“Aunque se revive el dolor, le están devolviendo la dignidad a mi hermano”

Una víctima participa por primera vez en una declaración por un caso de ejecuciones extrajudiciales ante el tribunal de paz de Colombia

 

"Aunque se revive el dolor, y uno vuelve y recuerda, hay paz porque le están devolviendo la dignidad a mi hermano. Ellos antes lo habían enlodado y ahora le devuelven su buen nombre". El hermano era un civil que, en medio del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, fue asesinado por un miembro del Ejército y después presentado como guerrillero, según la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y esas palabras son el testimonio de una mujer, la primera familiar de una víctima de ejecución extrajudicial que participa en la declaración de un compareciente ante ese sistema de justicia, encargado de juzgar los crímenes más grave de la guerra.

El relato, ofrecido el pasado miércoles, encierra uno de los objetivos del tribunal. "Estar ahí me ayudó a sanar un poco porque, aunque él dijo no haber conocido todo, y quedan algunas inquietudes", manifestó en referencia a la versión del hombre señalado por el crimen, "poco a poco va saliendo la verdad, la que he buscado toda la vida". "Me alegra que la historia se esté contando de otra manera porque hubo muchas cosas que ellos habían tergiversado", continuó esta víctima de los llamados falsos positivos, cuya identidad está protegida por la JEP.

Ese procedimiento ilegal, que de facto consistía en el asesinato sistemático de campesinos y civiles contabilizados en los partes de las fuerzas armadas como combatientes de las FARC, manchó durante casi dos décadas el trabajo del Ejército. Según un informe publicado por la Fiscalía publicado en mayo, se registraron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014. Sin embargo, más del 95% de los casos probados se remontan a una época concreta, de 2002 a 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz, nacida de los acuerdos con la antigua guerrilla, ha dado prioridad en su primer año de funcionamiento a siete grandes casos. Entre esos juicios figuran la investigación de los secuestros perpetrados por la organización insurgente; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización de los dirigentes y militantes del partido Unión Patriótica; y el caso 003, conocido como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".

Fue en el marco de ese proceso -en el que alrededor de 100 comparecientes de la fuerza pública ya han ofrecido su versión- que las víctimas comenzaron a participar en las audiencias del tribunal, cuya misión es, en palabras de su presidenta, Patricia Linares, aplicar justicia restaurativa. "Esto es un inicio y, si Dios quiere, seguiremos hasta lograr la verdad completa, para nosotros y para todas las demás víctimas que buscan tanto encontrar esa verdad", manifestó la hermana del asesinado. "Yo me voy con un poco de paz interior [...] Al menos hay un reconocimiento, entonces este proceso es una gran oportunidad”.

La JEP explica que la mujer presenció la declaración desde otra sala. Tras escuchar una primera versión sobre el asesinato de su hermano, transmitió sus preguntas a través de su abogado. Según esta jurisdicción, se trata de "un acto de valentía y coraje". "Ellas recorren nuevamente su historia de victimización y los recuerdos del dolor para destinarlos a la contrastación de la verdad que es narrada por los comparecientes", señala el tribunal. "Las versiones con presencia de las víctimas obligan a los comparecientes a adquirir altura moral para responder a sus necesidades y así clarificar los pendientes que ha dejado el conflicto armado".

En concreto, en esta vista el compareciente se enfrentó a la pregunta sobre cómo pensaba resarcir el daño causado, lo que, según la JEP, "abrió la posibilidad de explorar posibilidades conjuntamente". A partir de las próximas semanas, el sistema de justicia recibirá decenas nuevas versiones presenciales y escritas.

Francesco Manetto

Bogotá 5 JUL 2019 - 21:24 COT

Publicado enColombia
Sábado, 02 Junio 2018 07:09

Abrir los archivos oficiales del Estado

Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

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Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enEdición Nº246
Lunes, 07 Mayo 2018 06:03

Increíble

Increíble

Si algo define a este régimen estadunidense es el volumen sin precedente de mentiras y engaños. Pero lo más asombroso es que ha logrado que eso no tenga ninguna consecuencia... por ahora.

La semana pasada, otras dos mentiras (hubo más, pero estas fueron las más comentadas) se sumaron a la larga lista, algo poco novedoso, más allá de que como ya se han acumulado tantas el propio presidente y sus servidores se hicieron bolas entre sí. En su primer acto público para defender a su viejo cuate, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y recién contratado abogado del presidente, declaró públicamente que Trump –quien lo había negado tajante– sí sabía del pago de 130 mil dólares hecho por su abogado privado Michael Cohen a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio sobre una aventura sexual poco antes de la elección de 2016. Más aún, reveló que Trump había rembolsado el dinero a su abogado, pero aseguró que los fondos no provenían de la campaña (lo cual sería un delito).


Preguntado sobre lo dicho por su abogado, Trump afirmó: no estamos cambiando ninguna historia sobre esto, y reiteró que no sabía del pago, y que Giuliani apenas había empezado a trabajar el día anterior, y que necesitaba poner en orden sus hechos. Giuliani después intentó corregir afirmando que Cohen había hecho lo necesario por proteger a la familia del mandatario ante las falsas acusaciones de Daniels, y que el presidente no estaba enterado de los detalles. Acto seguido, Giuliani calificó sus propias declaraciones anteriores de rumores, y explicó que apenas había empezado a trabajar en estos asuntos, hace un par de semanas (y no el día anterior, como afirmaba su jefe). Dijo no saber si Cohen pagó a otras mujeres por lo mismo. A la vez, el New York Times reportó que Trump sabía del pago a la actriz porno meses antes de que lo negó en entrevistas con reporteros. Ahora se requiere de una guía para saber quién dijo qué y cuándo.


