Elecciones en Perú: Pedro Castillo, a punto de cantar victoria

Keiko Fujimori, en desventaja, habló de irregularidades y de fraude

Con el 96,42 por ciento de los votos contabilizados, el candidato de izquierda obtenía 50,29 por ciento y Keiko 49,71 por ciento. El maestro rural hizo un llamado a “respetar y defender la voluntad popular”.

 

Desde Lima

La izquierda se acerca al triunfo. Por lo estrecho del resultado todavía no hay una definición, pero con cada nuevo reporte del conteo oficial, su candidato, el profesor y sindicalista Pedro Castillo, aumenta sus opciones de victoria sobre la derechista Keiko Fujimori. Un país envuelto en la incertidumbre y la tensión estuvo todo el lunes pendiente del avance del conteo oficial de la elección presidencial del domingo. Y terminó el día sin una certeza absoluta del ganador. En un final de infarto, una campaña que ha polarizado y dividido al país se definía por décimas. Terminó el lunes sin un ganador, pero Castillo se estabilizaba como el probable triunfador. Hubo movilizaciones de los simpatizantes del candidato izquierdista “para defender el voto”. Se dieron algunos enfrentamientos con la policía. Al cierre de esta nota, con el 96,42 por ciento de los votos contabilizados, Castillo obtenía 50,29 por ciento y Keiko 49,71 por ciento. Estas décimas de distancia entre uno y otro implican una diferencia de solamente 91 mil votos sobre 18,1 millones de votos ya contados. 

Denuncia endeble

Con los resultados en contra, Keiko rompió su silencio la noche del lunes para hablar de “irregularidades” y “fraude”. Lanzó la temeraria acusación en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Miembros de su partido que la acompañaron cuestionaron a los fiscales de mesa de su contrincante por impugnar votos y presentaron un par de casos de supuestas cédulas marcadas o con una alta votación para Castillo que, sin mayores evidencias, indicaron que sólo un fraude podía explicar. Fue una denuncia endeble, que sonó a un acto desesperado de quien se ve derrotado. Antes de la votación, con las encuestas en contra, medios afines al fujimorismo comenzaron a crear un escenario para denunciar un fraude si el resultado no les favorecía. El lunes, Keiko activó ese escenario.

"Vigilia ciudadana"

Poco después, Castillo le respondió haciendo un llamado a “respetar y defender la voluntad popular”. Habló desde un balcón de su local partidario en Lima ante sus entusiasmados seguidores. “Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Seré el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano”, señaló. La multitud rompió en aplausos. Convocó a “una vigilia ciudadana en defensa de la democracia” y calificó de “héroes y heroínas de la democracia” a sus fiscales de mesa, cuestionados por el fujimorismo. Hizo un llamado “a la más amplia cordura, a la tranquilidad”. Entre aplausos y vítores terminó diciendo “solo el pueblo salvará al pueblo”.

Keiko comenzó el lunes adelante en el conteo oficial. El primer reporte al 42 por ciento del total de votos dado cerca de la medianoche del domingo le había dado casi seis puntos de ventaja. La hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori, que busca restaurar el régimen fujimorista, pasó todo el día lunes en su local partidario viendo como con en el transcurrir de las horas la presidencia se le volvía a escapar por tercera vez consecutiva. Y, otra vez, como en 2016, por muy pocos votos.

Durante el lunes, con cada nuevo reporte del organismo encargado de contar los votos, el candidato que ha desafiado el statu quo neoliberal fue acortando la distancia. En la tarde, cuando el recuento bordeaba al 90 por ciento, había pasado al primer lugar. Y fue ampliando de a pocos su mínima ventaja con cada nuevo informe del conteo de votos, publicados aproximadamente cada media hora en la página web de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El país seguía con angustia, de uno y otro lado, esos reportes.

El voto del interior

El repunte de Castillo en el conteo oficial se explica porque se registran primero los votos de las zonas urbanas más cercanas a los centros de cómputo. Ahí estaban los votos de Lima y otras ciudades donde Keiko ganaba. Cuando fueron llegando en mayor cantidad los votos del interior y de las zonas rurales, Castillo comenzó a reducir la distancia y pasó adelante.

El maestro de izquierda gana en casi todo el país, pero la candidata de la derecha lo equipara en votos con su triunfo en Lima -que concentra un tercio de electores y donde obtenía 65,6 por ciento según el resultado oficial ya al cien por ciento en la capital- y en otras regiones de la costa. En las zonas andinas y rurales, pobres y marginadas, Castillo ganaba ampliamente, en algunas regiones superando el 80 por ciento. Esos votos, los últimos en contarse, le daban la victoria en el incierto lunes postelectoral.

Voto en el exterior

En el fujimorismo no se resignaban a una nueva derrota y se aferraban a la esperanza del voto en el extranjero para voltear el resultado. Cerca de un millón de peruanos estaban habilitados para votar en el exterior, pero el avance del conteo de este voto, que el lunes llegaba al 26 por ciento, registraba un ausentismo por encima del 60 por ciento. En el conteo parcial de este voto, Keiko obtenía el 61,9 por ciento, que era algo más de 48 mil votos, mientras Castillo alcanzaba 30 mil votos. Faltarían contarse unos 300 mil votos del exterior. En Argentina, con el conteo al 99,7 por ciento, habían votado algo más de 46 mil peruanos, solamente un 37 por ciento de los habilitados para hacerlo. Keiko ganaba con 57,3 por ciento. Keiko dijo estar “muy optimista” de que el voto del exterior “equipare el resultado”.

Castillo, que había recibido los primeros resultados en su natal Cajamarca, una región andina del norte del país, viajó en la mañana del lunes a Lima. Fue a su local partidario en el centro de la ciudad, donde sus seguidores se aglomeraban en la calle. Salió a un balcón del segundo piso y saludó levantando los brazos. Fue recibido con aplausos y arengas. A esa hora los resultados oficiales todavía daban ganadora a Keiko. Al final de la tarde, ya con los resultados parciales a su favor, volvió a aparecer en el balcón. Frente al local partidario el ambiente ya era de victoria. En la noche volvería a pararse en ese balcón para responderle los intentos de Keiko de ensuciar el proceso electoral que le daba la victoria a la izquierda.

 

Por Carlos Noriega

08 de junio de 2021


Pedro Castillo: el hombre del Perú invisibilizado

Por Marco Teruggi

08 de junio de 2021

Desde Lima

Perú vive horas históricas. Pedro Castillo, un hombre del país invisible, rural, pobre, con sombrero blanco y un liderazgo en ascenso, puede convertirse en el próximo presidente. Así lo indican los números que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) arroja cada media hora y que todos siguen en radios, televisores, redes sociales, viendo como Castillo, progresivamente, se ubica por delante de su contrincante, Keiko Fujimori que se queda con pocas posibilidades de victoria.

La tendencia aparece como difícilmente reversible. Fujimori afirmó en la noche del lunes que los votos del extranjero podrían “emparejar” el resultado, y denunció la existencia de “indicios de fraude en las mesas (…) planificado y sistemático”. El anuncio de la candidata de Fuerza Popular ocurrió cuando Castillo la aventajaba por 90.000 votos, con el 94.47% de las actas, tanto del Perú como de fuera, contabilizadas.

No se trata de una elección más: el resultado dirá no solamente quién será el próximo presidente, sino qué tipo de modelo económico, político, se intentará construir y qué conflictos habrá en un país en crisis política prolongada. Castillo, quien durante la primera vuelta electoral figuraba en la categoría “otros” en las encuestas electorales, y era conocido centralmente por su dirigencia en la huelga docente del 2017, emergió producto de esa crisis y de sus aciertos.

La trascendencia de la elección fue clara desde que se supo que el maestro campesino, candidato del partido Perú Libre, pero sin provenir de su estructura, iba a enfrentar a Fujimori. La amenaza percibida por el statu quo peruano, los poderes empresariales, mediáticos, partidos de derecha, fue proporcional a la campaña de miedo, muchas veces terror, que se desplegó contra Castillo y lo que significaría un gobierno bajo su presidencia.

El despliegue contra el candidato de izquierda resultó apabullante, en el marco de un país con fuerte concentración mediática en manos del grupo El Comercio y medios aliados. Los principales periódicos y canales de televisión pasaron a afirmar día tras día que su victoria llevaría al país al comunismo, una crisis económica, con aumento del dólar, desempleo, robo de ahorros, expropiaciones masivas. Esa amenaza, en el marco de un país golpeado por la pandemia y la recesión, se unió a otra: los puentes que existirían entre Castillo y el terrorismo.

Esto último buscó activar los resortes de miedos, traumas y dolores anclados en la sociedad peruana, de forma distinta en el interior del país respecto a la capital, Lima. Castillo fue terruqueado, palabra usada en la política peruana para acusar a alguien de terruco, es decir terrorista o cercano a lo que fue Sendero Luminoso. El dispositivo de miedo buscó así ligar al candidato presidencial con la crisis económica y la violencia, dos fantasmas profundos de la historia reciente peruana.

La campaña mediática del miedo estuvo acompañada de un proceso de construcción de una imagen democrática y maternal de Keiko Fujimori. Una de las expresiones más simbólicas de esa operación fue el rol que cumplió Mario Vargas Llosa al llevar adelante un apoyo activo a Fujimori. El premio Nobel de literatura giró integralmente su postura de treinta años. En el 2016, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta y finalmente perdió por 40.000 votos ante Pedro Pablo Kuczynski, había afirmado: “Keiko Fujimori es Fujimori, todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú”.

Uno de los momentos culmines de ese giro ocurrió durante el acto de cierre de Fujimori el jueves antes de las elecciones. Allí, entre repeticiones del estribillo de campaña “hoy enfrentamos una grave amenaza, al comunismo le tenemos que ganar”, Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario, subió al escenario para abrazar a Keiko y afirmar que “la causa de la libertad es hoy Keiko Fujimori”.

La violencia mediática, así como la unificación de actores históricamente enfrentados, fue reflejo de la amenaza percibida ante una posible victoria de Castillo, quien llegó con una propuesta central: refundar la patria a través de un proceso constituyente. El candidato de Perú Libre puso sobre la mesa la necesidad de desmontar la Constitución redactada en 1993 bajo Alberto Fujimori y recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos mineros, energéticos, centrales en la economía peruana.

La velocidad con la cual emergió su liderazgo puede explicarse por la existencia de un descontento social profundo del orden de lo económico y lo político. Uno de los últimos acontecimientos que evidenció esa situación fueron las masivas movilizaciones de noviembre, que ocurrieron ante la destitución del presidente Martín Vizcarra llevada adelante por el Congreso, seguido del nombramiento de Manuel Merino al frente del Ejecutivo. Éste último se mantuvo cinco días en la presidencia hasta renunciar debido a la magnitud de las protestas.

Ese acontecimiento mostró tres elementos centrales. En primer lugar, la descomposición política, partidaria, institucional, en un país donde todos los presidentes desde el 2001 han sido acusados por corrupción -al igual que Keiko Fujimori-, y el anterior, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de presión por crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, la magnitud de una movilización que no se había visto en Lima desde la marcha de los cuatro suyos en el año 2000, contra Fujimori. En tercer lugar, la poca organización de quienes se movilizaron, la poca capacidad en el país de sindicatos, partidos y movimientos.

El liderazgo de quien encabeza las encuestas y podría ser el próximo presidente emerge de ese contexto político, y en una situación de profunda desigualdad social entre las provincias y la capital, y al interior de la misma Lima, como lo muestra, por ejemplo, el contraste en la zona de Miraflores y los cerros de Villa María del Triunfo.

La dimensión de lo que está en juego podría influir sobre los tiempos para que sea anunciado un resultado oficial. La denuncia de fraude Fujimori, predecible en caso de resultado adverso como el que se presentó a lo largo del recuento, podría afectar ese proceso. En cuanto a Castillo, quien se encuentra en Lima, ha demostrado tener apoyo popular movilizado, algo que podría ser determinante en caso de una pulseada para que sea anunciado el resultado final. 

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Pedro Castillo con una leve ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo rápido

A la espera de las cifras oficiales, el conteo rápido de Ipsos, que es más preciso que la boca de urna, invirtió el orden de la encuesta siempre en un marco de extrema paridad. Le dio una ligera ventaja al candidato de la izquierda con 50,2% sobre su rival derechista que alcanza un 49,8%.

Los peruanos se fueron a dormir con la incertidumbre de quién será el próximo presidente. Un conteo rápido al cien por ciento, realizado por Ipsos con una muestra de actas electorales representativas de todo el país, le daba una ligera ventaja al izquierdista Pedro Castillo con 50,2 por ciento y a la derechista Keiko Fujimori un 49,8 por ciento. La diferencia está dentro del margen de error. Alfredo Torres, director de Ipsos, explicó que era necesaria una diferencia de dos puntos para declarar un ganador. “Esto es un empate técnico. El resultado puede cambiar”, dijo Torres. Antes, una encuesta a boca de urna, también de Ipsos, había colocado primero a Keiko con 50,3 por ciento y a Castillo le daba 49,7 por ciento. Con estas cifras quedó instalada la incertidumbre.

