Puerto Rico: furgón de cola de la nación más poderosa del mundo

Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo.

 

La escena y su desenlace político pueden parecer de ficción en EE.UU. Pero no, porque se trata de Puerto Rico, un estado libre asociado cuyo status encubre una forma de colonialismo desde 1952. La escena consistió en 250 mil personas que exigieron en las calles de San Juan, su capital, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El desenlace será su salida del poder, prevista para el 2 de agosto. La isla que se autogobierna con una soberanía limitada – dependería del Congreso de Estados Unidos para declararse independiente – es el furgón de cola de un país cuyo presidente le da la espalda. Lo confirman las consecuencias del huracán María que arrasó con personas y bienes en septiembre de 2017. El peor en casi un siglo. Donald Trump no solo negó la cantidad real de víctimas. También acusó a las cuestionadas autoridades locales de su pronunciada crisis económica, agravada por el fenómeno climático.

La historia desmiente al magnate. Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla – de unos 72 mil millones de dólares – está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo. Además, los portorriqueños le han puesto el cuerpo a todas las guerras que Estados Unidos ha desparramado por el mundo. Sirvieron en sus ejércitos cientos de miles, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las excursiones bélicas por Irak y Afganistán. Sus muertos se cuentan por decenas.

Las principales empresas de servicios en Puerto Rico son de EE.UU: Mc Donalds, Kentucky, Home Depot, farmacias CVS, entre otras. La gestión de Rosselló Nevares – según el Centro de Periodismo Investigativo local – estimuló las ganancias de “multinacionales como Monsanto y promovió la ley de Zonas de Oportunidad que reduce el pago de contribuciones a inversionistas”. Los chats misóginos y homofóbicos del gobernador renunciante que le costaron el cargo, más la corrupción que se le atribuye a su administración, explican su salida. Pero no la responsabilidad de Estados Unidos en la deriva de Puerto Rico. Rosselló Nevares podría tener que responder en la Justicia por los presuntos delitos de “depravación, malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos” según el mismo sitio periodístico.

En abril pasado, Francisco Martínez, un veterano economista de la Universidad de Puerto Rico aportó cifras clave sobre el deterioro social de la isla durante un simposio. Dijo que el 55 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años están por debajo del nivel de pobreza y también el 50 % de los hombres. Un dato adicional corrobora el panorama: Misisipi, el estado más pobre de EE.UU tiene un ingreso anual promedio por hogar de 42.009 dólares mientras que la isla apenas llega a 19.775, según el mismo Martínez. Trump no pagó demasiados costos políticos por esto. Incluso se atrevió a decir que su gobierno “ha hecho un gran trabajo” en la isla para sacarla de su crisis económica.

El presidente fue todavía más lejos cuando negó las cifras con la cantidad de muertos que dejó el huracán María. En ese sentido se pareció bastante a Rosselló Nevares. El 28 de agosto de 2018, el gobernador de Puerto Rico tuvo que rendirse ante las evidencias que presentó un estudio de la Universidad George Washington. Las víctimas fatales ya no eran 64 como él había informado y sí 2.975.

María de Lourdes Santiago es la actual vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. En su cuenta de Twitter escribió el viernes: “Salir de Ricky (por el gobernador Rosselló Nevares) para tener a Wanda (Vázquez Garced, su sucesora) es como curarse de dengue para contraer chicungunya”. Para esta dirigente opositora “la opción de estadidad y la anexión, no son atractivos para los EE.UU”. Aunque parece que mucho menos es la alternativa independentista. Las grandes corporaciones estadounidenses serían las primeras en oponerse – como lo han hecho hasta ahora – porque gozan de exenciones impositivas por haberse instalado en la isla y pagan salarios más baratos que en otros estados.

El costado militar tampoco es una cuestión menor en esta relación asimétrica de la nación más poderosa del planeta y su estado libre asociado más pobre. Según un informe de la cadena Telesur que cita la opinión del periodista local Luis De Jesús Reyes, Puerto Rico siempre fue “un enclave geoestratégico en las pretensiones de EE.UU de mantener su control militar en el Caribe y América Latina”. Estados Unidos llegó a tener seis bases militares, incluyendo la naval más grande del mundo fuera de su territorio: Roosevelt Roads, que cerró definitivamente en 2004 después de que se abriera en 1943. Pero la más cuestionada por sus consecuencias sobre el medio ambiente con la utilización de material radioactivo que elevó los índices de cáncer fue la de Vieques. Estaba en una isla que pertenece al archipiélago de Puerto Rico. EE.UU tuvo que retirarse en 2003 después de que los vecinos de la base empezaron una campaña de agitación tras el asesinato del joven viequense David Sanes Rodríguez. Era un soldado que hacia guardia cuando el 19 de abril de 1999 dos bombas cayeron a su alrededor.

La ubicación estratégica de la isla ha sido más que una ventaja, un problema para su progreso e integración a EE.UU. Si a ello se le suma la política en piloto automático de Washington, un gobierno como el de Rosselló Nevares – el primer gobernador que renuncia por la presión popular -, calamidades como el huracán María y los informes lapidarios de Amnistía Internacional sobre la situación social, Puerto Rico es un bote a la deriva en el mar de las Antillas. Según El Nuevo Día – el diario local de mayor circulación - a dos años del desastre climático, el Partido Nuevo Progresista todavía en el gobierno le pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) que despache a la isla miles de toldos azules de fibra reforzada. Serían para reemplazar a los casi 30 mil que hay en malas condiciones. Todavía siguen colocados en las casas donde había techos que voló el huracán.

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¿Planea Trump usar la bomba nuclear contra Afganistán e Irán?

 

«Podría ganar esa guerra en una semana. Pero no quiero matar a 10 millones de personas. Afganistán podría ser borrado de la faz de la Tierra», dijo el presidente de EEUU en su encuentro con el primer ministro de Pakistán Imran Khan el 22 de julio. ¿Con qué arma se puede matar a 10 millones de seres humanos y aniquilar un país de 37 millones de habitantes en unos días? En esta misma reunión, Trump  renovó sus amenazas a Irán: «Estamos listos para lo peor«, aunque ya el 21 de junio le comunicó al mundo que podría lanzar un ataque militar devastador sobre Irán, y no porque Teherán hubiese enviado un buque militar a las aguas de EEUU o que hubiese fabricado bombas nucleares de forma ilegal, como lo han hecho sus amigos Pakistán, India e Israel, sino simplemente como medida para que «llegue a la mesa de negociaciones y abandone su intento de desarrollar armas nucleares». Un día después de que Irán derribase un avión no tripulado de EEUU en su cielo, Trump insinuaba algo tan inquietante que el mundo prefirió ignorar: “No estoy buscando la guerra (¿en serio?) y, si la hay, será una destrucción como nunca se ha visto” y que «si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán”. Días después, el hombre que está a cargo de unas 5000 ojivas nucleares dio más pistas a los periodistas sobre sus planes: cualquier guerra con Irán «no duraría mucho, te lo aseguro. No duraría mucho. No estoy hablando de botas en el suelo”.

