la salud, educación, acceso al agua o empleabilidad”, asegura. Pero no es tarea fácil cuando los recursos escasean. El pasado abril, Unicef elogiaba la generosidad colombiana, pero urgía ayuda para 300.000 niños venezolanos en Colombia.

De hecho, dada la falta de oportunidades e inseguridad, muchos venezolanos intentar alcanzar otros países, con Perú y Chile como los siguientes en la lista. En el caso de este último, a la llegada de venezolanos se suma el fenómeno migratorio desde Haití que se lleva registrando desde mediados de la presente década y cuyo origen se atribuye a la presencia de tropas chilenas en la Misión de la ONU en el país caribeño entre 2004 y 2017. Así, este país se ha convertido en el tercer emisor de migrantes a Chile, con casi 180.000, solo por detrás de Venezuela (288.000) y Perú (223.000).

“Hemos recibido 800.000 migrantes entre 2014 y 2018, en un país de 17 millones de habitantes”, resalta el subsecretario del Interior de Chile. Cifras significativas en un Estado “que tenía una ley sobre migración precaria, sin políticas públicas ni instituciones especializadas, y con una atención a migrantes casi inexistente”, añade.

De hecho, en los últimos años se han registrado controvertidos episodios racistas y mientras desde los sectores más conservadores se exigen más restricciones a la entrada de extranjeros, la oposición, organizaciones que atienden a migrantes y estos mismos han denunciado las limitaciones de las nuevas leyes. También la ONU criticó el pasado mayo algunas de las medidas y antes, en diciembre de 2018, Chile rechazó suscribir el pacto migratorio impulsado por esta entidad.

“Regular no significa endurecer, sino ofrecer unas reglas claras de ingreso”, argumenta Ubilla. Según expone, los “pilares del modelo de integración” del Gobierno chileno son “la migración ordenada, regular y segura”, “la igualdad de trato”, y “la interculturalidad”. Como ejemplos concretos, cita el Proceso de Regularización Extraordinario en el que se han registrado 155.000 migrantes, la regulación de otros 110.000 por vías ordinarias y el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, por el que 1.400 migrantes han regresado a sus países de origen.

En cuanto a medidas específicas para Venezuela entre 2018 y 2019, Ubilla cita “más de 45.000 visados de responsabilidad democrática, aproximadamente 3.000 visados de turismo y más de mil salvoconductos (el 70% a menores de edad)”. En el caso de Haití, menciona 300 visados de turismo y 700 de reunificación familiar. “Apostamos por la integración económica y la convivencia”, afirma, recalcando que no se trata de “estigmatizar la migración como un problema”, sino “asumirla con responsabilidad”.

En el caso de Colombia, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno asegura que se están flexibilizando los mecanismos migratorios, para atender la elevada demanda de entradas desde Venezuela. Por ejemplo, recuerda que en agosto de 2019, el Gobierno colombiano otorgó la nacionalidad para 25.000 niños nacidos de madres venezolanas en este país desde 2017. Igualmente, se están ofreciendo permisos de permanencia especiales y otros apoyos, como las facilidades para la convalidación de títulos profesionales con objeto de favorecer el acceso al mercado laboral.

El Ejecutivo colombiano persigue lograr la integración también como vía para combatir la violencia. Según Urbano ya hay algunos trabajos de investigación que reflejan cómo el crimen organizado está empezando a reclutar a migrantes venezolanos. Y ello, en el marco del complejo proceso de paz que vive el país y el aumento de la tensión ante las próximas elecciones locales de finales de octubre.

Sin entrar a valorar esos asuntos, la directora explica que desde la Administración estatal se está trabajando para ofrecer a los nuevos líderes locales planes de seguridad y convivencia que contribuyan a favorecer la integración. “Vivimos un desafío grande para Colombia, estamos trabajando para, en base a la evidencia y con apoyo de expertos, encontrar las mejores fórmulas para afrontarlo”, insiste, citando un reto compartido con el resto de América Latina.

