La policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes, que respondieron con piedras y botellas, cerca del Parlamento de Hong Kong.Foto Ap

Policías desalojan a manifestantes que bloqueaban el ingreso al Congreso; se paraliza el distrito financiero

 

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong usó ayer balas de goma, bastones y gas lacrimógeno en su intento por sofocar una manifestación de decenas de miles de personas vestidas de negro, en su mayoría jóvenes, que protestan contra un proyecto de ley que permitirá las extradiciones a China continental.

 

Se trata de uno de los mayores disturbios en la historia reciente de este territorio que fue colonia británica hasta 1997. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 72 heridos.

 

Los incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo (LegCo, Parlamento), donde se examinará el texto en segunda lectura. Según analistas, las protestas contra la nueva ley son el mayor estallido de violencia desde 1997, cuando Hong Kong, entonces colonia británica, fue devuelto a China.

 

El Parlamento, dominado por los diputados favorables a Pekín, anunció el aplazamiento del debate a "una fecha ulterior", después de que manifestantes bloquearon los accesos hacia la sede del LegCo.

 

Según el diario británico The Guardian, la manifestación de ayer paralizó el distrito de negocios de Hong Kong; y después de que la policía irrumpió en la movilización, un grupo de manifestantes intentó, sin éxito, entrar por la fuerza a varias oficinas gubernamentales. La multitud respondió arrojando botellas y piedras a los uniformados. Según fuentes hospitalarias, 72 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

 

El jefe de la policía, Stephen Lo, defendió la actuación de los agentes y aseguró que ésta fue "moderada" ante los "gánsters" que intentaban tomar el LegCo.

 

Hong Kong ya vivió el domingo la mayor manifestación desde 1997 en la que según los organizadores participaron un millón de personas.

 

El universitario Louis Wong declaró que considera un éxito el bloqueo a las oficinas gubernamentales y al Consejo Legislativo porque aparentemente evitó que los legisladores leales a Pekín dieran impulso a enmiendas a un par de leyes que facilitarían el envío a China de personas sospechosas de cometer delitos.

 

"Este es un espacio público y la policía no tiene derecho a impedirnos permanecer aquí", denunció Wong, mientras observaba una intersección repleta de basura en el vecindario Admirality que fue bloqueado por fuerzas de seguridad después de que los manifestantes saltaron un cordón policiaco e ingresaron al complejo de oficinas del gobierno.

 

"Permaneceremos aquí hasta que el gobierno deseche esta ley y el presidente Xi Jinping cese en sus intentos de convertir a Hong Kong en una ciudad china más", advirtió.

 

La nueva ley autorizaría las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Se esperaba el voto definitivo para el 20 de junio, pero las autoridades no anunciaron todavía cuándo se reanudará el debate parlamentario.

 

Las autoridades afirman que el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en refugio para criminales. Según el gobierno, ya existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

Publicado enInternacional
Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

Publicado enColombia
Martes, 11 Junio 2019 06:31

Desmontar el mandato de masculinidad

Desmontar el mandato de masculinidad

 

Rita Segato relata que el concepto de mandato de masculinidad lo formuló en Buenaventura, puerto de la costa del Pacífico de Colombia, cuando mujeres negras le preguntaron cómo se hace para poner fin a la guerra y la violencia. “Desmontando el mandato de masculinidad”, fue su respuesta.

La última semana de mayo tuvimos la oportunidad de compartir y debatir en el marco del “Congreso Resiste” convocado por la Universidad Iberoamericana y la revista Concilium, en Ciudad de México, para luego hacerlo en el Cideci, en San Cristóbal de las Casas, y en los espacios La Reci y la librería La Cosecha de esa ciudad.

Los debates fueron intensos y convocaron cientos de personas, participaron ponentes de varios continentes, incluyendo miembros del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. En uno de los debates, además de Rita y quien escribe, participó el madrileño Amador Fernández-Savater, quien afirmó que en la izquierda (se refería al español Podemos), se registra un “deseo monoteísta” que se concreta en los objetivos de capturar del poder y uniformizar los movimientos.

Aunque me resulta imposible sintetizar en un par de cuartillas la riqueza de los debates, quisiera recoger la importancia de la participación de las mujeres, que mostraron un profundo espíritu crítico y autocrítico, que incluye al propio movimiento feminista.

