Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Martes, 29 Noviembre 2016 06:30

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

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Lunes, 28 Noviembre 2016 17:16

La bolsa o la vida

La bolsa o la vida

Existe una lógica, constante, en las formas de gobernar y en la administración de la cosa pública. Benjamín Franklin (1706-1790), político y científico, participe en la fundación de los Estados Unidos, escribió una carta, en 1789, al físico francés Jean-Baptiste Leroy (1720-1800) en la que decía: “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos). La otra cara de la muerte, la vida, está signada por los tributos que todo ser humano paga al Estado, desde la cuna hasta la tumba.

 

Han transcurrido dos siglos y unos años más desde aquella misiva, y las cosas siguen tal cual. La reforma tributaria estructural 2016 (RTE 2016), la tercera de la administración Santos (2010-2018), insiste en buscar más recursos financieros para el Estado afectando principalmente a la clase trabajadora, en particular a los hogares de estrato socio-económicos medio-bajo.

 

Interés y decisión de clase. Las reformas tributarias pueden estar orientadas a reorganizar aspectos particulares de los tributos, o toda su estructura, que es el caso que nos ocupa, donde su carácter estructural lo explican dos cambios: i) la disminución de los impuestos de renta a las entidades jurídicas (empresas) y la ampliación de la base tributaria de las personas naturales, al disminuir el umbral de las personas que deben presentar declaración de renta (de $3.471.183/mes a $2.479.417/mes) y al incluir en la retención de la fuente a quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales vigentes (es previsible un incremento de 7% en el Salario Mínimo Legal Vigente –Smlv– para 2017, en consecuencia éste quedaría en $737.716; por tanto, a partir de $1.475.432 se deberá tributar el 10% del salario); ii) la mayor importancia relativa que toman los impuestos indirectos, es decir, los pagados independiente de los ingresos del contribuyente, a pesar de la enorme desigualdad que esto causa: el impuesto al valor agregado –IVA– pretenden incrementarlo de 16 a 19 por ciento (este tributo es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por todos los consumidores).

 

Inmenso impacto sobre un sector significativo de nuestra sociedad, pese a lo cual hay una buena noticia. La RTE 2016 no modifica el artículo 15 de la Ley 174 de 1994: “los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de cadáveres, el alquiler y mantenimiento de tumbas, incluyendo los mausoleos, están excluidos del IVA”. Sólo la muerte libera de la servidumbre impuesta por las cadenas tributarias.

 

Expoliación. En las sociedades capitalistas hay tres vías para bajar el salario real y, por tanto, extraer mayor excedente de la fuerza laboral (explotación del trabajo): i) pagar menores salarios respecto al aumento de la productividad laboral, ii) aumentar los tributos que paga la clase trabajadora por encima de los subsidios que recibe; iii) elevar el índice de precios de los bienes y servicios que consumen los trabajadores (inflación) en mayor proporción que los costos de producción (impuesto a los pobres, le dicen los economistas). Para acercarnos a cuál/es de estos mecanismos hecha mano el poder o clase dirigente en Colombia, desplegamos a continuación un ejercicio de estimación de la afectación que tendrá –en el 2017– la RTE 2016 sobre la clase trabajadora, en especial los hogares de nivel medio-bajo.

 

 

 

 

 


La pobreza de los hogares colombianos, ingresos y estructura de gasto

 

Desde 1997, el Dane implementó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)**. De acuerdo con los resultados de la realizada en el 2015, sólo 15,1 por ciento de los hogares colombianos tiene un ingreso que excede a los requerimientos de gastos básicos familiares; en el otro 84,9 por ciento de los hogares el ingreso que obtienen sólo les alcanza para cubrir los gastos mínimos (61,7% del total de hogares del país) o no alcanzan para adquirir la Canasta Básica Familiar –CBF– (23,2%) colocándolos en situación de infra consumo (Gráfico 1). Por tanto, elevar los impuestos al 85 por ciento de los hogares colombianos, vía renta y/o IVA, significa condenarlos a vivir bajo condiciones de pobreza o aumentar el índice de quienes padecen el flagelo de la indigencia.

 

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza es el costo por persona mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional está estimado por el Gobierno en $255.561 mensuales. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas (promedio nacional) será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.022.245 mensuales. Actualmente, el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en Colombia es de 27,8 por ciento.

 

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia en Colombia. A nivel nacional la línea de pobreza extrema está establecida por el Gobierno en $116.685 mensuales por persona en 2017. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas clasifica como indigente si su ingreso total mensual está por debajo de $466.738. En Colombia, el porcentaje de personas en situación de indigencia es de 7,9 por ciento (Gráfico 2).

 

A partir de las encuestas de ingresos y gastos adelantadas por el Dane desde el año 1953, es posible obtener información sobre el monto y la distribución de los gastos de los hogares colombianos, así como el monto y las fuentes de sus ingresos (Gráficos 3 y 4). Así, el 60,3 por ciento de los hogares cuentan con un ingreso total inferior a dos Smlv (cuando la referencia es a los ingresos laborales individuales la proporción aumenta a 80% de quienes perciben menos de 2 Smlv). Con ingresos familiares equivalentes a 2 y menos de 3 Smlv se encuentra el 14,2 por ciento. Tan sólo una cuarta parte de los hogares colombianos percibe ingresos totales iguales a 3 o más Smlv.


La estructura de gasto del conjunto de estos hogares está concentrada en los rubros de alimentos (28,2%), vivienda (30,1%) y transporte (15,2%); en conjunto, estos bienes y servicios representan cerca de tres cuartas partes del egreso familiar. El otro 26,5 por ciento de los gastos del hogar están distribuidos entre los rubros básicos de salud, educación, comunicaciones, vestuario, diversión y otros gastos.

 


Con la anterior estructura de ingresos y gastos es posible estimar la afectación para el año 2017 de la RTE 2016 en un hogar de clase media-baja, perteneciente al estrato tres, de acuerdo con la odiosa y discriminante clasificación socioeconómica gubernamental de los hogares a que nos tiene acostumbrados la cultura nacional.

 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Miembro del Consejo Asesor del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.

** Esta surge como respuesta a la necesidad de caracterizar la población en los diferentes aspectos involucrados en el bienestar de los hogares.

 


Recuadro 1


Afectación familiar de la Reforma tributaria integral, 2016

 

Sobreviviendo. Simplemente sobreviviendo. Los González Muñoz, como otras muchas de las familias de clase media-baja que habitan Colombia, está compuesta por 4 personas (dos adultos y dos hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas), perteneciente al estrato socio-económico tres. Un solo preceptor de ingresos, que garantiza $1.844.289 mensuales, es la fuente para que subsistan (representa el punto medio entre 2 y menos de 3 Smlv para el año 2017, bajo el supuesto de un incremento de 7% en el Smlv); ingreso insuficiente para cubrir la variedad de gastos que les demanda la vida diaria, pese a lo cual en el 2017, producto de la RTI 2016 (artículo 16: “la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables”), tendrán que comenzar a pagar una retención en la fuente de 10 por ciento.

 

Más IVA, más retefuente, ¿menos mercado? La adquisición de la canasta básica familiar –CBF– recibirá el impacto del aumento en el IVA de 16 a 19 por ciento; obviamente, será un promedio ponderado teniendo en cuenta las tres clases de bienes y servicios contemplados en las tarifas tributarias: i) sin IVA: carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutas, cereales, agua, gas, los medicamentos del POS, cuadernos, celulares de menos de $650.000 y computadores de menos de un millón de pesos; ii) IVA del 5 por ciento: café, embutidos, azúcar, chocolate, pastas, panadería, impresos, vivienda, internet; iii) IVA del 19 por ciento: aceites, mobiliarios, electrodomésticos, enseres, aseo del hogar, aseo personal, ropa, libros, turismo, Tv operadores y mantenimiento del vehículo. Las publicaciones periódicas (revistas y periódicos) también tendrán una tarifa de 5 por ciento. La reforma también incluye un impoconsumo de 4 por ciento para datos de telefonía móvil, impuesto a bebidas azucaradas de $300 por litro y un impuesto a cigarrillos de $2.100 por cajetilla. El Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.00, se mantendrá. Se implementarán “impuestos verdes” a combustibles líquidos, para gasolina el impuesto es de $200 por galón. Con todo esto, la reforma tributaria generará un alza adicional en el índice de precios al consumidor (inflación) del 1 por ciento anual.

 

 

Viviendo al día

 

La familia González Muñoz ha logrado acumular un patrimonio avaluado en 112 millones de pesos, representado en un apartamento de 90 millones y un automóvil de 22 millones. Por el apartamento cancela un impuesto predial de $540.000 anuales al aplicar la tarifa del 6 por mil sobre el avalúo oficial; por el automóvil paga un impuesto de vehículos automotores de $330.000 anual, producto de una tarifa impositiva de 1,5 por ciento.

 

Ingreso disponible para adquirir la canasta básica familiar. El ingreso anual de la familia González Muñoz es de $22.131.473 (producto de multiplicar el ingreso mensual $1.844.289 por 12 meses). Anualmente les harán una retención en la fuente del 10 por ciento del ingreso (artículo 16 de la RTE 2016), cancelando por tanto un impuesto de renta de $2.213.147; la familia también paga el impuesto predial anual de $540.000 y el impuesto sobre vehículos automotores de $ 330.000; en conjunto, estos tres tributos suman $3.083.147. El ingreso disponible anual, después de esta carga fiscal, es de $19.048.326; esto es, $1.587.605 mensuales con los cuales pueden adquirir los bienes y servicios de la CBF. Obviamente, sobre este consumo deberán aun restar el pago del IVA para conocer cuál es el ingreso neto disponible para el consumo real.