Mientras tanto, la semana pasada el ex doctor personal de Trump sorprendió a todos cuando reveló que su declaración de que el entonces candidato gozaba de perfecta salud había sido dictado por su paciente. O sea, ni eso tiene credibilidad.


Para los comediantes este gobierno sigue siendo un regalo de los dioses, ya que, como comentó uno de ellos, “el material casi se escribe solo”.
Hay tantas mentiras, engaños y distorsiones que el Washington Post mantiene un proyecto permanente que registra en una lista cada afirmación falsa o engañosa del gobierno de Trump. Hasta la más reciente actualización, el primero de mayo, el conteo ya llegó a un total de 3001 en los 466 días desde que Trump llegó a la Casa Blanca, un promedio de 6.5 afirmaciones falsas o engañosas por día. Vale señalar que desde que ingresó a la Casa Blanca, una mayoría de estadunidenses siempre lo han calificado de deshonesto y poco decente, según las encuestas.


La pregunta ya no es si Trump miente y engaña –algunos sugieren que él mismo no puede distinguir entre la realidad y la ficción, o sencillamente no le importa–, sino por qué todos los demás tanto dentro como fuera del país lo toleran.


Algunos señalan que políticos dentro del país, incluso su propio gabinete, sólo buscan cómo utilizarlo para sus propios intereses, para después huir, antes de que se hunda el barco. Para los líderes extranjeros, como comentó a La Jornada un observador veterano de la política exterior, el manejo con el líder del país más poderoso ya no se trata de diplomacia, sino mas bien de sicología.


El hecho es que este pueblo eligió, o permitió la elección de alguien que siempre ha engañado y mentido; eso quedó más que documentado en su carrera como empresario, en la cual ha mentido acerca del tamaño de su fortuna, la altura de la Torre Trump y durante toda su campaña. De cierta manera votaron por él porque denunció que todos los políticos son mentirosos y que este país ha sido engañado por todos sus antecesores; en eso podría decirse que fue honesto. Votaron por él no por su honestidad, sino para sacudir al sistema político, señalan algunos expertos políticos y encuestadores.


Múltiples investigaciones y procesos judiciales están tratando de comprobar sus mentiras y sus intentos de encubrir sus falsedades. Entre éstas están la encabezada por el fiscal especial Robert Mueller (incluye la colusión con los rusos y obstrucción de la justicia), una investigación criminal contra Cohen y demandas civiles que incluyen la de Stormy Daniels (cuyo nombre real es Stephanie Clifford) y otra por Summer Zervos, quien alega que sufrió hostigamiento sexual por parte de Trump durante su participación en el programa El aprendiz.


Por tanto, la otra pregunta es que si llega el momento en que la verdad lo alcance, ¿habrá consecuencias o no?


Uno puede engañar a toda la gente parte del tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo, es el famoso dicho que siempre se le atribuye a Abraham Lincoln (aunque algunos historiadores dicen que eso no está comprobado, uno ya no puede creer en nada). Pero en esta coyuntura, ¿eso todavía vale? Dicen una y otra vez que, con Trump, Estados Unidos está viviendo una realidad post-verdad.


Algunos consideran que el caso de Cohen, detonado en parte por Stormy Daniels, podría ser más peligroso para Trump que los otros en el futuro cercano, porque de ahí podrían surgir no sólo otros episodios parecidos, sino todo tipo de negocios poco conocidos y potencialmente sospechosos (es un gran comerciante de engaños).
Daniels dice que actúa sólo en nombre de la verdad, y es muy posible que ella goce de mayor credibilidad que el presidente de Estados Unidos; en los hechos, ella nunca ha mentido sobre quién es y qué hace.


Todo lo cual podría llevar, tal vez, al final más apropiado para este capítulo de la historia de este país, donde la nota principal de todos los medios sería: “una estrella de cine porno rescató a la república estadunidense”.

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Lunes, 03 Julio 2017 07:12

Mentiras como política

Mentiras como política

No es accidental la mentira y la descalificación de los medios, es la política del régimen de Trump; tiene un propósito claro: anular la diferencia entre la falsedad y la verdad. Para eso, entre otras cosas, se requiere una guerra frontal contra los medios noticiosos y sustituirlos con propaganda.

Es un momento vital y peligroso para el periodismo.Justo ante esta ofensiva, los medios están en tal vez su momento mas frágil, sobre todo los periódicos. En los últimos 15 años en Estados Unidos, el personal de los periódicos se ha reducido en más de la mitad, de 412 mil a 174 mil. Varios periódicos han desaparecido, otros han sido obligados a recurrir, múltiples veces, a despidos masivos. Las redacciones están semivacías, llenas de fantasmas de fotógrafos, reporteros, editores, técnicos que hace muy poco estaban dedicados a informar sobre qué pasaba, a nutrir eso que dicen que es vital para una democracia: una ciudadania informada y consciente.

