Eva Copa: "hay que usar la cabeza para que que no haya más muertes"

La representante del MAS logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. "Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento", afirma.

 

Mónica Eva Copa, con sus pantalones cargo y su campera azul cerrada hasta el cuello, sin dudas desentona con los dorados que recargan la sala de audiencias de la presidencia del Senado boliviano. Está incómoda con el lugar que le tocó, pero lo ocupa y se hace cargo. Como presidenta de la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada del MAS, a la que pertenece orgullosa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. La promulgación de esa ley le valió a esta alteña de 32, trabajadora social y aymara una foto con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta. “Es mi rol y tuve que hacerlo. No tengo trato con ella salvo porque es mi vecina, ella sale del Palacio Quemado con un tanque adelante y otro atrás y yo salgo de la legislatura en mi carro”, dice intentando bromear con una contradicción que resuelve porque, dice, es un hecho consumado la ocupación de la casa de gobierno.

--¿Se puede decir que hay un acuerdo en torno a nuevas elecciones en el corto plazo?

--Sí, el jueves se reunirá el pleno de la asamblea legislativa y se sancionará el acuerdo de que en los próximos 20 días se elijan los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral -que no deben tener ninguna militancia partidaria en los últimos diez años-, y en las siguientes 48 horas el TSE deberá presentar el calendario electoral pero con un plazo máximo de 120 días.

--La ley de elecciones venía atada a la Ley de Garantías que busca reparación para víctimas fatales y heridas y el cese de la persecución política de la que están siendo objeto funcionarios y funcionarias, militantes y hasta simpatizantes del MAS. ¿También hay acuerdo sobre esa ley?

--Bueno, ya ayer la Mesa de Unidad firmó un acuerdo con el gobierno de transición junto con la COB -Central Obrera Boliviana- y otras organizaciones. Esto hace que podamos reencaminar el trabajo que veníamos realizando en ese sentido pero se está priorizando que vaya en paralelo el reglamento sobre las elecciones. Nosotros sesionamos como Asamblea Legislativa el día jueves y bueno ahí se tratará punto por punto ese reglamento.

--Antes de volver a preguntarle sobre la ley de garantías, quisiera subrayar su expresión ¿incómoda? ¿irónica? Cuando dijo “gobierno de transición”.

--Bueno, ellos ya están ahí asentados con las dos fuerzas represoras de mi país a su lado; entonces no se puede hacer nada ¿no? Ellos saben como han llegado a autoproclamarse como gobierno y el pueblo los juzgará.

--Volvamos a la ley de garantías, ¿se podrá tratar el jueves?

--Pienso que para el viernes ya la podríamos tener, ojalá, pero también es difícil sentarse con organizaciones sociales para ver qué quieren, tenemos a favor que se llegaron a acuerdos en la mesa de unidad y esos acuerdos los vamos a ratificar.

--¿Esos acuerdos incluyen el cese de la persecución contra funcionarios públicos y autoridades electas?

--Lo que estamos diciendo en esta ley es ratificar los derechos humanos y constitucionales que tienen los mandatarios y mandatarias y así se va a reflejar, como lo dice la Constitución.

--Hay evidencias y denuncias de persecución contra dirigentes o incluso militantes del MAS, hay un pedido de detención sobre el presidente Evo Morales, sobre el ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana, hay personas buscadas por sedición y terrorismo; ¿esto cómo lo contempla la ley de garantías?

--La ley en su artículo siete manifiesta que se debe garantizar la protección a todos los que hayan sido elegidos por voto dentro de su mandato constitucional. De igual manera los ministros o ex ministros que al día de hoy están con diferentes situaciones, ellos tienen por ley el tema de la amnistía. Lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y ellos requerirán asilo en las diferentes embajadas.

--¿Y quienes ya están detenidos como el gobernador de Chuquisaca?

--Tiene detención domiciliaria, entiendo. La ley va a garantizar el ejercicio pleno de todos los que hemos sido elegidos en votaciones. Esta ley dice no a los amedrentamientos, a la persecución política, no más hostigamiento ni amenazas para que renuncien por presión. Es lo que venimos pidiendo y es lo que vamos a pedir. Ha habido consensos y lo que queda ahora es sentarnos y afinar la ley para que esto pueda ser una realidad.

--Esa ley también hace mención a las víctimas fatales y heridas durante la represión desatada después de la autoproclamación de Jeanine Áñez en la presidencia.

--Es el primer punto que salga la indemnización para las familias de los fallecidos, que también el gobierno busque recursos, bueno este gobierno de transición (la cara se le deforma otra vez), para que cubra los gastos de las personas heridas en todo el país. Y también que se formen mesas de trabajo para liberar a los detenidos. Hasta ayer... ¿hoy en que día estamos? (le soplan que es lunes), bueno, hasta el jueves pasado teníamos mil detenidos injustamente. En la mesa de unidad que se reunió estos días en el Palacio Quemado se acordó que se haría una mesa con fiscales generales y organizaciones para ver caso por caso y que sean liberados.

--Y en cuanto a las responsabilidades penales que le puedan caber a quienes ejecutaron la represión y quienes dieron las órdenes, ¿se va avanzar en ese sentido? Porque hasta ahora el decreto que da inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad sigue vigente.

--Una carta blanca para matar (hace un largo silencio). Si bien no va a haber Justicia en nuestro país por ese hecho, hay instancias internacionales en las que sí va a haber. Pienso que el gobierno de transición ha debido ver los mecanismos para sacar ese decreto que es inconstitucional y debe saber que hay tantos organismos internacionales como prensa internacional que ha visto lo que ha pasado muy de cerca. Hay tribunales internacionales que van a tener que juzgar lo que pasó en nuestro país.