 

De acuerdo con la estructura de gasto se pueden modelar dos situaciones tributarias: i) Sin RTE 2016: gastos anuales del hogar en la adquisición de la CBF por $19.048.326, distribuidos en pago en impuestos del IVA por $1.902.356 y un consumo neto o real de $17.145.970, con una tarifa promedio de 10 por ciento en pago del IVA; ii) Con afectación de la RTE 2016: gastos anuales del hogar de $19.048.326 en la compra de la CBF, pago en impuestos por IVA equivalentes a $2.266.217 y valor del consumo real o neto de $16.782.109; esto es, una tarifa promedio del IVA equivalente a 11,9 por ciento: dos puntos porcentuales adicionales por efecto de la RTE 2016. En valores absolutos, la afectación total a la familia González Muñoz producto de la RTE 2016 en la adquisición de la CBF es de $363.861 adicionales, en términos relativos el costo adicional es de 19,1 por ciento (el cambio en las tarifas de impuestos y sus impactos en el gasto por rubros de la CBF pueden observarse en el cuadro 1).

 

De esta manera, con la ampliación y elevación de la tarifas impositivas en los impuestos directos (renta) e indirectos (IVA) los hogares de clase media empobrecida verán disminuidos sus ingresos en cerca de una cuarta parte. La distribución de esta transferencia se desglosa en 10 por ciento efecto de la retefuente, 2,4 por ciento debido al pago de predial, 1,5 por ciento por el impuesto a los vehículos automotores y 10,2 por ciento en el pago del IVA al adquirir los bienes y servicios básicos para la supervivencia familiar (Cuadro 2 y gráfico).

 

Con el agua al cuello. Así las cosas, el ingreso disponible familiar mensual, después de impuestos (Renta, IVA, predial y vehículos), es de $1.399.000, cifra cercana a la línea de pobreza. De esta manera, con la RTE de 2016, esta familia entra a clasificar como un hogar de clase media en condiciones de vulnerabilidad y alta riesgo de caer en la pobreza. Así, a punto de hundirse, con el agua al cuello, se encuentran miles de miles de familias colombianas de clase media empobrecida, las que de ser aprobada la RTE 2016 se encaminan hacia la pobreza. La otra cara de esta cruel realidad, la constituye la riqueza generada por la clase trabajadora, de la que vive, mediante tributos, corruptelas y ganancias, la clase dominante, ávida de privilegios, rentista y parasitaria.

 

             

 


 

Recuadro 2


Los impuestos en Colombia, breve historia



Desde la Colonia y hasta comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno nacional central se originan en su totalidad en los recaudos de impuestos al comercio exterior. Después de La Gran Depresión o crisis mundial de 1929 –prolongada por una década–, la hacienda pública colombiana empieza a hacer esfuerzos por crear una base tributaria más estable sustentada en los impuestos de renta y a las ventas.

 

Los impuestos a la renta tienen antecedentes desde 1918, pero sólo hasta 1935 se estructura sobre tres cuentas de liquidación: i) el impuesto a la renta de las personas naturales; ii) el impuesto a la renta de las personas jurídicas; iii) el impuesto al patrimonio y a las ganancias ocasionales. Desde 1942 este gravamen desplazó a los recaudos de aduanas como la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno; y a finales de la década de 1950 equivalía a 4,5 por ciento del PIB. La reforma de 1986 redujo la tarifa del impuesto a las personas naturales de más altos ingresos de 48 a 30 por ciento, y en el caso de las sociedades anónimas o asimiladas de 40 a 30 por ciento.

 

El impuesto a las ventas tiene su origen en 1963 y desde entonces es uno de los tributos más dinámicos. Inicialmente sólo recayó sobre las ventas a nivel industrial y las importaciones: la tarifa básica fue fijada en 3 por ciento. La reforma de 1974 la incrementó hasta el 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las ventas del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA). Durante el periodo 2013-2016, los impuestos indirectos aumentan aceleradamente su importancia para las finanzas del Estado: han crecido un promedio anual de 10 por ciento, casi el doble de lo que crecen los impuestos directos (5,3%), además de estar por encima del crecimiento promedio del recaudo nacional, el cual se encuentra en 7,4 por ciento durante estos tres últimos años.

 

Durante el período 1994-2016, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (Gnc) aumentaron su participación relativa en el PIB de 9,7 a 15 por ciento (en 2013 alcanzaron el 16,9%). La principal fuente la constituye los ingresos tributarios: de 8,5 por ciento en 1994 crecieron a 14,2 por ciento en 2016 (en 2015 fueron 14,5%). Los ingresos por impuestos a la renta pasaron de 3,6 por ciento en 1994 a 4,6 por ciento en 2016, pero en 2012 habían alcanzado el 6,6 por ciento del PIB. El IVA interno y externo suma el 3,5 por ciento del PIB en 1994 y el 5,3 por ciento en 2016 (Cuadro). Con las reformas realizadas entre los años 2010 y 2015 el recaudo bruto creció en más del 80 por ciento, al pasar de $70 billones en el 2010 a $130 billones en 2016.

 

Después de las reformas tributarias de 2012 y 2014, la estructura del recaudo ha cambiado: en 2013 los impuestos directos representaban el 53,3 por ciento del recaudo nacional, versus el 33,4 por ciento que representaban los impuestos indirectos; ahora en 2016 los impuestos directos representan el 50,4 por ciento (2,9 puntos porcentuales menos que en 2013), contra un 35,7 por ciento de los impuestos indirectos (2,3 puntos porcentuales más que en 2013). Las dos primeras reformas tributarias impulsadas por la administración Santos (2010-2018) provocaron una mayor complejidad al sistema tributario, desaceleraron el crecimiento del recaudo debido al empobrecimiento de la clase trabajadora, la menor actividad económica y la caída en la inversión nacional y extranjera, además de no corregir la alta desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia, una de las más inequitativas del mundo.

 

Por el lado del gasto total del Gnc, en términos porcentuales del PIB, incrementó su participación de 10,7 por ciento en 1994 a 19 por ciento en 2016 (Cuadro). Este crecimiento ha ido a parar, en mayor medida, al pago de intereses por la deuda pública (de 1 a 3,2% entre 1994-2016) y los gastos de funcionamiento del Estado (de 8,1 a 13,9%). La inversión pública termina siendo una variable residual y de ajuste respecto al balance fiscal del Gnc: de 1,7 por ciento en 1994 cayó a 1 por ciento del PIB en 2004; aumentó a 3,2 por ciento en 2013, para luego volver a caer a 1,9 por ciento del PIB en 2016. En consecuencia, las finanzas públicas arrojan un déficit de carácter estructural (los gastos superan siempre a los ingresos): de un déficit del 1 por ciento del PIB en 1994, este crece sostenidamente hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 1999; en 2013 el déficit fiscal se redujo a 2,3 por ciento y en 2016 volvió a elevarse a 4 por ciento del PIB. El déficit se enfrenta con mayor endeudamiento público. Este problema crónico de las finanzas públicas explica que en los últimos 26 años el país haya padecido 14 reformas tributarias, en promedio una en menos de dos años, sin solucionar las causas estructurales.

 

Publicado enEdición Nº230
Sábado, 22 Octubre 2016 06:59

La política económica y la paz

La política económica y la paz

 

 

En contravía


Las propuestas y acciones del gobierno para salir de las dificultades económicas no tienen nada que ver con los acuerdos que se están discutiendo con las FARC. Tampoco son consistentes con la búsqueda de la equidad, que es uno de los pilares del Plan de Desarrollo del gobierno Santos, Todos por un Nuevo País.


El discurso y la estrategia gubernamentales ante la crisis que atraviesa la economía colombiana tienen cuatro características desafortunadas:


• son unicausales;
• son inmediatistas;
• son tímidos, y
• son esquizofrénicos.

 

 

Diagnóstico simplista


Se insiste en que la crisis tiene su origen en la caída de los precios de los hidrocarburos. Al gobierno le conviene esta visión unilateral porque toda la responsabilidad dependería de factores externos, que no tendrían ninguna relación con las decisiones de política interna.


Pero las dificultades actuales tienen causas más profundas, relacionadas con no haber sembrado la bonanza petrolera y permitir que la economía experimentara los males de la enfermedad holandesa (apreciación del peso, aumento de las importaciones, destrucción del aparato productivo nacional).


El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha aumentado de manera sistemática. No se trata de un fenómeno coyuntural. Incluso cuando los precios del petróleo estaban altos, el déficit seguía creciendo: entre 2001 y 2015 este déficit pasó de 1,3 a 6,5 por ciento del PIB, y en 2012, cuando los precios del petróleo estaban en sus niveles más altos, ascendió a 3 por ciento del PIB. En otras palabras: aun en el mejor momento de la bonanza petrolera, la economía presentaba una situación frágil; no es cierto, entonces, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.


No es cierto, que los problemas actuales se deban a la caída de los precios del petróleo.


En su momento no se aceptó que la economía sufría los síntomas de la enfermedad holandesa, y no se tomaron medidas para evitar la destrucción del aparato productivo industrial y agropecuario. El informe reciente de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano pone en evidencia la baja productividad y la poca competitividad del agro y recomienda que el Estado aumente la oferta de bienes y servicios públicos (vías, asistencia técnica, educación, salud, vivienda, crédito subsidiado, etc.); este camino, dice la Misión, es más adecuado que la distribución de subsidios directos como se hizo, por ejemplo, con Agro Ingreso Seguro.