Al momento del cierre de esta edición no había resultados oficiales. Los primeros se anunciaron para las 23:30 hora local (1:30 de la madrugada hora de Argentina). Con una diferencia tan estrecha esos primeros resultados parciales no definirían con certeza un ganador, por lo que habría que esperar hasta este lunes para aclarar la situación.

Castillo fue el primero en pronunciarse. Lo hizo una hora después de conocerse los primeros resultados a boca de urna, que recibió en su natal pueblo de Tacabamba, en la provincia de Chota de la andina región de Cajamarca. Pidió calma y esperar los resultados oficiales.

“Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, sabe lo que hace, es inteligente. Compañeros, hermanos, compatriotas, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. Esperemos los datos oficiales. Hermanos, tranquilidad”, dijo, hablándole desde un balcón a sus partidarios, que estallaron en aplausos y gritos de “sí se puede”. Tenían la esperanza que los resultados oficiales reviertan las cifras a boca de urna. El conteo rápido a favor de Castillo alimento esa esperanza.

Poco antes, en un mensaje enviado por Twitter, Castillo había llamado a “defender el voto”. “Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa del voto”, escribió. Sus partidarios se reunieron en las afueras del local de Tacabamba donde estaba el candidato.

Después se pronunció Keiko. Coincidió en que esperaría los resultados oficiales. Habló minutos antes que salga el conteo rápido, que volteó el resultado y ponía primero a Castillo. “Esta campaña ya culminó y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogo entre todos los grupos políticos. Aquí no hay un ganador o un perdedor, lo que se tiene que buscar es la unidad de todos los peruanos. Desde ya invoco a la prudencia, la calma y la paz a ambos grupos. Por esa prudencia vamos a esperar los resultados oficiales”, dijo desde su local partidario en Lima.

Horas antes había recibido los resultados a boca de urna junto a su esposo, sus dos hijas y militantes cercanos lugar. Al escuchar las cifras que le daban una mínima ventaja saltó de júbilo, comenzó a aplaudir y a abrazarse con todos. Desde el fujimorismo se encargaron de entregar esas imágenes triunfalistas a la televisión. Luego, con su mensaje, le bajaría el tono a ese inicial triunfalismo. Simpatizantes fujimoristas se reunieron en ambiente celebratorio en las afueras del local partidario. El conteo rápido fue un duro golpe.

Campaña de miedo

Castillo estuvo adelante en todas las encuestas desde el comienzo de la campaña de segunda vuelta hace dos meses. Una masiva campaña de miedo en su contra, con amplio apoyo mediático, asustando con una supuesta “dictadura comunista y chavista” si ganaba Castillo, y algunas inconsistencias al presentar sus propuestas de cambio, fueron haciendo crecer a Keiko como el mal menor, y en la última semana la elección comenzó a dársele vuelta al candidato que levantó las banderas del cambio del modelo económico neoliberal. Ha sido una campaña desigual, con la cancha inclinada a favor de Keiko, que tuvo el apoyo de los grandes medios y de todo el poder económico.

Lima, bastión de Keiko; el interior votó por Castillo

Keiko ganó en Lima y otras cinco regiones de la costa. En la capital, que concentra un tercio del electorado, obtuvo cerca del 70 por ciento. Si se ve territorialmente, la mayor parte del país votó en su contra. Castillo triunfaba en la mayoría de regiones del interior, y en las zonas del sur andino, las más pobres y marginadas, lo hacía ampliamente. En algunas de esas regiones andinas superaba el 80 por ciento. La elección deja una notoria división del país, territorial y social. División con la que deberá lidiar el próximo gobierno en un contexto de polarización y serios problemas de gobernabilidad.

El nuevo gobierno asumirá luego de cinco años de un período presidencial convulsionado, con cuatro presidentes -uno que duró menos de una semana-, dos Congresos y los últimos jefes de Estado procesados por corrupción. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016 por un mínimo margen de votos, como en esta elección, renunció en marzo de 2018 en medio de una guerra con el Congreso de mayoría fujimorista; lo reemplazó su vice, Martín Vizcarra, que en septiembre de 2009 en uso de sus facultades constitucionales disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. El nuevo Parlamento, sin mayoría fujimorista y fragmentado en pequeñas bancadas, destituyó a Vizcarra en noviembre de 2020 por cargos de corrupción en investigación. Su remplazante, el legislador Manuel Merino, tuvo que renunciar antes de cumplir una semana en el cargo por las masivas protestas sociales en su contra y fue sustituido por el actual mandatario Francisco Sagasti.

Los analistas estiman que este nuevo período presidencial podría ser tan inestable como el que se cierra. La extrema polarización de esta campaña y la fragmentación política, expresada en un Congreso con diez bancadas en el cual el cual nadie tendrá mayoría propia, amenazan extender para el nuevo período presidencial los problemas de gobernabilidad e inestabilidad.

Los dos candidatos comenzaron el día con el tradicional desayuno electoral. Castillo lo hizo en el patio de su casa en Cajamarca. Keiko se desplazó de su vivienda en una exclusiva zona de Lima al distrito popular de San Juan de Lurigancho, el más grande la capital del país, donde se armó una mesa al aire libre para desayunar ante la prensa. Los dos estuvieron acompañados de sus familias. Coincidieron en agradecer el apoyo recibido y en pedir a la población que vaya a votar.

Los dos candidatos votaron rodeados de simpatizantes. Castillo lo hizo primero, al mediodía, en su natal poblado de Tacabamba. Llegó caminando, flanqueado por una multitud, mientras desde los balcones de la estrecha calle recibía los aplausos de los vecinos. Antes de votar, visitó la casa de sus padres. Luego de sufragar dio un mensaje de unidad.

“Saludo al país por esta fiesta democrática. Espero que el día de hoy, más allá de la fiesta política, los peruanos podamos entender que si no nos unimos no podremos sacar al país de esta crisis”, señaló el candidato. Tenía previsto viajar a Lima para recibir los resultados, pero suspendió su viaje porque dijo que se quedaría con sus padres que estaban delicados de salud.

Keiko votó en un colegio de un barrio residencial de Lima. Una de las zonas acomodadas donde tiene amplio respaldo. En su territorio en estas elecciones, fue recibida y despedida con aplausos. Fue una entrada y salida tumultuosa y desordenada. “Gracias a los que nos han apoyado”, fueron sus breves palabras.

El incidente más grave en el proceso electoral se produjo cuando fue a votar la candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Castillo, Dina Boluarte. Lo hizo en un barrio de clase media de Lima. Para la candidata de la izquierda que recibe importante respaldo en el interior del país y en zonas populares, pero amplio rechazo en los barrios residenciales de la capital, fue como entrar en territorio enemigo. Fue abucheada e insultada. Estaba custodiada por la policía, lo que evitó que se vaya más allá de la agresión verbal. Mientras le gritaban de todo, la candidata levantaba los brazos. Una lamentable muestra del nivel de intolerancia al que han llegado ciertos sectores en esta campaña y de la polarización que se ha dado en el país. 

Por Carlos Noriega | 07/06/2021


Quien gane el ballottage heredará un escenario complejo

Elecciones en Perú: el país atraviesa una inédita crisis sanitaria, económica y política

Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo por la covid-19 y económicamente es uno de los más golpeados. Grandes inequidades y exclusiones como consecuencia del modelo neoliberal. 

Por Carlos Noriega

07 de junio de 2021

Desde Lima

Un país en una profunda crisis sanitaria, económica, social y política, de las peores que recuerde su historia, es el que encontrará el próximo gobierno. Una crisis a la que se suma la extrema polarización y división que ha dejado esta campaña electoral. A ese complicado escenario se agrega una inestabilidad política que ha marcado los últimos cinco años.La salud en tiempos de pandemia y la economía serán los dos grandes retos del nuevo gobierno. Además de lograr estabilidad en un fragmentado y agitado ambiente político.

El durísimo golpe de la pandemia - Perú tiene el mayor nivel de mortalidad en el mundo y económicamente es uno de los más golpeados- ha puesto en trágica evidencia las debilidades y grandes inequidades y exclusiones de un modelo neoliberal que se había vendido como exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que se ha desmoronado por sus grandes carencias sociales.

Perú impuso una temprana y rígida cuarentena cuando estalló la pandemia, la primera en la región, pero con un 70 por ciento de trabajadores en la informalidad, con precariedad salarial y sin derechos laborales, muchos sobreviviendo día a día, poca ayuda gubernamental para aguantar la cuarentena, deficientes servicios públicos y la incapacidad de un Estado debilitado por el modelo neoliberal, la cuarentena tuvo muchas fisuras y los contagios se multiplicaron.

Un sistema de salud precario 

La pandemia colapsó un sistema de salud precario, desfinanciado y abandonado por treinta años de neoliberalismo. Esta campaña electoral se ha desarrollado con el trasfondo de dramáticas escenas de hospitales desbordados, gente muriendo sin poder ser atendida por falta de camas y de oxígeno, negocios privados lucrando en nombre del libre mercado con la desesperación de miles y elevando los precios de la atención médica, del escaso oxígeno y de los medicamentos.

Enfrentar la pandemia será la primera tarea urgente del próximo gobierno. Entre tantos problemas, heredará un programa de vacunación en marcha, que en febrero comenzó lento, pero se viene acelerando, y contratos ya cerrados por 60 millones de dosis de  vacuna y un plan para inmunizar a toda la población mayor de 18 años para diciembre. El actual gobierno ha anunciado que cuando deje el poder en julio ya estarán vacunados diez millones de personas, un tercio de la población. El próximo gobierno deberá darle continuidad al programa de vacunación.

“El próximo gobierno va a recibir una segunda violenta ola de la pandemia en franco descenso y un programa de vacunación estabilizado, pero va a encontrar un precario sistema de salud. Deberá duplicar la capacidad hospitalaria, pagar deudas laborales al personal de salud, contratar más personal y trabajar mucho para mejorar el sistema de atención primaria de salud que está en una situación delicada. Se necesita aumentar la inversión, Perú es uno de los países de la región que menos invierte en salud, y hacer una profunda reforma y modernización del sistema sanitario. El tema de la salud debería ser una prioridad absoluta para el próximo gobierno”, le declaró a PáginaI12 el exministro de Salud Víctor Zamora.

Aumentaron el desempleo y la pobreza

Con la crisis de 2020, el PIB cayó once puntos, hay más de dos millones de nuevos desempleados y 3,3 millones han caído en la pobreza, la que se ha elevado de 21,2 a 31,1 por ciento, lo que significa un retroceso de diez años en su reducción. Además de esta cifra de pobreza, medida en términos monetarios, hay otro 35 por ciento considerado oficialmente no pobre pero que vive en situación de vulnerabilidad. La deuda externa, aunque sigue siendo baja en relación al PIB comparada con otros países de la región, subió de 27 a 36 por ciento del PIB. El déficit fiscal se elevó de 1,6 por ciento en 2019 a 8,9 por ciento en 2020.

“La magnitud de la crisis es enorme. La situación es muy grave, difícil, complicada. Se está recuperando el PIB, pero no el empleo. Para reactivar la economía se necesita un programa inmediato de inyectar ingresos a la economía, a través de inversión pública, créditos a las empresas y bonos de ayuda económica a la población. En Perú se entregaron solamente dos bonos universales de apoyo económico a la población durante la larga cuarentena (de unos 200 dólares cada uno). Estos bonos, además de ser una compensación por los efectos de la cuarentena, reducen la pobreza y tienen un contenido reactivador de la economía porque incrementan la demanda. El próximo gobierno debería entregar dos bonos universales a la población, pero lamentablemente ninguno de los dos candidatos contempla su entrega. No habrá reactivación económica si no se enfrenta y se vence la pandemia. Por eso es muy importante avanzar en la vacunación, que es lo que nos dará la inmunidad de rebaño”, le señaló a este diario el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos y columnista del diario La República.

El actual gobierno ha proyectado para este año un crecimiento del PIB de 10 por ciento, pero diversos economistas consideran optimista este pronóstico. A favor del nuevo gobierno jugará el alto nivel de los precios internacionales de minerales, como el cobre, que constituyen la principal exportación del país. 

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Castillo y Fujimori cierran la campaña más polarizada en décadas en Perú

Los candidatos cerraron sus campañas con miras a la segunda vuelta de las elecciones. Estos mítines fueron el colofón de una de las campañas más polarizadas de las últimas décadas en el país.

 

Con promesas de un cambio de sistema o de "salvar" al país del "comunismo", así como de vencer a la pandemia de la covid-19, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori cerraron sus campañas proselitistas con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputarán este domingo en Perú.

El izquierdista Castillo y la derechista Fujimori protagonizaron este jueves multitudinarios mítines en la céntrica plaza Dos de Mayo y el distrito de Villa El Salvador, respectivamente, a pesar de que tanto el Gobierno como la Municipalidad de Lima recordaron que están prohibidas las concentraciones por la emergencia sanitaria.

Sin que las autoridades intervinieran para impedirlo, estos mítines fueron el colofón de una de las campañas más polarizadas de las últimas décadas en un país enfrentado entre las propuestas de cambio económico y político o de defensa del "modelo" neoliberal que impera desde hace tres décadas en Perú.