El escenario está listo: el portaviones de propulsión nuclear Lincoln ya está en el Golfo Pérsico; el año pasado, el Comando de EEUU para Europa (USEUCOM) participó en Israel en el simulacro militar llamado «Juniper Cobra», que prepara el despliegue de las fuerzas de la OTAN y EEUU desde Europa para apoyar a Israel en su guerra contra Irán. En 2017, EEUU y un grupo de países europeos participaron en los ejercicios militares Blue Flag también en suelo israelí, exhibiendo las bombas nucleares B61-12 de los occidentales, pues las del propio Israel (al menos unas 200) “todas [están] apuntando a Teherán” reveló Colin Powell, el Secretario de Defensa de Bush. El arsenal israelí incluye las Municiones Especiales de Demolición Atómicas (Special Atomic Demolition Munitions– SADM),  mal llamadas “mini-bombas nucleares”, que pueden contener hasta 1 kilotón de TNT, causando un “mega” daño al espacio atacado; tres de los seis submarinos Dolphin – regalados  por Alemania a Israel y que costaron a los contribuyentes unos 1300 millones de euros-, tienen capacidad de lanzar misiles nucleares. Éste país bombardeó en 1981 el reactor nuclear de Iraq y en 2007 el de Siria, ambos con la previa autorización de EEUU.

 

¿Para qué Trump usaría armas nucleares?

 

El 13 de abril de 2017, Donald Trump hizo estallar en Afganistán GBU-43, la bomba no nuclear más poderosa del mundo, y ocultó el número de la víctimas. Su objetivo no era otro que exhibir la línea de su política exterior y regalar 14.6 millones de dólares de la caja publica a las compañías de armas, bajo el pretexto de destruir unos túneles “yihadistas” armados con palo y daga.

Las acciones de Trump contra Irán muestran que busca fórmulas que justifiquen, ante la opinión pública, una respuesta militar “merecida”,  aunque de momento no se atreve a pronunciar las palabras “ataque nuclear”. No pretende un “cambio de régimen” en Teherán sino continuar con el Proyecto de reconfigurar Oriente Próximo, destruyendo Irán como la gran potencia de la región y asegurar el dominio de EEUU en la zona empapada del Oro Negro y de influencia chino-rusa. La primera barrera para que un presidente de EEUU lance un ataque nuclear sobre una nación, aunque se presente como “limitado”, es que carezca de un mínimo nivel de ética, y como el propio Trump confiesa, él es el candidato: las víctimas civiles de una bomba nuclear, dijo, son una desafortunada «realidad de guerra«, y que él a diferencia de otros presidentes posee la «fortaleza moral para hacer lo que debe hacerse» para proteger a EEUU y sus aliados. Los NeoCon tienen prisa para acabar con Irán a través de él, puesto que no hay garantía de que volviese a ser elegido en 2020. Sheldon Adelson, el magnate sionista que donó 45 millones de dólares a la campaña electoral de Trump pidió a EEUU en 2013 que efectuase un “ataque nuclear preventivo” en áreas no pobladas de Irán como táctica de negociación. “Entonces dices: ¡Mira! El siguiente está en el medio de Teherán [¡con 12 millones de habitantes]. Luego vendrán a negociar”. Algunos medios estadounidenses, que le presenten a Trump como “Madman”, un presidente chiflado, simplemente pretenden convertirle en la cabeza de turco de una posible catástrofe de esta magnitud, si llega a suceder, para un plan diseñado desde hace años.

Entre los objetivos:

Recuperar el temible poder de EEUU perdido frente a China. En 1945 lo hizo matando al instante a 200.000 japoneses enviando un mensaje a la Unión Soviética, la ganadora de la Segunda Guerra Mundial. La salida de Trump del INF, el Tratado sobre Armas Nucleares de Medio Alcance, firmado con la Unión Soviética en 1987 o destinar 1.2 billones de dólares para renovar el arsenal nuclear en los próximos 30 años, forman parte de esta política.

Buscar una victoria rápida y contundente sobre Irán, evitando una larga guerra que pueda poner en peligro a Israel y Arabia Saudí.

La dificultad del traslado de cientos de miles de soldados y un gran equipamiento al Golfo Pérsico y Oriente Próximo para derrotar a Irán en una guerra “cuerpo a cuerpo”.

Desconocer la capacidad militar de Irán para una guerra convencional y las dudas que tiene EEUU al respecto, son factores que aumentan la probabilidad del uso de la bomba nuclear por parte de EEUU e Israel.

El 2 de febrero de 2018, en el documento de la Revisión de la Postura Nuclear (NPR) de EEUU para abordar las supuestas “amenazas sin precedentes” de otras naciones, se nombra concretamente a Irán, y eso antes de que Trump saliera del acuerdo nuclear: «Irán conserva la capacidad tecnológica y gran parte de la capacidad necesaria para desarrollar un arma nuclear en un año después de decidir hacerlo«, por lo que ha decidido “persuadirle” con una serie de pasos que empezaron con su salida del acuerdo y declararle país patrocinador del terrorismo continúan con la militarización de todas sus fronteras.

 Donald Trump llegó a plantear un “ataque quirúrgico usando misiles Trident» (que llevan cabeza nuclear) contra Daesh – unos cuantos miles de hombres armados con espada, alojados en las ciudades poblados de Irak y Siria.

El temor a una “locura” de Trump le llevó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el 14 de noviembre de 2017, estudiar una ley que impidiera al presidente lanzar un ataque nuclear. Cuenta la prensa que el secretario de Estado Rex Tillerson fue destituido justamente por llamarle a Trump “maldito imbécil”, después de que el presidente le sugiriera al Pentágono aumentar hasta diez veces el arsenal nuclear. Si tenemos armas nucleares, ¿por qué no podíamos usarlas? Había preguntado a sus asesores.

Una de las misiones de Trump es, posiblemente, romper el tabú del uso de las armas nucleares, siete décadas después: “no os preocupéis, son tácticas y limitadas”, insinúa el hombre convertido en presidente gracias a una macabra burla de la historia.

27 JULIO 2019

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Sábado, 27 Julio 2019 05:18

¿Contener a Irán? No, a Trump

¿Contener a Irán? No, a Trump

Ya es hora de que nos pongamos las pilas con respecto a lo que ocurre en esta farsa de la "crisis" en el golfo Pérsico, esta charada de mentiras y pomposidad que Trump y sus cachorros en Londres nos presentan.