 


Visión inmediatista

 

Como el problema es estructural, la solución requiere tiempo.


Pero se ha dicho que las medidas correctivas tienen que tomarse con urgencia, y que las calificadoras de riesgo no dan espera. En este afán no se están considerando medidas de mediano plazo, que son indispensables para consolidar la “nueva economía”, como ha llamado el gobierno al impulso de la agricultura, la industria y el turismo.


En el desespero por apagar las alarmas que han encendido las calificadores de riesgo, no se ha tomado en serio el primer punto del Acuerdo de La Habana. El cierre adecuado de la frontera agrícola, la formalización de la propiedad y la modernización del campo no se pueden realizar de la noche a la mañana. Por eso desde ahora deberían tomarse medidas como la modernización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la delegación de la formación y actualización catastral a algunas ciudades y departamentos. En este momento únicamente Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia tienen catastros relativamente autónomos. Otras ciudades y entidades territoriales (como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) podrían asumir la responsabilidad de la formación y actualización catastral, con el visto bueno y la asesoría técnica del IGAC.


Las advertencias infundadas del presidente Uribe sobre los peligros que tendría la propiedad privada si se consolidan los acuerdos con las FARC parecen haber tenido eco, y ello se refleja en la negativa a subir los impuestos a la gran propiedad terrateniente y, en general, a la riqueza.

 


Acciones tibias


Nuevamente el gobierno no quiere molestar a los ricos. El ajuste fiscal se quiere hacer aumentando el IVA y buscando recursos entre los peluqueros y los tenderos de barrio. Mientras tanto se trata con mano blanda a las grandes propiedades agrícolas y a la riqueza. Y los llamados a la equidad vuelven a quedarse solo en buenas intenciones.


Está bien avanzar en la formalización de los peluqueros y de los tenderos, pero este proceso se puede llevar a cabo sin necesidad de aumentar la tributación de los pequeños propietarios.


En lugar de poner los ojos en los ingresos medios y bajos, el gobierno debería prestarle atención a la forma como se hizo el ajuste en Islandia. En 2008, cuando llegó la crisis, el índice Gini de Islandia era 0,29. A pesar de ser uno de los Gini más bajos del mundo, el gobierno consideró que el peso de ajuste fiscal debería caer, sobre todo, en los hombros de los más ricos. Y después de aplicar una política tributaria claramente distributiva obtuvo los ingresos necesarios y logró reducir el Gini a su nivel actual de 0,23.


No sobra reiterar que el Gini de concentración de la tierra en Colombia es cercano a 0,90. Y aun así, el presidente Uribe dice que desde La Habana se conjura un malévolo plan contra la propiedad privada.


En medio de su desespero, el gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros, dejando tranquilo al 1 por ciento más rico de la población, que tiene el 20,5 por ciento del ingreso nacional, tal como observa la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria.

 


Discurso esquizofrénico


Las discusiones sobre política económica se realizan como si los compromisos adquiridos en el punto uno del Acuerdo de La Habana fueran irrelevantes. Se pretende aplicar una ortodoxia que nada tiene que ver con un país que está tratando de salir de la guerra y que se ha comprometido a construir una sociedad más incluyente.


Es el momento para comenzar a tomar medidas que contribuyan a cerrar la enorme brecha entre lo urbano y lo rural, y a abrir el abanico de oportunidades para todos los colombianos.


El problema fiscal que se desprende de los acuerdos de La Habana no es conseguir los recursos para cubrir el actual nivel de gasto. El reto es mucho más complicado. Se trata de financiar un gasto que tiene que ser considerablemente mayor para que Colombia (la rural y la urbana) pueda ser el país más educado de América. Además, sin la acción decidida del Estado no es posible cumplir los objetivos de la “nueva economía”.

 


El gobierno opta por incomodar con más tributos a los tenderos y a los peluqueros.


Se debería tener claro que los recursos que se necesitan no son para responder a los chantajes de las calificadores de riesgo, sino para comenzar a construir la paz. Y en este proceso complejo, no basta con garantizar el acceso a la tierra. Tal y como se observa en el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, se debe ir mucho más lejos: “Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural - niñas, niños, hombres y mujeres”.


La paz barata es frágil porque es excluyente. Ha llegado el momento de ordenar la política económica en función de los propósitos de equidad e inclusión. El tema no es importante solamente porque se haya discutido en La Habana, sino porque es la condición para modernizar un país que el año entrante aspira a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

 

Por Jorge Iván González, Cofundador de Razón Pública.

 

 

 

 

Publicado enColombia
La colombiana, entre las gasolinas más caras del continente

El 49 por ciento del precio de cada galón de gasolina consumido en el país corresponde a cargas adicionales y tributos que debe pagar el consumidor para el financiamiento de obras de infraestructura de transporte nunca desarrolladas o por las que han solicitado onerosos préstamos

La primera vez que en Colombia se legisló la sobretasa en los combustibles fue a mediados de la década de los 80, cuando a través de la Ley 86 de 1989 empezó a considerarse la utilidad de este gravamen (20% sobre el valor) para construir sistemas de transporte masivo en las ciudades del país, específicamente en Medellín. Casi tres décadas después la medida continua en firme incidiendo fuertemente en los bolsillos de los colombianos, sin que la mayoría de ellos comprenda en que consiste la medida tributaria sostenida por más de cinco presidentes y legislaturas, sin que tampoco puedan registrarse avances en los sectores y medios de infraestructura para los que fue diseñado este mecanismo de tributación.

Más leyes. Al empezar a correr la década de los noventa la Ley 105 de 1993 se encargó de ampliar significativamente los posibles usos de los tributos provenientes de la sobretasa, cuando en su artículo 29 estipularon: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 86 de 1989, autorízase a los Municipios, y a los Distritos, para establecer una sobretasa máxima del 20 por ciento al precio del combustible automotor, con destino exclusivo a un fondo de mantenimiento y construcción de vías públicas y a financiar la construcción de proyectos de transporte masivo". Desde entonces uno de los argumentos esgrimidos por los sucesivos gobiernos para sostener la medida reposa en las posibilidades que estos ingresos otorgan a las administraciones municipales y departamentales para financiar este tipo de proyectos de transporte e infraestructura, cuestión que no ha sido muy clara porque tales desarrollos nunca han tenido lugar (1).

Mediante el decreto 676 de 1994 el presidente Cesar Gaviria Trujillo decretó en el Artículo 1º: "La sobretasa al precio del combustible automotor de que trata el artículo 29 de la Ley 105 de 1.993, se fijará sobre el precio que el Ministerio de Minas y Energía o la Entidad competente fije para la venta al público y será recaudado por los distribuidores minoristas de los municipios y distritos que autoricen su imposición"; mediante el Artículo 3º: "Los municipios o distritos que autoricen la sobretasa de que trata el artículo 29 de la Ley 105 de 1993 deberán abrir una cuenta especial en la que los distribuidores minoristas consignarán lo recaudado, con destino exclusivo al fondo de mantenimiento y construcción de vías públicas y a financiar la construcción de proyectos de transporte masivo" y mediante al artículo 4º: "Las autoridades municipales o distritales, según el caso, fiscalizarán el oportuno cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto y velarán por la efectividad del recaudo".

A partir del año 98, mediante la Ley 488, crearon una nueva sobretasa al Acpm que inició gravando a este combustible con el 6 por ciento. Dicho porcentaje sería destinado en un 50 por ciento para el mantenimiento de la red vial de la nación y en un porcentaje similar para el mantenimiento de la red vial de los departamentos y del Distrito Capital. Además de lo anterior esta Ley establece claridades sobre las responsabilidades de recaudo de la sobretasa, los porcentajes de cobro y la utilidad que las administraciones municipales y departamentales podrían dar al uso de estos recursos. El Artículo 124 de esta Ley establece que: "Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al de causación; en el parágrafo primero consigna: Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente o extra y al Acpm al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación, de la misma manera en el artículo 128 se consigna que: "Sobretasa nacional. Establécese una sobretasa nacional del veinte por ciento (20%) sobre el precio al público de la gasolina motor extra o corriente y del seis por ciento (6%) sobre el precio al público del Acpm. Esta sobretasa nacional se cobrará únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde no se haya adoptado la sobretasa municipal, distrital, o departamental, según el caso, o cuando la sumatoria de las sobretasas adoptadas para la gasolina motor extra o corriente fuere inferior al veinte por ciento (20%). Para la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del veinte por ciento (20%) y la sumatoria de las tarifas adoptadas por el respectivo Concejo y Asamblea, según el caso. En ningún caso, la suma de las sobretasas sobre la gasolina motor extra o corriente, podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del valor de referencia de dicha gasolina".

 

Por las nubes el precio de la gasolina

 

Hasta la promulgación de esta Ley –1998– habían autorizado a los municipios para cobrar este nuevo impuesto, fijándose los porcentajes máximos de tributación sobre el precio de la gasolina, asignado las responsabilidades y los plazos para el recaudo, establecido algunos de los objetivos de los dineros tributados por la Ley. Hasta ese año el dispositivo de recaudo se encontraba estructurado. Las subsecuentes modificaciones que vendrían con los años, a través de nuevas leyes, decretos presidenciales o reformas tributarias, responderían a tres intereses particulares: incrementar el porcentaje de la recaudación, redistribuir del dinero recolectado entre las entidades nacionales y gubernamentales, desmontar cualquier tipo de subsidio sobre la gasolina. Entre algunas de esas modificaciones destaca la reforma tributaria del año 2012 en la que fue grabada la gasolina corriente y el Acpm con $ 250 por galón y a la gasolina extra con $ 1.555, valores que responden a la implementación de una nueva fórmula para el gravamen de este tipo de hidrocarburos.


