Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

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Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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Cómo combatir epidemias y mejorar la vida en las ciudades europeas y latinoamericanas

Las ciudades y los territorios son organismos vivientes que pueden ser modificados por las enfermedades. Alrededor del año 5 500 a. e. c., los humanos abandonaron la caza y la recolección por la agricultura y el sedentarismo y comenzaron a construir aldeas. En ellas se incrementaron la parasitosis y la tuberculosis, transmitidas por el contacto estrecho entre personas o mediante el agua contaminada, entre otros factores.

Las tentativas de vencer a las epidemias y las tecnologías empleadas para ello se plasman en las ciudades. Algunos de los desarrollos más emblemáticos en planeamiento urbano, como los sistemas sanitarios en los países europeos del siglo XIX, surgieron como respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas: el cólera, la viruela y el tifus, entre otros.

A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, las ciudades occidentales experimentaron un crecimiento de habitantes procedentes principalmente del ámbito rural relacionado, entre otros factores, con la nueva industrialización. Junto con la densificación, se acentuó el deterioro de la estructura física de las ciudades.

El hacinamiento, la pobreza, la carencia de servicios públicos y la degradación de las condiciones higiénicas se convirtieron en un caldo de cultivo de epidemias. Surgió entonces el higienismo, un movimiento europeo arquitectónico y urbanístico, como resultado de las investigaciones de médicos y políticos en el siglo XIX y principios del XX.

Gobiernos y empresarios acusaron la necesidad de mantener determinadas condiciones de salubridad en las urbes mediante la instalación de agua corriente, cloacas, iluminación en las calles y modificación del trazado urbano.

La ciudad de Barcelona es un caso icónico. Ante los crecientes problemas de salubridad, se decidió derribar los antiguos muros y diseñar el Ensanche en el terreno circundante. Ildefons Cerdà trazó una cuadrícula con calles anchas, chaflanes y diagonales. Concibió parcelas abiertas a frente y contrafrente, y una baja densidad poblacional para garantizar condiciones de higiene y salubridad.

Las nuevas construcciones gozaban de ventilación y asoleamiento, y de los últimos progresos en alcantarillado y saneamiento. Pese a que la especulación inmobiliaria desnaturalizó la idea original, el trazado perdura hasta hoy.

Parecidos criterios guiaron la creación de la ciudad de La Plata en Argentina, fundada en 1882. Se emplearon las técnicas e infraestructuras más modernas en aquel momento, elegidas por sus cualidades higiénicas. Se realizaron redes de provisión de agua y de evacuación de desechos y se implementó un servicio de extracción de basuras y barrido de las calles. La reacción frente a las epidemias modificaba y generaba las urbes.

¿Y si pensamos más lejos?

Generalmente se trata el problema de la salud pública urbana focalizándose en las metrópolis y megalópolis. ¿Y si pensamos, como dice Saskia Sassen, en la ciudad más allá de la ciudad?

La pandemia y el consecuente incremento del teletrabajo, la teleeducación, la telesalud y las fintech (que puede traducirse por tecnofinanzas o sector tecnofinanciero) estimulan y facilitan una migración desde regiones metropolitanas hacia ciudades pequeñas y pueblos. Sería deseable alentar a las ciudades pequeñas a generar programas de atracción de nueva población, que pueda enriquecer su economía, su vida cultural, su diversidad. La tecnología juega aquí un rol clave, dado que habilita la continuidad en línea de varias actividades urbanas.

ES VICIS, una ONG que promueve el repoblamiento rural en Argentina, sostiene un programa basado en tres pilares: bienvenida para las familias en la sociedad de recepción, trabajo asegurado e infraestructura adecuada. Esta incluye vivienda, pero también la disponibilidad de escuelas, centros de salud, comercios, servicios, buen acceso físico, transporte, caminos.

El acceso a una Internet eficiente y veloz es una de las demandas fundamentales de los nuevos habitantes. Sin embargo, estos migrantes no necesariamente dependen de empleos situados en sus pueblos de recepción. Muchos de ellos son profesionales y técnicos que pueden teletrabajar o combinar actividades en línea y presenciales. Otros llevan consigo microempresas o aún pequeñas y medianas empresas que pueden contribuir a la economía local.

Además, si los pueblos cercanos trabajan conjuntamente para compartir programas de atracción de población, recursos económicos y tecnológicos y servicios, se multiplican las oportunidades de atraer nueva población, evitar el despoblamiento y dinamizar la calidad de vida local. Se trataría de una red de ciudades cercanas conectadas, abiertas y colaborativas, que a través de la interacción continua, de la acción colectiva y del uso inteligente de tecnologías buscan respuestas a las nuevas necesidades y oportunidades a partir de los cambios producidos por la crisis mundial.

Grandes ciudades

En la actualidad, la covid-19 se integra en una larga lista de enfermedades infecciosas, predominantemente urbanas. Las metrópolis y megalópolis parecen ser medios ideales para la propagación de epidemias.

La problemática de convertir las ciudades existentes en más saludables y amigables reviste aspectos muy diferentes en Europa frente a Iberoamérica.

En la mayoría de los países europeos existe una red más o menos equilibrada de asentamientos urbanos en los que predominan las ciudades intermedias y pequeñas. En Iberoamérica, las metrópolis y megalópolis han crecido velozmente.

América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con 215 metrópolis, de las cuales seis tienen más de diez millones de habitantes. En 2020, 321,2 millones de personas vivían en las metrópolis de ALC. Se prevé que entre 2020 y 2035 ese número aumente en 53 millones. Numerosas zonas oscuras de dichas metrópolis, áreas pobres superpobladas, con insuficiencia o carencia de agua potable, saneamiento, electricidad y conectividad a Internet, serán focos ineludibles de presentes y futuras pestes.

Las propuestas que se formulan actualmente –como las supermanzanas barcelonesas o la ciudad de los quince minutos propuesta en París– tienden a fraccionar las grandes ciudades en barrios supuestamente autocontenidos. Esto es viable en ambas ciudades, en la que los grandes equipamientos colectivos –universidades, hospitales de alta complejidad, equipamientos culturales, etcétera– están distribuidos en la ciudad con relativo equilibrio. En las metrópolis de ALC, se concentran en centros urbanos alejados de los barrios residenciales.