En los comicios del domingo, que todas las previsiones indican que serán peleados "voto a voto", se elegirá al gobernante que tomará la posta del interino Francisco Sagasti desde el próximo 28 de julio, el día del bicentenario de la independencia peruana.

Castillo llama al cambio

En un mitin de cierre multitudinario, y arropado por el clamor de sus partidarios, Castillo afirmó que en Perú "ha llegado el momento de no mirar ideologías, ni el color de la piel" para "concretar el clamor del pueblo" de un Gobierno que recupere "la riqueza para tener un país industrializado y próspero".

El candidato del partido ultraizquierdista Perú Libre se dirigió a sus seguidores desde el balcón de la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, para decirles que espera que "se vea concretado el clamor del pueblo de acá a unas cuantas horas".

Aseguró que, de ganar las elecciones, el suyo será "un gobierno del pueblo para reivindicar al pueblo" y reiteró propuestas como "recuperar" el gas natural del yacimiento de Camisea y "convocar a una Asamblea Nacional Constituyente" para cambiar la Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko.

Castillo enfatizó, sin embargo, que va a ser respetuoso de la actual Constitución "hasta que el pueblo lo decida" y pidió "tranquilidad" al pueblo peruano y a los empresarios tras rechazar las acusaciones que afirman que es "comunista", "chavista" y quiere "robar" la propiedad privada.

También reiteró su compromiso de lograr que todos los peruanos mayores de 18 años estén vacunados contra la covid-19 el próximo 31 de diciembre y de trabajar para recuperar la economía nacional, duramente golpeada por la pandemia.

Fujimori lucha contra el "comunismo"

En Villa El Salvador, en la zona sur de la capital peruana, Keiko Fujimori protagonizó otro multitudinario mitin en el que pidió a sus compatriotas que apoyen su candidatura para "salvar a Perú del comunismo".

Acompañada por personajes como Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, que hasta hace pocas semanas era su más acérrimo enemigo, la candidata del partido derechista Fuerza Popular refrendó la noción que esgrimió durante toda la campaña de que el voto no es por ella, sino por el "futuro" del país.

Fujimori ratificó también varias de sus propuestas de campaña, orientadas a que Perú logre "dar un cambio, pero no hacia atrás, sino adelante" y afirmó que impulsará el control de la covid-19, construirá nuevas postas médicas y hospitales, abrirá cien plantas de oxígeno e iniciará una masiva campaña de vacunación.

Reiteró, además, que impulsará la apertura de pymes con exenciones a la tributación y a la exigencia de licencias para operar, buscará la construcción de "formalidad" y que la hacienda peruana dejará de perseguir "abusivamente" a los emprendedores.

La candidata, quien niega que sus numerosas propuestas de gasto sean populistas y asegura que cuentan con la debida financiación, habló de dar créditos por unos 2.500 millones de dólares para los pequeños negocios e insistió en la entrega de un bono de 2.500 dólares a cada una de las más de 185.000 familias con víctimas mortales de la covid en el país.

Con estas concentraciones masivas, en las que no se respetó las normas mínimas de seguridad sanitaria ante la pandemia, los dos candidatos cerraron sus campañas hacia el balotaje, en el que participarán más de 25,2 millones de peruanos para elegir a su presidente para el período 2021-2026.

Lima

04/06/2021 02:02 Actualizado: 04/06/2021 09:09

David Blanco Bonilla (EFE)

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Miércoles, 02 Junio 2021 06:06

Dos fantasmas recorren Perú

Dos fantasmas recorren Perú

La distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori parece haberse reducido. El miedo de las elites ante un posible gobierno del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, se expresa en las diatribas contra el «comunismo» y en unos medios de comunicación que han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. Pero el fantasma del comunismo convive con el fantasma, más real, del fujimorismo.

 

El domingo 30 de mayo se hicieron públicas las tres últimas encuestas de opinión que podrán ser publicadas en Perú antes de las elecciones del 6 de junio. Todas ellas, puntos más, puntos menos, coinciden en que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue adelante y en que la distancia frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ha reducido en esta última semana. Quizás la única discrepancia entre las mediciones sea respecto del momento en que se habría producido el empate estadístico. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) daba la semana pasada diez puntos de diferencia entre ambas candidaturas; hoy ese margen se ha reducido a dos puntos. El resto de las encuestadoras ya situaban en situación de empate técnico a ambas candidaturas hace varias semanas.

Sin embargo, los porcentajes no dan cuenta de la magnitud de lo sucedido en Perú en las últimas ocho semanas. Los resultados de la primera vuelta han colocado en la segunda a dos candidatos que despiertan los dos «antis» más importantes del país: hay que recordar que Castillo y Fujimori pasaron a la segunda vuelta el 11 de abril pasado con 18,92% y 13,4% respectivamente. Hoy, el antifujimorismo y el antiizquierdismo tiñen la contienda electoral a lo largo y ancho del país. Con estas identidades políticas en pugna, la campaña no ha hecho más que aumentar sus niveles de polarización en un contexto social empobrecido.

El miedo de las elites ante la supuesta amenaza que encarnaría Castillo, un maestro rural que se hizo conocido en el país por el movimiento huelguístico de 2017 y que desviaría al país del camino democrático y del respeto a la propiedad privada, las hizo meterse de manera directa en la espiral de polarización política que vive el país. Así, los principales medios de comunicación y líderes empresariales se han plegado con poco decoro a la campaña de Fujimori en contra de la amenaza comunista.

En este marco, las iniciativas se han multiplicado, desde una serie de pasacalles a favor de la «democracia» y contra el «comunismo» hasta una masiva caravanas de autos de sectores poco afectos a movilizarse que acabó en la zona central de Lima y logró congregar a unas 5.000 personas. Iniciativas más descentralizadas fueron piquetes barriales y pegatinas de afiches en autos y bicicletas. Y, ya rayando en el delito, hay presiones patronales sobre los trabajadores para que voten por Fujimori. Estas presiones van desde explicar en qué consiste el modelo chavista/comunista hasta directamente afirmar que la victoria de Castillo obligará al despido y eventualmente el cierre de operaciones, en una profecía autocumplida.

Los medios han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. En una reciente encuesta del IEP, 59% de los encuestados señaló que los medios ofrecían una cobertura electoral parcializada. De ese grupo, 79% pensaba que la cobertura estaba sesgada a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Un ejemplo es la cobertura del Grupo El Comercio, que ha puesto sus diferentes medios gráficos y audiovisuales al servicio de la campaña negativa contra Castillo.

Desde la vereda de enfrente, el antifujimorismo se ha vuelto a activar durante estas elecciones. No obstante, este movimiento clave para inclinar la balanza en los últimos dos procesos electorales (en los que también se postuló Keiko Fujimori) no demuestra hoy el mismo músculo.

La primera razón hay que buscarla en los efectos que causó el naufragio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y especialmente en el irregular indulto «humanitario» que el mandatario le otorgó durante su gobierno a Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos (la medida fue posteriormente anulada). La «traición» de Kuczynski al antifujimorismo no solo quebró el vínculo entre ambos, sino que puso sobre la mesa la debilidad del clivaje fujimorismo/antifujimorismo como frontera política. En un contexto de desaceleración, el acuerdo respecto al proyecto económico terminó uniendo a una parte del fujimorismo con el gobierno de Kuczynski. En segundo lugar, la distancia ideológica y social entre Castillo y el antifujimorismo en su conjunto es mayor que la que existió antes respecto a otras opciones por las que se inclinó en el pasado este bloque sociopolítico. En esta elección, este «bloque» ha sufrido defecciones: un sector ha visto en Castillo una amenaza autoritaria y ha decidido plegarse a la alternativa fujimorista o ha migrado al voto nulo. Por último, el propio Castillo no se identifica claramente con esa frontera política. Su eslogan «No más pobres en un país rico» y sus discursos públicos enfatizan una ubicación distinta, situada en un eje distributivo e identitario (andinos/provincianos versus criollos/capitalinos).

Dicho esto, el principal escollo que enfrenta la candidatura de Keiko Fujimori es la propia candidata. Han sido permanentes sus intentos de acercarse al electorado a través de repetidos mea culpa respecto a su comportamiento político pasado, en especial, durante el periodo parlamentario 2016-2019, por ejemplo, la arbitraria censura que sufrió el entonces ministro de Educación Jaime Saavedra a inicios del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, estos pedidos de disculpa han caído hasta ahora en saco roto.

Frente a la reconciliación con su hermano Kenji escenificada en un acto público, a su episodio de iluminación religiosa durante su paso por la prisión debido a supuestos vínculos con el caso Odebrecht, o a su pedido de disculpas por las injustas censuras a antiguos ministros del gobierno de Kuczynski desde el bloque de Fuerza Popular en el Congreso, la respuesta ha sido la misma: la mayor parte de los encuestados no cree en ninguno de esos actos de contrición pública.

En contrapartida, esos mismos  sondeos indican que los encuestados consideran, por escaso margen, que el plan de Keiko Fujimori es mejor en varios puntos que el de Castillo. De esto se puede deducir que el problema fundamental de Fujimori es de credibilidad. Consciente de ese problema, la candidata ha buscado durante la campaña resolver esta debilidad acercándose a figuras como Mario Vargas Llosa -quien siempre fue un referente del antifujimorismo desde el liberalismo- y firmando una serie de compromisos públicos en favor de la democracia.

Del lado del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, el principal problema es el desorden de la campaña. Es obvio que tanto para el candidato como para el partido Perú Libre la segunda vuelta ha sido una enorme sorpresa. Ni el candidato ni su equipo de campaña estaban preparados para enfrentar un balotaje. Pese a su carisma, Castillo carece de un equipo que dé solidez a su candidatura: si bien mejoró en algunos aspectos desde la sorpresa del 10 de abril, lo que se aprecia es una campaña llena de marchas y contramarchas.

Por otro lado, y como es muy común en la política partidaria peruana, Castillo no es militante orgánico del partido por el que se postula. De hecho, según algunas versiones, la de Perú Libre no fue la primera puerta que tocó entre las diversas fuerzas de la izquierda. Este partido, encabezado por el ex-gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, tiene dificultades de coordinación con el candidato presidencial, las cuales han desembocado en sucesivas tensiones entre las estructuras partidarias, los equipos que se han organizado en torno del candidato y las fuerzas políticas que se han sumado a la candidatura de Castillo, como Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza. Estas tensiones y descoordinaciones, sumadas a los errores de un candidato sin experiencia en una contienda presidencial, han producido una serie de errores que han mellado su capacidad de convencer a una parte del electorado. Uno de los ataques más frecuentes contra la candidatura de Castillo ha consistido en contraponer sus dichos al plan del gobierno presentado ante la autoridad electoral. Este último documento, en realidad el ideario de Perú Libre preparado por Cerrón, reine al partido con la etiqueta «marxista-leninista».

Si bien es imposible decir hoy quién resultará victorioso el próximo domingo 6 de junio, una certeza que se abre en el escenario peruano es que la crisis que vive el país continuará, pero ciertamente bajo ropajes distintos. En el caso de que sea Castillo el vencedor, probablemente consiga una primera mayoría parlamentaria capaz de bloquear cualquier pedido de vacancia presidencial que busque sacarlo del poder. Sin embargo, desde el día uno tendrá la activa oposición, no solo del fujimorismo y sus aliados políticos, sino también de los medios de comunicación y los gremios empresariales.

Castillo debería hacer frente también a una compleja situación sanitaria y a un país donde la pobreza ha retrocedido a niveles de hace una década, todo esto en el marco de una fuerte corrida cambiaria y una intensa salida de capitales. A la necesaria reactivación económica se le sumará la crisis política que producirá la potencial convocatoria de una Asamblea Constituyente que dote a Perú de una nueva Carta Magna, lo que ha sido uno de los principales ejes de su campaña.

La ruta para tal convocatoria es todo menos clara. Es posible que Castillo busque convocar un referéndum directamente, lo que podría ser bloqueado por el Tribunal Constitucional. Pero también podría intentar una ruta más larga, y reformar primero la actual Constitución para incluir el mecanismo de Asamblea Constituyente. Pero esto último requiere de una votación calificada en el Congreso, seguida de un referéndum popular.

La tentativa de convocar una Asamblea Constituyente podría terminar por elevar el voltaje político, y ahí el desenlace del posible gobierno de Castillo es abierto. Si no logra convocarla porque no consigue los 66 votos del Congreso, podría forzar alguna figura más difusa,lo que lo expone a intentos de vacancia e incluso de salidas extraconstitucionales. La otra gran posibilidad es que Castillo decida seguir la ruta de Ollanta Humala y pactar un gobierno con el establishment para que continúe el «modelo peruano» en piloto automático. Pero si esa ruta mostraba ya serias limitaciones hace unos años, hoy directamente atentaría contra la estabilidad de su gobierno y probablemente produciría una fractura en su bloque parlamentario, lo que dejaría a Castillo a merced de la mayoría opositora en el Parlamento.

