¿Qué significan los cambios en Rusia? 

El miércoles 15, en su discurso anual ante las dos cámaras legislativas, el presidente de Rusia Vladimir Putin propuso una serie de cambios lo suficientemente medulares como para despertar la suspicacia global. Los más importantes (aunque todavía no se conocen los detalles) apuntan a una nueva distribución de fuerzas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo a favor del primero. Aunque los futuros presidentes van a conservar el control sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el proyecto que el jefe del Kremlin piensa someter a consulta popular impulsa una participación mayor del parlamento en la elección del primer ministro, de los vices así como de los demás miembros del Ejecutivo y de las gobernaciones, atribución que hasta ahora, según la Constitución de 1993, es prerrogativa del presidente.

Que se haya elegido la consulta popular voluntaria y no la vía del referendum no es casual, tiene que ver con la intención de asegurarse el éxito. La consulta no requiere la presencia del 50% más uno del electorado y se gana con la mayoría simple.

Hay quienes ven en estos cambios la preparación de un futuro donde Putin, que tiene mandato presidencial hasta 2024 y por ley no puede presentarse para un nuevo período, podría seguir ejerciendo el control.

Para Vladimir Davydov, rector del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, la propuesta presidencial es un “avance hacia una mayor democratización a partir del aumento de poder del Parlamento sin que por eso el sistema deje de ser presidencialista”.

En cambio, para el doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo, Viktor Jeifets, “darle ahora más poder a la Cámara Alta es abrir la Caja de Pandora”.

“Creo que hay un modelo que funciona desde hace 20 años y es un riesgo cambiarlo por otro que no se sabe si va a funcionar. Algunos expertos opinan que esto es una forma de allanar el camino para que el presidente Putin tenga, después de 2024, poder fáctico desde otro organismo que no sea el Ejecutivo. Si se aumenta el poder del Senado podría ser ése un lugar desde donde ejercer el poder. Se habla también de otras opciones para alcanzar ese mismo objetivo. Por ejemplo, que Putin presida un nuevo y poderoso Consejo de Estado o alguna otra estructura como el Consejo de Seguridad. Yo opino que no hay datos suficientes para suponer que existe una intención ulterior pero, si observamos la lógica política de los últimos acontecimientos, parecería que estos expertos tienen razón.”

Siguiendo esta línea de razonamiento cobran sentido dos cambios claves que lanzó el líder ruso durante el discurso anual del miércoles frente al gabinete, los miembros del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, los presidentes de las asambleas legislativas de las regiones de Rusia, las autoridades de la Iglesia Ortodoxa, diplomáticos y 885 periodistas rusos y extranjeros acreditados para el evento.

El primero fue incluir, en la Constitución, al Consejo de Estado como agencia gubernamental. El segundo, aceptar la renuncia de Dmitri Medvedev como primer ministro y designarlo inmediatamente como subsecretario del Consejo de Seguridad, un cargo que no existía y que el presidente diseñó a la medida de Medvedev. “Le pedí que se encargara de los temas de seguridad y defensa –aclaró Putin-; se creará el nuevo cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad, y el presidente de este organismo, como saben, es el presidente”. Este Consejo está formado por el círculo más íntimo y de mayor influencia del presidente.

Entonces, ¿es real el enfrentamiento entre Putin y Medvedev que los grandes medios hegemónicos pregonan? Para Jeifets, no. “Dudo de que haya una controversia entre ellos. El poder de Medvedev no ha disminuido ya que se ha convertido en el suplente de Putin en un órgano clave”, aseguró el historiador. Cabe recordar que el primer ministro renunciante fue la mano derecha de Putin desde el minuto uno, o sea, desde 1999, cuando Boris Yelstin eligió al actual presidente como su primer ministro.

En cuanto al nuevo premier, Mijail Mishustin, Jeifets lo definió con tres palabras: “Es Míster No Name”. La prensa lo caracteriza como un tecnócrata exitoso que ganó su fama con la modernización tecnológica que aplicó como director de la agencia de impuestos, la AFIP rusa. Para el especialista de la Universidad de San Petersburgo “es difícil identificar si está más próximo a los conservadores, a los militares o a los liberales. Es una persona muy poco conocida. Se lo describe como un tecnócrata eficiente cercano al bloque económico liberal”.

Ciertamente, que el líder del Kremlin haya elegido un desconocido como primer ministro debe responder a alguna lógica. Jeifets ve, al menos, dos razones. “Putin lo está probando. Si Mishustin demuestra ser eficiente y leal tiene por delante una importante carrera política. Por otra parte, poner una figura poco conocida le permite al presidente mantener su propio peso político.”

Otro cambio constitucional de gran relevancia tiene que ver con la soberanía de Rusia en un mundo con pactos cada vez menos confiables. Hasta ahora la legislación internacional primaba sobre las leyes de la Carta Magna rusa. Según la enmienda propuesta por el presidente ahora “las decisiones de organismos internacionales tendrán validez si no entran en contradicción con la Constitución o no significa una restricción a los derechos fundamentales de la Federación Rusa”.

Finalmente Putin -quien sin dudas será recordado como el líder que transformó a la Rusia vasalla de Yeltsin en una potencia mundial con enorme peso en la arena internacional- señaló la hoja de ruta a seguir en dos temas centrales. El primero, vinculado a las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la genética, los nuevos materiales y las fuentes de energía donde instó a los científicos a “alcanzar avances no menos espectaculares que los que Rusia logró en el campo de la Defensa”, lo que no es poco pedir.