Otro problema importante es el acceso al trabajo, sobre todo en los sectores industrial y de servicios, no siempre presentes en las nuevas fracciones urbanas. Se aborda el problema del planeamiento del transporte público de modo que no implique contacto estrecho entre los pasajeros. Por otra parte, no todos en ALC pueden usar automóviles propios o pedalear un par de horas hasta sus trabajos. Es necesario hallar soluciones apropiadas a la realidad iberoamericana.

Las nuevas preguntas

Se plantean otros interrogantes: ¿Cómo trasladar a las ciudades las ventajas del campo, en lo que se refiere a seguridad, tranquilidad, salubridad, medio ambiente y disminución de la densificación? ¿Y cómo llevar las ventajas de las metrópolis –grandes equipamientos educativos, sanitarios y culturales– a los pueblos?

Tanto la ciudad de los 15 minutos como las supermanzanas plantean una forma de segmentación de las ciudades en barrios relativamente autosuficientes en su cotidianidad. Pero tanto en estos modelos como en el de la migración a pueblos, el condicionante fundamental es el económico. ¿Es posible descentralizar el sistema económico para no concentrarlo en los grandes centros urbanos? ¿Es posible desconcentrar los centros financieros y productivos?

Interviene aquí la tecnología, no como panacea sino para suministrar soluciones parciales. Las autopistas inteligentes y el despliegue de tecnologías 5G en las carreteras mejorarán la gestión del tránsito vehicular.

Los drones facilitarán las entregas de mercadería, ayudarán en emergencias y probablemente terminarán por transportar personas. Los vehículos eléctricos e híbridos contribuirán a mejorar el ambiente urbano. Un número significativo de ciudadanos teletrabajan y disminuyen sus viajes intra e interurbanos.

Las redes de sensores y los nuevos sistemas de recolección de datos pueden proporcionar abundante información que ayudará al planeamiento urbano y territorial, y a dar respuestas específicas para condiciones locales. Las soluciones tecnológicas se multiplican a pesar, o a causa de, la crisis global.

Por Susana Finquelievich

Investigadora Principal del CONICET, Universidad de Buenos Aires

02/02/2021

La versión original de este artículo aparece en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

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La nueva ética laica del neoliberalismo: el emprendimiento

Si buscas emprendimiento en Dialnet, una de las grandes bases de datos de ciencias sociales de España, aparecen más de 11.000 documentos sobre el tema: Emprendimiento y sostenibilidad, Emprendimiento y democracia, Emprendimiento y fiscalidad, Emprendimiento y discapacidad o La empresa y el emprendimiento, son algunos de los primeros títulos de artículos publicados en revistas "científicas".

Si buscas emprendimiento en un buscador de internet, los resultados se multiplican exponencialmente. En Google aparece 61.400.000 resultados con este término. Su definición en Wikipedia es "el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso".

Incluso se ha creado en España la figura de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que depende directamente del presidente del Gobierno. Su responsable, para la revista Forbes, es uno de los veintiún "change makers" que lideran las iniciativas para cambiar la sociedad española en 2021. Este change maker, afirma en su Twitter, con 1.585 seguidores, que quiere "construir la Nación Emprendedora". Eso sí, todo ello acompañado por muchos eslóganes, sobre todo si son en inglés que vende más. Sandbox financiero, sectores tractores, ecosistema emprendedor, rompehielos de un nuevo modelo de país, disruptores, escalabilidad…, junto con los ya clásicos: coworking, hub, business angels, etc.

¿En qué se concreta realmente todo esto? Hasta ahora parece que en entrevistas en radios y artículos de opinión en periódicos. Diversas reuniones de promoción. El anuncio de "Misiones País para la Innovación", cuyo ‘primer instrumento’, "Misiones Ciencia e Innovación", destina 95 millones de euros a proyectos de I+D+I de las grandes empresas. Y la declaración de "convertir a la administración pública en un Sector Público Emprendedor". Poco más.

Me recuerda exactamente lo que pretendía el anterior gobierno en el campo de la educación y que el nuevo gobierno mantiene también en la nueva ley de educación: el emprendimiento. Este "espíritu empresarial o emprendedor" se ha introducido así en los contenidos escolares desde infantil a universidad. La Recomendación Europea 2006/962/CE insta a los Gobiernos de la Unión Europea a que introduzcan la enseñanza y el aprendizaje de competencias clave en sus estrategias de aprendizaje, siendo el "espíritu empresarial" una de las ocho claves.

Todas las administraciones públicas impulsan su promoción a través de un discurso que reviste esta categoría de "emprendedor" dentro de un hálito mágico, que supone una representación ideológica del mismo, provisto de cualidades personales y sociales extraordinarias, presentados estereotípicamente como generadores de desarrollo y bienestar, creativos líderes innovadores y visionarios, personas "hechas a sí mismas", que transforman y construyen nuevas realidades y cimientan el cambio social que requieren las sociedades actuales.

La mitología de los emprendedores es la reedición del mito del "sueño norteamericano", pero un sueño convertido en pesadilla de autoexplotación. Descontada la razonable potenciación de la capacidad de iniciativa, el sustrato de este enfoque es una mitificación idealista que utiliza tal eufemismo de emprendedores para que los trabajadores y las trabajadoras pasen a ser autónomos o "pequeños empresarios" sometidos a las reglas del juego de las grandes empresas, en lo que es un claro abuso de la retórica en alza del individualismo empresarial espontáneo, tan útil a la flexibilidad laboral a ultranza que acompaña a un mercado de trabajo aceleradamente desregulado.

En el actual escenario laboral de neoliberalismo salvaje, se avanza hacia la progresiva uberización del modelo emprendedor, siguiendo el ejemplo de plataformas, falazmente llamadas colaborativas, como Uber o Deliveroo, en donde el capitalista ya no precisa ni arriesgar su capital, y en el que los trabajadores y las trabajadoras se aprestan a generar beneficios para estas plataformas, sin salario ni descansos regulados, sin protección ante la enfermedad, asumiendo todo el riesgo, pero felices y contentos de no ser ya "clase trabajadora", sino avispados emprendedores. Se produce así una transferencia total del riesgo a la clase trabajadora.