En la actualidad el precio de la gasolina se fija de acuerdo al esquema del gráfico 1, en el que pueden observarse la existencia de un constitución de un mecanismo de tributación mucho más refinado que en el que la década de los 90 introdujo el cobro de la sobretasa de la gasolina. En la actualidad el precio que el Gobierno paga al productor (refinerías) equivale aproximadamente al 50 por ciento del precio al que es vendida la gasolina en las estaciones de servicio del país, el 7 por ciento corresponde al precio que cancelan por el biodiesel usado como aditivo a la gasolina, el 26 por ciento corresponde a la antigua sobretasa, de la que destinan el 13 por ciento a la nación y el 13 restante a las entidades territoriales; a los distribuidores y mayoristas les pagan como remuneración el 10 por ciento por el galón de la gasolina y, finalmente, el 6 restante corresponde al precio del transporte de la gasolina hasta los lugares donde es dispensada.

Nuevos impuestos y gravámenes han proliferado en el transcurso de los años sobre la gasolina y el Acpm en Colombia sin que en manera alguna hayan disminuido significativamente el valor del galón por la caída internacional del precio del petróleo que aún sigue protagonizando un espectacular y pronunciado descenso desde hace más de un año. Los colombianos siguen pagando por la gasolina un precio elevado que se encuentra entre los más caros de la región (Ver recuadro 1) sin que por ello haya tenido lugar la construcción o mejoramiento de la infraestructura vial por la que el Gobierno ha tenido que recurrir a préstamos en bancos y fondos internacionales de financiamiento, tampoco han financiado ninguno de los sistemas de transporte masivos en ninguna de las capitales como Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín por los que han tenido que recurrir a firmar nuevos créditos. Entonces, ¿qué ha hecho la nación, las administraciones municipales y departamentales, con el dinero recaudado por la sobretasa a la gasolina que significa el 26 por ciento del precio de los millones de galones que vendidos en los últimos veinte años en el país?

Tal como puede apreciarse en los gráficos y mapas presentados, los precios de la gasolina en Colombia no son los más altos del continente pero tampoco son los más bajos, y sus precios no han tenido reducciones proporcionales al desplome de los precios internacionales del petróleo hoy cotizados entre 35 y 40 dólares por barril (Gráfico 2). A pesar de que en el mundo los precios de la gasolina caen, en Colombia acaba de anunciarse un aumento de $78 pesos por galón para el año 2016 que en esta ocasión está fundado, de acuerdo al Ministro de Minas y Energía Tomás Gonzáles Estrada, los incrementos del valor del etanol y el impactos que la devaluación del peso frente al dólar han tenido para la moneda nacional. Con esta medida comienza nuevamente a tomársele al pelo a los connacionales que en el transcurso de los últimos meses constataron una efectiva reducción superior a los $500 pesos por galón, orientada más a bajar los ánimos de la población de carro que a contribuir a la economía de sectores medios y bajos.

Una de las razones por las que el precio, tanto de la gasolina como del Acpm, se mantienen lesivamente estables para el consumidor en Colombia, puede encontrarse en el artículo de la revista Portafolio, "Colombia, el país que más vive de las tasas a la gasolina" (2) del 5 de enero del 2015. En él se sostiene que: "Colombia es el país latinoamericano que más depende de los recursos que les generan los impuestos a los combustibles, como las gasolinas y diesel. Por ese concepto, la Nación percibió 3.947 millones de dólares en 2012, es decir, 8,9 por ciento de los ingresos públicos corrientes de ese mismo año que fueron de 44.167 millones de dólares. En Argentina la proporción de los impuestos pasó de 0,5 a 1,5 por ciento de esos ingresos entre el 2006 y el 2012. México, Ecuador y Venezuela recaudaron por concepto de impuestos a las gasolinas y diesel, poco menos del 0,3 por ciento de sus ingresos en el 2012".


Cargas impositivas elevadas y una tradición fiscal que en los últimos treinta años ha incorporado en su ethos el excesivo gravamen a los hidrocarburos, convirtiéndolos en una de las fuentes duras de tributación del Estado colombiano. Esta es la principal razón por la que los precios no bajan, a pesar de las consecuencias que ello tiene sobre la vida cotidiana, en los rigores de una economía que se desploma, sin importar que los pesares del paulatino empobrecimiento la continúen soportando los de abajo.

1 De acuerdo al artículo del Universal: "Datos de PEI 2011-2014 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) revelan que en total Colombia tiene 187.432,89 kilómetros de red vial, de los cuales 19.7 14,89 kms están a cargo de la Nación, 35.040 kms de la red departamental, 12.556 kms es red privada no clasificada y 135.679,45 kms hacen parte de la red terciaria entre los que también figuran como dolientes Invías, las autoridades locales y departamentales. Lo más alarmante es que del total de los 187.432,89 km de red vial, solo un poco más de 16.000 km2 están pavimentados en su mayoría por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que tiene más de 10.000 km, otros cerca de 2.000 km pavimentados por concesionarios contratados por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y los 4.000 km restantes por los gobernadores y alcaldes." http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/solo-el-85-de-la-red-vial-en-colombia-esta-pavimentada-47681 
2 http://www.portafolio.co/economia/tasas-la-gasolina-colombia-5-enero-2015

 

 


 

 

Uno de los precios más altos de la región

 

Según el artículo publicado en El Tiempo, "Colombia, entre los países donde se 'suda' más para comprar gasolina"*, a partir de lo que las personas ganan cada día y dependiendo de variables como política energética, esquemas de subsidios, el cuidado del medio ambiente, el poder adquisitivo, las necesidades fiscales, la agencia Blommberg desarrolló un estudio para determinar que tan capaces o incapaces son las personas de adquirir un galón de gasolina. Entre 61 países de la muestra Colombia ocupó la posición 14 en términos de inaccesibilidad para obtener un galón de gasolina corriente.

En nuestro país deben destinarse en promedio alrededor del 16.8 por ciento de los ingresos del salario de un día para comprar un galón de este hidrocarburo. Para tal análisis, dicho estudio estimó como promedio un ingreso ficticio $1.710.000 pesos de acuerdo a las cifras de crecimiento económico y productividad del país, un precio del galón de 3.18 dólares. Sin embargo, los resultados en la escala definida por el estudio pueden ser bastante menos esperanzadores si se tiene en cuenta que el salario mínimo en el 2016 apenas equivale a $689.454 (USD $208) y el galón de gasolina se paga a $7.896 (USD $2.39), lo que hace que solo un barril de gasolina equivalga al 34.35 por ciento de los ingresos diarios de un trabajador de salario mínimo. En Europa el valor de la gasolina es significativamente más alto, pero los ingresos también lo son.

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-de-la-gasolina-en-colombia-el-pais-entre-los-15-donde-hay-que-sudar-mas-para-comprar-un-galon/16391625

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¿Quién es Brookfield Asset Management? 

 

Estamos ante una multinacional canadiense, con activos en diversas partes del mundo que ascienden a $225.000 millones de dólares, cuyas inversiones son desarrolladas en el sector eléctrico. Empresa fundada en 1899 en Canadá y que en la actualidad cuenta con más de siete mil unidades de producción de electricidad y más de cinco mil de producción hidroeléctrica en todo el mundo. En Latinoamérica se encuentra en Chile, Brasil y Perú donde cuenta con activos que superan los 15.000 millones de dólares. La empresa ha sido reiterativamente cuestionada por malos manejos: en Brasil está siendo investigada por el pago de sobornos para obtener licencias de construcción y sus directivos pueden ir a la cárcel; en Estados Unidos por la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de Justicia por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero 

Pies de imagen:

 


Tomada de http://www.portafolio.co/especiales/gasolina-colombia-2015-precios-de-la-gasolina.

 

Mapa1.


Precio de la gasolina de Colombia comparado con otros países de la región hasta el 2013
http://www.dinero.com/pais/articulo/precios-gasolina-america-latina/184142 

 

Publicado enEdición Nº220
NY Times: Los ricos de EEUU tienen un sistema tributario que les ahorra miles de millones

Con la desigualdad a niveles nunca vistos, los norteamericanos más ricos (el 1% del 1%) han financiado y creado con la connivencia del Gobierno un auténtico sistema impositivo privado. Estos complejos "loopholes" (excepciones) son del todo ajenos al ciudadano medio. George Soros, uno de los defensores del incremento de impuestos para los muy ricos, ha hecho sin embargo lobby para mantener esta fiscalidad, y junto a otros han financiando la campaña presidencial de 2016. Sin ningún escrutinio público, la Agencia Tributaria negocia privadamente con ellos.


Los magnates de fondos de cobertura Daniel S. Loeb, Louis Moore Bacon y Steven A. Cohen tienen mucho en común. Han logrado miles de millones de dólares y actualmente amasan grandes fortunas. Ellos han invertido grandes sumas en colecciones de arte -y millones más en candidatos políticos-.


Además, cada uno ha aprovechado una laguna fiscal esotérica que les salvó millones en impuestos. ¿El truco? Transferir el dinero a las Bermudas y transferirlo nuevamente de vuelta.


