Viernes, 20 Enero 2012 17:06

La Represa El Quimbo se tragará el corazón del Huila

Escrito por Carlos Valbuena
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La Represa El Quimbo se tragará el corazón del Huila
Los habitantes del centro y EL occidente del Huila terminaron el año con un claro deseo para 2012: detener el megaproyecto El Quimbo. Por este motivo, iniciaron un paro cívico a partir del día martes 3 de enero, con tres claros objetivos y una adenda:
  • Realización de una audiencia pública ambiental que devele las irregularidades de la licencia ambiental otorgada para la construcción de la represa, para hacerla caduca.
  • Que la transnacional Endesa Engesa, que dirige la obra de El Quimbo, construya el Puente Paso del Colegio, dañado por efecto de las obras. El puente se encuentra en el municipio de Gigante, sobre el río Magdalena, en la vía que conduce de Neiva al municipio de La Plata.
  • Que se arreglen las vías del departamento. Entre las principales carreteras por arreglar están las que comunican con el occidente, desde Íquira, Hobo-Gigante y Garzón.

Adenda. El otorgamiento de licencia ambiental a la empresa petrolera Emerald Energy, en el Páramo de Miraflores, es otro factor de inconformidad.

Fuerzas motrices


Este paro ha sido impulsado por Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo), el Comité Cívico por la Defensa del Occidente del Huila, el Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios, el Movimiento Cívico Puente Paso del Colegio, el Comité Regional Indígena del Huila y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila. Ha sido un paro pacífico que ha mantenido su epicentro en Puente Paso del Colegio, paralizando las obras con el bloqueo a la entrada de El Quimbo y complementado con otros bloqueos que han variado en diferentes puntos y momentos. La zona del paro está ubicada en el centro y el occidente del Huila, donde, después de la Represa de Betania, pretenden que esté la Represa del Quimbo sobre el río Magdalena, la que contaría con una extensión de 55 kilómetros en un área de embalse de 8.250 hectáreas que cubrirán un hermoso valle agrícola, ganadero, pesquero y de bosque.

Asoquimbo


Existe desde hace tres años y medio, con una dirección colegiada que representa a las diferentes regiones. Su articulación con otras organizaciones de afectados por las represas permitió el año pasado constituir el Movimiento Colombia por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos, el cual funciona a partir de paneles itinerantes para construir una propuesta de nueva política minero-energética y agroalimentaria-alimentaria soberana. Asoquimbo se caracteriza porque, además de su articulación nacional, hace parte de la organización Ríos Internacionales, convocante de todos los movimientos contra la construcción de represas.

La cabeza del Ministro


En los primeros días del paro se logró que el departamento se comprometiera a coadyuvar en la búsqueda de una audiencia ambiental y en realizar una veeduría. Resultado de una solicitud realizada ante la Contraloría el año pasado y ratificada actualmente, se abrieron indagatorias preliminares contra el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena con respecto a la licencia del megaproyecto El Quimbo. Hay que señalar que, con respecto a tal megaproyecto, hay una demanda ante el Consejo de Estado. Según Miller Dussán, uno de los impulsores del paro, “en el departamento los políticos no se interesaban en lo del Quimbo, pero apenas vieron que la Gobernadora se comprometió con la audiencia ambiental, entonces han empezado a ponerse del lado de la causa. Hoy ya todo el mundo está empezando a hablar y a preguntarse por lo que pasa en El Quimbo”.

En la primera etapa del paro, el gobierno nacional no se presentó con funcionarios que pudieran plantear soluciones, y más bien tuvo una actitud desinteresada y cómplice con los intereses de la empresa Endesa Engesa. Esta situación empezaba a inspirar entre los pobladores la decisión de pedir la cabeza de Frank Pearl, ministro del Medio Ambiente, así como a realizar una marcha hacia Neiva y Bogotá, situación que finalmente dependerá de los compromisos que se desprendan de la primera reunión con los manifestantes, el día martes 17 de enero en el Ministerio del Medio Ambiente, y del cumplimiento por parte del gobierno nacional.

Antecedentes inmediatos y detonante

El Gobierno se demoró para afrontar la problemática denunciada porque sabe que ha incumplido en reiteradas ocasiones los compromisos contraídos con los movimientos sociales del Huila.

La problemática de El Quimbo ha sido denunciada varias veces en el Congreso y en muchos escenarios nacionales y departamentales, pero ante los mismos hechos los diferentes funcionarios se han hecho los de la vista gorda. El daño de Puente Paso del Colegio, que se dio desde agosto como consecuencia de las obras de El Quimbo –y no del invierno de los últimos meses, como quiere hacer creer la empresa– se puede ver o entender como un símbolo del descaro. Al dañarse este puente, hubo que buscar vías alternas que alargan los trayectos e incrementan los costos de movilización, y, además, recurrir al transporte por canoa.

Con el incremento del invierno y los daños que dejan el proyecto El Quimbo y las petroleras sobre las vías, la comunidad reaccionó e hizo que durante el segundo semestre de 2011 el Ministerio de Transporte e Invías se comprometieran a presentar soluciones. A pesar de los acuerdos, lo único que se obtuvo fueron burlas, por lo cual el 9 de diciembre –en otra reunión en la cual estaban presentes los alcaldes del departamento– se obtuvo nuevo compromiso de las entidades señaladas. El problema de vías, sin resolución efectiva, se puede ver como el detonante de la problemática que soportan los habitantes de la región.