El objetivo no es otro que descargar en la persona todo el riesgo y la responsabilidad de su futuro laboral, a la capacidad de empleabilidad de cada uno. Ante el derrumbe del modelo de empleo estable y la precariedad organizada como sistema, se desplaza el riesgo y la responsabilidad a cada individuo, que debe hacer de su capacidad de empleabilidad una premisa frente a un mercado de trabajo inestable e inseguro por sistema. Por lo tanto, ya no puede haber protesta. Se deslegitima así el conflicto social, ya que no hay responsable ajeno ni otras causas que la propia incapacidad. Se convierte a las víctimas en culpables, responsables de su propia situación.

De esta forma ya no se trata de cambiar el modelo laboral de precariedad y temporalidad instaurado por las reformas laborales de los gobiernos conservadores y neoliberales al servicio del sector empresarial y las corporaciones multinacionales, sino que cada uno ha de convertirse en "inversor y accionista" de su propia fuerza de trabajo y como tal debe actuar, haciendo de su vida un proceso de reconversión continuo que busca el máximo interés individual, en un marco de relaciones interesadas y competitivas entre individuos.

Esta subjetividad neoliberal está marcada por un discurso que alega que la búsqueda del interés propio es la mejor forma mediante la que un individuo puede servir a la sociedad, donde el egoísmo es visto casi como un "deber social" y las relaciones de competencia y mercado se naturalizan. La finalidad del ser humano se convierte en la voluntad de realizarse uno mismo frente a los demás.

La noción de emprendimiento entronca directamente con la visión que el pensamiento neoliberal tiene acerca del ser humano como homo economicus: individualista, competitivo y que busca la consecución de sus propios objetivos a través de las opciones que le ofrece el mercado. En un entorno de coworking, rodeados de frases positivas y glamurosas de la "ciencia de la felicidad" y el pensamiento positivo al estilo Paulo Coelho —quien le teme al fracaso, le teme al éxito—. Complemento necesario para gestionar la experiencia opresiva de la explotación y sentirse incluso un colaborador libre y proactivo en la propia explotación, mediante técnicas de management emocional, aprendiendo a cambiar antes las percepciones que las condiciones de explotación.

Son las nuevas técnicas de fabricación de "la empresa de sí". La empresa se convierte así, no sólo en un modelo general a imitar, sino que define una nueva ética, cierto ethos, que es preciso encarnar mediante un trabajo de vigilancia que se ejerce sobre uno mismo y que los procedimientos de evaluación constante se encargan de reforzar y verificar.

De esta forma, cada persona se ha visto compelida a concebirse a sí misma y a comportarse, en todas las dimensiones de su existencia, como portador de un ‘talento-capital’ individual que debe saber revalorizar constantemente. El primer mandamiento de la ética del emprendedor es "ayúdate a ti mismo". Y sus tablas de la ley se rigen por la competencia como el modo de conducta universal de toda persona, que debe buscar superar a los demás en el descubrimiento de nuevas oportunidades de ganancia y adelantarse a ellos.

La gran innovación de la tecnología neoliberal consiste, precisamente, en vincular directamente la manera en que una persona "es gobernada" con la manera en que "se gobierna" a sí misma. En el contexto de lo que el filósofo Byung Chul Han denomina el "capitalismo de la emoción", la biopolítica foucaultiana, el control panóptico exterior, es continuada por la psicopolítica neoliberal haniana, que busca seducir en vez de someter y en la que el control pasa al interior y se gestiona desde la emoción. Esta es, en lo esencial, la función de los dispositivos de aprendizaje, sumisión y disciplina, tanto económicos, como culturales y sociales, que orientan a las personas a "gobernarse" bajo la presión de la competición, de acuerdo con los principios del cálculo del máximo interés individual.

Enseñando igualmente a no identificarse con lo público; a desinteresarse y a asumir que el bien común quedó obsoleto, que cada persona solo depende de su destreza individual para vivir y que vivir significa fundamentalmente conseguir más dinero. ¿Qué sociedad pensamos construir si lo que enseñamos y promueven todas nuestras administraciones es esta nueva "ética laica del emprendimiento neoliberal"?

Frente a esta moral corrosiva, que expande esta "ética laica del emprendimiento neoliberal", inmersa en los valores del capitalismo, extractivista y depredador, ecocida e insolidario, reivindicamos una ética laica del bien común y la justicia social, asentada en los derechos humanos, democrática, inclusiva, ecofeminista, postcapitalista y antineoliberal. Es en estos principios en los que debe basarse la educación de las nuevas generaciones y la urgente reconstrucción de un modelo social postcapitalista, postcolonial y antipatriarcal, como demanda Boaventura de Sousa Santos. Sin concesiones ni medias tintas. Es la única forma de revertir el auge del fascismo que resurge como una pandemia mundial y de heredar un planeta todavía vivible a las futuras generaciones.

 

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Miembro del Grupo de Pensamiento Laico, integrado además por Nazanín Armanian, Francisco Delgado Ruiz, Pedro López López, Rosa Regás Pagés, Javier Sádaba Garay, Waleed Saleh Alkhalifa y Ana María Vacas Rodríguez

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Experimentos de renta básica: de la evidencia científica al debate colectivo

Los experimentos de renta básica se han puesto de moda, pero no pueden convertirse en un fin en sí mismo. Las evidencias que obtenemos son útiles para fundamentar empíricamente nuestras hipótesis y argumentos, pero también para fomentar el debate sobre cuestiones claves, como qué significa el trabajo, cómo queremos distribuir el producto social, o qué sistema de protección social queremos

 

A la mayoría de los lectores y lectoras les sonará que Finlandia recientemente ha realizado un "experimento de renta básica". Dos mil personas escogidas de forma aleatoria percibieron, de forma incondicional, una renta de unos 560 euros mensuales durante dos años. El debate era goloso: dar dinero a la gente y esperar a ver qué pasaba. Los expertos, académicos, políticos, y sobre todo los medios de comunicación, se preguntaban si, por ejemplo, las personas desempleadas se esforzarían en conseguir un puesto de trabajo o, por el contrario, se apalancarían en el sofá.

