Martes, 22 Diciembre 2009 07:05

Tabaré inicia la transición el 29

El gobierno uruguayo iniciará formalmente el 29 de diciembre la transición entre la actual administración del presidente Tabaré Vázquez y la que dirigirá José “Pepe” Mujica a partir del 1º de marzo de 2010. La fecha fue elegida por el propio Vázquez tras su participación en uno de los últimos Consejos de Ministros de la Legislatura, previo al inicio de las vacaciones estivales. Esta semana se prevé que Mujica anuncie quiénes ocuparán las carteras clave de su gobierno.

La intención del mandatario es evitar la pérdida de tiempo a los ministros entrantes y por eso se buscó que tengan 60 días previos antes del inicio formal de la actividad. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), organismo encargado de liderar la transición, se solicitó a los ministros salientes tener listo para ese día una síntesis de su gestión de manera que sus sucesores conozcan de forma clara y ordenada las prioridades a encarar en su nueva tarea.

En declaraciones para el diario El País de Uruguay, el director de la OPP, Martín Dibarboure, expresó que esos documentos serán “un punto de apoyo fundamental para los ministros entrantes a la hora de tener una guía, una hoja de ruta, un inventario a la hora de comenzar el mano a mano entre el ministro entrante y el saliente”. Esa información será además de conocimiento público y se colgará en la página web de la Presidencia de la República. Asimismo, se espera que los nuevos ministros trabajen junto a sus predecesores en las sedes de sus respectivas carteras, en donde ya se están preparando las infraestructuras necesarias. La intención del mandatario saliente es lograr una transición “profunda, transparente, generosa, seria y responsable”, afirmó Dibarboure.

Es probable que hoy, o a más tardar para el final de esta semana, el electo presidente Pepe Mujica dé a conocer oficialmente los nombres de quienes lo acompañarán en su gestión en el futuro gabinete. En los últimos días se confirmó un listado de ministros clave que integrarán los 14 ministerios. A cargo de la cartera de Economía quedará Fernando Lorenzo; el Ministerio de Relaciones Exteriores será conducido por el actual embajador de Uruguay en China, Luis Almagro, y el Ministerio de Defensa recaerá en Luis Rosadilla, ex guerrillero tupamaro.

Eduardo Bonomi, también ex tupamaro y ex ministro de Trabajo, manejará el Ministerio del Interior y tendrá en sus manos la tarea de llevar adelante la gestión de una cartera especial, el Ministerio de la Presidencia. La creación de dicho ministerio busca potenciar el área de difusión y comunicación del gobierno. La citada reforma será anunciada junto con la designación formal de los ministros.

Mujica asumirá el 1º de marzo del 2010 para un mandato de cinco años. Secundado por Danilo Astori en la vicepresidencia, será el segundo gobierno de la alianza de centroizquierda Frente Amplio.
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Domingo, 20 Diciembre 2009 08:01

Vuelve el diálogo entre Evo y los cívicos

Todos los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales tienen procesos judiciales en su contra. Ayer se emitió una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz. La semana pasada, su familia perdió una estancia de 12 mil hectáreas porque la Justicia dictaminó que las tierras habían sido robadas al pueblo indígena guarayo.

El jueves último, el Viceministerio de Tierras recuperó 2800 hectáreas que eran de Oswaldo Monasterios, accionista mayoritario de Unitel, el canal más opositor a Morales. Desde el Viceministerio aseguraron que se quitarán más propiedades a “personajes conocidos”. El gobierno remarcó que las reversiones de propiedades no tienen un motivo político, sino judicial. Pero en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hablan de “ajustar las cuentas”. Incluso Manfred Reyes Villa, ex aspirante a presidente por Plan Progreso Bolivia (PPB), que salió segundo con el 27 por ciento de los votos, se encuentra en la clandestinidad porque cree que Morales quiere verlo preso. La oposición trata de resistir en los pocos espacios de poder que no les arrebató el MAS. Sin embargo, aceptaron la llamada al diálogo del gobierno para pactar modificaciones a leyes que permitan la realización de las elecciones para prefectos, alcaldes y asambleístas departamentales, que deberían ser el 4 de abril de 2010.

Desde octubre del año pasado el gobierno no se juntaba con los nueve prefectos. Eran los días posteriores al intento de golpe de Estado de septiembre de 2008 y negociaban modificaciones a la nueva Constitución para que fuera a referéndum popular. Pero al fin los opositores de la Media Luna dejaron el diálogo y mandaron los avances al Congreso, para que finalizara la tarea.

En esta ocasión se repiten las divergencias con los de la Media Luna. La ley de Régimen Electoral Transitorio estaba diseñada para las elecciones del 6 de diciembre pasado, cuando Morales fue reelecto por el 64 por ciento de los votos. Pero para aplicarla a los comicios de abril de 2010 necesita modificaciones. La oposición en el Congreso, que finalizará su gestión el 5 de enero próximo, aseguró que no discutirá cambios a la ley. Por este motivo, el gobierno se reunió con prefectos y otras autoridades. El gobierno espera que después del pacto con la oposición, los congresistas acepten retocar la ley electoral.

El punto que genera más desavenencias refiere a la sucesión de los prefectos. Según la ley, los que quieran presentarse a la reelección deberán renunciar tres meses antes de las elecciones. El grupo de la Media Luna (Santa Cruz, Beni y Tarija) exigía que se les diera el mismo trato otorgado al presidente, quien se postuló por segunda vez sin dejar su cargo. Para la oposición, si renuncian las autoridades “el MAS intentará copar las prefecturas”.

Ayer en esta ciudad todavía debatían las modificaciones a la ley electoral, también los mecanismos para aplicar las autonomías en el territorio boliviano. Aquí hubo otro choque, porque la Media Luna pedía que se reconocieran sus estatutos autonómicos, aprobados en referéndum durante 2008 al margen del Congreso y de la Constitución. Por este motivo, el gobierno los considera “ilegales”.

Por poco que le guste, la oposición aceptó dialogar con el gobierno porque sabe que está en desventaja numérica. Esto quedó en evidencia en las últimas elecciones, cuando el MAS consiguió 111 de los 166 legisladores que tendrá la Asamblea Plurinacional. El control sobre los dos tercios de los diputados y senadores permitirá a Morales aprobar todas las leyes que no pudo en su primera gestión, cuando el Senado manejado por la oposición trababa gran parte de sus propuestas. Ahora, varios de los 55 legisladores opositores adelantaron que se sumarán al MAS para votar a favor de proyectos legislativos empolvados del oficialismo. Una de ellas es la ley de investigación de fortunas.