--O sea que no ves instancias ni confianza en la Justicia de Bolivia.

--Después de todo lo que ha pasado no puedo confiar.

--¿En quién o en quiénes sí confía? Porque ocupa un lugar de mucha responsabilidad en este momento.

--Yo no soy cristiana pero creo en dios, no puedo confiar más que en él y le pido que me de sabiduría para tomar decisiones. Eso no quiere decir que no tome en cuenta la voz de mis organizaciones; pero creo que en este momento en particular es necesario tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

--¿A qué se refiere?

--A que si tomara decisiones con el corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muertes.

--No termino de entender qué es lo que guiaría el corazón.

--Me refiero a que están siendo vulnerados nuestros derechos, a que ya no hay libertad de expresión, al título de sedición. A los muertos. Si muere alguien dejas familias, dejas más heridas; pero no se puede multiplicar esa situación trágica. Estas decisiones las tomo con mi bancada, somos los dos tercios, el MAS, ahora oposición, y hemos tomado decisiones conjuntas, unánimes y hasta ahora hemos encaminado este proceso de buena manera y seguiremos así.

--¿Cómo imagina la salida política? Porque hasta ahora hay pasos técnicos en relación a definir elecciones, pero ¿cómo se llega a las elecciones, con qué candidaturas? Más teniendo en cuenta que Luis Camacho y Marco Pumari -cívicos que acompañaron la autoproclamación de Áñez con la Biblia en la mano- ya se postularon como candidatos de unidad de la derecha.

--Yo pienso que el pueblo es sabio, pienso que nuestra gente no es tonta y lo va a demostrar en estas elecciones. Haber utilizado a la biblia y a dios como bandera de una reivindicación de recuperar la democracia y ahora los ves con perfiles de candidatos... será la población quién los vaya a juzgar. Yo como senadora del MAS no tengo la tuición ni la potestad de elegir los candidatos, serán los representantes regionales, departamentales, nacionales los que convoquen a congresos y definan quiénes serán los mejores hombres y mujeres para las candidaturas, aglutinando a los sectores que están dentro del MAS: organizaciones sociales, clase trabajadora media y obrera. Así se tomarán las decisiones.

--¿Cómo cree que un movimiento como el 21F, que cuestionaba que no se haya respetado el plebiscito que dijo no a otra reelección y que no era estrictamente de derecha se haya convertido en una fuerza capaz de forzar un golpe de Estado que tiene características racistas, xenófobas, fascistas?

--Bueno porque muchos políticos pueden tener disfraces. Creo que esto no ha sido trabajado por nosotros en los meses previos. Hemos sido muy autocríticos en relación a que no estábamos preparados para enfrentar una organización bien orquestada desde hace mucho tiempo, eso no lo vimos. Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento. Pero yo insisto que la historia y nuestro pueblo boliviano son los que van a juzgar el actuar de quienes ahora estamos en la palestra política. Y en cuanto al racismo, creímos que lo habíamos superado, que ya no había esa lucha; lamentablemente no es así.

--¿Tiene diálogo con la presidenta de facto?

--¡Nooo! Si tuve que salir en la foto es porque la ley de elecciones es un trabajo del MAS. Nosotros encaminamos la ley, con nuestros dos tercios hemos tenido la voluntad política y la responsabilidad de sacar esta ley. Una cosa es que lo promulgues y otra muy distinta que lo trabajes. Nosotros la trabajamos con los partidos aliados y llevamos la ley en unanimidad.

--¿Le preocupa que quienes están en el ejecutivo puedan realizar modificaciones estructurales en la economía por ejemplo?

--Ellos pueden sacar decretos supremos y también pueden cerrarnos el Congreso si no les gusta lo que hacemos, pero si deciden por esa opción será el pueblo boliviano juzgará y actuará.

--¿Cuál es la responsabilidad de la bancada legislativa en la reorganización del MAS?

--Lo que se juega acá es mantener vigente al MAS en el ámbito político. Y serán delegados y delegadas regionales, las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, todos los sectores que integran el movimiento quienes reorganicen el partido.


 Los límites del acuerdo electoral en Bolivia

Tensiones que crujen

Por Marta Dillon

 

Varios escenarios desplegados en simultáneo dan cuenta de las tensiones que crujen por detrás de la normalidad en la que el gobierno autoproclamado insiste en difundir con un aparato de propaganda propio de los regímenes totalitarios. El más preocupante no tiene un lugar fijo y es la persecución constante contra quienes ocuparon cargos en el gobierno depuesto de Evo Morales y en las distintas regiones del país; la más visible, sin embargo, fue la escena montada en la puerta de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde supuestos grupos autoconvocados pidieron que se acuse de terrorismo y se destituya a la Defensora interina, Nadia Cruz, y a la ex defensora adjunta, la primera transexual en ocupar ese cargo, Tamara Núñez del Prado, quien además sufrió amenazas de muerte desde el primer día del golpe.

Casi en simultáneo con esa manifestación liderada por Melissa Ibarra, quien fue jefa de campaña de Carlos Mesa en las elecciones de octubre, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, el mismo que le pidió la renuncia a Evo dejando una carta sobre la Biblia en el Palacio Quemado, se autoproclamó candidato a presidente. Y Jeanine Áñez, la bendecida por Camacho en su, también, autoproclamación como presidenta, nombró a través de la cancillería a un embajador en Estados Unidos que Bolivia no tuvo en los últimos 11 años; se trata de Walter Serrate Cuéllar. Aun en la transición, la fuerza de ocupación del Palacio Quemado, reordena sus relaciones diplomáticas.

