¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

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¿IVA de 19 por ciento para toda la canasta?

Soplan vientos que traen el eco de gravar la totalidad de alimentos con el IVA en un 19 por ciento. Es la propuesta facilista para recomponer el déficit fiscal que sobrelleva el país, medida que le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–. ¿Por qué es improcedente esta medida y cuáles serían sus consecuencias?

 

De nuevo el debate sobre la necesidad de realizar una reforma estructural tributaria gana espacio a nivel nacional. Esta vez producto de la difícil situación fiscal del país, agravada por la pandemia del covid-19 en 2020 y con ella la caída de ingresos del gobierno nacional de un 2.5 por ciento del PIB y el aumento del gasto público para enfrentar la crisis social y económica en curso.

Como en otras ocasiones, sectores defensores de los privilegios de pocos proponen como uno de los pilares para mejorar las arcas públicas la universalización del impuesto al valor agregado –IVA– para todo el conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Una propuesta improcedente, como permite afirmarlo las mismas cifras oficiales sobre los impactos recaudatorios y en la distribución de ingresos de diferentes opciones alternativas de reforma del IVA.



Algunas consideraciones generales de contexto

 

En el Gráfico 1 puede apreciarse, a manera de preámbulo, cuán regresivo resultaría ser la generalización de la tarifa del 19 por ciento del IVA a la totalidad de bienes y servicios consumidos por los hogares en Colombia, ya que este impuesto como proporción del ingreso total de los hogares variaría desde el 24 por ciento para el caso de los hogares en pobreza y el 17 por ciento para el de hogares en vulnerabilidad, que resultan ser muy superiores al de los hogares con mayores ingresos de la denominada clase alta (el 7% para los hogares del decil 10 con los mayores ingresos y 12%, en promedio, para los deciles 7 a 9).

Así pues, a diferencia de lo argumentado recientemente en ciertos círculos especializados a nivel internacional, no es cierto que a priori el IVA generalizado pueda resultar progresivo dado el nivel y composición de los gastos en bienes y servicios que realizan los hogares según nivel de ingreso en el caso de un país como Colombia, con elevados niveles tanto de pobreza monetaria (cercano al 35.7% en 2019, justo antes de la pandemia del covid-19 que la recrudeció de manera significativa en 2020) como de concentración de ingresos y de riqueza.

Ante estas circunstancias, resulta claro que el diseño de una reforma del IVA en Colombia ha de ser enmarcado, en sentido estricto, en una visión de economía política que pondere debidamente los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, aparte de los de simplicidad y transparencia, a la luz de propósitos básicos como los de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad societal.

 

La clasificación del gasto según grupos de la canasta familiar

 

El Dane, con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph) 2016-2017, seleccionó la nueva canasta y revisó la metodología aplicada al Índice de Precios al Consumidor. Entre los cambios están los nuevos ponderadores a nivel de las 12 divisiones, grupos de gasto y clases de gasto para cada una de las clases sociales1.

En la misma destaca el peso específico del grupo de alimentos en el gasto de los hogares en el país, a saber –siempre en por ciento–: 13.89 a nivel general, el 22.10 para los hogares en pobreza, el 20.56 para los hogares en vulnerabilidad, el 14.57 para los hogares de la denominada clase media y el 7.51 para los hogares de la clase de ingresos altos.

A su vez, el gasto conjunto en alimentación y arriendos llega a representar el 39.05 del gasto total para el agregado de hogares en el país, llegando incluso hasta el 53.73 del gasto en el caso de los hogares en pobreza, el 48.43 en el de los hogares en vulnerabilidad, el 39.94 en el de los hogares de clase media y el 29.88 en el de los hogares de ingreso alto.

 

El gasto total de los hogares y su composición

 

De acuerdo con esta encuesta de 2016-2017, el gasto total mensual de las unidades de gasto alcanzó 27.4 billones de pesos mensuales (328.8 billones de pesos al año), distribuidos fundamentalmente en: alimentos y bebidas no alcohólicas (4.4 billones de pesos mensuales, equivalente al 15.9 por ciento del gasto total); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7.9 billones de pesos mensuales, 28.7% del gasto total); bienes y servicios diversos (5.0 billones de pesos mensuales, 18.3%) y transporte (2.6 billones de pesos mensuales, 9.5%), entre otros.

En estas condiciones, la distribución del IVA del 19 por ciento a toda la canasta familiar a nivel de las clases sociales muestra cómo el recaudo se concentraría en lo fundamental en los hogares de la clase media (44%), seguido por los hogares en vulnerabilidad (26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre el ingreso representaría el 24.4 por ciento para los hogares en pobreza, mientras que para aquellos de altos ingresos sería de tan sólo el 10.8 por ciento y mucho menos para el 1 por ciento de los hogares más ricos de la clase alta para los que el IVA a la canasta familiar sólo afectaría el 7.3 por ciento de su ingreso.

El efecto de la medida es inocultable. De ahí que la propuesta debiera orientarse a no gravar la canasta básica de los hogares en pobreza y vulnerabilidad, ni tampoco a los rangos o sub-deciles de ingresos bajos de la clase media, para que con ello se lograran mejoras sustanciales en el índice Gini de concentración de ingresos al poder pasar de 0.5438 a 0.5166.

Ante esta composición del gasto de los hogares en el país, universalizar la tarifa del IVA del 19 por ciento a la canasta familiar de bienes y servicios generaría un recaudo aproximado de 62 billones de pesos al año (6.2% del PIB).

 

 

 

La potencia del impacto

 

Mediante una microsimulación del IVA a toda la canasta familiar, se estima que su universalización al 19 por ciento para todos los bienes y servicios, si todos los demás factores permanecen constantes, reconfiguraría de manera apreciable la estructura de las clases sociales, con un aumento de la proporción de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y una reducción de la de hogares de clase media, en la medida en que:

(i) cerca del 23 por ciento de los hogares en pobreza no extrema serían expulsadas a la pobreza extrema,
(ii) un 16 por ciento de los hogares vulnerables serían expulsados a la pobreza, y
(iii) un 23 por ciento de los hogares de la clase media serían expulsadas a vulnerabilidad.

Como queda claro, de así proceder ello conduciría a un inaceptable empobrecimiento y agudización de la vulnerabilidad de amplios grupos poblacionales, ya de por sí golpeados por la política económica en voga desde décadas atrás, y más agravados con la pandemia del covid-19, consecuente con un aumento del índice Gini de concentración del ingreso de un 0.5438 antes del impuesto IVA a 0.5705 después del mismo a toda la canasta básica para toda la población.

La importancia de este tipo de impactos ha sido reconocida por organismos internacionales y círculos de expertos al punto de recomendar que con la ampliación de la base gravable del IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se implanten medidas de compensación (créditos fiscales, devolución de IVA, entre otros) focalizada a favor de los hogares en pobreza y vulnerabilidad. A pesar de lo anterior, dados los altos niveles de informalidad como de precariedad de ingresos de amplios grupos de nuestra sociedad y ante los graves vacíos en la interoperabilidad y robustez estadística de los registros administrativos en un país como Colombia, se generan importantes desigualdades, injusticias, asimetrías, inequidades, falencias en la cobertura de la población y elevados costos de transacción no solo para la administración pública sino también para los mismos hogares elegibles.

En cuanto a la pretendida corrección de este tipo de políticas en Colombia, resulta muy aleccionadora la experiencia de la devolución del IVA, debido a que hasta el presente tan sólo llega a cubrir a un millón de hogares pobres (esto es, apenas un 23.3% de los hogares pobres en 2019, antes del recrudecimiento de la pobreza con la pandemia en 2020), lo cual constituye una muestra de la inadecuada capacidad gubernamental para lograr una oportuna e integral aplicación de medidas compensatorias a los hogares pobres y vulnerables, los cuales serán claramente afectados con la universalización de este impuesto. Así pues, en economías altamente informales y con precarios sistemas de información hay una alta brecha entre la imposición tributaria a la canasta familiar y la cobertura y efectividad de las compensaciones para hogares en pobreza y vulnerabilidad, por ejemplo.