Por Marta Fernández Maeso

Washington 17 SEP 2019 - 17:42 COT

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Martes, 17 Septiembre 2019 09:26

Corrupción y elecciones territoriales

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

“Durante las elecciones municipales, la mayoría de sus habitantes decide ejercer su derecho al voto de una manera inesperada […] A las diez de la noche el presidente de la república, dijo por televisión, el resultado de las elecciones de hoy es el siguiente: partido de la derecha, ocho por ciento; partido del medio, ocho por ciento; partido de la izquierda, uno por ciento; abstenciones, cero; votos nulos, cero; votos en blanco, ochenta y tres por ciento […] Le doy la palabra al ministro de defensa […] Este, un civil que no había prestado el servicio militar, dijo: aquí lo que necesitamos es un estado de sitio serio, de los auténticos, un estado en la más exacta acepción de la palabra, duro, sin fallas de ningún tipo, como una muralla en movimiento capaz de aislar la sedición para luego derrotarla con un fulminante contraataque” (1).

 

Todos los estudios de corrupción en Colombia indican que durante el siglo xx hubo cuatro grandes sistemas de defraudación a la sociedad: la contratación estatal, la conciliación entre el Estado y los particulares, las campañas electorales y la expedición de la ley por encargo. A estos cuatro mecanismos de corrupción, hay que agregar muchos otros en el siglo xxi. La venta de las decisiones judiciales, la contratación interinstitucional en los entes territoriales, y la múltiples modalidades de corrupción en los distintos organismos del Estado: fuerza pública, ministerios, sistema de salud, Dian, cárceles, etcétera. En este artículo el énfasis estará centrado en la corrupción electoral.


Corrupción: realidad y ficción


Aparte de la mención al Nobel de literatura 1998, José Saramago, que es un ícono de la anticorrupción, con la venia de los lectores, como introito a esta nota, cito La vida ejemplar de Constantina (2). Constantina, una mujer de origen campesino, muy ambiciosa, empieza una carrera de ascenso en la administración pública que la llevará desde un modesto cargo en la alcaldía de Carrizal del Viento, su pueblo, hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz de los Cerros, capital del país. Logra ese ascenso gracias a su inteligencia, a sus encantos personales, a su disposición sexual con los poderosos y a su falta de escrúpulos para corromper y corromperse. En su trayectoria pública y privada, Constantina mostrará que vive en un país proclive a la corrupción en todas las instancias del poder y del Estado, incluida la presidencia y el propio presidente de la república. Una de las escenas de La vida ejemplar de Constantina, es el desempate por la curul número nueve del cabildo de Carrizal del Viento, entre el partido de la seguridad y el orden, pso, y el partido de las libertades públicas, plp, al que pertenecía el tío de Constantina, alfarero de profesión, y suplente de la mujer del panadero del municipio.


«Terminado el reconteo de votos de la mesa siete, sin que se hubiera detectado ningún voto de trashumancia electoral, se pasó a la mesa ocho con los mismos resultados de transparencia. No sucedió lo mismo con la mesa nueve, porque en la dinámica electoral, así sea en las comunidades locales más pequeñas, es imposible controlar hasta el último desliz. Efectivamente, la esposa del panadero había convencido a dos antiguas compañeras de colegio que vivían en la capital de otra región, para que vinieran a darle su voto, previa la inscripción de su documento de identidad, y aunque no eran tan jóvenes como Constantina, les correspondió sufragar en la mesa nueve, destinada a las generaciones de relevo. Esos fueron los únicos dos votos que correspondían a trashumancia electoral en las tres mesas que habían sido impugnadas. Sin embargo, ninguna de las autoridades, ni los testigos pudieron descifrar ese secreto, pues la esposa del panadero había obrado de la manera más subrepticia.


«Terminada la diligencia, firmada el acta, no faltaba sino la resolución de la directora municipal de asuntos electorales que decidiera el desempate y ordenara la expedición de la credencial de cabildantes a la mujer del panadero, como principal, y al alfarero como suplente, en representación del plp. La funcionaria electoral agradeció a todo el personal de la diligencia la colaboración prestada y anunció que en acto público a las dos de la tarde de ese mismo día, tendría el fallo, y como era un asunto público, podían asistir, además de los cuatro interesados, todas las personas que quisieran. La decisión, con todo rigor, se cumplió a la hora anunciada.