En el caso de Keiko Fujimori, su potencial victoria también entraña una serie de escollos, y el principal de ellos es un agotamiento del modelo de relación entre Estado, mercado y sociedad. Ello se ha verificado ya en las protestas callejeras de 2020 y en las sucesivas crisis políticas. La potencial relación con la «calle» de Keiko Fujimori puede ser especialmente conflictiva en un momento de agudización de la pobreza, con una izquierda fortalecida y una sociedad civil que no le es particularmente favorable (con menos de 15% de los votos en la primera vuelta, la mayoría de los votos de la candidata serían «prestados», como un supuesto mal menor frente al «peligro comunista»).

Se debe recordar además que Fujimori y una parte de la plana mayor del fujimorismo enfrentan una serie de investigaciones judiciales que precisamente en estos meses debería entrar a una etapa de juicio oral. La fiscalía ha solicitado para la candidata una pena de 30 años de cárcel por delitos vinculados al supuesto lavado de activos.

Recordemos que, como afirma Aníbal Pérez-Liñán, cuando se juntan bajos niveles de aprobación, casos de corrupción que explotan en la opinión pública y una difusión significativa por parte de los medios de comunicación, se abre la puerta del juicio político. En este escenario, la ausencia de una mayoría propia en el Parlamento podría pavimentar el camino a una vacancia presidencial que abra un nuevo capítulo en la crisis que vive el país.

Los pobres resultados del conjunto de candidaturas, incluidas las dos que han pasado al balotaje, no han permitido construir una mayoría política. El punto de partida de cualquiera de las dos presidencias será de debilidad. Sin la fuerza política necesaria para cerrar la crisis tras las elecciones, el fin de esta deberá intentarse desde el poder.

El fujimorismo podría buscar reconstruir su hegemonía política desde el gobierno, estabilizando su relación con los sectores populares mediante una batería de programas sociales, y con los sectores altos mediante la desregulación de los mercados y la apertura de espacios de generación de rentas extraordinarias, rehabilitando la coalición que le permitió gobernar al primer fujimorismo: un pacto con los de arriba y los de abajo.

Más allá del festival de programas sociales ofrecido por Fujimori, la impresión que queda es que no apostará por un Estado que gane mayores niveles de autonomía y capacidad. Curiosamente, la coyuntura crítica podría cerrarse manteniendo el statu quo que hoy dicta el funcionamiento del país. Con el fujimorismo reordenando el tablero partidario y un Estado igual al actual, solo que con mayores programas sociales. En mi opinión, esa ruta no es sostenible en el largo plazo, pero como dijo el buen Keynes, en el largo plazo ya estamos todos muertos.

Desde la vereda opuesta, la victoria de Castillo ofrece un resultado incierto. Por delante tiene el reto de reordenar el sistema político en torno de un amplio bloque de izquierda. Además, debe forjar una coalición sociopolítica que le permita gobernar y que eventualmente pueda ser movilizada en caso de amenaza. Este agrupamiento contará ciertamente con los sectores campesinos y las capas medias provinciales (especialmente de las zonas andinas), pero deberá atraer a los sectores pobres urbanos y a una porción de las clase medias bajas de la ciudad capital. Todo esto, en un marco de mucha agresividad desde arriba.

Si logra la rearticulación del orden político en torno de sí y de un bloque de izquierda, queda por ver qué hará con la otra parte de la ecuación. Si la redefinición de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad se queda únicamente en un nuevo «pacto constitucional», la nueva trayectoria se topará rápidamente con sus propios límites.

Si Castillo entiende el Estado únicamente como una herramienta que ahora se pone al servicio del pueblo, cuando antes estuvo al servicio de los poderosos, probablemente fracasará. Si no aprovecha el tiempo en el poder para darle al Estado mayores niveles de autonomía y capacidad burocrática, quizás repitamos la historia de la región: Estados que deben hacer muchas tareas para las cuales no poseen las herramientas necesarias.

Históricamente, Perú ha sido un país donde las elites sociales han sido muy resistentes al cambio. De hecho, desde principios del siglo XX, la estrategia dominante de estos sectores fue la dominación a través del Estado, algunas veces mediante liderazgos personalistas civiles, otras mediante dictaduras militares. El cambio fue solo posible con el uso de la fuerza, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

En el último ciclo democrático, si bien estas elites no lograron impedir la victoria de Humala en 2011, sí consiguieron evitar que llevara adelante cambios significativos. Pese a compartir varias de las condiciones que gatillaron el giro a la izquierda en otros países, en ese periodo Perú se mantuvo al margen. En 2011, Humala había logrado construir una coalición social significativa y colocar detrás de sí un frente político capaz no solo de enfrentar una campaña profundamente desigual, sino de ocupar los principales puestos del Estado una vez que triunfó. Era la oportunidad del cambio ordenado. Pero no se supo o quiso aprovechar.

Si el 6 de junio Castillo triunfa, habrá una diferencia fundamental respecto de la oportunidad anterior: el cambio será a trompicones, caótico y azaroso. Pese al desorden, se abriría la posibilidad de un hecho trascendental ad portas del Bicentenario: que sea un grupo social postergado el que tome las riendas del país. Los hijos del largo proceso de modernización social, y específicamente el remezón social que supuso la reforma agraria, habrán llegado al poder. Queda por ver si podrán, al igual que en Bolivia, producir una transformación duradera y significativa de este país.

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Los constituyentes independientes, motores de la nueva Carta Magna de Chile

Los votantes se vieron reflejados en una serie de candidatos entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, period

 

Los candidatos independientes de los partidos políticos tradicionales dominarán la Convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile, luego de quedarse con 48 de 155 escaños en los comicios del pasado fin de semana. Si se suman los 40 constituyentes electos que no militan políticamente pero llegaron a competir atados al cupo de un partido, la cifra de independientes llega a un 64 por ciento del órgano, según el Observatorio Nueva Constitución. El bloque de la derecha oficialista, Vamos por Chile, no alcanzó siquiera a lograr un tercio de la representación en la Convención, porcentaje que le hubiera otorgado cierto poder de negociación para frenar el alcance de los cambios más progresistas que se anticipan.

Los votantes chilenos se vieron reflejados en una serie de candidatos que levantaron las demandas que emanaron de las calles durante el estallido de 2019, entre los que se pueden encontrar activistas sociales, ecologistas, docentes, escritores, periodistas, abogados y personajes mediáticos. Página/12 dialogó con algunos de ellos para conocer sus principales preocupaciones y expectativas de cara a un momento histórico para el país.

Los constituyentes independientes llegaron a la Convención por distintas vías. Varias listas correspondieron a candidatos que no militan pero fueron asociados o con el sello de un partido político tradicional. Tal es el caso de Daniel Stingo, el más votado el pasado fin de semana, que se presentó como independiente pero bajo el amparo de la lista de izquierda de Revolución Democrática. "Me imaginaba un resultado positivo porque en la calle el apoyo, cariño y adhesión de la gente era inmenso. Ahora bien, recibir tanta cantidad de votos (más de 111 mil) era imposible de predecir", le explica Stingo a este diario.

El abogado de 55 años dice que no le sorprendió el mal desempeño de los sectores aliados al presidente Sebastián Piñera por el mal resultado del plebiscito del 25 de octubre del año pasado y "porque notábamos la desafección de la ciudadanía con las posturas de la derecha y la total falta de sintonía de este mismo grupo con la realidad social y política". A pesar de ser el candidato más votado, Stingo no piensa en presidir la Convención y buscará, en cambio, contribuir en el desarrollo de un "catálogo de derechos sociales" entre los que menciona "un plan de salud universal, de calidad y oportuno, una educación gratuita, de calidad e inclusiva, un sistema de seguridad social con pensiones dignas y el derecho a la vivienda digna".

El único candidato independiente que se presentó sólo en una lista fue Rodrigo Logan, electo por el Distrito 9. Los más de 34 mil votos obtenidos le permitieron superar listas completas a quien es conocido como el "abogado ciudadano" por su presencia en programas de televisión. "El proceso constituyente tenía como promesa de valor que era abierto a la gente común y corriente y eso no fue así. Debía existir un mensaje que rompiera esa 'igualdad falaz' de la que habla el Sistema D'hont", explica sobre los motivos de cortarse solo. Frente a los resultados de los comicios, Logan se manifiesta "muy ansioso y muy alegre" ya que "desde 1810 a la fecha jamás habíamos tenido la oportunidad de tener una constitución de, para y por la ciudadanía".

Más allá del caso atípico de Logan se encuentran las listas completas que se presentaron por fuera de los partidos. Entre las más exitosas se encuentra la de "Independientes No Neutrales (INN)", que consiguió cupos para 11 de sus postulantes. Uno de los constituyentes electos por ese espacio es el ambientalista Juan José Martin.

Martin es presidente y cofundador de Cverde, organización juvenil de Chile por la Sustentabilidad. "Nos sentimos super orgullosos y tranquilos con haber salido electos, porque nosotros desde el primer momento hicimos una apuesta: nos vamos a dedicar a llevar la voz y la prioridad de aquellos que no votan, la naturaleza y los animales", destaca Martin en diálogo con este diario. Por eso, apuesta por lo que llama una Constitución "ecocéntrica".

Martin era consciente de que esa plataforma electoralmente podía alejarlos de la prioridad de la mayoría de los chilenos que viven al día, pero "sentíamos que era consecuente con nuestra visión". A sus 25 años, planea llevar a la Convención a "los movimientos sociales y ambientales que están muy separados de la política tradicional". El joven ecologista propone una Carta Magna "de la realidad y de los datos, ya no de las ideologías prefabricadas por otros grupos".

Aunque entre las listas independientes, sin dudas la mayor sorpresa del pasado fin de semana la dio la llamada "Lista del Pueblo", que alcanzó 27 de las 155 bancas en juego, casi igualando al Partido Comunista y al Frente Amplio que juntos sumaron 28 escaños. La Lista del Pueblo representa a una articulación de candidaturas progresistas sin afiliación política, aunque muy comprometidas con la realidad. Sostenidos en un relato nacido en las entrañas de las históricas movilizaciones de la Plaza Dignidad, no estaban en las proyecciones de los analistas ni de los medios de comunicación chilenos. A base de eficaces campañas en las redes sociales y en las calles del país, sumaron alrededor de 884 mil votos.

Entre los 24 convencionales elegidos en la Lista del Pueblo destaca la figura de Giovanna Grandón, una maestra jardinera y chofer de transporte escolar que saltó a la fama al asistir a las marchas disfrazada de Pikachu, el personaje de dibujos animados japonés. Y si bien no logró sumar una banca a la Convención, la periodista Paulina Acevedo celebra que gracias a su candidatura el espacio sumó el 15 por ciento de los votos a nivel nacional, "un golpe a la cátedra de la política clásica, ya que el pueblo dijo que cualquier persona tiene derecho a escribir la Constitución".

"Cuando Carabineros me detuvo haciendo labores profesionales, eso sacó a la luz públicamente mi candidatura y me obligó a hacer campaña de manera más activa", recuerda Acevedo. En la madrugada del 12 de marzo, fue aprehendida mientras cubría los trabajos de remoción de la estatua del General Baquedano en la icónica Plaza Dignidad. "Fue una situación totalmente arbitraria e ilegal. Por lo mismo estuve 14 horas detenida y más de cuatro horas arriba de un carro policial esposada para finalmente ser absuelta de todos los cargos", remarca.

En ese sentido la periodista del Observatorio Ciudadano plantea que es necesaria una reforma profunda de Carabineros, "una institución que tiene más de 100 años y está absolutamente desacreditada por las violaciones a los derechos humanos pero también por situaciones de corrupción y malversación de fondos públicos".

Pero no se podría comprender esta renovación institucional en Chile sin considerar la importancia de los feminismos. "Desde la Coordinadora 8-M estamos muy contentas porque ingresó la compañera Alondra Carrillo y junto a ella entró el feminismo de los pueblos a través de cinco integrantes de la plataforma constituyente, feminista y constitucional", asegura al respecto Javiera Manzi, militante y vocera de la coordinadora.

"Hoy vemos que los partidos del orden han fracasado y son precisamente sectores movilizados por fuera de los partidos quienes avanzan", agrega Manzi. Para una nueva Constitución con perspectiva feminista, la jóven socióloga plantea que es necesario "el reconocimiento del trabajo no remunerado, los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de derechos sociales que hoy se encuentran privatizados". La aplicación efectiva de esas reivindicaciones permitirá, por fin, implementar el "programa feminista contra la precarizacion de la vida".

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Histórico avance de la izquierda en Chile para cambiar la Constitución de Pinochet

Un revés para el oficialismo en las megaelecciones

Las candidaturas independientes, en su mayoría progresistas, concentran el 34% de los votos en el primer recuento de las elecciones de convencionales constituyentes. Fernando Atria, Constanza Schonhaut y Patricio Fernández, entre otros. 

 

Las candidaturas independientes, en su mayoría de izquierda, concentran el 34% de los votos, en el primer recuento de sufragios de las elecciones Convencionales Constituyentes, marcando un hito histórico en las “megaelecciones” de este sábado y domingo en Chile. En estos comicios se definíeron los 155 ciudadanos que discutirán y redactarán la Constitución que reemplazará a la 1980, instaurada por la dictadura de Pinochet. Una Carta Magna autoritaria y que fomentó el neoliberalismo, afectando negativamente a la educación, salud pública y sistema de pensiones. También es relevante el triunfo del espacio de izquierda Frente Amplio, joven conglomerado de partidos nacido al alero del movimiento estudiantil de 2011.