Así, Elsa y Rebeca de la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza, del estado de México, explicaron cómo se vive en “una sociedad atravesada por la violencia”, en la que no se aplican las políticas públicas porque el Estado no funciona y es, apenas, “una estructura patriarcal”. Dibujando un puente con los pueblos originarios, explicaron que “no partimos de un feminismo ortodoxo que impone cosas, sino del autocuidado de las mujeres”.

María Macario del CIG enfatizó en la necesidad del trabajo conjunto de varones y mujeres en estrecho contacto con el medio natural, al punto que de destacar que “la tierra se siembra en nosotras”. Explicando sus sentimientos al comprobar los desastres que el capitalismo genera en la madre tierra, dijo: “Estoy dejando de ser mujer porque el arroyo se está acabando”.

Siobhan Guerrero, filósofa de la ciencia, licenciada en biología y activista trans en temas de género, analizó el papel de las iglesias evangélicas en América Latina y cómo la ideología de género de las nuevas derechas se inserta en un discurso de derechos humanos, lo que las potencia. Destacó la complementariedad varones-mujeres y llamó a desarrollar formas de conciencia no mediadas por el Estado. “Es un problema que el movimiento de mujeres se piense en términos de derechos liberales”, concluyó.

Los intercambios con Rita giraron en torno a su concepto mandato de masculinidad y mostró sintonía con los debates que propone el zapatismo al criticar una política centrada en el enemigo, a la que considera fascista, “porque en ese caso es el enemigo el que nos mancomuna”.

En los intercambios pudimos constatar varias confluencias. La primera fue que el mandato de masculinidad no se desmonta desde el Estado, con leyes y procesos institucionales, sino en el trabajo directo con las personas, varones y mujeres, que pasa por cambios personales y de personalidad, por el modo como se establecen los vínculos en los espacios de la vida cotidiana.

En este aspecto, adivino dos procesos simultáneos: la organización de las mujeres que potencie movimientos y acciones, y a cada una de ellas; y los necesarios cambios entre nosotros, los varones, que pasan por perder los privilegios que tenemos, algo que es imposible procesar sin atravesar una crisis profunda porque se trata de cambiar nuestro lugar en el mundo. En lo personal, puedo decir que no se trata de “una” crisis puntual y acotada en el tiempo, sino un proceso ininterrumpido y continuo, sin final o con final abierto, para ir asumiendo, en la mejor hipótesis, una configuración interna otra que permita relacionarnos desde un lugar de sencillez y humildad naturales.

La segunda es que el mandato de masculinidad se desmonta en plazos muy largos, lo que requiere pensar y actuar en términos de larga duración. La persistencia y la permanencia permiten no sólo cambios en las relaciones, sino comprender a las y los otros, sus dolores y frustraciones, esas rabias y heridas que el patriarcado y el machismo han cincelado en el alma y en el cuerpo de las mujeres, pero también de los varones.

Publicado enSociedad
 Ayer se realizó en Hong Kong la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997. Más de un millón de personas, según organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental. Foto Ap

Organizadores de la movilización advierten que las acciones crecerán si el gobierno no da marcha atrás

 

Hong Kong. Hong Kong vivió ayer la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997, cuando más de un millón de personas, según los organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental.

 

Los inconformes marcharon en el transcurso de siete horas bajo un calor abrasador por las estrechas calles de la isla principal de este centro financiero, en una ruidosa y colorida movilización en la que se pedía al gobierno dar marcha atrás en sus planes.

 

La movilización transcurrió de manera pacífica, pero en las primeras horas de este lunes la policía antidisturbios dispersó con gas pimienta a grupos de jóvenes que intentaron instalar un plantón afuera de las oficinas de gobierno y permanecer ahí hasta el miércoles, cuando la polémica ley será sometida a segunda lectura en el Congreso, reportó el diario británico The Guardian en su portal de Internet.

 

No se recordaba una marcha similar desde la que congregó a 1.5 millones de personas, en 1989, durante el gobierno colonial, en apoyo a los manifestantes de la plaza Tiananmen.

 

"Hay un millón 30 mil personas en la manifestación", sostuvo un organizador entre los vítores de la multitud.

 

La policía, que históricamente da cifras mucho más bajas que las de los organizadores, calculó que el número máximo de asistentes fue de 240 mil, lo que sigue siendo la segunda estimación más alta desde el traspaso de la ex colonia a China.

 

La protesta de ayer estuvo fácilmente a la par con la de 2003, cuando se calcula que medio millón de manifestantes obligaron al gobierno a dejar de lado una ley de seguridad nacional profundamente impopular.

 

"El gobierno no puede ignorar estas cifras", declaró a la agencia de noticias Afp el manifestante Peter Chan, de 21 años.