Esta crisis no se limita a Estados Unidos, como tampoco la ofensiva política contra los medios. Varios medios importantes han desaparecido o están por desaparecer, a veces por la crisis del sector, a veces por razones políticas. Esta semana Al Jazeera está enfrentando su posible fin por la presión de gobiernos árabes ultraconservadores hacia Qatar, país en que se encuentra la emisora. En otros países la violencia contra los periodistas y sus medios se intensifica y ha llevado a consecuencias mortales como con enorme dolor e ira. Lo sabemos demasiado bien en casa. La conversación obsesiva en el mundo periodístico es como defender los medios justo en momento que su labor es más vital que nunca.

Vital ahora porque separar la falsedad de la verdad, el trabajo elemental del periodismo, es cada vez más difícil. En Estados Unidos, la estrategia oficial es borrar esa separación. Nadie semiconsciente se sorprende de que los políticos mienten. El legendario periodista I.F. Stone decía que lo primero que tiene que saber cualquier estudiante de periodismo son tres palabras: "todo gobierno miente". Pero aquí y ahora hay algo de otra magnitud, esto se trata de una estrategia aún más peligrosa.

Se ha comentado mucho sobre el volumen de mentiras de este presidente y su gente, y de su agresión, incluso provocando enfrentamientos violentos, contra los periodistas. El New York Times publicó un artículo por dos de sus reporteros, intentando registrar cada mentira de Trump desde que llegó a la Casa Blanca, la frase y la fecha, lo cual ocupó una plana entera del rotativo (https://www.nytimes.com/interactive/ 2017/06/23/opinion/ trumps-lies.html?_r=0), afirmando que Trump mintió o dijo falsedades al público cada día durante sus primeros 40 días como presidente. “Simplemente no hay precedente para un presidente estadunidense dedicar tanto tiempo en decir no verdades.... Está intentando crear un ambiente en que la realidad es irrelevante”, escribieron los autores.

A veces las falsedades llegan a extremos cómicos: una portada de la revista Time fechada el primero de marzo de 2009 con la imagen de Trump esta encuadrada y colocada en por lo menos cinco de los clubes del magnate, reportó recientemente el Was¬hi n gton Post. El problema: no hay edición de la revista con esa fecha, ni Trump ocupó ninguna de las portadas de esa revista ese año.

No es sólo el volumen, sino su repetición una y otra vez, junto con lo que se ha vuelto consigna permanente de esta presidencia contra casi todo medio que no se subordine a la linea oficial: fake news (noticias falsas). Después de lanzar insultos contra dos presentadores de MSNBC esta semana, el presidente difundió este domingo por su cuenta oficial de Twitter un video elaborado aparentemente por un simpatizante usando imágenes de una actuación de Trump donde simula golpear al jefe de la federación profesional de lucha libre, grabado en 2007. Pero en el video, se colocó el logo de la cadena noticiosa CNN sobre el rostro de la persona que Trump finge golpear (https://twitter.com/realDonaldTrump/ status/881503147168071680).

Como respuesta, CNN afir¬mó: "Es un día triste cuando el presidente de Es-tados Unidos alienta la violencia contra los reporteros". Condenó su "comportamiento juvenil muy por debajo de la dignidad de su puesto" y afirmó que "nosotros continuaremos haciendo nuestra labor. Él debería empezar hacer la suya".

El Comité de Protección de los Periodistas declaró que este tipo de mensaje en contra de periodistas o medios "fomenta un ambiente en que el hostigamiento y hasta ataques físicos sean considerados aceptables"; y que esta retórica, por parte de la Casa Blanca, "no sólo socava el trabajo de los medios en Estados Unidos, y lo hace más peligroso, sino que enaltece a líderes autocráticos alrededor del mundo".

Pero desde hace mucho, Trump declaró a los medios como "enemigos del pueblo".

Un amigo filósofo y abogado circuló un ensayo sobre Hannah Arendt, citando su estudio de regímenes totalitarios, en que señalaba que "las masas habían alcanzado un punto donde podían, al mismo tiempo, creer todo y nada; creer que todo era posible y que nada era verdad". Los líderes de tales regímenes sabían que la repetición de falsedades era clave, incluyendo obligar a los subordinados de un gobernante de hacerlo, no sólo para consolidar su complicidad, sino para establecer el pleno poder sobre ellos. "El resultado de la sustitución consistente y total de mentiras por verdades objetivas no es que la mentira ahora será aceptada como verdad y la verdad difamada como mentira, sino que el sentido con que tomamos nuestras referencias en el mundo real, y la categoría de verdad contra falsedad está entre los recursos mentales para este fin, se está destruyendo", escribió Arendt.

Es un momento en que los periodistas conscientes no pueden caer en trampas, ni fomentar divisiones, y mucho menos traficar en "hechos alternos" o "mentiras". Sobre todo donde se tiene que entender qué está en riesgo, y quién es el enemigo real de este gremio. Es momento de definición y, como dice una vieja y gran canción sindical minera: "Aquí no hay neutrales. ¿de que lado estás?"

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Lunes, 01 Mayo 2017 07:18

La lógica pentavalente

La lógica pentavalente

La lógica pentavalente corresponde a un momento de la humanidad que empieza a abandonar los reduccionismos y los determinismos, y ganar, por tanto, numerosos grados de libertad, y entonces de complejidad.



La lógica polivalente constituye uno de los casos más importantes de las lógicas no–clásicas (LNC), que permiten comprender y explicar mejor la complejidad del mundo y la realidad. Algunos de los nombres más importantes en el surgimiento de la lógica polivalente son autores desconocidos para la gran mayoría de la población, incluidos académicos e intelectuales. Se trata de nombres como Bochvar, Lukasiewicz, o Vasiliev, que son conocidos para quienes han profundizado en la historia de la lógica en general.