Destaca, por ejemplo, el triunfo de Fernando Atria (12,58%), abogado constitucionalista que lleva décadas criticando la Carta Magna de 1980; el escritor y divulgador de la historia de Chile Jorge Baradit (4,97%) y la periodista Patricia Politzer (7,62%). Todos ellos por el distrito 10 de Santiago (abarcando comunas como Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro). También es relevante la frenteamplista Constanza Schonhaut (Convergencia Social) (5,8%) y el periodista y fundador de The Clinic, Patricio Fernández (3,07%) por el Distrito 11. Por el distrito 14, también de Santiago, fue electo el abogado y exdiputado Renato Garin (Red Liberal), el actor y dirigente Ignacio Achurra (9,53%), Camila Musanta (Revolución Democrática) y Francisco Caamaño (8,37%) de la lista del pueblo. Por el distrito 12 una de las ganadoras fue Giovanna Grandón (5,79%), famosa por vestirse de Pikachu, el personaje de Pokemon que salía a las calles a bailar en prácticamente en todas las protestas. De todas formas también hay independientes de derecha como Teresa Marinovic (9,95%) con un discurso “antipolítico” que superó a históricos dirigentes de derecha, que de todas formas también fueron elegidos como Cristián Monckeberg de Renovación Nacional (4,59%) en el distrito 10.

Evidentemente, hay mucho que analizar. Cada distrito es un universo de candidatos con un número fijo de escaños que generan este tipo de contradicciones. De todas formas, las primeras cifras marcaban una derrota de proporciones para la derecha.Algo que también se estaba traduciendo en las otras tres elecciones —Gobernador, Alcalde y Concejal— que se vivieron este fin de semana en Santiago y que hasta el cierre de esta crónica están contabilizándose los votos.

El Frente Amplio, por ejemplo, logró dos triunfos importantes en las elecciones de gobernadores. Primero en Valparaíso con Rodrigo Mundaca obteniendo el 44,33%.. Por otro lado, el experimentado Claudio Orrego (Democracia Cristiana) pasaría a segunda vuelta junto a la frenteamplista Karina Oliva (Partido Comunes), tras obtener 23,72% y 22,58% respectivamente. En las alcaldías, los candidatos presidenciales Daniel Jadue (Partido Comunista) fue reelecto en Recoleta con 64% de votos. En Providencia, sucedió lo mismo con la derechista Evelyn Mathei (Unión Demócrata Independiente) con un 57,96% de los votos.

El futuro de Chile

Una vez contabilizado los votos, los constituyentes deberán tener lista una Constitución que será votada tentativamente en el primer semestre de 2022, en lo que se conocerá como Plebiscito de Salida.

Al mismo tiempo se efectuaron las elecciones de alcaldes, consejales y gobernadores Regionales. Esto último es un hito también ya que subtituyen a los Intendentes designados por el presidente y cuya reforma fue promulgada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet

Más allá de problemas puntuales de organización, fue relativamente exitoso, aunque un poco lento: según cálculos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) el proceso tomaba en promedio cuatro minutos. Lo que si fue un problema fue el trasporte público sobre todo en las comunas con menos recursos lo que explicaría —en parte— la brecha entre Vitacura (41,3%) o Lo Barnechea (36,2%) contrastando con La Pintana (13,6%) o Cerro Navia (15,3%). Una situación que también se registró en regiones donde, aunque las distancias de traslado son menores, chocó con la garantía de la ministra de Transporte Gloria Hutt de que habría mayores frecuencias de buses (colectivos).

Todo esto en medio de una pandemia que no da tregua. Con 34.583 fallecidos y 6.230 nuevos casos según el Ministerio de Salud, los colegios y establecimientos donde se emitieron los votos contaron con alcohol gel y distanciamiento social, además del uso obligatorio de la mascarilla.

La gran oportunidad histórica

Este fue el momento donde los presidenciables aprovechan la cobertura de los medios para hacer declaraciones. Esta vez el tema fueron los insultos en directo de la candidata —y actual diputada humanista— Pamela Jiles al presidente Piñera a quien encaró, sin nombrarlo, de “conchadesumadre, asesino igual a Pinochet”. Además, aprovechó de llamar a los televidentes a que voten por su pareja, Pablo Maltés como gobernador, lo que podría ser multada por el Servel al hacer propaganda fuera de plazo.

El comunista Daniel Jadue, alcalde de Recoleta se desmarcó de Jiles, en un punto de prensa. “Tengo una opinión distinta de cómo se conduce el debate político. No es que sea blando con este gobierno. Todos me conocen: le he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, por cuasi delito de homicidio, es una dureza bastante importante. Pero me parece que lo cortés no quita lo valiente. El debate político tiene que darse en un marco de debate político y en las palabras que vi no vi ningún debate político ni una sola idea política y eso me llama la atención”.

Además, señaló que la diputada no es de izquierda ni de derecha y que mientras ella no defina “en que lado de la historia está”, sería difícil competir con ella ante unas eventuales primarias. “No conozco su proyecto y no sé dónde está ubicada. Tiene una contradicción un poco vital, porque es la primera humanista que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte, entonces habría que conocer cuáles son sus propuestas”.

Por otro lado, Paula Narváez (PS), considerada una heredera de la expresidenta Michelle Bachelet (trabajaba con ella hasta hace unos meses en la ONU), reflexionó sobre el bajo apoyo a los candidatos de la oposición y al mismo tiempo la necesidad de definir nombres de consenso para competir contra la derecha. “Me parece que la manera de definir el candidato o candidata de la oposición tiene que ser a través de una primaria legal, esa es la manera de honrar nuestra democracia, hacer ese ejercicio, es importante hacerlo. Tenemos enemos que ser consistentes o sino la ciudadanía consideraría que todo esto es improvisable, cambiable y discrecional y creo que eso atenta contra las normas de la democracia”.

Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, que también está en campaña aunque asegura ser “independiente” y que acaba de sacar un libro titulado llamativamente “Sin privilegios”, ya que insiste en haber surgido desde “abajo” señaló que “No me pone contento una democracia en que solo vote la elite y no participen todos los chilenos”, además de sumarse a las críticas por la performance de Jiles: “Ayer vimos a una candidata que no solo ofendió, dijo garabatos y llamó a votar por su pareja, sino que además no cree en la democracia".

Unas elecciones en pandemia

Si bien este proceso ha estado dominado por la situación sanitaria y el confinamiento —recién esta semana Santiago y las principales ciudades del país pasaron a “Fase 2” que permite trasladarse sin necesidad de sacar un salvoconducto— también ha habido problemas de información. Temas como los escaños para pueblos originarios o las mismas propuestas de los candidatos con menos recursos, fueron invisibilidados por candidatos que podían pagar espacios en las radios, repartir volantes o invadir las calles con las “palomas”, como se llaman en Chile a los afiches gigantes con rostros sonrientes de los candidatos. La gran batalla se ha dado en las redes sociales donde al fin podrá comprobarse si lo que se discute en Twitter o difunde en Instagram tiene los mismos “likes” en los votos reales.

Pero también —y esto es quizá lo más importante del proceso— se podrá tener un mapa de los mundos que representan los 155 elegidos para redactar la Constitución, donde han postulado desde abogados constitucionalistas hasta escritores best seller, pasando por figuras de la TV o políticos experimentados.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

17 de mayo de 2021

Desde Santiago

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¿Un neoliberalismo popular para Madrid?

Las elecciones para la Comunidad de Madrid dieron un claro triunfo al ala derecha del Partido Popular. Con un discurso contra las restricciones que exige la pandemia, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso se impuso sobre el conjunto de la izquierda con lemas como «comunismo o libertad» y un proyecto abiertamente neoliberal. El Partido Socialista Español quedó tercero -después de Más Madrid- y los malos resultados de Unidas Podemos llevaron a Pablo Iglesias a renunciar a la política institucional y partidaria.

 

El triunfo rotundo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid abre el camino a algo inédito hasta hoy en la política española: un discurso abiertamente neoliberal que se le ofrece al Partido Popular (PP) como vía de salida para alcanzar autónomamente la Moncloa, absorbiendo a Ciudadanos y conteniendo a Vox, la fuerza de extrema derecha fundada a fines de 2013. Se dirá que fue Madrid justamente el lugar del ala neoliberal del PP, con su ex-mandataria Esperanza Aguirre. Sin duda, pero ni aun en los momentos más débiles de Mariano Rajoy en la jefatura del partido, ese discurso había logrado hegemonizar la formación conservadora. Eran los tiempos en que las elecciones se ganaban «por el centro».

Ayuso ha logrado resolver la ecuación que el líder del PP Pablo Casado viene intentando despejar desde que ganó la dirección del partido en 2018, relegando a la «centrista» Soraya Sáenz de Santamaría: volver a ocupar todo el espacio del centro a la derecha, sin depender de Vox ni de Ciudadanos. La gran diferencia entre los tiempos de Rajoy y Aguirre y el momento actual es la aparición de Vox, formación posfascista escindida del PP y que le disputa los votos de la derecha más radical. Ayuso parece haberlo conseguido. No solo porque ha absorbido a Ciudadanos, sino también porque ha frenado a Vox, que sigue siendo necesario para formar gobierno, pero queda políticamente irrelevante. En efecto, Vox no se puede negar a apoyar al PP –sea absteniéndose o votándolo en la investidura–, pero en cualquier caso no podrá exigirle entrar en el gobierno ni condicionar su accionar. Por otra parte, es muy probable que eso no le interese a la formación liderada por Santiago Abascal, pues estas elecciones son para completar los dos años que le quedaban al mandato de Ayuso. Vox prefiere aparecer como la agrupación que frenó a la izquierda y no comprometerse con la que llama «derechita cobarde» del PP, a fin de mantener su perfil partidario.

Resignificación de la pandemia

Este discurso abiertamente neoliberal tiene mayor impacto porque se da en el marco de una recuperación del protagonismo estatal y comunitario motivada por la pandemia. En efecto, en marzo de 2020 toda España se vio abocada a un confinamiento estricto. Tras décadas de corrosión de la autoridad estatal y de desprestigio de lo público –especialmente en Madrid, donde el PP gobierna desde 1995–, la izquierda depositó buena parte de sus esperanzas en que la pandemia hiciera ver la necesidad de recobrar el pulso comunitario. El cumplimiento del confinamiento fue disciplinado y el gobierno de centroizquierda –Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos– diseñó políticas públicas de apoyo a los desfavorecidos por la pandemia. Aunque lo negó, entre la salud pública y la economía, optó lógicamente por la primera sin desatender la segunda, si bien sus medidas sociales fueron criticadas por algunos de sus socios de izquierdas por poco audaces.

Díaz Ayuso fue ocupando de a poco, en unos términos inusuales para la política española, el liderazgo de facto de su partido en la labor de oposición nacional a la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En efecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid no les reprochaba ya incapacidad técnico-administrativa, sino un fanatismo ideológico que –valiéndose de las circunstancias excepcionales– les permitía privar de la libertad a los ciudadanos y tomarlos como rehenes del Estado, a fin de convertirlos en sus mantenidos. De este modo, el discurso de Ayuso evocó una vaporosa combinación de comunismo, chavismo y populismo, según la cual se iba contra el mercado, se esclavizaba a la ciudadanía tratándola como a menores de edad dependientes del Estado, se destruía la economía y, de paso, la nación española. Esto último era el corolario lógico de un gobierno, según Ayuso, «social-comunista aliado a los enemigos de España» (Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu). España retornaba de este modo a la Guerra Fría.

Así, donde la izquierda esperaba encontrar el antídoto contra el neoliberalismo –del que en España se habla poco, por otra parte–, la derecha más dura halló la forma de mostrar la necesidad de un Estado «mínimo» y de un gobierno «técnico». Cumplió entonces el sueño neoliberal: el Estado es importante, pero no para quitarles autonomía a los individuos privados con su paternalismo, sino para devolverles esa naturaleza comerciante borrada por años de intervencionismo. Colocó así al emprendedor como figura paradigmática del ciudadano y desde ahí reivindicó una idea epicúrea: huye de la política pero no de lo colectivo, cuya única expresión auténtica es la comunidad privada conformada por los amigos y la familia. Los miembros de esa comunidad privada engrandecen la nación a través de la búsqueda privada de su beneficio personal. Este vitalismo fraternal, antipolítico y hedonista tenía su lugar natural: los bares, la calle, el encuentro con «los tuyos» después de una dura jornada laboral. No fue ajena a este sentimiento la idea de un orgullo de Madrid («vivir a la madrileña»), reafirmado tras años de auge del «catalanismo». Ayuso vino a decir lo que no se podía enunciar: España empieza en Madrid, Madrid es España y, por supuesto, España es una gran Nación. Todo ello le permitió legitimar en nombre de la “libertad” su opción en favor de la economía y en detrimento de la salud.