 

Un presidente estadunidense que es un racista, misógino, deshonesto y sicológicamente perturbado –apoyado por dos consejeros agresivos y tan indignos y falsarios como él– amenaza con ir a la guerra con Irán, en tanto otro bufón, dado a las mentiras en serie y a agitar arenques ahumados durante los debates, y hoy primer ministro británico, prefiere concentrarse en la autodestrucción de su país en vez de en el secuestro de sus barcos.

 

Los iraníes, siempre los taimados "terroristas" chiítas del Golfo, se han atrevido a pintarle un violín al presidente orate que rompió el tratado nuclear de su país con Irán, y ahora juegan con lanchas de motor en el estrecho de Ormuz para recordar tanto a Trump como a Johnson –y al pobrecito Jeremy Hunt– que Medio Oriente es la tumba de imperios de verdad, muertos hace mucho tiempo. ¡Cuánta maldad! ¿Qué audaces crímenes terroristas se propondrán cometer los persas ahora?

 

¿Tomamos en serio esta basura? Tal vez deberíamos culparnos a nosotros mismos. Nuestros comentaristas y corresponsales, nuestros poderosos imperios mediáticos, se tragan gustosos a los sórdidos personajes de Washington y Londres y luego –cuando olisquean guerra– se les congela el rostro en un gesto de rectitud patriótica al hablar de la "política de Trump en Medio Oriente", su "política en el Pérsico", su cercana amistad con su "aliado" saudita, que tiene el cabello enmarañado con sangre coagulada, o su aliado israelí, propenso a despojar territorios. Qué estupideces.

 

No existe una política de Trump respecto de nada. Tampoco existe una política de Boris Johnson, ni de Jeremy Hunt, de no ser, quizá, un quejumbroso balido estilo Gilbert y Sullivan sobre la conducta "total y absolutamente inaceptable" de Irán al golpear el Stena Impero.

 

No estorbar

 

"Impero" era la palabra correcta. En realidad, no había nada más triste y lastimero que la voz del comandante del barco británico Montrose –o Foxtrot 236, como los iraníes lo llamaron, según el número que llevaba la fragata en la proa– al leer su reglamento victoriano a los guardias revolucionarios el pasado viernes. "No deben estorbar, impedir, obstruir o detener el paso del Stena Impero", citó. Oh, pero los iraníes sí que podían estorbar, impedir, obstruir y detener el paso del buque cisterna de bandera británica, y de hecho lo hicieron. Porque sabían que el único navío británico de guerra que navegaba en todos los 251 mil metros cuadrados de mar que son el golfo Arábigo –o Pérsico, como ustedes gusten– era una fragata de 133 metros de eslora, demasiado lejana para evitar tal "impedimento" y "obstrucción". Lejos están los días en que el quinceañero Horatio Nelson surcó imperiosamente el Golfo hasta Basora en la fragata de 20 cañones Seahorse, en el siglo XVIII, capitaneada por su tío Maurice Suckling. Si el Duncan, bautizado en honor del triunfador de la batalla de Camperdown, en el siglo XVIII, acude en auxilio del Montrose, bautizado en honor del duque del mismo siglo, pueden pasar unas semanas juntos, y luego el Montrose volverá a casa.

 

En tiempos de Nelson, la armada real poseía más de 600 naves. Hoy tenemos menos de 20 para evitar que las hordas iraníes, o las chinas o cualesquiera otras hordas, obstruyan e interrumpan lo que nos gusta llamar "nuestros vitales suministros petroleros". Fue de algún modo apropiado que el buque cisterna capturado estuviera vacío en su travesía hacia el reino dictatorial de Arabia Saudita, el amado aliado de Trump, cuando fue secuestrado. No es extraño que Jeremy Hunt quiera enfriar las aguas del Golfo en vez de ordenar a su minúsculo barquito que sirva de escolta junto con la poderosa flota estadunidense.

 

Captura montypythonesca

 

Sin embargo, sí fue apropiado que, en la cúspide de una nueva era de autoengaño y misticismo imperial, los británicos se hayan embarcado en la captura montypythonesca del buque cisterna iraní en Gibraltar. Se nos dio a entender –y aquí el lienzo de la pompa fue ricamente bordado– que el Grace 1, que los marinos reales abordaron con la misma elegancia con que sus contrapartes enmascarados iraníes bajaron a rappel sobre el Stena Impero, fue detenido porque llevaba petróleo a Siria. La Unión Europea, supuestamente ansiosa por aplicar esas sanciones, no dijo nada. Y entonces Jeremy quiso platicar con los iraníes, recibir seguridades de que su cisterna no se dirigía hacia Banias, sino –¿quién sabe?– a las islas griegas, tal vez, o a la Costa del Sol.

 

Entonces, nada más para competir con la Reunión de Té del Sombrerero Loco, el asunto fue puesto en manos del ministro presidente de la Suprema Corte de Gibraltar, cuya jurisdicción política –eso se supone que creamos– abarca grandes asuntos de Estado desde Washington hasta Londres y Teherán, aun cuando la población de la roca es de menos de 35 mil almas. Oh, pero sí, nos dicen, la Corte de Gibraltar ha ordenado la detención del Grace 1 por otros 30 días. Bien, bien, debemos cumplir los deseos de ese poderoso cuerpo judicial. Cierto, esto está apenas a un paso de Trial By Jury, la ópera cómica que nuestro flamante premier de seguro adorará.

 

Si los estadunidenses no hubieran apremiado, solicitado o instruido a los británicos capturar el Grace 1 –como cada vez más parece haber sido el caso–, estén seguros de que no habría ocurrido. Y estén seguros de que, si Jeremy hubiera declinado involucrarse en esta tontería, la Corte de Gibraltar, su ministro presidente y los otros tres ministros habrían olvidado su palabrería legal, le habrían concedido su gracia y deseado buena travesía. Pero no: cuando nos involucramos en esta acción incendiaria, era inevitable que los iraníes hicieran lo mismo. Como he reflexionado a menudo, esos persas nos entienden mucho mejor que nosotros a ellos.

 

El arenque de Boris

 

Entonces, acompáñenme un momento a Teherán. ¿De veras creemos que los iraníes –por arrogantes, vanidosos, crueles y vengativos que puedan ser– no están conscientes de la inminente autoinmolación británica en el Brexit? ¿Imaginamos por un momento que no han captado las complejidades de la batalla Johnson-Hunt, su desenlace decidido por una camarilla de Tories cuyas resoluciones hacen ver las elecciones parlamentarias y presidenciales iraníes como un modelo internacional de democracia? Estén seguros de que los iraníes tomaron nota del arenque de Boris. Pero ellos tienen peces más grandes que freír en el Golfo.

