20 de julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali

Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.

La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.


En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.

Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Tránsito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.


El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la "Loma de la dignidad", donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).


Paso del aguante

Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicolás Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percató de la presencia de personas desconocidas, según nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicolás Guerrero –asesinado en el mes de mayo–, “entre esas personas, dicen, que uno sacó un arma y le disparó a la policía, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo quedó nublado, nadie veía nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qué la policía no cogió a la persona que les disparó de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pasó en la calle corriendo de los gases”.


Según Laura, el actuar de la “fuerza pública” era completamente arbitrario, así como agresivo, pues en ningún momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediación de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuraduría, defensores de derechos humanos y la ONU), que los policías y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando había pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvió con más fuerza.


“Cuando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permitían acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqué como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrimé como la mamá de Nicolás y me planté en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situación me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qué era, se empezó a reír y no dieron ninguna explicación.


Al final llegó a mediar el secretario de educación e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la policía, el secretario de educación y chicos de la primera línea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos”.


Noche de terror

Los ánimos estaban caldeados desde la incursión a la biblioteca Nicolás Guerrero. En el barrio Alcázares, junto al cementerio del norte, los jóvenes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos después de la agresión contra el espacio comunitario que genero indignación y rabia. Mundo, un joven primera línea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que llegó la noche la situación empezó a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los jóvenes:

“Heridos de fusil hasta donde conté y pude cargar fueron cuatro, pero sé que fueron muchos más, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo más impresionante que vi fue cuando llevábamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, teníamos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos más, nos tocó dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ahí nos empezaron a dar más bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, habían heridos por todo lado.


Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la policía. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grabé donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegué a las 2:30 de la mañana, hasta esa hora ellos seguían con el cuerpo, ahí cometí el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empezó el paro me echaron de la casa”.


*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur

1. Ver: https://www.facebook.com/canal2cali/videos/4453892187974614
2. Ver: https://www.facebook.com/kevinandres.canavalvalencia/videos/320730333061858/

 

Videos relacionado:

https://twitter.com/caliresiste_pn/status/1417664661256818691?s=20

 

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Los jóvenes populares de Cali viven el más crudo terrorismo de Estado ante la mirada del “país político”

En la ciudad de Cali, el pasado 9 de junio, nuevamente la juventud popular que se manifiesta en distintos puntos de resistencia vivió un abierto tratamiento de guerra ante su levantamiento, el mismo que puede denunciarse como terrorismo de Estado. Y así puede calificase pues los métodos utilizados por parte de sus órganos policiales y militares pasan por encima de todos los derechos humanos, colocando en riesgo constante la vida de los jóvenes y las comunidades que habitan los barrios.


Aquel día, en el oriente de Cali fue donde se vivió la situación más compleja. En aquella coordenada están localizados los barrios Andrés Sanín–7 de Agosto, lugar estratégico para los jóvenes ya que conecta a un nuevo punto de resistencia bautizado como “La virgen de la resistencia”, con el “Puente de las mil luchas”. Según testimonios de sus pobladores, en esta zona la “fuerza pública” utiliza la estación del sistema de transporte MIO de Andrés Sanín, ubicada en la Avenida Cali, como centro de detención de jóvenes, también como base para concentrar tropas y guardar armamento, motos, tanquetas y patrullas.

La vida no vale nada

“Estoy golpeada pero bien. El hostigamiento empezó desde el mediodía, llegaron de una disparando, ahí la gente empezó a resguardarse y después comenzó el enfrentamiento de balas contra piedras. Empezaron a querer dispersarnos del punto con gases lacrimógenos y también empezaron a disparar con los perdigones y balas, no respetaron a nadie. Da pesar ver todo lo que la Policía hace, esos ya pasan por encima de los defensores de derechos humanos, medios de comunicación y habitantes del barrio”.


Así relata lo vivido una fuente cercana a desdeabajo, quien nos dice que la situación en términos de derechos humanos cada vez es peor: “Los heridos que tuvimos a la altura de Andrés Sanín–7 de agosto, fueron alrededor de 35, también hubo 2 asesinados y 6 capturados”.