Con la desigualdad en sus niveles más altos en casi un siglo y el debate público se levanta sobre si el gobierno debe responder a ella a través de mayores impuestos a los ricos, los muy ricos estadounidenses han financiado un aparato sofisticado y asombrosamente eficaz para proteger a sus fortunas. Algunos la llaman la "industria de la defensa ingresos", que consiste en una falange de los abogados más costosos, planificadores del estado, grupos de presión y los activistas anti-impuestos que explotan y defienden una increíble variedad de maniobras fiscales y coincidentemente ninguno de los anteriormente mencionados a disposición de los contribuyentes de más modesto ingresos.


En los últimos años, este aparato se ha convertido en una de las más poderosas avenidas de influencia para los estadounidenses ricos de todos los colores políticos, entre ellos el Sr. Loeb y el Sr. Cohen, que contribuyen en gran medida a los republicanos, y el multimillonario liberal George Soros, quien ha pedido gravámenes más altos sobre los ricos, mientras que al mismo tiempo utiliza lagunas fiscales para reforzar su propia fortuna.


Todos son parte de un pequeño grupo que ha proporcionado la mayor parte del dinero con que comenzaron las campañas presidenciales del 2016.


Operando en gran parte fuera de la vista del público – y en gran medida a través de disposiciones legislativas arcaicas en tribunales fiscales y en las negociaciones privadas con el Servicio de Impuestos Internos – los ricos han utilizado su influencia para constantemente reducir poco a poco la capacidad del gobierno para aplicar gravámenes en ellos. El efecto ha sido la creación de una especie de sistema de impuestos privada, disponible sólo para varios miles de estadounidenses.


El impacto en sus propias fortunas ha sido muy notable. Hace dos décadas, cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400 contribuyentes con mayores ingresos en los Estados Unidos pagaban casi el 27 por ciento de sus ingresos en impuestos federales, de acuerdo con datos del IRS (Internal Revenue Service en inglés o Servicio de Impuestos Internos en español) . Para el año 2012, cuando fue reelegido el presidente Obama, esa cifra se había reducido a menos del 17 por ciento, que es sólo un poco superior a la de la típica familia que gana $ 100.000 al año, cuando se incluyen los impuestos de nómina para ambos grupos.


Los ultra-ricos, "literalmente, pagan millones de dólares por estos servicios", dijo Jeffrey A. Winters, un politólogo de la Universidad Northwestern que estudia las élites económicas "y se ahorran en el orden de decenas o cientos de millones en impuestos."


Algunas de las más grandes batallas de impuestos actuales están siendo llevadas a cabo por algunos de los más generosos patrocinadores de los candidatos a la presidencia en el 2016. Entre estos patrocinadores de las campañas presidenciales están las familias de los inversores de fondos de cobertura Robert Mercer, el cual da a los republicanos, y James Simons, el cual da a los demócratas; así como la operadora de opciones Jeffrey Yass, un donante libre que apoya a los republicanos.


La firma del Sr. Yass está litigando lo que estipula la agencia (IRS) que debe pagar en decenas de millones de dólares por concepto de impuestos. Renaissance Technologies, el fondo de inversiones que el Sr. Simons fundó y que el Sr. Mercer ayuda a dirigir, es actualmente objeto de investigación por el IRS a causa de una laguna que les ahorró un estimado de $ 6.8 mil millones en impuestos en más o menos una década, de acuerdo con una investigación del Senado. Algunas de estas mismas familias también han contribuido con cientos de miles de dólares a grupos conservadores que han atacado prácticamente cualquier esfuerzo de elevar los impuestos a los ricos.


En el fragor de la contienda presidencial, la influencia de los donantes ricos está muy evidenciada. Incluso está en juego el aumento que en el 2013 le hiciera la administración Obama a los impuestos sobre las rentas más altas – el primer incremento sustancial en dos décadas – y una iniciativa del IRS para garantizar que, en efecto se tomen medidas enérgicas contra la evasión fiscal de los ricos que presenta muy altos índices.


Mientras los demócratas como Bernie Sanders y Hillary Clinton se han comprometido a aumentar los impuestos a estos votantes, casi todos los republicanos tienen políticas avanzadas que reducirían enormemente sus facturas de impuestos, a veces hasta en un mínimo de 10 por ciento de sus ingresos.


Al mismo tiempo, la mayoría de los candidatos republicanos están a favor de la eliminación del impuesto de sucesiones, una medida que permitiría a los nuevos ricos, y a los viejos, legar su fortuna intacta, solidificando la brecha de riqueza en el futuro. Varios de ellos (Los candidatos republicanos) han propuesto una reducción sustancial – o incluso la eliminación – en los impuestos de tipos impositivos a pesar de que tienen ya grandes descuentos sobre las ganancias de inversión, uno de los pilares estratégicos más lucrativos con el que cuentan los gravámenes fiscales.


"Existe esta idea de que los ricos utilizan su dinero para comprar los políticos; más exactamente, es que pueden comprar la política, y en concreto, la política fiscal ", dijo Jared Bernstein, un alto miembro del izquierdista Centro sobre Presupuesto y Prioridades Políticas que sirvió como el principal asesor económico del vicepresidente Joseph R. Biden Jr. "Es por eso que existen estas lagunas graves, y por qué es tan difícil para cerrarlas."


Las "Family Offices"


Cada una de las 400 familias que más ganan se llevó a casa, en promedio, alrededor de $ 336 millones en el 2012, el último año del que hay datos disponibles. Si la mayor parte de ese dinero se había pagado como sueldo o salario, como lo es para el estadounidense promedio, las obligaciones fiscales de esos contribuyentes más ricos podían haberse más que duplicado.
En lugar de ello, gran parte de sus ingresos provenían de asociaciones enrevesadas y fondos de inversión de alto nivel. Otros ingresos devengados en turbios fideicomisos familiares y empresas fantasmas en el extranjero, fuera del alcance de las autoridades fiscales.


Los técnicos bien pagados que maquinan estos arreglos trabajan duro en las firmas de abogados "de zapatos blancos" y en bancos de inversión de élite, que funcionan como una variedad de oscuras boutiques de estos servicios. Pero en el punto de apoyo de la formulación de estrategias sobre cómo minimizar los impuestos son llamados family offices, estos son los departamentos de gestión de riqueza personalizados de esos estadounidenses con cientos de millones o miles de millones de dólares en activos.


Las oficinas familiares han existido desde finales del siglo 19, cuando los Rockefeller fueron pioneros en ese tipo de institución, y ganó popularidad en la década de 1980. Pero han proliferado rápidamente en la última década, como las filas de los super-ricos, y el tamaño de sus fortunas, creciendo a proporciones récord.


"Tenemos tanta riqueza que se está creando, tanta riqueza significativa, que crea la necesidad de una estructura como la de la oficina de la familia", dijo Sree Arimilli, un consultor de la industria de reclutamiento.


Estas oficinas familiares, muchas de las cuales se dedican a la gestión y protección de la riqueza de una sola familia, supervisan todo, desde la estrategia de inversión hasta la filantropía. Pero la planificación fiscal es una función básica y esencial de las mismas. Mientras que las técnicas específicas que estos asesores emplean para reducir al mínimo los impuestos pueden ser abrumadoramente complejas, por lo general, siguen unos principios simples, como la conversión de un tipo de ingreso en otro tipo que se aplica un tipo impositivo inferior.


El Sr. Loeb, por ejemplo, ha invertido en una reaseguradora con sede en Bermudas – una compañía de seguros para las compañías de seguros – que da la vuelta e invierte el dinero en su fondo de inversiones. Esa maniobra transforma sus ganancias de inversiones a corto plazo en el mercado, las cuales son gravadas por el gobierno en aproximadamente un 40 por ciento, en beneficios a largo plazo, conocidas como las ganancias de capital, que tributan en aproximadamente la mitad de esa tasa. Esto ha proporcionado la ventaja adicional de permitir que el Sr. Loeb evite impuestos sobre estos ingresos de forma indefinida, lo que permite a su riqueza esquivar los gravámenes y crecer más rápidamente.


La aseguradora en Bermuda del Sr. Loeb salió a la bolsa en 2013 y está presente en el negocio de los seguros, con lo cual no es simple esquivar impuestos. El Sr. Cohen y Mr. Bacon abandonaron estas estrategias basadas en seguros similares recientemente. "Nuestra inversión en Max Re no era un esquema dirigido por impuestos, sino más bien una respuesta al interés de los inversores en una cartera gestionada de forma más dinámica similar a la de Warren Buffett, llamada Berkshire Hathaway," dijo el Sr. Bacon, que conduce Moore Capital Management. "Los fondos de cobertura fueron una minoría de la cartera de inversiones, y los productos de Moore Capital en subconjunto son mucho más pequeño que los de esta cartera alternativa." El Sr. Loeb y el Sr. Cohen no quisieron hacer comentarios.


La organización de la propia empresa como una sociedad puede ser lucrativa en su propio derecho. Algunas de las asociaciones de las que los ricos obtienen sus ingresos están autorizadas a vender acciones al público, por lo que es fácil ingresar dinero en efectivo en una parte del negocio, manteniendo el control sobre este. Pero a diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, que no pagan el impuesto de sociedades; los socios pagan impuestos como individuos. Y los impuestos a las ganancias se reducen a menudo por grandes deducciones, tales como la depreciación.