 

Y ¿en serio creemos que los iraníes han olvidado la última "guerra de los buques cisternas" del Golfo en 1987? Yo la recuerdo muy bien. Informé sobre todo ese penoso asunto, volando literalmente sobre el Golfo humeante en helicópteros, día tras día. El clímax llegó cuando los estadunidenses decidieron abanderar buques cisternas kuwaitíes con las barras y las estrellas y les pusieron una escolta de la Armada estadunidense que los protegiera de los ataques aéreos iraníes. Hoy, eso parece familiar. En aquel tiempo, claro, éramos aliados de ese excelente y demócrata guerrero árabe Saddam Hussein, quien había invadido Irán en 1980 (con un costo final de más de un millón de vidas). Bueno, pues la primera misión de escolta resultó un desastre –aunque Trump, Hunt, Boris Johnson y Humpty Dumpty han olvidado todo aquello– cuando el buque cisterna kuwaití Al Rakkah, nominalmente bendecido como el estadunidense Bridgeton y acompañado por un puñado de navíos de guerra, golpeó una mina iraní el 24 de julio de 1987. Pudo continuar su travesía, pero las naves estadunidenses –cuyos costados eran tan frágiles que una mina pudo haberlos hundido– hicieron el resto del viaje en fila india detrás del Bridgeton como una parvada de polluelos, usando el enorme bulto del buque cisterna para protegerse. Los iraníes, como digo, no habrán olvidado esa humillación estadunidense. Después de todo, son especialistas en humillación cuando creen haber sido humillados.

 

Pero ¿creemos que la ridícula "Fuerza de Protección del Golfo" de Trump tendrá mejor destino? Hay pocos voluntarios, pero, puesto que Boris Johnson estuvo dispuesto a hundir a un embajador británico, supongo que podría arriesgar una fragata o dos. Los iraníes, de nuevo, ya habrán previsto esto. Su tratado nuclear, honorablemente firmado con el presidente estadunidense de ese tiempo, ha sido roto en pedazos, destripado y vergonzosamente destruido por Trump. Así pues, tras haber sido traicionados por los estadunidenses, y sometidos a más sanciones por el mismo culpable, ¿por qué no deberían ponerse ellos también a jugar a los superpoderes, poniendo los inocentes navíos de su majestad británica como blancos en su consola de juegos?

 

Aún no hemos captado la verdadera importancia –pero, otra vez, estén seguros de que los iraníes sí– de la irritación de Trump con el informe de Kim Darroch sobre la destrucción estadunidense del tratado nuclear. La rabieta de Trump llevaba la clara intención de que destituyeran al embajador británico. Estaba diciendo "mándenlo a casa", así como quería "mandar a casa" a una congresista de su país que lo increpó. Y nuestro flamante premier le concedió el deseo.

 

Sin embargo, entre todas estas artimañas, todavía se supone que debemos tragarnos las pamplinas que nuestros mensajeros imperiales escriben para nosotros, suponiendo una vez más que existe una política de Trump hacia el Golfo, que la cordura para Medio Oriente puede venir de los residentes de una institución mental. Por eso David Ignatius, viejo colega mío y amigo de los días de la guerra civil en Líbano, escribe ahora la siguiente burrada en su columna en Estados Unidos: “A medida que la confrontación de Estados Unidos con Irán se profundiza en el Pérsico… la tarea sombría, pero inevitable, es contener a Irán y prepararse para la guerra, si la contención falla”.

 

Para lograr esto, según Ignatius, Mohammed bin Salman debe asumir la responsabilidad por el asesinato de Jamal Kashoggi y concluir la guerra en Yemen –como si el príncipe heredero fuera a contemplar lo segundo, ya no digamos lo primero– porque “la relación estadunidense-saudita es importante para la seguridad de ambas naciones, en especial conforme la confrontación con Teherán se aproxima a la guerra… relanzar la relación entre ambos países sobre una base más honesta es urgente ahora, cuando crece el peligro de un conflicto regional”.

 

Así pues, olviden que Trump es un lunático y que el príncipe heredero parece ser un joven profundamente perturbado que gobierna un Estado sicótico. La Casa Blanca es un manicomio, pero, según Ignatius, debemos prepararnos para la "tarea sombría, pero inevitable", de "contener a Irán" –en vez de contener a Trump– porque "crece el peligro de un conflicto regional".

 

Ser racional

 

Tal vez sea buena idea, en este momento, recordar lo que es patrullar el Golfo frente a la costa iraní. Hace poco más de 30 años, yo iba a bordo de uno de los viejos barcos hermanos del Montrose, la fragata Broadsword, que escoltaba buques cisternas británicos por el estrecho de Ormuz bajo la mirada de la Guardia Revolucionaria. Para dar a los lectores un toque de realidad –realidad real, por así decirlo–, esto es lo que escribí en ese tiempo:

 

“Lo que afligía a la mayoría de los marineros en el Golfo era el calor. Quemaba las cubiertas de las naves hasta que estaban, literalmente, demasiado calientes para caminar sobre ellas. Los marineros británicos se paraban de puntas, por las temperaturas calcinantes que salían del acero. El revestimiento de las cargas de profundidad, los dispositivos Bofors para apuntar las armas, estaban demasiado calientes para tocarlos. En la cubierta de vuelo de los helicópteros el calor subía a 57 grados, y sólo una mano descuidada hubiera tocado un tubo sin ponerse los guantes. El calor creaba pesadez en la cabeza, un sopor insuperable, una tremenda irritación con los otros seres humanos en cubierta. Dentro del barco… el calor se movía más rápido que los marineros. El comedor de oficiales estaba fresco, a 26 grados. Tomé un vaso de agua; yo estaba bañado en sudor. Al abrir la primera puerta hermética, me emboscó el calor. Después de la segunda puerta, caminé hacia una fundición tropical, mientras el conocido mar gris lamía el casco. ¿Cómo es posible trabajar en estas condiciones y seguir siendo racional?”

 

Sin embargo, supongo que se trata precisamente de ser racional, pero nuestros amos ya no poseen esa facultad. Por cierto, el Broadsword fue vendido a los brasileños hace casi un cuarto de siglo, en 1995. El Bridgeton fue desmantelado en India siete años después. Y allí es donde nuestros descocados líderes deberían estar hoy: en el deshuesadero.

 

The Independent

 

Traducción: Jorge Anaya

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Palestina suspende todos los acuerdos con Israel

La decisión se produce tras la demolición de diez edificios palestinos en las afueras de Jerusalén Este.