Pero el golpe de Estado tiene resistencia y se está organizando: en Cochabamba, en el mercado de Lunca Ñ, se reunió el Ampliado Nacional de Organizaciones Sociales -fueron cientos de delegados y delegadas de todas las regiones del país- para marcar sus límites a los acuerdos de desmovilización que venían levantando los bloqueos en El Alto y otras regiones: levantar los bloqueos es sólo un cuarto intermedio a la espera de la derogación del decreto 4078 -de inmunidad para las fuerzas represivas-, el tratamiento de la Ley de Garantías y la renuncia de Jeanine Áñez. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Asamblea Legislativa, el tiempo del cuarto intermedio empezará a correr.

Publicado enInternacional
La Cámara de Diputados de Bolivia convoca elecciones generales

La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.

24/11/2019 10:31 Actualizado: 24/11/2019 17:33

efe

La presidenta interina de Bolivia tras el Golpe de Estado, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".

Jeanine Áñez subrayó el compromiso de su Gobierno provisional con unas elecciones limpias frente al "fraude" del que acusa a Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre, cuyos resultados con esta ley quedan anulados.

"Bendito sea Dios por este día", fueron las primeras palabras de Áñez tras firmar la ley en el palacio de Gobierno en La Paz. "No ha sido fácil construir el consenso", reconoció, necesario en el Parlamento para aprobar por unanimidad esta ley para que los bolivianos "elijan sin fraude, sin engaños y sin chantaje".

Frente a las "maquinaciones oscuras, como hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales", según la mandataria provisional. "Dios los bendiga siempre, llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia", fueron sus palabras para cerrar el discurso.

Los principales artículos 

Uno de los primeros puntos de esta norma, excepcional y transitoria, es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Otro es el que establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de que sean convocadas por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento boliviano.

Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, después de que el anterior generara denuncias de irregularidades, y con todos los partidos que deseen concurrir.

Uno de los artículos clave es el que recalca que los candidatos no pueden eludir el límite constitucional de dos mandatos seguidos en sus cargos. La oposición concurrió a las anteriores elecciones pese a considerar que Morales era un candidato ilegal por no respetar ese límite, aunque su candidatura estaba avalada por el entonces órgano electoral.

El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, quien ante las protestas y la presión del Ejército dimitió y está asilado en México.

La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.

Consejo parlamentario 

La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la dirigente del Senado boliviano, Eva Copa, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada por unanimidad este pasado sábado entre el MAS y la oposición en las Cámaras de Senadores y de Diputados, incluida la formación de Áñez, Unidad Demócrata.

Los comicios, aún sin fecha, pero que se esperan para el comienzo de 2020, son para elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores.

Publicado enInternacional
Aprueban en Bolivia proyecto de nuevas elecciones presidenciales

La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus gobierno de transición democrática.

El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y saneará el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno de transición democrática que va a garantizar una participación política absolutamente libre.

Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.

El punto es la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

Choque en Cochabamba

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre cívicos enemigos de Morales y los partidarios del asilado.

Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan Evo cumple.

Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.

Publicado enInternacional
Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel, quien ayer fue ratificado presidente, en la sesión de la recién restructurada Asamblea Nacional.Foto Afp/Cubavisión/HO

La Habana. La Asamblea Nacional de Cuba estrenó ayer un nuevo esquema de gobierno al ratificar una restructuración con la que busca mejorar la gestión, y que considera el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y la salida del Consejo de Estado de los últimos representantes de la generación de la revolución.

Los diputados cubanos estrenaron ayer un nuevo esquema de gobierno para el cual volvieron a designar a Miguel Díaz-Canel como presidente, al tiempo que eligieron a los miembros de un Consejo de Estado en el cual excluyeron los últimos representantes de la generación de la revolución.

Díaz-Canel, ingeniero de 59 años que en 2018 sucedió a Raúl Castro, tendrá ahora tres meses para designar un primer ministro que encabece el Consejo de Ministros y a los gobernadores de las 15 provincias, cargos también de nuevo cuño.

En la reorganización, Esteban Lazo, líder de la Asamblea Nacional, fue designado presidente del Consejo de Estado de 21 miembros, que excluye ahora a los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, de 91, los últimos representantes de la generación que combatió con Fidel Castro (1926-2016).

Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Díaz-Canel ocupaba hasta la fecha, según el antiguo esquema impuesto por la Constitución de 1976, el puesto formalmente separado, pero en la práctica unificado, de presidente de los Consejos de Estado, por un lado y de Ministros –éste con el gobierno efectivo–, como anteriormente lo hicieron Fidel y Raúl Castro.

El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con la Constitución que entró en vigor en abril.

El Consejo de Estado es el principal órgano de la Asamblea, el Poder Legislativo del Estado comunista.

La reorganización, establecida en una Constitución aprobada en un referendo a principios de año, busca fortalecer a los gobiernos provinciales y liberar al presidente del día a día de los asuntos gubernamentales.

"Siendo optimistas, podemos esperar mayor calidad de gestión política y económica a partir de la diferenciación de funciones entre varios órganos", comentó en entrevista con la agencia Ap el jurista y constitucionalista cubano, Raudiel Peña. "Esto supone un reto importante para la Asamblea Nacional, porque tendrá que perfeccionar sus mecanismos de control sobre los otros órganos del Estado".