 

Este proyecto de las autoridades de Hong Kong pro Pekín dejará a la población a merced de un sistema judicial chino opaco y politizado, argumentan sus detractores.

 

No está claro, sin embargo, que los dirigentes vayan a cambiar su postura. La líder de la ciudad Carrie Lam ha cimentado su carrera política sobre una reputación de sacar adelante las leyes.

 

Ignorar las protestas podría hacer que vuelvan los disturbios de 2014, cuando manifestantes a favor de la democracia ocuparon durante dos meses avenidas claves de la ciudad.

 

Los organizadores advirtieron ayer que incrementarán sus acciones si el gobierno no da marcha atrás, lo que podría ser rechazado por Pekín, ya que la ley tiene el apoyo de varios altos dirigentes del Partido Comunista.

 

En un comunicado, el gobierno local describió anoche las protestas como "ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong", sin dar signos de estar dispuesto a hacer cambios.

 

La iniciativa ha suscitado críticas de juristas, de los círculos financieros y de los diplomáticos occidentales.

 

Marco Ng cerró su café para sumarse a la movilización. "Nuestra ciudad es más importante que mi comercio", aseguró. "Si no protestamos, el gobierno no tomará en cuenta nuestras preocupaciones", añadió.

 

"No se escucha la voz del pueblo", aseveró Ivan Wong, estudiante de 18 años. "Esta ley no sólo afectará a la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional, sino también a nuestro sistema judicial. Esto tiene consecuencias para mi futuro", subrayó.

 

Numerosos manifestantes admitieron que no creían más en los compromisos del Ejecutivo de Hong Kong de no enviar al continente a los críticos del poder chino.

 

Las autoridades intentan hacer votar en el Consejo Legislativo (LegCo, el parlamento local) este texto que autorizaría las extradiciones hacia países como China continental, con los que no existe un acuerdo en este tema.

 

El Ejecutivo de la región semiautónoma asegura que esta ley llenaría una vacío jurídico y es necesaria, especialmente para permitir la extradición a Taiwán de un hongkonés acusado de asesinato.

 

De acuerdo con los detractores de la ley, este caso sólo es un pretexto para satisfacer a Pekín.

 

La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellas un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente.

 

Según los términos del acuerdo sino-británico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del Estado asiático en virtud del principio "un país, dos sistemas", en teoría, hasta 2047.

 

La manifestación puso fin a semanas de creciente indignación en la esferas empresarial, diplomática y jurídica, que temen una erosión en la autonomía de Hong Kong y la dificultad de garantizar la protección básica en la China continental.

 

Funcionarios de Estados Unidos y Europa han emitido advertencias formales –preocupaciones que coinciden con las de los lobbies internacionales del comercio y derechos humanos– que temen que los cambios afecten el estado de derecho.

 

La oposición al proyecto de ley de extradición de ayer se hizo evidente en medio de movimientos gubernamentales para profundizar los vínculos entre el sur de China continental y Hong Kong.

 

Publicado enInternacional
Lunes, 10 Junio 2019 05:43

Corrupción, protesta y represión

Corrupción, protesta y represión

Miles de haitianos se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario fue recientemente acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. La policía reprimió las protestas (foto), en las que un manifestante fue muerto de un tiro.

Antes de la violencia desatada, varios miles de manifestantes marcharon por una de las calles principales de la capital, convocados por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Pero luego todo se desvirtuó. “No podemos ser pacíficos. Mirá: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años. 

La semana pasada, el Tribunal Superior de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción. Los jueces descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de rutas, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico. Antes de su llegada al poder, en 2017, Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 700.000 de dólares para ese proyecto.

Publicado enInternacional
Jueves, 06 Junio 2019 08:42

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enColombia
Guerra contra la sociedad se realiza en el cuerpo de las mujeres: Laura Segato

La feminista concedió una entrevista a la IBERO, en el marco de su participación en el ‘Congreso Internacional. Violencias, resistencias y espiritualidades’Para la también antropóloga, en una década México se imposibilitó como sociedad


En su educación formal, Rita Laura Segato (Buenos Aires, Argentina, 1951) se decantó por el estudio de la música y de la antropología. De ello dan cuenta sus egresos del Conservatorio Superior de Música ‘Manuel de Falla’ y de la Escuela Nacional de Danzas; su Especialidad en Etnomusicología (Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore –INIDEF-); su Licenciatura en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires) y su Doctorado en Antropología Social (Queen’s University Belfast).