 

El líder palestino Mahmud Abás ha anunciado este jueves la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel luego de que civiles palestinos fueran desplazados a la fuerza tras la demolición de diez edificios en el vecindario palestino de Sur Baher en las afueras de Jerusalén Este.

"No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén", declaró Abás en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

El presidente palestino ha agregado que su pueblo sigue abierto a abrazar "una paz justa, global y duradera", pero ello no significa que aceptará el 'statu quo' o se rendirá ante la ocupación de sus territorios. "No nos rendiremos ni vamos a coexistir con la ocupación, ni tampoco aceptaremos el 'acuerdo del siglo'. Palestina y Jerusalén no están a la venta ni en oferta", subrayó.

  • El 'acuerdo del siglo' propuesto por la Casa Blanca para poner fin al conflicto palestino-israelí consiste en reunir 50.000 millones de dólares y crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.
  • La Autoridad Palestina rechazó dicha propuesta de manera preventiva, considerándola un esfuerzo de EE.UU. para obligar a su pueblo a "renunciar" a sus derechos.

Abás aseveró que "no habrá paz ni seguridad ni estabilidad" en la región y en el mundo hasta que se respeten plenamente los derechos de los palestinos. Al agradecer a todos los países que apoyan la causa palestina, Abás recordó que no estaría de más adoptar medidas concretas e implementar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el terreno.

En la reciente cumbre de La Meca celebrada a principios de junio, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) rechazó "cualquier acción que infrinja el estatus histórico y legal de Jerusalén Este" y todas las medidas ilegales de Israel que buscan cambiar los hechos en territorios palestinos ocupados, aunque tampoco expresó la voluntad de devolverles a los palestinos todo el territorio que les pertenecía antes de la creación del Estado de Israel.

Publicado: 25 jul 2019 21:05 GMT | Última actualización: 25 jul 2019 23:28 GMT

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El dragón se apodera del mar del Sur de China

Más acá de la guerra tecnológica, cuyo desenlace sigue siendo incierto y, al parecer, lejano, lo que resulta seguro es que China está consolidando sus posiciones para convertir el estratégico mar del Sur de China en un coto cerrado, algo similar a lo que viene siendo el Caribe para Estados Unidos en el último siglo.

El dragón sigue creciendo en todos los aspectos, como lo enseña la última lista de la revista Forbes sobre las 500 mayores empresas del mundo: "Excluyendo Taiwán, 119 empresas de China continental y Hong Kong llegaron a la lista, casi a la par con los Estados Unidos. Este es un cambio histórico", dijo la revista en un comunicado.

Desde 2001, ha habido un cambio significativo en la distribución geográfica de las empresas en el ranking. EEUU tenía 215 en 2001, que cayeron a 121 este año. En tanto, China tenía sólo 10 en 2001 y pasó a las 129 en la actualidad, si se computan las diez de Taiwán en la lista Fortune Global 500 de este año. Tres grandes empresas estatales chinas (Sinopec Group, China National Petroleum y State Grid) se colocan entre las cinco principales compañías este año.

Pero el centro del poder de Pekín se está expresando cada vez más en el mar del Sur de China. Surgen estos días dos datos centrales: además de las siete islas artificiales fortificadas construidas por China en ese mar, consiguió ahora la cesión de una base naval de Camboya que puede trastocar los equilibrios regionales y, en paralelo, se conocieron ejercicios con misiles antibuque en las proximidades de las disputadas islas Spratly y Paracel (Nansha y Xisha).

La primera información proviene del Wall Street Journal que sostiene que China y Camboya firmaron un acuerdo secreto que le permite a la Marina del dragón el acceso exclusivo a la base naval Ream en el golfo de Tailandia durante 30 años. Aunque el Gobierno de Phnom Penh negó la versión, en gran medida porque se trataría de un acuerdo inconstitucional, en los hechos Camboya es el principal aliado de China en la región.

En 2017 el Gobierno de Camboya canceló los ejercicios militares bilaterales Angkor Sentinel con EEUU y ahora los realiza exclusivamente con China. La reacción de Washington no se hizo esperar. Emily Zeeberg, portavoz de la embajada en Phnom Penh, instó al Gobierno camboyano a que respete "su compromiso constitucional de seguir una política exterior independiente".

Un dato adicional de la mayor importancia es que la base naval está situada a escasa distancia de un aeropuerto que está siendo construido por una empresa china. Se trata del aeropuerto Dara Sakor, en la costera provincia de Koh Kong, cuya pista supera los 3.200 metros, lo que permite el aterrizaje de grandes naves. Está en construcción además un resort turístico que ocupa 45.000 hectáreas donde se invertirán 3.800 millones de dólares por la china Union Development Group.

Por otro lado, entre el 29 de junio y el 3 de julio, la Armada china realizó pruebas reales con misiles de medio alcance entre las islas Spratly y Paracel, en un bloque de 22.000 kilómetros cuadrados. Entre los misiles probados se encuentra el DF-21D, con un alcance de 1.500 kilómetros, denominado "asesino de portaviones" por su capacidad de caer en vertical sobre el blanco, lo que hace muy difícil la defensa.

Además fue probado el misil DF-26 con un alcance de 5.000 kilómetros, con capacidad para una ojiva nuclear. Este misil puede alcanzar la isla de Guam, donde EEUU tiene una de las más importantes bases militares en el Pacífico.

Según el análisis de Asia Times, "las pruebas fueron una advertencia a Estados Unidos en el sentido de que sus buques de guerra y los portaviones son vulnerables al cruzar el mar del Sur de China, o en caso de acudir en ayuda de sus aliados en las aguas en disputa con Pekín". En esa situación están países como Japón, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi e Indonesia.

Para China, la región del mar del Sur o Meridional es doblemente problemática. Por un lado, la hegemonía en esas aguas tiene un carácter estratégico militar, ya que es el espacio desde el cual puede sufrir una agresión, como ya sucedió en el pasado, con las flotas imperiales inglesa y francesa. Además, un tercio del transporte marítimo mundial atraviesa el mar del Sur de China, que representa el grueso de las exportaciones e importaciones del dragón.

La "libertad de navegación" que reclama Washington va en contra de la soberanía que reclama China, que está convirtiendo esas aguas en espacio de uso exclusivo de su Armada.

En opinión del periodista Jonathan Manthorpe de Asia Times, la retirada del Gobierno de Trump del tratado IRNF (Intermediate-Range Nuclear Forces) crea una situación extremadamente peligrosa. El tratado había sido firmado en 1987 por los presidentes de EEUU y la URSS, prohibiendo los misiles de hasta 5.500 kilómetros: "Se negoció y acordó debido a que tanto la Unión Soviética como la OTAN comprendieron que el despliegue de lo que se llamó 'armas nucleares tácticas' podría desencadenar una escalada de conflictos que llevaría a una guerra nuclear”.