«Con múltiples acuerdos a sus espaldas, el alfarero podría abrirle el camino a Constantina, para que ella diera el primer paso en una exitosa carrera como empleada pública, pero tendría que vencer muchos otros escollos. En la fecha de instalación del cabildo municipal, la mujer del panadero tomó posesión del cargo, y de inmediato solicitó una licencia para que entrara el alfarero en la forma convenida. La primera actuación del cabildante alfarero fue presentarle al alcalde la solicitud de un cargo, aclarándole que se trataba de una sobrina. Hace bien, dijo el alcalde, en hablarme con sinceridad, aunque no hay ninguna vacante, miraremos qué se puede hacer, pero en todo caso no podrá estar adscrita al personal auxiliar del cabildo, sino a mi despacho, porque no pueden trabajar tío y sobrina en la misma corporación, ya que estaríamos en presencia de un descarado caso de nepotismo municipal. Pero, antes de seguir adelante en esta conversación, ¿qué estudios tiene Constantina, su sobrina? Si usted no lo sabe, le aclaro que se necesita haber cursado y aprobado, al menos hasta tercer año de estudios secundarios, concluyó el alcalde.


«Esa exigencia académica, que era un principio de buena administración pública, se convertía en un choque emocional para Constantina, en una crisis, en la ira violenta, tal como lo había demostrado en el momento en que se produjo el empate por la novena curul del cabildo municipal entre los partidos plp y pso, en que había estado en juego su tío. Ella nunca admitía como algo natural. Por el contrario, consideraba que las normas legales habían sido escritas en contra de ella. Siempre se hacía las mismas preguntas: ¿Por qué me sucede esto precisamente a mí?, ¿por qué me persiguen?, ¿por qué me atropellan?, ¿por qué se confabulan todos contra mí? Y esa terquedad y esos estados emocionales borrascosos ya se los había insuflado a su tío el alfarero, así que ya no era una sino dos personas que se trenzaban en una lucha por lograr a toda costa lo que querían, así fuese contra la ley o contra el sentido común.


«¿Qué había que hacer?, se preguntaban tío y sobrina. Proveerse de un certificado en que se hiciera constar que Constantina había cursado y aprobado tercer año de estudios secundarios, era la solución. ¿Quién nos puede conseguir ese certificado?, era la segunda pregunta. El presidente del directorio regional del plp, fue la respuesta de Constantina. Todo salió como ella lo había imaginado: el certificado fue expedido por el colegio oficial de la capital de la región.


«A primera hora del miércoles de esa misma semana, el alfarero estaba en la oficina del alcalde con la partida de nacimiento de Constantina, su hoja de vida, fotocopia del documento de identidad y el certificado de estudios. El alcalde los recibió, los revisó y le dijo al cabildante lo importante que era mantenerse muy integrado a la coalición del gobierno municipal, advirtiéndole que en el momento en que quebrantara ese principio, concluía la vinculación laboral de Constantina, pues así como era de libre para hacer su nombramiento, lo sería para realizar su remoción. Cumplida esa ritualidad, se produjo el nombramiento de Constantina, y su posesión coincidió con la presentación del proyecto de presupuesto municipal por el alcalde al cabildo, en cuyo proceso de asignación de recursos, ella jugaría su primer gran papel» (3).


Algo de historia legislativa


En Colombia, buena parte de las guerras civiles del siglo xix, incluyendo la de los Mil Días, así como las controversias políticas del siglo xx tuvieron como causas el corrupto régimen electoral: censos poblacionales amañados, falsificación de cédulas, votación de los muertos, injusto constreñimiento a los liberales para que se voltearan y eligieran a los conservadores, manipulación de escrutinios, falta de recursos tecnológicos, en fin. Por esas causas, fueron tantas las normas que sobre el proceso electoral se expidieron, que bien podría decirse que la historia del control judicial de la administración pública durante el silo xx es la historia de los sistemas y de los procesos electorales.


En 1916 se expidió la ley 85, que era un verdadero código electoral. Muchos eran los temas que abordaba, pero, en cuanto tenía que ver con las atribuciones de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la ley establecía los Consejos Electorales y el Gran Consejo Electoral, cuyas actas eran anulables.