El presidente había adelantado que en su segundo período pensaba “acelerar el proceso de cambio”, apoyado por casi dos tercios del electorado. Como primer signo, comenzó a quitar tierras a latifundistas del Oriente porque no cumplen la Función Económica Social (FES). Según la Constitución, todas las propiedades agrarias deben tener un porcentaje de la superficie destinada a algún emprendimiento productivo. Si las tierras permanecen ociosas, el gobierno tiene derecho a recuperarlas y distribuirlas a las poblaciones sin tierra.

Fue el caso de las estancias La Encrucijada, de 2356 hectáreas, y El Encanto, con una superficie de 2124 hectáreas, de las cuales se revirtieron 552 hectáreas. Ambas están en Santa Cruz. El empresario Monasterios no emitió su opinión en persona ni a través de Unitel.

La lista de colaboradores y financiadores de Rózsa implica a varios dirigentes cívicos, empresarios y funcionarios prefecturales. También a Marinkovic, quien tiene orden de aprehensión por faltar a declarar ante el fiscal. El ex presidente cívico viene de una mala semana, comenzada cuando el gobierno quitó a su familia una estancia de 12.500 hectáreas para devolvérsela al pueblo guarayo, que había denunciado a los Marinkovic en 1997 por apropiarse ilegalmente de su territorio.

El gobierno negó que se estuviera cobrando los dolores de cabeza que la derecha le causó en los últimos cuatro años. Sin embargo, el diputado Gustavo Torrico aseguró que “el país está naciendo. Hay que ajustar cuentas”.

El ex candidato a presidente Reyes Villa tiene 11 procesos abiertos por presuntos malos manejos de los recursos durante su incursión como prefecto de Cochabamba. En total se trata de 12 millones de dólares. Pero el ex capitán no concurrió a declarar porque considera que el gobierno quiere encarcelarlo, tal como hicieron con su ex candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández, acusado por la matanza de al menos trece personas en El Porvenir, en Pando, donde era prefecto.

La Justicia aún no ordenó su detención, pero posiblemente lo hará por las reiteradas faltas de Reyes Villa a las audiencias. Previsor, ya se encuentra en la clandestinidad, desde donde afirmó que “el país está entrando a una dictadura sindical inédita, peor a las dictaduras que se han visto en los años ‘80”. Justamente Reyes Villa participó en una de ellas, en 1980, cuando fue edecán del dictador Luis García Meza.

Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
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Tegucigalpa, 4 de noviembre. ¿Regresará Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras? ¿Triunfará la estrategia para ganar tiempo de los golpistas? ¿Se retirará Roberto Micheletti de la presidencia? ¿Habrá un gabinete de unidad y reconciliación nacional sin presidente?
 
En el embrollo en que se ha convertido el acuerdo Tegucigalpa/San José todo es posible, incluso que al gabinete de unidad le tome protesta el presidente de facto Roberto Micheletti, o que, generosamente, éste se retire y de plano el gobierno sea encabezado por el ministro de Gobernación y no por el presidente que la comunidad internacional reconoce como tal.
 
¿Es así? A saber, porque en la rueda de prensa ofrecida hoy por la Comisión de Verificación, el ex presidente chileno Ricardo Lagos se refiere al presidente Micheletti y al señor Zelaya, desliz que ni el spanglish de la secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, se permite.
 
Enredados en un pantano de expresiones que no comprometen nada, los dos enviados de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejan ver que lo primero es lo primero. Y eso es la integración del gabinete.
 
De ahí que Lagos, en visita de un día y medio igual que Solís con promesa de regreso, elogia la libertad de acción que Micheletti ha dado para que se integre el gobierno de marras. Y Solís celebra que el presidente de facto haya ofrecido hacerse a un lado.
 
No por lo pronto, claro. Porque poco después, la vocera de Micheletti en el diálogo, Vilma Morales, afirma que la presidencia hondureña seguiría como está, seguiría siendo el señor presidente Micheletti. Hasta que se decida lo que corresponde al punto 5, debe estar bajo el mando el presidente Micheletti (el punto 5 que se refiere a la posible restitución de Zelaya por el Congreso).
 
¿Entendió mal la secretaria Solís cuando Micheletti ofreció hacerse a un lado?
 
Hay que ir paso a paso, sigue Lagos, porque las formas y modalidades de conducción se verán después, dice el chileno, en malabarismos verbales que indican que no está descartada la opción, de la que ya se había hablado en la prolongada crisis, de que Micheletti deje el poder pero Zelaya no lo retome. Esa salida tampoco implica que haya un tercero en la presidencia, sino simplemente que el ministro de Gobernación sea el encargado del despacho presidencial.
 
Los malabares son resultado de una apretada agenda de la Comisión de Verificación, que entre el martes y el miércoles se reúne con Zelaya y Micheletti, con cinco de los seis candidatos presidenciales, con las cabezas del Tribunal Superior Electoral y con una representación de los diputados que tomarán la decisión de restituir o no a Zelaya.
 
La agenda hondureña es acompañada de cruce de obuses que van de Tegucigalpa a Washington y otras partes del continente.
 
Desde la embajada de Brasil, el presidente Zelaya pasa de su optimismo moderado tras la firma del acuerdo, a exigir a Estados Unidos definirse sobre su restitución, luego de declaraciones del subsecretario Thomas Shannon, quien dijo que la restitución está ya en manos del Congreso hondureño y dejó ver que, aun sin el regreso del presidente, la comunidad internacional acompañará las elecciones del 29 de noviembre.
 
Zelaya envía una carta a la secretaria Hillary Clinton, en la cual pide que Estados Unidos defina si apoya o no su restitución, y le reprocha que se pretenda reconocer las elecciones sin revertir el golpe de Estado ni resolver la profunda crisis que enfrenta nuestro país.
 
Las declaraciones de Shannon chocan con las de José Miguel Insulza, quien el mismo martes, desde Ecuador, anuncia una visita a Honduras, al tiempo que dice que la solución a la crisis pasa por la restitución de Zalaya. Lo ideal será que (los diputados) lo hicieran ya. Es hora que se dejen de retórica y se vayan a lo serio
 
Los medios hondureños le contestan con insultos, como ya es costumbre, y la comisión de Micheletti en el diálogo le manda una carta para decirle que sus dichos impactan negativamente al renovado espíritu de cooperación y confianza creado en nuestro país.
 