Con tan amplia formación, no resultó extraño que se sintiera atraída por la academia, y se desempeñara como investigadora del Archivo de Música Latinoamericana del INIDEF y como profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia.


Pero hoy en día la Dra. Segato es ampliamente reconocida en el ámbito universitario latinoamericano como antropóloga y feminista, debido a sus notables aportaciones a la investigación sobre violencia contra las mujeres, que comenzó a analizar en 1993, por encargo del gobierno de la capital de Brasil.


Y es precisamente este tema sobre el que accedió a hablar con la IBERO, en su más reciente visita a esta Universidad, la cual la invitó a compartir su saber con una conferencia magistral en el ‘Congreso Internacional. Violencias, resistencias y espiritualidades’.


–Uno de sus libros lo tituló ‘La guerra contra las mujeres’; ¿en qué consiste esta guerra contras las mujeres?


Para serle absolutamente sincera, el título lo original no era exactamente ese. El título se lo puso, para hacerlo atractivo, la primera editorial que lo publicó, que fue Traficantes de Sueños.


Pero mi idea no es que hay una guerra contra las mujeres, no lo veo así, no representa mi pensamiento. Yo creo que hay una guerra entre los dueños de los pedazos de territorio, de los dueños jurisdiccionales, como digo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez (‘La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado’); unos dueños que son caciques, que pertenecen a mafias, a pandillas, al crimen organizado.


Es una guerra también contra la sociedad y contra el Estado, que se realiza en el cuerpo de las mujeres; que no es lo mismo. O sea, no es que sea una guerra contra nosotras; es una guerra mediante nuestros cuerpos, porque es en el cuerpo de la mujer que se expresa el poderío de esos dueños.


–¿Cómo se expresa ese poderío?


Con la discrecionalidad, con la arbitrariedad. Si yo mato con crueldad, desaparezco, torturo, al soldadito de la corporación armada enemiga, de la pandilla enemiga; yo estoy en guerra. Pero si yo aplico esa crueldad en el cuerpo de las mujeres, yo simplemente digo al mundo mi posibilidad, mi omnipotencia, mi capacidad de hacer cualquier cosa.


La violencia que se realiza en las mujeres, de la que evidentemente somos las víctimas, es una violencia que a través de nosotras se dirige a toda la sociedad. Porque el cuerpo de la mujer es un vehículo para un mensaje que se dirige a toda la sociedad; un mensaje de omnipotencia, de impunidad, de la capacidad de ser violentos de manera arbitraria, sin razón, sin una lógica utilitaria.


Aquí en México se habla de que todas las mujeres desaparecidas, secuestradas en el Metro, son llevadas a la trata; y aunque es fácil entenderlo así, yo lo dudo. Si yo quiero llevar a una mujer a la trata no la secuestro en el Metro. El secuestro en el Metro es un secuestro espectacular, que llama la atención de la sociedad; pero es más que nada un espectáculo de impunidad, de dominio, de arbitrio. Si yo quiero hacer algo así por una razón instrumental, utilitaria, como ganar dinero con ese cuerpo, la secuestro en otro lugar.


–¿Esta arbitrariedad, este dominio, son propios del patriarcado, que tiene una de sus mayores manifestaciones violentas, contra las mujeres?


Es uno de los desarrollos recientes, contemporáneos, del orden patriarcal. El orden patriarcal se ha casado, se ha articulado, de una manera muy perfecta, con la fase contemporánea del capital; a la que yo le llamo una fase de dueñidad. O sea, ya no más de desigualdad, porque hablar de desigualdad es poco, pues debemos considerar que estamos en un mundo de dueños. Y como el orden patriarcal siempre fue un orden de dueños, casa perfectamente bien con el orden económico del presente.


–¿Qué ha permitido la vigencia y permanencia del patriarcado?


Es el más arcaico de los órdenes políticos. El orden patriarcal funda todas las otras formas de desigualdad, y es el primer entrenamiento para la desigualdad, de prestigio y de poder, entre los seres humanos. Es el entrenamiento que damos a los niños en la casa o cuando ven televisión, cuando se dan cuenta que la palabra de un hombre vale más que la palabra de una mujer, que la inteligencia de un hombre es más potente que la inteligencia de una mujer, que la fuerza física de un hombre es mayor que la de la mujer, que el prestigio está asociado al ícono del cuerpo masculino.