Como ya se vió, el peso de los gastos en los rubros de alimentos y de arriendo de vivienda para los hogares en pobreza casi que duplica el correspondiente a los hogares de la clase de altos ingresos (un 54% en el primer caso), en este artículo se muestra, a manera de ejemplo, el impacto fiscal y en redistribución de ingreso de la implantación de una tarifa general del IVA del 19 por ciento para alimentos.


El IVA sobre alimentos

 

El gasto de los hogares en alimentos, según la Enph 2016-2017, fue de 4.06 billones de pesos mensuales en 2017 –esto es, 48.7 billones de pesos al año–. Los alimentos de mayor consumo son las carnes (28%), panes y cereales (18%), leche, queso y huevos (15%), y legumbres (14%) (Cuadro 1).

 


Gravar todos los alimentos con el IVA a la tarifa general del 19 por ciento, le representaría un recaudo adicional al gobierno nacional de 771 mil millones de pesos al mes –9.3 billones de pesos al año, algo superior al 0.9% del PIB–, el cual recaería –siempre en por ciento– en un 37 sobre los hogares de la clase media, un 33 sobre vulnerables, un 25 sobre los empobrecidos y apenas un 5 sobre los de la clase alta.

Aplicar este tipo de medidas, si todos los demás factores permanecen constantes, llevaría a expulsar, por ejemplo, a un conglomerado de 963 mil personas (5.6%) en vulnerabilidad a la pobreza, e incrementaría la inequidad en la distribución de ingresos en el país al elevarse el índice de Gini de concentración de 0.5438 a 0.5502.

Ahora bien, si se aplicara el IVA sobre alimentos a una tarifa del 19 por ciento para los hogares de los deciles 9 y 10 de más altos ingresos en el país se evitaría dicho incremento de la concentración y, por el contrario, podría incluso reducirse muy ligeramente de 0.5438 a 0.5407, aparte de generar un recaudo de cerca de 0.23 por ciento del PIB al año.

Por ello, lo procedente es aplicar una tarifa del 19 por ciento del consumo imputado –según lo estimado con base en la Enph del Dane para los hogares de diferentes clases y deciles de ingreso– para los hogares de altos ingresos, y con una tarifa del 0 por ciento para el resto de hogares.

 

El caso de otros componentes de la canasta

 

Siguiendo similar planteamiento para el caso de los otros rubros importantes en la canasta de consumo como son los arriendos pagados e imputados, la electricidad, gas y agua, por un lado, y alimentación y restauración fuera del hogar, es importante que el gobierno nacional y el Congreso de la República aprobaran el IVA en cuestión sobre los arriendos pagados e imputados para el caso de las personas jurídicas con mayores ingresos operacionales, así como la aplicación de la tarifa del 19 por ciento sobre el consumo de electricidad, gas y agua de las empresas.

Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente se definen como la remuneración indirecta que obtienen las instituciones financieras y de seguros en las operaciones de préstamos, depósitos y seguros que realizan, así como la diferencia entre el tipo de interés de referencia que se fija para cada operación financiera y el tipo de interés que pagan las instituciones financieras, se debería implantar este mismo IVA a este tipo de servicios en cabeza de las entidades financieras y de seguros, aparte de los reducidos costos de transacción y simplicidad de su recaudo.

 

Escenarios alternativos para la imposición del IVA a la canasta familiar

 

Como síntesis de lo anterior, resulta de gran utilidad analizar la sensibilidad de los impactos en recaudo tributario y los cambios en la distribución de ingreso entre hogares a variaciones en la población de hogares sujeta al gravamen del IVA del 19 por ciento en el país. Como se aprecia en el Cuadro 2, si se aplicara el IVA universal en el porcentaje indicado a todos los hogares colombianos el recaudo adicional alcanzaría a un 6.2 por ciento del PIB al año y el índice Gini de concentración de ingresos se agravaría aún más al pasar de 0.5438 a 0.5705, en tanto que si sólo se aplicara el IVA a toda la canasta de los hogares del decil 10 de más altos ingresos con la tarifa del 19 por ciento y de 0 para el resto de los hogares, se aumentaría el recaudo al 1.8 por ciento del PIB al año y se reduciría apreciablemente el índice Gini de concentración al descender de 0.5438 a 0.5209.

Ahora bien, si se aplicara a la canasta de los hogares de los deciles 9 y 10 de mayores ingresos con la tarifa indicada y del 0 por ciento para el resto de hogares, se incrementaría el recaudo al 2.7 por ciento del PIB al año y se alcanzaría una reducción del índice Gini de 0.5438 a 0.5144.

Lo que demuestra con claridad suficiente la robustez de un diagnóstico de política pública que consulte con rigor las ventajas y desventajas existentes entre recaudo, equidad y progresividad a la luz de objetivos precisos de política económica y social.

En términos de eficacia del recaudo y redistribución de ingreso sobresalen, sin duda alguna, las alternativas de gravar focalizadamente a la canasta de los hogares de mayores ingresos en el país con la tarifa ya definida y del 0 por ciento para el resto de hogares, y en particular del 10 si no se quisiera afectar a algunos sectores de la clase media.

Así, entonces, existirían algunas variantes sobre estos tipos de opciones, para no mencionar otras, que facilitarían sopesar la más deseable en términos de recaudación, graduación, focalización y tarificación bajo los postulados de política pública aquí en referencia, así como en consonancia y estricta coherencia con los demás componentes de la reforma estructural tributaria.

Una opción deseable de política podría consistir en aplicar la referida tarifa del IVA a las personas naturales pertenecientes al 5 por ciento de las que cuentan con los mayores ingresos en el país, como una primera etapa, lo que generaría recursos tributarios por cerca de un 0.8-1.0 por ciento del PIB al año; luego, en la segunda etapa, se podría ampliar la aplicación del IVA pero con una tarifa del 15 por ciento al resto de las personas naturales pertenecientes al 10 por ciento de las con mayores ingresos en el país, que aportaría un recaudo adicional del orden del 0.5-0.6 por ciento del PIB al año, y, cuando sea conveniente e indispensable, en la tercera etapa se extendería la aplicación de este impuesto con una tarifa del 10 por ciento para las personas naturales del decil 9 de ingresos, que recaudaría en torno a un 0.3 por ciento del PIB al año, llegándose en este punto a un aporte recaudatorio acumulado del IVA a la canasta de consumo de los hogares del país próximo al 1.8-2.0 por ciento del PIB al año.

De acuerdo con lo ya argumentado, la mejor forma procedimental, si no única, de aplicar el gravamen, dadas las actuales restricciones en los registros administrativos y en la interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental2, sería la de aplicarlo directamente a los hogares sujetos al gravamen a través tanto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de los arriendos pagados e imputados, por ejemplo, como del mismo recibo del pago de servicios como la electricidad, gas y agua a condición de que se corrijan los graves sesgos de la estratificación actual.

 

En suma…

 

Dicen que un buen gobierno es aquel que garantiza felicidad, seguridad y bienestar a la sociedad con la que organiza la vida diaria. Y para garantizar tal tríptico no puede dejar de lado la justicia, en este caso en el campo económico, tributario y fiscal. Realizar tal precepto no es posible sin trascender las promesas. En este caso, invertir la política impuesta en Colombia desde décadas atrás con la cual se invirtió en 180 grados la lógica de “quien tiene más debe pagar más”, y para ello hemos tratado de dejar la evidencia sin que las neblinas impidan apreciarla en su debida manera.