La situación sería similar, en su opinión, a la que se vivió en Europa hace 40 años. Por eso concluye, con ironía, que "sería maravilloso creer que Xi y Trump tienen la misma sagacidad para hacer frente a los peligros de esta situación de la que tuvieron Reagan y Gorbachov".

Más allá de la ironía del periodista, hay dos elementos que son ciertos. El primero es que la situación puede llegar a ser dramática si las dos potencias que se disputan los mares del Pacífico no encuentran las vías del diálogo para resolver los problemas que, por ahora, denominan como "guerra comercial", cuando en realidad es una amplia disputa que abarca desde las tecnologías de punta hasta la hegemonía marítima y militar.

La segunda, es que China no deja de avanzar, paso a paso, en todos los terrenos, como lo demuestra la conversión del mar del Sur de China en algo similar a lo que los romanos llamaban "mare nostrum", en referencia al Mediterráneo.

 

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Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

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Gran Bretaña y EE.UU vuelven a agitar las aguas del Golfo Pérsico

Quién miente y quién dice la verdad en este conflicto cuyo objeto no es otro que el de obligar a Teherán a negociar el acuerdo nuclear del cual Washington se apartó.

 

Un imperio debilitado, azotado por sus arrancias políticas internas, enfrenta una crisis en uno de los lugares del mundo más críticos de la historia del siglo XX. El otro imperio, su aliado, está enfrascado en su nacionalismo grosero, sus alianzas regionales de dudosa eficacia, su guerra sucia contra Irán y su ineficacia en la escena internacional. Gran Bretaña y Estados Unidos vuelven a involucrarse en una crisis en el Golfo Pérsico que remite a las fracturas y reiterados enfrentamientos que tuvieron lugar después de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y el famoso episodio conocido como “la guerra de los tankers” que sacudió el estrecho de Ormuz en los años 80. Este corredor marítimo situado entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos (Golfo de Omán y Golfo Pérsico) es el pulmón por donde transita el petróleo y el gas que alimenta el sistema mundial y uno de los puntos del planeta donde se cristaliza otra confrontación respaldada por la Casa Blanca: Irán y Arabia Saudita. En 2018, por esa vía circularon 21 millones de barriles de petróleo bruto por día --ello equivale al 35% del petróleo mundial--, y una cuarta parte del suministro mundial de gas natural. A su vera está Arabia Saudita, segundo productor de petróleo, y Qatar, primer productor de gas licuado.

Como en el siglo XX, es muy posible que todo concurra a un nuevo desastre tal y como el imperio del Norte se ha empeñado en activar desde que decidió poner sus narices en esa zona del mundo para garantizar el suministro de petróleo y la perennidad de su alianza con Arabia Saudita. Washington, Londres y Riad llevan décadas y décadas intentado romper la hegemonía regional de Irán. Casi 70 años después de haber literalmente destrozado la región con el golpe de Estado fomentado en 1953 por la Casa Blanca y el M16 británico para derrocar al Primer Ministro nacionalista iraní Mohammad Mossadegh y poner a un lacayo en su lugar, el conflicto vuelve a encarnarse con los mismos actores y las mismas metas. Entre 1984 y 1987, cuando estalló la “guerra de los tankers”, se destruyeron en el Golfo Pérsico cientos de barcos. Luego, el 19 de octubre de 1987, un barco de guerra norteamericano, el USS Vincennes, derribó un Airbus de Iran Air con 290 pasajeros a bordo que se dirigía a Dubai. Ahora, todo regresa a su cauce conflictivo. Desde mayo de 2019, seis barcos fueron misteriosamente saboteados cuando ingresaban en el Golfo, hubo un dron norteamericano derribado, la intercepción, en aguas de Gibraltar, del petrolero Grace 1 y el arresto posterior de su tripulación y, volviendo al Golfo, la captura de dos buques británicos y acusaciones y amenazas cruzadas en todas las tonalidades posibles. Parece una remake de la década de los 80, espolvoreada en estos tiempos de trumpismo matonero e inoperancia de una Gran Bretaña sin capacidad de respuesta política racional a la crisis.

 La casi guerra del estrecho de Ormuz es también una guerra retórica que tiene, por razones recientes, un claro perdedor. Los mismos que en 2002 y 2003 organizaron la gran mentira de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en manos del ex dictador iraquí Saddam Hussein para invadir a Irak ocupan altos puestos en la administración Trump. Es el caso de John Bolton, a quien se considera el “armador” de las pruebas falsas contra Hussein que la administración del ex presidente George W. Bush presentó ante Naciones Unidas (lo hizo el ex Secretario de Estado Collin Powell). Bolton es actualmente consejero de Donald Trump para la seguridad nacional y figura junto a Mike Pompeo en el rango de quienes sólo contemplan soluciones por la fuerza. En cuanto a los medios que se han asociado al disparate de estos meses, basta con recordar que, en 2003, cuando se presentaron las fotos falsas y los diagramas fabricados sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el New York Times validó esas pruebas falaces con el ya memorable titular: “Inobjetable” (en Francia y Alemania los medios decían “es mentira”).