Lo que quizás no les suene tanto es que este tipo de experimentos hace años que se vienen realizando en todo el mundo: desde la localidad de Manitoba, en Canadá o en varias poblaciones estadounidenses entre los 1970s y 1980s, hasta más recientemente en lugares como Otjivero-Omitara Namibia (2007-08), Madhya Pradesh en la India (2011-13), en Kenia (2016-), en Ontario en Canadá (2017-18), en Utrecht y cinco ciudades holandesas (2017-19), en Irán (2010-), en Maricá, Río de Janeiro, Brasil (2019-), o en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur (2020-). Parece que estos experimentos están consiguiendo que la idea de la renta básica gane cada día más adeptos y que el debate salga de las universidades y de los centros de investigación para interpelar a cada vez mayores sectores de la sociedad.

En el mundo académico y activista prevalece la discusión de si estos experimentos son realmente necesarios, e incluso adecuados, para terminar implementando la renta básica. A un lado hay quien cree que aún se necesitan más pruebbas empíricas que avalen y aporten mayor credibilidad y robustez a los argumentos favorables a la renta básica. Los expertos llaman "evidence-based policies" a la idea de que, para implementar políticas públicas, es necesario primero que estas se sostengan sobre evidencias empíricas que demuestren su eficiencia y eficacia. En el otro extremo del debate se halla quien postula la futilidad de estos experimentos y defiende, por tanto, que los argumentos y las razones para justificar la implementación de la renta básica no tienen que ver con sus hipotéticos resultados empíricos, sino con consideraciones de tipo moral o ético.

Sin embargo, no hay que ir ni a Finlandia ni a Corea del Sur, ya que en Barcelona también se ha realizado un experimento similar que ha finalizado hace poco más de un año. Durante 24 meses, mil hogares del Eje Besós participaron en el llamado proyecto piloto B-MINCOME que combinaba una transferencia monetaria con varias políticas activas de inclusión sociolaboral. La evaluación de este proyecto se está publicando estos días, aunque a mediados de 2018 ya se conocieron los resultados parciales. Estos, como los del resto de experimentos anteriormente mencionados, fueron positivos en incidir sobre aspectos tales como la reducción del estrés financiero y de las deudas familiares, el aumento de la felicidad y del bienestar subjetivo, la reducción de ciertas afectaciones mentales y físicas, la mejora de la calidad alimentaria, el refuerzo de la participación y de la confianza social y con las instituciones, el refuerzo de la autoconfianza y de la emprendeduría, etc. Sin embargo, los experimentos realizados hasta ahora echan por tierra el supuesto desincentivo sobre la oferta laboral que algunos creen que inevitablemente implicaría una renta básica.

Dicho y hecho, pues. Aquellos que reclaman más evidencias disponen ahora de una considerable cantidad de datos que avalan y justifican su implementación. Desgraciadamente, la renta básica no se ha instaurado ni en Finlandia, ni en Kenia, ni tampoco en Barcelona. El problema no radica pues en la falta de datos ni de evidencias empíricas, sino más bien en creer que la política funciona como la ciencia o, dicho de otro modo, que quien ocupa cargos políticos y diseña políticas públicas razona y actúa como lo haría un científico social.

Aquellos que anteponen los argumentos de tipo moral o ético se podrían sentir ahora tentados a afirmar que tengo razón y que, por más evidencias que aporten estos experimentos, la decisión de implementar (o no) la renta básica es y será siempre una decisión política sostenida sobre postulados éticos e ideológicos. Quien defiende esta posición cree que la carga de la prueba se encuentra en los argumentos normativos y tiende así a rechazar la experimentación y los estudios de campo. Independientemente de los resultados o las consecuencias que esta pueda conllevar, sostienen, hay que instaurar la renta básica porque es una medida justa que nos acerca a un modelo distributivo que estimamos moralmente deseable para nuestras sociedades.

El problema de esta postura es que tiende a obviar que la renta básica (en caso de implementarse) sería la política de mayor impacto redistributivo y sería, por tanto, una medida altamente controvertida desde el punto de vista político. Parece muy poco estratégico y totalmente desaconsejable, pues, rechazar las evidencias científicas disponibles que pudiersn avalar su implementación. Después de todo, durante los últimos cuarenta años, una gran cantidad de reputados estudiosos en campos como la justicia distributiva, la ética económica y la filosofía moral y política han desarrollado un buen número de teorías y argumentos favorables a la renta básica difícilmente rebatibles por la mayoría de la población, pero que tampoco parecen haber tenido mucho éxito en convencer a sus gobernantes de instaurar esta medida.

Así como la primera perspectiva lo fía todo a unos resultados "estadísticamente significativos" y se muestra profundamente ilusa al creer que las decisiones políticas se cocinan en laboratorios científicos, esta segunda postura pondría todo el peso en los argumentos éticonormativos que, por más refinados que puedan ser, no parecen haber sido suficientes para modificar la acción de gobierno. El lector o lectora más pesimista podría sentirse ahora satisfecho, tirar la toalla y balbucear algo así como que "la renta básica es una buena idea, pero en el fondo es demasiado utópica para ser implementada". Nada más lejos de mi intención.

Académicos, expertos y defensores de la renta básica en general pueden seguir peleándose alrededor de la (in)conveniencia de realizar más experimentos. Pero lo cierto es que cuanto más se discuten y más experimentos se realizan, más se habla de la renta básica. Y para prueba, un botón: es decir, este mismo artículo. Es lógico suponer que dar dinero de forma incondicional conllevará resultados positivos, pero lo cierto es que necesitamos evidencias que aporten consistencia empírica tal suposición. Es mediante la realización de experimentos que ahora sabemos que la felicidad y el bienestar tienden a aumentar, que la salud y la alimentación usualmente mejoran, que las deudas económicas y el estrés financiero tienden a reducirse, que la gente ocupada no suele abandonar su puesto de trabajo y que quien está parado difícilmente rechaza volver al mercado laboral. Y sabemos también que casi nadie opta por no hacer nada. Convertirse en un parásito, en un "ni-ni", no parece una opción para quien dispone de su existencia material garantizada.