El segundo, está referido al gran karma que arrastra el país más vasto de la Tierra con su bajísima densidad poblacional. Rusia tiene casi el doble de territorio de Estados Unidos y de China pero menos de la mitad de habitantes de EEUU (146 millones de rusos contra 330 norteamericanos) y la décima parte de los 1.400 millones de chinos.

Antes de anunciar una serie de beneficios para las parejas que quieran tener hijos, Putin lo dijo clarito y sin vueltas: “El destino de Rusia y sus perspectivas histórica dependen de la situación demográfica”.

*Autora de “Todo lo que necesitás saber sobre la Guerra Fría”. Editorial Paidós

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 06:34

Argentina: soberanía popular y cerco geopolítico

Argentina: soberanía popular y cerco geopolítico

Buenos Aires. En la apretujada multitud que el día de la transmisión del mando intentaba llegar a la Plaza de Mayo, alguien exclamó: "¡Hay futuro, pero no hay cómo llegar!" Pero otra voz replicó: "¡El futuro llegó y estamos acá!" Y un dato no menor tuvo lugar cuando entre forcejeos, la marea humana estuvo a punto de arrojar al articulista sobre una parrilla en la que ardían sabrosos "choripanes".

A los que arribaron con horas de anticipación les fue imposible entrar a la histórica plaza, que, ya sin las rejas erigidas por Mauricio Macri, desbordaba de pueblo humilde, acampando desde la noche anterior. En las 15 cuadras que distan entre el Congreso y la Casa Rosada, millares de grupos coreaban: “¡Pre-si-denteee...! ­¡Alberto presiden-teee…!”

Difícil… muy difícil de transcribir aquel clima de fervor y cívica esperanza. Porque la democracia real volvía tras cuatro años sostenidos de hambre y desnutrición en el país de los alimentos, la deliberada marginación de viejos, enfermos y discapacitados, la persecución judicial a empresarios y dirigentes políticos de la oposición, el cierre masivo de pequeños y medianas industrias (pymes), los indiscriminados y arbitrarios despidos, y el burdo desdén de los símbolos patrios ejecutado por una mafia de capitalistas salvajes y delincuentes del fuero común.

Por ende, nada de receso navideño o distracciones decembrinas. En tan sólo cinco días, el presidente Alberto Fernández (AF) congeló las tarifas de los servicios públicos; relanzó el programa de "precios cuidados"; aumentó las jubilaciones y la asignación por hijo; rebajó el precio de los medicamentos; restringió las artimañas en los balances de las empresas para eludir el pago de ganancias; duplicó la indemnización por despido durante los próximos seis meses; restructuró los servicios de cobertura médica y social, y aumentó el impuesto al sector agroexportador, a los bienes personales de los ricos, el consumo con tarjetas en el exterior, y el largo etcétera que se dispone a desmontar el modelo económico neoliberal.

Desafíos que para el gobierno de AF, cercado por regímenes hostiles y funcionales a Washington y Tel Aviv, dibujan densos nubarrones: el Brasil del desquiciado (Jair) Bolsonaro, el Chile del genocida (Sebastián) Piñera, el Paraguay neocolonial de Mario Abdo Benítez, la OEA de Luis Almagro y, por sobre todo, el agresivo grupo golpista de fascistas que en noviembre pasado dieron un golpe de Estado en Bolivia, derrocando al presidente Evo Morales.

Con excepción de Paraguay y Uruguay, pocos presidentes asistieron a la transmisión del mando. Chile, Perú, Ecuador y Colombia enviaron funcionarios de segunda línea, mientras la presencia de Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela), y del ex presidente de Ecuador Rafael Correa, fue causa suficiente para que el yankicubano Mauricio Claver-Carone (enviado de Donald Trump y asesor para del Consejo de Seguridad Nacional) se retirara del acto protocolar, poniendo en cuestión el perfil democrático de Alberto Fernández.

El periodista Horacio Verbitsky apuntó que Elliot Abrams (representante especial del Departamento de Estado para Venezuela) le habría transmitido a Fernández el desacuerdo de su jefe, Mike Pompeo, con el gesto de Claver. No obstante, el enviado de Pompeo, Michael Kozac, permaneció en el país y asistió al almuerzo previsto por el nuevo gobernante argentino. “Y en el tête à tête con Kozac –dice Verbitski– cada parte se atuvo a su propia visión. Para los estadunidenses, no le hace bien a la democracia la radicación aquí del ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia… Para el argentino, lo que no le hace bien a la democracia es el elogio de Trump al Ejército que forzó la renuncia del presidente” ( El cohete a la luna, 15/12/19).

En cambio, el caso del presidente de Paraguay, Mario Abdo, luce más preocupante. Habiendo sido el primero en saludar a Fernández en la Casa Rosada, Abdo se reunió tres días después con Trump. Y luego, lo hizo en una reunión ampliada con Pompeo; el jefe de gabinete, Mick Mulvaney; el asesor presidencial del Consejo Nacional de Seguridad, Robert O’Brien; el presidente de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo Adam Boehler, y el citado Claver Carone. Según el periodista paraguayo Celso Guanipa Castro, de la declaración conjunta Trump-Abdo se desprende que Estados Unidos proveerá a Paraguay financiamiento para "entrenamiento militar y educativo" en 2020 y 2021, y que “el Comando Sur ejecutará un ejercicio de respuesta conjunta a crisis regionales en el 2021…” (sic, Nodal, 16/12/19).