El contragolpe al 15-M

Esta resignificación de la excepción pandémica en prueba de normalidad del mercado y del emprededorismo ha venido a significar un fabuloso contragolpe, largamente elaborado, contra la izquierda y el progresismo, justo a diez años del 15-M y del movimiento de los «indignados», del cual surgiría Podemos. La irrupción de Pablo Iglesias en la campaña electoral de Madrid, a la que «bajó» dejando su lugar nada menos que como vicepresidente del gobierno nacional, fue muy bien recibida por Ayuso, que necesitaba un contrincante a su medida que hiciera verosímil su discurso de «comunismo o libertad». Iglesias entró con aire salvífico en la campaña, dando un golpe de efecto que no duró más que unas horas. Ni siquiera pudo disimular que escondía una importante debilidad: en verdad, su candidatura mostraba la fragilidad estructural de un partido leninista construido alrededor de su liderazgo, sin estructura organizativa ni arraigo popular en un territorio que, como Madrid, debería ser más que propicio para una fuerza como Unidas Podemos. En efecto, Iglesias quiso encubrir ese tembladeral ofreciéndose como prenda de unidad de la izquierda, un fetiche de la cultura política de la izquierda no socialista. 

Iglesias fue rechazado, no sin cansancio e incomodidad, por los dos partidos a los que interpelaba. Más aún, el propio PSOE, con el que Unidas Podemos cogobierna en el nivel nacional, afirmó a través de su candidato Ángel Gabilondo que «con este Iglesias» no formaría gobierno. Luego, solo cuando vio que no le alcanzaban los votos, ensayó una rectificación y llamó a «Pablo» a vencer juntos a la derecha. En verdad, Iglesias solo buscaba que su partido no quedara por debajo de 5% de los votos, límite para conseguir representación, y de paso cobrarle una antigua factura a su otrora número dos de Podemos, Íñigo Errejón, obligándolo a una negativa a la unidad que lo hiciera responsable de la desunión y, eventualmente, de una derrota a manos de la derecha. 

Finalmente, Iglesias logró apenas 7% de los votos. El golpe para Unidas Podemos no pudo ser más fuerte: no solo se presentó con un discurso antifascista, propio de la vieja izquierda no socialista eternamente enojada con el PSOE y sus bases por sus «traiciones» e «inconsecuencias», sino que además movilizó a la derecha extrema más que al electorado abstencionista tradicionalmente vinculado a la izquierda. Por si esto fuera poco, su rival íntimo, Más Madrid de Errejón, logró rebasar electoralmente al PSOE y se colocó como segunda fuerza por un puñado de votos. La fuerza de Errejón conseguía así dar el sorpasso al PSOE. La reacción de Iglesias –renunciar a sus cargos y abandonar la política partidaria e institucional tras conocerse los resultados– no deja de ser una muestra de responsabilidad política, si bien alejarse de todos sus cargos se inscribe en un acto repetido de muchos dirigentes del Podemos inicial, que parecieron entender que la política tenía la lógica de las redes sociales, donde o hay éxito inmediato o no hay nada. No parece ser la enseñanza que se puede extraer de la ética política de quien lucha por una causa.

El partido que sale ganador, tras PP y Vox, es Más Madrid, que se consolida como cabeza de la oposición en Madrid. Es el rol que venía ocupando de facto en el Parlamento madrileño. Los análisis electorales han tenido en cuenta casi exclusivamente la campaña y poco la oposición de los dos últimos años. Esta ha sido la que ha resaltado el papel de Mónica García, una médica de hospital público capaz de transmitir autenticidad y compromiso social en el contexto de la pandemia, como contracara de un deslucido Gabilondo, una vez más candidato del PSOE. Esto le ha permitido vivir en primera persona la crisis del covid-19, cuya gestión por parte de Ayuso dejó serias dudas, algunas muy comprometedoras, como la decisión de que los ancianos de las residencias no fueran trasladados a los hospitales. García se ha destacado en el Parlamento por su convicción y su firmeza, pero asimismo por no tener los modos de una burócrata de partido. Esto también puede ser una enseñanza para una formación joven como Más Madrid, necesitada de arraigo en la sociedad civil.

Ciudadanos fue literalmente engullido por el PP y ha pasado de ser la tercera fuerza, con casi 20% de los votos –lo que le permitió cogobernar con Ayuso–, a quedarse sin representación (3,57%). Es el otro gran perdedor, junto al PSOE. Pero, a diferencia de este, carece de estructura y arraigo, una deficiencia de los partidos de la llamada «nueva política». 

Vox aparece como un ganador sui géneris: pese a que no mejoró sus números y repitió la elección de hace dos años (9%), su objetivo político no es electoral, sino de medio plazo: derechizar el debate público. Para ello necesita arrastrar al PP a la derecha, obligándolo a hablar de temas «políticamente incorrectos» para el «consenso del 78», como inmigración, Estado de Bienestar, «costo» de la política, etc. Por ello necesita conservar esa porción de votos que al PP se le ha ido y que le resulta clave de cara a formar gobierno. Tener de rehén al PP le permite a Vox, de paso, alcanzar un gran eco mediático para su discurso de extrema derecha. Y eso lo consiguió con creces de la mano de Rocío Monasterio, una candidata que capturó los focos durante toda la campaña y no escatimó en escándalos, como cuando le dijo a Iglesias que «se largara» de un estudio de radio.

El PSOE, finalmente, tendrá que reorganizarse en Madrid, plaza en la que está orgánicamente tocado desde hace décadas. De hecho, el largo gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, iniciado en 1995, se origina en que dos diputados socialistas impidieron la consagración del candidato del PSOE al ausentarse el día de la votación (el «tamayazo»). Todas las sospechas indican que fueron sobornados por el PP, situación que –más allá del evidente caso de corrupción– señala la debilidad interna del poder socialista en la región. El candidato Gabilondo repitió porque las elecciones se adelantaron y el PSOE no tuvo tiempo de renovar su candidatura. Se trata de una voz propia de la Transición, una cultura política en buena medida ya «fuera de contexto», de una época que ya significa poco para los votantes –especialmente para los jóvenes–.

¿Un triunfo de proyección nacional?

La pregunta que deja la elección de Madrid es si este escenario se puede trasladar al ámbito nacional, es decir, a las próximas generales de –en principio– 2024. La propia Díaz Ayuso interpretó así su triunfo en su discurso de la noche electoral, en el que saludó a los militantes de la mano del líder nacional, Pablo Casado. La traslación no es obvia, y tampoco lo es que le traería solo ventajas al PP. En efecto, cuando asumió la presidencia del PP, Casado comenzó haciendo seguidismo de Vox, para luego dar un golpe de timón hacia el «centro». Volvió así al lugar conservador clásico del PP, con sus trazos nacionalistas, católicos y liberales. La política española no está acostumbrada a los vaivenes a los que estaría obligado Casado ahora: carece del swing movimientista, es más bien de seguir escrupulosamente un único paso de baile. De hecho, Díaz Ayuso ha tenido éxito porque su discurso es muy similar al de Vox, no porque haya podido balancearse de la extrema derecha al centro según silbe la música del momento. Por otra parte, este triunfo agrega una nueva presión a Casado: la del liderazgo de la propia Ayuso, que vendría a representar ahora el original a imitar.

Pero aun en el mejor de los casos para el PP, no está claro que ese discurso resulte atractivo en todo el país. Cabe decir que el PP no es realmente un partido nacional, pues su representación en Cataluña y en el País Vasco es muy baja para un partido que aspira a la Moncloa, máxime con el llamado «problema catalán» –se trata más bien de la cuestión española sobre cómo organizar el Estado en torno de una identidad común– como principal asunto político de alcance histórico.

La elección de Madrid refuerza el eje izquierda-derecha que la nueva política había venido a cuestionar y liquida todo vestigio de la «hipótesis populista» del primer Podemos. Pero con una novedad: ahora parece que las elecciones no se ganan en todo el país «por el centro», sino que en algunas autonomías se triunfa por la derecha, merced al éxito del contragolpe de Vox, quizá el gran vencedor a medio plazo de la aparición de la «nueva política».

En cualquier caso, España sigue alejándose de los modos y procedimientos de la Transición, sin tener todavía un rumbo claro. Pero, eso sí, arrastrando algunos fantasmas que desde aquella época transporta en la bodega y que están también en el origen de este nuevo rumbo incierto, a la espera de ser resueltos: la cuestión nacional, llamada piadosamente «cuestión catalana» o «problema territorial», de la cual Vox se ha beneficiado, y la cuestión social, esto es, su relativo atraso en el desarrollo del Estado de Bienestar, merced a un importante acento oligárquico de sus elites, que no parecen dispuestas sencillamente a pagar impuestos, a la espera de que los fondos europeos compensen ese impago. Mientras, desgastan las condiciones laborales y, así, toda la vida comunitaria. El discurso de Díaz Ayuso expresa en buena medida eso, pero también el haber logrado el consentimiento de importantes segmentos de los sectores populares, condenados como están a la lucha darwinista. Lo que está en juego no va más allá de una posición defensiva de la izquierda que, ante el embate neoliberal y nacionalista español que la acusa de «comunista» y/o «populista», intenta solo que este discurso reaccionario no siga conquistando voluntades en los sectores populares.

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Sábado, 17 Abril 2021 06:29

Final de época

Final de época

El triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador

 

La victoria del banquero Guillermo Lasso implica la superación psicológica para una parte importante de los ecuatorianos de lo que significó la crisis económica de 1998-1999, que desembocó en un histórico feriado bancario –con el cierre de casi el 70 por ciento de las instituciones financieras– y el mayor éxodo de la historia del país. Hasta la fecha, el recuerdo de que Lasso –propietario de la segunda institución financiera privada más importante de Ecuador– multiplicó sustancialmente su fortuna en una maniobra especulativa con los depósitos congelados por aquella crisis hacía imposible su victoria electoral. De allí que la candidatura de Andrés Arauz tuviera en el balotaje el eslogan «El país o la banca», que, sin embargo, motivó un escaso engagement en los indecisos, especialmente los más jóvenes. Estamos, por tanto, ante un nuevo país, atravesado por clivajes de nuevo orden, que no responden ya a ese pasado reciente que dio el triunfo electoral de forma permanente e indiscutible al correísmo a lo largo de los últimos 15 años.

El correísmo es el fruto de un momento histórico marcado por el boom latinoamericano de las commodities (2003-2013). Sin los excedentes petroleros que permitieron un inédito volumen de ingresos para el Estado, no habría sido posible ni realizar las grandes obras de infraestructura que modernizaron parte del país ni aplicar las políticas compensatorias que fueron el eje de la gobernabilidad correísta. El fin de aquel ciclo económico implicó el inicio de la decadencia de ese proyecto político. Para comprobar lo anterior, basta un somero análisis de los últimos tres resultados electorales en la primera vuelta: en 2013, del total de votos válidos, Rafael Correa obtuvo el 57,17 por ciento –y evitó el balotaje–; en 2017, con Lenín Moreno como su delfín, el resultado fue del 39,36 por ciento –Moreno ganó luego en la segunda vuelta, con apenas un 2,82 por ciento de ventaja–; este año, Arauz obtuvo apenas el 32,72 por ciento y perdió en el balotaje por 4,94 puntos porcentuales.

Pese a lo anterior, la situación política y económica que vive hoy Ecuador propiciaba, a priori, las condiciones para un triunfo correísta. Moreno, quien ya vuelto contra Correa mantuvo, no obstante, viva su figura (ahora en calidad de víctima de la persecución judicial), encabezó una gestión deplorable con respecto a los intereses populares. Además, más allá del contraste de la crisis actual con las épocas de abundancia correísta, fueron tanto el propio Lasso como sus aliados, los socialcristianos de Jaime Nebot, quienes sostuvieron políticamente a Moreno frente a la enorme deslegitimación social de su gobierno. De igual manera, la pandemia puso de relieve la necesidad de un Estado fuerte, con capacidad para proteger a sus ciudadanos, en contra del discurso de achicamiento estatal propuesto por Lasso. Y, siendo Ecuador uno de los países de la región con menor acceso a las vacunas contra el covid-19, varias de las que llegaron fueron distribuidas de manera escandalosa entre las elites que forman la base social del candidato conservador.

Sin embargo, la elección demostró que la fractura correísmo/anticorreísmo ya no es la principal división del electorado ecuatoriano. Han cobrado importancia opciones hasta ahora de escaso peso en la cartografía institucional. Tanto el Pachakutik –brazo político del movimiento indígena, con un discurso básicamente ambientalista– como Izquierda Democrática –un viejo partido ubicado ideológicamente en el centro– lograron porcentajes de voto muy significativos (19,3 y 15,6 por ciento, respectivamente). La campaña desnudó, además, las dificultades del correísmo para implementar recambios en su liderazgo. Este es uno de los elementos que explotó la estrategia conservadora: a Arauz le costó posicionarse como líder de su movimiento y pareció siempre supeditado a Correa. Pese a que el expresidente no puede pisar el país, debido a las diversas y discutibles sentencias judiciales que pesan sobre él, la intensidad de su presencia mediática por medio de videoconferencias y la aparición de su imagen en la propaganda electoral progresista lo convirtieron en el verdadero protagonista.