Queda evidente, entonces, que otra política tributaria sí es posible, pero para hacerla realidad hace falta mucho más que argumentos… El reto queda para el conjunto nacional.

 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019/ipc-ponderadores.
2 Es de reiterar que el programa de devolución del IVA actualmente llega a menos del 23% de los hogares en pobreza en el país y que, según información oficial suministrada a la Corte Constitucional, a agosto todavía había más del 45% de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno a los que no les había llegado ningún programa social del Gobierno nacional.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Colombia, políticas tributarias regresivas: ¡el que tiene más paga menos!

Una novedad de “transparencia”. A lo largo de las últimas semanas algunos funcionarios del Estado y servidores públicos publicaron su declaración de bienes y rentas correspondiente al año fiscal 2018. No fue por voluntad propia, sino la respuesta a la Ley No. 2013 que ordena hacerlo, así como también sacar a la luz su registro de conflicto de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y complemenatarios, demanda que ya es prerequisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo público que desempeñen.

La información, ahora pública, proyecta luces sobre la manera legal de evadir impuestos en Colombia, así como sobre otros elementos ya expuestos en el libro de Garay y Espitia (2019)*, las cuales quedan un poco más al descubierto a nivel individual.

Una pequeña referencia histórica

La tributación en el capitalismo –desde su primera etapa como capitalismo comercial– persiguió fortalecer el Estado, dada la necesidad del sistema de posibilitar la existencia, tanto de los agentes (en lo esencial jueces y policías) que garantizaran el cumplimiento de unas reglas del juego en el que unos actores librados a las “fuerzas del mercado” debían competir a muerte por su supremacía, así como de unas obras de infraestructura que debían ser escenario común en el que el juego tuviera lugar. Las complejidades del sistema, y la emergencia de las aglomeraciones condujeron a la obligatoria creación de sistemas sanitarios y de escolarización mínimos que garantizaran un flujo de fuerza de trabajo que cumpliera con los requisitos crecientes que imponía el capital en el proceso de trabajo.

Los impuestos, como vía para la redistribución de los excedentes son, entonces, un mecanismo que muestra el grado en que el Estado, como árbitro, es aún necesario en la mediación entre capitales particulares y entre el capital y el trabajo. La disminución del esfuerzo tributario para las élites y la descarga de este esfuerzo en los hombros de la mayoría con el aumento desmesurado de los impuestos indirectos, es un indicador innegable del carácter anti-popular del ultraliberalismo iniciado en los ochenta del siglo pasado.

Un botón basta de muestra


Aprovechando que ahora son públicas, desdeabajo reunió las declaraciones de renta presentadas por algunos de los altos funcionarios del Estado, y traemos aquí, para el análisis, los datos más relevantes de las declaraciones presentadas por 15 de ellos, dentro de los cuales están 13 senadores de la República, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque.

El formulario de declaración 210 de la Dian, que corresponde a las personas naturales, discrimina las que han denominado “cédulas” de ingreso de acuerdo al tipo de renta. Así: i) Rentas de trabajo, ii) Rentas pensionales, iii) Rentas de capital, iv) Rentas no laborales, v) Rentas por dividendos y participaciones. Se declara, entonces, para cada una de ellas, los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, y los ingresos líquidos gravables. Veamos los resultados obtenidos, en cada rubro, para los funcionarios seleccionados. Y en la línea de abajo los impuestos que pagaron (Tabla Nº 1)

 


Rentas no laborales Según el Estatuto Tributario, son consideradas rentas pertenecientes a esta cédula los ingresos por indemnizaciones no laborales, la venta de activos fijos poseídos por menos de dos (2) años, y todos los pagos por honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás, que no clasifiquen como prestación de servicios personales, como es el caso de los honorarios percibidos por las personas naturales que presenten servicios y que contraten o vinculen, por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta.


¿Con el sudor de la frente…?

Una primera observación extraída del cuadro anterior es que, con el ingreso que dicen percibir en un año como el de 2018, después de hacer los descuentos del caso (renta líquida gravable, RLG), uno no se explica cómo hacen algunos para enriquecerse. Según la RLG declarada por Arturo Char serían necesarios 101 años para obtener su actual patrimonio bruto; 40 años para el caso de Álvaro Uribe Vélez, 66 años en el caso de Martha Lucía Ramírez, 8 años para Iván Duque, 11 años en el de Gustavo Petro, o 15 años para John Besaile.


En segundo lugar, se observa que son pocos los integrantes de la muestra donde los ingresos laborales representen una proporción importante de sus ingresos. En el caso de Iván Duque, tal ingreso representa el 99.2 por ciento; para Gustavo Petro este valor corresponde al 98.7 por ciento; para Carlos Mejía es del 83.1 por ciento; y, para Jorge Robledo es igual al 81.0. A juzgar por la Declaración esos son únicamente “trabajadores” (¡¡!!).

Entre tanto, donde menos pesa el ingreso laboral es en los casos de Martha Lucia Ramírez (9.7%); Gustavo Bolívar (11.9%); Jonh Besaile (13.1%); Álvaro Uribe Vélez (26.5%); y, Arturo Char (39.8%). Lo que significa que este grupo de personas reciben ingresos diferentes a los de su trabajo. Pero habría que preguntarse qué tipo de ingresos son esos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar reconoce que se trata de rentas de capital las cuales representan, en ese año, 7.4 veces lo recibido como congresista. Pero en otros casos se habla es de Rentas No Laborales, curiosa “Cédula” en la que se incluyen varios conceptos (Ver Tablas) que seguramente le permiten a un contador habilidoso incluir ingresos que después van a resultar exentos de impuestos pues son beneficiarios del conjunto de estímulos tributarios ofrecidos a los “emprendedores”. Y allí el monto declarado en semejante cédula con respecto a las rentas puramente laborales fue de 8.7 veces, en el caso de Marta Lucía Ramírez; 6.6 veces en John Besaile; y, 2.7 veces en Álvaro, el Uribe Vélez. Insistamos: una de las características de esta renta no laboral es que goza de grandes beneficios fiscales.

 

En pagar impuestos, sí que nos dan ejemplo

 

La constatación anterior nos empieza a dar una idea de cómo se hace para eludir el pago de impuestos. En una primera aproximación, veamos qué tanto representa lo que pagan al fisco en comparación con lo que reciben en el año. Como se sabe, existe, por ley, una tarifa que se aplica a las rentas o ingresos recibidos, según su nivel. Pero eso es nominal. Esta situación, donde los declarantes reciben rentas que se encuentran exentas o corresponden a ingresos no constitutivos de renta, y que resultan ser más importantes que sus ingresos gravables, queda reflejada en lo que se llama la tarifa efectiva. Es decir, aquella que corresponde a la relación entre los impuestos sobre las rentas líquidas dividida por el total de rentas brutas.

En el gráfico se observa, por ejemplo, que la tarifa efectiva de Martha Lucía Ramírez es 1.2 por ciento, de 4.0 por ciento para John Besaile, de 4.9 por ciento para Álvaro Uribe Vélez, y de 14.2 para el Presidente de la República. ¿Es justa una sociedad, donde sus dirigentes políticos reciben ingresos muchos más altos a los que tiene acceso la gran mayoría de la población y resulten pagando impuestos tan bajos respecto a sus ingresos brutos? Cabe anotar que en nuesetro país cerca del 50 por ciento de la población devenga menos de 2 salarios mínimos legales.