Además de los problemas históricos acumulados que tiene la región, en este momento los proyectos energéticos (electricidad y petróleo) son factores que determinan en gran medida la realidad de la región, razón por la cual el conflicto del Puente es el problema de las obras de El Quimbo, de las vías alternas, del deterioro de los vehículos, de los incrementos en el costo del transporte, de los campesinos desplazados, de las nuevas explotaciones de petróleo en zona de páramo que afectarán las aguas de la región. En fin, son manifestación de la problemática general que afecta al conjunto del territorio y de la cual sus pobladores demandan soluciones concretas y sin más dilaciones.

Lucha y naturaleza; territorio y conflictos. En medio de la protesta que al momento de escribir esta nota (enero 14) ya suma 13 días, pareciera que la naturaleza se solidarizara con quienes pretenden protegerla. Es así como el 12 de enero, por una falla geológica, se hundió la banca de la vía Neiva-Florencia, aislando a los departamentos del Huila y Caquetá. Y esto cuando problemas en otras vías ya tenían al departamento con dificultades de comunicación con el Cauca. En decir, el país se va rompiendo en dos: norte-sur, y siempre son los marginados quienes padecen las peores consecuencias de estos sucesos.

El hundimiento de la banca en la vía que conduce hacia Florencia confirma la tesis de los manifestantes, quienes han argumentado que esta zona no es apta para una represa del tamaño propuesto, toda vez que las fallas geológicas que convergen allí han quebrado la tierra en diversos lugares, como lo sustenta el geólogo independiente Édgar Roa, según comentó el sacerdote y activista social Samuel Pineda.

Al Quimbo le cabrían más mentiras que agua


Hay que recordar que para este proyecto solicitaron licencia ambiental por primera vez en 1997, la misma que fue negada por considerarse, entre otros factores, que no se pueden inundar las zonas fértiles de un departamento que tiene pocas tierras de esas características. La iniciativa persiste, y finalmente, en el gobierno de Álvaro Uribe, de la nada se inician las obras. Después, sin consultarle a nadie en el Huila y mediante la Resolución 321 de 2008, se da la declaratoria de utilidad pública del terreno para la obra, incluso sin tener aún la licencia ambiental. Esta resolución permite que una empresa privada expropie a propietarios de predios necesarios para acometer su obra si es el caso.

Finalmente, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental, pese a que la Procuraduría le advirtió a Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, que no recomendaba esa licencia. Lo que se puede considerar como un robo liderado por las transnacionales mismas, fue premiado con una licencia ambiental de pocas exigencias, lo que motivó que la Defensoría del Pueblo expresara su desacuerdo con este megaproyecto.

Todo parece indicar que la identidad con la obra de la cabeza del alto gobierno –Uribe Vélez– derrumbó los obstáculos que impedían el arranque de la construcción de la represa, la cual ya estaba proyectada desde el Plan Estratégico aprobado por el Consejo Nacional de Política Social y Económica (Colombia 2019), en el cual se proyectó -a través de megaproyectos– que el país sería potencia suramericana en generación de energía eléctrica. La beneficiaria, la multinacional ítalo-española Endesa Engesa.

El afán del Gobierno por hacer posible la obra llegó a tal punto que, saltándose la Ley 56 de 1981, no se elaboraron por la parte gubernamental los pertinentes estudios socioeconómicos que permitieran una debida información para tomar decisiones de esta magnitud. Al final, y para poder argüir, el Gobierno se soportó sobre los estudios adelantados por la propia multinacional Endesa Engesa.

La inundación se comerá a un valle con su gente


Si finalmente el Gobierno logra mantener el megaproyecto, será un éxito para la locomotora minero-energética santista y para las multinacionales que se lleven las ganancias. Pero para el pueblo huilense, la inundación hará desaparecer un valle con toda su riqueza geográfica, de flora y fauna, arqueológica, agrícola, ganadera, pesquera, de infraestructura, social y cultural. Bajo el agua quedará el territorio que un pueblo cobijó por siglos. El porvenir no es amable: la destrucción de la estructura económica y social, y el desplazamiento de la población configurarán un nuevo mapa del territorio que se caracterizará por la marginación. No son exageraciones: la experiencia vivida con la represa de Betania así lo confirma.

Este megaproyecto, para generar energía, tendrá un área de embalse de 8.250 hectáreas y en obras 336 de éstas. Hay seis municipios que verían involucrados sus territorios de la siguiente manera: Gigante, 43,91 por ciento; Garzón, 16,76; Altamira, 0,21; Agrado, 37,83; Paicol, 0,04; y Tesalia, 1,25.

Información adicional

  • Antetítulo:Paro cívico contra un megaproyecto
  • Autor:Carlos Valbuena
  • Edición:Edición 176
  • Sección:Megaproyecto
  • Fecha:Enero 20 - Febrero 2012
Visto 23537 vecesModificado por última vez en Sábado, 21 Enero 2012 11:40

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