Elkin Fernández Vélez fue una de las víctimas del terrorismo de Estado y según el relato de la primera línea que prefiere mantenerse en el anonimato por temas de seguridad: “El señor recibió un impacto de bala en el rostro, la bala le entró entre el ojo y el tabique. En el momento de socorrerlo el Esmad empezó a lanzar gases a la zona donde estaba el cuerpo, de ahí se saca y se logra estabilizar por la brigada médica, pero al momento de llevarlo a un centro médico tiene un paro respiratorio y fallece”.


Una realidad espeluznante. Una defensora de derechos humanos en una entrevista difundida por internet* cuenta que al llegar al hospital con el cuerpo de Elkin, la mamá del joven, quien sería una señora adulta mayor, les dice: “me mataron a mi hijo ¿quién me lo va a devolver?, ¿ahora qué voy a hacer?, no tengo ni siquiera para enterrarlo”.


La otra víctima fatal, al parecer, es un joven que posterior a su asesinato es incinerado por los “agentes del orden” y después arrojado a un caño.


Si esto sucede en medio de acuerdos pactados entre la alcaldía de CalI y los jóvenes de la Unión de Resistencias Cali –primera línea somos todos–, como también en medio de la visita de la Cidh a Colombia, y bajo las cámaras y ojos de diferentes medios de comunicación locales e internacionales, imaginemos el terror que deben padecer a diario estos jóvenes por parte del Estado. Diabólico, sin duda.


“Nos sentimos muy indignados porque cada vez hay más violencia y menos respeto por la vida. No tienen ni ley ni orden. No respetan los acuerdos que se hacen, en los que se establece que respetarían los puntos, parando los hostigamientos por parte de la Policía y el Esmad. En este momento estamos discutiendo cómo vamos a proceder como Unión de Resistencias Cali –URC– frente al incumplimiento; necesitamos tener un dialogo verdadero para ver cómo se van a respetar los acuerdos”, nos dice con contundencia nuestra entrevistada.

 

 

 

 


Tratamiento de guerra contra la población civil


El punto de resistencia del Paso del comercio, rebautizado como “Paso del aguante” también ha vivido el terrorismo de Estado con su rostro de brutalidad policial, militar y paramilitar permanente. Ejemplo de esta situación queda recogido en la denuncia formulada por la Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, a propósito de los hechos acaecidos el pasado 4 de junio, cuando se realizó un “operativo combinado entre la POLICIA NACIONAL, ESMAD, GOES y EJERCITO en contra de los manifestantes y la comunidad del sector, que dejó el lamentable resultado de cuatro (4) jóvenes asesinados por arma de fuego, más de 20 heridos, uno de gravedad, más de quince (15) jóvenes aprehendidos arbitrariamente, detenciones ampliamente ilegales por el uso desmedido de la fuerza, tratos crueles y degradantes a los que fueron sometidos, tres allanamientos arbitrarios, prensa agredida y amenazada, misiones médicas atacadas, desapariciones forzosas y hostigamiento permanente a la comunidad”.


Desde el testimonio de otra fuente cercana a desdeabajo, integrante de una de las barras de uno de los equipos de fútbol de la ciudad de Cali, quien también prefiere el anonimato a correr el riesgo de ser señalado, reseñado y puesto entre ojos por quienes dicen que están instituidos para la protección de toda la sociedad, pero que en los hechos hacen todo lo contrario, recrea un contexto de lo que sucede desde su mirada en la ciudad:


“Aquí les habla un servidor que ha estado en esta lucha de manera frontal. Uno ya no sabe por dónde empezar, un prólogo que podría hacer entender la dimensión de la situación es que aquí estamos viviendo la intención de criminales que por medio del narcotráfico quisieron manejar este país, situación denunciada por personas como Luis Carlos Galán quien sería asesinado por estos mismos actores del conflicto que hoy en día ya se posicionaron. Cali hoy sufre una arremetida paramilitar ejecutada por líderes regionales que hacen carrera para cumplir con los lineamientos de Álvaro Uribe.


