Miércoles, 04 Agosto 2021 06:13

Haití: la trama internacional del magnicidio

Juvenel Moïse, el presidente de Haití asesinado el pasado 7 de julio, en un encuentro entre jefes de Estado del Caribe y Donald Trump en 2019. Foto: Gobierno Danilo Medina

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

4 ago 2021 07:07

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte  de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.

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Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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El general en retiro Mario Montoya (en imagen de archivo) enfrentará cargos por eldelito de los "falsos positivos", uno de los casos de violación a los derechos humanos más graves en Colombia cometido durante la presidencia de Álvaro Uribe. Foto Ap

La Interpol busca a líder de la disidencia de las FARC que ordenó el atentado contra Iván Duque

 

Bogotá. La Fiscalía General de Colombia informó ayer que formulará cargos contra el general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de 104 civiles, entre ellos cinco menores de edad, todas presentadas como falsos positivos durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en el país.

La acusación contra Montoya se relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del ejército entre noviembre de 2007 y el mismo mes de 2008, cuando estaba vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del comando de las fuerzas militares que dejó de priorizar las bajas en combate durante la presidencia de Álvaro Uribe, para privilegiar la desmovilización y las capturas.

Sin embargo, la fiscalía evidenció que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios como condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.

"El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del comando general de las fuerzas militares a las unidades del ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas", indica un documento de la fiscalía al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

El texto citado agrega que "Montoya continúo ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña".

El fiscal general Francisco Barbosa señaló en entrevista con la revista Semana: "lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad".

La fiscalía denuncia que Montoya desconoció o ignoró la llamada Directiva 300-28, que recomendaba políticas de desmovilización de combatientes, por delante de cualquier otra consideración, incluyendo su muerte en combate, y favoreció operaciones que desembocaron en el asesinato de estos civiles.

"La investigación lo que nos da es que en 2006 se empezaron a presentar denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces", apuntó Barbosa, e indicó que "Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció la directiva 300-28. Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones".

Si bien el ex titular del ejército se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1° de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.

El oficial en retiro, quien está en libertad y renunció en 2008 tras casi 40 años de servicio, negó en el pasado los delitos por los que es acusado, mientras su abogado, Andrés Garzón, dijo ayer a periodistas que el caso es investigado por la JEP, por lo que la fiscalía no tiene competencia para incriminar a su cliente.

Este tribunal especializado es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260 mil muertos y permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, pero algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.

La JEP reveló hace poco que al menos 6 mil 402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe. Grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP, entre ellos varios subordinados de Montoya, en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.

En un procedimiento judicial ordinario el oficial en retiro podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

En tanto, seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia embera katío, y otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por ser cómplice, informó la fiscalía.

En tanto, la Interpol de Colombia expidió una circular de búsqueda contra Javier Veloza, líder de la disidencia de las FARC, acusado de ordenar el atentado contra el presidente Iván Duque, reportó Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

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Familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’ piden que el general (r) Mario Montoya sea imputado

Según los afectados, hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas

 

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más conocidas como ‘falsos positivos’ ya no pueden esperar para ver avances en los casos que involucran al general en retiro (r) Mario Montoya Uribe. Este 30 de julio el grupo pidió que la Fiscalía General de la Nación no dilate más el proceso y llame a una audiencia para imputarle cargos al uniformado

La petición la hizo el abogado Sebastián Escobar, representante civil de un grupo de víctimas de los ‘falsos positivos’, quien aseguró que hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas. Además, señaló que el proceso está demorado, aunque la Fiscalía General de la Nación aseguró, desde inicios de 2019, que la indagación preliminar contra Montoya se encontraba plenamente concluida y que el paso siguiente era la imputación de cargos.

Sin embargo, hay que recordar que en este proceso han habido cambios que ralentizaron las acciones judiciales. Uno de estos es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró a revisar el caso y la Fiscalía aseguró que cuando esto pasó se paralizó el trabajo de la entidad.

Ante este hecho, este 29 de julio la misma Fiscalía expidió una circular interna en la que le pide a sus funcionarios seguir adelante con investigaciones relacionadas al conflicto armado. En el documento se especifica que reactivar estas investigaciones, incluyendo la de los ‘falsos positivos’, se hará sin interferir con el trabajo que adelanta la JEP.

“Es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que sean de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido por la regulación transicional”, se lee en la circular.

Es por ello que el único alcance que puede tener el ente acusador es vincular formalmente a una investigación e imputar cargos a los procesados, pero no podría emitir órdenes de captura, solicitar medidas de aseguramiento o llevar las investigaciones a etapa de juicio, ya que esto es competencia exclusiva de la justicia especial.