El cambio de esquema de gobierno no representa una modificación del modelo unipartidista en la isla.

El presidente sigue manteniendo el poder y detrás de él el Partido Comunista, indicó Arturo López-Levy, ex analista del gobierno cubano y ahora profesor asistente en la Universidad Holy Names, en California.

"Hay una división de funciones y mayor delegación en la gestión de actividades diarias, pero en el área de personal y decisión, nominal e institucionalmente, el poder está más concentrado en el presidente", explicó.

En un discurso ante los diputados, Díaz-Canel dijo que la sesión de la Asamblea Nacional tiene lugar cuando lo peor de la escasez de combustible terminó, pero advirtió que continuarán las medidas de austeridad.

En septiembre, el transporte público quedó paralizado en parte y bueyes remplazaron a los tractores por la falta de diésel.

El mandatario culpó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sancionar los envíos de combustible desde su aliado Venezuela, pero dijo que actualmente se había estabilizado en parte el suministro, pese a que Washington está "persiguiendo barco por barco y negociación a negociación".

Publicado enInternacional
Sharif Shayaq, uno de los voceros talibanes.  Imagen: EFE

El mandatario republicano anunció la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán a realizarse en territorio estadounidense, 

El sorpresivo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, referido a la cancelación de las conversaciones de paz con los talibanes pone en duda el plan de retiro de tropas de Washington en Afganistán, y eleva el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en el país asiático. El detonante de la suspensión de las negociaciones fue la muerte de 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense, tras un atentado en Kabul. Los talibanes se vieron sorprendidos por la decisión de Trump y afirmaron que Estados Unidos "sufrirá más que nadie" las consecuencias. 

"Cuando los talibanes trataron de ganar ventaja en la negociación realizando ataques terroristas dentro del país, el presidente Trump tomó la decisión adecuada. No tenía sentido recompensarlos por este mal comportamiento", dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena CNN. No obstante, aseguró que Washington sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz con "condiciones" tras el atentado mortal de Kabul, capital afgana, del jueves pasado, en el que murieron una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense.

Entre los temas que los talibanes habían aceptado dialogar, indicó Pompeo, se encontraban sentarse a negociar con el gobierno de Afganistán, alcanzar una "cierta reducción en los niveles de violencia" y romper con el grupo terrorista Al Qaeda. No obstante, remarcó que "si no se cumplen esas condiciones, no vamos a entrar en ningún acuerdo".

Las declaraciones de Pompeo surgen un día después de que Trump anunciara la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán a realizarse en territorio estadounidense, y la cancelación de las conversaciones de paz. Trump justificó la decisión a través de una serie de mensajes en Twitter tras el atentado en Kabul.

“Sin ser conocido casi por nadie, los principales líderes talibanes y, de forma separada, el presidente de Afganistán, iban a encontrarse de manera secreta conmigo el domingo en Camp David”, dijo el mandatario, en referencia a la residencia de descanso presidencial en Maryland, a las afueras de Washington.

El mandatario lamentó que, "para intentar conseguir una falsa ventaja" en las negociaciones, los talibanes cometieron un atentado el jueves pasado. Se trataba del segundo ataque de los insurgentes en pocos días en la capital afgana, a pesar del "acuerdo de principio" que el negociador estadounidense, Zalmay Khalilzad, afirmaba haber cerrado a partir de negociaciones en Doha, y que había presentado al presidente afgano, Ashraf Ghani, a principios de la semana pasada.

"¿Qué tipo de personas mata a tanta gente para lograr una aparente mejoría de su posición en las negociaciones? Han fracasado, ¡sólo han conseguido empeorar las cosas!", twitteó Trump. "Si son incapaces de aceptar un alto el fuego durante esas negociaciones de paz tan importantes, y están incluso dispuestos a matar a 12 inocentes, es que probablemente no tienen la capacidad de negociar un acuerdo significativo. ¿Cuántas décadas quieren seguir combatiendo?", agregó el presidente estadounidense.

Desde Doha, el portavoz de la oficina política de los talibanes en la capital de Qatar, Suhail Shaheen, calificó de "sorprendente" el anuncio de Trump y agregó que siembra dudas sobre su "credibilidad". "Hace unos días concluimos un acuerdo con la parte estadounidense, su contenido fue subrayado por los dos equipos y fue entregado al lado qatarí. Todos estaban satisfechos, se acordó que sería anunciado por el gobierno de Qatar", afirmó Shaheen en su cuenta de Twitter.

Los talibanes en Afganistán fueron más allá al afirmar que Estados Unidos "sufrirá más que nadie", aunque dejaron la puerta abierta a futuras negociaciones. "Todavía creemos que el lado estadounidense se retractará de esta posición. Nuestra lucha durante los últimos 18 años tendría que haber demostrado a los estadounidenses que no estaremos satisfechos hasta que asistamos a un final completo de la ocupación", señalaron los talibanes a través de su portavoz, Zabihulá Mujahid. Afirmaron además que a causa de esta suspensión Estados Unidos "sufrirá más que nadie, toda su credibilidad se verá lastrada. Las pérdidas humanas y financieras aumentarán".