De acuerdo con lo prescrito por esta ley, era función de los Consejos Electorales hacer el escrutinio parcial de los votos emitidos para presidente de la república en todos los municipios de la circunscripción electoral, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los jurados electorales. Y correspondía al Gran Consejo Electoral hacer el escrutinio general de los votos emitidos en las circunscripciones electorales, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los Consejos Electorales, así como declarar y comunicar la elección respectiva.
La declaratoria de nulidad del escrutinio o de la elección de senadores o representantes hecha por las corporaciones electorales era revisable, conforme a las causales establecidas en la propia ley 85 de 1916, por el tribunal de lo contencioso-administrativo, con apelación ante el Consejo de Estado en pleno, a petición del agente del ministerio público o de los particulares (4).


Mediante sentencia del 18 de enero de 1921 el Consejo de Estado reforma un fallo del Tribunal Administrativo Seccional de Cartagena, a propósito de la elección de concejales del municipio de Chimá, departamento de Bolívar. En su providencia el Consejo de Estado le llama la atención al tribunal por haber hecho declaraciones para las cuales no tenía competencia: “Porque a los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo y al Consejo de Estado en esta clase de juicios, solo les corresponde resolver si es nulo o no el acto acusado, pero sin entrar en declaraciones como lo hizo el tribunal a quo (5).


La ley 85 de 1916 fue reformada por la ley 70 de 1917 en todo lo relacionado con los procesos electorales, cuya competencia correspondía a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. También prescribía que de las demandas sobre nulidad, tanto de las elecciones como de los escrutinios y registros verificados por los jurados de votación y los jurados electorales en la elección de presidente de la república, conocerían los mismos funcionarios que conocían de las demandas de la misma naturaleza en la elección para representantes a la Cámara, siguiendo los mismos trámites (6).


En 1920 se expidió la ley 96, que también era reformatoria de la ley 85 de 1916. Esta norma, en primer lugar, se refería a los procesos administrativos que se tramitaran ante las autoridades electorales: pruebas sobre censos de población con capacidad de votar, fijación de jurados de votación, exclusión de personas de las listas de candidatos por no reunir los requisitos constitucionales y legales, reclamaciones durante el proceso de escrutinio, causales de nulidad de los registros electorales y la obligación que tenían todas las corporaciones electorales de expedir hasta cinco copias de las actas de escrutinios que realizaran a los ciudadanos que así lo hubieran solicitado. Estas copias se admitían como pruebas en los juicios de nulidad que se instauraran. En segundo lugar, la ley se refería a los procesos electorales ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Las demandas podían presentarse ante un juez ordinario, autoridad que inmediatamente debía remitirlas al respectivo tribunal seccional (7).


La ley 25 de 1928 también sumó más reglamentación, pues determinó que de los juicios de nulidad a que se refería la ley 85 de 1916 tendría conocimiento el superior, bien por apelación o por consulta, en virtud de expresa disposición legal. Los juicios de nulidad en la elección de diputados a las asambleas departamentales tendrían segunda instancia, por apelación o por consulta, ante la sala plena del Consejo de Estado (8).
Como eran tantas las irregularidades del corrupto sistema electoral, durante los decenios veinte y treinta del siglo xx, los procesos electorales fueron aumentando de manera tan acelerada que el legislador se vio obligado a crear en el Consejo de Estado una sala dedicada exclusivamente a tramitar esos asuntos. Lo hizo mediante la ley 7ª de 1932, la cual contenía dos temas: la estructura del régimen electoral y la creación de la nueva unidad especializada.


En el transcurso del debate del proyecto, que luego se convertiría en la ley 7ª, la comisión de la Cámara de Representantes, para sustentar su contenido, dijo que la propuesta de creación de la Sala de Asuntos Electorales en el Consejo de Estado y todo aquello que el mismo proyecto contemplaba para los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo no era sino el complemento de las normas anteriores. Aclaró la comisión que, después del largo estudio y de discusiones prolongadas y amistosas, se había llegado a decantar las diferencias que en principio existían entre sus miembros: “De ningún modo buscamos –decía el informe– la ventaja sino la buena fe; no quisimos el predominio partidista sino el imperio de la equidad, sin el cual las admoniciones patrióticas son propósitos inútiles”.