¿Quién agredió a quién ? ¿Quién miente y quien dice la verdad en este conflicto revisitado cuyo objeto no es otro que el de obligar a Irán a negociar el acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se apartó ?. El estrecho de Ormuz no escapa a un destino que se tensó a partir de los años 50. Ello lo convirtió en un volcán de agua estratégico. Tres crisis colocaron al estrecho en el ojo del mundo: el descubrimiento en Arabia Saudita (1951) del yacimiento de petróleo más grandes del mundo ( Ghawar): la crisis petrolera de los años 70 derivada, a su vez, de la guerra del Kippur entre Israel y una coalición de países árabes bajo el mando de Siria y Egipto: y, en 1979, la Revolución Iraní liderada por quien había vivido hasta entonces exiliado en Francia, el Ayatola Jomeini. La victoria en un Irán esclavizado de una revolución islamista en un país chiíta no hizo más que despertar los demonios adormecidos de las potencias sunitas de la región. Washington encontró al títere sangriento que fue Saddam Hussein para encargarse de la guerra: un sunita lo suficientemente obediente como para activar más tarde una guerra contra Irán y ahogar en un interminable río de sangre y represión a la mayoría chiíta de su país. Fue el mismo Hussein quien, en abril de 1984, extendió la guerra a las aguas cuando atacó los barcos petroleros iraníes en la isla de Kharg. Akbar Hachémi Rafsandjani, presidente en ese entonces del Parlamento iraní y posteriormente presidente de la República (1989-1997), advirtió: ”el Golfo Pérsico será accesible para todos o para nadie”. Fue accesible sobre todo para las armas con las cuales Irán e Irak trasladaron el conflicto al Golfo Pérsico: Mirage F1, misiles Exocet, aviones Phantom, Tomcat y Super-Etendard, minas anti navíos. La guerra de los tankers hundió centenas de barcos y sirvió de resorte para que Washington se insertara como salvador mediante el operativo “Earnest Will” (1987), con el cual “acompañó” a los petroleros que venían a buscar el oro negro a Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, los tres países del Golfo aliados de Saddam Hussein. Un avión civil derribado con 290 personas, más de 500 barcos destruidos a lo largo de cuatro años, cambios estratégicos en Irán y una guerra sin salida aplacaron el conflicto en las aguas del estrecho. Hubo, en los años siguientes, brotes de crisis semejantes a la de hoy. Cuando en mayo de 2018 Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní las cartas ya estaban mezcladas: el estrecho de Ormuz volvería a ser un detonador. Sólo que entre los años 80 y 2019 los actores-compradores no son los mismos: el 76% del petróleo que transita hoy por el estrecho va hacia China, Japón, Corea del Sur y la India. A medida que aumente el riesgo, subirá el precio del petróleo, el de los transportes y los seguros. Tal vez un ramo de razones suficientes para que alguno de los imperios de Oriente le diga al imperio de Occidente y su colérico emperador que ya es hora de dejar de jugar al Far West en aguas estratégicas.

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Marcha-carnaval, San Martín-Cesar

Una de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.

Iván Duque tiene la presidencia hipotecada.

En efecto, el entonces candidato llegó a afirmar que en Colombia existe la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” (https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx). Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil.

Veamos por qué:

En primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70 municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/galeria/asi-fue-la-marcha-carnaval-contra-el-fracking-y-la-mineria-contaminante/44504). A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una manifestación política que demuestra la transformación social que se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No sólo fue una marcha más en el país, sino una concentración con fines políticos de llevar la cuestión del fracking a la agenda de lo público y generar un debate de altura frente a los daños que trae consigo esta técnica.

 Sumado a la toma de conciencia política, la implementación del fracking tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura. En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en el inicio del segundo semestre de 2019 (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Por esa razón, miembros de la comunidad académica, enviaron una carta a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, solicitando más tiempo para el análisis de las implicaciones del fracking, pues debe tenerse en cuenta en su dimensión integral que incluya no sólo variables biofísicas sino también elementos socioeconómicos, ambientales y culturales.  

 Desde esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacional tendrá un importante papel para defender al país de la fracturación hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente (https://conexioncapital.co/habra-fracking-en-colombia/). Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia (https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/06/28/fracking-colombia/). Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de hidrocarburos.

 Siguiendo esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa un 35% del PIB en Colombia (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de explotación ha sido aceptada.

 En contraste con la postura del gobierno y los economistas de ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se concentran en tres aspectos. Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque –candidato. En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria, pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato). Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica. No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas (https://www.youtube.com/watch?v=1DhF9xPZfYo), sino además por las emisiones que contaminan el aire.  

De hecho, las razones otorgadas por el Consejo de Estado para suspender provisionalmente la reglamentación de los yacimientos no convencionales estuvieron relacionadas con el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la afectación de la salud, aún más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180) (nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván Duque-candidato).

Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable (https://www.dinero.com/pais/articulo/en-que-quedo-el-fracking-luego-de-la-audiencia-del-consejo-de-estado/273006). De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la aceptación de la técnica.

 Por esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y complicada, pues diversos sectores harán presión para que se logre la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la salud humana y la calidad del medio ambiente. Otro de los elementos que debe considerarse es el aumento de la brecha social históricamente generada en los municipios petroleros. En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos” (https://www.vanguardia.com/economia/local/brecha-social-clave-para-aprobacion-de-fracking-en-santander-AF1135662).

Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque. Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.

El concepto técnico de los expertos de la Universidad Nacional marcará un antes y un después en la historia ambiental del país. De las recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del fracking en el país. Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas.

Con todo, la batalla por el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña, cuando no le debía la presidencia a nadie.  

 

LA LUCHA CONTINÚA: NO AL FRACKING EN COLOMBIA

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Estados Unidos envía tropas a Arabia Saudita

Crece la tensión con Irán en el Golfo Pérsico

 

Estados Unidos desplegará soldados en Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con Irán, que hacen temer un conflicto. Con esta medida los aliados pretenden garantizar la estabilidad en la turbulenta región del Golfo, según pudo leerse en comunicados separados presentados desde Ryad, capital de Arabia Saudita, y del Comando militar central de Estados Unidos (Centcom). 

Si bien no revelaron el número de tropas que serán desplegadas en el reino, ubicado a unos 200 kilómetros de las costas de Irán, los medios estadounidenses revelaron que 500 soldados se asentarán en la base aérea militar Prince Sultan, al sur de la capital saudita. El anuncio se realizó un día después de que las fuerzas armadas iraníes notificaran la confiscación de un buque petrolero británico en el estratégico estrecho de Ormuz en el Golfo, por donde transita un tercio del petróleo que se comercializa por vía marítima, aumentando las previsiones de conflicto.

"Basado en una cooperación mutua entre Arabia Saudita y Estados Unidos y en su deseo de reforzar todo lo que pueda preservar la seguridad de la región y su estabilidad el Rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidense", indicó el ministerio de Defensa saudita. “Para Estados Unidos el despliegue tendrá un efecto disuasorio suplementario y reforzará nuestra capacidad para defender a nuestras tropas y nuestros intereses en la región frente a amenazas emergentes y creíbles", añadió.

"El rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidenses con el fin de aumentar el nivel mutuo de cooperación para preservar la seguridad de la región y su estabilidad, y garantizar la paz", indicó un portavoz del ministerio de Defensa saudita, citado por la agencia estatal SPA.

El viernes la tensión volvió a aumentar en la región del Golfo. Irán anunció la confiscación de un petrolero con bandera británico en el estrecho de Ormuz por "no respeto del código marítimo internacional". Horas antes, Trump había anunciado que un barco estadounidense, el USS Boxer, derribó en el Golfo un avión no tripulado iraní que se aproximó peligrosamente al navío. "Su dron se acercó demasiado a nuestro barco. Si los drones se acercan mucho, los derribaremos", sentenció.

Desde Irán negaron que el avión no tripulado perteneciera a sus fuerzas armadas. De hecho, el vicecanciller iraní, Abas Araqchi, redobló la apuesta al afirmar que tal vez el gobierno norteamericano derribó a uno de sus propios drones.