Otro contexto podría ser que prácticamente esas masacres de hace tantos años, como la de las Bananeras, o más recientes como las de Córdoba o los Montes de María, que creíamos que eran de otro país, llegaron a nuestros ojos y a nuestra ciudad, la cual podemos decir es prácticamente la más rebelde contra el uribismo. Aquí nosotros desde el 28A sí salimos a cerrar los pasos para presionar, pero para que empezara rápido una negociación y unas mesas, para que las mismas empresas presionaran al gobierno para que se sentara, pero esto no sucedió así, al contrario, esto se miró con morbosidad, medio se vislumbraba que esto iba a ser de un arremeter fuerte, pero muchas personas no se imaginaban que esto podía ser una masacre; pero así fue.


Desde el 2 y 3 de mayo empezó la decisión de disparar y matar a la gente. Esto se da porque aquí el Esmad perdió la pelea en la calle. Por más lacrimógenos y sistemas Venom que tuvieran la gente les aguantó, entonces decidieron de manera sucia cambiar el formato a una cosa más infame y más bárbara, empezaron a disparar con Goes, Policía y gente de civil que se les dice hoy “gente de bien”, así empezaron las cosas y así empezaron las muertes. Aquí hay una pelea absolutamente desigual, no hay garantías de noche, fuerzas oscuras llegan en camionetas disparando, mandan sicarios en moto, allanan y sacan personas de sus casas en las noches y así.


Aquí muchos la hemos sacado barata, yo solamente tengo un impacto de capsula que me quedó en una pierna, pero hay gente que la ha sacado muy grave, hay muchachos que tienen el rostro desfigurado, estamos hablando de más de un centenar de heridos de consideración, hay gente que la bala de fusil le ha entrado y salido en alguna parte del cuerpo, así mismo están las personas que habitan zonas residenciales donde viven las gaseadas permanentes que han generado hasta la muerte de algunas personas, como fue el caso de la unidad residencial Balde Peñas, en el norte de la ciudad.


Aquí nuestra primera defensa fue el internet, fue sacar tu celular para grabar y mostrarle al país y al mundo lo que estaba pasando. Allí evidenciamos que no se necesitan para nada los medios acomodados y pagos al servicio del establecimiento”.


El país político y el país nacional


Mientras acontece esta situación en la ciudad de Cali, así como en otras ciudades y regiones del país, dirigentes políticos alternativos manifiestan no estar de acuerdo con los bloqueos en las protestas. Su calciulado razonamiento es que esta coyuntura deberá fortalecer las elecciones presidenciales del 2022. Otros van cediendo y empiezan a desbloquear vías.


Un ejemplo claro, ejemplificante, de aquella diferencia entre país político y el país nacional realzada por Jorge Eliecer Gaitán. Es un real divorcio entre las dinámicas y aspiraciones de las gentes pobladoras de las barriadas populares y quienes actúan con la mente puesta en el control del gobierno.
Una realidad escandalosa, ante la cual una de nuestras fuentes primera línea responde de manera contundente:


“Como te dije hace varios días, a nosotros el Comité de Paro no nos está representando y hemos hecho varios anuncios sobre ello. Las decisiones que ellos tomen son totalmente arbitrarias, ellos las están tomando por beneficio propio. Nunca el Comité vino a alguno de los puntos a preguntar ¿qué necesidades tienen los pelados?, ¿por qué están aquí?, ¿qué necesidades tiene el pueblo o la mamá de los jóvenes que están ahí parados?


Ellos simplemente están hablando como queriendo buscar ese convenio ilegal, porque para mí es algo como ilegal porque están haciendo acuerdos que no están relacionados con todo el pueblo. Tienen la soberbia de creer que aquí es llegar a decir: “bueno, como yo soy el Comité del Paro, entonces yo los dirijo a todos” ¡No señor! Aquí nosotros seguimos en pie de lucha, aquí lo único importante es lo que nosotros como Unión de Resistencias Cali –URC–, saquemos como comunicados públicos, eso es lo que estamos conversando. Aquí literalmente estamos los voceros de cada uno de los puntos de concentración que existen en la ciudad. El CNP sigue haciendo acuerdos sin tener presente un sector del pueblo ni de los jóvenes, mucho menos tienen en cuenta a todos los muertos, heridos, desaparecidos y demás que hemos tenido.