Precisamente, uno de los casos que volvería a investigar la Fiscalía sería la del general Mario Montoya.

“Saludamos que la Fiscalía haya emitido esta nueva circular corrigiendo la directiva anterior que resultaba en una denegación de justicia e insistimos ante la tercera delegada en que se cumplen todos los requisitos para que avance con la imputación del general Mario Montoya Uribe, en cumplimiento de las normas citadas, del deber de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y para que crímenes como estos jamás se repitan”, dijo Escobar a RCN Radio.

El caso de Montoya es uno de los más polémicos porque cuando el general retirado compareció ante la JEP, aseguró que los soldados que cometieron los ‘falsos positivos’ fue por “falta de capacitación”. Argumentó que, actualmente quienes ingresan a la milicia colombiana son jóvenes de estrato uno que no saben cómo comportarse y mucho menos seguir las instrucciones que se les da en el Ejército Nacional.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato dos, ni tres ni cuatro. Voy a hablar con el corazón, como comandante: nos toca enseñarles a cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad”, dijo Montoya el 13 de febrero de 2020 ante la JEP.

Estas palabras fueron pronunciadas frente a 41 víctimas de los ‘falsos positivos’ y 15 representantes judiciales. Uno de los asistentes, padre de un civil dado de baja y presentado como excombatiente, se levantó en medio de la audiencia e insultó al general Montoya, hecho que obligó a los magistrados de la JEP a hacer una pausa.

En el espacio, el uniformado también aseguró que él no tuvo nada que ver en las ejecuciones extrajudiciales, pues nunca exigió bajas a cambio de ascensos.

“Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado. Nunca. Para mí los que cometieron eso (falsos positivos) son unos cobardes. (...) Fue terrible. ¿Cómo así que se tenía que reportar un número determinado de bajas para dar una condecoración? Eso fue una equivocación”, dijo Montoya, y agregó que, la determinación vino desde el presidente y el ministro de Defensa de esa época, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, respectivamente.

30 de Julio de 2021

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Una serie de asesinatos en dos meses contra exmiembros de las FARC sacude el Cauca: ¿qué está pasando en esa región de Colombia?

La Misión de Apoyo de la OEA ha solicitado al Estado colombiano reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

Sumarse y apostar a la paz en Colombia no se traduce en inmunidad, ni mucho menos en una garantía absoluta para evitar ser víctima de la violencia enquistada en el país. La complejidad del conflicto armado interno, instalado desde hace más de medio siglo, deja víctimas casi a diario en todo su territorio.

Las masacres y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, campesinos, indígenas y exguerrilleros, estos últimos involucrados en el tratado de paz del 2016, forman parte de una cotidianidad lamentable, enfocada en la persecución y desaparición de quienes piensan distinto.

El municipio de Buenos Aires, uno de los 42 que integran el departamento del Cauca, se ha convertido en foco de este tipo de crímenes selectivos, perpetrados contra un grupo de personas que creyeron en el camino del trabajo productivo como una mejor alternativa para su futuro y el de su país.

En los últimos dos meses, Buenos Aires, lugar donde se asentó la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), creada en octubre del 2017 por 71 excombatientes que integraban el Espacio Territorial de Reincorporación de La Elvira y que ha tenido gran éxito con la producción de la marca Café Sabor La Esperanza —participantes de la Feria Mundial del Café—, ha sido escenario de varios ataques de sicarios contra sus miembros.

El más reciente de los asesinatos se produjo contra Yorbis Valencia, un exguerrillero que era conocido en las FARC como 'Anderson Guerrero' o 'Macancán' y que se integró formalmente a la comunidad en el 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. Yorbis sabía que dejar las armas no era garantía de nada, sin embargo, asumió el riesgo de vivir para apoyar el fin de la guerra interna.

"Es de hace mucho tiempo que todo aquel que piense distinto, pues es masacrado. Entonces, uno se pone a pensar: nosotros pensamos distinto a ellos, si no nos brindan garantías pues quién sabe qué pase de ahí en adelante. Si no nos brindan las garantías uno sabe que lo van es a matar. Pero vamos a correr ese riesgo", expresó Valencia en el 2017, durante una entrevista con la periodista independiente Mercy Insuasti y que recoge el diario El Espectador.

Los asesinatos

El primero de los asesinatos en los últimos 60 días contra los integrantes de la exitosa Cooperativa Cecoespe, fue perpetrado el pasado 21 de mayo contra José Ignacio Loaiza, asesinado durante un ataque en el que también tenían como objetivo a la exguerrillera Camila Cienfuegos.