En Honduras no se acepta ningún acuerdo sin la restitución inmediata de Zelaya, por si alguna duda le ha quedado a Shannon, dice desde Managua la canciller de Zelaya, Patricia Rodas, quien exige a Estados Unidos demostrar que no se ha dado vuelta y que no han creado otra vez un doble discurso con una doble norma y doble moral.
 
Desde Washington, el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, le responde a Zelaya: Ya aclaramos nuestra posición sobre el presidente Zelaya y su restitución: creemos que debería ser reinstaurado. Añade que la decisión es un proceso hondureño.
 
Allá también, las representaciones de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua ante la OEA advierten que no legitimarán las elecciones si el presidente no es restituido

La buena fe y los 34 mil soldados y policías

Se despide la Comisión de Verificación dejando a dos funcionarios de menor rango a cargo, no sin que antes la secretaria Hilda Solís, que fue a visitar a Zelaya en su refugio rodeado por decenas de militares, diga que la implementación de buena fe del acuerdo es el primer paso esencial hacia la reconciliación y el apoyo internacional renovado para Honduras.
 
Micheletti sí demuestra su buena fe. El martes le envió una carta a Zelaya pidiéndole nombres para el gabinete de unidad.
 
Pero este miércoles, voceros de la presidencia de facto aseguran que la carta fue mera cortesía porque el acuerdo dice que se debe consultar a los partidos políticos y la sociedad. Y claro, Micheletti consulta a las organizaciones que le son afines, nada más.
 
En ese contexto, Jorge Arturo Reina, embajador ante de la Organización de Naciones Unidas y representante de Zelaya en la Comisión de Verificación, dice que el presidente Zelaya no nombrará a nadie si las cosas no se hacen bien y que definitivamente no lo hará si el gobierno de unidad es encabezado por Micheletti.
 
El tema de la crisis política, con todo, parece ya estorbar a los golpistas hondureños. Si por ellos fuera, sólo hablarían de las elecciones del 29 de noviembre.
 
Sólo uno de los cuatro diarios que circulan en esta capital considera que la instalación de la Comisión de Verificación es el tema más trascendente del día. El Heraldo, el más leído, informa en su primera plana de la llegada desde México de mil 260 frasquitos (10 cajas) de tinta indeleble que serán utilizados en los comicios.
 
Radio, televisión y prensa, con contadas excepciones, dedican sus espacios a rechazar la idea de que el acuerdo de Tegucigalpa implica el retorno de Manuel Zelaya. Sacan cuentas: sólo 26 de los 128 diputados votarían por la restitución. Hacen encuestas telefónicas o por Internet que arrojan, con sorprendente uniformidad, que 80 por ciento de los hondureños rechazan ver a Zelaya en la Casa Presidencial otra vez. Y como si no fuera la resistencia la que ha puesto los muertos y los heridos, despliegan informaciones sobre supuestas amenazas de muerte recibidas por los diputados.
 
No tenemos dudas en que vamos a ser firmes, dice el general Romeo Vásquez, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, quien anuncia que habrá 20 mil soldados y 14 mil policías para cuidar los comicios. Es la respuesta al anuncio de dos candidatos presidenciales y el Frente de Resistencia, de boicotear las elecciones si no reintegran a Zelaya.

Por Arturo Cano
 

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Domingo, 01 Noviembre 2009 10:38

Honduras: una improbable solución

¿Se resolvió la crisis política en Honduras? Si bien se abrió una ventana de oportunidades todo parece indicar que no hay demasiado lugar para el optimismo. Conviene recordar lo que dijéramos en estas mismas columnas al producirse el golpe: que Micheletti sólo permanecería en el poder en la medida en que contara con el apoyo, activo o pasivo, de Washington. Cuatro meses demoró la Casa Blanca en comprender el alto costo que tenía sostener a un régimen golpista en la región. Acuciado por los diversos problemas que enfrenta en su política exterior -sobre todo por el rápido deterioro de la situación en Afganistán y Pakistán y el empantanamiento de sus tropas en Irak- Obama dio un golpe de timón que descolocó a su Secretaria de Estado Hillary Clinton, principal artífice del apoyo a los golpistas, y envió a Thomas Shannon a Tegucigalpa con el encargo de restaurar el orden en el convulsionado patio trasero. Poco después Micheletti archivaba sus bravuconadas y aceptaba mansamente lo que hasta entonces era inaceptable. Claro, poco antes Shannon había transmitido el terminante mandato imperial. Para dulcificar el mal rato hizo pública su admiración por los dos líderes de la democracia hondureña: el golpista y el destituido.

Zelaya propone un programa de tres puntos: restitución, amnistía y gobierno de reconciliación nacional. La primera deberá ser resuelta por el Congreso, el mismo organismo que convalidó con entusiasmo el golpe de estado y no ahorró insultos y calumnias en su contra. Habrá que ver, pero no será sencillo. Amnistía, ¿para quienes? ¿Para los funcionarios civiles y militares de un gobierno que violó los derechos humanos y conculcó todas las libertades? ¿O aceptaría Zelaya ser amnistiado por delitos que no cometió, como por ejemplo tener la osadía de pretender preguntarle a su pueblo si es que estaba de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente? Y ni hablar de la tercera cláusula, íntimamente vinculada a la anterior. Porque, en las actuales condiciones, ¿un gobierno de reconciliación nacional no es acaso un pasaporte al olvido, a la desmemoria, a la impunidad?

Un somero balance de la crisis y su aparente resolución revela que los golpistas pueden sentirse satisfechos porque preservaron sus dos principales objetivos: destituir a Zelaya, aunque reasuma por unos pocos meses más hasta que finalice su mandato; y haber logrado el reconocimiento internacional de las viciadas elecciones del 29 de Noviembre, cosa que el propio Shannon se encargó de asegurar. A su vez la oligarquía hondureña se saca de encima el peligro de una escalada más agresiva de Estados Unidos contra sus propiedades y privilegios, cosa que podría haber ocurrido si no se producía un acuerdo. Un eventual control más pegajoso de Washington sobre sus activos y fondos en Estados Unidos le quitaba el sueño, y la intransigencia de Micheletti se convertía en una amenaza innecesaria a sus intereses.