Por ahora, la nueva generación de argentinos, que promete. Así, cuando en la noche del 10 de diciembre "la jefa" apareció en el templete levantado para la ocasión, 300 mil jóvenes la saludaron haciendo cimbrar la Plaza con la V de la victoria: "¡Cristina! ¡Cristina corazón! ¡Acá tenés los pibes para la liberación!"

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El papa Francisco prepara su sucesión y lleva a la Curia al cardenal 'rojo' Luis Antonio Tagle

- Francisco nombra al cardenal filipino, actual presidente de Cáritas, nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos

- Luis Antonio Gokim Tagle, de 62 años, es considerado el 'sucesor natural' de Bergoglio, y tendrá todo el poder sobre los misioneros y la gestión de la solidaridad a nivel mundial

- Su nombramiento, sumado al del jesuita español Juan Antonio Guerrero al frente de la Economía, augura una revolución curial, donde resisten algunos de sus cardenales opositores, como Sarah o Ouellet


El Papa Francisco ha puesto la marcha directa en el proceso de transformación de la Curia vaticana. Después de seis años de pontificado, 2020 se presenta como el curso definitivo para evaluar la capacidad del pontífice argentino para transformar la Iglesia. Y, por lo que parece, Bergoglio está decidido a consumar su 'revolución'.

Hace unas semanas sorprendía a todos nombrando al jesuita español Juan Antonio Guerrero como 'superministro' de Economía vaticano, cubriendo el hueco dejado por el cardenal George Pell, condenado por pederastia en Australia. Este domingo, por sorpresa, Francisco defenestraba al italiano Fernando Filoni (uno de los opositores al Papa con puesto de mando en la Curia) al frente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la encargada de gestionar el trabajo de los miles de misioneros católicos en todo el mundo.

El elegido no es otro que el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, considerado por muchos como el 'sucesor natural' de Bergoglio, y quien Francisco quiere tener cerca, en el interior de la Curia, conociendo las dificultades del trabajo en el interior del Vaticano. Tagle, que también es presidente de Cáritas Internationalis –cargo que compaginará con el ministerio vaticano–, tendrá bajo su mando dos de las grandes joyas del catolicismo, reconocidos incluso por los sectores más anticlericales: la mayor ONG de la Iglesia, y los misioneros.

El prefecto de 'Propaganda Fide' (anterior nombre de Evangelización a los Pueblos) es llamado el 'Papa Rojo', y lo cierto es que las atribuciones de Tagle lo convertirán en uno de los curiales con mayor poder en Roma. Junto al control de Cáritas y los misioneros, el filipino también será quien designe a los obispos en los más de mil territorios de misión compartidos por el mundo.

Ouellet y Sarah, los dos grandes opositores en la Curia

Con estos dos movimientos, sumados a la inminente renovación de la Curia –se espera que la nueva Constitución Apostólica, 'Praedicate Evangelium', pueda ser aprobada en febrero– que permitirá que los laicos puedan presidir dicasterios romanos y dará un mayor papel a hombres y mujeres no religiosos en los ministerios vaticanos, Francisco pone las bases para el que es su gran objetivo de pontificado: lograr que el Vaticano deje de ser un nido de poderes oscuros y corrupción, y se convierta en un órgano dinamizador de las distintas 'almas' de la Iglesia católica.

Pero esta revolución cuenta con muchos opositores en el interior del Vaticano, la mayor parte de ellos italianos. Aunque con este pontificado han perdido la mayoría en el Cónclave, y en puestos de responsabilidad directa, Francisco todavía cuenta con dos grandes opositores en importantes puestos de responsabilidad: el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos (encargada de nombrar prelados en todo el mundo), y que ya anunció que votó en contra de la reforma que permitirá a los hombres casados ser sacerdotes (como aprobó el Sínodo de la Amazonía); y el guineano Robert Sarah, prefecto de Culto Divino.

El posible sucesor de Francisco

¿Quién es el nuevo 'Papa rojo'?  Luis Antonio Gokim Tagle, nacido el 21 de junio de 1957 en Manila, de familia católica, padre de etnia tagalo y madre de origen chino (lo que puede ayudar al deseo del Papa de visitar Pekín), y fue ordenado sacerdote en 1982.

Estudió en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en teología con una tesis sobre la evolución de la colegialidad episcopal desde el Concilio Vaticano II, algo que también puede servir de cara a la futura organización curial. Arzobispo de Manila desde 2011, Benedicto XVI lo designó cardenal en 2012. A sus 62 años, si Francisco falleciera o renunciara (algo improbable, al menos mientras no fallezca Benedicto XVI o no se concluya la reforma curial), Tagle se asoma como uno de los principales candidatos a Papa de Roma. Un Papa joven, cuya misión sería hacer irreversibles las reformas que pueda avanzar Bergoglio.

Por Jesús Bastante   - en religiondigital.com

09/12/2019 - 21:25h

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:54

Acuerdo en la asamblea legislativa de Bolivia

Acuerdo en la asamblea legislativa de Bolivia

Aunque el timbre que llama a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sonó y sonó a lo largo de más de una hora y media y parecía que no se iba a completar el quorum para terminar de darle forma definitiva al proceso de elecciones extraordinarias, la deliberación se produjo y no tomó más de tres horas llegar al acuerdo. Aunque no hubo declaraciones en ese sentido, evidentemente la larga reunión de bancada del MAS IPSP acordó de manera unificada ir paso a paso y sacar el reglamento para después fijar la fecha en que se trate la ley de garantías para que se investiguen los crímenes cometidos en el marco de la represión -del Terrorismo de Estado- después de la autoproclamación como presidenta de Jeanine Áñez.