Aquí ya los muchachos están peleando es por el hecho de hacer respetar tanto a sus muertos, como por seguir luchando por sus derechos, aquí en cada confrontación siempre hay heridos y muertos, entonces el acuerdo al que llegue el CNP es totalmente para beneficio de ellos, porque a nosotros no nos beneficia en nada. El hecho que están diciendo que van a desbloquear da risa, no sé si es que se van a venir ellos a desbloquearnos o es que ¿algún día se han parado en la primera línea? De aquí no se mueve ni la más mínima piedra hasta que por lo menos el gobierno respete la vida de los jóvenes, dejen tanto acoso en los puntos de concentración y por fin muevan a los militares de la ciudad; hasta entonces el paro sigue, los bloqueos siguen, y si nos van a seguir afectando más, pues nos vamos a agrandar más en bloqueos, es así de simple”.


El escenario está abierto y no hay más ciego que el que no quiere ver. La situación demanda hoy un actuar diferente para encontrarse con estos jóvenes ¿Perderán el apoyo de estos sectores populares quienes se autodenominan el cambio verdadero en el país? ¿De qué lado del poder caminarán?


*Ver: https://www.facebook.com/jahfrann/videos/532857871064560

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Evaluará la CIDH 584 quejas de abuso durante las protestas en Colombia

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Colombia, la mayoría cometidas por elementos de la fuerza pública, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

La oficina del ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre la cruenta represión a las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

"Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en 73 por ciento se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese total 98 por ciento son atribuidas a la Policía Nacional", indica el texto compartido a la prensa.

Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 presuntos casos de homicidio", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

El Comité Nacional del Paro señaló antier que al menos 77 personas han sido asesinadas presuntamente por elementos de la fuerza pública.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.

La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos contra los manifestantes.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 actos de violencia de género y 3 mil 144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas, en los cuales "el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye 53.73 por ciento de los atropellos".

Los manifestantes exigen una reforma a la formación policiaca y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

El Comité Nacional del Paro, la organización más visible de los manifestantes, suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.

Afp

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Viernes, 21 Mayo 2021 16:02

Yumbo: Terror y silencio

Yumbo: Terror y silencio

Durante los días 16-17 de mayo un significativo grupo de personas que habitan el municipio de Yumbo padecieron en carne propia la acción directa de la “cara amable del Estado”. Una situación ya vivida, conocida y parecida, en algunas ocasiones de manera reiterada, y multiplicada, día a día, desde el 28 de abril cuando Colombia entró en estado de paro nacional y/o alzamiento juvenil/popular.

Un despliegue brutal de fuerza que arrojó como resultado final 3 personas asesinadas, numerosas lesionadas, otras detenidas, amenazadas, y un ambiente de zozobra sobre el valor de la vida, ahora negado por la mal llamada “fuerza pública” . (Ver Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno).


Una realidad tal que afectó, incluso al defensor permanente de DDHH de Yumbo, Rodrigo Vargas, quien fue impactado con un proyectil de balines en una de sus manos mientras se encontraba realizando su correspondiente veeduría en una de las manifestaciones.


“Llevaba mi chaleco distintivo cuando sentí el impacto en la muñeca y rápidamente mi mano se adormeció”, respondió en entrevista con desdeabajo. Aunque la herida no fue de gravedad, sí evidencia la inexistencia de garantías para que quienes realizan veedurías en diferentes aspectos y niveles, puedan ejercerlas a cabalidad, como refleja el grado de fuerza desplegado por parte del Estado.


El domingo 16, en Cali y de manera simultánea, en el sector conocido como Puerto Resistencia, quienes han logrado mantener allí un territorio de dignidad y referencia local y nacional en la lucha por vida digna en Colombia, entregan al país sus demandas, tanto nacionales como locales, para darle paso a una negociación así como a un final feliz al paro nacional.