Para Zelaya el balance resulta mucho más complejo, y es precisamente eso lo que ensombrece el panorama hondureño. Su restitución no remueve para nada las causas profundas que provocaron el golpe de estado. Además, en tal caso, ¿convalidaría sin más los resultados de unas elecciones plagadas de gravísimas irregularidades y cuya campaña se desenvolvió bajo el clima de violencia y terror impuesto por los golpistas? Micheletti ya está haciendo sonar los tambores de guerra. Apenas cerrado el acuerdo declaró a la CNN en Español que una vez restituido en el poder “Zelaya y la gente que le acompaña estamos seguros de que van a emprender una campaña de persecución. Sólo el que no conoce la actitud de Zelaya se cree que no habrá consecuencias.” ¿Cuál será la respuesta en caso de ser reinstalado en el gobierno: ¿Amnistiar a los golpistas, reconciliarse con ellos, abrazarse con Micheletti? Pero Zelaya está lejos de ser el único actor de este drama: ¿Como reaccionarían los heroicos militantes que arriesgaron sus vidas y su integridad física para defender al gobierno legítimo? Hay muchos muertos, y heridos; mucha cárcel y humillación de por medio: ¿aceptarán estas mujeres y hombres que ganaron las calles de Honduras el olvido de tantos crímenes y el perdón a sus victimarios? Además, si una lección extrajeron los movimientos sociales y las fuerzas populares durante estos cuatro meses de resistencia es que si se organizan y movilizan su gravitación en la coyuntura puede llegar a ser decisiva, mucho más de lo que antes se imaginaban. La crisis les enseñó, brutalmente, que pueden dejar de ser objetos de la historia para convertirse en sujetos y protagonistas de la misma. Y tal vez por eso, más allá de lo que ocurra con este acuerdo, decidan seguir avanzando en sus luchas por la construcción de una Honduras diferente, esa que no se consigue con injustas amnistías o espurias reconciliaciones.

Por Atilio A. Borón
www.atilioboron.com
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Tegucigalpa, 29 de agosto. Alrededor de 30 hombres, mujeres y niños de la etnia lenca de Honduras son los guardianes de la embajada de Venezuela en Tegucigalpa, donde sólo un diplomático se mantiene desafiando la orden de expulsión que hace más de un mes emitió el gobierno de facto.

Leales al presidente constitucional Manuel Zelaya, los indígenas permanecen en la parte exterior de la residencia diplomática, sentados directamente sobre la acera o en rústicas esteras que amortiguan la dureza del piso.

Se les ve bajo un toldo y con una mesa con utensilios de cocina, evidencia de que allí mismo se preparan y consumen los alimentos, para no tener que abandonar la vigilia en ningún momento.

“Estamos aquí por solidaridad con el pueblo venezolano, porque este gobierno golpista (de Roberto Micheletti) quiere expulsar a los compañeros (diplomáticos)”, explicó Juan Vásquez, que actúa de improvisado vocero del grupo.

En realidad en el interior de la embajada sólo se encuentra el encargado de negocios Ariel Vargas, luego que el 21 de julio el régimen de facto ordenó la salida de Honduras de todo el personal diplomático venezolano, en represalia por las críticas del presidente Hugo Chávez al golpe de Estado.

Caracas mantiene a Vargas al frente de la misión diplomática para hacer patente que no reconoce al gobierno de Micheletti.

“Y nos solidarizamos con ellos porque nunca nadie se había solidarizado con nosotros los lencas como Venezuela, a través de la Alba (Alternativa Bolivariana de las Américas)”, explica Vásquez.

Por primera vez ha llegado a las comunidades lencas que habitan la zona occidental de Honduras –Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Comayagua– asistencia médica gratuita y de calidad.

“Los médicos venezolanos y cubanos, que forman parte del programa Operación Milagro, han curado a muchas personas, y a otros que lo han necesitado los enviaron a operarse a Cuba o a Venezuela”, afirma Vásquez.

“Otro logro –agrega– es el programa Yo sí puedo, que ha ayudado a alfabetizarse a muchos lencas que no sabían escribir ni leer. Cuando el huracán Mitch” que devastó a Honduras en 1998, “fueron ellos los primeros que llegaron a la zona para ayudarnos”.

Estos son algunos de los programas que el gobierno de Venezuela financió en Honduras, tras el ingreso de este país centroamericano a la Alba hace un año, bajo el gobierno de Manuel Zelaya.

Los lencas quieren el regreso de su presidente, el que dicen que más se ha preocupado por ellos, y están convencidos que más tarde o más temprano regresará.

Asimismo, miembros de las tres confederaciones campesinas de Honduras mantienen ocupado el Instituto Nacional Agrario, una protesta que comenzó días después del golpe militar.

De su lado, el ex embajador hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Sosa prepara una resolución para que los 33 países miembros rechacen la celebración de elecciones en ese país mientras continúe la crisis política.

La resolución debe ser asumida por al menos una delegación presente en el Consejo Permanente de la OEA, puesto que Honduras fue suspendida tras el golpe de Estado del 28 de junio. El texto sería presentado el martes, el mismo día en que Zelaya, intervendrá ante los embajadores en sesión especial.

“Estamos redactando un proyecto de resolución que aparte de aumentar la presión sobre la gente del golpe, incluye el desconocimiento de todo proceso electoral que se lleve a cabo bajo la tutela del régimen”, declaró Sosa.
Los países miembros de la OEA condenaron unánimemente el golpe de Estado contra Zelaya, por lo que la resolución tiene todas las probabilidades de ser discutida en el Consejo Permanente.

Su aprobación, sin embargo, debería ser por unanimidad, como acostumbra a proceder la OEA. La resolución expresará su apoyo a las gestión de José Miguel Insulza y la preocupación por la situación de los derechos humanos en Honduras, añadió el ex embajador.

Honduras debe celebrar en principio elecciones presidenciales el 29 de noviembre, aunque la OEA y la comunidad internacional exigen que Zelaya retorne antes para terminar su periodo.

“Bajo un estado de sitio, donde el estado de derecho no existe, estimamos que ninguna elección puede tener validez”, advirtió Sosa.

Una delegación del régimen de facto presente en Washington propuso que Zelaya y el líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, dimitan para que una tercera persona asuma el cargo, confirmó Sosa. Fuentes de la OEA dijeron por su parte que esa delegación se reunió con Insulza el jueves.

Responsables del Departamento de Estado estadunidense también acudieron a la cita, declaró el portavoz Ian Kelly. “Hemos visto la propuesta. Estamos trabajando estrechamente con la OEA. Estamos dejando que la OEA tome el timón sobre esto”, explicó.

Zelaya podría volver al país, pero como simple ciudadano. Sosa precisó, sin embargo, que él no estuvo presente en esa negociación, pero que al ser consultado, como representante de Zelaya en Washington, la rechazó de plano.