El 18 de diciembre, entonces, terminará el plazo para elegir los seis vocales que faltan para completar el Tribunal Supremo Electoral -el presidente, Salvador Romero, ya fue elegido por Áñez- entre “personas probas y sin militancia partidaria en los últimos diez años”. Y a partir de entonces habrá 48 horas de plazo para que el TSE presente el calendario electoral.

La plaza Murillo, el corazón del poder político boliviano, volvió a poblarse desde temprano, y a cercarse a la vez de vallas policiales y personal pertrechado con armas y tubos de gases lacrimógenos visibles. Quienes ocupaban la plaza y hacían conferencias de prensa al aire libre no tuvieron mayores problemas en atravesar controles: eran grupos de choque que se adjudican la protección de la Plaza desde principios de noviembre y la autoridad para denunciar “los crímenes de lesa humanidad de las hordas masistas”, según dijeron ante los micrófonos que les pusieron delante. “Si se atreves a votar la ley de impunidad vamos a volver a la calle, vamos a volver a bloquear”, dijo Juan Carlos Gimenez, uno de los voceros del grupo que se hacer llamar “Resistencia km 0” y que juran que duermen en las inmediaciones en “vigilia permanente”, amparados por el gobierno departamental de La Paz. Ahí estaba presente Magalí Valencia, administrativa del gobierno para dar fe de eso.

Dentro del recinto el trámite pasó sin problemas aunque en la puerta de la legislatura se inquirió a los diputades y senadores ahora oficialistas sobre el aumento en las jubilaciones y sueldos de personal uniformado. ¿Se trata de una recompensa por lo actuado en la represión? “Eso es un pensamiento revanchista -dijo Lourdes Millares, de UD-. Hoy Bolivia vive en democracia gracias a la policía y al Ejército”.

La devolución de favores no consta sólo en mejoras salariales, también en el reconocimiento oficial del rol del Ejercito en “mantener la paz interior” que les otorgó la autoproclamada presidenta Áñez en una visita a la sede principal de las fuerzas armadas donde desfiló frente a las tropas y recibió ella también una medalla al mérito.

Las condiciones para la pacificación que pusieron los movimientos y organizaciones sociales que integran el MAS IPSP siguen vigentes. Quedan 4 días para que las autoridades del partido llamen a un “ampliado nacional” en el que se terminen de coordinar estrategias comunes y avanzar en los dos sentidos: el fin de la persecución política, justicia para las víctimas y fin de la impunidad de las fuerzas represivas por un lado y avanzar en la elección de quienes podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Es probable que el cuarto intermedio para las movilizaciones espere esa reunión. No hay finales en esta historia, sólo puntos suspensivos para un pueblo que no quiere coser sus heridas con olvido.

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Eva Copa: "hay que usar la cabeza para que que no haya más muertes"

La representante del MAS logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. "Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento", afirma.

 

Mónica Eva Copa, con sus pantalones cargo y su campera azul cerrada hasta el cuello, sin dudas desentona con los dorados que recargan la sala de audiencias de la presidencia del Senado boliviano. Está incómoda con el lugar que le tocó, pero lo ocupa y se hace cargo. Como presidenta de la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada del MAS, a la que pertenece orgullosa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. La promulgación de esa ley le valió a esta alteña de 32, trabajadora social y aymara una foto con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta. “Es mi rol y tuve que hacerlo. No tengo trato con ella salvo porque es mi vecina, ella sale del Palacio Quemado con un tanque adelante y otro atrás y yo salgo de la legislatura en mi carro”, dice intentando bromear con una contradicción que resuelve porque, dice, es un hecho consumado la ocupación de la casa de gobierno.

--¿Se puede decir que hay un acuerdo en torno a nuevas elecciones en el corto plazo?

--Sí, el jueves se reunirá el pleno de la asamblea legislativa y se sancionará el acuerdo de que en los próximos 20 días se elijan los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral -que no deben tener ninguna militancia partidaria en los últimos diez años-, y en las siguientes 48 horas el TSE deberá presentar el calendario electoral pero con un plazo máximo de 120 días.

--La ley de elecciones venía atada a la Ley de Garantías que busca reparación para víctimas fatales y heridas y el cese de la persecución política de la que están siendo objeto funcionarios y funcionarias, militantes y hasta simpatizantes del MAS. ¿También hay acuerdo sobre esa ley?

--Bueno, ya ayer la Mesa de Unidad firmó un acuerdo con el gobierno de transición junto con la COB -Central Obrera Boliviana- y otras organizaciones. Esto hace que podamos reencaminar el trabajo que veníamos realizando en ese sentido pero se está priorizando que vaya en paralelo el reglamento sobre las elecciones. Nosotros sesionamos como Asamblea Legislativa el día jueves y bueno ahí se tratará punto por punto ese reglamento.

--Antes de volver a preguntarle sobre la ley de garantías, quisiera subrayar su expresión ¿incómoda? ¿irónica? Cuando dijo “gobierno de transición”.

--Bueno, ellos ya están ahí asentados con las dos fuerzas represoras de mi país a su lado; entonces no se puede hacer nada ¿no? Ellos saben como han llegado a autoproclamarse como gobierno y el pueblo los juzgará.

--Volvamos a la ley de garantías, ¿se podrá tratar el jueves?