A José Ignacio lo asesinó un grupo de hombres armados que le disparó cuando se encontraba en Popayán, lugar en el que permaneció hospitalizado durante varios días hasta que murió una semana después, el 28 de mayo, producto de las graves heridas.

La siguiente víctima se produjo al mes siguiente y fue Norelia Trompeta Hachaue, una joven mujer de 25 años de edad, también asesinada en Buenos Aires. Su homicidio se ejecutó durante la noche del 25 de junio, cuando fue tiroteada por sicarios.

El siguiente en caer fue Yorbis Valencia, el pasado 25 de julio, cuando varios hombres lo asesinaron a tiros mientras iba camino a su casa en la vereda San Francisco, lugar donde vivía desde que los excombatientes que habitaban el espacio de reincorporación de La Elvira empezaron a dispersarse por las amenazas de muerte.

El homicidio de Valencia se tradujo en el número 279 ejecutado contra los exguerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz del 2016.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA pidió esclarecer su asesinato, instó al Estado a investigar y a reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

La historia de la Cooperativa Cecoespe

De acuerdo con El Espectador, la Cooperativa Cecoespe se inició con la inversión que hicieron 94 excombatientes con fondos recibidos durante el proceso de paz. Tras su fundación, la agrupación de trabajadores del campo llegó a tener 134 exguerrilleros asociados e involucrados en el proyecto de café, calificado como uno de los productos más emblemáticos de la reincorporación.

Pero detrás del proyecto productivo hay una amarga historia de persecución, amenazas y destierro que ha obligado a que la dirigencia de la cooperativa a desplazarse de su asentamiento original, dejándolos vulnerables a la violencia y en búsqueda de tierras para continuar su aspiración a una vida de paz.

Antes de los más recientes asesinatos ya se habían perpetrado varios hechos violentos contra los dirigentes de la cooperativa. Uno de los hechos más violentos se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando varios sicarios mataron a Manuel Santos Yatacué. Tras asesinarlo, tomaron el vehículo de la víctima, lo estacionaron frente a la casa de Mario Rodríguez, presidente de la Cecoespe, y le prendieron fuego.

La ola de amenazas contra los cooperativistas se extendió a todos sus miembros y así comenzaron a darse los desplazamientos forzados de la zona de creciente conflicto, con mayor incidencia entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Una situación que se repite en el resto del país, como el asesinato contra Yeison Sarmiento, en San José del Guaviare el mismo 25 de julio, hecho que elevó la cifra de excombatientes asesinados a 280 desde el 2016, 31 de ellos este año.

Así, muchos de los exguerrilleros han terminado en las regiones de Santander de Quilichao y Popayán. Otro grupo se encuentra en Timbío, lugar donde mantienen el proyecto del café, en la finca Las Veraneras; y aún permanecen en las veredas y la cabecera de Buenos Aires otros 24 excombatientes.

Según el medio colombiano, las amenazas comenzaron tras la entrada en Buenos Aires de una estructura disidente de las FARC que controlaría Leider Johani Noscue, alias 'Mayimbú'.

Mientras tanto, los excombatientes han solicitado al Gobierno que los trasladen a un nuevo espacio territorial, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no lo ha conseguido. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta el proceso para dar medidas cautelares de protección y ha pedido al Ejecutivo que garantice la seguridad de esa población vulnerable.

Publicado: 30 jul 2021 05:14 GMT

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La odisea de los migrantes africanos en Colombia

No son dos ni tres, son miles de migrantes, en su mayoría del centro de África, que se aventuran en un viaje de miles de kilómetros. Llegan a Ecuador en avión, por es el único país de la región que no les exige visa. Por distintos medios se trasladan al Golfo de Urabá (Necoclí - Turbo) para cruzarlo en canoas y lanchas en condiciones muy precarias. El peligro, la muerte y el engaño son el diario de estos migrantes cuyo anhelo es llegar a tierras estadounidenses.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº282
Martes, 27 Julio 2021 06:09

#SOS América

#SOS América

El asesinato del presidente de Haití, Juvenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Como podremos observar en el desarrollo de esta columna, distintos espacios de la derecha y la ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder por vías que pueden ser democráticas o no, se acercan peligrosamente a sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación física de sus adversarios, la lógica incluye invasiones de mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían impulsarse en el marco de la Guerra Fría pero que ya parecían haber quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente sigue observándose –tal como en los años de plomo- que toda esta maraña fascista resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

Magnicidio

El 7 de julio Moïse es asesinado de 12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos hechos, las publicadas más recientemente incluyen a asesinos haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque se habría negado a firmar su renuncia, su cuerpo tenía un brazo y una pierna quebrados.