Para las grandes asociaciones privadas, por su parte, el IRS a menudo lucha "para determinar si existe un paraíso fiscal o si se está utilizando una transacción de impuestos abusivos", según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. La agencia no se le permite recaudar impuestos pagados directamente de estas asociaciones, incluso los que tienen varios cientos de socios. En su lugar, se debe cobrar a cada socio individual, lo que requiere para la agencia dedicar una significativa cantidad de tiempo y mano de obra.


Los ricos también pueden hacer uso de una serie de deducciones fiscales esotéricas y personalizadas que van mucho más allá de la cancelación de una oficina en casa o la cena con un cliente. Una agresiva estrategia empleada es la de colocar la renta en un tipo de fondo de caridad, generando una deducción que compensa el impuesto sobre la renta. El fondo entonces adquiere lo que se conoce como una póliza de seguro de vida de colocación privada, que invierte el dinero sobre una base libre de impuestos, con frecuencia en una serie de fondos de cobertura. Los herederos de la persona pueden heredar, también libre de impuestos, todo el dinero que queda después de que el fondo paga un porcentaje cada año a la caridad, a menudo una suma considerable.


Muchas de estas maniobras están bien establecidas, y los contribuyentes ricos dicen que están en todo su derecho a explotarlas. Existen otros en un área legal gris, sus límites definidos por la voluntad de los contribuyentes para defender sus estrategias contra el IRS y casi todos están fuera del rango de precios del contribuyente promedio.


Entre abogados de impuestos y contadores, "los mejores y más brillantes consiguen encontrar la manera de hacer estos complicados pequeños acuerdos", dijo Karen L. Hawkins, quien hasta hace poco dirigió el IRS oficina que supervisa los profesionales de los impuestos. "Francamente, estan casi más allá de la capacidad intelectual y de los recursos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para atraparlos."


La combinación de costos y su complejidad han tenido un efecto profundo, dijeron expertos fiscales. Sean cuales sean las tasas del impuesto que establece el Congreso, las tasas reales pagadas por los ultra-ricos tienden a caer con el tiempo a medida que explotan sus numerosas ventajas.


Desde los inicios de la administración de Obama hasta finales de 2012, las tasas de impuestos federales sobre los individuos no cambiaron (excluyendo los impuestos sobre la nómina). Para los estadounidenses que ingresan capitales promedios pasó de un 20.9 por ciento a un 17.6 por ciento. En contraste, para el 1 por ciento, con exclusión de los muy ricos, pasó de pagar un poco menos de 24 por ciento en promedio a poco más de ese nivel.


"Tenemos dos sistemas fiscales diferentes, uno para los asalariados normales y otra para los que pueden pagar asesoramiento fiscal sofisticado", dijo Victor Fleischer, profesor de derecho en la Universidad de San Diego, que estudia la intersección de la política fiscal y la desigualdad. "En la parte superior de la distribución del ingreso, la tasa efectiva de impuestos baja, en contra de los principios de un sistema de impuesto progresivos sobre la renta."


Una defensa muy tranquila


Habiendo ayudado a concebir un sistema fiscal alternativo, los estadounidenses ricos han sido agresivos en la defensa del mismo.


Los grupos comerciales que representan a la compañía de seguros con sede en Bermudas del Sr. Loeb, por ejemplo, han pasado los últimos meses de litigando con el IRS que las normas propuestas para estrechar el control sobre la laguna por las que se rige este fondo son demasiado onerosas.


El gran grupo industrial que representa a fondos de capital privado gasta cientos de miles de dólares en cabildeo cada año para temas como "inversiones alternativas," que es sin lugar a dudas el abuelo de lagunas fiscales de Wall Street, lo que hace posible que los administradores de estos fondos de inversión en lugar de pagar el mayor gravamen impositivo general desvíen una parte sustancial de sus ingresos para el funcionamiento del fondo en lugar de pagar todo lo que se supone de acuerdo a sus ingresos.


El acuerdo sobre el presupuesto que el Congreso aprobó en octubre permite al IRS recaudar impuestos pagados de las grandes asociaciones a nivel de empresa por primera vez – que es mucho más fácil para la agencia – gracias a una disposición que los legisladores deslizaron en el acuerdo en el último momento, antes de que muchos grupos de presión se pudieran movilizar. Pero las nuevas reglas son relativamente débiles – Las empresas aún pueden optar por hace que sus socios paguen los impuestos individualmente – y esta legislación no entrará en vigor hasta 2018, dando a los más ricos el tiempo suficiente para debilitar aún más las regulaciones existentes.


Poco después de la legislación aprobada, la Managed Funds Association, un grupo del sector que representa a los fondos de inversiones más prominentes como DE Shaw, Renaissance Technologies, Tiger Management y Third Point, comenzó a reunirse con miembros del Congreso para discutir una lista de deseos de los ajustes. Los fundadores de estos fondos todos han donado al menos $ 500.000 para los candidatos presidenciales del 2016. Durante la presidencia de Obama, la propia asociación ha crecido hasta convertirse en uno de los más poderosos grupos comerciales en Washington, con un impresionante gasto de más de $ 4 millones al año en cabildeo.


Y mientras que la capacidad de ejercer presión de los más ricos a menudo se despliega a través de asociaciones y abogados comerciales de la industria, algunas familias ricas han sido más enfáticas en defender sus intereses de forma más directa.


El impuesto a la herencia ha sido un objetivo primario. A principios de 1990, un ejecutivo de la oficina de la familia de California llamada Patricia Soldano comenzó a cabildear a favor de las familias ricas para derogar el impuesto, lo que no sólo les ahorrará dinero, sino también que sea más fácil de conservar sus imperios empresariales de una generación a la siguiente. La idea golpeó a muchos agentes endurecidos como poco realista en el momento, dado que el impuesto sólo afectó a los estadounidenses más ricos. Pero los esfuerzos de la Sra Soldano – financiados en parte por las familias Mars y Koch – sentaron las bases para la eliminación de un año que sucedió en el 2010.


El impuesto ha sido restaurado, pero en la actualidad sólo se aplica a parejas que legan aproximadamente $ 11 millones o más a sus herederos, por encima de dejaban más de $ 1.2 millones de dólares lo cual estaba legislado cuando la Sra Soldano comenzó su campaña. Este cambio afectó a menos de 5.200 familias el año pasado.


"Si alguien me hubiera dicho que estaríamos donde estamos hoy, nunca lo hubiera imaginado", dijo la Sra. Soldano en una entrevista.


Algunas de las más profundas victorias en estas regulaciones son apenas conocidas fuera del mundo insular de los ultra ricos y sus gerentes financieros.


En 2009, el Congreso dispuso requerir a las asociaciones de inversión como los fondos de inversión que se registran con la Comisión de Bolsa y Valores, en parte para que los reguladores tuviesen una mejor comprensión de los riesgos que estas asociaciones plantean para el sistema financiero.


El lenguaje legislativo anterior habría requerido oficinas unifamiliares para registrarse, por lo que se evitaba la exposición y escrutinio de estas instituciones financieras altamente secretas y que tanto sus clientes ansiaban evitar. Algunos de los casos del IRS contra los ricos se originan con los consejos de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores por sus siglas en inglés), que se encuentran a menudo en mejor posición para detectar la evasión de impuestos.


En el verano de 2009, varios ejecutivos de oficinas de familia habían formado un grupo de presión llamado la Coalición del Inversor Privado para hacer retroceder al Congreso en contra de la propuesta de involucrar al SEC. La coalición ganó una exención en el acta de reforma financiera Dodd-Frank del año 2010, y luego pasó gran parte del año siguiente persuadiendo a la SEC para que adoptara y reconociera su definición preferida de "family office".


Tan profunda fue la laguna jurídica generada que el fondo de inversiones del Sr. Soros valorado en $ 24.5 mil millones se aprovechó de ella, convirtiéndose a una oficina de familia después de regresar el capital a sus restantes inversores externos. El gestor de fondos de inversiones Stanley Druckenmiller, un ex socio de negocios del señor Soros, adoptó la misma medida.
La familia Soros, que en general apoya los demócratas, se ha comprometido por lo menos con $ 1 millón para la campaña presidencial de 2016; el Sr. Druckenmiller, que favorece a los republicanos, ha puesto un poco más de $ 300,000 para tres diferentes candidatos presidenciales.


Una presentación de diapositivas de la reunión anual de la Coalición Private Investor 2013 atribuye el éxito a múltiples reuniones con los miembros del Comité Bancario del Senado, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, personal del Congreso y al personal de la SEC. "Todos con un perfil bajo", señaló el documento. "Tenemos más de lo que queríamos y algunos extras que no solicitamos."


Un monitor dificultado


Después de todas las lagunas y todos los grupos de presión, lo que queda de la capacidad del gobierno para recaudar impuestos a los más ricos se enfrenta a un último obstáculo: la crisis que enfrenta el IRS.


El presidente Obama ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal de los ricos una prioridad. En 2010, firmó la legislación por lo que es más fácil identificar a los estadounidenses que ha ocultado sus activos en cuentas bancarias suizas y refugios bancarios en Islas Caimán.


Su I.R.S. se organizó en el Global High Wealth Industry Group (Grupo de Altas Riquezas Industriales a nivel Global), conocido coloquialmente como "el escuadrón de la riqueza", para examinar a fondo los impuestos de los estadounidenses con ingresos de al menos $ 10 millones al año.


Pero si bien estas medidas han ayudado al gobierno a recuperar miles de millones, los esfuerzos de la agencia han desembocado en escándalo, la presión política y los recortes presupuestarios. Entre 2010, año anterior al que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes, y al 2014, el presupuesto del IRS se redujo en casi $ 2 mil millones en términos reales, o casi en un 15 por ciento. Eso ha obligado a desemplear unos 5.000 puestos de profesionales de alto nivel de los cerca de 23.000 con los que cuentan, según la agencia.