Pero el feminismo ha tenido en los últimos tiempos un momento de esplendor, porque las mujeres, en su pluralidad de voces, en sus diferencias entre sí, son un movimiento poderoso que ha llegado con gran estrépito a tomar el espacio público. Ahí las mujeres mostraron cuántas somos, cómo estamos juntas y el afecto que corre por las arterias de este movimiento; y eso ha asustado a nuestros antagonistas de proyecto histórico.


Esos antagonistas quieren defender un orden de poder, que es el orden del capital, el orden de los dueños del mundo, de los dueños del planeta y de los dueños de la vida también, porque sus decisiones afectan la vida y la muerte de todas las personas.


La posibilidad de transformar la sociedad, de desmontar ese orden desigual fundacional, asustó a nuestros antagonistas de proyecto histórico, y han puesto a sectores del catolicismo y a sectores del protestantismo, pero no a la integridad del protestantismo ni a la integridad del catolicismo, a trabajar para ver si consiguen derrocar el riesgo que ven en nuestro movimiento.


–Usted creó el concepto femigenocidio; ¿por qué y qué significa?


Femigenocidio se dirige a poder nombrar la idea de que hay mujeres que no mueren por razones domésticas, que no mueren como consecuencia de una interacción en la intimidad o no mueren a manos de conocidos. La tendencia del sentido común, la manera en que pensamos los crímenes contra las mujeres, siempre está empañada por la idea de que existe el deseo, la libido, el celo, el odio; una emocionalidad que emerge de interacciones próximas entre personas conocidas.


A partir de mi visita y análisis de la situación en Ciudad Juárez, en 2006, me di cuenta que los feminicidios que ahí ocurren no tienen nada que ver con el orden de la intimidad. Existen feminicidios del orden de la intimidad, por parejas, sí; pero los feminicidios que se han tornado famosos en el mundo, porque las madres salieron del campo algodonero a denunciarlos, esos no son feminicidios de la intimidad.


Por eso por mucho tiempo fue muy difícil interpretar qué son esos feminicidios, porqué se mata mujeres por un grupo grande hombres, con una tortura sexual, mutilaciones y violaciones colectivas, de una forma recurrente, casi una rutina; y qué significa eso.


De ahí pasé a visitar países como El Salvador, Guatemala y Honduras, o sea todo el triángulo norte centroamericano, y me di cuenta de que el feminicidio se expande en ese territorio, así como también se expande en todo México; por eso hoy hablamos de una juarización de México.


Son agresiones a las mujeres y una crueldad contra el cuerpo de las mujeres que no responden a problemas de la intimidad. Entonces a esos crímenes les llamo femigenocidio; porque podrían llegar a una categoría del orden jurídico internacional de los derechos humanos, al ser crímenes contra las mujeres, no contra una mujer por una razón que puede ser personalizable.


Dentro del femigenocidio incluyo los crímenes asociados a las nuevas formas de la guerra, a los conflictos entre pandillas; o como en Ciudad Juárez, a la represión estatal, o a formas de enunciar al mundo la dominación territorial y la dominación jurisdiccional, por parte de algunas mafias locales.


A eso le llamo una esfera paraestatal de control de la vida. Y varios sectores de nuestros pueblos, de nuestras ciudadanías, en todos los países de América Latina, están expuestos a un control paraestatal de su vida por parte de grupos de organizaciones criminales, o por el paraestado; o sea, por formas represivas y duplicaciones represivas de los Estados nacionales. Ahí, a las muertes de mujeres les llamo femigenocidio, crímenes que se realizan contra la población de mujeres.


También incluyo ahí al crimen de la trata, porque las mujeres tratadas son reducidas a condiciones concentracionarias de existencia, que perjudican su salud de una forma definitiva. Por eso en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de Naciones Unidas, las condiciones concentracionarias de existencia son una de las formas de genocidio.


–¿Cuando suma la palabra genocidio a la de feminicidio es para darle un carácter de crimen de lesa humanidad al asesinato de las mujeres, y resaltar su gravedad?


Exactamente. Si consiguiéramos llevar esa categoría a una Convención iluminaríamos todo el campo de la violencia contra las mujeres, inclusive los crímenes domésticos; y se empezaría a mostrar algo que es muy difícil de mostrar a la población por causa del sentido común, que siempre los reduce a crímenes de la intimidad, del orden privado.


Es muy difícil retirar los crímenes contras las mujeres del fuero íntimo. Si consiguiéramos llevar al fuero internacional este grupo particular de crímenes letales, con intención letal o con consecuencias letales, como es la trata, iluminaríamos todo el campo de la violencia contra las mujeres y mostraríamos cómo es una violencia plenamente pública.