“Nosotros no asistimos más a reuniones con delegación alguna de Micheletti”, dijo. Una propuesta para que Micheletti y Zelaya renuncien al poder, que ya fue formulada antes, “nos parece una broma de mal gusto”, explicó.

La presión sobre el régimen de Micheletti crece en la región tras el fracaso esta semana de la misión de cancilleres de la OEA. Estados Unidos anunció que suspendía el servicio de visas para no inmigrantes en Honduras, y adelantó que prepara nuevas sanciones.

El viernes, el gobierno de facto entregó al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, una “contrapropuesta” a la Propuesta de San José, el plan propuesto por Arias para lograr la reconciliación en Honduras, anunció la vicecanciller de Micheletti, Martha Alvarado.

En declaraciones a la prensa declaró que no podía divulgar su contenido hasta que sean conocidas en la mesa de negociación.

Sobre la posibilidad de que Zelaya y Micheletti renuncien y se designe a una tercera persona presidente provisional en la línea de sucesión constitucional, lo que en Honduras se ha denominado “una tercería”, Alvarado dijo que “es una de las posibilidades que han estado en el ambiente acá”.

No obstante rechazó de plano que otra de las opciones de la contrapropuesta sea la constitución de una junta de gobierno designada por consenso, que se mantenga en el poder un año hasta la elección de un nuevo gobierno, como dijo Porfirio Lobo, candidato presidencial del Partido Nacional.

Micheletti dijo estar dispuesto a renunciar al gobierno por la paz, y mantuvo invariable su posición de que Zelaya no debe volver a la presidencia, y que al menos por un año no podrá retornar al país.

Sin embargo, fuentes de la OEA han dicho que el regreso de Zelaya a la presidencia es una condición no negociable en cualquier escenario de solución para la crisis de gobierno en Honduras.
 

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Está sudando. Acaba de pronunciar su primer discurso en la calle como flamante presidente de El Salvador y saluda a sus votantes, apiñados en la plaza, felices, incrédulos todavía de la noche mágica que les ha tocado vivir. Hace calor para todos, pero más para Mauricio Funes, de 49 años, que lleva puesto un discreto chaleco antibalas por debajo de la guayabera. Dos periodistas le piden una valoración urgente del momento y él acepta sobre la marcha, sin protocolo. Aprieta la mano fuerte y mientras responde se limpia las gafas empapadas de sudor. Tiene que levantar la voz sobre un coro de miles de voces que cantan como tantas otras noches en tantas otras plazas: "¡El pueblo, unido, jamás será vencido!".
 
Pregunta. ¿Qué significa este cambio para El Salvador?
 
Respuesta. Significa que se ha cerrado un ciclo histórico de Gobiernos excluyentes, autoritarios, que no han sabido resolver los grandes problemas del país. Cuando el partido Arena llegó al poder hace 20 años, dijo que iba a convertir El Salvador en una de las economías más dinámicas y competitivas del continente, que iba a acabar con la pobreza, reducir la desigualdad social, combatir la criminalidad?
 
A la vuelta de 20 años, tenemos uno de los países más atrasados de América Latina, una de las economías con mayor debilidad estructural para enfrentar la crisis, una de las sociedades más pobres y, sobre todo, con los mayores niveles de exclusión y marginalidad social, agobiada por la delincuencia, secuestrada por la delincuencia. Somos el país con la tasa de homicidios más alta del continente. Ése es el gran desafío que tengo por delante.
 
El cambio que hoy estamos iniciando cierra un ciclo histórico y abre la oportunidad para iniciar un Gobierno auténticamente democrático, que construya una sociedad justa y democrática, que es a lo que aspiramos los salvadoreños.
 
P. ¿Necesitaba el país este cambio para dejar definitivamente en la historia el eco de la guerra?
 
R. Si no se daba este giro, el país se hundía. Si no se daba este cambio, esta alternancia, el país iba rumbo al descalabro y a profundizar la polarización. Nosotros tenemos la posibilidad de despolarizar el país en la medida en que se va a despolarizar social y económicamente. La polarización política no es un asunto de voluntad de los actores políticos, es el reflejo de la polarización social y económica que vive El Salvador.
 
P. ¿Cuál va a ser la primera medida de gobierno?
 
R. Hacer un Gobierno diferente con un ejercicio público diferente. Y resolver el problema del grave deterioro de la situación fiscal del país. Tenemos que convocar un pacto fiscal para hacerle llegar más recursos al Estado, y a través de ese pacto fiscal, financiar nuestra política social, nuestra política de apoyo a los sectores productivos nacionales?
 
P. ¿Con su victoria se disipa la campaña del miedo, el fantasma de Hugo Chávez?
 
R. Con esta victoria lo que se demuestra es que se acabó el miedo al cambio, al cambio seguro, al cambio con estabilidad y con gobernabilidad democrática que es al que le hemos estado apostando nosotros.

Por, P. ORDAZ 
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Lunes, 16 Marzo 2009 06:21

Ganó la izquierda en El Salvador



En El Salvador, se terminó la hegemonía de la derecha. Por primera vez en la historia de este país, la izquierda conquistó el poder. Con el 90 por ciento de las mesas escrutadas, al cierre de esta edición el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contaba con el 51,20 por ciento de los votos frente a un 48,70 por ciento cosechado por Arena, la coalición de derecha que gobernó al país los últimos 20 años. “El pueblo demostró hoy que está preparado para la alternancia”, dijo un eufórico Mauricio Funes, el candidato del FMLN, declarándose presidente electo. De este modo, la ex guerrilla de izquierda llegó ayer al poder a través de las urnas. Funes, el periodista, venció a Rodrigo Avila, ex director de la Policía Nacional.
 
Y es que si bien las encuestas indicaban que ambos candidatos tenían las mismas chances de ganar, el empate no se permite en estos casos. La balanza se inclinó. La izquierda ganó. La jornada electoral comenzó a las siete de la mañana. El folklore se desplegó y rápidamente los centros de votación se vieron abarrotados de puestos de venta de comida. El aroma que copó las calles fue el de las tradicionales pupusas –tortillas de maíz rellenas de frijoles, carne de cerdo o queso–, así como todo tipo de bebidas frutales, excepto, claro, las alcohólicas, prohibidas por la veda.
 