Ahora bien, la lógica polivalente no se desarrolla o se construye de forma acumulativa, como si sobre la base de la lógica trivalente aritmética o composicionalmente se construyera la lógica de cuatro valores, y acaso sobre ésta, de la misma manera la lógica sobre cinco valores. Cada capítulo en la lógica polivalente posee una dimensión propia y no puede ser explicada de forma simplemente analítica.


Los valores de la lógica pentavalente son:


• Verdad
• Falsedad
• Suspendido
• Indefinido
• Sobredefinido


Manifiestamente, se trata del trabajo con un sistema de pensamiento no–lineal, en el que hay que trabajar, simultáneamente, con los cinco valores, sin que quepa, en manera alguna, priorizar, elegir o maximizar algunos de los valores disponibles. En este caso, cinco.


“Verdad”, tanto como “falsedad”, son valores que no plantean dificultad alguna y que se corresponden con la lógica bivalente de origen aristotélico; y más radicalmente, digamos, occidental. (Nunca huelga recordar que Aristóteles corresponde al período helenístico de la Grecia antigua, cuando ya se anunciaba la decadencia y el ocaso del mundo griego y el ascenso de Roma).


Los otros tres valores exigen una consideración más cuidadosa.


El tercero de los valores de la lógica pentavalente puede asimilarse a la indeterminación, o a la suspensión del juicio. Hay cosas que ni son verdaderas ni tampoco falsas y que tampoco cabe sostener que sean ambas cosas, o al revés, o no. La epojé (suspensión del juicio) —planteada originariamente por el escepticismo y más tarde recuperada por la filosofía fenomenológica de E. Husserl— es el reconocimiento de que hay situaciones en las que no cabe manifestarse con respecto a la verdad o falsedad de una circunstancia o de un enunciado o conjunto de enunciados; pero tampoco cabe plantearse ante esa situación en términos de la lógica tetravalente. Lo mejor que cabe es suspender el juicio; abstenerse de juzgar; y ese es ya un valor constitutivo de la lógica pentavalente.


El cuarto valor no se asimila en modo alguno al tercero y afirma que hay indeterminación, si se quiere, opacidad; si cabe, ambigüedad o ambivalencia con respecto a una situación o un modelo teórico, por ejemplo. Esta indefinición no puede ser asimilada a uno de los valores de la lógica trivalente: la incertidumbre. La razón es que aquí no hay incertidumbre, sino la incapacidad de expresarse manifiestamente por una determinación cualquiera del mundo o la naturaleza. En verdad, las indefiniciones forman parte de la vida y el conocimiento, y son incorporadas en la lógica pentavalente.


Como se aprecia sin dificultad, en lógica, como en buena ciencia, análogamente a como acontece en la buena literatura y en la poesía, por ejemplo, los sinónimos no existen y corresponden más bien a pereza o facilidad del pensamiento. Cada palabra designa una realidad propia, y así, la complejidad resulta inescapable.


Por su parte, el quinto valor de la lógica pentavalente corresponde a todo aquello que está sobredeterminado, o mucho mejor, sobredefinido. Un enunciado o una situación sobredefinida son aquellos a los que les cabe numerosas acepciones, usos, interpretaciones o comprensiones sin que quepa precisar cuál de ellos es el más adecuado. De esta suerte, la sobredefinición o sobredeterminación es el valor que no termina de inclinarse más de un lado que de otro, en un plano que otro, en un contexto que en otro, por ejemplo. Y, en consecuencia, debe ser asumido exactamente al mismo nivel que los otro cuatro valores definitorios de la lógica pentavalente.


Ante una tradición, ante unos valores y principios, ante una cultura y estructura de pensamiento que son eminentemente reduccionistas, la lógica pentavalente introduce, manifiestamente, grados de libertad y, por tanto, de indeterminación. En verdad, en toda la tradición de Occidente siempre hubo el llamado o la constricción a reducir el mundo, la vida y la naturaleza a un valor determinado. Expresado en términos originariamente teológicos, se extendió a la política, por ejemplo, y entonces se habló del “mal menor”, como si un mal menor fuera una alternativa plausible o razonable. Como si hubiera que decidirse, ulteriormente, entre dos valores, o incluso uno solo, así fuera con matices.


Esa historia corresponde, sin forzar las cosas, a una historia de violencia y exclusión. Por ejemplo, a la idea de que había “guerras justas”, y entonces se llamaron y se llaman “guerras santas”, por ejemplo.


La lógica pentavalente corresponde a un momento de la humanidad que empieza a abandonar los reduccionismos y los determinismos, y ganar, por tanto, numerosos grados de libertad, y entonces de complejidad. La dificultad es que a nivel del sector privado y del público, conocimientos como la lógica pentavalente permanecen muy al margen de la información, la educación e incluso la ciencia. Existen intereses creados para que ello siga siendo así.


Consiguientemente, la información, educación y la investigación con nuevas herramientas, como la lógica pentavalente, constituye, a todas luces, una revolución científica. Gracias a la cual la complejidad de la vida salta a los ojos, a plena luz del día. Y entonces podemos y debemos empezar a pensar. Pensar: un verbo que no admite imperativo.