Estados Unidos y Afganistán mantuvieron nueve rondas de negociación en Qatar, y recientemente se hizo público un borrador de acuerdo que preveía la retirada en 135 días de 5 mil soldados estadounidenses desplegados en territorio afgano. Esta retirada parcial iba a dejar al contingente estadounidense en Afganistán en un nivel muy similar al que tenía cuando Trump llegó al poder en enero de 2017, cuando había unos 8.400 soldados instalados en el país. La guerra de Afganistán es el conflicto bélico más largo en el que ha estado inmerso Estados Unidos. Este año se cumplen 18 años de ocupación, en los cuales más de 2.300 soldados estadounidenses perdieron la vida.

Publicado enInternacional
Trump cancela unas negociaciones de paz secretas con los talibanes

El presidente de EE UU anuncia en Twitter que no se puede fiar de quien ha matado a 12 inocentes en un atentado en Kabul

 

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha cancelado las negociaciones de paz con los talibanes, después de que el grupo insurgente haya admitido estar detrás de un atentado en Kabul que acabó con la vida de un soldado estadounidense y otras 11 personas. “Sin que casi nadie lo supiera, los principales líderes talibán y, por separado, el presidente de Afganistán, iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David. Llegaban esta noche a Estados Unidos”, informaba el presidente con un tuit esta noche. El mandatario explica a continuación que después de que sus invitados admitiesen que estaban detrás del ataque en Kabul que mató “a uno de nuestros grandes soldados y a otras 11 personas", decidió cancelar "inmediatamente la reunión y las negociaciones de paz”.

“¿Qué clase de gente mataría a tantas personas para aparentemente fortalecer su posición de negociación?”, se pregunta el presidente. “Así no lo han conseguido, ¡sólo han empeorado la situación! Si no pueden acordar un alto el fuego durante estas importantes conversaciones de paz, e incluso han sido capaces de matar a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tengan el poder necesario para negociar un acuerdo significativo”, prosigue Trump, que finaliza preguntándose: “¿Cuántas décadas más están dispuestos a luchar?”.

Recientemente los talibanes han lanzado una ofensiva contra la capital de la provincia de Kunduz y han perpetrado dos atentados suicidas en Kabul, uno de los cuales se cobró la vida de un sargento del Ejército estadounidense. Con este ya son 16 los militares de EE UU muertos en Afganistán este año.

El borrador de este acuerdo de paz incluía la retirada de miles de militares estadounidenses a cambio de garantías de que Afganistán no se convertirá en refugio de Al Qaeda, el Estado Islámico o cualquier otra organización que pueda atacar a Estados Unidos y sus aliados. Tras la espantada de Trump, ahora no está claro en qué situación queda la negociación para acabar con la guerra más larga jamás mantenida por EE UU y el retorno de las fuerzas estadounidenses. Según informa el diario The Washington Post, esta cumbre secreta habría supuesto un paso hacia la ratificación de un acuerdo entre Washington y los talibanes que llevaba meses negociándose.

Por Yolanda Monge

Washington 7 SEP 2019 - 21:46 COT

Publicado enInternacional
Noruega confirma que gobierno y oposición dialogarán esta semana en Barbados

El diálogo, auspiciado por Noruega, continuará en "una mesa que trabajará de manera continua y expedita"

 

 

El objetivo es salir de la profunda crisis de Venezuela. El instrumento que demandan millones de opositores al chavismo son unas elecciones presidenciales con garantías. El sector más radical del régimen se niega a que esa posibilidad sea siquiera objeto de debate. No obstante, esa es la principal disputa que enfrenta a los enviados de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó. Los contactos se reanudaron esta semana en Barbados bajo el auspicio de Noruega y, según ese Gobierno, seguirán en “una mesa que trabajará de manera continua y expedita”.

Las conversaciones entre los representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional, reactivadas con discreción en la isla caribeña, suponen el enésimo intento de aproximación entre las partes después de varios desengaños. La novedad es que la parálisis política e institucional, la crisis económica y el deterioro democrático son cada día más insoportables. Esas premisas, junto con la creciente presión internacional en torno a Nicolás Maduro, han reabierto la puerta al diálogo.

Según Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, solo representa un frente de lucha. La meta no se ha alejado, asegura, del mantra de la oposición. Esto es, cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Hasta ahora, el Ejecutivo solo se había avenido a la posibilidad de adelantar unos comicios legislativos, una oferta insuficiente. Por eso, las nuevas rondas de contactos buscan ir más allá, aún entre dificultades. El escenario de una renuncia de Maduro es más que improbable a corto plazo. Sin embargo, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó el acercamiento de “exitoso intercambio”. El vicepresidente del Parlamento, Stalin González, miembro de la delegación opositora que viajó a Barbados, pidió avances para “poner fin al sufrimiento de los venezolanos”. “Necesitamos respuestas y resultados”, manifestó.

La Cancillería noruega emitió un comunicado que augura “una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución” y recordó a las partes, que ahora consultarán internamente los próximos pasos, “la importancia de que tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso”.

En los anteriores encuentros, celebrados en Oslo, participaron algunas de las figuras que mayor consenso generan en los dos bandos. Entre ellos, el gobernador del Estado de Miranda, Héctor Rodríguez, considerado uno de los dirigentes jóvenes con más proyección dentro del chavismo. O el exrector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz y exministro del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, Fernando Martínez Mottola, veteranos negociadores enviados por Guaidó.

Este ha evitado abundar en los pronunciamientos sobre el diálogo porque es consciente de los recelos que produce en los sectores más duros de la oposición. Pero pidió confianza a sus seguidores y les exhortó a apartar sus dudas, al menos por el momento. Por otro lado, en el aparato del régimen, fue Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y de facto número dos del chavismo, el encargado de lanzar mensajes internos al ala más radical, negando tajantemente que el Gobierno deba hacer concesiones. “Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos. Muchos de ellos piensan que a los chavistas hay que desterrarlos y matarlos”, dijo en su programa de televisión. Y la noche del miércoles aludió abiertamente a la convocatoria de elecciones.