Mientras sus propuestas eran leídas, como si parecía una reacción llena de rabia, la mal llamada “fuerza pública” atacaba en Yumbo con toda su potencia. Más gente presa, para atestar sitios de reclusión, en especial la conocida como “Mega estación del horror”, como la nombran con temor los pobladores del municipio.


Según cuentan hacia tal sitio han sido dirigidas decenas de personas retenidas en las transcurridas jornadas de paro, muchos capturados en procesos con carácter irregular y arbitrario, siendo sometidas al oprobio de los malos tratos y la tortura, como la padecida por Jesús Arnoby Bolaños joven que fue detenido en proceso irregular y padecimiento que pudo ser documentado por defensores de DDHH locales.


Son tales las proyecciones de la cantidad de personas que serán detenidas durante estos días de resistencia y demanda de negociación del pliego de exigencias levantado a nivel nacional y como local, que el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, confirmó que 70 reclusos fueron trasladados de manera urgente –servidos para ello de transporte en helicóptero–, de esa estación a otros centros regionales para evitar la “congestión”.


Violencia, acción autoritaria desde el poder y sus cuerpos protectores, que el miércoles 19 dejó su huella de muerte de nuevo en Cali. Tal y como lo testimonia Luis Alfonso Mena, director de “Periodismo libre”, ese día la víctima fue “ […] Angie Johanna Valencia Ordoñez, quien se dirigía con un familiar a su lugar de residencia, en el sector de Calipso, en el oriente de Cali, y quien recibió tres impactos de arma de fuego”.


Y amplia el periodista a partir del testimonio de los familiares de la asesinada:“[...] el homicidio ocurrió hacia las 10:30 de la noche cuando numerosos policías incursionaron en el sector de la Autopista Sur Oriental, cerca al Almacén Éxito, disparando a diestra y siniestra.
 
Los familiares de Angie Johanna revelaron que la joven recibió un disparo en la cabeza, que los policías no dejaron que fuera auxiliada y que, por el contrario, fue rematada con otro tiro en el pecho y uno más en la cabeza”.

Un despliegue de “la cara amable del poder” que no da respiro en algunos barrios de Bogotá, pero también en otros de Bucaramanga, Pasto, Medellín y otras ciudades, así como a lo largo del tendido de autopistas nacionales en las que persisten numerosos bloqueos por parte de transportadores con los cuales el gobierno nacional no logra acuerdo alguno.

Una realidad que de nuevo ha potenciado la reacción de los gremios económicos que no dejan de exigir al gobierno despejar las vías pues “la economía del país no resiste más”, es decir, sus ganancias están de caída.

Como halo de esperanza y señal inequívoca que el alzamiento social brinda frutos, llega la noticia –el mismo 19 de mayo– que el proyecto de reforma a la salud no tuvo quien lo siguiera defendiendo en el Congreso de la República. Otra perdida para el gobierno y para sus aliados, en este caso el partido Cambio Radical y los defensores de un sistema de salud controlado por y beneficiador de poderosas empresas del sector.

La caída de la reforma abre la ventana para la necesaria movilización por la transformación de la Ley 100, centro de la privatización de la salud. Es decir, el logrado en este particular es un triunfo parcial, aunque importante por las señales de diverso tipo que envía a la saciedad colombiana.


Sucesos de violencia y terror, de presiones de los poderes económicos, militares y políticos, que van de la mano con el pulso que viven el Comité Nacional del Paro y el gobierno nacional para darle forma a la negociación de las exigencias recogidas en el pliego de emergencia entregado hace más de un año, y que ahora también recogerá especificidades surgidas a lo largo y ancho de la protesta que conmociona a Colombia. Negociación que al mismo tiempo deberá asumir sus particularidades territoriales y concretar otras negociaciones de tal nivel, como lo exigen diversidad de colectivos que mantienen viva la protesta con cierres de sus territorios y demanda de diálogo con delegados del gobierno central.