Rosibel Hernández, una viuda que ofrecía a 25 centavos de dólar dos tortillas acompañadas con pescados fritos, votó por el Frente y pidió que se le de una chance de gobernar.“Es necesario para este país darle una oportunidad al Frente, porque ya son 20 años de Arena”, explicó. Y precisó sus deseos. “Si gana Funes le pediré una casa mejor, que no haya delincuencia y trabajo para mis hijos.”
 
Por el contrario, Georgina Hernández, una enfermera vestida con una camisa con el rostro de Rodrigo Avila, apostó por la continuidad. “Así estamos bien. No quisiera que vengan otros a gobernar. El Salvador tiene que seguir como hasta ahora”, remarcó.
 
A su vez, los salvadoreños con residencia en el exterior pudieron votar por primera vez en su país de origen. Jorge Alberto Tejada, de 39 años, llegó para votar al FMLN desde Arlington, Virginia. “Vine a votar por el FMLN porque debemos ayudar a mejorar el país, así nuestros hermanos salvadoreños no tienen que buscarse un futuro lejos de su patria, que eso es bien duro”, precisó.
 
Pasado el mediodía, los cómputos indicaban que el 36,7 por ciento de los 4,3 millones de salvadoreños ya habían pasado por las urnas. Al menos así lo habían hecho los principales protagonistas.
 
Elías Antonio Saca, presidente saliente de la coalición gobernante de derecha, pidió a sus compatriotas que acudan a votar masivamente en un ambiente de fiesta, declarándose confiado en el triunfo de su partido. “El país está caminando en democracia y nadie va a detener este proceso. Este es un día para celebrar”, afirmó.
 
Sin embargo, el candidato oficialista fue más prudente, al señalar que cualquier escenario era posible. “Uno tiene que prepararse para cualquier resultado, de manera madura y responsable”, advirtió Avila, el dos veces ex director de la Policía Civil.
 
El opositor Mauricio Funes se mostró más optimista al momento de emitir su voto. “Esperen los resultados con mucha tranquilidad, vamos a ganar esta elección, no cabe ninguna duda”, aseguró a sus seguidores cerca del mediodía. No obstante, Funes denunció que el oficialismo no habría respetado los tiempos de la campaña electoral, y que ciudadanos de otros países vecinos habrían sido movilizados para votar por el partido gobernante. “Arena continuó haciendo propaganda después de terminada la campaña. Además, ha movilizado a ciudadanos guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños,a los que habilitó para votar ilegalmente a favor de su candidato”, disparó.
 
No obstante, Oscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, destacó la normalidad de la votación. “Estos comicios se están llevando a cabo en un clima de perfecta transparencia y sintonía democrática. Hubo algunos incidentes, sí, pero aislados”, señaló. Entonces cayó la tarde. Se hicieron las cinco y las mesas cerraron en tiempo y forma. Los votos comenzaron a contarse. La tensión se desató. Pero cuando apenas dos horas después comenzaron a filtrarse pronósticos favorables a Funes y, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no había ofrecido datos oficiales, las calles se empezaron a desbordar. La militancia del FMLN comenzó a lanzar fuegos artificiales, sonaron las bocinas de los autos y muchos balcones de la capital empezaron a vestirse con las banderas de la ex guerrilla de izquierda. Luego todo fue una fiesta y El Salvador se tiñó de rojo.
 
El viernes de la semana pasada, Tom Shannon, responsable para América latina del Departamento de Estado norteamericano, había asegurado que Estados Unidos respetaría el resultado de las elecciones y trabajaría con el ganador, independientemente de su credo político. Todo indica que ahora, Washington deberá negociar y lidiar con los ex guerrilleros a quienes tanto combatió durante la década del ’80. “El pueblo salvadoreño ha exigido un cambio. Estamos empezando una nueva etapa de nuestra historia. Un partido de izquierda gobernará El Salvador. La democracia se ha fortalecido. Se terminó la intolerancia. Viva la democracia”, clamó Mauricio Funes, presidente electo.
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En su primer año como jefe de Estado y de Gobierno, Raúl Castro empezó a reorganizar la cadena de mando, impulsó pequeñas reformas económicas, emprendió una ofensiva diplomática y remitió la definición de cambios de fondo al sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), previsto para finales de 2009.
 
Raúl, de 77 años, asumió el cargo el 24 de febrero de 2008, pero trazó sus planes desde el interinato que inició dos años antes, por la enfermedad de su hermano Fidel. Reconoció que nadie vive de su salario y hay que romper ataduras para que la gente sienta la necesidad de trabajar. Ofreció reformas estructurales y de conceptos, lanzó una discusión nacional con agenda abierta y así levantó fuertes expectativas populares, que sin embargo matizó pidiendo realismo para ajustar todos los sueños a las verdaderas posibilidades.

Reparto de tareas

Raúl formó un equipo de siete dirigentes, el mismo para el PCC (máxima autoridad política) y el Consejo de Estado (Legislativo y Ejecutivo). Las señales muestran la jerarquía del partido único y claridad en la cadena de mando y el reparto de tareas, a diferencia de la gestión de Fidel, en la que funcionaba un minigabinete presidencial y a menudo surgían comisiones, programas o designaciones fuera de las estructuras.
 
El cambio ha llevado a la exposición pública al número dos, José Ramón Machado Ventura, quien pasó décadas en la oscuridad del aparato partidario. Carlos Lage y Felipe Pérez Roque conservan sus tareas oficiales, pero son menos visibles, porque ya no cumplen misiones especiales como lo hacían al mando de Fidel.
 
Raúl nombró vicepresidentes del gobierno a Ricardo Cabrisas, Ramiro Valdés, Ulises Rosales del Toro y Jorge Luis Sierra, todos con carteras en el área económica. A José Ramón Fernández, que ya tenía el cargo, le amplió facultades en el sistema educativo. Se perfila un grupo compacto de allegados al presidente, virtuales jefes de sector (o generales de un Estado Mayor) a los que se subordinan los ministerios.
 
Fundador de los servicios de seguridad y unido a los hermanos Castro desde hace más de medio siglo, Valdés suma la subjefatura de Gobierno a su rango de comandante de la revolución, a sus asientos en el Buró Político del PCC y el Consejo de Estado y a su estratégico Ministerio de Informática y Telecomunicaciones. En cambio, pierde funciones Lage, quien durante casi dos décadas ha sido al lado de Fidel un virtual jefe de Gabinete y operador económico, como secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
 
En las fuerzas armadas, Raúl descongestionó el escalón de mando territorial, en el que generales de Cuerpo de Ejército (tres estrellas) tenían décadas dirigiendo las tres regiones y los reemplazó por generales de División (dos estrellas). Los tres ex jefes fueron ascendidos a viceministros. Uno de ellos, Leopoldo Cintra, entró al Consejo de Estado y ahora es viceministro primero, sucesor del titular, Julio Casas.
 