Examinemos ahora cómo han logrado tan envidiables tarifas aunque son considerables sus ingresos del trabajo. Y eso que, como dijimos, en la mayoría, esos no son los más importantes. En la Tabla 1, puede observarse la primera cédula de ingreso referente a las Rentas Laborales, que en el caso de los funcionarios analizados corresponden a sus salarios como Senadores, Vicepresidenta y Presidente respectivamente, los cuales oscilan entre 16 y 59 Salarios Mínimos Legales Vigente (Smlv) y en promedio equivalen a 41 Smlv para el año 2018. Pero, atención: de todos los Ingresos brutos, hay que restar la suma de aquellos que son Ingresos No Constitutivos de Renta, rentas exentas y deducciones. Al examinar cada uno de los casos, vemos que oscilan entre el 27 y el 55 por ciento del ingreso bruto de cada tipo de renta (“cédula”), con un promedio del 39 por ciento.

En consecuencia, al comparar la tarifa nominal frente a la tarifa efectiva de tributación, es decir, el recaudo del impuesto sobre el ingreso líquido gravable para cada tipo de renta, frente el recaudo del impuesto sobre el ingreso bruto del tipo de renta, podemos ver la diferencia de tributación antes y después de aplicar las exenciones, deducciones o restar los ingresos no constitutivos de renta (Incr).

Así, como lo muestra la Tabla 2, el nivel de recaudo de impuesto sobre las rentas laborales antes y después de los Incr, exenciones y/o deducciones, es en promedio de 24 y 15 por ciento respectivamente, siendo en promedio un 9 por ciento de recaudo más bajo luego de contemplar los Incr y las exenciones, los cuales equivalen en promedio a $154 millones de pesos en el año, descontados de los ingresos brutos laborales, que equivalen a 198 Smlv.

 

 

La jugada maestra

Ahí no paran las artimañas. Recordemos nuevamente que, para la mayoría, el grueso de sus ingresos no es laboral. Viene, entonces, la sorpresa: para las “rentas de capital” y las “rentas no laborales”, encontramos que el recaudo de impuestos fue nulo en la mayoría de los casos, por lo que la tasa nominal y efectiva en estos casos es de cero. Y es lógico: al calcular, para la renta de capital, el promedio de los Incr, Exenciones y deducciones, y/o Costos y gastos procedentes de la renta, se encuentra que equivalen a un 48 por ciento (en promedio) que fue el monto restado de los Ingresos brutos.

 


Pero el caso que más llama la atención, es el de las llamadas “Rentas No Laborales” las cuales ascienden en algunos casos a $1.200 millones de pesos anuales (o sea 128 Smlv mensuales), como los de Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez y John Besaile, quienes, sin embargo, no pagan ningún impuesto sobre dicha renta, debido a que se presenta disminuida en numerosos Incr, exenciones, deducciones y/o costos y gastos “procedentes” es decir necesarios para la obtención de tal ingreso. El truco es buenísimo. Así, tenemos que a los senadores Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Carlos Mejía, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Angélica Lozano, Iván Cepeda y Armando Benedetti, les restan el 100 por ciento de su ingreso no laboral declarado por lo cual no pagan ningún impuesto.

¿Sirve de algo esta transparencia?

Así las cosas, el resultado, que hemos visto en la muestra de funcionarios, de estas tarifas de tributación sobre los ingresos de rentas declarados, donde el recaudo pertenece en su gran mayoría a los impuestos sobre las rentas laborales, y no sobre las rentas de capital, las rentas no laborales, o las rentas de dividendos y participaciones, es un ejemplo más de aquello que los especialistas han llamado las “venas abiertas” del Estatuto Tributario, por donde se escapan los impuestos que deberían pagarse, vía Ingresos No constitutivos de Renta (Incr) y “rentas exentas”, entre otras.

Por otro lado, la Ley Nº 2013 de 2019 ordena la publicación de las declaraciones de renta mas no de sus anexos explicativos, por lo cual quedarán ocultas las distintas razones (artimañas) para las deducciones aplicadas en cada caso.

Lo hasta aquí tratado sirve como ilustración para analizar cómo los principales ingresos de varios de los altos funcionarios del Estado no corresponden a sus ingresos laborales, sino que provienen principalmente de otras actividades económicas no laborales, y en cambio, su tributación corresponde casi exclusivamente a los ingresos laborales, implicando, por un lado, que se recaude un monto menor al que sería si se gravaran sus demás ingresos y, por otro lado, que se profundicen las inequidades en la distribución de riqueza e ingresos en el país por medio de políticas tributarias regresivas que ejercen más presión de recaudo sobre la gran base de asalariados, o sobre el conjunto de la población vía recaudo de impuestos al consumo, como lo es el IVA.

Es así como tenemos que la estructura tributaria es una muestra más, entonces, de que en el país las leyes están diseñadas tan sólo para el sometimiento de los de abajo, y que la sociedad está organizada bajo marcados principios de segregación que no sólo desdicen de lo que debe ser una democracia, sino que niegan la condición de igualdad de ciudadanía que el capital inauguró desde el siglo XVIII. La caricatura de sistema que nos rige no encuentra una respuesta organizada, que debe comenzar por desnudar el carácter sesgado de la ley y su diseño profundamente clasista en favor de los poderes establecidos.

 

* Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, ediciones desdeabajo, 2019

 

 

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Colombia, políticas tributarias regresivas: ¡el que tiene más paga menos!

Una novedad de “transparencia”. A lo largo de las últimas semanas algunos funcionarios del Estado y servidores públicos publicaron su declaración de bienes y rentas correspondiente al año fiscal 2018. No fue por voluntad propia, sino la respuesta a la Ley No. 2013 que ordena hacerlo, así como también sacar a la luz su registro de conflicto de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y complemenatarios, demanda que ya es prerequisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo público que desempeñen.

La información, ahora pública, proyecta luces sobre la manera legal de evadir impuestos en Colombia, así como sobre otros elementos ya expuestos en el libro de Garay y Espitia (2019)*, las cuales quedan un poco más al descubierto a nivel individual.

Una pequeña referencia histórica

La tributación en el capitalismo –desde su primera etapa como capitalismo comercial– persiguió fortalecer el Estado, dada la necesidad del sistema de posibilitar la existencia, tanto de los agentes (en lo esencial jueces y policías) que garantizaran el cumplimiento de unas reglas del juego en el que unos actores librados a las “fuerzas del mercado” debían competir a muerte por su supremacía, así como de unas obras de infraestructura que debían ser escenario común en el que el juego tuviera lugar. Las complejidades del sistema, y la emergencia de las aglomeraciones condujeron a la obligatoria creación de sistemas sanitarios y de escolarización mínimos que garantizaran un flujo de fuerza de trabajo que cumpliera con los requisitos crecientes que imponía el capital en el proceso de trabajo.

Los impuestos, como vía para la redistribución de los excedentes son, entonces, un mecanismo que muestra el grado en que el Estado, como árbitro, es aún necesario en la mediación entre capitales particulares y entre el capital y el trabajo. La disminución del esfuerzo tributario para las élites y la descarga de este esfuerzo en los hombros de la mayoría con el aumento desmesurado de los impuestos indirectos, es un indicador innegable del carácter anti-popular del ultraliberalismo iniciado en los ochenta del siglo pasado.

Un botón basta de muestra


Aprovechando que ahora son públicas, desdeabajo reunió las declaraciones de renta presentadas por algunos de los altos funcionarios del Estado, y traemos aquí, para el análisis, los datos más relevantes de las declaraciones presentadas por 15 de ellos, dentro de los cuales están 13 senadores de la República, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque.