En la práctica, el correísmo es Correa. Esto le permite transferir sus votos duros a un personaje hasta ahora semidesconocido como Arauz, pero, a su vez, le impone límites para captar votos. Los correístas viven la dicotomía de ser la tendencia con mayor porcentaje de voto incondicional (cerca de un 30 por ciento del electorado) y, al mismo tiempo, la fuerza con menor capacidad de crecimiento, debido a la resistencia que causa Correa en cada vez más sectores de la población. La campaña de Lasso leyó bien esta nueva realidad. Llamó al consenso y a reconocer la diversidad política de la segunda vuelta, mientras que el correísmo se mantuvo en la polarización que históricamente lo ha caracterizado. Con los mass media y el Estado claramente a favor de la opción conservadora, casi el 50 por ciento del electorado que en la primera vuelta no votó bajo el clivaje correísmo/anticorreísmo optó esta vez o bien por plegarse al llamado voto nulo ideológico del movimiento indígena, o bien por el banquero. Sobre un electorado de poco más de 13 millones, el correísmo apenas sumó en el balotaje 1,2 millones de votos con respecto a la primera vuelta. Lasso, sin embargo, vio aumentado su apoyo, entre una instancia y la otra, en 2,8 millones de votos.

Arauz no sólo carece aún de identidad propia y de un liderazgo sólidamente construido, sino que tampoco ha tenido canales de acercamiento con esas izquierdas ecuatorianas minusvaloradas e, incluso, reprimidas durante la década correísta. Tampoco ha sido capaz aún de posicionar un imaginario de lo que sería un progresismo de nuevo cuño. Que logre avanzar en estos pendientes depende de cómo gestione su actual crisis interna el correísmo y de qué papel asuma ahora Correa. Todo esto se enmarca en una nueva realidad regional latinoamericana, en la que el segundo ciclo progresista se ve cuestionado y enfrenta condiciones claramente diferentes a las del período anterior. En este contexto, el reto del progresismo ecuatoriano está en conectar con la juventud, los sectores no ideologizados de la sociedad y los movimientos sociales que en estas elecciones lo rechazaron

Por Decio Machado
16 abril, 2021

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Castillo vs. Fujimori: una «extraña» izquierda contra la vieja derecha

Las elecciones presidenciales del 11 de abril mostraron la profunda crisis del sistema político peruano y la implosión de los partidos políticos. En ese contexto, dos candidatos que quedaron por debajo del 20% -el sindicalista del magisterio Pedro Castillo y la persistente Keiko Fujimori- se enfrentarán en un incierto balotaje.

 

La última encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio una semana antes de las elecciones generales peruanas mostró un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial. Se trataba de los candidatos Yohny Lescano (12,1%), Hernando de Soto (11,5%), Verónika Mendoza (10,2%), George Forsyth (9,8%) y Keiko Fujimori (9,3%). Como bien ha señalado el politólogo Carlos Meléndez, el escenario nos presentaba a «minicandidatos»: políticos que se disputaban la Presidencia de la República con menos de 10% del respaldo del electorado.

Los votos del 11 de abril, sin embargo, pusieron en primer lugar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con 19,085%, seis puntos por encima de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien obtuvo 13,37% (con más de 98% de las actas procesadas). Este ex-sindicalista del magisterio fue la gran sorpresa de la jornada. Su alza se produjo desde inicios de abril, pero alcanzó al pelotón que pugnaba por la segunda vuelta en los días previos a los comicios, según fueron retratando varias encuestas que no pudieron ser publicadas por los medios de comunicación debido a restricciones normativas.

La campaña electoral peruana se ha dado en medio de una crisis política, sanitaria y económica. Una gran parte de la población siente que, nuevamente, debe elegir el «mal menor» para investirlo como presidente. Diversos factores han sido determinantes en este panorama.

La desafección política

Si bien la disolución constitucional del Congreso de la República de mayoría fujimorista, impulsada por el ex-presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2019, hizo creer a la población –que mayoritariamente apoyó la medida– que la etapa de confrontación entre poderes llegaba a su fin, ello estuvo lejos de suceder. En noviembre de 2020, el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra del cargo de presidente de la República, después de que se difundieran por diferentes medios de comunicación acusaciones de que había recibido sobornos durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua. 

La inestabilidad política del país ha sido extrema. En un quinquenio, lo normal es que Perú tenga un presidente y un Congreso, pero en el último lustro el país ha tenido cuatro presidentes y dos Congresos. Además, dentro de ese mismo periodo, varios líderes políticos y ex-presidentes han sido involucrados en casos de corrupción, sembrando en la ciudadanía un manto de sospecha en la política.

Los casos más sonados son los de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido preliminarmente en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, y Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana. Sin embargo, los ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori también tienen procesos activos con la justicia; en el caso de esta última, la fiscalía pidió para ella 30 años de cárcel por presunto lavado de activos

El último en incorporarse en la lista ha sido Martín Vizcarra. Varios escándalos de corrupción cayeron sobre él desde mediados de 2020, cuando aún era presidente. Vizcarra fue uno de los políticos más populares de los últimos años. Cuando dejó el cargo, ya cuestionado, contaba con una aprobación de 77%. Fue un político que, sin partido político ni alianzas, supo gobernar únicamente con el apoyo popular, al levantar la promesa de que mejoraría la clase política eliminando la corrupción. 

En las protestas de noviembre de 2020, después de su salida, se escuchó una y otra vez el grito de «que se vayan todos». Una encuesta de opinión pública muestra que, durante ese ciclo de manifestaciones, aproximadamente 60% de la población sentía que ningún político la representaba. Al mismo tiempo, la demanda de cambiar la Constitución –hasta entonces planteada por sectores sociales reducidos– fue creciendo y, en diciembre de 2020, fue avalada por 97% de los peruanos (entre quienes reconocían la necesidad de modificarla y los que apostaban por redactar una nueva). La ciudadanía pidió cambios estructurales que el nuevo gobierno de transición no supo atender. «No tenemos ni la legitimidad ni el tiempo para hacer cambios a la Constitución» fue una de las primeras declaraciones de Francisco Sagasti como jefe de Estado, tras ser nombrado en reemplazo de Vizcarra. 

Por otro lado, ningún aspirante al sillón presidencial pudo posicionarse políticamente y convencer de que su programa solucionaría los problemas de una ciudadanía afectada por la pandemia y la inestabilidad política. La candidata de izquierda Verónika Mendoza y Julio Guzmán, del partido de Sagasti, fueron dos políticos que tuvieron grandes oportunidades de crecimiento los últimos meses, pero por distintas razones no repuntaron. 

La desafección política se hizo evidente en febrero de 2021. Para entonces, las encuestas ya nos pintaban a los «minicandidatos». En febrero de 2020, el único aspirante a la Presidencia de la República que superaba el 10% de intención de voto era George Forsyth, un ex-futbolista y ex-alcalde municipal. Tenía 11% de intención de voto, pero este porcentaje fue en bajada con cada encuesta. Si bien buscó posicionarse como una cara fresca y alejada de la política, el escaso contenido del discurso que planteó en los debates y entrevistas, en donde su principal oferta era una carrera alejada de la política, hizo que la población perdiera el interés que en un inicio le había despertado.

En este contexto, con un respaldo de 19% del electorado, Castillo fue el candidato más apoyado del país. Desde que la Constitución Política de 1979 instauró la segunda vuelta en las elecciones para la Presidencia de la República, el ganador de la primera vuelta electoral siempre obtuvo más de 30% del apoyo popular. Pero en un contexto de enorme fragmentación, se convirtió en el ganador de la primera vuelta con menor respaldo electoral de la historia (que baja aún más si se considera que ese 19% es sobre votos válidos y votantes efectivos: la abstención llegó casi a 30%, y los votos nulos y blancos superaron el 17%). Este candidato sorpresa se perfila como el que propone los cambios más ambiciosos, al apostar por el término de las tres décadas de política neoliberal en el país.

La palabra del maestro

La primera vez que los medios de comunicación de alcance nacional se refirieron a la campaña de Castillo fue el 10 de marzo pasado. Faltaba un mes para los comicios y el candidato contaba con 3% de intención de voto, según la encuestadora Ipsos. Había sido retenido por la Policía por generar una aglomeración de personas durante un mitín político en la plaza de Armas de Mazuko, en la región selvática de Madre de Dios. Con esa anécdota, los grandes medios volvían a mirar al protagonista de la huelga del magisterio de 2017 que durante 75 días fue acatada por aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. El paro de maestros que Castillo lideró como dirigente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en contra de la dirección del sindicato, no consiguió algún beneficio concreto para el gremio, pero se convirtió en una de las manifestaciones sociales más grandes de los últimos años. 

Castillo es profesor de primaria en una escuela pública ubicada en la provincia de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde nació. Es parte, además, de las rondas campesinas, las organizaciones autónomas que nacieron en los años 70 en los lugares más alejados del país, como respuesta a la falta de la presencia institucional del Estado, para impartir justicia en cada comunidad, y que en el caso de Cajamarca limitaron la entrada de grupos armados como Sendero Luminoso.

Si bien militó durante varios años en el partido Perú Posible, del ex-presidente Alejandro Toledo, Castillo se postuló por el partido Perú Libre, un partido político fundado en 2007 como movimiento regional, que se autodefine como «de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática (...) que no solo cuestiona el centralismo forjado por los partidos de derecha, sino también la indiferencia de algunos partidos de izquierda capitalina que, con su neutralidad ‘democrática’, permitieron la consolidación del neoliberalismo en nuestra patria». Dicen ser una «izquierda provinciana» contra la «izquierda caviar».

A pesar de la pandemia, Castillo realizó una campaña bastante tradicional, basada en discursos en plazas de distintos pueblos del país. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre apostó por una estrategia territorial para su candidato e hizo que este se desplazara por distintas regiones hasta llegar a Lima. Como sostiene el analista Gonzalo Banda, fue una «campaña de manual, como la campaña que un antiguo marxista peruano hubiera soñado: del campo a la ciudad». O desde el «Perú profundo» a la capital costeña.

A pesar de que varios periodistas y algunos analistas plantearon en varias ocasiones que la candidatura de Pedro Castillo le restó votos a la de Verónika Mendoza, la realidad es que los seguidores de los dos candidatos de izquierda presentan varias diferencias. La última encuesta de Ipsos, publicada en El Comercio el 4 de abril, muestra que Mendoza concentra votos en los niveles socioeconómicos A y E y en la zona oriental del país; por su parte, Castillo tiene no tiene prácticamente intención de voto en el nivel socioeconómico A, su voto se aglutina en los sectores D y E, y en las zonas del centro y sur del país. En el mismo sentido, un seguimiento a la intención de voto de Mendoza permite ver que desde enero se mantiene entre 7% y 8%. Es recién en la última encuesta donde el porcentaje crece hasta 10,2%, mientras que Castillo lograba crecer a su vez 3,5 puntos porcentuales. Y es que más allá de la apuesta por un modelo económico alternativo que ofrezca mayor justicia social, algunas de las propuestas ofrecidas por Castillo y Mendoza terminan siendo opuestas, lo que puede sugerir a electores con necesidades y prioridades diferentes. 

Parte esencial del discurso de Mendoza es la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, la despenalización del aborto y el enfoque de género. Además, por más que siempre remarcó la necesidad de «nuevas reglas de juego», ha insistido en el respeto de la institucionalidad, lo que le ha valido el reconocimiento de ser una alternativa de «izquierda democrática».

Por su parte, Castillo, en una entrevista con un programa periodístico de gran audiencia, después de su evidente subida en la última encuesta del 4 de abril, brindó declaraciones que lo perfilaron como una opción socialmente conservadora e incluso antiinstitucional. Aquella entrevista fue clave, ya que la teleaudiencia lo veía por fin como un candidato con posibilidades de ocupar el sillón presidencial. En ese espacio, el candidato, que hizo campaña con un lápiz gigante, manifestó ante todo el país su postura «profamilia» y su rechazo a causas como la despenalización  del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.

«Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos», sostuvo. Asimismo, indicó que, de lograr la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional sería desactivado «en el acto». «Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, de los médicos, de los maestros se han ido al Tribunal Constitucional. O el Congreso ha aprobado normas por insistencia y, a pesar de que las aprueba por insistencia, se lo da al gobierno que dice que, como choca con su Constitución y la economía, pide una demanda de constitucionalidad»: estas palabras le valieron varios titulares el día siguiente. 

En ese encuentro, y en otros que se repetirían los días siguientes, entrevistado y entrevistador parecieron hablar distintos lenguajes. Los periodistas creían ponerlo en aprietos con sus cuestionamientos, mientras Castillo veía dos grandes oportunidades: primero, demostraba a sus seguidores y simpatizantes que no moderaría su discurso al llegar al gobierno y, segundo, conseguía hablarles a sectores que no se sentían representados con algunas de sus ofertas electorales. Esto último ha sido clave para obtener el apoyo popular. 