--Pienso que para el viernes ya la podríamos tener, ojalá, pero también es difícil sentarse con organizaciones sociales para ver qué quieren, tenemos a favor que se llegaron a acuerdos en la mesa de unidad y esos acuerdos los vamos a ratificar.

--¿Esos acuerdos incluyen el cese de la persecución contra funcionarios públicos y autoridades electas?

--Lo que estamos diciendo en esta ley es ratificar los derechos humanos y constitucionales que tienen los mandatarios y mandatarias y así se va a reflejar, como lo dice la Constitución.

--Hay evidencias y denuncias de persecución contra dirigentes o incluso militantes del MAS, hay un pedido de detención sobre el presidente Evo Morales, sobre el ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana, hay personas buscadas por sedición y terrorismo; ¿esto cómo lo contempla la ley de garantías?

--La ley en su artículo siete manifiesta que se debe garantizar la protección a todos los que hayan sido elegidos por voto dentro de su mandato constitucional. De igual manera los ministros o ex ministros que al día de hoy están con diferentes situaciones, ellos tienen por ley el tema de la amnistía. Lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y ellos requerirán asilo en las diferentes embajadas.

--¿Y quienes ya están detenidos como el gobernador de Chuquisaca?

--Tiene detención domiciliaria, entiendo. La ley va a garantizar el ejercicio pleno de todos los que hemos sido elegidos en votaciones. Esta ley dice no a los amedrentamientos, a la persecución política, no más hostigamiento ni amenazas para que renuncien por presión. Es lo que venimos pidiendo y es lo que vamos a pedir. Ha habido consensos y lo que queda ahora es sentarnos y afinar la ley para que esto pueda ser una realidad.

--Esa ley también hace mención a las víctimas fatales y heridas durante la represión desatada después de la autoproclamación de Jeanine Áñez en la presidencia.

--Es el primer punto que salga la indemnización para las familias de los fallecidos, que también el gobierno busque recursos, bueno este gobierno de transición (la cara se le deforma otra vez), para que cubra los gastos de las personas heridas en todo el país. Y también que se formen mesas de trabajo para liberar a los detenidos. Hasta ayer... ¿hoy en que día estamos? (le soplan que es lunes), bueno, hasta el jueves pasado teníamos mil detenidos injustamente. En la mesa de unidad que se reunió estos días en el Palacio Quemado se acordó que se haría una mesa con fiscales generales y organizaciones para ver caso por caso y que sean liberados.

--Y en cuanto a las responsabilidades penales que le puedan caber a quienes ejecutaron la represión y quienes dieron las órdenes, ¿se va avanzar en ese sentido? Porque hasta ahora el decreto que da inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad sigue vigente.

--Una carta blanca para matar (hace un largo silencio). Si bien no va a haber Justicia en nuestro país por ese hecho, hay instancias internacionales en las que sí va a haber. Pienso que el gobierno de transición ha debido ver los mecanismos para sacar ese decreto que es inconstitucional y debe saber que hay tantos organismos internacionales como prensa internacional que ha visto lo que ha pasado muy de cerca. Hay tribunales internacionales que van a tener que juzgar lo que pasó en nuestro país.

--O sea que no ves instancias ni confianza en la Justicia de Bolivia.

--Después de todo lo que ha pasado no puedo confiar.

--¿En quién o en quiénes sí confía? Porque ocupa un lugar de mucha responsabilidad en este momento.

--Yo no soy cristiana pero creo en dios, no puedo confiar más que en él y le pido que me de sabiduría para tomar decisiones. Eso no quiere decir que no tome en cuenta la voz de mis organizaciones; pero creo que en este momento en particular es necesario tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

--¿A qué se refiere?

--A que si tomara decisiones con el corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muertes.

--No termino de entender qué es lo que guiaría el corazón.

--Me refiero a que están siendo vulnerados nuestros derechos, a que ya no hay libertad de expresión, al título de sedición. A los muertos. Si muere alguien dejas familias, dejas más heridas; pero no se puede multiplicar esa situación trágica. Estas decisiones las tomo con mi bancada, somos los dos tercios, el MAS, ahora oposición, y hemos tomado decisiones conjuntas, unánimes y hasta ahora hemos encaminado este proceso de buena manera y seguiremos así.

--¿Cómo imagina la salida política? Porque hasta ahora hay pasos técnicos en relación a definir elecciones, pero ¿cómo se llega a las elecciones, con qué candidaturas? Más teniendo en cuenta que Luis Camacho y Marco Pumari -cívicos que acompañaron la autoproclamación de Áñez con la Biblia en la mano- ya se postularon como candidatos de unidad de la derecha.

--Yo pienso que el pueblo es sabio, pienso que nuestra gente no es tonta y lo va a demostrar en estas elecciones. Haber utilizado a la biblia y a dios como bandera de una reivindicación de recuperar la democracia y ahora los ves con perfiles de candidatos... será la población quién los vaya a juzgar. Yo como senadora del MAS no tengo la tuición ni la potestad de elegir los candidatos, serán los representantes regionales, departamentales, nacionales los que convoquen a congresos y definan quiénes serán los mejores hombres y mujeres para las candidaturas, aglutinando a los sectores que están dentro del MAS: organizaciones sociales, clase trabajadora media y obrera. Así se tomarán las decisiones.

--¿Cómo cree que un movimiento como el 21F, que cuestionaba que no se haya respetado el plebiscito que dijo no a otra reelección y que no era estrictamente de derecha se haya convertido en una fuerza capaz de forzar un golpe de Estado que tiene características racistas, xenófobas, fascistas?