Simultáneamente, estos resultados animan cada vez más debates con un fuerte contenido ético y político que, por otra parte, serían difíciles de escuchar en casa, en el bar o en el lugar de trabajo si no se hubieran realizado experimentos como los de Namibia, los de Holanda o el de Barcelona. Por lo tanto, estos experimentos no solo son útiles para acumular nuevas evidencias empíricas al corpus de conocimiento científico actualmente existente, sino que también sirven para poner sobre la mesa debates con un fuerte contenido ético y moral y que son fundamentales para a las sociedades actuales como, por ejemplo, ¿qué significa el trabajo? ¿Es lo mismo el trabajo que el empleo? ¿Quién (no) trabaja y por qué? ¿Cómo queremos distribuir el producto social? ¿Qué sistema de protección social queremos? ¿Es el empleo el medio más adecuado para garantizar la libertad y la autonomía de las personas?

Quienes creemos y defendemos que la existencia material es y debería ser un derecho fundamental, no podemos pasar por alto la oportunidad estratégica que nos brindan los experimentos de renta básica como altavoz para hacer oír nuestra voz. La sociedad no es un espacio escéptico ni neutro, sino que está conformada por una multitud de relaciones de poder y de dominación históricamente cristalizadas de acuerdo con los diferentes contextos geográficos, políticos, culturales y económicos. Creer que unos científicos en bata blanca arreglarán los problemas que todo esto genera es tan iluso como contraproducente; tanto como hacer caso omiso a las evidencias científicas y las recomendaciones que nos puedan aportar. Nuestra tarea no es solo diseñar e implementar buenos experimentos sociales, si no sobre todo saber leer e interpretar los resultados para que sean útiles para el debate y la discusión colectiva en favor de la renta básica.

27/01/2021

Por Bru Laín 
 
es profesor de sociología en la Universidad de Barcelona e investigador en la Universidad de Minho, Portugal. Se ha formado en la UB, UAB, la Concordia University, la University of Brighton y la Université Catholique de Louvain y ha sido docente invitado en la Universidad Nacional de Ecuador, la University of Leeds y la McGill University. Ha sido investigador en el proyecto piloto B-MINCOME del Ayuntamient de Barcelona. Es secretario de la Red Renda Bàsica y miembro del Consejo de Redacción de la revista SinPermiso.
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La pandemia refuerza la miseria de los sectores empobrecidos

La brecha económica y social, más profunda que nunca

Los más ricos del mundo se recuperaron en 9 meses 

Los más pobres del planeta, necesitarán 10 años

 

Mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios –las mil mayores fortunas del planeta- recuperaron en solo 9 meses sus pérdidas momentáneas.

Así lo sostiene el Informe El virus de la desigualdad publicado este 25 de enero (https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) por la ONG internacional Oxfam. Aparece el mismo día en que el Foro de Davos comienza su edición virtual 2021. Denominado la Agenda de Davos, el Foro Económico Mundial se da cita entre el 25 y el 29 de enero conectando a más de mil participantes, representantes del mundo económico y del poder político.

El informe de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta, también, las múltiples reflexiones que a partir el pasado sábado 23 y hasta el 31 de enero promueve el Foro Social Mundial virtual. Según los organizadores, al 24 de enero, se registraban 7660 inscriptos de 134 países y 660 actividades previstas. En muchas de las cuales el tema central gira en torno al impacto de la pandemia y las alternativas sociales y populares para superarlo.

Oxfam hace parte de la Protesta Global para luchar contra ladesigualdad(https://www.fightinequality.org/ ), una alianza internacional que convoca a movilizaciones en diversos países de Asia, África y América Latina en esta última semana de enero.

En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus ( https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) en el cual más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. Y anticipa una respuesta global: se ha demostrado que “es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible”, enfatiza. Con el convencimiento que la acción de los gobiernos es esencial para proteger la salud y los medios de vida, acota.

El diagnóstico pre-crisis, según la ONG, evidencia “la fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad”. Y recuerda, por ejemplo, que según Forbes, entre marzo y diciembre del 2020, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo (milmillonarias) creció en 540.000 millones de dólares. Se refiera a: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault (y familia), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page y Mukesh Ambani.

Para la elaboración de El virus de la desigualdad se entrevistaron a 295 economistas de 79 países. El 87 % de ellos comparte esta caracterización de la crisis y de las opciones futuras. Y concuerda con el pronóstico que la desigualdad de ingresos va a seguir creciendo en sus respectivos países a consecuencia de la crisis sanitaria.

La ONG cita a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, con quien comparte el diagnóstico actual de la civilización humana. “Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.

Datos desgarradores

Y la ONG hace su propia descripción del planeta Tierra. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día, en el que, durante 40 años, el 1 % más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial y, en el cual el último cuarto de siglo, el 1 % más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50 % más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático.

Analizando datos esenciales, Oxfam afirma que la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, realidad hasta ahora desconocida –en cuanto a ese nivel de impacto global- desde hace más de un siglo, cuando se comenzaron a registrar datos esenciales.

El aumento de la desigualdad podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza -hasta el nivel previo a la pandemia- que el tiempo que han tardado las mil personas más ricas del planeta -en su mayoría hombres blancos- en recuperar su riqueza. 

“La recesión ya ha acabado para los más ricos”, afirma Oxfam. Desde el inicio de la pandemia, incluso, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en medio billón de dólares, cifra que permitiría financiar sin problema alguna la vacuna universal contra el COVID 19. En paralelo, esta situación sanitaria desencadenó “la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo”.

Una vez más las mujeres y los sectores marginalizados pagan los precios más altos de la crisis, afirma la ONG coincidiendo con diversos informes que en los últimos meses han publicado organismos de las Naciones Unidas, como la OIT, FAO, PNUD etc. A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos mal remunerados y precarios, que han sido los que más se han visto afectados por la crisis del COVID-19, enfatiza. Las mujeres constituyen aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral a nivel mundial en el ámbito de la salud y la atención social, empleos esenciales, pero a menudo mal remunerados que además las exponen a un mayor riesgo de contraer el virus.

En Brasil, por otra parte, las personas afrodescendientes tienen un 40 % más de probabilidades de morir a causa del coronavirus que las personas blancas. En Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se hubieran podido evitar 22.000 decesos de esos grupos.

Las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas.