El candidato de Perú Libre ha sabido conectar con sectores con necesidades específicas. Cuando mencionaba su repudio al papel del Tribunal Constitucional, en realidad conectaba con la población que a lo largo de los años se ha sentido perjudicada por los fallos de esa institución. Por mencionar algunos: Castillo aludió a los miles de ronderos campesinos que en noviembre del año pasado se movilizaron en todas las regiones del país en rechazo a una sentencia que prohibía seguir administrando la justicia comunal en centros poblados y caseríos; a los maestros que vieron frustrada su lucha contra la Ley de Reforma Magisterial cuando el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ratificó la constitucionalidad y legalidad de la norma; y a los  miles de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley, aprobada por el Congreso, que autoriza la devolución de aportes a los afiliados.

Por otro lado, el candidato de Perú Libre conectó con un electorado antisistema y conservador que Mendoza no supo cautivar por levantar esencialmente banderas progresistas. Un estudio de opinión realizado en abril de 2019 mostró que 67% de la población se declaraba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, Castillo no ha desdeñado por completo esas propuestas, sino que se ha adueñado del concepto «voluntad popular», señalando que aquellos temas serían discutidos en la Asamblea Constituyente que impulsaría desde el Ejecutivo. 

De igual manera, parece que en esos temas Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no están del todo alineados. En el programa de ese partido –elaborado por Cerrón– se muestra una posición más liberal: «Según las estadísticas mundiales, los países que han despenalizado el aborto lograron que el número de los mismos bajaran; permitió salvaguardar la vida materna al ser atendida institucionalmente; redujo prácticas ilícitas de personal médico, paramédico y no médico; disminuyó la mortalidad infantil; y evitó prácticas genocidas como la esterilización forzada en el Perú».

El viejo fujimorismo renovado

Otra sorpresa de las últimas elecciones es el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori después de su impopular actuación en el Congreso disuelto, que la mayoría de la población calificó como obstruccionista. Esta es, sin embargo, una «victoria» para la candidata de Fuerza Popular que se solo explica centralmente por la hiperfragmentación de los votos. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori tuvo el apoyo de 39,86%, mientras que en estas su porcentaje se ha reducido, como señalamos, a 13,3%.

Un factor importante en la caída del fujimorismo ha sido la nueva oferta electoral que ha sabido cuajar con el electorado de derecha. Hasta 2016, el fujimorismo había albergado todos los matices de la extrema derecha. De esta manera, en su bancada hubo candidatos conservadores con una agenda «provida» y antiderechos LGBTI. Algunos de ellos, como el pastor Julio Rosas, cercano al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, terminaron alejándose de Fuerza Popular porque sentían que no existía un respaldo consistente de Keiko Fujimori a estos principios.

En estas elecciones, el sector más conservador vio en el candidato de Renovación Popular, el empresario de extrema derecha Rafael López Aliaga, un líder más genuino. Por otro lado, producto del descrédito del fujimorismo, una derecha con un discurso económico ultraliberal se agrupó en torno de la candidatura del candidato de Avanza País: el veterano Hernando De Soto. Estas tres candidaturas juntas suman 36,5% de los votos, porcentaje muy similar al alcanzado por Keiko Fujimori en 2016. El candidato Marco Arana, del Frente Amplio, los denominó «las nuevas cepas del fujimorismo».

Keiko Fujimori era consciente de que contaba con una maquinaria desgastada en esta campaña. Por lo tanto, decidió dar un giro. En las elecciones anteriores la candidata fujimorista se había esforzado por desmarcarse discursivamente del gobierno de su padre, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, en 1992 dio un autogolpe de Estado y actualmente cumple una condena de 25 años por delitos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales realizadas durante su mandato. Si en 2016 ensayó algunas críticas, para este proceso no solo reivindicó el decenio fujimorista, sino que también ha prometido que, de llegar al gobierno, indultará al ex-presidente.

Otro punto importante de su estrategia fue convertir un recurrente reclamo de la población en un eslogan y estrategia de campaña: la «mano dura» contra la delincuencia. De esta manera, Keiko Fujimori quería activar el recuerdo del gobierno de su padre, explotando la idea de que fue el presidente que venció a la subversión. «Así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos a la delincuencia», ha repetido la candidata durante toda la campaña.

¿Le funcionó la estrategia? Es difícil de saber y se tendría que recurrir a la conocida paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. En el medio lleno veremos que pasó la segunda vuelta y que, paradójicamente, está mucho más cerca que antes de ponerse la banda presidencial; en el medio vacío, tendríamos que apreciar la estrepitosa caída del respaldo del electorado. En todo caso, sí le alcanzó para detener su caída de popularidad e incluso para subir algunos puntos, que terminaron por ser suficientes. Hay que tener en cuenta, también, que el antifujimorismo bajó la guardia ante la creencia de que Fuerza Popular ya no iba a tener ninguna opción en estas elecciones. En Perú se dice que el principal partido político es el antifujimorismo, pero que en esta campaña estuvo ausente. Veremos qué ocurre en la segunda vuelta.

El camino al balotaje

Se dice que la segunda vuelta electoral es una elección completamente diferente: los postulantes suelen matizar su discurso para conquistar al electorado que no les dio su voto. En este caso, ambos candidatos presentan dificultades para hacer llegar su discurso por la contracampaña que inevitablemente tendrán por parte de diferentes sectores de la población. 

Keiko es una de las políticas con mayor rechazo del país. En enero, 71% de los consultados indicó que definitivamente no votaría por ella. En la actualidad, no son solo los recuerdos del gobierno de su padre los que generan el rechazo de gran parte de la población, sino también el comportamiento de su bancada cuando fue mayoría en el Congreso. 

«Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay pruebas» fue la famosa frase de Steven Levitsky, politólogo de Harvard, en 2011, cuando Fujimori y Humala se enfrentaron en la segunda vuelta electoral. «Hay más pruebas en 2021 que en 2011» escribió en sus redes sociales un día después de esta última contienda. 

La estrategia que Keiko ha mostrado estos días ha sido la de acercarse a las fuerzas políticas que apuestan por el modelo económico vigente. «Aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido o un partido político. Lo que se va a elegir es un modelo de país. Hago una invocación a los que creen en un modelo de inversión privada y no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela» dijo después de que el conteo rápido la ubicara en la segunda vuelta. 

Por su parte, Castillo y los voceros de Perú Libre han sido enfáticos en que no plantearán una hoja de ruta hacia el centro como lo hizo Ollanta Humala en 2011 y en que la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política no es negociable. Sin embargo, han manifestado su apertura al diálogo con diferentes fuerzas políticas para «llegar a una concertación». No queda claro cuál será su estrategia en esta segunda etapa. Castillo tiene como adversario claro al gran sector empresarial, que ve un peligro en su postura desafiante frente a la ortodoxia económica y en sus propuestas antineoliberales, como la nacionalización del gas. Por otro lado, si bien sus propuestas convencieron a sectores específicos, no responden a los intereses de una gran parte de la población peruana que, en las marchas de noviembre, demostraron respetar la institucionalidad y se movilizaron ante lo que consideraron un golpe de Estado.

Mientras pasan los días, los ataques de algunos medios que lo vinculan a grupos subversivos han ido creciendo; hasta ahora, sin mucho eco entre la población. Parte de los ataques contra Castillo se basan en sus supuestos vínculos con sectores ex-senderistas en el sindicalismo del magisterio, sobre todo en la huelga de 2017. Su respuesta ha sido que «terrorista es el hambre y la miseria».

Lo que queda claro es que no se vienen años más calmados en la política peruana y que el próximo Congreso será hiperfragmentado y polarizado. Establecer alianzas será indispensable para no repetir la historia, esta vez como una farsa. Queda por ver quién logrará quitarse más de encima sus aspectos negativos y ampliar sus alianzas rumbo a la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

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Santos Quispe, de la agrupacion Jallalla, que derrotó al candidato del MAS para la gobernación de La Paz, emite su voto en las elecciones del último domingo. EFE/ Stringer

Resultados de la segunda vuelta departamental del domingo

 

Ahora, el partido oficialista controla tres de los nueve departamentos que componen al país. Su dirigencia, empezando por el expresidente Evo Morales, anunció que se viene un proceso de evaluación y reestructuración.

El Movimiento al Socialismo (MAS) recibió un duro golpe en la segunda vuelta regional del domingo al sumar derrotas en los cuatro departamentos bolivianos en juego. Su dirigencia, empezando por el expresidente Evo Morales, ya anunció que se viene una etapa de evaluaciones internas y reestructuración puertas adentro. En las elecciones de marzo, el partido de Morales y el presidente Luis Arce se había quedado con los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, perdiendo los de Beni y Santa Cruz. Ahora tampoco podrá gobernar en La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca. Los resultados, sin embargo, no perfilan un claro liderazgo en la oposición, que permanece dispersa.

En el departamento de La Paz, que constituye el centro político del país, el candidato del MAS Franklin Flores alcanza un 44,34 por ciento de los votos, lejos del 55,66 por ciento que logra el opositor de la agrupación Jallalla, Santos Quispe, escrutadas el 90 por ciento de las actas. El oficialismo nunca necesitó allí una segunda vuelta y ya había perdido en marzo en la ciudad paceña de El Alto, un bastión histórico del MAS, a manos de la extitular del Senado Eva Copa, expulsada del partido.

El candidato electo Santos Quispe es el hijo de Felipe Quispe, "El Mallku", líder campesino, diputado y popular candidato a la presidencia fallecido en enero. "Esta victoria la vamos dedicar a él, vamos a entrar con el ajayu (espíritu) de Felipe a la gobernación y no lo vamos hacer quedar mal, vamos a gobernar muy bien con transparencia y humildad", dijo Quispe en el festejo realizado en El Alto.

En Tarija, región gasífera del sur del país, el escrutinio cerró con otra clara derrota del MAS. El oficialista Álvaro Ruiz acumuló el 45,56 por ciento de los votos frente al opositor de centroderecha Oscar Montes, de Unidos por Tarija, con el 54,44 por ciento. Ruiz reconoció la derrota el lunes en conferencia de prensa: "Lamentamos no haber llegado a la victoria, pero hoy nos toca trabajar desde donde estemos con el mismo compromiso".

En Chuquisaca, en el sureste del país y con el conteo ya cerrado Juan Carlos León, del MAS, alcanzó el 42,68 por ciento de los votos frente al 57,32 por ciento del líder quechua Damián Condori. Y en el norteño departamento de Pando, el oficialista Miguel Becerra obtenía el 45,32 por ciento de los sufragios frente a Regis Richter, un exdirigente masista ahora en el MTS, que reunía un 54,68 por ciento, tras escrutarse el 99,5 por ciento de las actas.

El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció la derrota del MAS en los cuatro departamentos en juego en el ballotage, y aseguró que convocará a una "reunión de emergencia" para evaluar "por qué, qué paso y qué hay que hacer". En la celebración de un aniversario sindical en la región del Trópico de Cochabamba, el expresidente recordó que el nuevo mapa político regional se asemeja al de 2005, año en el que se eligieron por primera vez a los gobernadores departamentales, cuando el MAS obtuvo tres plazas y otras seis estaban en manos de la oposición.

Por su parte el exvicepresidente Álvaro García Linera manifestó que ya no alcanza con que el MAS apoye a un candidato para que gane una elección ante la ausencia de liderazgos regionales. "Ahora no es suficiente porque hay una fragmentación del campo popular. Antes había una asociación entre lo popular y el MAS, pero hoy lo popular tiene varias cabezas a nivel regional", dijo García Linera en una entrevista con Bolivisión.

En tanto el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que lo ocurrido es un "jalón de orejas", por lo cual planteó realizar una "evaluación profunda del instrumento político" para reconfigurarlo. "Un cambio, eso es lo que pide el pueblo: nuevos cuadros políticos, nuevos cuadros sindicales", dijo Huarachi en declaraciones a radio Erbol.

Desde la vereda opositora salieron a celebrar, como era de suponerse, los resultados del domingo. "Felicito a los gobernadores electos Santos Quispe, Regis Richter, Damián Condori y Óscar Montes. La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija dejaron claro su rechazo a la corrupción, el abuso, la persecución y la discriminación", señaló el expresidente y líder de la principal fuerza opositora, Carlos Mesa.

En la misma línea Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz, motor económico del país, dijo que "los votantes no se dejaron intimidar por sus mensajes de confrontación y por el chantaje de que si no votaban por el MAS no les entregarían recursos, vacunas ni obras". El exlíder civíco y uno de los principales acusados en la causa abierta por el golpe de Estado contra Evo Morales, por el que está detenida la expresidenta de facto Jeanine Áñez hace un mes, destacó que con los resultados de los comicios del domingo "gana la democracia, pierde el abuso y el autoritarismo del MAS".

Mientras tanto la alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, remarcó que la población "espera renovación, cambios de la política, que los políticos cumplan con su palabra y dejen de lado la discriminación, el racismo y el separatismo". La autoridad alteña, señaló que existe una "cúpula del MAS que se cree todopoderosa" que no deja que el departamento de La Paz crezca.

La participación electoral en los comicios regionales del domingo alcanzó el 83 por ciento, una cifra nada despreciable considerando que se trata de una segunda vuelta departamental. Para el tres de mayo está prevista la toma de posesión de las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y municipales de Bolivia. 

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