El testimonio de su esposa podría poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”.

Otras publicaciones aportaron detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado, una práctica relacionada con el vudú, para evitar que el asesinado te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también ser un método de tortura pero no es habitual en la lucha contra la guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que no tenían intenciones de asesinar al presidente, aseguraron que ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado por la empresa de “seguridad” CTU Security con sede en Miami; es propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago Valera.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener «algunos indicios» de que CTU «estuvo involucrada en todos los eventos logísticos» en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Rodríguez aseguró que Intriago tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de Washington para desestabilizar a Venezuela.

La Presidencia de Colombia negó la presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami, Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y declaró que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato. Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del presidente colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63 años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales autores intelectuales del magnicidio. Christian Emmanuel Sanon, médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar las cuentas de la expedición con activos del estado haitiano una vez derrocado el presidente, tal como se proponían los mercenarios contratados por el presidente designado desde Washington para Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó en Venezuela con el declarado propósito de detener al presidente Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado el imaginario de los aventureros al ofrecer recompensa de 15 millones de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto” de Maduro.

Las autoridades estadounidenses colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente desarticulada.

La empresa encargada para esa misión había sido Silvercorp, también con sede en la Florida. Los combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela, con total conocimientos de los servicios de inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración del entonces presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de detención era la policía boliviana pagada por ese referente “cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que hubiera sucedido con Morales sino hubiera sido protegido por los campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto Fernández y AMLO en las horas previas y posteriores al anuncio de su renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una invasión de mercenarios –vía Miami- idéntica a las mencionadas con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece prófugo de la justicia y es protegido por el gobierno de Jair Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de Janeiro. En particular el actual senador Flavio Bolsonaro aparece relacionado con el principal acusado del crimen.

La derecha argentina no pierde pisada, es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos y en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada Guerra del Gas en 2003.

En Miami Macri se parqueó demasiado cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich no tiene la menor intención en perderle pisada.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países -las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos-. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

Al revelar el plan de invasión mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The Intercept informó sobre una comunicación en la que los organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de los paramilitares que habría formado parte del ejército de Estados Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza el nombre de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado 5 años desde que Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

Jovenel Moïse

El asesinado presidente de Haití no era un líder progresista, de hecho había contado con el apoyo de Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo sucedido.

Al menos 7 de los ex militares colombianos que participaron en el magnicidio recibieron entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, lo confirmó el Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como uno de los cerebros del operativo. Ex militar experto en contrainsurgencia; su hermana informó que había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos.

El general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, informó en base al testimonio de dos mercenarios que estos habían sido contactados inicialmente para integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas.

Tres días antes del magnicidio habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y detención a Moïse y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, que trabajó en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los mercenarios que la misión en realidad era asesinar al Presidente.

Según CNN los mercenarios llegaron disparando al aire y gritando, en inglés: «¡Operación de la DEA! Todo el mundo atrás!», mientras avanzaban por una calle hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo negó enfáticamente haber participado en la acción mientras el jefe de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato uno de los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití, se informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó a que se entregara a las autoridades locales.

Washington confirmó que ese agente de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado, proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo.

La DEA también admitió que otro de los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la agencia.

En base a los vínculos aceptados públicamente, resulta por demás improbable que la organización de estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio primer ministro interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato. No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más influencia en Haití por lo que fue reemplazado por Ariel Henry, quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken dialogó con el secretario General de la OEA, Luis Almagro y le aseguró su compromiso para “restaurar” la seguridad en Haití.

Por Andrés Sal.lari | 27/07/2021

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Explosión en Gaza el 22 de julio 2021. — Mohammed Asad / APA Images Via ZUM / DPA / Europa Press

Solo en el mes de julio la aviación israelí ha bombardeado la Franja de Gaza en dos ocasiones. El pretexto es el lanzamiento de algunos globos incendiarios por parte de las milicias palestinas. Este tipo de actividad militar tiene por objetivo apartar la atención de la continua expansión colonial israelí por la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén.

 26/07/2021 21:35

Eugenio García Gascón

Los bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza se repiten con una periodicidad de algunos días, ahora en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios por parte de las milicias palestinas, globos que en ocasiones causan pequeños incendios en los campos de cultivo de los agricultores de la zona.