Con Raúl, Machado, Lage y Casas, en el septeto dirigente están el comandante de la revolución Juan Almeida; Esteban Lazo, a cargo de cultura, ideología y propaganda en el PCC y el ministro del Interior, Abelardo Colomé. Entre otros, hay un mensaje: la generación histórica agotará sus opciones en el poder.
 
El estilo ha cambiado. Se insiste en estudiar y fundamentar las decisiones. Los actos cívicos son cortos, con discursos leídos y asistencia simbólica. Ya no cientos de miles marchando durante horas, paralizando ciudades. Altos funcionarios van a un programa de la televisión, ya no el jefe de Estado en horario abierto. El mensaje oficial se ha vuelto parco, algunos dicen que demasiado. En febrero se rompieron tradiciones: Raúl y Machado (uno y dos) salieron del país a la vez y un día Granma trajo en portada tres noticias y dos fotos, todo de Raúl.

Enmiendas y candados

Raúl está ensayando reformas económicas cuyo futuro aún es borroso. No puede afirmarse que son el germen de un cambio mayor ni que, por el contrario, apenas son parches temporales que luego retrocederán, como la tímida apertura de los ’90.
 
Por lo pronto, está pactada una empresa mixta, que dirigirán los socios rusos, en un esquema inexistente en la sensible rama eléctrica; hay nuevas licencias para taxis privados, tras un congelamiento de más de diez años. Se ha reconocido que el ingreso personal puede expresarse en consumos como los de electrodomésticos, computadoras, celulares, hoteles de primera clase y alquiler de autos. Aunque retrasado en su aplicación, existe un nuevo sistema salarial, que pagaría más al que más rinda, sin límite.
 
En el centro de la mira, Raúl puso el atraso estructural de la agricultura y la producción de alimentos como asunto de seguridad nacional. Decidió entregar tierra ociosa en usufructo (quizá la mitad del espacio cultivable), aumentó precios al productor, autorizó la oferta de implementos y la venta de leche sin mediación oficial y descentralizó facultades a los municipios.
 
Pero hay candados: la asignación de parcelas es lenta; el usufructo tiene tope de hasta diez años en cualquier cultivo; se limita la construcción de viviendas e instalaciones; no hay un mercado de implementos, sino un sistema de cuotas. No está claro cuánto venderá el campesino al Estado y cuánto podrá colocar libremente, ni cuáles son los alcances definitivos de las delegaciones municipales. Raúl deploró hábitos atávicos de burocracia en el proceso, a pesar de lo cual ya hay más de 45 mil usufructuarios.
 
Tras los huracanes de 2008 el gobierno fijó precios en los mercados agropecuarios (de libre oferta y demanda desde 1994) para frenar las alzas. El control continúa, además de que se han cerrado los pequeños puntos de venta en los barrios, lo que abre la pregunta de si está desapareciendo el circuito abierto, para volver a la venta exclusivamente estatal.

Ofensiva en relaciones del exterior

En el último año, Cuba mejoró sustancialmente las relaciones con países latinoamericanos (Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay), las reactivó con Brasil e ingresó al Grupo de Río, expandiendo su presencia en la zona. Empezó a rehacer el diálogo con gobiernos comunitarios, después de que la Unión Europea eliminara las sanciones de 2003. Construye nuevos esquemas económicos con países petroleros, con los que tiene una relación política fluida (Angola, Argelia, Irán, Vietnam). Abrió opciones del mismo tipo a gran escala con Rusia y amplió las que ya existían con China. Subraya su interés en minar el bloqueo estadounidense y en armar puentes para sortear una de sus peores crisis de financiamiento.
 
Por Gerardo Arreola *
Desde La Habana
 
* De La Jornada de México. Especial para Página/12.
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Nueva York, 11 de enero. La elección de Barack Obama, cambios demográficos y generacionales en Miami, y el traslado del poder pacífico y exitoso en La Habana han generado expectativas de un cambio en la política estadunidense hacia Cuba por primera vez en 50 años.

El presidente electo y algunos de sus asesores, además de una amplia gama de expertos y ex políticos, indican que habrá una nueva disposición, y hasta tal vez motivación, para modificar la política bilateral hacia la isla este mismo año.

En el sitio de Internet de la campaña presidencial de Obama se prometía que “en el caso de Cuba, se otorgargá poder a nuestros mejores embajadores de libertad al permitir viajes y remesas a la isla ilimitados de familias cubanoestadunidenses. El empleo de diplomacia intensiva y de principios también (un presidente Obama) enviará un mensaje importante: si un gobierno pos Fidel da pasos significativos hacia la democracia, empezando con la liberación de todos los prisioneros políticos, Estados Unidos está preparado para dar pasos que lleven a normalizar las relaciones y aflojar el embargo que ha gobernado las relaciones entre nuestros dos países durante las últimas cinco décadas”.

Además, Obama no se retractó, a pesar de severas críticas durante la campaña, de abrir un diálogo sin condiciones con líderes de regímenes “enemigos”, donde incluyó a Raúl Castro.

Para los principales expertos en la relación, la política estadunidense hacia Cuba, formulada en gran medida por Miami, comprobó su fracaso cuando Fidel Castro trasladó el liderazgo del gobierno a Raúl Castro y un equipo de dirigentes, dejando a Washington y al exilio en Miami reducidos a meros espectadores. El consenso entre los principales centros de análisis y los grandes medios es que Washington, por su propia política, se marginó en esta transición.

“El fracaso más grande en la historia”

En un informe recientemente emitido por el influyente centro de análisis de políticas Brookings Institution se afirma: “si uno compara resultados a objetivos declarados, la política estadunidense hacia Cuba podría ser el fracaso más grande en la historia de la política exterior estadunidense. Después de un embargo de casi cinco décadas y varios intentos para aislar y minar el régimen de Castro, Fidel ha entregado el poder a su hermano Raúl. Hoy, Estados Unidos tiene pocas palancas para promover el cambio en Cuba. De hecho, Cuba goza de relaciones normales con virtualmente cada país del mundo más allá de Estados Unidos”.