El formulario de declaración 210 de la Dian, que corresponde a las personas naturales, discrimina las que han denominado “cédulas” de ingreso de acuerdo al tipo de renta. Así: i) Rentas de trabajo, ii) Rentas pensionales, iii) Rentas de capital, iv) Rentas no laborales, v) Rentas por dividendos y participaciones. Se declara, entonces, para cada una de ellas, los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, y los ingresos líquidos gravables. Veamos los resultados obtenidos, en cada rubro, para los funcionarios seleccionados. Y en la línea de abajo los impuestos que pagaron (Tabla Nº 1)

 


Rentas no laborales Según el Estatuto Tributario, son consideradas rentas pertenecientes a esta cédula los ingresos por indemnizaciones no laborales, la venta de activos fijos poseídos por menos de dos (2) años, y todos los pagos por honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás, que no clasifiquen como prestación de servicios personales, como es el caso de los honorarios percibidos por las personas naturales que presenten servicios y que contraten o vinculen, por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta.


¿Con el sudor de la frente…?

Una primera observación extraída del cuadro anterior es que, con el ingreso que dicen percibir en un año como el de 2018, después de hacer los descuentos del caso (renta líquida gravable, RLG), uno no se explica cómo hacen algunos para enriquecerse. Según la RLG declarada por Arturo Char serían necesarios 101 años para obtener su actual patrimonio bruto; 40 años para el caso de Álvaro Uribe Vélez, 66 años en el caso de Martha Lucía Ramírez, 8 años para Iván Duque, 11 años en el de Gustavo Petro, o 15 años para John Besaile.


En segundo lugar, se observa que son pocos los integrantes de la muestra donde los ingresos laborales representen una proporción importante de sus ingresos. En el caso de Iván Duque, tal ingreso representa el 99.2 por ciento; para Gustavo Petro este valor corresponde al 98.7 por ciento; para Carlos Mejía es del 83.1 por ciento; y, para Jorge Robledo es igual al 81.0. A juzgar por la Declaración esos son únicamente “trabajadores” (¡¡!!).

Entre tanto, donde menos pesa el ingreso laboral es en los casos de Martha Lucia Ramírez (9.7%); Gustavo Bolívar (11.9%); Jonh Besaile (13.1%); Álvaro Uribe Vélez (26.5%); y, Arturo Char (39.8%). Lo que significa que este grupo de personas reciben ingresos diferentes a los de su trabajo. Pero habría que preguntarse qué tipo de ingresos son esos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar reconoce que se trata de rentas de capital las cuales representan, en ese año, 7.4 veces lo recibido como congresista. Pero en otros casos se habla es de Rentas No Laborales, curiosa “Cédula” en la que se incluyen varios conceptos (Ver Tablas) que seguramente le permiten a un contador habilidoso incluir ingresos que después van a resultar exentos de impuestos pues son beneficiarios del conjunto de estímulos tributarios ofrecidos a los “emprendedores”. Y allí el monto declarado en semejante cédula con respecto a las rentas puramente laborales fue de 8.7 veces, en el caso de Marta Lucía Ramírez; 6.6 veces en John Besaile; y, 2.7 veces en Álvaro, el Uribe Vélez. Insistamos: una de las características de esta renta no laboral es que goza de grandes beneficios fiscales.

 

En pagar impuestos, sí que nos dan ejemplo

 

La constatación anterior nos empieza a dar una idea de cómo se hace para eludir el pago de impuestos. En una primera aproximación, veamos qué tanto representa lo que pagan al fisco en comparación con lo que reciben en el año. Como se sabe, existe, por ley, una tarifa que se aplica a las rentas o ingresos recibidos, según su nivel. Pero eso es nominal. Esta situación, donde los declarantes reciben rentas que se encuentran exentas o corresponden a ingresos no constitutivos de renta, y que resultan ser más importantes que sus ingresos gravables, queda reflejada en lo que se llama la tarifa efectiva. Es decir, aquella que corresponde a la relación entre los impuestos sobre las rentas líquidas dividida por el total de rentas brutas.

En el gráfico se observa, por ejemplo, que la tarifa efectiva de Martha Lucía Ramírez es 1.2 por ciento, de 4.0 por ciento para John Besaile, de 4.9 por ciento para Álvaro Uribe Vélez, y de 14.2 para el Presidente de la República. ¿Es justa una sociedad, donde sus dirigentes políticos reciben ingresos muchos más altos a los que tiene acceso la gran mayoría de la población y resulten pagando impuestos tan bajos respecto a sus ingresos brutos? Cabe anotar que en nuesetro país cerca del 50 por ciento de la población devenga menos de 2 salarios mínimos legales.

Examinemos ahora cómo han logrado tan envidiables tarifas aunque son considerables sus ingresos del trabajo. Y eso que, como dijimos, en la mayoría, esos no son los más importantes. En la Tabla 1, puede observarse la primera cédula de ingreso referente a las Rentas Laborales, que en el caso de los funcionarios analizados corresponden a sus salarios como Senadores, Vicepresidenta y Presidente respectivamente, los cuales oscilan entre 16 y 59 Salarios Mínimos Legales Vigente (Smlv) y en promedio equivalen a 41 Smlv para el año 2018. Pero, atención: de todos los Ingresos brutos, hay que restar la suma de aquellos que son Ingresos No Constitutivos de Renta, rentas exentas y deducciones. Al examinar cada uno de los casos, vemos que oscilan entre el 27 y el 55 por ciento del ingreso bruto de cada tipo de renta (“cédula”), con un promedio del 39 por ciento.

En consecuencia, al comparar la tarifa nominal frente a la tarifa efectiva de tributación, es decir, el recaudo del impuesto sobre el ingreso líquido gravable para cada tipo de renta, frente el recaudo del impuesto sobre el ingreso bruto del tipo de renta, podemos ver la diferencia de tributación antes y después de aplicar las exenciones, deducciones o restar los ingresos no constitutivos de renta (Incr).

Así, como lo muestra la Tabla 2, el nivel de recaudo de impuesto sobre las rentas laborales antes y después de los Incr, exenciones y/o deducciones, es en promedio de 24 y 15 por ciento respectivamente, siendo en promedio un 9 por ciento de recaudo más bajo luego de contemplar los Incr y las exenciones, los cuales equivalen en promedio a $154 millones de pesos en el año, descontados de los ingresos brutos laborales, que equivalen a 198 Smlv.

 

 

La jugada maestra

Ahí no paran las artimañas. Recordemos nuevamente que, para la mayoría, el grueso de sus ingresos no es laboral. Viene, entonces, la sorpresa: para las “rentas de capital” y las “rentas no laborales”, encontramos que el recaudo de impuestos fue nulo en la mayoría de los casos, por lo que la tasa nominal y efectiva en estos casos es de cero. Y es lógico: al calcular, para la renta de capital, el promedio de los Incr, Exenciones y deducciones, y/o Costos y gastos procedentes de la renta, se encuentra que equivalen a un 48 por ciento (en promedio) que fue el monto restado de los Ingresos brutos.

 


Pero el caso que más llama la atención, es el de las llamadas “Rentas No Laborales” las cuales ascienden en algunos casos a $1.200 millones de pesos anuales (o sea 128 Smlv mensuales), como los de Martha Lucía Ramírez, Álvaro Uribe Vélez y John Besaile, quienes, sin embargo, no pagan ningún impuesto sobre dicha renta, debido a que se presenta disminuida en numerosos Incr, exenciones, deducciones y/o costos y gastos “procedentes” es decir necesarios para la obtención de tal ingreso. El truco es buenísimo. Así, tenemos que a los senadores Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Carlos Mejía, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Angélica Lozano, Iván Cepeda y Armando Benedetti, les restan el 100 por ciento de su ingreso no laboral declarado por lo cual no pagan ningún impuesto.

¿Sirve de algo esta transparencia?