Un reciente estudio científico muestra que el impacto del COVID 19 en los barrios más populares de la ciudad suiza de Ginebra -sede principal europea de las Naciones Unidas- es significativamente mayor que en las zonas de población rica de la misma ciudad. El estudio fue dirigido por el doctor Idris Guessous, responsable de uno de los servicios del Hospital ginebrino HUG. ( https://lecourrier.ch/2021/01/19/plus-dimpact-dans-les-quartiers-pauvres/ ).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas estima que, a causa de la pandemia, el número de personas en situación de hambre extrema alcanzaría los 270 millones de personas a finales de 2020, lo que supone un incremento del 82 % con respecto a 2019. Con estas cifras, Oxfam calculó que la crisis provocada por la pandemia sería la causa de que murieran de hambre entre 6.000 y 12.000 personas al día a finales de 2020.

Perspectivas

En cuanto al futuro, OXFAM no duda en desarrollar su hipótesis rectora. La clave para lograr una rápida recuperación económica frente a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos.

Y tomar medidas que están a la mano y que solo exigen una clara voluntad política de los Gobiernos. Por ejemplo, la imposición de un impuesto temporal sobre los beneficios excesivos obtenidos por las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzara la crisis, hubiera permitido en 2020 una recaudación de 104.000 millones de dólares. Cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico al conjunto de niños, niñas y personas mayores de los países de renta media y baja.

Oxfam finaliza su informe proponiendo Cinco pasos para conseguir un mundo mejor. Mas igualdad; economías más humanas; libre de explotación y con seguridad de ingresos; donde los más ricos paguen los impuestos que les correspondan de manera justa; y se priorice la seguridad climática.

Y sostiene que la construcción de “nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar, en una reducción radical y sostenida de la desigualdad”. Los gobiernos deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y sujetas a plazos precisos. El objetivo no debe limitarse a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que debe ir más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo.

La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación. Para las personas en situación de pobreza, las mujeres, las personas negras y personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y demás comunidades históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo, esto significaría que por fin sus gobiernos darían prioridad a sus necesidades, concluye

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Represión provoca estampida de indocumentados en Vado Hondo

Caravana de miles de migrantes insiste en avanzar rumbo a EU // Más de mil 500 fueron deportados a Honduras // Lo tratan a uno como perro

 

Vado Hondo., Policías y soldados guatemaltecos dispersaron ayer con violencia a miles de migrantes hondureños apostados durante el fin de semana en el kilómetro 177 de la carretera de Vado Hondo, Chiquimula, quienes huyeron en diferentes direcciones, muchos de ellos con niños en brazos.

Más tarde, varios de ellos intentaron nuevamente penetrar el cordón de seguridad para llegar a México y así seguir su paso hacia Estados Unidos, informó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.

"Delegados de la PDH dialogan y brindan recomendaciones a miembros del ejército y la policía nacional civil de no usar la fuerza en Vado Hondo, donde indocumentados intentan romper el cordón de seguridad", tuiteó la institución.

La entidad que vela por las garantías ciudadanas y los derechos humanos en Guatemala tiene personal desplegado en el sureño departamento de Chiquimula, donde horas antes se reportaron enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad.

Por la mañana, el contingente policial avanzó sobre la masa de indocumentados haciendo fuerte ruido mediante el golpe de sus macanas contra los escudos, logrando que muchos migrantes retrocedieran y otros corrieran hacia los lados, dispersándose dentro del pueblo, pero aún en territorio guatemalteco.

Algunos miembros de la caravana sufrieron leves lesiones en medio de la trifulca.

"No estábamos robando, somos gente de bien. Sólo queremos pasar", dijo a la agencia Afp, al borde del llanto, Angie, migrante hondureña de 21 años quien junto con miles de compatriotas anhela llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

La mujer estaba resignada a regresar a la frontera a tratar de documentar su ingreso y presentar una prueba negativa de Covid-19, requisitosde las autoridades guatemaltecas para internarse en el territorio. "Quiero seguir hasta Estados Unidos, no me quiero quedar en Guatemala", recalcó.

En el desalojo, varios de los caminantes lanzaron piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno para seguir alejándolos en dirección a la frontera con Honduras, ubicada a unos 50 kilómetros.

El portavoz del ejército, Rubén Tellez, destacó que los soldados hicieron uso mínimo de fuerza y respetaron los derechos humanos y la integridad de los migrantes.

"Yo voy con mi hijo, en Honduras no tengo donde vivir", aseguró otra mujer al canal Guatevisión, luego de la estampida y mientras tomaba aliento al lado de un poste.

Unas 4 mil personas permanecían en ese grupo, de las 9 mil que se estima ingresaron con la caravana que partió el sábado de San Pedro Sula.

Otros 800 indocumentados han sido contenidos en un pueblo vecino, cientos se han dispersado por los alrededores y al menos mil 383 hondureños fueron retornados a su país antier y mil 568 ayer, entre ellos 208 menores, informaron el diario local Prensa Libre y la agencia de noticias Afp.

Las fuerzas de seguridad actuaron tras agotar un diálogo con los migrantes, a quienes se pedía despejar una vía del camino para permitir el avance del transporte de carga, cuya mercancía corría el riesgo de estropearse y había causado más de 30 kilómetros de fila de vehículos, informó Prensa Libre.

Por el contrario, un grupo se apoderó momentáneamente de tres camiones e intentó abrirse paso a marcha lenta, constató un equipo de Afp, lo que desencadenó la acción policial.

El ambiente ya estaba pesado desde el domingo, cuando los caminantes intentaron avanzar a empujones y fueron reprimidos con gases y aporreados por militares.

“Si tuviéramos pisto (dinero) no estaríamos aquí yéndonos al norte (Estados Unidos). Lo tratan a uno como perro, no tiene que ser así”, reprochó otra señora que llevaba a dos niñas, una tomada de cada mano.

Los migrantes se dispersaron en el área y, según medios locales, eran rastreados con drones de la policía.

Relatos de hondureños a la prensa denunciaron además que los comercios del poblado fueron obligados a cerrar para evitar que se abastecieran de alimentos.

Los uniformados actuaron ante el riesgo de más contagios de Covid-19, según un decreto del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que autoriza el uso de la fuerza, recurso que fue rechazado de manera tajante por organismos de derechos humanos.

Por lo pronto, 21 personas del grupo que pasaron por puestos de control sanitarios han dado positivo al nuevo coronavirus, y deberán guardar cuarentena en Guatemala antes del regreso a su país.

Los migrantes hondureños aseguran que escapan de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, situación agravada por la pandemia y la destrucción que dejaron a su paso los huracanes Eta y Iota en noviembre.