–Aprovecho que usted reside en el Cono Sur, para preguntarle, ¿qué explicación podría dar a este resurgimiento de la extrema derecha en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil y Argentina?


Creo que la esfera paraestatal de control de la vida, de control de muchas voluntades, en América Central y en México, se dio a través del crimen organizado; que también considero es un implante, no un fenómeno espontáneo.


En el caso de su país, debo decir que soy una persona que viene a México todos los años, la mayor parte de ellos más de una vez, desde que tengo 20 años; entonces conozco a México bastante bien, desde Laredo hasta Juchitán.


Pero me pregunto qué pasó con México, un país que, pese a todos sus problemas, como su democracia de un partido único y Tlatelolco, se mantuvo durante mucho tiempo como la democracia de América Latina; y en poco tiempo, en menos de diez años, ahora no se puede transitar después de la 6 de la tarde. Qué pasó con México. No puedo pensar que esta descomposición es un fenómeno espontáneo de la sociedad, no lo creo, fue demasiado rápido, demasiado veloz; no transcurrió ni una década en que México se imposibilitó como sociedad.


En el caso del crimen organizado en México, yo creo que ha sido un implante, no un fenómeno espontáneo. Pero la extensión que tomó y la forma en que está imposibilitando la vida normal de la gente en muchos lugares, es misteriosa.


Mi evaluación es que el poder no puede ser observado, lo inferimos, hacemos modelos de comprensión de cómo piensa y a dónde se dirige, pero no podemos observar cómo toma sus decisiones, cómo debate sus decisiones o cómo delibera sus decisiones.


De la misma forma, la acción de ciertas Iglesias, evangélicas, sobre todo, en América del Sur, ha sido también un implante; controlan la vida y la voluntad de mucha gente y están por detrás de la derechización de la política.


–En cuanto a otros dos tipos de violencias, ¿de qué manera se podría proteger a los defensores de la tierra, que se oponen a los crímenes de la economía extractivista; y a los migrantes, que están siendo victimizados en las fronteras?


Para mí hay dos estrategias que son centrales para garantizar un futuro en la Tierra. Una es la vincularidad, la reconstrucción comunal, la restauración del tejido comunitario. Que la gente apueste por esa restauración, ese retejimiento de las relaciones entre las personas, para que las personas puedan, en la falencia total del Estado o en la toma del Estado por sectores francamente antipopulares y genocidas, protegerse entre sí, acogerse y cuidarse, y en última instancia, refugiarse.


El otro gran tema que tenemos pendiente, yo misma lo tengo pendiente, es pensar mejor. Durante mucho tiempo, en mis primeros años como antropóloga, mi primer tema fue la música, la etnomusicología. Pero mi segundo tema fue religión y sociedad. Mucho tiempo estudié, hice trabajo de campo y escribí, sobre religión y sociedad; y hoy creo que estoy volviendo a ese tema porque, entre otras cosas, pienso en la espiritualidad, porque hay una pulsión humana que es la búsqueda de sentido en la vida.


Y creo que ahí la espiritualidad tiene un papel central, y es un campo que es necesario reflexionar más y trabajar más, para entender cómo la espiritualidad puede en el presente ayudarnos a recuperar la vida en la Tierra, porque la vida está en riesgo, ha sido casi totalmente cosificada.


El mundo, la vida, se han transformado en cosas, para mucha gente no son más que cosas. ¿Cómo sacamos a esa gente de ahí?, esa gente que no ve venir su propia muerte, inclusive los dueños. Los dueños no están viendo venir su propia muerte.


Este material se comparte con autorización de IBERO

Publicado enSociedad
Hidroituango: “Si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto”

En Puerto Valdivia –norte de Antioquia–, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro luego de que la empresa EPM (Empresas públicas de Medellín) decidiera cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango el cinco de febrero de 2019, generando así una hecatombe ambiental.

Para fortuna del gobierno y la empresa, el espectáculo de la llamada “ayuda humanitaria” a Venezuela amainó el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, en marzo, en conmemoración del día mundial del agua, tomaron cuerpo marchas en distintos lugares de Colombia, eventos a los que asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del Movimiento Nacional Ríos Vivos –agrupación que lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y sus territorios en Colombia–, quien nos brindó una entrevista que devino en una conferencia completa sobre la historia de las represas y los movimientos que luchan en su contra en el país. A continuación, apartes de la misma.