Las tasas de auditoría para el club de los $ 10 millones o más, se dispararon en los primeros años del programa de "el escuadrón de la riqueza", pero se han desplomado desde entonces.


El desafío político para la agencia se hizo especialmente agudo en 2013, después de que la agencia reconoció señalar a las organizaciones no lucrativas conservadoras en una revisión de la actividad política por parte de grupos exentos de impuestos. (Altos funcionarios dejaron la agencia como resultado de la controversia.)


Varios funcionarios ex IRS, incluidos Marcus Owens, quien alguna vez dirigió la división de Organizaciones Exentas de la agencia, dijo que la controversia ha dejado muy dañada la voluntad de la agencia para investigar otros contribuyentes, incluso fuera de la división de exentos.


"En el IRS la aplicación está ausente o disminuida" en ciertas áreas, dijo. El Sr. Owens a tiempo que agregó que su antiguo departamento – que proporciona cierta supervisión del dinero utilizado por organizaciones benéficas y organizaciones no lucrativas – ha sido diezmado.


Grupos como FreedomWorks y Americans for Tax Reform, que se financian en parte por las bases de las familias ricas y grandes empresas, han pedido el enjuiciamiento del IRS. Están reforzados por grupos de defensa con mucho dinero como el Club para el Crecimiento, que ha ayudado en los principales desafíos contra los republicanos que han votado a favor de impuestos más altos.


En 2014, el Club para el fondo de Acción del Crecimiento recaudó más de $ 9 millones y pasó gran parte de su ayuda a los candidatos críticos del IRS. Aproximadamente el 60 por ciento del dinero recaudado por el fondo vino de tan sólo 12 donantes, entre ellos el Sr. Mercer, quien ha dado al grupo cerca de $ 2 millones en los últimos cinco años. El Sr. Mercer y su familia inmediata también han donado más de $ 11 millones a varios súper PACs de apoyo y al senador Ted Cruz de Texas, un férreo crítico del IRS y candidato presidencial.


Otro donante prominente es el Sr. Yass, quien ayuda a dirigir una empresa comercial llamada el Grupo Internacional de Susquehanna donó $ 100,000 para el club para el fondo de Acción del Crecimiento en septiembre. El Sr. Yass es miembro de la junta directiva del liberaral Instituto Cato y, al igual que el Sr. Mercer, parece ser partidario en limitar la capacidad del gobierno sobre sus actividades económicas razón que en parte motiva su gasto político.


Pero también puede tener más que un interés pasajero en la creación de un entorno político que socava al IRS, Susquehanna está impugnando una propuesta del IRS contra una filial de la empresa que efectivamente ha repatriado más de $ 375 millones por concepto de ingresos de sus filiales ubicadas en Irlanda y las Islas Caimán en 2007, lo que les crearía una deuda tributaria de gran tamaño. (El afiliado ingresó el dinero a los Estados Unidos en los últimos años y pagó los impuestos de dividendos en él; el IRS afirma que debería haber pagado la tasa de impuesto sobre la renta ordinaria, a un costo de decenas de millones de dólares más de los que pagó.)


En junio, el Sr. Yass donó más de $ 2 millones a tres Super PACs alineados con el senador Rand Paul de Kentucky, que ha llamado para gravar todos los ingresos a una tasa fija de 14,5 por ciento. Ese cambio en sí mismo ahorraría a partidarios ricos como el Sr. Yass millones de dólares.


El Sr. Paul, también candidato presidencial, ha sugerido ir aún más lejos, llamando al IRS una "agencia canalla" y ha hecho circular una petición en 2013 pidiendo el equivalente fiscal de un cambio de régimen. "Sea pues, hemos decidido" -dice la petición escrita- , "que nosotros, los abajo firmantes, exigimos la abolición inmediata del Servicio de Impuestos Internos."
Pero incluso siendo esa campaña una posibilidad muy remota, los contribuyentes más ricos seguirán disfrutando de ventajas con respecto a todos los demás.


Para los ultra-ricos, "nuestro código de impuestos es como un barril agujereado", dijo J. Todd Metcalf, principal asesor de impuestos de los demócratas en el Comité de Finanzas del Senado. "A menos que se tape cada hoyo o se consigue un nuevo barril, este va a filtrarse."


(Artículo original publicado en The New York Times: For the Wealthiest, a Private Tax System That Saves Them Billions. Traducción Raúl Fergo/ Cubadebate)

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Colombia necesita una reforma tributaria integral para impulsar la inversión y diversificar la economía, afirma la OCDE

19/01/2015 - Según el último Estudio Económico de Colombia elaborado por la OCDE, la economía colombiana ha tenido un desempeño extraordinariamente bueno durante la última década, situándose consistentemente entre las economías más dinámicas de América Latina, pero hoy en día necesita una reforma tributaria integral que fomente la inversión y la diversificación de la economía para que el país pueda situarse en la senda hacia un crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo.

La OCDE identifica una serie de políticas que resultan fundamentales para el futuro crecimiento del país y para reducir los altos niveles de desigualdad de ingresos. Es necesario implantar una reforma tributaria integral para que el sistema tributario resulte más favorable a la inversión, más eficiente y equitativo, mientras que una reforma del sistema pensional podría reducir la pobreza en la tercera edad. Asimismo, el Estudio indica que impulsar la inversión en infraestructuras —mediante el cumplimiento de la cuarta generación (la denominada 4G) de concesiones viales promovida por el gobierno— y dotar de mayor eficacia a las inversiones subnacionales son también prioridades claves.

El Estudio, presentado en Bogotá por Alvaro Pereira, Director de Estudios País del Departamento de Economía de la OCDE, Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y José Uribe, Gerente General del Banco de la República, pone de relieve que se prevé que la economía de Colombia crezca en valores cercanos al 4,5% en los próximos años, a pesar de unas condiciones externas menos favorables.


"La economía colombiana ha mostrado una solidez y un dinamismo extraordinarios en los últimos años, pero la caída de los precios del petróleo y del carbón constituye un importante desafío para poder sostener el crecimiento," afirmó Álvaro Pereira. "Mientras que la reforma tributaria de 2012 tuvo efectos muy positivos sobre la creación de puestos de trabajo formal, y la ley tributaria de diciembre 2014 también representa un paso en la dirección correcta, se requiere de más medidas ahora. Una reforma tributaria integral puede aportar el impulso necesario al crecimiento y a la inversión para diversificar la economía, reducir aún más la informalidad laboral y mejorar el bienestar de todos los colombianos."

La reforma tributaria debe abordar las elevadas tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas, el IVA sobre los bienes de inversión y el impuesto sobre el patrimonio neto de Colombia, los cuales perjudican a la inversión, según indica la OCDE. El Estudio recomienda reducir gradualmente la tasa del impuesto sobre la renta corporativa y que se amplíe la base impositiva de este tributo, de manera que aumente así el número de empresas que pagan impuestos.

El fortalecimiento de la administración tributaria y el aumento de las sanciones contribuirán a reducir la evasión de impuestos. El análisis efectuado por la OCDE muestra que una reducción del 50% en el IVA y en la evasión tributaria de las empresas podría aportar unos ingresos adicionales de más de 15 billones de COP (8.000 millones de USD). Esta recaudación adicional podría ayudar a financiar inversiones sociales y en infraestructuras, así como parte de los costos de implementación de un futuro plan de paz.

El Estudio también indica que Colombia puede hacer que su sistema tributario sea más respetuoso con el medio ambiente —introduciendo un impuesto sobre el carbono— y más equitativo —reduciendo las generosas exenciones y deducciones del impuesto sobre la renta personal, que benefician fundamentalmente a los contribuyentes más adinerados— sobre todo en relación con las elevadas pensiones y los dividendos.

La OCDE también recomienda reformar a fondo el sistema pensional para reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera edad. En torno a dos terceras partes de esta franja de población no dispone de ningún tipo de pensión en la actualidad, mientras que la prestación social mínima para la tercera edad se sitúa por debajo de la línea nacional de pobreza.

Las reformas pueden garantizar que la población de la tercera edad disponga de una pensión decente y al mismo tiempo mantener unas sólidas finanzas públicas. Asimismo, la OCDE apoya la ampliación de los criterios de admisibilidad del programa Beneficios Económicos Periódicos, así como el aumento de los niveles de cobertura y de prestaciones del programa de protección social Colombia Mayor. Además, reformas que reduzcan la informalidad laboral, tales como invertir más en habilidades y reducir los costos laborales no-salariales, pueden ampliar tanto la cobertura como la financiación de estos programas.

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40.6 billones fue lo que se ganaron en el 2008 las más grandes empresas del país, un incremento del 13.57% con respecto al 2007 y del  55.14% respecto del 2006.  29.8 billones correspondieron a las empresas que reportan informes ante las Supersociedades (21.749 empresas) y 10.8 billones correspondieron a empresas del sector financiero, que reportan informes ante la Superfinanciera.

Aunque el informe de la Supersociedades da cuenta de los estados financieros y de resultados de 21.749 empresas, los resultados positivos no fueron  para todas, pues de estas, el 22% presentó resultados negativos. Y aunque el 78% que obtuvieron resultados positivos resulta un indicador destacado, la mayor parte de las utilidades estuvo concentrada en unas pocas empresas, la mayoría de ellas transnacionales.

