Viernes, 24 Enero 2020 06:38

Israel y la represión en Chile

Israel y la represión en Chile

Para Sebastián Piñera los videos de la represión son “ fake news” y "montajes filmados en el extranjero". Una campaña de desinformación "originada en Rusia y otros países de la Europa oriental" (sic) para "crear sensación de desorden y crisis total" (bit.ly/2Ft9GhS). Igual que en Bolivia dónde protestas tras el golpe eran fruto de "una conspiración narco-venezolana" (reut.rs/2QFN2YC), también en Chile, según Piñera, "está la mano de Maduro" (bit.ly/37bmndq). No importa que los que trajeron "desorden" hayan sido las propias "fuerzas del orden": a tres meses del estallido en demanda de mejores bienes sociales ya hay tres mil heridos (bit.ly/2RgQSc9). No importa que lo que llevó a "una crisis total" han sido 30 años del modelo chileno neoliberal que creó un puñado de millonarios (¡Piñera!) y millones de pobres. Y sí hay un factor foráneo que resalta sobre todo a la luz de la desenfrenada violencia estatal –más allá de la fantasía del eje "eslavo-madurista"− es, como han subrayado varios observadores (bit.ly/2tYavg8), el apoyo táctico y material de Israel. En 2018 los dos países firmaron acuerdo de "cooperación militar en educación, entrenamiento y adoctrinamiento" y ya se ve que la táctica israelí de mutilación como método de "control público" –la Gran Marcha del Retorno en Gaza donde los francotiradores israelíes apuntan a las piernas viene en mente− fue llevada al otro nivel por el régimen de Piñera que rompió el récord mundial en heridas deliberadas en los ojos (bit.ly/2R3vNBM): ya hay 400 personas que han perdido un ojo o la vista.

El estado de emergencia, el ejército en las calles, allanamientos, detenciones ilegales, tortura y abuso sexual por parte de agentes del Estado no sólo evocaron los oscuros tiempos de Pinochet. Recordaron también que igual en aquel entonces el principal sostén de la dictadura ha sido Israel que entrenó a los agentes de la DINA que asesinaron y "desparecieron" a miles de opositores (bit.ly/2FTbQr2) y le vendió –a pesar de su histórica "huella alemana" ("prusianización") y su latente pro-nazismo− armas al ejército chileno (bit.ly/38dXGgt) y equipo para el control de masas: "guanacos", etcétera. (bit.ly/39CHFSI).

Si bien tras el 9/11 y el auge del "securocratismo" Israel se posicionó como el "experto en la lucha contra el terror" −y atractivo proveedor de tecnologías militares a gobiernos represivos ( bit.ly/2RJU53b ) que usan esta excusa para luchar con la disidencia como hoy los golpistas bolivianos ( bit.ly/2Ga5bcb )−, él mismo es el mejor ejemplo del "terrorismo de Estado" en acción –los territorios ocupados, Gaza, etcétera−, armó los escuadrones de la muerte en El Salvador y los contras en Nicaragua −tal cual organizaciones terroristas (bit.ly/369XIVg)−, e incluso orquestó sus propias campañas de terror (bit.ly/2Rc6NbS). Así la cooperación militar con Piñera que defiende el neoliberalismo pinochetista del mismo modo que fue instaurado –con terror y violencia− es un simple "intercambio de terrorismos del Estado". No extraña que Chile –con su propia Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y usada sobre todo para criminalizar a su población indígena−, trata hoy a los manifestantes, igual que Israel a los palestinos que avientan piedras a las fuerzas de ocupación, como "peligrosos y violentos terroristas" y "enemigos internos" –una reactualización de la Doctrina de Seguridad Nacional− con quienes el Estado "está en guerra" (bit.ly/3azvbvx).

Incluso antes de la revuelta actual, el equipo israelí −"testeado" en contra de los palestinos− estaba siendo usado para reprimir a los mapuches y militarizar a su territorio (bit.ly/2ugocqH). Dada la "experiencia" de Israel en colonización, despojo y usurpación de tierras autóctonas, el gobierno chileno −que pretende suprimir la resistencia de los comuneros mapuches y su proceso de recuperación territorial "abriendo" la Araucanía a las forestales y otras trasnacionales−, no podía escoger mejor (bit.ly/2QJ3E1F).

Después de ayudarle a Pinochet, Israel apoyó también a la sangrienta junta militar en Argentina y su terrorismo del Estado que "desapareció" a unas 30 mil personas. Le vendió armas y tecnologías para espiar, reprimir y asesinar a sus "enemigos internos" (guerrilleros, activistas de izquierda, sindicalistas) sin que las simpatías fascistas, antisemitas y ataques a miembros de la comunidad judía por parte de los generales argentinos –junto con el hecho que el país era un histórico refugio de los criminales nazis− le causaran un problema (bit.ly/2QkTPYQ). La conflación de Israel con el régimen post-pinochetista de Piñera es sólo el siguiente capítulo de la histórica conflación del sionismo con las extremas derechas que hoy por su parte lo ven −entre otros− como modelo de dominación y control poblacional, sean manifestantes, indígenas, migrantes o refugiados (bit.ly/2Tyll7e). Si bien Chile −que tiene la mayor población palestina fuera del Medio Oriente− a diferencia de otros gobiernos derechistas de la región se abstiene a reconocer a Jerusalén (Al Quds) como la capital de Israel (bit.ly/30flvlj) –el precio que este últimamente cobra por sostener estos regímenes−, la cooperación militar entre los dos países avanza sin importar, nuevamente, por ejemplo que los Carabineros, la policía militarizada detrás de la brutal represión con una clara matriz israelí, fuesen en su tiempo, tal cual, el núcleo de simpatías a Hitler en Chile y formados con instructores y según las doctrinas nazis (bit.ly/2u2Whur).

Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

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Manifestantes cierran las calles mientras las fuerzas de seguridad usan gases lacrimógenos durante una protesta en el centro de Bagdad, Irak.Foto Ap

La confrontación de Estados Unidos contra Irán, que lleva 41 años, se centra hoy en Irak.