Andrés Felipe Escovar (AFE). ¿Cuál fue el origen del Movimiento Ríos Vivos en Colombia?
Juan Pablo Soler (JPS). Varios procesos de afectados por las represas del país vimos la necesidad de crear un espacio donde juntarnos todos los afectados, de allí nació la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvase, en 2006. Pasado un tiempo, vimos que esta red se estancó porque únicamente nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias sobre las represas. Para el año 2011 decidimos realizar una movilización que, comparándola con ejercicios de otros años, fue masiva, lo que nos llevó a concluir que había que revisar el tema de la Red e ir hacia otro lado. Esta discusión nos llevó a la decisión de recrear el Movimiento Ríos Vivos en torno a tres objetivos:

1. Defensa de los derechos de los afectados, es decir comunidades afectadas.
2. Permanencia en el territorio en condiciones dignas.
3. Trabajar por la transición energética, al tiempo que decimos no a las represas.

AFE. ¿Desde qué momento surgió conciencia sobre el daño ocasionado por la construcción de represas en el país?
JPS. Desde que se implementaron estos proyectos ha habido conciencia del impacto que tienen. En los cincuenta del siglo pasado se dio un auge en la construcción de embalses como los de Anchicaya, Neusa y Sisga. En los sesenta se construyeron proyectos como los de Chivor, Tominé y Chingaza. Ya en los años ochenta, a raíz de la construcción del embalse Salvajina, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), se firmó un documento que es actual: el acta de 1986, suscrita con la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca –CVC–, que era la propietaria del proyecto, en donde se estableció centro de salud, carretera, trabajo. De esa acta, hasta hoy, se ha cumplido el 15 a 20 por ciento. Este negocio se vendió a la Empresa de Energía del Pacífico –Epsa–, luego a Unión Fenosa y, esta, al gremio antioqueño: las empresas dicen que esa acta del 86 la firmó la comunidad afectada con el gobierno y entonces no tienen por qué responder.

En 1998 el proyecto Urrá, generó múltiples conflictos tanto ambientales como sociales, pues en este tiempo fue el auge del paramilitarismo en Córdoba, en Montes de María y en el Nudo de Paramillo. Ejemplo de esto fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso –comandante paramilitar– quien sostendría que a Kimy Pernía –líder indígena Embera Katío– lo asesinaron por oponerse al proyecto hidroeléctrico. Esto trae consigo algo más complejo: saber la verdad sobre los autores que le dieron la orden a Mancuso. Necesitamos conocer la verdad para la no repetición, y la verdad no es quién jaló el gatillo sino quién ordenó el asesinato.

En Urrá, en la década de los noventa, el inconformismo fue creciendo gracias al conocimiento e intercambio de experiencias con gente de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, con quienes se realizaron experiencias de diálogo de pescador a pescador. Una metodología que nos impactó, pues cuando pones a un pescador con otro, se escuchan y entienden mutuamente. Entonces fue mediante estos intercambios que los integrantes de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú –Asprocig– tomaron conciencia de lo que iban a perder con la represa y así se construyó un proceso de oposición a los efectos que el proyecto iba a tener en los manglares del Sinú.

En 2008 se licenciaron tres proyectos: Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango. Lo más aberrante del último caso es que se declaró la utilidad pública de un terreno sin que se hubiera emitido la licencia ambiental.

AFE. ¿En qué consiste la utilidad pública?
JPS. En que, a partir de estudios, se hace un polígono con coordenadas de lo que hay dentro y esto tiene que venderse al propietario del proyecto hidroeléctrico al precio que determine una comisión tripartita constituida por un representante de la comunidad, uno de la empresa y otro del gobierno. En el caso de Hidroituango, el precio del metro cuadrado fue de 172 pesos, aún no sabemos cómo el representante aceptó eso.

Retomando: salió la utilidad pública sin licencia ambiental y era en ella donde debía haber un estudio que precede a cualquier decisión sobre la utilidad y, por lo tanto, el terreno declarado fue más allá de donde debía. Hoy vemos que, en el embalse de Sogamoso, hay franjas de fincas que están frente a este y son las que luego harán el negocio del turismo y por eso es que compraron la finca completa. Entonces, viene otra pregunta: ¿EPM a quién les venderá la finca? Se desconoce por qué los ministerios de salud, ambiente y los demás permitieron cosas como esas.