En efecto, 333 empresas, o sea, el 1.5% de la muestra, concentró el 75.13% del total y  42 empresas, el 0.19%, concentró el 48.5% de las utilidades totales (¡!), lo que en este terreno resulta un indicador de lo lejos que aun estamos una auténtica democracia económica.

Y lo mismo ocurrió en el sector financiero, donde la concentración es todavía mayor: 13 bancos concentraron el 92.25% del total de las utilidades del sector bancario y el 41.54% de las utilidades totales generadas en este sector.

De los sectores que reportan a la Supersociedades, los que mejores resultados obtuvieron en el 2008 fueron los siguientes:
 
  • En el sector petrolero reportan  118 empresas (sin Ecopetrol), 56 de las cuales reportaron utilidades por valor de  5.79 billones, pero la mayoría de ellas, el 90.78% del total, se concentraron en 14 empresas (el 11.86% de la muestra), entre las que figuran  Hupecol, Occidental, la Britiss Petroleun, Mansarovar, Tepma B.V., Hocol, Nexem, etc..
  • En el sector del carbón reportan informes 66 empresas, con utilidades por 1.7 billones, pero dos de ellas (Cerrejón y la Drumond) concentraron el  99.71% del total  y una sola, Cerrejón, concentró el 77.45%.
  • En telefonía y redes reportan 234, de las cuales 148 empresas obtuvieron utilidades por  $1.28 billones, pero una sola, COMCEL, concentró el 85.08% del total de las utilidades.
  • En el sector de “actividades diversas de inversión” se generaron 6.08 billones en utilidades. En este sector se reportan 990 empresas, pero 13 de ellas (el 1.3%) concentraron el 66.17% del total de las ganancias. Aquí ubican parte fundamental de sus actividades dos de los principales grupos económicos del país, el grupo Aval y Suramericana, al lado de multinacionales como Colpatria, Unión FENOSA, Amov Colombia, Axin, etc.
  • En el sector del comercio al por mayor se generaron 2.08 billones de utilidades. En este sector reportan 3.504 empresas, pero 56 de ellas, el 1.6% concentran la mitad de las ganancias. Según la clasificación que hace la Supersociedades, en este sector figuran grandes transnacionales como la CHEVRON PETROLEUM COMPANY, la   EXXONMOBIL, la   SANOFI - AVENTIS PHARMA S A, la  GLAXOSMITHKLINE ,  A ABBOTT, PFIZER, entre otras.
  • En el sector de los alimentos reportaron 649 empresas, las que generaron 1.33 billones de pesos en utilidades, pero 48 empresas, el 7.4 del total, generaron el 80.45% del total de las utilidades.                                      
 


Los resultados del sector financiero


Respecto del sector financiero, en el 2008 este sector arrojó utilidades netas por 10.8 billones de pesos, el 45% generados por el sector bancario y el 41.76% por los fondos de pensiones y de cesantías.

Este sector emplea a 225 mil trabajadores y en él tienen presencia 218 entidades, distribuidas en el subsector de establecimientos de crédito, 67, (incluye a cooperativas y banca de segundo piso), Aseguradores  e intermediarios de seguros (65 entidades), Fondos de pensiones y cesantías (13 entidades), compañías intermediarias de valores y otros agentes (19 entidades), sociedades administradoras de inversión (46 entidades).

Una característica que tiene este sector es que está concentrado en unos pocos grupos económicos, a la cabeza de los cuales se hayan dos de origen colombiano (grupo empresarial antioqueño, propietario de Bancolombia  y Suramericana) y el grupo del señor Sarmiento Angulo (propietario del Grupo Aval), acompañados de algunas entidades financieras transnacionales, las principales de ellas las del Banco Santander, Citibank, HSBC, Sudameris, BBVA…

Los bancos concentran la mayor parte del activo, con el 45.53% del total, seguidos por un grupo de entidades agrupadas bajo la denominación “Otros activos fideicomitidos”, con el 13.98% del total, y en tercer lugar, los fondos de pensiones obligatorias, con el 12.29% del total del activo.  

Los bancos también concentran la mayor proporción de las utilidades, con el 45.03% del total, seguidos por los fondos de pensiones obligatorias, con el 23.82% del total.
 
Sin embargo, tanto los activos del sector como las utilidades que allí se generan, se encuentran concentrados en unas pocas entidades. Así por ejemplo, en materia de activos, 12 bancos (Bogotá, Popular, Santander, Bancolombia, Citibank, HSBC, Sudameris, BBVA, Crédito, Occidente, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Banco Agrario y AV Villas) concentraron el 79.04% del total del activos del sector bancario, y el 36.31% del activo total del sector.

Y en relación con las utilidades, 13 bancos concentraron el 92.25% del total de las utilidades del sector bancario y el 41.54% de las utilidades totales generadas en el sector financiero.


Crecen también los beneficios del gobierno para las grandes empresas.


 Los 40. 6 billones que se ganaron en el 2008 las grandes empresas del país, equivalen a 82 millones de salarios mínimos del 2009. La mayor parte de estas utilidades no se quedaron en el país, pues ellas fueron obtenidas por empresas transnacionales, que en su mayoría las sacaron aprovechando los beneficios tributarios que el gobierno de Uribe les ha otorgado, entre ellos la eliminación del 7% que tenían que pagar los Carlos Slim (el dueño de COMCEL) y semejantes para depositarlas en sus cuentas en algún paraíso fiscal.

Para dimensionar lo que significa una gabela como estas (dejarles de cobrar el 7% por sacar las utilidades del país), con lo que dejaron de pagarle al país en el 2008 161 empresas (1.1 billones) se hubieran podido construir  16.670 viviendas de interés social (cada una de 67 millones), o se hubieran podido otorgar más de 104 mil subsidios de un  poco  más de 10 millones cada uno para adquisición de este tipo de vivienda. Pero para el gobierno era mejor que estos recursos se fueran a los bolsillos de estos millonarios, pues con ello se apuntalaba la política que promueve la “confianza inversionista”.

Este no fue el único beneficio que recibieron estas empresas en materia tributaria. El gobierno de Uribe se jugó una estrategia para atraer la inversión, que consistió en concederles toda clase de beneficios tributarios al capital, en un contexto en el que las transnacionales estaban buscando afanosamente dónde invertir sus excedentes, en un contexto de crecimiento de los precios de materias primas como carbón y petróleo. Así lo indicaron el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo y el analista económico Mauricio Cabrera, quienes coinciden en que tales beneficios no fueron más que un regalo, pues de todas maneras se iban a hacer las inversiones, “muchas de las cuales ya estaban planeadas y las habrían realizado de todas maneras, con o sin contratos de estabilidad” (Revista Semana, 17/05/09)

Además de la eliminación del 7% sobre las remesas, el gobierno les otorgó también la posibilidad de establecerse en zonas francas especiales, de las que hoy existen más de 40, en donde en vez de pagar una tarifa del 33% en impuesto de renta, pagan sólo el 15% o menos, pues también pueden deducir el 40% del valor de las inversiones en activos físicos productivos, además de que pueden trasladarle a los accionistas el beneficio del descuento del 40 por ciento en los dividendos por distribuir. Agreguen a esto las exenciones a las nuevas inversiones en hotelería, que van por 30 años, o las relacionadas con los cultivos de tardío rendimiento, o las compensaciones que reciben algunos sectores exportadores por la revaluación del peso, y muchísimas otras disposiciones contenidas en leyes, decretos, actos administrativos e interpretaciones. Con un beneficio adicional, y es que a todos los colombianos nos pueden cambiar en cualquier momento las reglas del juego tributario, menos a las empresas que firmen con el gobierno los famosos “pactos de estabilización tributaria”, que les preservan estos beneficios por 20 años.

La situación se hace más grave todavía por cuanto la pequeña y la mediana empresa, que son las empresas que más empleo generan, están prácticamente excluidas de estos beneficios, como lo señala el director de Fedesarrollo respecto de las zonas francas: “no todas las empresas pueden acceder a convertir sus proyectos en zonas francas y esto genera desventajas con compañías que siguen haciendo esfuerzos por mantenerse en el mercado” (Revista Semana, 17/05/09)

Como lo señala el diario Portafolio a propósito de la discusión sobre la situación de las finanzas públicas y la decisión del Gobierno de hundir el proyecto de Ley de Víctimas, (porque supuestamente tenía un costo fiscal cercano a los $75 billones), “el costo de las exenciones que se han otorgado a las empresas y, en general, a quienes más tienen, para el año gravable 2008 ascendió a 7,39 billones de pesos, un 18,9 por ciento más que en el año gravable 2007, cuando el costo ascendió a 6,22 billones”  (Portafolio.com, 23/06/09)

Ya sabemos para quién es el “corazón generoso” de Uribe: para los banqueros y las grandes empresas todos los beneficios; en cambio, hunde la ley de victimas porque para ellas no alcanza el presupuesto, y castiga a los trabajadores imponiéndoles un “incremento” del salario mínimo por debajo del IPC de la población de ingresos bajos.

Para que los lectores se hagan una idea de cuánto puede representar el regalo que el gobierno le ha otorgado a las grandes empresas en materia tributaria, que en el 2008 ascendió a $7.39 billones, con esta suma se hubiera podido pagar un subsidio de desempleo equivalente a un salario mínimo durante 6 meses a todos los desempleados que había en el país en el mes de abril des de este año, que según el DANE ascendía a 2.545.000 personas.

Héctor Vásquez F.
Escuela Nacional Sindical.
Junio de 2009.
Publicado enColombia
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