“Hay gente nuestra que cae en esos rumores de creer que nosotros estamos negociando unas elecciones presidenciales y que el candidato va a ser tal o cual; aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el único presidente es Nicolás Maduro Moros, que apenas tiene seis meses en esta nueva fase de gobierno. Aquí hay compañeros que caen en el juego”, afirmó.

Cabello se limitó a especular de nuevo sobre unas legislativas, una hipótesis que de por sí muy probablemente haría saltar la mesa de diálogo. “En muy poco tiempo habrá elecciones”, dijo, dejando claro que la única instancia que puede adelantarlas es la Constituyente, en la práctica una extensión del Ejecutivo.

 

Por Francesco Manetto

Caracas 12 JUL 2019 - 02:15 COT

Publicado enInternacional
Delcy Rodríguez conversa con Enrique Iglesias, enviado de la UE.  Imagen: EFE

Las conversaciones se realizan en Barbados

El opositor venezolano Juan Guaidó anunció el mismo día que retoma el diálogo con el gobierno de Maduro pero a la vez que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto.

 

 El gobierno venezolano y la oposición regresaron al diálogo. El anuncio del reinicio de los acercamientos llegó una semana después de que el diputado Juan Guaidó anunciara que no reanudaría ningún diálogo. La noticia, en cambio, ratificó lo que el presidente Nicolás Maduro había sostenido al afirmar que los diálogos continuaban y que habría novedades que fueron finalmente confirmadas.

La delegación del gobierno llegó hoy por la mañana a Barbados, para “continuar con el diálogo de paz, auspiciado por el gobierno del Reino de Noruega e iniciado con la oposición venezolana el pasado 14 de mayo del presente año en curso”. La mesa de diálogo en Barbados es así la tercera instancia de acercamiento pública, dentro de un trabajo de varios meses de conversaciones que se mantuvo en privado, como lo afirmó Maduro al explicar la génesis de los primeros pasos en Oslo.

El comunicado del gobierno también condenó las declaraciones de Guaidó que “promueve la violencia, el insulto, la inconstitucionalidad y una retórica bipolar que no se corresponde con las pautas presentadas por los auspiciantes del diálogo y aceptadas por las partes el 25 de mayo de 2019”.

En efecto el día domingo Guaidó anunció que la Asamblea Nacional aprobará el pedido de ingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) y que luego deberán “construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo cuya aprobación final pasará en la Organización de Estados Americanos (OEA)”. El Tiar, que es un pacto de defensa mutua interamericana suscrito en 1947, del cual se retiró Venezuela en el 2012 junto con Bolivia, Nicaragua y Ecuador, conlleva la posibilidad de solicitar la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas para llevar adelante una intervención militar.

Guaidó anunció de esta manera en un mismo día que regresará al diálogo y que buscará avanzar por la salida intervencionista al conflicto. Detrás de esa aparente bipolaridad se encuentran las tensiones que existen dentro de una oposición heterogénea, en disputas internas, donde el sector de Guaidó necesita contener las diferentes posturas, tanto aquellas que acuerdan con un diálogo como con las que plantean que la única solución posible es la fuerza militar.

Además, el anuncio del pedido de reingreso al Tiar a la OEA forma parte de las cartas que la oposición busca poner sobre la mesa a la hora de un diálogo para sumar más capacidad a su correlación de fuerzas que no es mayor a la del primer acercamiento. Visto en término de negociación, los movimientos políticos realizados por ambos sectores desde el primer diálogo hasta la fecha han dado suma cero: se está en la misma asimetría de fuerzas a favor del gobierno en el plano nacional, con un empate a nivel internacional.

La cuestión Tiar tiene además varias aristas. Depende de la aprobación de la OEA que se ha visto sometida a fuertes tensiones -llegando al punto del retiro de la delegación de Uruguay en la 49 asamblea general realizada en Medellín a finales de junio- a partir del hecho de forzar el reconocimiento del enviado por Guaidó, mientras que el gobierno venezolano ya ha concretado su retiro del organismo.

Junto con eso aparece el segundo punto: ¿existe la posibilidad real de que se forme una coalición de fuerzas interamericanas para una salida militar? La respuesta, hasta el momento, a partir de un análisis de los principales países que deberían encabezar la acción, en particular Estados Unidos, Colombia y Brasil, indica que no. El anuncio del Tiar se parece más a un bluff para una negociación, es decir una amenaza sin respaldo real -como un truco de cartas- que a una posibilidad real de acción.

La agenda en Barbados no es pública. El comunicado oficial ha indicado que existe una “agenda de seis puntos aprobados desde marzo de este año”. El presidente Maduro ha anunciado por su parte, en varias oportunidades, que existe la posibilidad de que se den elecciones legislativas anticipadas, es decir este año en vez del 2020.

La oposición, por su parte, mantiene una unidad retórica con la fórmula: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El primer paso, es decir la salida de Maduro, no parece por el momento estar sobre la mesa posible de negociaciones para los posibles pasos más cercanos. ¿La oposición podría llegar a un acuerdo que no implique la salida del presidente sin en ese acto fragmentarse aún más y perder su credibilidad ante su base social? Es una de las muchas preguntas que existen y explican la crisis siempre abierta del bloque opositor.