Aunque los bombardeos son el elemento más visible de la crisis permanente derivada de la actitud israelí respecto a Gaza, las autoridades políticas y militares están aprovechando la ocasión para restringir la pesca de los botes palestinos en el Mediterráneo. El área de pesca se ha reducido una vez más a solo seis millas de la costa, es decir la mitad de lo que se permitía hasta ahora.

Los últimos bombardeos tuvieron lugar el domingo, después de que las milicias lanzaran varios globos rudimentarios desde el enclave causando pequeños incendios y ningún herido. Los bombardeos, que tampoco causaron bajas entre milicias ni civiles palestinos, se cebaron en una superficie abierta en el centro de la Franja y en un campo de entrenamiento de Hamás en la localidad sureña de Jan Yunis.

 “La decisión (de bombardear la Franja) se adoptó a raíz del continuado lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia Israel, lo que constituye una violación de la soberanía israelí”, dice el comunicado divulgado por el ministerio de Defensa en Tel Aviv.

La política israelí consiste en acusar a Hamás de cualquier actividad de la resistencia desde Gaza, puesto que Hamás es responsable de la Franja desde que tomó el poder por la fuerza en 2007, meses después de ganar las últimas elecciones celebradas hasta ahora sin que la Autoridad palestina del presidente Mahmud Abás reconociera y aplicara los resultados de los comicios.

Con el cinismo habitual, Israel añadió que Hamás es responsable de los daños que las milicias causan a los civiles israelíes, ignorando que su ejército y los radicales colonos judíos cometen toda suerte de atropellos a diario contra los civiles palestinos de Cisjordania, causando un goteo constante de muertos, heridos y detenidos.

Hamás ha advertido repetidamente contra las actividades de las fuerzas de ocupación y los colonos en Cisjordania, especialmente contra Jerusalén oriental. Esas actividades que refuerzan la ocupación y acorralan y humillan a los palestinos fueron las que provocaron la última confrontación armada entre durante once días de mayo con un balance de 248 palestinos y 13 israelíes muertos.

Los precarios ataques de las milicias por medio de los globos incendiarios obedecen al deseo de incordiar a Israel y recordar que la Franja está sometida a un bloqueo muy estricto mediante el que Israel controla todo lo que entra y sale del enclave convirtiendo la vida de dos millones de civiles en un infierno desde hace casi tres lustros.

El nuevo gobierno presidido por Naftalí Bennett mantiene la política de exprimer ministro Benjamín Netanyahu consistente en responder con bombardeos a cada una de las acciones de las milicias puesto que de esta manera se presenta el conflicto, ante la comunidad internacional, como un enfrentamiento entre dos fuerzas más o menos parejas.

Para Israel la verdadera guerra no es la de Gaza, que es en sí misma una distracción, sino la que se desarrolla a diario en Cisjordania, incluida Jerusalén, donde las fuerzas israelíes y los violentos colonos van incrementando la ocupación ante la pasividad de la comunidad internacional.

Sin ninguna actividad racional, los europeos, guiados por el presidente Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel, persisten en dejar que Israel vaya haciendo y deshaciendo a su antojo en Cisjordania, donde se ha creado una situación prácticamente irreversible que trae sin cuidado a los líderes europeos, pese a que debería preocuparles por las consecuencias que tiene periódicamente para Europa y, desde luego, para toda la región.

En este contexto, el cambio de administración en Washington apenas se ha traducido en pequeñas acciones simbólicas. De entrada, no hay en el horizonte unas negociaciones entre Israel y los palestinos, aunque por otra parte la vía de las negociaciones hace muchos años que descarriló y no hay ninguna esperanza de que ahora vaya a funcionar.

La voluntad del presidente Joe Biden es todo un enigma. Es verdad que existe un grupo de representantes demócratas que le están presionando para adoptar de una vez por todas medidas que resuelvan el conflicto, pero la popularidad de Biden no ha despegado en los seis meses que lleva en la Casa Blanca y por lo tanto su margen de maniobra es reducido.

Además, los israelíes le han pedido que no haga nada mientras la Kneset no apruebe los presupuestos para el año que viene, algo que ocurrirá en las próximas semanas, dado que la coalición de gobierno es muy precaria y cualquier iniciativa de paz traería como consecuencia inevitable una caída del gobierno.

En estas circunstancias, lo más probable es que los incidentes en la Franja de Gaza continúen como hasta ahora, con sus altos y sus bajos, aunque es obvio que ese no es el problema real sino solo un espejismo con el que Israel oculta la brutal ocupación militar y la continuada expropiación de los territorios palestinos.

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Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
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