Así las cosas, el resultado, que hemos visto en la muestra de funcionarios, de estas tarifas de tributación sobre los ingresos de rentas declarados, donde el recaudo pertenece en su gran mayoría a los impuestos sobre las rentas laborales, y no sobre las rentas de capital, las rentas no laborales, o las rentas de dividendos y participaciones, es un ejemplo más de aquello que los especialistas han llamado las “venas abiertas” del Estatuto Tributario, por donde se escapan los impuestos que deberían pagarse, vía Ingresos No constitutivos de Renta (Incr) y “rentas exentas”, entre otras.

Por otro lado, la Ley Nº 2013 de 2019 ordena la publicación de las declaraciones de renta mas no de sus anexos explicativos, por lo cual quedarán ocultas las distintas razones (artimañas) para las deducciones aplicadas en cada caso.

Lo hasta aquí tratado sirve como ilustración para analizar cómo los principales ingresos de varios de los altos funcionarios del Estado no corresponden a sus ingresos laborales, sino que provienen principalmente de otras actividades económicas no laborales, y en cambio, su tributación corresponde casi exclusivamente a los ingresos laborales, implicando, por un lado, que se recaude un monto menor al que sería si se gravaran sus demás ingresos y, por otro lado, que se profundicen las inequidades en la distribución de riqueza e ingresos en el país por medio de políticas tributarias regresivas que ejercen más presión de recaudo sobre la gran base de asalariados, o sobre el conjunto de la población vía recaudo de impuestos al consumo, como lo es el IVA.

Es así como tenemos que la estructura tributaria es una muestra más, entonces, de que en el país las leyes están diseñadas tan sólo para el sometimiento de los de abajo, y que la sociedad está organizada bajo marcados principios de segregación que no sólo desdicen de lo que debe ser una democracia, sino que niegan la condición de igualdad de ciudadanía que el capital inauguró desde el siglo XVIII. La caricatura de sistema que nos rige no encuentra una respuesta organizada, que debe comenzar por desnudar el carácter sesgado de la ley y su diseño profundamente clasista en favor de los poderes establecidos.

 

* Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, ediciones desdeabajo, 2019

 

 

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Publicado enEdición Nº266
Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enColombia
Colombia, estructura tributaria: Desigualdad en creciente

Un destello para la desmemoria. Durante las últimas décadas de historia en Colombia, la sociedad parece víctima del rayo “desneuralizador” que aparecía en la película de ciencia ficción “Hombres de negro”, el cual generaba una amnesia del pasado y obligaba a vivir la realidad del presente como si nada hubiese acontecido.

Vale la pena decir que, aunque este resplandor que borra los recuerdos puede ser visto en todos los aspectos de la vida nacional, para este caso incumbe con la economía nacional, basándonos para ello en el texto “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas” de Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora.

 

Crónica de una reforma anunciada

 

Como es conocido –y sufrido–, las mayorías sobrellevamos un diario padecer: el dinero no alcanza para garantizarnos vida digna y la angustia de cómo vivir mejor es cotidiana. ¿Cómo lograrlo si cada día los impuestos nos afectan más?

Es una realidad que no es gratuita ni pretende, por parte de quienes diseñan y definen la política económica, el bienestar general, los mismos que son elegidos en cada jornada electoral con las promesas de superar la crisis económica y velar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

 

 

Lemas como el de Juan Manuel Santos “Paz, equidad y educación” o el de Iván Duque “Menos impuestos y mejores salarios”, terminan siendo en la realidad ilusión para pescar incautos o simplemente mentira, pues quienes están detrás de las riendas del poder pertenecen a los sectores económicos financieros que buscan sus beneficios privados a costa de lo público, prolongando y/o profundizando con sus medidas económicas los indicadores que destacan a nuestro país en el mundo como uno de los más desiguales. Con sus medidas nunca pretenden reformas económicas para que aquellos que tienen más paguen en proporción a sus capitales, no, y contrario a toda lógica de justicia y bienestar colectivo lo que hacen es lo contrario: quienes menos tienen pagan más. Todo un despropósito.

Inconforme y cansada, nuestra sociedad pareciera no hilar ni entender la reforma tributaria que cada nuevo gobierno implementa, por lo general en su primer o segundo año de gobierno –cuando aún su popularidad no toca piso– y siempre queda “sorprendida” por las reformas y alzas económicas que el país padece entorno a los Impuestos Directos (Renta, Cree, Patrimonio y Riqueza) e Indirectos (IVA Interno, Gasolina y Consumo). Dos reformas tributarias –2016 y 2018– dan cuenta de esta desconexión entre reforma y gobierno.


Tributación en Colombia

 

La estructura tributaria vigente en el país, genera el ahondamiento y la profundización de la desigualdad social. Es así como en las últimas décadas puede verse que el funcionamiento tributario vigente entre nosotros brinda beneficios a los empresarios y capitales internacionales –denominados personas jurídicas– y por el contrario incrementa y endurece impuestos a la población entendida como personas naturales.

Desde la década de los 70 la política tributaria busca cerrar la brecha entre el impuesto de Renta y el IVA interno, pues los Ingresos Fiscales que el gobierno nacional recauda se fundan crecientemente en los Impuestos Indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (interno y externo), que en los últimos años aumentó más que el impuesto sobre la Renta. Una consecuencia grave de esto: mientras las mayorías pagan cada vez más impuestos, quienes más riquezas tienen pagan menos.

Veamos. Para el año 2017 la diferencia entre estos impuestos apenas se mantenía en 1.4 veces, representados en $ 31 billones –Impuestos Renta– y $ 22 billones –Impuestos indirectos–. Grave indicador teniendo en cuenta que durante la década del 70 se mantenía una relación superior a 4.3 (Ver gráfico 1). Quiere decir que en Colombia, como ya está dicho, se está llegando al punto que los que más tienen pagan menos impuestos por sus propiedades y recaudos económicos, mientras que los que menos tienen pagan más impuestos en su día a día –IVA, gasolina, consumo–, llegando casi a una igualdad de tributación entre ricos y pobres.

Para entender mejor lo anterior, es necesario tener presente que el Impuesto sobre la Renta representa cerca del 50 por ciento del recaudo fiscal del gobierno nacional, el cual se reúne sobre las personas naturales y las empresas –personas jurídicas–. Lo paradójico del asunto es que las políticas económicas y las últimas dos reformas tributarias implementadas en Colombia en vez de buscar soluciones para las mayorías beneficiaron a los empresarios y multinacionales, pues el discurso dominante insiste en que la reducción de impuestos –Tarifa Impositiva Nominal– a las personas jurídicas fomenta la inversión y la generación de empleo. Es así como las personas naturales deben pagar cada día más impuestos.
En cuestión del IVA también se benefician las empresas, pues cada vez se les reduce este impuesto, mientras que el conjunto de la sociedad debe pagarlo y vivir las consecuencias de las alzas entorno al consumo y otros aspectos (Ver recuadro IVA).

 

Beneficios para la tributación de empresas

 

Con la Ley de financiamiento –reforma tributaria gobierno Duque– aprobada en diciembre de 2018, se hacen cambios al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las Personas Jurídicas –empresas– en aspectos como Deducciones, Rentas Exentas y Tarifa General, estableciendo de esta manera una reducción del 33 al 30 por ciento de la Tarifa General durante el periodo 2019-2022. Así mismo, las “entidades del sector financiero que posean una renta igual o superior a los 120 mil UVT (Unidad Valor Tributario) deberán liquidar el impuesto a las tarifas del 37%, 35% y 34% para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente”1.

De igual manera “se extienden las deducciones a la totalidad de los Impuestos, Tasas y Contribuciones pagadas durante el año gravable. En el caso del Gravamen a los movimientos Financieros será deducible el 50% y en el del Impuesto de Industria y Comercio será deducible el 100% a partir de 2022, comenzando con el 50% en 2019”2.