En Hidroituango dieron licencia en 2009 y todavía hoy no terminan de construir el proyecto, los efectos siguen y siguen. Digamos que uno podría decir cuándo uno empieza a sentir los cambios por un proyecto como esos, pero no cuándo se acaban los efectos porque estos pueden extenderse por décadas.
AFE. ¿Podría hacernos una cronología del proyecto Hidroituango en su ejecución y consecuencias sociales y culturales?
JPS. Fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construirlo. Se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso ha conllevado a que se tomen decisiones apresuradas y regionalistas. Es hasta iniciado el nuevo siglo, cuando el proyecto realmente da pistas de ser construido, hubo una puja por quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM, para mí es estúpida esa competencia porque una cosa es el propietario y otra quién lo construye.

A partir de ese momento, la gobernación de Antioquia decidió invertir y se convirtió en el mayor accionista del proyecto a finales de la década de los dos mil. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profirió la licencia ambiental, que ha sido modificada más de veinticuatro veces.

El proyecto de Hidroituango se socializó a mil trescientos habitantes, pero ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! Acá el problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos; se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado –ya se habla de más de cien masacres en esa zona–. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

Además, la audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue porque no entendían la dimensión de ese proyecto. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. A la audiencia llegaron algunas personas, movilizadas en los propios buses de EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. También hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar; se decía que se iban a emplear miles de personas, pero no especificaban que esos contratos eran de dos años y lo peor es que mucha gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Este es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Cuando inició el proceso de construcción, los canales de participación ciudadana fueron mínimos, llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto se desarrolló bajo la estigmatización del movimiento y, pese a ello, iniciamos unos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.
En este punto se da algo muy interesante: haces un ejercicio de incidencia local y llegan las elecciones y ocupan los cargos otros colores, otros personajes, entonces es como volver a arrancar de cero. Esta situación nos ha partido porque en algunos casos avanzamos y en otros retrocedemos.

Con en el curso del proyecto, vimos que la empresa hacía cosas muy mal pero, por estar en zona de conflicto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla– no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción del mismo; cuando nosotros los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad –esto también ocurrió con la Unidad Nacional de Protección, pues van a hacer estudios de riesgo pero no van al sitio, nosotros los llamamos pero luego decían que el riesgo era ordinario sin siquiera haber ido al lugar–.

Nosotros, en el período que fue del 2008 al 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos que estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles. No nos pararon bolas y todo el proyecto se puteó.

Se creó una mesa de diálogo con la Anla y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. A lo último, se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos por qué no hicieron esa misma prospección en toda la zona que iban a inundar y ellos nunca respondieron.

Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Este asunto ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

Para mí, hay un elemento fundamental: el cronograma de terminación de obras. En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Nos enteramos en una audiencia pública del 27 de agosto de 2018, que ofrecieron setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre del año pasado. Entonces los contratistas trabajaron a toda mierda y, por ejemplo, violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló, pero no lo asesinó… uno empieza a preguntarse qué relación tiene un funcionario de esos y ahora lo entendemos… yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganaban ese dinero que les ofrecieron.

También se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió la resolución 0027 de la Anla y ya reconocieron el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo con lo que ocurre aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y en ese documento era donde se debía abordar el asunto de los censos porque, cuando los hicieron por primera vez, ya no había población en la zona… se hicieron los huevones.

AFE. Luego del secamiento del río por parte de EPM, ¿Cuál es el estado actual del río y la región?
JPS. Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo, pero, cuando llega a la represa, su curso se vuelve lento, todos los sedimentos se asientan y se ve un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprevenido, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río volvió, pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

AFE. ¿Qué situación avizoran para ustedes en el futuro cercano?
JPS. Nosotros le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que, si esa decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la pedimos sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir en eso o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que va a cobrar vidas, pero hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar, pero no todos escuchan.

Nuestra expectativa en cuanto a reconocimiento de derechos, las veo muy inundadas, más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

Respecto a organización local, habrá mucho trabajo, vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunidades, con quienes trabajamos en occidente y norte de Antioquia. Esto estaba dentro de nuestros pronósticos: los peores impactos llegan con la inundación.

Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque con represa o sin represa, hay impactos en la productividad, por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

Publicado enColombia
El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles

Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

 

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuraduría (organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.


Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.


El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.


El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.


“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.


"Sin sanciones ni impedimentos"


Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos públicos".


El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.


Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.


Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en 2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”.


Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia


La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014

Francesco Manetto
Bogotá 4 JUN 2019 - 18:51 COT


El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.


Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.


Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.


Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos


 José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

El País
Bogotá 5 JUN 2019 - 03:01 COT

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si rafifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

Publicado enColombia
¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
Página 1 de 219