--Bueno porque muchos políticos pueden tener disfraces. Creo que esto no ha sido trabajado por nosotros en los meses previos. Hemos sido muy autocríticos en relación a que no estábamos preparados para enfrentar una organización bien orquestada desde hace mucho tiempo, eso no lo vimos. Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento. Pero yo insisto que la historia y nuestro pueblo boliviano son los que van a juzgar el actuar de quienes ahora estamos en la palestra política. Y en cuanto al racismo, creímos que lo habíamos superado, que ya no había esa lucha; lamentablemente no es así.

--¿Tiene diálogo con la presidenta de facto?

--¡Nooo! Si tuve que salir en la foto es porque la ley de elecciones es un trabajo del MAS. Nosotros encaminamos la ley, con nuestros dos tercios hemos tenido la voluntad política y la responsabilidad de sacar esta ley. Una cosa es que lo promulgues y otra muy distinta que lo trabajes. Nosotros la trabajamos con los partidos aliados y llevamos la ley en unanimidad.

--¿Le preocupa que quienes están en el ejecutivo puedan realizar modificaciones estructurales en la economía por ejemplo?

--Ellos pueden sacar decretos supremos y también pueden cerrarnos el Congreso si no les gusta lo que hacemos, pero si deciden por esa opción será el pueblo boliviano juzgará y actuará.

--¿Cuál es la responsabilidad de la bancada legislativa en la reorganización del MAS?

--Lo que se juega acá es mantener vigente al MAS en el ámbito político. Y serán delegados y delegadas regionales, las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, todos los sectores que integran el movimiento quienes reorganicen el partido.


 Los límites del acuerdo electoral en Bolivia

Tensiones que crujen

Por Marta Dillon

 

Varios escenarios desplegados en simultáneo dan cuenta de las tensiones que crujen por detrás de la normalidad en la que el gobierno autoproclamado insiste en difundir con un aparato de propaganda propio de los regímenes totalitarios. El más preocupante no tiene un lugar fijo y es la persecución constante contra quienes ocuparon cargos en el gobierno depuesto de Evo Morales y en las distintas regiones del país; la más visible, sin embargo, fue la escena montada en la puerta de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde supuestos grupos autoconvocados pidieron que se acuse de terrorismo y se destituya a la Defensora interina, Nadia Cruz, y a la ex defensora adjunta, la primera transexual en ocupar ese cargo, Tamara Núñez del Prado, quien además sufrió amenazas de muerte desde el primer día del golpe.

Casi en simultáneo con esa manifestación liderada por Melissa Ibarra, quien fue jefa de campaña de Carlos Mesa en las elecciones de octubre, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, el mismo que le pidió la renuncia a Evo dejando una carta sobre la Biblia en el Palacio Quemado, se autoproclamó candidato a presidente. Y Jeanine Áñez, la bendecida por Camacho en su, también, autoproclamación como presidenta, nombró a través de la cancillería a un embajador en Estados Unidos que Bolivia no tuvo en los últimos 11 años; se trata de Walter Serrate Cuéllar. Aun en la transición, la fuerza de ocupación del Palacio Quemado, reordena sus relaciones diplomáticas.

Pero el golpe de Estado tiene resistencia y se está organizando: en Cochabamba, en el mercado de Lunca Ñ, se reunió el Ampliado Nacional de Organizaciones Sociales -fueron cientos de delegados y delegadas de todas las regiones del país- para marcar sus límites a los acuerdos de desmovilización que venían levantando los bloqueos en El Alto y otras regiones: levantar los bloqueos es sólo un cuarto intermedio a la espera de la derogación del decreto 4078 -de inmunidad para las fuerzas represivas-, el tratamiento de la Ley de Garantías y la renuncia de Jeanine Áñez. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Asamblea Legislativa, el tiempo del cuarto intermedio empezará a correr.

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La Cámara de Diputados de Bolivia convoca elecciones generales

La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.

24/11/2019 10:31 Actualizado: 24/11/2019 17:33

efe

La presidenta interina de Bolivia tras el Golpe de Estado, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".

Jeanine Áñez subrayó el compromiso de su Gobierno provisional con unas elecciones limpias frente al "fraude" del que acusa a Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre, cuyos resultados con esta ley quedan anulados.

"Bendito sea Dios por este día", fueron las primeras palabras de Áñez tras firmar la ley en el palacio de Gobierno en La Paz. "No ha sido fácil construir el consenso", reconoció, necesario en el Parlamento para aprobar por unanimidad esta ley para que los bolivianos "elijan sin fraude, sin engaños y sin chantaje".

Frente a las "maquinaciones oscuras, como hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales", según la mandataria provisional. "Dios los bendiga siempre, llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia", fueron sus palabras para cerrar el discurso.

Los principales artículos 

Uno de los primeros puntos de esta norma, excepcional y transitoria, es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Otro es el que establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de que sean convocadas por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento boliviano.

Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, después de que el anterior generara denuncias de irregularidades, y con todos los partidos que deseen concurrir.

Uno de los artículos clave es el que recalca que los candidatos no pueden eludir el límite constitucional de dos mandatos seguidos en sus cargos. La oposición concurrió a las anteriores elecciones pese a considerar que Morales era un candidato ilegal por no respetar ese límite, aunque su candidatura estaba avalada por el entonces órgano electoral.

El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, quien ante las protestas y la presión del Ejército dimitió y está asilado en México.

La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.