Adicionalmente, hacen un descuento en la declaración de renta de las personas jurídicas más poderosas del país que llegó a ser de $496 mil millones para el 2017, multiplicando con esto el cúmulo de beneficios con que los favorece el Gobierno.
Tributación personas naturales*

El crecimiento promedio de los colombianos contribuyentes que aportaron al fisco entre los años 2000-2016 fue de un 11,8 por ciento, lo que es igual a casi 2 millones de personas. Este número no quiere decir que el nivel de adquisición económica creció y por eso cada vez aportan más colombiano, todo lo contrario, pues en el año 2000 los contribuyentes eran quienes ganaban alrededor de 5,6 millones de pesos al mes –hablando en pesos del 2018–, y en la actualidad quienes aportan son aquellas personas que ganan apenas 3,9 millones de pesos al mes (Ver Gráfico 2). Es decir, el hecho de que haya incrementado el número de contribuyentes al fisco no quiere decir que hayan aumentado los ingresos de la población, por el contrario, cada vez tienen que tributar personas con menores ingresos.

A esto debe sumarse que la Ley 1607 de 2012 redujo el monto de ingresos requeridos para declarar, pues “entre los años 2012 y 2013 se pasó de $106,1 millones a $37,5 millones”3.

 

Siguen profundizando la desigualdad

 

Esta pequeña parte de la tributación en Colombia deja entrever que lo que se está generando en la actualidad es la profundización de la desigualdad, pues quienes tienen más económicamente siempre salen beneficiados para la tributación de impuestos. ¡Injusticia! Las personas naturales cada vez se acercan más a la tributación de las personas jurídicas, ejemplo de esto es que las tributaciones entorno al Impuesto de Renta y complementarios realizados por las empresas apenas es 2,7 veces más que el correspondiente a las personas naturales. Palabras más, palabras menos, lo que estamos viviendo en este país es la profundización del neoliberalismo más salvaje, ofreciendo favores y beneficios a los ricos y grandes capitales internacionales que invierten –o pretenden invertir– acá.

Pese a todos estos beneficios los propietarios de los grandes capitales no están satisfechos. Es necesario mencionar que pese al favorecimiento que reciben las empresas y quienes más riquezas acumulan en sus bolsillos, la tasa de evasión promedio de impuestos se ubica en cerca del 39 por ciento. Esta realidad es crítica, pues cada vez es más evidente la alta concentración de la riqueza en Colombia. No hay que dejar pasar el dato de la Ocde que sostiene que en nuestro país para que una persona de la clase más baja ascienda a la clase media deben pasar alrededor de 11 generaciones, lo que implica alrededor de 250 años.


Este breve esbozo de las reformas tributarias implementando durante los últimos años en el país, dejan una cosa clara: no están cerrando la brecha de la desigualdad existente y aunque la tributación es progresiva, la distribución de los ingresos –luego de los impuestos– cada vez es peor, pues los recaudos fiscales del gobierno se sostienen desde los impuestos indirectos –como el IVA–, dejándole mayores beneficios a aquellos que realmente si deben tributar más.

Entre tanto las mayorías continúan rebuscándose el diario vivir o en algunos casos rebuscando para mantener lo poco que tienen. Sin duda, hay que “desneuralizar” la mente de las mayorías, para que veamos la realidad tal cual es, con su carga de pasado negativo y su proyección de futuro por construir, en este caso, a la medida de la imaginación y sueño de las mayorías.

 

* Es necesario decir que al analizar el tema de las personas naturales y jurídicas no se está diciendo que las primeras representan a los pobres y las segundas a los ricos, pues en lo denominado personas naturales se habla de personas con altos y bajos ingresos, de igual manera al hablar de personas jurídicas también se está hablando de pequeñas y grandes empresas.
1 Salamanca y Zamora, enero 2019, “Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas”.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

 


 

Recuadro

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)


Este impuesto tiene dos componentes el interno –consumo de productos de cualquier tipo, gasolina, etc– y el externo –que grava las importaciones–. En términos de recaudo este impuesto es el principal Indirecto en el país, pues su crecimiento ha logrado un recaudo en pesos corrientes de más de seis veces entre 1990 y 2017. Para el 2018 este impuesto llegó a ser el 6.3 por ciento del PIB. Actualmente el IVA Interno corresponde al 70 por ciento del recaudo y el Externo al 30 por ciento.

Publicado enEdición Nº258
Sábado, 02 Septiembre 2017 10:21

La deuda pública es explosiva

La deuda pública es explosiva

En la contabilidad de los países se diferencia entre tres tipos de agentes: los hogares, las empresas (sociedades no financieras) y el sector público. La gráfica muestra que entre el 2007 y el 2016 su endeudamiento ha aumentado. Y, sobre todo, se destaca el de las empresas y el del sector público.

 

Los cambios han sido significativos. Entre 2007 y 2016, en las economías avanzadas (EA), la deuda total pasó de 230 por ciento del PIB a 260. En las economías emergentes la relación entre el saldo de la deuda y el PIB, aumentó de 120 a 160 por ciento. Y en dólares, el valor de la deuda total pasó de 110 a 150 billones. Estas tendencias son la expresión de una debilidad estructural de la economía mundial, y de una creciente volatilidad financiera.

 

 

grafico  La deuda

 

Preocupa el aumento de la deuda del sector público

 

La deuda del sector público crece más rápidamente que la de los hogares y de las empresas. En Estados Unidos, entre el 2007 y el 2016, el saldo de la deuda pública pasó de 58 a 99 por ciento del PIB. En Francia del 64 al 97. En Grecia del 104 al 179. En Italia del 102 al 133. En Japón del 147 al 201. En Bélgica del 91 al 106 por ciento. En las economías emergentes (Brasil, China, India, Colombia...) también se observa un crecimiento importante de la deuda pública, pero a un ritmo inferior. En Colombia, la deuda pública pasó de 43,8 por ciento del PIB en el 2007 a 52 por ciento en el 2016, así que el país también está inmerso en este proceso de creciente endeudamiento.

 

El aumento de la deuda pública tiene tres explicaciones. La primera se podría resumir en la llamada ley de Wagner. La segunda tiene que ver con la caída de la tributación. Y la tercera con la creciente volatilidad de los sistemas financieros.

 

La Ley de Wagner

 

Desde finales del siglo XIX, el economista Adolph Wagner afirmaba que, en todos los países, el gasto público, como porcentaje del PIB, debía crecer. Y que esta tendencia ascendente era inevitable. Las apreciaciones de Wagner se han cumplido, y algunos dicen que sus predicciones se pueden considerar como una “ley”. En opinión del autor, a medida que el país se desarrolla y las tareas colectivas son más complejas, es inevitable que el Estado tenga que ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios, y que las actividad de supervisión y control sean más complejas.

 

Numerosas acciones que realiza el gobierno (educación, ciencia y tecnología, protección ambiental, seguridad, salud, etc.) tienen costos crecientes. Por ejemplo, las investigaciones en ciencia y tecnología cada vez son más exigentes y requieren un volumen mayor de recursos públicos. En todos los países del mundo el gasto público tiende a subir.

 

En Colombia el gasto público tiene que subir para que el país pueda tener un desarrollo comparable a los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Ocde). Y ahora en la etapa del posacuerdo de La Habana, la modernización del campo exige que haya un aumento significativo de los recursos públicos. En sus cuentas optimistas, el Ministerio de Hacienda hace proyecciones en las que el gasto público se reduciría. Tales estimaciones no son realistas.