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se deterioraron sensiblemente en mayo de 2018, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015 y reimpuso duras sanciones contra el país asiático. Ese acuerdo firmando entre Teherán y el Grupo de los Seis (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) tras varios años de esfuerzos, preveía una limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian a su economía. En respuesta a la salida del acuerdo del gobierno norteamericano, Irán también comenzó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos, buscando de esa manera forzar a sus socios a salvar el pacto.

Además, Trump y su aliado Arabia Saudita acusaron a Irán de atacar a petroleros y drones en el Golfo desde mayo de este año. Desde el Pentágono anunciaron que estaban planeando una coalición internacional para escoltar a los buques comerciales en el Golfo. Irán negó estas acusaciones y amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en caso de ataque.

La última vez que Arabia Saudita alojó a soldados estadounidenses fue en 2003, cuando estos se retiraron tras el fin de la guerra contra Irak. Ryad acogió a las fuerzas estadounidenses, principalmente aéreas, durante 12 años, desde la operación "Tormenta del desierto" de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, y hasta el fin de la guerra de 2003, en la que se derrocó a Sadam Hussein.

En la base Príncipe Sultán, a unos 80 km al sur de Ryad, llegaron a estar estacionados 200 aparatos estadounidenses, en el punto máximo de las operaciones durante la guerra en Irak. Cada día se gestionaban más de 2.700 misiones desde los cuarteles generales de Arabia Saudita. En contrapartida a la presencia de militares estadounidenses, estos formaban a sus homólogos sauditas.

No obstante, las relaciones entre los dos países durante esos 12 años de cooperación no siempre fueron buenas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, orquestados por Osama bin Laden, de origen saudita.

La administración Trump recibió críticas en su país por sus escasos esfuerzos para castigar a Arabia Saudita, después del asesinato el año pasado del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Trump alabó reiteradamente al poderoso príncipe heredero saudita y ministro de Defensa del reino, Mohamed bin Salmán.

El jefe del Centcom, Kenneth McKenzie, se comprometió a trabajar enérgicamente para garantizar la seguridad marítima en las aguas estratégicas del Golfo durante una viaje que realizó el jueves a la base aérea Prince Sultan. La visita se produjo después de que la Cámara de Representantes estadounidense votara a favor de bloquear 8.100 millones de dólares en venta de armas al reino y otros aliados, lo que probablemente será vetado por Trump.

Según los analistas, el despliegue pretende fortalecer los lazos entre Washington y Riad, especialmente las deterioradas relaciones militares. "Estas tropas están allí para preparar la base aérea Prince Sultan para el posible despliegue de un escuadrón aéreo", sostiene el analista Andreas Krieg, profesor del King's College de Londres. "Estados Unidos intenta aumentar sus opciones militares en caso de un ataque a Irán. Para el príncipe heredero se trata de mostrar que Estados Unidos sigue siendo un importante garante de la seguridad y está comprometido con la seguridad saudita", subraya Krieg.

"Los sauditas le dicen a Washington: si se quedan con nosotros, nos quedaremos con ustedes", analiza James Dorsey, investigador en la S. Rajaratnam School of Internacional Studies de Singapur. "Los estadounidenses están intentando decir: los respaldamos", añade.

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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, participa en Buenos Aires de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. AP

Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos han creado un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la Triple Frontera entre los tres países latinoamericanos, una zona turbulenta donde, según diversos servicios de espionaje, la organización libanesa Hezbolá recauda fondos para sus actividades en el continente. El anuncio coincide con la visita a Buenos Aires de Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, y con la crisis entre Washington y Teherán. Hezbolá, que acaba ser incluido en la lista de organizaciones terroristas por el gobierno argentino, está directamente vinculado al régimen iraní.

 

Pompeo viajó a Buenos Aires para participar en la conmemoración de los 25 años del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas. Tanto Estados Unidos como Argentina acusan a Hezbolá de haber cometido el ataque, impune hasta la fecha, y consideran que el responsable directo de la matanza fue el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel Salman El Reda, miembro de Hezbolá y casado con una ciudadana argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que recompensará con siete millones de dólares a quien facilite información sobre el paradero de Salman, quien supuestamente se encuentra en Líbano.

Los gobiernos de Washington y Buenos Aires, ambos conservadores, parecen vivir un idilio intenso. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió a Mauricio Macri por haber incluido a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, lo que permitirá bloquear cuentas corrientes vinculadas a la organización. Mike Pompeo, en Buenos Aires, afirmó que Hezbolá mantenía “una presencia fuerte y amenazante” en el cono sur latinoamericano y llamó a “todos los países a seguir el ejemplo argentino”. “Entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”, dijo. El grupo de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera se reunirá antes de fin de año en Asunción (Paraguay) para establecer su estructura de funcionamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurie, indicó que Hezbolá mantenía vínculos con la guerrilla colombiana y con los restos de Sendero Luminoso en Perú, y constituía “un peligro para la región entera”.

Todo hace pensar que la buena relación personal entre los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri ha propiciado un intercambio de favores. El canciller Faurie agradeció en presencia de Pompeo “el apoyo de Estados Unidos durante nuestras dificultades financieras”. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, que en septiembre pasado prestó 57.000 millones de dólares a Argentina (la mayor ayuda proporcionada nunca por el organismo) y desde entonces ha atendido todos los ruegos procedentes de Buenos Aires, en especial los referidos al uso de parte de los fondos concedidos para frenar la devaluación del peso respecto al dólar.

Mientras la Casa Blanca respalda a Macri, que necesita un mínimo de estabilidad macroeconómica para tratar de ser reelegido en las elecciones presidenciales de octubre, éste se alinea firmemente con la Casa Blanca en todas las cuestiones diplomáticas, incluyendo las iniciativas antiterroristas. Tradicionalmente, la proximidad a Washington no solía reportar buenos resultados electorales para los gobiernos argentinos; tal vez, como proclamó Mike Pompeo, “los tiempos están cambiando”.

La cercanía entre ambos gobiernos ha hecho que la Casa Blanca autorice la publicación de los datos de la CIA sobre el atentado contra la AMIA, lo que es considerado en Buenos Aires como una muestra de confianza. Según la CIA, no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá, “con el apoyo de Irán”. La CIA considera que personal diplomático iraní trabajó estrechamente con los tres grupos de Hezbolá (el de información, el de ejecución y el encargado de borrar pistas) que organizaron y cometieron el atentado de 1994.

El diario argentino Infobae informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había telefoneado al presidente Mauricio Macri para agradecerle la inclusión de Hezbolá en el listado de organizaciones terroristas.

Buenos Aires 19 JUL 2019 - 18:02 COT

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