Consejo parlamentario 

La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la dirigente del Senado boliviano, Eva Copa, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada por unanimidad este pasado sábado entre el MAS y la oposición en las Cámaras de Senadores y de Diputados, incluida la formación de Áñez, Unidad Demócrata.

Los comicios, aún sin fecha, pero que se esperan para el comienzo de 2020, son para elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores.

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Aprueban en Bolivia proyecto de nuevas elecciones presidenciales

La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus gobierno de transición democrática.

El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y saneará el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno de transición democrática que va a garantizar una participación política absolutamente libre.

Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.

El punto es la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

Choque en Cochabamba

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre cívicos enemigos de Morales y los partidarios del asilado.

Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan Evo cumple.

Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.

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Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel, quien ayer fue ratificado presidente, en la sesión de la recién restructurada Asamblea Nacional.Foto Afp/Cubavisión/HO

La Habana. La Asamblea Nacional de Cuba estrenó ayer un nuevo esquema de gobierno al ratificar una restructuración con la que busca mejorar la gestión, y que considera el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y la salida del Consejo de Estado de los últimos representantes de la generación de la revolución.

Los diputados cubanos estrenaron ayer un nuevo esquema de gobierno para el cual volvieron a designar a Miguel Díaz-Canel como presidente, al tiempo que eligieron a los miembros de un Consejo de Estado en el cual excluyeron los últimos representantes de la generación de la revolución.

Díaz-Canel, ingeniero de 59 años que en 2018 sucedió a Raúl Castro, tendrá ahora tres meses para designar un primer ministro que encabece el Consejo de Ministros y a los gobernadores de las 15 provincias, cargos también de nuevo cuño.

En la reorganización, Esteban Lazo, líder de la Asamblea Nacional, fue designado presidente del Consejo de Estado de 21 miembros, que excluye ahora a los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, de 91, los últimos representantes de la generación que combatió con Fidel Castro (1926-2016).

Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Díaz-Canel ocupaba hasta la fecha, según el antiguo esquema impuesto por la Constitución de 1976, el puesto formalmente separado, pero en la práctica unificado, de presidente de los Consejos de Estado, por un lado y de Ministros –éste con el gobierno efectivo–, como anteriormente lo hicieron Fidel y Raúl Castro.

El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con la Constitución que entró en vigor en abril.

El Consejo de Estado es el principal órgano de la Asamblea, el Poder Legislativo del Estado comunista.

La reorganización, establecida en una Constitución aprobada en un referendo a principios de año, busca fortalecer a los gobiernos provinciales y liberar al presidente del día a día de los asuntos gubernamentales.

"Siendo optimistas, podemos esperar mayor calidad de gestión política y económica a partir de la diferenciación de funciones entre varios órganos", comentó en entrevista con la agencia Ap el jurista y constitucionalista cubano, Raudiel Peña. "Esto supone un reto importante para la Asamblea Nacional, porque tendrá que perfeccionar sus mecanismos de control sobre los otros órganos del Estado".

El cambio de esquema de gobierno no representa una modificación del modelo unipartidista en la isla.

El presidente sigue manteniendo el poder y detrás de él el Partido Comunista, indicó Arturo López-Levy, ex analista del gobierno cubano y ahora profesor asistente en la Universidad Holy Names, en California.

"Hay una división de funciones y mayor delegación en la gestión de actividades diarias, pero en el área de personal y decisión, nominal e institucionalmente, el poder está más concentrado en el presidente", explicó.

En un discurso ante los diputados, Díaz-Canel dijo que la sesión de la Asamblea Nacional tiene lugar cuando lo peor de la escasez de combustible terminó, pero advirtió que continuarán las medidas de austeridad.

En septiembre, el transporte público quedó paralizado en parte y bueyes remplazaron a los tractores por la falta de diésel.

El mandatario culpó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sancionar los envíos de combustible desde su aliado Venezuela, pero dijo que actualmente se había estabilizado en parte el suministro, pese a que Washington está "persiguiendo barco por barco y negociación a negociación".

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Sharif Shayaq, uno de los voceros talibanes.  Imagen: EFE

El mandatario republicano anunció la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán a realizarse en territorio estadounidense, 

El sorpresivo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, referido a la cancelación de las conversaciones de paz con los talibanes pone en duda el plan de retiro de tropas de Washington en Afganistán, y eleva el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en el país asiático. El detonante de la suspensión de las negociaciones fue la muerte de 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense, tras un atentado en Kabul. Los talibanes se vieron sorprendidos por la decisión de Trump y afirmaron que Estados Unidos "sufrirá más que nadie" las consecuencias. 

"Cuando los talibanes trataron de ganar ventaja en la negociación realizando ataques terroristas dentro del país, el presidente Trump tomó la decisión adecuada. No tenía sentido recompensarlos por este mal comportamiento", dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena CNN. No obstante, aseguró que Washington sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz con "condiciones" tras el atentado mortal de Kabul, capital afgana, del jueves pasado, en el que murieron una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense.

Entre los temas que los talibanes habían aceptado dialogar, indicó Pompeo, se encontraban sentarse a negociar con el gobierno de Afganistán, alcanzar una "cierta reducción en los niveles de violencia" y romper con el grupo terrorista Al Qaeda. No obstante, remarcó que "si no se cumplen esas condiciones, no vamos a entrar en ningún acuerdo".

Las declaraciones de Pompeo surgen un día después de que Trump anunciara la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán a realizarse en territorio estadounidense, y la cancelación de las conversaciones de paz. Trump justificó la decisión a través de una serie de mensajes en Twitter tras el atentado en Kabul.