 

Publicado: 30 Abril 2017

Científicos de todo el mundo reivindican la importancia de los hechos frente a la posverdad

Cientos de ciudades, entre ellas varias españolas, se unen a la gran Marcha por la Ciencia que se celebrará en Washington el próximo sábado


"Estamos sustituyendo el conocimiento por interpretaciones alternativas de la realidad y se está generando una especie de exaltación de la ignorancia", explica la investigadora Mara Dierssen



"Nos unimos por una ciencia que defienda el bien común y para que los líderes y los responsables políticos promulguen políticas basadas en la evidencia y en el interés público". Con estas palabras se anunciaba hace unas semanas la Marcha por la Ciencia, un evento que tendrá lugar el próximo sábado en la ciudad estadounidense de Washington y que ha surgido como una reacción ante los exabruptos anticientíficos del nuevo Gobierno de Donald Trump.


A través de esta marcha, los organizadores quieren reivindicar la importancia de una ciencia independiente como motor de la democracia y llaman a los científicos a movilizarse. "Frente a la alarmante tendencia hacia el descrédito del consenso científico, debemos preguntarnos: ¿podemos permitirnos mantenernos al margen del debate?", se dice en un comunicado.


Pero a pesar de ser un movimiento marcado por la irrupción de Trump, la sensación de los científicos de muchos países de que es necesario reivindicar la importancia de la ciencia a nivel global ha hecho que se hayan convocado movilizaciones similares en más de 500 ciudades de todo el mundo.


En España, las ciudades de Madrid y Sevilla organizarán sendas manifestaciones el próximo día 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra. Otras ciudades como Granada, Barcelona y Girona también realizarán varias actividades ese mismo día, como debates y talleres y una concentración en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.


Hablamos con investigadores españoles que trabajan en distintas ciudades para entender mejor por qué consideran necesaria la movilización y qué les ha impulsado a salir a la calle.


Javier Jiménez, portavoz de la Marcha por la Ciencia de Madrid


"La idea inicial era hacer una marcha satélite, en muestra de apoyo a la que se hacía en EEUU, pero en seguida quedó patente que las tendencias que han aflorado allí, también se pueden ver aquí, a lo que se le añaden los problemas específicos de la ciencia española", explica Jiménez.


Según este periodista especializado en ciencia, la marcha es un evento en el que "celebrar la pasión por la ciencia", pero en el que también se va a "reivindicar su papel y el del conocimiento humanístico en las decisiones democráticas". Jiménez aclara que no abogan por la "tecnocracia", pero insiste en que "las decisiones democráticas deben basarse en el mejor conocimiento que dispongamos".


Sobre las posibilidades de éxito de la marcha, Jiménez asegura que "cada día que pasa estamos recibiendo más apoyos y poco a poco nos vamos animando", pero asegura que "no hay que ver la marcha como un objetivo en sí mismo, sino como el comienzo de una serie de movilizaciones y reflexiones que debemos hacer sobre el papel de la ciencia en nuestra sociedad".


Mara Dierssen, investigadora del Centro de Regulación Genómica (Barcelona)


Para Mara Dierssen, jefa del grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas del CRG, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el de valorar adecuadamente las pruebas y los hechos, dado que "a menudo se ignora la evidencia científica e incluso en ocasiones se inventan los hechos". Según esta investigadora, "estamos sustituyendo el conocimiento por interpretaciones alternativas de la realidad y se está generando una especie de exaltación de la ignorancia".


Dierssen, que participa en uno de los eventos que se organizará este sábado en Barcelona, insiste en que "es necesario que la ciencia se integre en la toma de decisiones políticas y que esas decisiones estén basadas en hechos" e incide en que "es importante trabajar por una ciencia independiente y que sea de todos y para todos".


Por último, esta investigadora también recalca la importancia de la educación científica de la sociedad. "Debemos entender que el conocimiento es libertad y una sociedad ignorante, ya sea en términos científicos o en cualquier otro aspecto, es una sociedad más manejable".


Carlos Sierra, investigador de la Universidad de Columbia (EEUU)


"Me resultaría muy difícil entender que cualquier científico o asociación de científicos no secunde los objetivos que se persiguen con esta marcha", explica Carlos Sierra. Según este investigador, las instituciones deben continuar dando su apoyo para "luchar contra los efectos del cambio climático, encontrar nuevas terapias contra las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer, reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, buscar nuevas formas de energía...".


Sierra hace especial hincapié en los problemas que atraviesa la comunidad científica ahora en EEUU y destaca "las trabas para los investigadores extranjeros a la hora de conseguir visados", "el nombramiento del negacionista del calentamiento global Scott Pruitt como responsable de la agencia medioambiental de EEUU, o la propuesta de obligar a la Agencia de Medicamentos (FDA) a hacer menos estrictos los controles clínicos para sacar fármacos al mercado".


Sierra, que participará en la marcha de Washington, considera que este tipo de eventos "son necesarios y útiles" y asegura que aunque no se consiga el gobierno de Trump de marcha atrás a sus "políticas lesivas", siempre "habrá más posibilidades de que esto suceda que si nos quedamos todos en casa y protestando en privado".


Eva Hevia, profesora de la Universidad de Strathclyde (Escocia)


"Este tipo de marcha sirve para que los científicos nos unamos y salgamos a la calle para reivindicar no solo la importancia de la ciencia en la sociedad y vida diaria de todas las personas, sino también que en Ciencia no existen barreras en cuanto a edad, género o nacionalidad", explica Hevia, que acudirá a la marcha que se celebrará en Edimburgo.