Las declaraciones por parte de los voceros norteamericanos han sido mientras tanto de reafirmación del apoyo a Guaidó, así como de mensajes de sus principales operadores, como el asesor de seguridad, John Bolton, con dirección a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y en particular a su ministro de defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido reafirmado en su puesto por el presidente el pasado domingo. Los intentos de fracturar la Fanb son uno de los principales frentes de desgaste donde la estrategia golpista centra sus ataques.

Las diferentes variables ocurren en simultáneo. El gobierno, aliados y mediadores internacionales apuestan al diálogo, como lo muestra Barbados y la llegada a Caracas del representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias. La oposición, dirigida desde diferentes factores norteamericanos, mantiene el intento de salida por la fuerza al tiempo que se ve en la necesidad de sentarse a dialogar en vista de la distancia entre sus planes y los resultados obtenidos desde enero hasta la fecha.

Publicado enInternacional
Martes, 09 Julio 2019 06:10

China. Un país, dos sueños

China. Un país, dos sueños

Las protestas vividas recientemente en Hong Kong contra la propuesta de una ley de extradición que permitiría la entrega de fugitivos al gobierno central, evidencian un claro aumento de la fractura entre el nacionalismo Han, hoy sustentado en el programa del Partido Comunista para lograr la revitalización de la nación china, y las demandas democráticas que afloran en su periferia territorial. Igualmente, ponen de manifiesto el carácter estructural de una protesta que en tres episodios (2003, 2014 y 2019) plasman una severa advertencia a Beijing de los riesgos asociados a las políticas recentralizadoras en curso en los últimos años.

A estas alturas, lo de menos es ya que va pasar con la ley de extradición o el futuro de Carrie Lam, a quien le reclaman la dimisión. Ambos han sido finiquitados, aunque no pueda admitirse públicamente para no perder la cara. Aun así, el problema de fondo radica en la pérdida de confianza de buena parte de la población local no solo en la jefa de esta región administrativa o en su Consejo Legislativo sino, sobre todo, en la sabiduría y mano izquierda del poder central para lidiar con estas situaciones. Y en ello debieran meditar las autoridades de Beijing a la hora de reconducir su política de “frente unido”, la tercera arma mágica del Partido, según Mao.

En origen, la fórmula “un país, dos sistemas” fue otra genialidad de Deng Xiaoping; no una concesión graciosa sino un imperativo necesario para preservar la condición de Hong Kong como ventana abierta al mundo. Deng se comprometió a preservar su singularidad tras la retrocesión por cincuenta años. “Lo que decimos lo cumplimos”, apostilló. Ahora corre peligro. Incluso buena parte de la sociedad continental no entiende de qué se quejan los hongkoneses (como tampoco las nacionalidades minoritarias díscolas); a fin de cuentas, ellos gozan de “privilegios” que a la mayoría le son negados. Y por si fuera poco, protestan. Que en dicho contexto se alcen voces reclamando la implantación de un solo sistema (al igual que la eliminación de las autonomías de las nacionalidades minoritarias), no es de extrañar. ¿Renunciará China a su compromiso? En la situación actual, ni las condiciones ciertamente poco democráticas del colonialismo británico le pueden servir de ayuda ante una generación de jóvenes muy movilizados que no vivió esa época.

Pero la iniciativa para favorecer las extradiciones no es un hecho aislado. Otras propuestas abundan en la idea de atar en corto Hong Kong al continente. Ya hablemos del tren de alta velocidad inaugurado el año pasado y que conecta al ex enclave británico con 44 ciudades chinas o el nuevo puente sobre el delta del río de las Perlas que une Hong Kong a Macao y Zhuhai, un asombroso ejemplo de la ingeniería civil china, se enmarcan en el proyecto de la Gran Bahía de Zhuhai que Beijing ansía convertir en una gran área económica pero también más homologable en lo político. Estos proyectos anclarán definitivamente a Hong Kong en el continente hasta diluirlo. Las diferencias en términos de desarrollo económico que en su día pudieron servir de justificación para admitir un status especial pronto perderían su razón de ser.

Probablemente Beijing ha cometido un enorme error de cálculo al no calibrar la capacidad de indignación política de los hongkoneses. Pero también en el exterior se ha cometido otro error similar al considerar irremediable que el continente evolucionaría hacia la adopción de un modelo similar al vigente en Hong Kong. El gobierno central no cejará en su empeño para promover un amorfismo centrado en la mejora general de vida al margen de las peripecias políticas mientras avanza su mayor control de forma sostenida.

La percepción no ya de ausencia de progresos sino de una lenta erosión de ciertos derechos básicos afea a China en su propia casa primero e internacionalmente después, cundiendo la duda acerca de sus intenciones últimas a propósito del rechazo de las experiencias liberales, cualquiera que sea su signo o emplazamiento. Sobre Hong Kong ejerce una soberanía indiscutible pero no debiera pasar por alto que el eco de sus acciones y de su impaciencia trasciende su territorio inmediato. Y en un momento en que se le señala con el dedo por las más diversas razones, un torpe manejo de este asunto dando rienda suelta a las posiciones más hostiles, ignorando los anhelos expresados por miles de personas contra las derivas autocráticas, pudiera depararle mayores costos de los estimados. Y no solo en términos de imagen global.