EU manipuló la guerra de Irak –gobernada por el sunnita Saddam Hussein– contra Irán de 1980 a 1988 cuando abastecía de armas en forma perversa a ambas partes para que se debilitaran y así beneficiar al irredentismo de Israel.

Dejó de lado la cooperación clandestina del "Irán-Contras (1985-1987)" entre los republicanos Reagan/Oliver North y la teocracia chiíta.

La primera guerra de Daddy Bush contra Irak en 1991 fue para controlar su pletórico petróleo.

La segunda guerra de EU en 2003 contra Irak, mediante las "mentiras (sic) de destrucción masiva" de Baby Bush, derrocó al sunita Saddam Hussein y consolidó la conectividad de Irán con sus correligionarios chiítas que conforman 75 por ciento del país árabe de Irak, donde se encuentran dos sitios sagrados de la cosmogonía esotérica chiíta: su capital espiritual Najaf (donde está enterrado el Imam Alí) y Karbala (sitio del martirio de Hussein, nieto del profeta Mahoma).

Hoy la estrategia conjunta de EU e Israel (vía el cuarteto Trump/Mike Pence/Jared Kushner/Netanyahu) todavía consiste en balcanizar a Irak en tres pedazos: chiíta, sunita y kurdo (https://bit.ly/2GarcYj).

En un abordaje multidimensional, que tome en cuenta la hipercomplejidad no-lineal con los multiniveles del "Gran Medio Oriente", en general, y de Irak, en particular, el asesinato del icónico general iraní Soleimani en Bagdad expuso en un nivel transcendental el macabro plan de Trump y el "evangelista sionista" Mike Pompeo (https://bit.ly/2uoJ5zS) de controlar el pletórico petróleo de Irak e impedir su venta a China, además de descarrilar la Ruta de la Seda.

Soleimani –quien pasará a la historia por haber contribuido a la derrota de los yihadistas sunitas en Siria/Líbano y, sobre todo, en la región kurda de Irak– tuvo una etapa de colaboración con el ejército de EU, durante la fase de Obama, lo cual finiquitó Trump en forma dramática.

Después de 17 años de ocupación ininterrumpida bajo todos los pretextos del mundo, hoy Trump en forma desvergonzada reclama 50 por ciento (¡mega-súper-sic!) de los ingresos del petróleo de Irak como compensación a su ocupación(https://bit.ly/2NQ3JjA).

Los ingresos de petróleo de Irak, segundo productor de la OPEP, arrojó 112 mil millones de dólares en 2019.

Hoy Irak se encuentra el borde del colapso bajo la amenaza de las sanciones de Trump y del bloqueo a sus cuentas abiertas por el Banco Central de Irak en la Federal Reserve Bank en Nueva York, donde Bagdad guarda sus ingresos vigilados de petróleo que conforman 90 por ciento de su presupuesto nacional (https://bit.ly/3avRkuN) –en represalias por la exigencia del Parlamento iraquí de expulsar a 5 mil 200 soldados de EU.

Pero, ¿A quién se le ocurre depositar cuentas estatales en el Federal Reserve Bank de Nueva York?

Las sanciones financieras y el secuestro de los depósitos ajenos están resultando en manos de Trump un arma tan deletérea como sus bombas nucleares.

Las confesiones del saliente primer mnistro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, exponen el diseño de Trump en el "Gran Medio-Oriente" y su doble trampa para asesinar a Soleimani (https://bit.ly/2TJzWN9).

Trump y Mike Pence no perdonaron la visita del primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, a Pekín del 19 al 23 de septiembre de 2019, donde se ve radiante el mandarín Xi (https://bit.ly/36ky28x) –tres meses antes del asesinato de Soleimani quien acudió a Bagdad en una misión de paz (https://dailym.ai/2TJYHsE).

Bajo el creativo esquema "Petróleo por Reconstrucción", Irak exportaría 100 mil barriles diarios a China, que a cambio se haría cargo de su reconstrucción y, de paso, conectaría al desahuciado Irak a la mirífica Ruta de la Seda (https://bit.ly/37hvxVt).

Una semana antes del asesinato de Soleimani ocurrieron los ejercicios militares de Rusia, China e Irán en el golfo de Omán/océano Índico (https://bit.ly/36heyRQ).

El asesinato del icónico Soleimani, más que dañar a Irán, que ahora restaña sus heridas, perjudicó sobre todo a Irak e intenta poner en jaque a China y a Rusia quienes no se quedarán con los brazos cruzados.

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Los psicólogos James E. Mitchell (I) y John 'Bruce' Jessen (D) durante su declaración a puerta cerrada en la demanda interpuesta por tres detenidos acusados de terrorismo. ACLU

- James E. Mitchell y John 'Bruce' Jessen declaran como testigos en el juicio contra los cinco principales acusados de llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre

- Los psicólogos fueron fichados por la CIA por su experiencia en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EEUU, encargada de entrenar a soldados para resistir torturas en caso de caer presos

- Primero recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa de torturas y después formaron una empresa que recibió 81 millones de dólares de la CIA

 

La teoría de la "indefensión aprendida" sostiene que se puede romper la voluntad de una persona sometiéndola a acontecimientos incontrolables y adversos. En esta teoría se basaron los psicólogos James E. Mitchell y John 'Bruce' Jessen para diseñar el programa de torturas de EEUU. La CIA los fichó por su experiencia en el ejército de EEUU entrenando a militares a soportar todo tipo de abusos en caso de caer en manos enemigas.

18 años después de su trabajo para la CIA, Mitchell y Jessen han declarado este martes como testigos por primera vez en un juicio abierto. Se trata de las audiencias previas en el juicio de los atentados del 11-S contra los cinco principales detenidos en este caso.

Los dos psicólogos que diseñaron el programa de torturas de EEUU en el marco de la guerra contra el terrorismo han sido convocados por los abogados de la defensa, que quieren que se invaliden las declaraciones de sus clientes por considerar que se obtuvieron de forma ilegal.

"Es muy importante porque estos dos psicólogos nunca han testificado en un tribunal abierto antes y lo van a hacer en condiciones adversas e interrogados por los abogados de la defensa", señala Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en terrorismo.

Hall está siguiendo las sesiones desde 'la galería' del tribunal de Guantánamo, donde un triple cristal le separa de la sala principal y donde el sonido llega a través de un altavoz con 45 segundos de retraso para que en caso de que alguien revele información clasificada, las autoridades puedan activar una alarma y no escuchen secretos que no deben.

Psicólogos militares

Antes de trabajar para la CIA, Jessen y Mitchell trabajaban como psicólogos e instructores en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EEUU (SERE, por sus siglas en inglés). SERE se creó al final de la guerra de Corea con el fin de entrenar a sus soldados para soportar técnicas de abuso si caían prisioneros. Tras la guerra de Vietnam, el programa de entrenamiento extremo se expandió al resto del ejército.

En diciembre de 2001 escribieron un análisis sobre el conocido como 'Manual de Manchester' de Al Qaeda y lo enviaron a la cúpula de SERE. El manual enseña a los terroristas a mentir en los interrogatorios. El texto de los psicólogos circuló por las más altas esferas hasta que finalmente recibieron el encargo de la CIA de desarrollar un programa de 'técnicas de interrogatorio reforzado' para sacar información a los detenidos acusados de terrorismo.

Los psicólogos entonces invirtieron su dinámica de trabajo habitual: de entrenar a soldados para soportar torturas, a diseñar torturas que puedan hacer cantar a los soldados enemigos. "Mitchell se sentó al teclado y juntos escribimos nuestra lista", afirmó Jessen en un testimonio a puerta cerrada por una demanda civil interpuesta por tres personas que fueron torturadas.

Su trabajo se basó en la teoría de la "indefensión aprendida", la cual sostiene que se puede romper la voluntad de los detenidos hasta convertirlos en pasivos y depresivos con acontecimientos incontrolables y adversos. En esa infame lista se incluía el ahogamiento simulado, encerrar al detenido en pequeños cubículos, privación de sueño, golpear al detenido contra la pared, etc.

Aún así, tal y como señala el informe del Senado de 2014 sobre el programa de torturas, "ningún psicólogo tenía experiencia como interrogador ni conocimientos especializados en Al Qaeda, en antiterrorismo ni ninguna experiencia cultural o lingüística relevante". Aun así, los psicólogos adquirieron un enorme poder en el programa de interrogatorios que va mucho más allá de su simple planificación.

Mitchell y Jessen llegaron incluso a llevar a cabo personalmente algunos de esos interrogatorios sobre detenidos del más alto nivel. También analizaron si el estado psicológico de los detenidos permitía continuar aplicando su programa y evaluaron su efectividad.

Jessen y Mitchell recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa, cuatro veces más que los interrogadores que no podían usar las 'técnicas de interrogatorio reforzado', según señala el informe del Senado. En 2005, Jessen y Mitchell crearon la empresa 'Jessen, Mitchell y Asociados', constituida específicamente para continuar con el programa que ellos mismos habían diseñado y que la CIA había decidido subcontratar. El valor del contrato entre la empresa de los psicólogos y la CIA superaba los 180 millones de dólares. Cuando se anuló el contrato en 2009, los contratistas habían recibido 81 millones. El contrato incluía una cobertura de hasta cinco millones de dólares para hacer frente a costes legales que pudieran surgir de posibles demandas contra los psicólogos por su trabajo.

Desde entonces, Jessen ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones a medios de comunicación. Mitchell, sin embargo, se ha convertido en un asiduo comentarista de Fox News, ha dado entrevistas defendiendo su trabajo e incluso ha publicado un libro con sus memorias sobre todo el asunto (Interrogatorio reforzado: dentro de las mentes y las motivaciones de los terroristas islamistas que están intentando destruir América).

"Es mucho más complicado que la narrativa que circula por ahí de que me presenté en la CIA, llamé a la puerta y dije: dejadme entrar, quiero torturar a gente y puedo enseñaros cómo", afirmó Mitchell en una entrevista con The Guardian para intentar desmentir las conclusiones de la investigación del Senado.

En la entrevista cuenta que aunque el informe destaca su falta de experiencia, ha pasado parte de su carrera estudiando la mentalidad de los terroristas cuando trabajaba como especialista en desactivación de bombas, después como negociador en secuestros y también en la escuela de supervivencia del ejército del aire. Mitchell señala que fue destinado al Mando de Operaciones Especiales del Ejército del Aire en Fort Bragg para "desarrollar un protocolo para evaluar perfiles de criminales de guerra y de gente que probablemente hiciera cosas con multitud de bajas".

Mitchell insiste en que el programa de 'interrogatorio reforzado' funcionó, aunque el Senado en sus conclusiones no opinaba lo mismo. "Estoy seguro que hay gente que piensa que si EEUU reconoce que la coerción funcionó, hay una probabilidad mayor de que la gente use la coerción contra nuestra gente. En el cuento de hadas en el que viven, todo lo que tienes que hacer es darle a alguien un té y una galleta y todo irá bien".

El caso Zubaydah

Abu Zubaydah fue el primer conejillo de indias sobre el que los psicólogos aplicaron su programa de torturas. El Gobierno afirmaba que era uno de los más importantes dirigentes de Al Qaeda, pero después reconoció que se había equivocado (era peligroso, pero no formaba parte de la cúpula de Al Qaeda). Zubaydah fue sometido 83 veces a ahogamientos simulados, sufrió privación de sueño, le pusieron música a todo volumen, le quitaron la ropa…

Aunque Zubaydah nunca dio la información para la cual se habían justificado las torturas, tal y como señala el informe del Senado, los dos psicólogos dijeron que había tenido éxito y que se debería utilizar como "modelo" sobre otros detenidos no porque las 'técnicas de interrogatorio reforzado' produjesen información útil, sino porque su uso confirmaba que Abu Zubaydah no tenía la información que la CIA pensaba que tenía.

"Nuestro objetivo era llegar a la fase en la que hubiésemos roto su voluntad o habilidad a resistirse o negarse a darnos información. Buscamos llevar al sujeto al punto en el que evaluamos con seguridad que no tiene información o inteligencia que pueda prevenir un ataque terrorista", afirmaron los psicólogos en un documento.

Prohibido citar libros

La declaración de los psicólogos en la audiencia de Guantánamo se rige por unas normas muy estrictas en las que ni siquiera la defensa tiene permitido citar libros en los que se hable del programa de torturas –aunque hayan pasado por el filtro de la CIA para su publicación–.

Uno de esos libros podría ser el del exagente del FBI Ali Soufan, que en el libro'The black banners' (Las banderas negras) relata un fuerte enfrentamiento con Mitchell (a quien se refiere con el pseudónimo Boris) en el interrogatorio a Zubaydah en una cárcel secreta de la CIA. Soufan dedica todo un capítulo a criticar su intromisión en los interrogatorios y sus tácticas. El exagente del FBI cuenta que Mitchell y sus hombres no consiguieron ninguna información adicional a la que había conseguido él previamente y Soufan acabó abandonando el interrogatorio y volviendo a EEUU tras su enfrentamiento con 'Boris'.

Lo siguiente es un diálogo entre Mitchell y Soufan tal y como lo describe el exagente en su libro:

— La gente como Abu Zubaydah está preparada para morir por su casa. Está preparada para volarse por los aires.

— Esto es ciencia.

— ¿Has interrogado antes a algún terrorista islamista?

— No.

— ¿Has hecho alguna vez un interrogatorio?

— No.

Mitchell le respondió en la entrevista con The Guardian: "Se te pide que creas que él estaba consiguiendo toda esta buena información y que la CIA dijo: 'Bueno, no importa. No nos interesa esa información. No nos interesa la verdad. Vamos a hacer esto otro'".

En un momento determinado, ambos psicólogos abogaron por dejar de practicar el ahogamiento simulado, pero la CIA no quiso. "Me decían constantemente que iba a explotar una bomba atómica en EEUU y como les dije que parasen, iba a ser mi culpa", afirmó Jessen. Mitchell confirmó lo sucedido y aseguró que les llamaron "maricones". "Va a haber otro ataque y tendréis las manos manchadas de sangre de civiles muertos", cuentan que les dijeron.

Los "equipos limpios"

Cuando Khalid Shaikh Mohammed (KSM) fue trasladado a Guantánamo en 2006 ya había hablado en interrogatorios de la CIA realizados durante sus tres años y medio de reclusión en una cárcel secreta y bajo torturas.

Esas declaraciones, por tanto, no se podían utilizar en el juicio. Entonces el Gobierno mando "equipos limpios" del FBI para interrogar de nuevo a KSM y el resto de acusados. El objetivo de la defensa al llamar a declarar a los dos psicólogos es desestimar también las declaraciones obtenidas por esos "equipos limpios". Los abogados de los acusados quieren demostrar que el FBI también estuvo implicado en las torturas y sostienen que las declaraciones obtenidas bajo tortura no se pueden separar de las que se obtuvieron sin ella.

En 2018, el juez prohibió el uso de los interrogatorios del FBI realizados en Guantánamo, los cuales la Fiscalía considera "la prueba más crítica en este caso". El nuevo juez del caso está estudiando ahora la reincorporación de esas pruebas. La actual sesión previa en la que participan Mitchell y Jessen se extenderá hasta el 1 de febrero, según afirma Amnistía Internacional.

 

Por Javier Biosca Azcoiti

21/01/2020 - 21:17h

Publicado enSociedad
Lunes, 20 Enero 2020 06:03

Escuchar al perpetrador

Escuchar al perpetrador

Con la académica mexicana Karina García.

Conversó con 33 hombres que integraron las principales organizaciones criminales de su país, entre ellos sicarios y secuestradores, para intentar saber cómo se gesta la violencia del narco y cómo la piensan sus miembros. Para García, escuchar y analizar sus voces permite entender por qué fracasa la “guerra contra el narcotráfico”.

Karina G García es doctora en Ciencia Política y docente de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol. Su tesis doctoral Pobreza, género y violencia en las narrativas de 33 ex narcos: entendiendo la violencia del tráfico de drogas en México ganó el premio a la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Leyes para el período 2018-2019 de esa universidad británica. En su trabajo, García entrevistó a 33 hombres que habían integrado algunos de los carteles y organizaciones delictivas mexicanas y que en ese momento asistían al centro de rehabilitación de la organización Cristo Vive, ubicado en el estado de Coahuila, en el norte de México. El texto indaga sobre las razones y las formas que, para estos hombres, adquiere la violencia y propone la adopción de enfoques distintos a la militarización a la hora de combatirla. Su trabajo académico1 hoy está dando la vuelta al mundo gracias a un resumen publicado en el sitio web del Centro de Investigación Periodística bajo el título “Por qué fracasa la ‘guerra contra el narcotráfico’” (Ciper, 3-I-20). Brecha conversó con García para saber más sobre sus hallazgos.

—En tu tesis identificás cuatro “dimensiones” de la violencia relacionadas con el narcotráfico. La primera de ellas tiene que ver con la violencia entendida como un oficio que se aprende y se perfecciona, pero también como un negocio. ¿Cómo explicás este enfoque?

—Creo que muchas veces nos enfrascamos en este discurso que viene de Estados Unidos, de esta guerra abstracta contra las drogas –se habla en abstracto de las “drogas” y en abstracto de los “carteles”–, sin pensar o entender realmente los diferentes tipos de violencia que existen. Muchos de mis entrevistados me explicaban que tenían un calendario establecido de a quién levantar2, a quién torturar, cómo torturarlo, cuánto tiempo torturarlo, a quién desaparecer, cómo desaparecerlo… Todo esto se sistematizaba. Esa lógica, de cualquier tipo de violencia como negocio, es la que creo que se sigue reproduciendo en algunos niños y jóvenes.

¿Cómo es posible que haya niños y jóvenes dispuestos a ganarse la vida a través de torturas, asesinatos, secuestros? Para mí eso se ha explorado poco. Es difícil, es complejo, pero para poder diseñar políticas de seguridad efectivas hay que entender cómo llega ese individuo a considerar la realización, no ya de una actividad ilegal como el tráfico de drogas, sino de estos actos violentos.

—En tu trabajo citás la idea del “capitalismo gore”, esta exacerbación del modelo económico neoliberal que, en contextos de pobreza, genera violencia extrema y da lugar a un emprendedor criminal que progresa dentro de la estructura del cartel.

—Definitivamente. Ligado al discurso sobre la pobreza que encontré –los hombres que entrevisté veían el mundo como un lugar hostil, la pobreza como una condición fija e inevitable–, los entrevistados se consideraban a sí mismos como personas desechables, sin futuro por delante. La única manera que veían para disfrutar su juventud, o los años que les quedaban de vida –porque asumían que iban a morir jóvenes–, era insertarse en la sociedad de consumo orientada al dinero. Entonces se preguntaban, ¿cuál es la manera real que tengo de insertarme en esta lógica? Bueno, es a través del narcotráfico, y uno de los trabajos que más paga ahí es el que involucra la violencia: torturar, secuestrar y desaparecer cuerpos.

—La segunda dimensión de la que hablás es la de la violencia como parte de las reglas del juego.

—En mi tesis cito algo que me dijo uno de mis entrevistados, algo que a mí me quedó muy grabado. Él era sicario, pero su trabajo también era torturar y desaparecer cuerpos. Cuando me estaba contando los detalles más sádicos de cómo torturaba a sus víctimas, yo trataba de justificarlo de alguna manera. Entonces le decía: “Bueno, pero tú estabas bajo el influjo de las drogas para hacer esto”, y él me decía: “No”. Y yo: “Bueno, pero era la parte de tu trabajo que casi no te gustaba”, y él: “No, era parte de mi trabajo”. Creo que él se dio cuenta de que yo trataba de justificarlo con mi propia lógica y me contestó con una pregunta: “¿Tú cuestionarías a un carnicero por matar cerdos o gallinas?” Para él, su lógica es “este es mi trabajo, punto, no lo cuestiono, así es”. Para mucha gente esto es incomprensible, pero cuando se observa esa lógica a través de sus historias de vida, a través de las experiencias que estos hombres han tenido, es mucho más entendible; no justificable, pero sí mucho más entendible. Estas personas no llegan a descuartizar o decapitar personas de la nada; nacen y crecen rodeados de muchísima violencia, de diferentes tipos de violencia: doméstica, de género, de pandillas; rodeados de mucha inseguridad, y aprendieron desde muy pequeños que la violencia es la única manera, no solamente de sobrevivir, literalmente, sino de ser respetados. Ser respetados en este contexto significa no ser molestados, no tener que defender su integridad física día a día. Cuando hablamos de la violencia del narcotráfico, para ellos tenía sentido porque esa lógica ya la tenían desde niños y jóvenes, porque impera en los barrios pobres, con las pandillas juveniles. La frase que más me decían era: “Cada quién se rasca con sus propias uñas”. Esa experiencia se traslada a su trabajo ya como narcotraficantes. Obviamente, en el narcotráfico los niveles de violencia y su sistematización son mucho mayores, pero esa lógica la mayoría de los entrevistados ya la traían desde niños.

—También hacés mención a una tercera perspectiva, que es la de la violencia como un divertimento. Algo que va en paralelo; por un lado, ellos lo viven como un trabajo, pero, al mismo tiempo, algunos te dicen que prácticamente se vuelven adictos a matar.

—Esa es otra dimensión de la violencia que se tiene que atacar, y, de nuevo, está ligada a sus experiencias de vida. Tener este control sobre la vida de otra persona los hace sentirse poderosos. Efectivamente, algunos confesaron que la violencia para ellos era como un hobby, un pasatiempo; mencionaban mucho la palabra “adrenalina”, decían que les daba mucha adrenalina todo este proceso de levantar a las personas, escuchar cómo sufrían. Es escalofriante, pero así era. ¿Por qué? Regreso a esta autodefinición de ellos mismos como personas desechables. Realmente creían que no había otra forma de ser respetados, que no había posibilidad de sobresalir en otro campo. Esto es muy importante, porque no se metieron al narcotráfico sólo por el dinero, sino también por el respeto; la dignidad que no tenían antes la obtenían a través del miedo y del dominio sobre la vida de otras personas.

—Por un lado, viven la violencia como un hobby, por otro, lo entienden como parte de las reglas del juego o como un negocio. Pero también muchos te dicen que pensaron repetidamente en suicidarse. ¿Cómo entendés vos esto? ¿Por qué tienen esa idea en la cabeza?

—Lo más importante, desde mi punto de vista, es que su vida diaria, desde muy pequeños, es en verdad insoportable. Desde que tienen uso de razón están rodeados de violencia. Muchos de los entrevistados contaban que sus padres eran extremadamente violentos. Imagínate crecer con ese miedo, con tanta inseguridad. En el núcleo familiar, que es donde se supone que te dan el apoyo para que salgas adelante, es donde menos apoyo tenían. No hay felicidad. Ese es otro punto muy importante; su único escape –y por eso ingresaron a las pandillas y empezaron a utilizar drogas desde muy pequeños– era drogarse y evadir la realidad. Esto va aunado a esta idea de que ya se sabe cómo van a terminar las cosas: asumen desde muy chiquitos, seis, siete, ocho años, que van a morir, ya sea de una sobredosis –porque la drogadicción es la manera en que la mayoría de los niños y jóvenes de sus entornos lidian con esa realidad tan cruda–, o en alguna riña callejera, o bien en alguna balacera. Esto se asume. Así como otras personas, en otros contextos, cuando crecen, asumen que van a estudiar una carrera, formar una familia. ¿Por qué? Porque es lo que les rodea. Ese día a día para mí es muy importante para entender cómo y por qué ellos se sienten desechables. Contestando a tu pregunta, morir es un alivio, porque ya no se tiene que lidiar con eso, con el sufrimiento que arrastran desde su niñez por el abuso de los padres y por esa falta de propósito, esa falta de dignidad. Aun en el narcotráfico –y esto me pareció muy interesante–, por más que intentaron, no lograron sentirse felices. Terminaron de una u otra manera como drogadictos, en las calles, muchas veces como vagabundos; muchos perseguidos por los carteles, en condiciones casi infrahumanas. Así es como llegaron al centro de rehabilitación.

—La cuarta perspectiva es la del “culto a la muerte”, el ritual. La violencia vista casi como un deber ante una entidad superior. ¿Cómo encaja esto con todas las dimensiones anteriores que planteás?

—Hay muy poca investigación al respecto, al menos en México, ya sea académica o periodística, pero, al parecer, por lo que vi en mis entrevistas, eso era una constante. Creo que es algo que todavía se hace en el cartel de Los Zetas, que de una u otra manera obligaba a sus integrantes a ser parte de este “culto a la muerte”. Para protegerse, no tanto para tener una vida digna, sino para tener una muerte digna, hacían este ritual con ofrendas, en el que ofrecían vidas a la santa Muerte. Las víctimas, muchas veces, eran personas inocentes, niños, jóvenes de la calle.

—Una de estas personas te contó que mató a un amigo porque se lo pidió la santa Muerte.

—Ellos creían firmemente que existe esta entidad, digamos, sobrenatural. Obviamente hay que contextualizar estas narrativas, porque durante su experiencia en el narco estas personas estaban bajo el influjo de varias drogas. Lo que dicen es que escuchaban una voz; esta persona dice: “No me acordaba, no sabía que lo había matado; me comentaron que, de la nada, agarré una pistola y le disparé”, y al que le disparó era uno de sus mejores amigos. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos no se excusaron por su violencia de ninguna manera, y por eso es que hice esta identificación de los tipos de violencia: como negocio, como reglas de juego, como hobby. Pero cuando se trataba del culto a la santa Muerte, ahí sí se veían como indefensos, no podían cuestionar a la santa Muerte; tenían que hacer lo que les pedía. Esos rituales involucraban cuestiones muy sádicas. No tengo más información al respecto, los participantes que pertenecían a estos carteles fueron los que me comentaron más. Pero, insisto, creo que se tiene que hacer más investigación sobre este tema, sobre todo en el contexto de desapariciones que tenemos actualmente en México, que es un problema gravísimo.

—En tu trabajo hacés referencia a la Guardia Nacional (GN) creada el año pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No terminás de verla como algo positivo o que pueda colaborar a solucionar el problema.

—Entiendo la idea detrás de la creación de este nuevo cuerpo policíaco. Entiendo la preocupación del nuevo gobierno, porque efectivamente existe mucha evidencia sólida de que había mucha corrupción en la Policía Federal, y ni se diga en las policías estatales y locales. Entiendo y, de cierta manera, apoyo esa iniciativa, pero se tendría que haber complementado con otras estrategias en paralelo. Hasta donde yo puedo ver, la GN no ha ayudado a disminuir la violencia, que incluso se ha incrementado; 2019 fue uno de los años más violentos en México.

Habrá que preguntarle al gobierno cuál es la estrategia. Para mí esa es la pregunta principal que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente. ¿Qué se espera obtener? ¿Cómo esta nueva corporación ayuda a prevenir y disminuir la violencia del narcotráfico? Lo que yo trato de resaltar en el artículo es simple y sencillamente la importancia de la prevención, actuar más bien a través de políticas locales, de programas que ataquen los problemas de raíz. Hay que repensar las estrategias y, para poder repensarlas y que sean efectivas, hay que escuchar también a los perpetradores, y basados en esas experiencias empezar a diseñar nuevas políticas públicas.

  1.   Publicado originalmente en inglés como Poverty, gender and violence in the narratives of former narcos en www.bristol.ac.uk
  2.            En la jerga de los carteles, “levantar” refiere al secuestro de una persona.

Rafael Rey

17 enero, 2020

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El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

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Manifestantes este sábado en las calles de Beirut. NATALIA SANCHA

 Los manifestantes secundan "una semana de rabia" contra la incapacidad de los políticos de formar Gobierno

Beirut ha vivido en la noche del sábado su jornada más violenta entrado el cuarto mes de protestas antigubernamentales. “Se nos acabó la paciencia y se acabó el plazo que le dimos hace una semana a los políticos”, sentencia un joven antes de romper unos adoquines y liarse a pedradas contra una fila de policías antidisturbios. Los manifestantes han declarado ”una semana de rabia” contra la élite político-económica que gobierna el país y que desde hace tres meses no logra formar un nuevo Gobierno al quedar enfrascada en un mercadeo de carteras y candidatos. 

Al menos 220 personas han resultado heridas y docenas de personas, arrestadas, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Estamos en alerta máxima y tenemos 18 unidades móviles que han atendido a 100 personas en el terreno y trasladado a 65 a los hospitales”, resume Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja libanesa. “Hay heridos de todo tipo, por asfixia o golpes, y el balance incluye policías y civiles”, apostilla. Cientos de libaneses han acudido a Beirut desde diferentes ciudades del país para protestar frente al Parlamento. “La gente no tiene para comer, y no pueden pagar los hospitales”, protesta una mujer llegada de la norteña ciudad de Trípoli. Como el resto, acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Un amplio despliegue policial ha impedido que los miles de ciudadanos congregados pudieran llegar al hemiciclo y repelido a las primeras filas a golpe de cañones de agua. Lo que ha provocado una lluvia de piedras como respuesta. El centro de la ciudad ha quedado totalmente sumergido en una irrespirable nube de gases lacrimógenos bajo la que durante horas las fuerzas de seguridad han perseguido a los manifestantes por centros comerciales y céntricas avenidas. Entre vitrinas de tiendes de Hermés o de Louis Vuitton, refinadas transeúntes cargadas con bolsas de compras han atendido a jóvenes descamisados incapaces de respirar o con el torso amoratado por los porrazos. “No tenemos trabajo, no podemos pagar los estudios, esto es una revolución de los pobres contra los políticos ricos y corruptos”, grita uno de los jóvenes.

Estos enfrentamientos ocurren transcurridas apenas 48 horas desde que la ministra del Interior, Raya el Hassan, hubiera de disculparse públicamente por “el exceso de violencia policial” contra manifestantes y periodistas. El abuso de la fuerza ha provocado la indignación popular. “Pedimos a las fuerzas del orden que respeten este lugar y no crucen las puertas”, se oía entrada la noche desde los altavoces del minar de la conocida mezquita de Mohammad Al Amin, donde mujeres, niños y ancianos habían buscado refugio huyendo de batalla campal.

Jóvenes de entre 20 y 30 años, entre ellos docenas de mujeres, han arremetido a patadas contra cajeros y reventados las cristaleras de bancos en lo que se ha convertido un ataque sistemático contra las instituciones bancarias que han impuesto un control informal de capital en el país tras que la libra libanesa se haya devaluado en un 60%.

La desesperación frente al deterioro económico, la perdida de empleo con el cierre de negocios y un vaticinado colapso financiero ha unido a jóvenes de diferentes confesiones que hace apenas dos meses se enfrentaban a palos en las calles. Unidos en la violencia contra las fuerzas del orden, jóvenes suníes llegados de Trípoli han cerrado filas junto con jóvenes llegados de la barriada chií de Beirut de Dahie, y feudo de Hezbolá. “Estábamos contra las manifestaciones, pero ahora es contra los bancos que no nos dan nuestro dinero y nos están robando”, dice un joven bajo el nombre de Ibrahim, desempleado a los 23. La mayoría de ellos cobra por jornada de trabajo y nunca ha pisado este céntrico barrio, concurrido habitualmente por la élite del país, por lo que muchos piden indicaciones y otros acaban perdidos para ser arrestados por policías.

El 30% de libaneses vive bajo el umbral de la pobreza, según cifras de la ONU. La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué no nos protege de la policía?, grita un grupo de manifestantes ante el avance de la policía. “Se acabó lo de manifestaciones pacificas”, zanja uno de ellos.

Por NATALIA SANCHA

Beirut 18 ENE 2020 - 17:18 COT

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Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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En Bolivia, el gobierno de facto militariza las calles

La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó ayer su preocupación por el inicio de operaciones conjuntas de patrullaje preventivo por parte de la policía y las fuerzas Armadas de cara a las marchas del 22 de enero anunciadas por los seguidores del presidente en el exilio Evo Morales. El Movimiento al Socialismo (MAS), del mandatario, anunció ayer que el ex canciller David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo.

En su comunicado, el organismo recordó los antecedentes de Sacaba y Senkata, donde 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales fueron producto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Resaltó que tanto la policía como las fuerzas armadas deben enmarcar sus intervenciones en la ley, e hizo un llamado a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país.

Militares bolivianos ingresaron a la conflictiva región del Chapare, bastión político de Morales, a días de que pobladores de esa zona cocalera inicien manifestaciones contra el gobierno transitorio, informó el jueves el ministro de Defensa.

Luis Fernando López informó que a partir del (lunes) 20, por un tema constitucional y de leyes, iniciamos el tema de la erradicación de coca excedente y no descartó dirigir personalmente esas acciones.

Esa labor es usual en Bolivia y la realizan conscriptos del ejército y efectivos policiales.

Por separado, el comandante militar de la zona, Javier Espinoza, informó que un grupo de 300 uniformados ya ingresó a Chapare, pero para ejercicios de paracadismo, lo que levantó sospechas entre los cocaleros.

El poderoso dirigente del sector, Leonardo Loza, respondió que no nos atajamos (oponemos) a que cualquier miembro del ejército haga su trabajo (...) pero acá no pueden intimidarnos con tanquetas, con ametralladoras.

Agregó que el miércoles 22 los labriegos leales a Morales se movilizarán en Chapare para celebrar de manera pacífica el día de la fundación del Estado Plurinacional, como usualmente se hizo desde que entró en vigencia la nueva Constitución en 2009, cuando Bolivia dejó de ser república.

Las movilizaciones de sindicatos leales al ex mandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, también se realizarían en otras ciudades, lo que motivó que el gobierno ordene operaciones de seguridad de policías y militares a partir de este jueves.

La Defensoría indicó que se debe crear un ambiente que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, dando prioridad al uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no el uso de la fuerza estatal.

En este sentido, destacó: Si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley, resaltó.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado e integrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan, además, que el 22 de enero finaliza el mandato interino de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se proclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en los comicios del 20 de octubre, que desencadenaron la crisis política que llevó a Morales a salir del país.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para remplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Extienden el mandato de Jeanine Áñez

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganador de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme a un acuerdo entre el MAS y los aliados de Áñez.

El partido de Morales anunció que David Choquehuanca, un indígena aymara, quien fue su canciller, será el candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo. La decisión fue apoyada por un pacto entre sindicatos que está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonia.

Choquehuanca, de 58 años, logró el apoyo necesario para ser postulado por el MAS, creado por Morales. El ex canciller irá acompañado en la fórmula por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

El ex presidente va a ratificar en los próximos días la decisión. Él no ha elegido, él ha pedido que decidamos en consenso, explicó ayer el diputado de esa fuerza política Juan Cala.

Rodríguez, de 30 años, es dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de las cuales Morales continúa siendo su máximo líder.

Horas después, el presidente en el exilio tuiteó que habría cuatro precandidatos y que se reunieron con él en Argentina, donde está refugiado. Entre ellos Choquehuanca y Rodríguez, pero también el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pary.

Cala y su colega, el senador Omar Aguilar, informaron que sólo es una formalidad, pero que Morales debe respetar la decisión de los congresos del MAS en Bolivia.

Choquehuanca y Rodríguez, tienen el apoyo de ocho de nueve regiones, agregó Aguilar.

También dijo que se prevé que el anuncio oficial lo hará Morales y luego el binomio será proclamado. La decisión se da a cinco días de que Morales brinde un informe desde Argentina sobre sus 14 años de gobierno. Morales considera que jurídicamente continúa siendo el presidente de Bolivia debido a que la Asamblea Legislativa aún no ha tratado su carta de renuncia.

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Viernes, 17 Enero 2020 06:18

Las nuevas-viejas formas de dominación

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue creado en 1961 y fue desmantelado oficialmente en 1979; creada originalmente para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato

Los escuadrones de la muerte creados por las oligarquías en la década de 1960, claves para contener las insurrecciones populares, tenían funciones y modos casi idénticos a los actuales grupos paramilitares, al llamado narcotráfico y, en no pocas ocasiones, al accionar de las fuerzas estatales de represión.

Echemos un vistazo al pasado inmediato, digamos los años 60 y 70, en un país azotado por los escuadrones y los paramilitares, como El Salvador, cuyo caso puede aplicarse a toda América Latina.

El primer grupo paramilitar formal se llamó Organización Democrática Nacionalista (Orden) y fue creado por el director de la Guardia Nacional en 1964, en completo secreto, en el contexto del Programa de Seguridad de Estados Unidos en El Salvador, que un año antes había iniciado el entrenamiento de integrantes del cuerpo policial.

El objetivo de Orden era el control del campesinado en las áreas rurales, ya que en esos años la principal riqueza del país era la producción de café, caña y algodón para la exportación. Entre sus objetivos figuraba adoctrinar al campesino en favor de “la democracia representativa y el mundo libre”, en un país gobernado por militares que habían masacrado a 30 mil trabajadores rurales e indígenas en la revuelta de 1932, en la que participó Farabundo Martí.1

Los integrantes de Orden recibían entrenamiento militar y permiso para portar armas; a cambio debían delatar a sus vecinos en pueblos y cantones. También se beneficiaban con recomendaciones para obtener trabajo, servicios de salud, educación para sus hijos, diversos insumos agrícolas y, si era necesario, la destrucción de expedientes judiciales comprometedores.

Como la estructura económica no estaba en condiciones de proporcionar servicios a los campesinos, que habían perdido sus tierras por el avance de la mecanización en la agricultura de exportación, Orden suplía ese vacío a través de la prebenda personal, que “simulaba constituir a los habitantes en ciudadanos”, según la acertada frase de la investigadora Sara Gordon.

Como puede observarse, una misma organización paramilitar cumplía la doble función de control policial y de servicio social, lo cual le otorgaba un poder extraordinario.

Orden fue responsable, entre muchos otros y siempre en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, del asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977, como parte de la escalada represiva contra la Iglesia popular y las organizaciones campesinas y estudiantiles que desembocó, dos años más tarde, en el asesinato de monseñor Óscar Romero (por escuadrones mejor organizados y pertrechados) y el inicio de la guerra civil en la que murieron más de 70 mil personas.

Un integrante de Orden expresaba de este modo las “ventajas” que le daba pertenecer a la organización paramilitar: “podemos arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente. Aquí en mi cantón, yo soy la ley”.

Vale reflexionar quiénes son, hoy en nuestra realidad cotidiana, los que tienen el poder suficiente para comportarse de ese modo. No hace falta indagar demasiado para concluir que se trata de esa peculiar amalgama entre aparatos represivos estatales, paramilitares y narcos. Ellos son la “ley”, los que tienen vía libre para detener, violar, desaparecer, torturar y asesinar a quienes quieran. Son los herederos de los escuadrones de la muerte.

Una “modernización” similar sucede con las formas clientelares que usaron las oligarquías para extender favores a sus incondicionales, para consolidar una base social que les permitiera seguir esquilmando a los campesinos. Esos modos, como la caridad de la Iglesia, fueron sistematizados por el Pentágono como “acción cívica”, aplicando en las guerras centroamericanas formas de contrainsurgencia aprendidas en Vietnam.

Modos que evolucionaron hasta lo que hoy denominamos políticas sociales, aplicadas tanto por gobiernos progresistas como conservadores, porque han mostrado cierta utilidad para contener la protesta y, sobre todo, para abrir fronteras a la acumulación capitalista.

Es cierto que han aparecido nuevas formas de control social a caballo de las nuevas tecnologías. Pero ellas no sustituyen el control parapolicial y paramilitar, sino que se superponen y complementan. Para la población que vive en la zona del no-ser, donde la vida no es respetada y la violencia es el modo de regular las relaciones sociales, las viejas formas de control contrainsurgente siguen vigentes.

Fernand Braudel, maestro del tiempo largo, nos enseñó a desconfiar de los cambios rápidos: “ni siquiera las revoluciones son rupturas totales”. La persistencia y la duración son más potentes que “los golpes de teatro”.

Por eso, no nos hagamos muchas ilusiones con los “cambios” desde arriba: la violencia, que fue la partera del capitalismo, lo seguirá sosteniendo hasta el final, pese a los discursos que maquillan la dominación.

1 Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador , Siglo XXI, p. 142

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USAID admite que desde 2017 ha entregado 467 millones de dólares a la oposición venezolana

Parte del dinero fue destinado al autoproclamado presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato, bajo el concepto de "ayuda humanitaria".

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.

Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".

En el documento, publicado en diciembre, la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para "compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia".

El informe, titulado "USAID en Venezuela", aclara que el organismo "no transfiere fondos" directamente a la "administración de Guaidó", sino que "se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación". No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.

Ya en septiembre del año pasado,  la agencia estadounidense informó que entregaría 52 millones de dólares para apoyar al líder opositor, con el fin de "restaurar la gobernanza democrática" en el país sudamericano. 

Los fondos no aparecen

El pasado 29 de noviembre, el exembajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, acusó al "entorno" de Guaidó por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. "Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor, mal manejo de recursos, doble facturación, facturación ficticia", afirmó.

Asimismo, en diciembre el portal Armando.info denunció la supuesta participación de once parlamentarios opositores en una "trama de corrupción para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos, entre los que se encuentran tres del partido político de Guaidó (Voluntad Popular).

Estas acusaciones mutuas de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos fue lo que contribuyó a acelerar la fractura a lo interno de las filas opositoras, que devino en el nuevo conflicto legislativo que se vive en Venezuela, donde dos sectores del antichavismo se atribuyen la presidencia del Parlamento.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que Guaidó "maneja millones de dólares" de los fondos bloqueados por EE.UU. a Venezuela, que son usados por el parlamentario opositor para impulsar sus planes "terroristas" en el país.

Publicado: 16 ene 2020 23:53 GMT

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