Esta investigadora señala varios factores que ella cree que han servido de motivación a los científicos, tanto en Escocia y España, como a nivel global, debido especialmente al "actual momento en que vivimos, con el Brexit a la vuelta de la esquina, Trump negando la evidencia científica del cambio climático o la alarmante y la continua falta de inversión del gobierno español en I+D".

Martes, 11 Abril 2017 15:38

La lógica trivalente

La lógica trivalente

La incertidumbre entra en el ámbito de la ciencia gracias a las ciencias de la complejidad. Y en el ámbito de la lógica, gracias a la lógica trivalente, el nivel más básico de las lógicas polivalentes.

 

Es conocido que una de las lógicas no clásicas, son las lógicas polivalentes. Es decir, en contraste con la lógica formal clásica, sistemas lógicos de muchos valores. Mientras que la lógica formal clásica —que predominó sin más durante veinticinco siglos— es una lógica bivalente —pues solo sabe de dos valores: verdad y falsedad, 1 o 0—, han emergido lógicas que, sin adjetivar, no son maniqueas (“o lo uno o lo otro”), binarias o dualistas. Un caso conspicuo es la lógica trivalente.

¿Cuántos valores existen en la lógica trivalente? Tres, estos son: verdad, falsedad e incertidumbre.

En efecto, en ciencia como en la vida, en muchas ocasiones hay problemas que no se pueden dirimir enteramente en términos de verdad o falsedad. En muchas ocasiones, sencillamente, no tenemos la información suficiente o el tiempo necesario para una toma de decisión, o sucede también un bloqueo —temporal acaso— para definir si una cosa o la otra. Pues bien, la lógica trivalente reconoce estas situaciones y afirma que, consiguientemente, existe también la incertidumbre. En la notación (técnica) se tiene entonces: 1, ½ y 0. Pues bien, ½ designa la incertidumbre; esto es, aquellos valores que no son verdaderos, pero tampoco falsos.

De esta suerte, mientras que toda la historia de la civilización occidental constreñía a que todas las situaciones, afirmaciones y experiencias del mundo pudieran ser definidas como “una cosa o la otra” —siendo imposible, por definición, cualquier otra alternativa—, el siglo XX hace el aprendizaje de la incertidumbre.

Originariamente, sucede a través de la física cuántica gracias a W. Heisenberg. Si conocemos el lugar de una particular, no sabemos entonces a dónde se dirige, y al revés; si sabemos a dónde se dirige, no sabemos entonces dónde está. La historia de la ciencia cuenta que Heisenberg hizo este descubrimiento a raíz de los debates de Copenhaguen, mientras caminaba, en una noche, por un camino semiluminado. A la luz del farol (o del poste con luz, diríamos hoy), el cuerpo de una persona aparecía y desaparecía, y así llega Heisenberg a su intuición fundamental.

Cultural y epistemológicamente, cabe decir que las verdades y certezas que alguna vez se tuvieron y se conquistaron, no se pierden ni se erosionan para nada. No hemos perdido las verdades. Por el contrario, adicionalmente, hemos ganado la incertidumbre. De esta suerte, la incertidumbre no tiene, en absoluto, un valor negativo —acaso cognitivamente—, sino, por el contrario, un valor positivo. Debemos poder contar con la incertidumbre, no descartarla.

La dificultad estriba en que, para la base de la sociedad, “incertidumbre” aparece como un obstáculo o una dificultad que, consiguientemente, hay que eliminar. La incertidumbre ocupa, así, el mismo rango que el azar o la aleatoriedad; hay que reducirlas e idealmente eliminarlas. El mundo debe poder consistir de verdades y necesidades. Esta es la forma normal de pensamiento y de vida. Las cosas no pueden librarse al azar; tiene que haber necesidades, esto es, razones de por qué ocurren las cosas, puesto que “todo sucede por alguna razón”; así no la sepamos.

Pues bien, la ganancia de la incertidumbre exige el reconocimiento explícito de que ésta no tiene, en absoluto, ningún valor emocional, psicológico o cognitivo. Más exactamente, la incertidumbre, en este contexto, no es un fenómeno que dependa del sujeto y de sus habilidades y fortalezas. Por el contrario, la incertidumbre forma parte de la realidad misma, del mundo tal y como acontece.

La incertidumbre entra en el ámbito de la ciencia gracias a las ciencias de la complejidad. Y en el ámbito de la lógica, gracias a la lógica trivalente, el nivel más básico de las lógicas polivalentes.

La incertidumbre, por tanto, tiene exactamente el mismo peso que verdad o que falsedad, y las tres se encuentran exactamente en el mismo nivel; ni más arriba ni más abajo. Podemos contar la incertidumbre y, en lugar de descartarla, tratar de interpretar muy bien su significado. Pues bien, el más radical de sus significados es que hay fenómenos, sistemas y comportamientos que no pueden ser reducidos a verdad o falsedad. El mundo se llena así de un matiz adicional, de una luz nueva y diferente de cara a toda la historia del pasado.

No es, por tanto, necesario ni inevitable que todas las cosas sean verdaderas o falsas sin más y que deban ser irremisiblemente una cosa o la otra. El mundo y la realidad conocen de la incertidumbre, definitiva o parcial. Pues bien, la primera forma de lógica que hace este reconocimiento y que sostiene que “verdad” puede ser, ulteriormente, reduccionista, es la lógica trivalente.