“Sin ser conocido casi por nadie, los principales líderes talibanes y, de forma separada, el presidente de Afganistán, iban a encontrarse de manera secreta conmigo el domingo en Camp David”, dijo el mandatario, en referencia a la residencia de descanso presidencial en Maryland, a las afueras de Washington.

El mandatario lamentó que, "para intentar conseguir una falsa ventaja" en las negociaciones, los talibanes cometieron un atentado el jueves pasado. Se trataba del segundo ataque de los insurgentes en pocos días en la capital afgana, a pesar del "acuerdo de principio" que el negociador estadounidense, Zalmay Khalilzad, afirmaba haber cerrado a partir de negociaciones en Doha, y que había presentado al presidente afgano, Ashraf Ghani, a principios de la semana pasada.

"¿Qué tipo de personas mata a tanta gente para lograr una aparente mejoría de su posición en las negociaciones? Han fracasado, ¡sólo han conseguido empeorar las cosas!", twitteó Trump. "Si son incapaces de aceptar un alto el fuego durante esas negociaciones de paz tan importantes, y están incluso dispuestos a matar a 12 inocentes, es que probablemente no tienen la capacidad de negociar un acuerdo significativo. ¿Cuántas décadas quieren seguir combatiendo?", agregó el presidente estadounidense.

Desde Doha, el portavoz de la oficina política de los talibanes en la capital de Qatar, Suhail Shaheen, calificó de "sorprendente" el anuncio de Trump y agregó que siembra dudas sobre su "credibilidad". "Hace unos días concluimos un acuerdo con la parte estadounidense, su contenido fue subrayado por los dos equipos y fue entregado al lado qatarí. Todos estaban satisfechos, se acordó que sería anunciado por el gobierno de Qatar", afirmó Shaheen en su cuenta de Twitter.

Los talibanes en Afganistán fueron más allá al afirmar que Estados Unidos "sufrirá más que nadie", aunque dejaron la puerta abierta a futuras negociaciones. "Todavía creemos que el lado estadounidense se retractará de esta posición. Nuestra lucha durante los últimos 18 años tendría que haber demostrado a los estadounidenses que no estaremos satisfechos hasta que asistamos a un final completo de la ocupación", señalaron los talibanes a través de su portavoz, Zabihulá Mujahid. Afirmaron además que a causa de esta suspensión Estados Unidos "sufrirá más que nadie, toda su credibilidad se verá lastrada. Las pérdidas humanas y financieras aumentarán".

Estados Unidos y Afganistán mantuvieron nueve rondas de negociación en Qatar, y recientemente se hizo público un borrador de acuerdo que preveía la retirada en 135 días de 5 mil soldados estadounidenses desplegados en territorio afgano. Esta retirada parcial iba a dejar al contingente estadounidense en Afganistán en un nivel muy similar al que tenía cuando Trump llegó al poder en enero de 2017, cuando había unos 8.400 soldados instalados en el país. La guerra de Afganistán es el conflicto bélico más largo en el que ha estado inmerso Estados Unidos. Este año se cumplen 18 años de ocupación, en los cuales más de 2.300 soldados estadounidenses perdieron la vida.

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Trump cancela unas negociaciones de paz secretas con los talibanes

El presidente de EE UU anuncia en Twitter que no se puede fiar de quien ha matado a 12 inocentes en un atentado en Kabul

 

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha cancelado las negociaciones de paz con los talibanes, después de que el grupo insurgente haya admitido estar detrás de un atentado en Kabul que acabó con la vida de un soldado estadounidense y otras 11 personas. “Sin que casi nadie lo supiera, los principales líderes talibán y, por separado, el presidente de Afganistán, iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David. Llegaban esta noche a Estados Unidos”, informaba el presidente con un tuit esta noche. El mandatario explica a continuación que después de que sus invitados admitiesen que estaban detrás del ataque en Kabul que mató “a uno de nuestros grandes soldados y a otras 11 personas", decidió cancelar "inmediatamente la reunión y las negociaciones de paz”.

“¿Qué clase de gente mataría a tantas personas para aparentemente fortalecer su posición de negociación?”, se pregunta el presidente. “Así no lo han conseguido, ¡sólo han empeorado la situación! Si no pueden acordar un alto el fuego durante estas importantes conversaciones de paz, e incluso han sido capaces de matar a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tengan el poder necesario para negociar un acuerdo significativo”, prosigue Trump, que finaliza preguntándose: “¿Cuántas décadas más están dispuestos a luchar?”.

Recientemente los talibanes han lanzado una ofensiva contra la capital de la provincia de Kunduz y han perpetrado dos atentados suicidas en Kabul, uno de los cuales se cobró la vida de un sargento del Ejército estadounidense. Con este ya son 16 los militares de EE UU muertos en Afganistán este año.

El borrador de este acuerdo de paz incluía la retirada de miles de militares estadounidenses a cambio de garantías de que Afganistán no se convertirá en refugio de Al Qaeda, el Estado Islámico o cualquier otra organización que pueda atacar a Estados Unidos y sus aliados. Tras la espantada de Trump, ahora no está claro en qué situación queda la negociación para acabar con la guerra más larga jamás mantenida por EE UU y el retorno de las fuerzas estadounidenses. Según informa el diario The Washington Post, esta cumbre secreta habría supuesto un paso hacia la ratificación de un acuerdo entre Washington y los talibanes que llevaba meses negociándose.

Por Yolanda Monge

Washington 7 SEP 2019 - 21:46 COT

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