Julia Sweig, experta en la relación bilateral y directora del programa de América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores, subrayó que en esa coyuntura que Fidel Castro logró “manejar su propia sucesión”, y “lo está haciendo pacíficamente”, negociando la expectativas y sentando las bases para la próxima etapa de la vida política de la isla. Eso comprobó, dijo, que desde hace tiempo se debería de haber levantado el embargo y otras restricciones, las cuales sólo han limitado la política exterior estadunidense justo en esta coyuntura.

El ex coronel Lawrence Wilkerson —mano derecha del general Colin Powell y ahora copresidente de la Iniciativa de política EU-Cuba de la Fundación Nueva América– consideró que esa coyuntura ofreció una apertura para cambiar la política estadunidense, pero fue desperdiciada comprobando que “nuestra política hacia Cuba es un fracaso”.

Wilkerson, junto con Patrick Doherty de la Fundación Nueva América, indicaron recientemente que un cambio en la política hacia Cuba sería la manera más inmediata, y relativamente fácil (dada la complejidad de otros asuntos exteriores) para que el nuevo presidente envíe una señal al hemisferio de un cambio en la política exterior de Washington. “Nuestra política hacia Cuba es un obstáculo para lograr una nueva relación con las naciones de América Latina” afirman, y señalan que sólo con el fin del embargo se podrá generar una relación más cercana con la región para abordar toda la gama de problemas conjuntos del hemisferio.

Así, con el fin del régimen de Bush, analistas e intelectuales de la cúpula política recomiendan una nueva política bilateral expresada en varios “grupos de trabajo” en diversos think tanks. Por ejemplo, un grupo destacado de ex dirigentes políticos y diplomáticos de la Brookings Institution propone que el próximo gobierno en Washington anule partes centrales de esta política, incluyendo eliminar todas las restricciones de viajes a Cuba y envío de remesas, suspender todos los elementos del bloqueo de comunicaciones, sacar a Cuba de la lista oficial del Departamento de Estado de países patrocinadores de terrorismo y ampliar relaciones a todos los niveles, incluyendo el oficial entre ambos gobiernos.

El presidente electo Barack Obama –quien en 2003 como candidato al Senado abogó por levantar el embargo– se atrevió a declarar durante su campaña en un foro en Miami patrocinado por la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF, por sus siglas en inglés), que favorecía aflojar las restricciones a viajes y envío de fondos a la isla; adelantó que si hay muestras de un cambio hacia la democratización en la isla, “Estados Unidos debe de estar preparado a dar pasos para normalizar las relaciones y aflojar el embargo”.

Pero aunque la mayoría de los políticos de ambos partidos saben que esta política ha fracasado, todos saben que la política hacia La Habana es, en gran medida, más una política hacia Miami, donde el ala conservadora ha logrado monopolizar durante décadas el debate y la determinación de la política bilateral con la isla.

Sin embargo, hay cambios enormes en Miami que reducen cada vez más el poder de ese sector tanto en Florida como en Washington. Algunos de los propios líderes de esa comunidad lo reconocen.

Fue el hijo de Mas Canosa, Jorge Mas Santos, junto con el actual director de la CANF Francisco Pepe Hernández y su antecesor Joe García quienes invitaron y aplaudieron a Obama en Miami cuando éste reafirmó que deseaba establecer comunicación directa con Raúl Castro y su gobierno, algo que hace poco sería considerado como una traición. Sin embargo, fue un mensaje a las nuevas generaciones cubanas que se oponen a las restricciones impuestas a viajes y envío de remesas de Bush y líderes del ala conservadora de la comunidad cubana en Miami.

Obama y sus asesores seguramente registran los cambios políticos y demográficos en Miami, como también un cambio generacional que está alterando ese universo con enormes implicaciones políticas. Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida realizada el mes pasado registró que por primera vez la mayoría de los cubanoestadunidenses (55 por ciento) se opone a la continuación del embargo. En sus sondeos del año pasado, 65 por ciento de los cubanoestadunidenses expresó su apoyo a un diálogo con el régimen cubano.

Diversos observadores subrayan que desde hace tiempo se anunció el “principio del fin” del sector conservador cubano que había controlado la política de Washington hacia La Habana, e incluso algunos de esa misma vieja guardia reconocen que los tiempos están cambiando. “Antes pensábamos que podíamos ir a Cuba, invadir y establecer la democracia por la fuerza, y que Estados Unidos nos ayudaría. Esos tiempos ya se acabaron. Un hombre como yo, que ha luchado y soñado, tiene que llegar a la conclusión que el futuro no pertenece a mi generación. El cambio en Cuba tiene que venir desde adentro”, dijo recientemente Francisco Hernández, director de la Fundación, a la columnista Ana Menéndez del Miami Herald.

Joe García, ex director de la CANF y quien este año estuvo cerca de derrotar al representante republicano Mario Díaz Balart en las elecciones federales, comentó a La Jornada hace unos meses que el apoyo al bloqueo se está deteriorando por sí mismo. “El embargo tiene un aspecto cuasi-religioso. Uno cree en el embargo. No puede probar que funciona… Es más religión que política porque la política es algo que uno cambia para tener efecto.”

Y García criticó la otra vertiente principal de la política hacia Cuba, al señalar que las iniciativas estadunidenses para apoyar a la sociedad civil cubana –entre cuyos promotores iniciales se cuenta él mismo– sólo acabaron beneficiado al exilio en Miami: “esos millones de dólares se han convertido en prebendas políticas en el exilio… la política hacia Cuba es política local simplemente, con poco efecto en Cuba”.

Sin embargo, los tres legisladores republicanos anticastristas de línea dura: Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen lograron su relección este año, lo que demuestra que aún cuentan con suficiente poder local para sobrevivir lo que fue el mayor reto que han experimentado en sus carreras. Pero regresan a un Washington donde son parte de la minoría debilitada en el Congreso y con un nuevo presidente que a diferencia de las últimas décadas, no comparte los mismos intereses.

Tanto los cambios en Cuba como en Miami, dicen algunos observadores, abren un espacio de maniobra sobre la relación bilateral muy diferente a la del último medio siglo para el nuevo presidente. Algunos indican que tal vez se optará por modificar la relación bilateral, sobre todo en el rubro de viajes y envío de remesas.

Ahora se verá si el cambio de régimen en Estados Unidos está dispuesto, por primera vez en 50 años, a reconocer el principio básico de la autodeterminación y no intervención en las relaciones internacionales en el caso de Cuba y con ello de que un cambio o no de régimen en la isla es asunto exclusivo de los cubanos en la isla.

David Brooks (Corresponsal/II y última)
 

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