En el mundo actual, la lógica trivalente resulta particularmente sensible y revolucionaria. Particularmente en tiempos y lugares cuando y donde se habla de “hechos alternativos”, “posverdad” e incluso de “comisiones de verdad”. Como si verdad existiera sin más. Lo cierto es que, en la mayoría de las circunstancias, verdad no existe sin o al margen de incertidumbre (o de falsedad).

¿Es posible la vida en la incertidumbre? Nada permite afirmar algo semejante en el marco de la lógica trivalente. Lo que sí se dice, sin ambigüedad, es que paralela, concomitante, simultánea con “verdad” (o falsedad) existe, con la misma legitimidad, la incertidumbre.

Este panorama se torna magníficamente más problemático y sugestivo a la vez, cuando se piensa el mundo y la ciencia con otros matices y gradientes, con otras finezas y problemas. Tal es lo que acontece, por ejemplo, cuando se reconoce que no existen simple y llanamente tres valores, sino, por ejemplo, cuatro. Esto nos conduce a la lógica tetravalente. Pero este es el objeto de otro texto aparte.

Publicado: 11 Abril 2017

Lunes, 13 Marzo 2017 07:21

La guerra mediática y la posverdad

La guerra mediática y la posverdad

 

En momentos en que desde la Casa Blanca se asoma el rostro del fascismo del siglo XXI como la encarnación de la dictadura emergente de la clase capitalista trasnacional, es dado suponer que los patrocinadores de la guerra y el terrorismo mediáticos contra Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y los demás países de la ALBA intensificarán, renovados, sus afanes injerencistas, desestabilizadores y golpistas como parte de la política imperial de cambio de régimen en los países considerados hostiles por la diplomacia de guerra de Washington.

Como dice Ignacio Ramonet, con el perfeccionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin que nos demos cuenta, millones de ciudadanos de a pie estamos siendo observados, espiados, controlados y fichados por Estados orwellianos que llevan a cabo una vigilancia clandestina masiva en alianza con aparatos militares de seguridad y las industrias gigantes de la web.

De esa estructura panóptica o especie de imperio de la vigilancia da cuenta la reciente divulgación por Wikileaks de 8 mil 761 páginas web que detallan los métodos de espionaje electrónico del Centro Cibernético de la Agencia Central de Inteligencia, para extraer mensajes de texto y audio de dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, tablets y televisores inteligentes, mediante malware, virus y herramientas que permiten a más de 5 mil piratas informáticos (los hackers globales de la CIA) explotar vulnerabilidades de seguridad para burlar el cifrado de aplicaciones de mensajería.

Pero de manera paralela y complementaria, cuando se abre paso la era de la llamada posverdad (o el arte de la mentira flagrante), tiene lugar otra guerra en el espacio simbólico, que es librada por los medios hegemónicos cartelizados contra los pueblos de Nuestra América, con el objetivo de imponer imaginarios colectivos con los contenidos y sentidos afines a la ideología y la cultura dominantes, que utiliza además medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos para manipular y controlar las conciencias de manera masiva.

El terrorismo mediático es parte esencial de la guerra de cuarta generación, la última fase de la guerra en la era de la tecnología; es consustancial a los conflictos asimétricos e irregulares de nuestros días. Con su lógica antiterrorista y contrainsurgente, los manuales de la guerra no convencional del Pentágono dan gran importancia a la lucha ideológica en el campo de la información y al papel de los medios de difusión masiva como arma estratégica y política. El poder multimediático conformado por cinco megamonopolios –con sus expertos, sus intelectuales orgánicos y sus sicarios mediáticos− es parte integral de una estrategia y un sistema avanzado de manipulación y control político y social. Pero los medios convertidos en armas de guerra ideológica son, además, una de las principales fuentes de obtención de superganancias.

En ese contexto, más allá de lo que ocurra en la realidad, la narrativa de los medios es clave en la fabricación de determinada percepción de la población y las audiencias mundiales. De allí que mientras impulsan una guerra de espectro completo, el Pentágono y la CIA intensifican sus acciones abiertas y clandestinas contra gobiernos constitucionales y legítimos.

A modo de ejemplo cabe consignar que en el ataque continuado contra el proceso bolivariano de Venezuela, los guiones del golpe de Estado de factura estadunidense exhiben sucesivas fases de intoxicación (des)informativa a través de los medios de difusión bajo control monopólico privado –en particular los electrónicos−, combinadas con medidas de coerción sicológica unilaterales y extraterritoriales y un vasto accionar sedicioso articulados con redes digitales de grandes corporaciones en la web, partidos políticos y dirigentes de la derecha internacional, poderes fácticos y grupos económicos trasnacionales, fundaciones, ONG y la injerencia de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de ese cadáver político que es hoy su secretario general, Luis Almagro.

Todo lo anterior ha sido reforzado en la coyuntura con la puesta en práctica de ese neologismo de resonancias orwellianas entronizado por el Diccionario Oxford como palabra del año: la posverdad, un híbrido bastante ambiguo cuyo significado denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Según un editorial de The Economist de Londres, Donald Trump “es el máximo exponente de la política ‘posverdad’ (...) una confianza en afirmaciones que se ‘sienten verdad’, pero no se apoyan en la realidad”. Su victoria electoral habría estado fundada en aseveraciones que sonaban ciertas, pero que no tenían base fáctica; en verdades a medias basadas en emociones y no en hechos.