En la parte final, el informe pretendía dejar atrás las huellas de los conflictos partidistas por causas electorales: “Como pensamos que sobre las formas adoptadas para estas materias no haya dificultad alguna, nos limitamos a consignar aquí el móvil a que obedecieron y el significado de pacificación que ella representa”. La conclusión del informe, no era más que el testimonio vivo de sus autores, que no desconocían el contexto social y político donde actuaban (9).


De esta ley 7ª, en lo que respecta al régimen electoral, llaman la atención dos cosas: las reglas para elegir los miembros de las corporaciones públicas y la estructura del organismo administrativo que debía desempeñar la función. En relación con la estructura del régimen electoral, la ley decía: “Para el desempeño de las funciones oficiales del ramo electoral, se crean las siguientes corporaciones”. Y a continuación establecía, en la capital de la república, el Gran Consejo Electoral, en la capital de cada departamento, un Consejo Electoral; en cada municipio, un Jurado Electoral y en cada localidad municipal, un jurado de votación. Sobre el segundo tema decía que la Sala de Negocios electorales del Consejo de Estado estaría formada por cuatro magistrados, elegidos por la misma corporación, dos por cada partido, sugeridos por la respectiva agrupación política (10).


Paramilitarismo y corrupción política


A partir del 7 de agosto de 1946, todos los vicios del régimen electoral colombiano se envilecieron con la creación de las bandas paramilitares. En efecto, poco tiempo después de posesionado el nuevo gobierno se crearon las primeras agrupaciones paramilitares, que recibieron el nombre de pájaros y chulavitas: fue esta la primera versión paramilitar. Tres lustros más tarde, en 1961, Álvaro Gómez Hurtado, en varios debates en el Senado contra la Reforma Agraria, instigó la creación de la segunda versión paramilitar, al señalar que los colectivos de producción campesina eran “repúblicas independientes”. Esta segunda fase paramilitar contó con el apoyo y la asesoría militar de Estados Unidos, en cabeza del general William Yarborough, quien estuvo durante dos semanas en cuatro de las ocho brigadas del ejército explicando los procedimientos para crear cuerpos mixtos de población civil y unidades militares. Dos años después vino a operación Marquetalia. La tercera versión paramilitar ocurrió veinte años después de la segunda. Su fecha inaugural fue un 3 de diciembre de 1981, y los socios de esa empresa criminal fueron las mafias del narcotráfico, los caballistas, los ganaderos, los políticos y los organismos del Estado. En esa fecha, una avioneta sobrevoló Cali y lanzó miles de panfletos que anunciaban que con una tropa de dos mil trescientas cuarenta y cinco unidades se conformaba el ejército denominado Muerte a Secuestradores (Mas).


La tercera versión paramilitar dio origen a la parapolítica. Más de cien legisladores y cuatrocientos treinta alcaldes y gobernadores, fueron juzgados, por apoyar o hacer parte de esas bandas criminales. Más de veinte ministros, altos funcionarios y generales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron condenados. La parapolítica fue la culminación de la crisis de los dos partidos políticos históricos –el liberal y el conservador–, iniciada con la creación del Frente Nacional (1958-1974), pues las controversias de los años cuarenta y cincuenta, permitía que el partido de oposición hiciera control político al que gobernaba. Pactada esa coalición –que el pueblo llama “maguala” (11) –, al desaparecer las rivalidades políticas, los partidos perdieron identidad y dejaron de hacer control a los gobiernos de ese período de dieciséis años.


En consecuencia, la corrupción política tenía el camino despejado, y era aceptada por un segmento de la población, a tal punto que Julio Cesar Turbay Ayala, siendo candidato a la presidencia de la República (1978-1982), propuso como tema central de su programa de gobierno –como un asunto normal–, “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Insuflado el fenómeno dentro de los organismos del Estado, se extendió por todo el país, bajo la influencia del narcotráfico y del paramilitarismo, a cuyos pies se postraron las débiles colectividades políticas. En efecto, los partidos, agotados en su identidad programática y estructural, salieron en procura de las organizaciones paramilitares, para que estas les dieran el dinero y la protección militar para las campañas electorales. Así, se consolidó la parapolítica durante la última década del silo xx. Y, entre 2002-2010 se institucionalizó, echó raíces profundas, y hoy es el poder real en muchos departamentos y municipios.