 

La menor tributación a los ricos

 

A pesar de que el gasto público es creciente, los países son cada vez más reacios a aumentar los impuestos, especialmente cuando los afectados son los ricos. Los informes recientes de Oxfam muestran que en el mundo entero se está presentando una especie de “carrera de mínimos”, y los países parecen estar compitiendo entre sí para reducir los impuestos. En este carrera hacia abajo, el límite inferior lo ponen los paraísos fiscales. Es evidente, entonces, que si el gasto sube, y los ingresos no crecen, el déficit se incrementa y no queda otro camino que recurrir al endeudamiento.

 

En Colombia, la última reforma tributaria fue un fracaso en términos de equidad. Para que los mayores gastos puedan financiarse, es necesario que crezcan los ingresos, especialmente los tributarios. En lugar de aumentarle los impuestos a los ricos, la reforma se los disminuyó. Se redujo la tarifa de los impuestos a la renta y al patrimonio, y se dio un paso muy débil en los impuestos a los dividendos. Puesto que el gobierno de Santos ha mostrado que no está dispuestos a mejorar el recaudo de una manera progresiva, afectando más a los ricos, el déficit del sector público se incrementa y la deuda sube.

 

La volatilidad financiera

 

Entre la deuda pública y la volatilidad financiera se presenta una especie de causalidad circular: el mayor endeudamiento estimula la volatilidad y, a su vez, ésta facilita el crecimiento de la deuda del sector público.

 

Para conseguir los recursos que necesitan, los gobiernos emiten título (TES en el caso de Colombia), que se negocian en los mercados financieros. Los especuladores que mueven su dinero de un país a otro compran aquellos bonos gubernamentales que ofrecen mayor rentabilidad, y presionan a los gobiernos para que los emitan de una forma atractiva. Al ofrecer un mayor rentabilidad, la deuda pública se encarece, y los especuladores se benefician a costa de la estabilidad financiera de los países. En este proceso, los capitales, que vuelan como golondrinas, de un país a otro, estimulan la volatilidad financiera. Los gobiernos se endeudan para pagar viejas deudas, y en esta dinámica se crean burbujas que alimentan la especulación y la volatilidad.

 

El servicio de la deuda (amortización a capital e intereses) es el gasto más alto del gobierno colombiano. A medida que el tamaño de la deuda va aumentando, es necesario destinar una porción mayor del presupuesto al pago de los intereses. Esta secuencia es perversa porque se reduce el margen disponible para responder a necesidades urgentes de la sociedad.

 

Estabilidad financiera por la vía de impuestos progresivos

 

Los impuestos progresivos, con tarifas que suben a medida que aumenta el ingreso, son el mejor mecanismo para estabilizar las finanzas públicas y reducir el monto de la deuda. No obstante, esta solución tiene costos políticos que los gobiernos no parecen dispuestos a asumir. Vale la pena traer a colación la pregunta de Oxfam: ¿por qué los más ricos, el 1 por ciento de la población, logran capturar el Estado, frente a la mirada complaciente y pasiva del 99 por ciento?

 

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Publicado enEdición Nº238
Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231
Viernes, 02 Diciembre 2016 15:25

Sistema tributario y salario mínimo

Sistema tributario y salario mínimo

Según la OCDE y analistas neoliberales, el bajo crecimiento de la economía y el alto desempleo que afectan a nuestro país tienen una doble causa: los excesivos impuestos y el elevado salario mínimo que pagan las empresas.

El argumento del elevado salario mínimo tampoco es válido si se compara internacionalmente en dólares, pues la devaluación lo ha colocado en unos 220 dólares mensuales, uno de los más bajos de América Latina. Y si se mide por su capacidad de compra interna, difícilmente adquiere la mitad de la canasta mínima vital de la población de ingresos bajos que, con base en información del DANE, es $1´323.798.

Pero el problema va más allá de comparar el salario mínimo de $689.454, con el valor de la canasta mínima vital de ingresos bajos. Según datos del DANE, a diciembre del 2015 el 47,1% de los ocupados en Colombia ganaba menos de un salario mínimo, y el 82,8% ganaba de menos de dos salarios mínimos hacia abajo. En otras palabras: casi el 83% de los ocupados en nuestro país tiene dificultad para acceder a la canasta mínima vital de ingresos bajos. Ver el siguiente cuadro:

 

 

En un contexto de bajos ingresos y alto desempleo es profundamente regresivo y recesivo incrementar la tarifa del IVA al 19% y establecer dos nuevos impuestos a la gasolina, que es lo que propone la reforma tributaria. Ello aumentará en más de dos puntos la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta mínima vital para ingresos bajos.

La OCDE, por su parte, presiona para que Colombia tenga una estructura tributaria en la que las personas naturales contribuyan más que las empresas al recaudo de impuestos directos. Mientras en la OCDE las empresas aportan el 28,2% y las personas 71,8%, en Colombia la proporción es inversa: las empresas contribuyen con el 86% y las personas con el 14%. Y lo recaudado a las empresas 3.441 (0,13% del total de ellas) representan el 68% de lo total del recaudo.

La reforma tributaria se propone “corregir” esta supuesta disfuncionalidad tributaria, haciendo que las Mipymes paguen más que las grandes empresas, y que los trabajadores asuman mayor participación en el impuesto de renta en tanto las empresas la disminuyan. Por otra parte, se pretende que la tributación indirecta (que es regresiva) tenga cada vez mayor peso que la directa.

Pero la baja tributación directa de los trabajadores y la alta concentración de ésta en pocas empresas, es síntoma de la precaria estructura empresarial del país, según se aprecia en el siguiente cuadro:

 

Estructura empresarial colombiana

Fuente: DANE, Confecámaras

 

En Colombia existen 2´528.293 empresas, de las cuales 2.518.180 (el 99,6%) generan el 67% del empleo, y el 28% de la riqueza nacional medido mediante el PIB. Solo 10.113 grandes empresas generan el 33% del empleo y el 72% del PIB.

La desigualdad en las utilidades empresariales medido por el Gini es superior al 0,8, mayor al Gini de ingresos, que bordea el 0,54. La reforma tributaria aumentará estas desigualdades al reducir la tarifa de renta de las grandes empresas en cerca de 10 puntos, al reducir los ingresos de los ocupados aumentando la tarifa de renta de las personas naturales, al bajar el umbral para presentar declaración de renta, y al gravar con impuestos indirectos a un país con alto desempleo y un 83% de ocupados cuyos ingresos están por debajo de dos salarios mínimos, que no alcanzan a cubrir su canasta mínima vital.

Es indiscutible que Colombia necesita una reforma tributaria que sea progresiva, eficiente y equitativa, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Nacional. Aunque el proyecto de reforma tributaria tiene algunos aspectos positivos, como el impuesto a los dividendos, algunos avances en el desmonte de los beneficios tributarios, y la introducción del concepto de impuestos saludables, que deberían abordarse de manera integral desde una perspectiva sanitaria, es una reforma profundamente recesiva, ya que contrae la demanda agregada de la población y concentra la riqueza en pocas manos.

En una coyuntura de alto desempleo, alta precariedad laboral, bajos ingresos, alta inflación, progresiva devaluación y bajo crecimiento económico, lo recomendable sería una reorientación de la política económica para impulsar un programa de recuperación que aumente la densidad empresarial, la rentabilidad de las Mipymes; y a la vez una política pública de trabajo decente para formalizar las relaciones laborales de casi 5 millones de trabajadores que se encuentran en condición de ilegalidad laboral, aumentar los salarios y garantizar los derechos de libertad sindical.

Si progresan los contribuyentes (empresas y personas naturales) se aumentará el recaudo sin necesidad de estar haciendo reformas tributarias fiscalistas. La mejor reforma tributaria en la condición actual, es un programa de recuperación económica que aumente la base tributaria (más empresas y empleos de calidad). El problema del país no es fiscal, es de baja rentabilidad empresarial de las Mipymes, y baja productividad de la economía.

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