Lo que nos conduce al arte de la desinformación. Al uso de la propaganda como una tentativa de ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta predeterminadas; se trata de incitar o provocar emociones, positivas o negativas, para conformar la voluntad de la población. En ese contexto, y ante la llegada de Donald Trump a la Oficina Oval con su gabinete de megamillonarios corporativos, militares imperialistas, expansionistas territoriales y fanáticos delirantes, es previsible pensar que las guerras asimétricas impulsadas por la plutocracia trasnacional se profundizarán bajo diferentes modalidades.

México ya lo está padeciendo: a golpes de Twitter y órdenes ejecutivas, la anunciada palestinización del país a través de la continuación del muro fronterizo iniciado en los años 80 y el lanzamiento de una cacería de millones de indocumentados sigue alimentando la teoría de los bad hombres como chivos expiatorios en el socorrido discurso neoautoritario y con reminiscencias hitlerianas y de poder desnudo del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

 

 

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El presidente de los EE.UU. Donald Trump (Alex Brandon / AP)

 

Una investigación revela que los votantes no cambian ni su intención de voto ni sus sentimientos hacia su candidato pese a que se les demuestren que no dicen la verdad

 

“Ya veis lo que está pasando”, dijo Donald Trump el pasado 18 de febrero ante miles de seguidores entregados en un mitin en Florida. “Tenemos que mantener nuestro país a salvo. Ya veis lo que pasó en Alemania, lo que ocurrió anoche en Suecia”. Pero en Suecia, no había ocurrido nada. El presidente estadounidense había vuelto a mentir.

Y pese al escándalo al otro lado del Atlántico y las bromas en las redes sociales, no pasó nada. La mentira ya no resta capital político. Eso es lo que ha revelado un estudio publicado por la prestigiosa Royal Society británica, que demuestra que la veracidad ya no es un requisito para apoyar a un candidato político.

 

La veracidad ya no es un requisito para apoyar a un candidato político


El estudio ‘Procesando la desinformación política: comprendiendo el fenómeno Trump’, que sale hoy a la luz y al que La Vanguardia.com ha tenido acceso en exclusiva, ha investigado el impacto de la desinformación política para tratar de arrojar algo de luz al éxito del empresario reconvertido a político. Mediante dos experimentos con cientos de participantes se ha medido la repercusión que tienen las mentiras del magnate tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Y los resultados sugieren que los políticos pueden diseminar desinformación sin perder partidarios.

Trump no es el primer ni el único político que dice mentiras, hay ejemplos geográficamente mucho más cercanos, pero sí que es un ejemplo paradigmático. La web independiente de verificación de datos Politifacts, por ejemplo, ha calculado que sólo un 16% de sus afirmaciones son ciertas o parcialmente ciertas. Por ello, los investigadores eligieron como objeto de estudio en una investigación que se llevó a cabo durante la precampaña republicana, a finales de 2015.

 

 

Los políticos pueden diseminar desinformación sin perder partidarios


Los investigadores sometieron a los participantes en el estudio a dos experimentos. En el primero, examinaron hasta qué punto se consideraba creíble una información (que en ocasiones era correcta y en otras falsa) dependiendo de la fuente. Los 1776 participantes, divididos entre demócratas, republicanos partidarios de Trump y republicanos no partidarios, tenían que determinar el grado de credibilidad que le daban a una frase. Algunas de ellas estaban atribuidas al magnate y otras no.

En el segundo, se trataba de investigar el impacto en la credibilidad de la fuente una vez se hacía saber a los participantes la veracidad o falsedad de la información. En este caso, participaron 960 personas.

 

 

Una vez confrontados a una explicación neutral y objetiva, los partidarios de Trump corregían su punto de vista, pero no su intención de voto

 


Los experimentos revelaron que si la información era atribuida a Donald Trump, sus partidarios le daban más credibilidad que si no estaba atribuida a nadie en concreto. Al contrario de lo que ocurría con los demócratas y con los republicanos no partidarios.

Pero lo interesante es que una vez confrontados a una explicación neutral y objetiva de porqué ciertas afirmaciones de Trump utilizadas en el experimento eran falsas, sus partidarios corregían su punto de vista, pero no su intención de voto ni sus sentimientos hacia el político.

 

 

Los votantes utilizan a los políticos como guía para determinar lo que puede ser verdadero o falso, pero no necesariamente insisten en la veracidad para apoyar a candidatos

 

 


Por lo tanto, los investigadores llegan a la conclusión de que las consecuencias negativas para un político de difundir mentiras parecen ser limitadas y sugieren que los votantes utilizan a las figuras políticas como guía para determinar lo que puede ser verdadero o falso, pero no necesariamente insistirán en la veracidad como prerrequisito para apoyar a candidatos políticos.

Los investigadores alertan de que, pese a que entender la popularidad de Donald Trump pese a que mienta deliberadamente es un caso interesante de estudio de la política estadounidense, no se puede hablar sólo de un “fenómeno Trump”, ya que la desinformación es un arma común en la arena política de cualquier país y los votantes de otras opciones políticas tenían comportamientos similares. Por lo tanto, indica el estudio, parece que es posible atraer a los votantes con la demagogia más que con argumentos construidos a base de lógica y hechos.

No se puede hablar sólo de un “fenómeno Trump”, ya que la desinformación es un arma común en la arena política de cualquier país.

 

 

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