Dos personas pueden dormir en la misma cama y no compartir el mismo sueño, dice un refrán chino. El arraigo de las convicciones democráticas en Hong Kong no debiera infravalorarse, so pena de agrandar el foso que separa a significados sectores sociales del resto del continente. Nadie puede discutir que Hong Kong sea parte de China pero a los hongkoneses les preocupa que el sueño chino suponga una merma en sus derechos fundamentales. No reniegan de su pertenencia a la etnia china pero políticamente se sienten diferentes y desmienten con su protesta la propagada máxima de que esos derechos que estimamos universales deben ser tamizados a la luz del relativismo cultural.

 

Por Xulio Ríos. Observatorio de la Política china

Publicado enInternacional
 Carrie Lam, durante la conferencia de prensa. En vídeo, las declaraciones de Lam. T. SIU REUTERS

Los convocantes de las manifestaciones siguen considerando insuficientes las garantías de la ministra principal

 

 

Dos días después de una nueva manifestación masiva en Hong Kong, la jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha lanzado un nuevo gesto conciliador. El polémico proyecto de ley de extradición, origen de esta ola de protestas y que por primera vez hubiera permitido entregar sospechosos a China, “está muerto”, ha sostenido la ministra principal. Pero, de nuevo, ha evitado confirmar la retirada definitiva de la medida, ahora suspendida sine die, y los grupos convocantes de las marchas han dejado claro que la rama de olivo les sigue pareciendo insuficiente.

La ministra principal había anunciado la suspensión del proyecto de ley el 15 de junio, tres días después de que la Policía dispersara por la fuerza una concentración de decenas de miles de estudiantes que intentaba impedir la tramitación. Entonces, Lam aseguró que esa suspensión equivalía a “matar” el proyecto de ley, pues ya no habría tiempo material ni voluntad para retomarlo durante la actual legislatura, que expirará a mediados de 2020.

En una rueda de prensa antes de reunirse con sus asesores en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam reconoció que el trabajo de su gobierno en el proyecto de ley ha sido un “completo fracaso”. “Sigue habiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones acerca de que el gobierno vaya a reiniciar el proceso (de tramitación) en el legislativo”, explicó. “Así que lo reitero: no existe tal plan, el proyecto de ley está muerto”.

Pero la ministra jefe no declaró explícitamente la retirada de la medida, como le exigen los manifestantes. Sin esa declaración, sostienen, el gobierno puede volver a ponerla sobre la mesa cuando quiera.

Desde el 9 de junio, los hongkoneses se han manifestado en cuatro grandes marchas, dos de ellas por encima del millón de participantes según sus organizadores, contra el proyecto de ley. Pero ante la resistencia de Lam a declarar retirada la medida, la protesta se ha ido ampliando y se ha convertido en la peor crisis que China ha afrontado en su territorio autónomo desde que el Reino Unido le traspasó la soberanía en 1997.

Ahora las exigencias incluyen también la apertura de una investigación independiente sobre abusos de la Policía en la disolución de las manifestaciones; garantías de que no se encarcelará a los detenidos en esas concentraciones y que no se etiqueten las protestas como “disturbios”, algo que puede acarrear hasta diez años de cárcel para sus protagonistas; dimisión de la propia Lam y reforma democrática del sistema de elección del jefe de gobierno. El 1 de julio, para exigir el cumplimiento de estas demandas, centenares de estudiantes tomaron durante tres horas la sede del legislativo hongkonés.

En su rueda de prensa este martes, Lam reiteró que se abrirá una investigación sobre el comportamiento policial; pero solo de nivel interno, no encabezada por un juez como reclaman los manifestantes. Pero sí "publicaré el resultado del informe, para que todos puedan saber qué ha ocurrido este último mes. Los que participaron, tanto manifestantes como policías, podrán presentar pruebas".

Lo que ocurra con las varias decenas de detenidos, sostuvo, dependerá de los tribunales. También precisó que no ha habido una declaración oficial de “disturbios”, una etiqueta que solo se ha aplicado al comportamiento de algunos.

Está dispuesta, según confirmó, a abrir un diálogo público con los jóvenes manifestantes. "Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan", admitió, al reconocer que los acontecimientos del último mes "reflejan que hay problemas más profundos" y hay que "trabajar para solucionarlos".

No hizo mención alguna a la posibilidad de dimitir o de cesar a alguno de sus ministros implicados en el embrollo. En cambio, pidió "una oportunidad, tiempo y espacio" para que Hong Kong regrese a la normalidad.

Las organizaciones que representan a los manifestantes han considerado las declaraciones de Lam muy insuficientes. En una rueda de prensa en el exterior de la sede del legislativo, el Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong, que ha convocado tres de las cuatro grandes marchas, indicó que la ministra jefe se ha limitado a repetir la posición que mantiene desde el día 15, sin cambios significativos.

“No por repetir una cosa una y otra vez se convierte en algo mejor”, subrayó la portavoz del Frente Bonnie Leung. “Sigue rechazando retirar la ley. La palabra ‘muerta’ no tiene ningún significado legal”.

En un comunicado, el partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, exigió que se declare retirado el proyecto de ley y “se prometa que el proceso de tramitación legislativa no se retomará en el futuro”.

También subraya que “el gobierno ha empujado a los representantes de los jóvenes a la oposición, eliminando sus derechos humanos básicos y sus libertades políticas metiéndoles en la cárcel y descalificándoles (como candidatos electorales). Si el gobierno desea reparar esta relación, el secretario de Justicia debe comprometerse a no presentar cargos contra los manifestantes jóvenes y no privar más a las jóvenes generaciones de sus candidatos y de su participación en el proceso electoral”.

Por, Macarena Vidal Liy

Pekín 9 JUL 2019 - 03:26 COT

Publicado enInternacional