El éxodo hondureño comenzó la madrugada del viernes desde San Pedro Sula y los caminantes ya dan muestras de cansancio. Durante la jornada, una pequeña caravana de 300 salvadoreños entró al país sin presentar documentos ni prueba negativa de Covid.

La caravana generó tensión entre Guatemala y Honduras, al punto que Tegucigalpa reclamó a su país vecino la acción represiva de los cuerpos de seguridad contra los migrantes, y le pidió una investigación de los hechos.

Guatemala reprochó a Honduras por no cumplir con sus compromisos asumidos hace unas semanas con el país, El Salvador, México Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas para contener la "salida masiva" que irrumpió de manera desordenada en la frontera entre viernes y sábado y que en dos ocasiones ha chocado con la fuerza pública.

Pandilleros "infiltrados"

Autoridades locales advirtieron que en el grupo caminan "infiltrados" miembros de pandillas. Las autoridades guatemaltecas también acusaron que muchos de los migrantes han sido engañados con falsas pruebas de Covid-19.

La caravana marchaba esperanzada de una posible flexibilización de las políticas migratorias en Estados Unidos, cuando el presidente electo, Joe Biden, asuma mañana, posibilidad que ya fue rechazada desde Washington.

"Instamos a Honduras a evaluar y fortalecer medidas de control fronterizo y protocolos de salud para prevenir futuras caravanas", dijo Michael Kozak, subsecretario interino para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ha fracasado por el reforzamiento de los controles fronterizos.

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¿De qué hablamos, cuando hablamos de Renta Básica?

La pregunta que plantea el título creo que es muy pertinente, porque en estos últimos tiempos en que se oye a hablar mucho de Renta Básica hay bastantes errores en la interpretación de este término. Lo más sencillo, para responder la pregunta, es consultar qué dice al respecto la Red Renta Básica que es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN): «La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, aun si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive». Y añade, por si no queda claro con la anterior definición: «una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población».

Hay dos rasgos fundamentales a destacar en esta definición: la universalidad, la reciben todos, y la no condicionalidad, no hay restricciones para acceder a la misma. Y esto nos lleva nuevamente al título, porque en Catalunya todavía hay mucha gente que confunde la Renta Básica con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un subsidio para pobres que se aprobó en el año 2017, el balance del cual es abrumadoramente negativo con respecto a su principal objetivo de eliminar o paliar la pobreza (seguro que este balance será objeto de algún que otro artículo en este mismo espacio). Ahora, sólo quiero apuntar que la RGC tal como ha demostrado en estos tres años con su despliegue, es todo lo contrario de universal e incondicional, y que estas son las principales razones de su fracaso.

También, desde este pasado junio, en el reino de España, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que desde este gobierno PSOE-UP, se anunció como la panacea para eliminar la pobreza. El IMV, con un recorrido bastante menos reducido en el tiempo que el de la RGC, ya nos ha señalado, sin embargo, sus carencias fundamentales: no llega a quien tiene que llegar. Y esto pasa, fundamentalmente, porque las condiciones que se imponen al colectivo de personas que deberían ser su principal destinatario, mayoritariamente las incumplen y, también, obviamente, porque no es universal. Las estadísticas, relativas a su desarrollo, hablan de que sólo menos del 10% de las personas de las que se esperaba a priori que deberían resultar beneficiadas han podido acceder al mismo (tampoco tengo ninguna duda de que sus resultados, cuando se hayan dado a conocer con más detalle, serán objeto de análisis en este mismo espacio).

La Renta Básica, e insisto de nuevo en las características universal e incondicional y, a diferencia, por tanto, de la RGC y el IMV, sí es una medida de política económica que puede eliminar la pobreza, pero no sólo eso. Es una medida que aumentaría la libertad de las personas, porque incrementaría la libertad de colectivos como los trabajadores precarios, el de las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, el de los jóvenes con pocos recursos y, lógicamente, el de las personas pobres, porque no puede haber libertad sin que las condiciones materiales para la existencia estén cubiertas. Esta última cuestión nos permite enlazar con otro elemento clave: la justificación republicana de la Renta Básica (otro apartado que merecerá igualmente un análisis más detallado en este espacio).

Por supuesto, la Renta Básica se enfrenta a numerosas críticas con independencia del ideario político desde el que se efectúen, por citar algunas: es injusto que también los ricos la reciban, la gente no trabajará si la percibe, recortará el estado del bienestar actual, es inviable económicamente… Ya se ve que hay que dar respuesta a todas ellas, y este también es el espacio que se utilizará para hacerlo.

Pero, siguiendo con el ideario político, también quiero dejar claro que soy partidario de una Renta Básica que suponga una mejora sustancial de toda aquella población que pueda considerarse no rica y, además, que la manera de financiarla no suponga alterar, es decir, no tocar ni un solo euro del gasto social, básicamente sanidad y educación, efectuado por el estado. Contrapuesta, claro, a una forma de Renta Básica que figuras relevantes de las teorías monetaristas y neoliberales propusieron a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en forma de impuesto negativo sobre la renta, pero que venía acompañado de la supresión de la inversión social del estado. En este sentido, elimina cualquier duda al respecto la enmienda que se introdujo en la propia definición de Renta Básica en el congreso de 2016 del BIEN «Estable en cantidad y frecuencia y suficientemente alta para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos».

Bueno, espero que las líneas precedentes hayan servido para responder a la pregunta que formulaba el título.

Por Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

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Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio operativo de rescate humanitario con miles de elementos del orden del INM, organizados, equipados y entrenados para auxiliar en la frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana. Foto Afp / Fabiola Martínez, Agencias y Redacción

Camotán. Unos 9 mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala, en camino a México, el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.

Pese a que un decreto facultaba a la policía utilizar la fuerza para contener el avance del viernes, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial a la agencia de noticias Afp.

Un último grupo cruzó ayer la frontera ordenadamente y sin resistencia, y al igual que el resto pasó por alto el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19. Tomas de video compartidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)mostraban a gente que vitoreaba al ingresar mientras agentes fronterizos los veían e intentaban impedir que bloquearan el tránsito.

La dependencia, citada por la agencia de noticias Reuters, indicó que al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus.