Mi propia experiencia contra la corrupción


No sustento esta nota en la simple especulación, sino en mi propia experiencia. Es tan azaroso el régimen electoral, que en uno de esos ejercicio que a manera de testimonio he realizado a lo largo de mi vida, en una ocasión me gané la curul al concejo de Ubaté en un carisellazo. No recurro a una figura literaria, sino de la realidad. Peleando voto a voto en las calles y en las veredas, empaté con una señora de la aristocracia de ese municipio, porque en los pueblos también hay aristocracia. A la señora le di la ventaja de que pidiera: pidió sello y perdió. Años más tarde, en condición de candidato a la Asamblea de Cundinamarca gané mi curul de diputado el día de las elecciones. Estaba muy feliz el domingo en la noche, pero tres días después la había perdido. Sin embargo, me instalé en la Registraduría durante las dos semanas siguientes y la recuperé.


El mensaje socrático de Camilo Torres, es irrefutable: “Cuando vamos a la base de nuestro pueblo es mucho más para aprender que para enseñar”. Todas las elecciones en las que participé como candidato, antes de 2015, fueron un posgrado de ciencia política aplicada. La campaña a la gobernación de Cundinamarca en las elecciones de 2015, fue un curso doctoral. Siendo un ejercicio departamental, tuve una visión fresca y real de los problemas de Colombia. Además de lo mucho que me enseñaron los simpatizantes, la redacción del programa, los debates en televisión, los problemas de cada provincia y municipio, su relación con el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos naturales, las regalías y los páramos me impusieron la obligación de estudiar y de volver a revisar temas que ya había dejado de lado.


A pesar de lo mucho que había investigado, estudiado y escrito con sumo cuidado sobre la corrupción, antes de las elecciones territoriales de 2015, aquello había sido un juego de niños (12). Corrupción a lo grande fue la que trajo el neoliberalismo, corruptor por excelencia, porque al potenciar el vaciamiento de lo público, estimula su robo en todas las instancias, con los métodos que encuentre a su paso. Durante los últimos años, la corrupción se salió de madre y todo lo contaminó. La privatización de los servicios públicos y la locomotora extractiva le ha generado al Estado una voluminosa liquidez. Como consecuencia del crecimiento de las cifras, la burocracia oficial “se enloqueció al ver tanta plata junta” (13), y se le abrió el apetito de robar. Mucho alcaldes de La Sabana de Bogotá están investigados porque siguieron el ejemplo del de Mosquera: cambiar el uso del suelo para enriquecer a los hijos de Álvaro Uribe Vélez.


De las enseñanzas de la campaña de 2015, en materia de corrupción, puedo sacar varias conclusiones. Solo quien tenga dinero y medios gana. Hoy la política, la plata y los medios hacen de la democracia un aviso: un aviso tras el cual se esconde la tiranía del dinero y de las comunicaciones. El aparato electoral es inepto, obsoleto y corrupto en su principal expresión: las elecciones. El régimen electoral colombiano ha degradado y empequeñecido tanto al ciudadano del común, que lo ha convertido en un pordiosero, que espera como una bendición que llegue el día de las elecciones para encontrar algo tangible y concreto: desde un tamal, una lata de zinc, un bulto de cemento, hasta una suma de dinero por su voto. Pero están también los medianos y grandes empresarios de los votos, que no se benefician de pequeñas prebendas sino de gruesas sumas de dinero. En Colombia, salvo contadas excepciones, solo votan las personas que de algún modo reciben favores personales del Estado: la burocracia, los contratistas y los ciudadanos que venden su voto a esas burocracias y contratistas. Semana sintetizó muy bien esa realidad, en dos líneas: “Esas victorias se basaron en uno que otro aval cuestionable y algunas transacciones poco éticas. Pero en el mundo de la política las cosas funcionan así” (14).