Un pulso que tras tres jornadas de expresar sus intereses y exigencias, desde el derecho a la protesta y la desmilitarización del tratamiento de la misma por parte del gobierno, y de no a los bloqueos por parte de los voceros oficiales, abre una nueva sesión el viernes 21 de mayo y en la cual todo parece indicar se llegará a un punto de acuerdo que de paso a definir la metodología y demás formas necesarias de precisar para que la negociación tome buen ritmo.

Un proceso, en todo caso, que seguirá en medio de nuevas jornadas de movilización nacional, como las citadas por el Comité Nacional de Paro para el próximo 28 del mes en curso, a un mes de iniciado el alzamiento social.

Ante esta perspectiva y como todo lo indica, la negociación, tanto con el Comité Nacional como con la diversidad de procesos locales vivos a lo largo y ancho del país –y que no alcanza a representar la mesa que se instale en Bogotá–, será un largo proceso. Una realidad que abre retos, por ejemplo, estimular la apertura de cientos de mesas deliberativas por todo el territorio nacional para que el paro y alzamiento social se traduzcan, además de triunfos como los hasta ahora obtenidos, en un enraizamiento social que de paso en el futuro, ojalá no lejano, a reales poderes locales y regionales de nuevo tipo.

 

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La vacuna Nº53: Más que un paro nacional, un alzamiento juvenil y popular
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Aserrín, Aserrán... ¡Viva el paro nacional!
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Colombia ¡Masacre!
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Las víctimas se manifiestan en el marco del Paro Nacional

Las víctimas del conflicto colombiano denuncian incumplimientos y revictimización

 

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021. En el marco del actual Paro Nacional en Colombia, las víctimas del conflicto armado se unen para manifestar las faltas de garantías de seguridad y el irrespeto a la vida de los líderes y lideresas sociales de Colombia. En lo recorrido del presente año se han denunciado aproximadamente 60 asesinatos a nivel nacional, sin contar los que se han presentado durante las protestas de los últimos días.

Es hora de un cambio, donde solicitamos la garantía y el cumplimiento a los derechos que nosotros las víctimas tenemos y una reestructuración de la Unidad de Víctimas, además de la renuncia irrevocable del cargo del Director Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Es hora de que las víctimas hagamos valer nuestros derechos” expresó un grupo de Víctimas de la Unidad de Víctimas.

Denuncian la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque a sus derechos y la revictimización a la que son sometidos, exponen la falta de gestión y compromiso de la Unidad de Víctimas, una institución que surge a partir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), la cual dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Por lo anterior, han decidido movilizarse y hacer un llamado a todas la víctimas, a las organizaciones y a la ciudadanía a nivel nacional para que los acompañen el próximo miércoles, 19 de mayo a las 9:00 a.m. en el monumento del Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, ubicado en la carrera séptima con calle 39, punto de partida para iniciar un recorrido hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Pliego de peticiones: víctimas de la Unidad de víctimas

1. Reconocimiento jurídico y político como población de víctimas, como centro del incumplimiento del Acuerdo de Paz.

2. Renuncia del Director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, por incumplimiento y presunta desviación de recursos.

3. Reestructuración de la Unidad de Víctimas:

  • Eficiencia en los canales de atención de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, asegurando un trato eficaz y respetuoso.
  • Integración de las víctimas del conflicto armado en los canales de atención y resolución de la Unidad de Víctimas.
  • Cumplimiento y rendición de cuentas de indemnizaciones a la víctimas.

4. Programas de desarrollo y empleabilidad, con el fin de generar autosostenibilidad económica de las familias víctimas del conflicto armado.

5. Garantías de educación superior gratuita para las víctimas del conflicto armado.

6. Vivienda de interés prioritario a las víctimas del conflicto armado.

7. Creación y vinculación de un grupo específico dentro del SISBEN de la población en calidad de víctima del conflicto armado.

8. Exigibilidad de la participación política del grupo de víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República con las 16 curules pactadas en los Acuerdos de Paz.

9. Garantías de no repetición del conflicto armado.

 

Para más información:

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https://soundcloud.com/victimas-de-la-unidad-de-victimas

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