"Es imposible que continúen su ruta. Las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidas allá adelante", dijo el director del IGM, Guillermo Díaz, a cientos de migrantes agrupados a orillas de una carretera en Vado Hondo, también en Chiquimula.

"Los invitamos a regresar, por favor. Tenemos camiones, buses para que retornen a su lugar de origen. Tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Umán (en la frontera con México)", agregó Díaz, quien, a diferencia de varios de los migrantes, sí usaba cubrebocas.

El gobierno de Guatemala lamentó la "transgresión" de su soberanía nacional. "Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales".

En un comunicado, pidió a Honduras "contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente", un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de 4 mil migrantes fue disuelta en Guatemala.

La caravana se adentró en territorio guatemalteco, llegando hasta Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Algunos grupos fueron en busca de instituciones de respaldo al migrante, y otros recibieron apoyo de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear "fuera JOH", iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

La mayoría partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. En su trayecto aún se toparán con varios controles policiales dentro de Guatemala antes de llegar a la frontera con México.

Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota, en noviembre pasado, y la falta de empleo causada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.


A punta de palos y gases frenan a seis mil migrantes en Guatemala

 

Vado Hondo. Miles de migrantes que ingresaron a pie a Guatemala en su viaje desde Honduras rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia fueron frenados ayer por la policía, que lanzó gas lacrimógeno, y militares que aporrearon a quienes insistían en avanzar.

Al cierre de esta edición, los migrantes estaban cercados en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, frontera con Honduras. Según cifras oficiales, hasta este lugar llegaron al menos 6 mil de las 9 mil personas que se estima ingresaron a Guatemala.

Tras cruzar por la fuerza el punto fronterizo Florido, miles de migrantes empezaron a concentrarse por la tarde del sábado en un retén militar en Vado Hondo, donde primero les pidieron documentos y una prueba negativa a Covid-19 en medio de forcejeos, que en la noche escalaron a choques.

Por lo pronto, al menos 21 de los migrantes de la caravana dieron positivo a la prueba de Covid-19, y ya fueron trasladados a los centros de bienestar respiratorio cercanos, indicó anoche el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en su portal Prensa Libre.

El cruce hacia Vado Hondo, en el kilómetro 177 de la carretera al Atlántico, se llenó de migrantes hondureños que se toparon con un cordón del ejército.

Dos grupos que suman en total unos 6 mil migrantes y que pernoctaron en la zona, se unieron ayer temprano para tratar de atravesar la barricada de más de 3 mil policías y soldados, pero fueron repelidos, informó la autoridad migratoria guatemalteca.

"Esto es demasiado (la actitud de la policía). Venimos de forma humilde. No estamos haciendo mal a nadie", señaló a Afp la hondureña Marisol Domínguez, de 35 años. La mujer viaja con su esposo huyendo de la crítica situación económica en su país, agravada por el paso desastroso de los huracanes Iota y Eta, en noviembre.

Desde la noche del sábado los migrantes están varados a la intemperie en este punto estratégico a menos de 50 kilómetros de la frontera, pues es difícil continuar por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

A lo largo de la jornada algunas mujeres rezaron en voz alta frente al muro militar que los frenó, implorando ayuda divina para continuar la travesía, mientras por momentos los ánimos se caldearon y los migrantes parecían prepararse para nuevos intentos de pasar.

Imágenes de video compartidas por el gobierno de Guatemala mostraron a cientos de migrantes, muchos sin cubrebocas, presionando contra un muro de las fuerzas de seguridad, que usaban palos para repeler la oleada de personas. Muchos resultaron heridos, pero al cierre de esta edición no había cifras.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y utilizaron una granada aturdidora para dispersar a la multitud, confirmó un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters.

La orden de los uniformados fue evitar el paso ante el riesgo de contagios de Covid-19, de acuerdo con lo que dispuso el presidente Alejandro Giammattei al autorizar el uso de la fuerza para contener el éxodo.

"No somos delincuentes. No entiendo por qué nos están tratando mal", lamentó Carlos, de 26 años, originario de San Antonio de Cortés y quien viaja con su esposa y dos pequeñas hijas.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, en el departamento de Cortés, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras"; comentó que los campos de plátano se perdieron con los huracanes.

La caravana arrancó el viernes pasado, a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Entre viernes y sábado Guatemala envió de regreso a mil 383 migrantes, entre ellos 192 niños, que ingresaron desde Honduras, dio a conocer la autoridad migratoria.

Aunque algunos migrantes dijeron estar alentados por una posible flexibilización de las políticas migratorias bajo una nueva administración en Estados Unidos, la dura respuesta sugiere que Biden podría beneficiarse de las medidas de línea dura del presidente republicano saliente Donald Trump.

"Lo que había dicho el presidente nuevo, Joe Biden, era que pasáramos todas las caravanas. Entonces, no me explico por qué está pasando esto, por qué los guatemaltecos se ponen a favor de los estadunidenses y los mexicanos", sostuvo el hondureño Joaquín Ortiz.

El director general de Migración guatemalteca, Guillermo Díaz, afirmó que los migrantes no pasarán. Quien quiera hacerlo debe mostrar los documentos pertinentes y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Advirtió que, tras los incidentes en Vado Hondo, detectaron que marchan “infiltrados, elementos de maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado”.

Un funcionario del equipo de transición de Biden aconsejó a los migrantes no dirigirse a Estados Unidos. "Superar los desafíos creados por las políticas caóticas y crueles de los últimos cuatro años, y los presentados por Covid-19, llevará tiempo", admitió el funcionario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, y agregó: "el viaje a Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente peligroso".

Condenan uso de la fuerza

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, condenó la represión en la que varios migrantes resultaron heridos y consideró “deplorable el brutal uso de la fuerza.

"La migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna", reclamó Rodas, y apremió a las instituciones guatemaltecas a "respetar" la integridad de todos los migrantes.

La PDH llamó a las autoridades de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, así como la seguridad de los menores de edad que integran la caravana, en especial los que viajan sin compañía de un adulto.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, anunció el pasado jueves la activación de un protocolo de seguridad para la protección de los migrantes irregulares de la nueva caravana, tuiteó la institución. En el mismo sentido se expresó Ricardo López, coordinador de la Defensoría Nacional de Personas Migrantes en Honduras.

Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 kilómetros por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (en la zona suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

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