La versión electoral de 2019


En el punto 2 del Acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, las partes pactaron una “apertura democrática para construir la paz”, y dentro de este marco, una “reforma del régimen de la organización electoral”, y otro conjunto de mecanismos que garantizaran una verdadera democracia (15). Sin embargo, los Acuerdos se convirtieron en letra muerta, porque el gobierno Duque ha torpedeado todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, suscrito por Juan Manuel Santos. Por lo tanto, las elecciones a realizarse el 27 de octubre será un ejercicio antidemocrático, en medio de los vicios y la corrupción de más de un siglo. ¡Cómo se atreven a hacer esos señalamientos, dirán las voces oficiales, si la izquierda obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018, y gobernó durante tres períodos la capital del país!


A pesar del régimen electoral corrupto, no obstante el sartal de mentiras y las toneladas de dinero que se mueve en la compra de votos, y por encima de los contratos pactados durante el proceso electoral, los sectores alternativos han tenido un gran respaldo en Bogotá y en otras ciudades y regiones del país. Pero este respaldo no obedece a la transparencia del régimen electoral, sino a la lucha obstinada de la izquierda contra esos vicios inocultables. Dar una mirada panorámica a los hechos de corrupción que se mueven en estos meses de campaña, exigiría muchas páginas. Cito tan solo dos ejemplos: la Procuraduría ha identificado 694 candidatos que estaban inhabilitados, pero los partidos les dieron el aval y la Registraduría les aceptó la inscripción. Muchos partidos y movimientos, que se reclaman alternativos y guiados por principios éticos, han hecho coaliciones con agrupaciones políticas cuestionadas. Pese al horizonte nublado, “así como el año pasado se vio una participación electoral esperanzadora, lo mismo debería repetirse” (16), el próximo domingo 27 de octubre.

 

1. Saramago, José, Ensayo sobre la lucidez, Bogotá, Alfaguara, 2004, pp. 45-51. (Cualquier parecido con la realidad de Colombia, octubre de 2019, es pura coincidencia).
2. Novela de la cual soy autor.
3. Ballén, Rafael, La vida ejemplar de Constantina. Bogotá, Aurora, 2017, pp. 271-275.
4. Congreso de la República, “Ley 85 de 1916”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1916, pp. 191-262.
5. Consejo de Estado de Colombia, “Sentencia por la cual se reforma una dictada por el Tribunal Seccional de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, sobre elecciones para Concejeros Municipales”, en Anales del Consejo de Estado, Bogotá, 1921, t. 11, pp. 136-151.
6. Congreso de la República de Colombia, “Ley 70 de 1917”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1917, pp. 134-137.
7. Congreso de la República de Colombia, “Ley 96 de 1920”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1920, pp. 149- 155.
8. Congreso de la República de Colombia, “Ley 25 de 1928”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1928, pp. 112-119.
9. Gómez Naranjo, Pedro A. El Consejo de Estado. Estudio sobre su organización en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1934, pp. 80-81.
10. Congreso de la República de Colombia, “Ley 7ª. de 1931”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1932, pp. 12-16.
11. Palabra aceptada por el Diccionario de colombianismos.
12. Ballén, Rafael, Corrupción. Los otros bandidos, Bogotá, Ibáñez, 2ª. ed., 2003.
13. Caballero A., Carlos, “De la corrupción mundial… y la nacional”, en El Tiempo, Bogotá, sábado 16 de abril de 2016, p.25.
14. “Germán es el man”, en Semana, Bogotá. Número 1748, 1-6 de noviembre de 2015, p. 26.
15. Acuerdo Final, Gobierno de Colombia-Farc-Ep. Bogotá, Ediciones desde abajo, 2016, pp. 61-94.
16. “¿Qué tan madura está nuestra democracia?”, El Espectador, Bogotá, domingo 24 de julio de 2019.

 

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor —en no ficción— de más de dos docenas de libros y numerosos artículos científicos y de divulgación sobre ciencia política, sociología jurídica y filosofía. En ficción autor de las novelas Cenizas, La vida ejemplar de Constantina y de una trilogía sobre el conflicto armado colombiano, en proceso de publicación. Exmagistrado, Exprocurador Delegado para Fuerzas Militares e investigador de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral.