El presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca durante la sesión informativa sobre la crisis de salud por el Covid-19 en Estados Unidos.Foto Afp

Nueva York. Donald Trump anunció ayer un nuevo operativo militar antinarcóticos en el hemisferio americano contra lo que afirmó es una "creciente amenaza" de narcotraficantes y "terroristas" buscando aprovecharse de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus; sus altos mandos militares identifican a Venezuela como amenaza en particular, y el presidente estadunidense también comentó positivamente sobre la cooperación antinarcóticos con México en este contexto.

“Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos robustecidas en el hemisferio occidental…. No debemos permitir que los cárteles de droga exploten la pandemia para amenazar vidas estadunidenses”, declaró Trump al inicio de su sesión informativa casi diaria en la Casa Blanca dedicada al coronavirus.

Esta vez acompañado no por sus expertos y encargados de salud pública, sino por su secretario de Defensa, Mike Espy; el jefe del estado mayor, general Mark Milley, y del procurador general Bill Barr, el presidente detalló que “en cooperación con 22 países socios, el Comando Sur de Estados Unidos incrementará su vigilancia, interrupción y confiscación de cargamentos de drogas y ofrecerá apoyo adicional para esfuerzos de erradicación…”

Señaló que se están desplegando naves destructoras de la Marina, buques de combate, aeronaves y helicópteros adicionales que incrementarán al doble las capacidades estadunidenses en la región.

Trump aseveró que las fuerzas militares desplegadas serán "completamente abastecidas de equipo de protección personal" para cuidar la salud de las tropas, algo que el personal médico que enfrenta la pandemia en Estados Unidos no ha logrado obtener en cantidades suficientes.

El general Milley informó que se obtuvo "inteligencia" según la cual los cárteles están intentando aprovecharse del estallido del coronavirus para infiltrar más drogas a este país.

Ante ello, proclamó: “estamos en guerra contra el Covid-19, contra los terroristas y contra los cárteles de las drogas. Somos los militares de Estados Unidos, no penetrarán nuestro país… No llegarán aquí para matar a más estadunidenses” con sus drogas.

Agregó que la operación comenzó este miércoles, con la participación de "miles" de efectivos de varios sectores de las fuerzas armadas estadunidenses y con algunas de las naves ya en el Caribe. También informó que fuerzas de operaciones especiales y de seguridad participan en esta tarea.

El secretario Esper indicó que el Pentágono y sus contrapartes en la región han iniciado operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico oriental.

Esper mencionó a Venezuela en particular al hablar de las nuevas operaciones acusando al "régimen ilegítimo de Maduro" de depender de las ganancias del narcotráfico para mantener su poder.

Barr, en su turno ante el micrófono, recordó que la semana pasada anunció cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y 16 funcionarios más del gobierno de Venezuela.

El senador federal Marco Rubio, anticastrista y antichavista, gozó al decir que después de que el presidente venezolano fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos y que se anunció una recompensa de 15 millones por su cabeza, para Maduro "no será algo muy reconfortante tener al Comando Sur realizando operaciones antinarcóticos" frente a sus costas.

México

Barr indicó que entre las prioridades más altas del Departamento de Justicia que él encabeza, está “destruir a los cárteles mexicanos”, a los que acusó de ser en gran medida responsables de la mayoría de las muertes por drogas de 70 mil estadunidenses cada año.

Informó que Trump le pidió en diciembre viajar a México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer “un esfuerzo integral y coordinando con los mexicanos para enfrentar a los cárteles”, agregando que ya hay "actividades" en curso contra esas organizaciones criminales en el país vecino, todo lo cual será beneficiado por el operativo en otras partes del hemisferio anunciado ayer.

A la vez, Trump intentó argumentar que su muro fronterizo con México –el cual, dijo, ya se extiende 161 millas– no es sólo efectivo contra inmigrantes indocumentados, sino "que tendrá un impacto tremendo sobre drogas, pero una de las otras cosas que pensamos en que tendrá un impacto es el coronavirus".

Trump reiteró que el gobierno mexicano ha puesto a 27 mil soldados para frenar el ingreso de personas que desean llegar a este país. "El Presidente de México es un gran tipo que realmente nos ayudó mucho, 27 mil soldados", y recordó que eso de las caravanas que pasaban por México "ya no está ocurriendo ahora".

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Cuarentena por la vida: ¿y la vida de las mujeres?

Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo; arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir (Gioconda Belli)

El aislamiento preventivo obligatorio es una necesidad sanitaria incuestionable: es alta la capacidad de contagio del nuevo covid19 y, la necesidad de disminuir la curva de contagios para no colapsar al sistema de salud. Sin embargo, la obligatoriedad del confinamiento en los hogares, revela que, paradójicamente a la urgencia sanitaria, hay una inviabilidad social para realizar tal medida, aun más, si se espera que ese periodo sea esencial para la protección de la propia vida.   De ahí, dos cuestiones emergen frente a la problemática del proceso de aislamiento en los hogares: las necesidades materiales de existencia que no pueden ser solventadas por quienes viven de lo que reciben diariamente en el trabajo informal o precariamente en el “rebusque” y, la violencia de género que ocurre en el ámbito intrafamiliar. Ambas, vivenciadas por la mayor parte de la población colombiana, luego, no estamos hablando de problemas marginales.

En el marco del Área de Estudios en Familia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia - línea de Conflicto, dinámicas sociopolíticas y violencia - ese breve texto se detiene en el segundo problema, sufrido por las mujeres en las familias.

 Cuando se anunció en Bogotá el simulacro de aislamiento y, luego, la cuarentena obligatoria en todo el país, los movimientos de mujeres denunciaron unviejo conocido: el hogar y la familia, en la Modernidad Occidental identificados como un espacio de afecto y cuidado, son para las niñas y para las mujeres, un espacio de sufrimiento de múltiples violencias que pasan por el trabajo ininterrumpido, las humillaciones, la renuncia o el aplazamiento de sus proyectos personales, hasta las agresiones físicas, las violaciones sexuales y el feminicidio.

Es por eso que llama la atención el discurso oficial reiterado por la prensa de que todos deben utilizar ese periodo para convivir y disfrutar de la compañía de quienes en la cotidianidad de la vida se ven alejados por las dinámicas intensas de trabajo y estudio. Es emblemático porque, son completamente ignorados, de un lado, el conflicto y las tensiones inherentes a las relaciones humanas, que pueden agudizarse en un contexto de encierro y, de otro, la violencia vivida a diario por las niñas y las mujeres en el país.

El referente paradigmático toma la familia como un espacio armónico y equilibrado (muy distante de la realidad de los hogares) y, la violencia de género en ese ámbito, cuando evocada, es vista como una disfunción de determinadas familias o como un problema aislado.

Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal, en 2018, reveló lo que sigue invisible: de los más de 22 mil casos de presunto delito sexual registrados, un 75% fue de niñas entre 0 y 14 años siendo 87% practicado por un familiar. Más de 42 mil mujeres realizaronvaloraciones médico legales por la violencia de pareja sufrida. 67% de los casos fueronpoli traumáticos, y uno de cada cuatro, con trauma facial o de miembros. Lo que se revela, por lo tanto, es la intensa barbarie que ocurre en los hogares. Sumase que, para cada mujer que realiza una denuncia formal, otras tres no la hicieron.

En el marco de las investigaciones realizadas en la línea de violencia de nuestra área de Estudios de Familia, la investigación “Mujeres en condición de desplazamiento forzado y (no) violencias” encontró que muchas mujeres víctimas del conflicto armado se desplazaron forzosamente por la primera vez en sus vidas, no para huir de la guerra sino para huir de sus parejas que las amenazaban la vida (Solyszko, Beltrán, 2019). Otra investigación, realizada con mujeres profesionales en Bogotá, encontró que son múltiples los escenarios de violencia psicológica vivenciados por las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja, que puede ir desde el control y humillación, hasta el chantaje, la manipulación, el terror y la tortura (Alonso, 2020). En un tercero ejercicio investigativo sobre esas violencias, ahora sobre las mujeres embarazadas, se identificó que ese periodo de la vida puede estar marcado (y lo estuvo en las mujeres entrevistadas) por vivencias de violencia conyugal que en ningún momento se pueden catalogar como leves o invisibles, lo que hizo en la mayoría de los casos la construcción de una maternidad dolorosa y sacrificante(Hernández, 2019).

Eses problemas que vienen siendo analizados por nuestra línea de investigación nos llevan a cuestionar las formas de enfrentamiento a la violencia, el protagonismo de los sujetos, el lugar de los hombres y las masculinidades para superar esas dinámicas, pero sin duda, pensarnos cómo podemos cambiar las prácticas sociales, construirnos otras formas de vida, afectivas, amorosas, que no transforma las diferencias en desigualdades, ni los conflictos en violencia.

El aislamiento preventivo no es un tiempo seguro para las niñas y para las mujeres. Pero seguramente es una demanda a las respuestas del Estado en las rutas de atención a la violencia y en las sanciones necesarias, pero principalmente, una invitación a replantear nuestras relaciones sociales de género, la humanización de las mujeres como agentes de su historia, y no como vidas y cuerpos a disposición de los demás. Así como es urgenteimpedir la propagación del covid19, lo es detener las violencias contra las mujeres. Un “virus” más antiguo y más peligroso que aún no fuimos capaces de controlar.

 

Referencias:

Alonso, Karen (2020). Mi identidad en reconstrucción: Mujeres en situación de violencia psicológica. Trabajo de grado. Hernandez, Angye Tatiana (2019). Trabajo de campo. Representación de sí misma en la maternidad de mujeres jóvenes con vivencias de violencia. Trabajo de grado en curso. Solyszko, Izabel; Beltrán, Betky Juliana (2019) Mujeres en condición de desplazamiento forzado y (no) violencias (publicación en curso). Instituto de Medicina Legal (2018). Revista Forensis. Bogotá-DC.

Izabel Solyszko, trabajadora Social. Doctora en Trabajo Social. Post Doctora en Género y Desarrollo. Docente investigadora em la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Integrante del Área de Estudios de Familia.

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Denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo

Comunicado al Gobierno Nacional, a las entidades de Naciones Unidas, a la Fiscalía, a la Defensoría del pueblo, a todas las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y a la sociedad colombiana en general sobre el Asesinato de la Lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, perteneciente a la Organización Femenina Popular, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, quienes realizamos una salida de campo en octubre del año pasado, con el fin de conocer y aprender de primera mano sobre las condiciones sociales, las formas de resistencia y las distintas iniciativas de los pobladores de varios municipios del Magdalena medio, denunciamos y rechazamos el asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez y la desaparición de su esposo. Exigimos al Gobierno nacional, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, la identificación y judicialización de los autores intelectuales y materiales de este execrable hecho.

Por otra parte expresamos nuestra solidaridad a la familia de Carlota, a la de su pareja y con la Organización Femenina Popular (OFP) y sus familias, que en sus más de 30 años ha estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables del país y del Magdalena medio y que ha sufrido persecución y asesinatos de varias de sus lideresas, cayendo en la revictimización constante.

Exigimos al Gobierno nacional la protección de todas las integrantes de la OFP, así como de todas las organizaciones y personas del Magdalena medio que luchan por los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la tierra y, en general, por el buen vivir y la paz territorial.

Es necesario decir que Carlota Isabel y la OFP estaban -y siguen- trabajando arduamente en la búsqueda de alternativas en pro de la ayuda a la población más vulnerable en el contexto de la Pandemia del coronavirus. En una lección que las mujeres colombianas vienen brindando al resto de la sociedad, en el cuidado familiar, colectivo y en la resistencia a todas las formas en las cuales el capitalismo y el patriarcado vienen atacando la vida digna y el derecho a vivir en paz de todas y todos.

Por último, hacemos un llamado a toda la sociedad colombiana, para que en medio de la situación compleja de la pandemia causada por el Coronavirus, no olvidemos la pandemia de asesinatos de líderes sociales en el país, que se constituye en una masacre sistemática de todas las personas que luchan por los Derechos Humanos y la paz digna para toda Colombia. Cabe mencionar que Carlota Salinas en los últimos días venía fortaleciendo lazos de solidaridad en el municipio, para que familias en condiciones desfavorables pudieran también sumarse a la medida obligatoria de aislamiento preventivo.

Exigimos al Estado colombiano, y a las instituciones que lo componen, proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, comprometerse con el mandato constitucional de la Defensa de la vida digna y llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de los asesinos y de quienes son responsables de esta masacre.

Firmado en Bogotá, el jueves 26 de marzo de 2020.

Carlos Iván Pacheco Sánchez – Profesor del Departamento de Sociología – Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de los cursos "Métodos Cualitativos" y "Espacio y Sociedad" 2019-2, et al.

Gean Pierre Tilano Molina

Jeison Alejandro Vaca Monroy

Carolina García Bernal

Nazly Dayanna Jaimes Bernal

Lina Fernanda Rangel Fonseca

Sara Maria Rincón Bogota

Duvan Carranza García

Juan José Jiménez Jaramillo

Felipe Trujillo Garzón.

Juan Diego Castro Yanes

Simón Esteban De Antonio Delgado

Leidy Sofia García García

Isabel González Guerrero

Ingrid Liliana Cortés.

Miguel Angel Amaya Placides

Natalia Niño Bastidas.

Kurt Daksen Lozada Marin

María Alejandra Caucali Sterling

Brayan David Cristancho Navarrete

Daniela Moreno Sánchez

Laura Alejandra Alarcón, estudiante de Trabajo Social.

Ana Lorena Jaime Huérfano

Kiara Vanessa Rodríguez España

María José calvo Paez

Nicolle Valentina Amaya Baquero

Juan Sebastián Rodríguez R.

Edwan Santiago Guzmán Silva

Valentina Cardenas Cogollos

Madi Andrés Barbosa Nieves

Juan Esteban Vásquez Arcila

Diana Pachón Giraldo

Erika Dayana Romero

Juliana Valentina Díaz Reyes

Laura Rincón Jurado

Sofía Hernández

Álvaro Iván Tapie

Jenny Fernanda Chocue

Vielka Valentina Rodríguez

Richard Darío Carvajal Ramírez

Si otrxs estudiantes y profesores de Sociología o de otras Facultades de la Universidad Nacional quieren suscribir este comunicado pueden hacerlo en el siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1WjLqavT1knhjQWWbo45TiAjBEzFrt12XCY79J-x67vY/edit

Desde la Universidad Nacional de Colombia nos negamos a olvidar

¡BASTA YA DE ASESINATOS A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES QUE LUCHAN A DIARIO POR LA VIDA DIGNA Y POR LA PAZ!

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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La crisis de los cuidados en forma de coronavirus

La nueva crisis se llama “coronavirus”. Dos de sus consecuencias relevantes están siendo el aumento de la violencia machista y la puesta de relieve –más si cabe– de la trascendencia de los cuidados y de la urgencia de una rearticulación sistémica de los mismos, más allá de la explotación y el esclavismo heteropatriarcal racista y capitalista. Por poner un par de ejemplos, tres mujeres han sido asesinadas en nuestra pequeña nación, EuskalHerria, en una semana, en la que se puso en marcha el confinamiento de la población, o cuatro hombres han sido detenidos por agredir a mujeres en Navarra, mi comunidad, el primer fin de semana de confinamiento.

Pero desde la insularidad y atomización del aislamiento la lucha, la organización y la resistencia siguen. Vídeos, carteles y protestas ruidosas y nocturnas en forma de caceroladas desde balcones y ventanas se suceden a modo de denuncia de la violencia machista y racista. Una de las reivindicaciones principales del movimiento feminista, dentro y fuera de EuskalHerria, es la necesidad de poner la vida en el centro, cuestión en la que se entrelazan, tanto la violencia machista, como la necesidad de una revalorización y redistribución de los cuidados. La solidaridad colectiva franquea los muros del aislamiento social y crearedes de cuidadoen pueblos y barrios,paracombatirasí la intensificación de la precarización vital y asistencial.

En el Estado español (división geográfico-administrativa a la que actualmente pertenece la mayor parte de EuskalHerria, la otra parte pertenece al Estado Francés), existe una sistema público de salud, en teoría universal y gratuito, que si bien en buena parte privatizado y maltrecho por los recortes capitalistas, implica una cobertura sanitaria para la ciudadanía general. Esto significa que la gente que vive en la calle, la que no llega al salario mínimo, la que no tiene seguro médico ni seguro privado, las migrantes sin papeles, etc. serán, en teoría, atendidas.

Aun con todo, esta estructura social que paliará y amortiguará los efectos del coronavirus dejará fuera muchos cuerpos –en situación especialmentevulnerable se encuentranlas personas confinadas en cárceles y en los Cies (Centro de Internamiento de Extranjeros)–y muchas demandas, y no opacará la urgente necesidad de poner la vida, mucho más allá de la vida hegemónica, en el centro. El coronavirus no hace sino poner de relieve una crisis sistémica de los cuidados, la profunda y planificada inercia neoliberal capitalista de invisibilización, feminización, racialización, infravaloración y pauperización de los cuidados. Las recesiones económicas teledirigidas y los colapsos ecológicos no cesarán si no otorgamos a los cuidados el valor central que tienen como sostenedores y reproductores de vida,y articulamos nuestras sociedades en torno a ellos de manera justa y equitativa.

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Lunes, 23 Marzo 2020 10:08

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

Publicado enFotorreportajes
Lunes, 23 Marzo 2020 09:15

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

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Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados

La violencia del Estado colombiano no da respiro, tampoco la constante violación de los derechos humanos. Ahora el turno es para quienes están en presión.

No valieron los llamados elevados ante el gobierno de Iván Duque, ni las denuncias públicas por parte del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia* recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí viven, producto del Covid-19, las solicitudes para aplicar medidas de higiene al interior de estos establecimientos, a la par de la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria, dándole paso así a descongestionar los centros de reclusión, otorgando libertades humanitarias como parte de la misma. En contra de este proceder, humanitario y lógico en las circunstancias de pandemia que padece el mundo y Colombia como parte del mismo, la sociedad colombiana vio la luz del domingo 22 de marzo con la nefasta noticia de una masacre en la Cárcel Nacional Modelo –Bogotá–, así como el asesinato de otros dos presos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.

Desinterés y silencio gubernamental que llevó a los presos a elevar su presión, coordinando un cacerolazo para las horas nocturnas del 21 de marzo, por llevarse a cabo en más de una docena de cárceles y penitenciarias del país (La Picota, La Modelo, Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Cómbita, Palmira, Buen Pastor de Bogotá. El asesinato ya registrado fue la respuesta de un gobierno que está de espaldas a las mayorías sociales, tanto antes de la pandemia que tiene en casa a 50 millones de connacionales, como antes de la misma, de lo cual da testimonio el 21N y las jornadas de protesta que le siguieron.

Desde varios días atrás el Movimiento Nacional Carcelario denuncia las insuficientes medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión, insuficientes para prevenir un contagio generalizado con el Covid-19. Denuncia que los protocolos de seguridad son pésimos, el relevo de las guardias es el mismo que han implementado por años, sin usar protección como guantes o tapabocas. También perdura la falta de gel antibacterial en las cárceles.

Situación de riesgo que se suma a la realidad que en salud y enfermedad son cotidianas en estos centros de castigo, como es la existencia de enfermos, hombres y mujeres, de VIH, cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, más vulnerables, con un sistema inmunológico deficiente para un posible contagio masivo de la pandemia coronavirus, ancianos sin goce de políticas de atención especiales, entre algunas de las problemáticas que hacen el castigo más severo.

El sistema nacional penitenciario carga inmensas falencias, hasta el punto que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, junto con otras sentencias que han seguido a lo largo de una década, declaró la prevalencia de una violencia sistemática de derechos humanos hacia los presos, como: el hacinamiento, la falta de agua potable, alimentación de baja calidad, aéreas de sanidad que no se encuentran adecuadas, todo lo cual crea deficiencias en salubridad y genera unas condiciones de alto riesgo para la vida de los internos y el desconocimiento de los derechos humanos. Realidad que hoy día se traduce en un escenario propicio para el contagio del coronavirus, lo que tendrá unas consecuencias gravísimas para los presos en particular y la sociedad en general.

La angustia que viven los presos, producto de la pandemia en curso, no es gratuita ni inventada, es el producto de una crisis mal manejada, en donde la sociedad en general ha quedado expuesta a una sobrecarga de desinformaciones e insuficientes políticas sociales por parte del gobierno nacional, el cual se afanó en promulgar medidas para proteger al empresariado, al tiempo que dejó sin alternativas económicas y de protección social a las mayorías sociales, ahora obligadas al aislamiento social.

“El hacinamiento es tan grave que se trasladó a las Unidades de Reacción Inmediata (Uris), estaciones de policía. No dan abasto estos sitios. La única forma de generar deshacinamiento es por medio de generar domiciliarias o liberaciones humanitarias. Es importante tener en claro las reivindicaciones del Movimiento Nacional Carcelario”, aseguró en entrevista con desdeabajo, Gloria Silva, abogada y defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

Es una realidad incomprensible la que hoy constata la sociedad colombiana, pues mientras se llama al asilamiento general, y a procurar guardar distancia con vecinos, quienes están en prisión permanecen hacinados, conviviendo cuerpo a cuerpo, padeciendo de cortes de agua, teniendo que realizar todo lo concerniente al aseo personal sin garantías de desinfección de baños y sanitarios.

Una realidad que desconocen las autoridades del ramo. Tanto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, como el general Norberto Mujica Director del Inpec, en la mañana del 22 de marzo, en un informe entregado al país, tildaron los amotinamientos como plan criminal de fugas y aseguraron que no existen problemas sanitarios en las cárceles.

“No se conocen hasta ahora infectados de coronavirus en las cárceles a nivel nacional pero varios presos tienen síntomas como gripa. ¿Hasta dónde están funcionando los protocolos por parte del Gobierno?”, cuestionó la abogada Gloria Silva quien comentó que pronto saldrán comunicados de plataformas defensoras de derechos humanos ante lo ocurrido.

Es la realidad de hacinamiento y alto riesgo de contagio que viven quienes están en prisión, lo que motivó al equipo desdeabajo a proponer la urgente descongestión de los centros de reclusión, y para que así sea:

“1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”. (Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html). La masacre llevada a cabo en La Modelo hace más palpable la crisis humanitaria que viven quienes padecen el castigo carcelario y hace más urgente liberar a miles de quienes pasan sus días en espera de un incierto futuro.Link de la nota:

*https://web.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2796180223806973?__tn__=K-R

Testimonios

En cubrimiento de lo sucedido en La Modelo, desdeabajo conversó con familiares de quienes están presos, mujeres y hombres que a las afueras del penal aguardan con angustia alguna información que les indique si su familiar está entre los asesinados. En su rostro se refleja la intranquilidad, y en sus ropas la húmedad producto de los chorros de agua con que fueron reprimidos por parte del Esmad algunas horas antes.

Ellos nos narraron que desde días atrás, al momento de ingresar a visita, padecen el decomiso de alimentos y de los utensilios de aseo, ni uno ni otro pueden ingresarse una vez se conoció el avance de la pandemia.

A eso se agrega la medida, recién tomada, de impedir las visitas semanales. Es decir, los presos padecen doble aislamiento.

Pero además, aseguraron, los asesinados tienen que ser más de 23, tal vez 50, 70, o quienes sabe cuantos, pues en horas de la mañana del domingo 22 de marzo, salieron de la cárcel unos 6 furgones, que como es conocido tienen capacidad para cargar hasta 15 cuerpos.

Pese a que los equipos de seguridad del Estado no los dejan acercar al lugar de los hechos, ellos y ellas permanecen allí, con ojos abiertos y oídos atentos, aguardando la nefasta o la buena noticia que traiga alguna voz desde el interior del sitio de encierro.

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Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

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