Viernes, 01 Noviembre 2013 15:45

La protesta social: protagonista del gobierno Santos (agosto 2010-agosto 2013)

Escrito por Edwin Cruz Rodríguez
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Resumen: Este trabajo analiza las causas de la protesta durante los tres primeros años del gobierno Santos a partir del enfoque de procesos políticos para el análisis de los movimientos sociales. Durante el gobierno Santos las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, la educación y la salud. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción frente a las dinámicas económicas, sino por una compleja articulación entre un contexto favorable, generado por el cambio de estilo entre el anterior gobierno de Uribe (2002-2010) y el presente de Santos, que genera expectativas y oportunidades para la protesta, y el papel activo por parte de las personas que se movilizan, que se expresa en la formación de estructuras de movilización y la creación de novedosos marcos de acción colectiva para articular otros actores y formular sus demandas. Para desarrollar este argumento, en primer lugar, se reconstruyen las principales protestas que han tenido lugar en los tres primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos. Seguidamente se plantean explicaciones para esta dinámica, a partir del estudio de la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva de las protestas.

 

Palabras clave:protesta social, Colombia, gobierno Santos, neoliberalismo.

 

Introducción

 

La protesta social se ha convertido en un protagonista principal durante el gobierno Santos, desde su comienzo mismo.Un informe de la Policía Nacional, publicado en octubre de 2011, resalta el aumento dramático de la movilización en su primer año de gobierno, cuando casi medio millón de ciudadanos habría participado en protestas. Mientras en el 2010 se habían presentado 1142 manifestaciones, en octubre de 2011 ya iban 1573 . De acuerdo con la Base de Datos de Luchas Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en los primeros once meses de gobierno se registraron en promedio 2.5 protestas por día, cifra que sólo habría sido superada en 2007, de acuerdo a sus registros de más de 36 años (Delgado, García y Restrepo, 2011: 48).


Más allá de las cifras, que varían de acuerdo a las metodologías utilizadas y las concepciones de protesta en que están fundadas, las protestas sociales han acaparado la atención del país en estos tres años como pocas veces ha sucedido en la historia reciente. Así, si a principios del siglo XXI el diagnóstico que se hacía de los movimientos sociales resaltaba las dificultades que presentaban para generar protesta social y su relativa debilidad en comparación con otros países de América Latina, debida entre otras cosas a las dinámicas del conflicto armado (Archila, 2002), en la actualidad se ha empezado a hablar de una recomposición de los movimientos sociales en el país (Bautista, 2012). ¿Por qué se produce tanta protesta en este momento?, ¿qué factores permiten explicar el hecho de que los y las colombianas acudan a la protesta como una forma de participación en los asuntos públicos?


Este trabajo pretende responder estos interrogantes a partir del enfoque de procesos políticos para el estudio de los movimientos sociales (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 45; McAdam, McCarthy y Zald, 1999; Tarrow, 1997). Durante el gobierno Santos las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, la educación y la salud. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción frente a las dinámicas económicas, sino por una compleja articulación entre un contexto favorable, generado por el cambio de estilo entre el anterior gobierno de Uribe (2002-2010) y el presente de Santos, que genera expectativas y oportunidades para la protesta, y el papel activo por parte de las personas que se movilizan, que se expresa en la formación de estructuras de movilización y la creación de novedosos marcos de acción colectiva paraarticular otros actores y formular sus demandas.


Para desarrollar este argumento, en primer lugar, se reconstruyen las principales protestas que han tenido lugar en los tres primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos. Seguidamente se plantean explicaciones para esta dinámica, a partir del estudio de la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva de las protestas.

 

1. La contienda política

 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005, p. 5) conciben la contienda política como "la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores y (b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores". Este concepto tiene la pretensión de cuestionar los límites analíticos entre la política institucionalizada (contienda contenida) y no institucionalizada (contienda transgresiva), pues los actores y formas de participación de una y otra se traslapan en coyunturas de contienda política.Si bien la protesta social es permanente, durante los tres primeros años del gobierno Santos la contienda política ha girado en torno a las manifestaciones de acción colectiva que se presentan en el Cuadro 1.


Las protestas han tenido como antagonistas principales las consecuencias perversas de los tratados de libre comercio y la denominada "locomotora minero-energética" sobre el sector rural, en términos socioeconómicos y ambientales. De fondo se cuestiona la orientación neoliberal del gobierno, que se expresa en la mercantilización de la salud y la educación, su empeño en ahondar el modelo de acumulación basado en la extracción de materias primas, principalmente minerales, y la promoción de la inversión por parte de multinacionales. Si bien cada una de las protestas tiene particularidades regionales, sus demandas responden a problemas producto de las orientaciones de la política económica del gobierno y se proyectan nacionalmente. Por otro lado, existe un proceso de organización ascendente de sectores tradicionalmente no organizados, que se expresa en las organizaciones que se crean para movilizar las personas, y la puesta en práctica de repertorios de acción colectiva novedosos en el contexto colombiano, como las atividades de protesta cultural, los abrazatones, las besatones o los cacerolazos, si bien en el último año ha predominado el bloqueo de las vías principales.

 

Cuadro 1. Protesta social bajo el gobierno Santos (agosto de 2010-agosto de 2013)

       
FechaProtestaPromotoresAlcance geográficoRepertoriosDemandasDuración
Febrero de 2011Paro de transportadores de carga Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC)Centro y suroccidente del paísBloqueo de vías principalesRegulación de precios del transporte de carga.Menos de una semana
Septiembre de 2011Paro de Trabajadores Petroleros Trabajadores no organizados y apoyados por la Unión sindical Obrera. Puerto Gaitán (Meta)Bloqueo de vías principales, cese de actividades. Mejoramiento de las condiciones de trabajo y exigencia de respeto por los derechos laborales.Varios meses.
Octubre de 2011 Paro nacional universitarioMesa Amplia Nacional Estudiantil NacionalMarchas, actividades culturales, besatones, abrazatones.Retiro del proyecto de reforma a la educación superior y construcción de una reforma concertada que responda a las necesidades del país.Más de un mes.
Febrero de 2012. Protestas contra mega proyectos hidroeléctricos y mineros.Asociaciones de pobladores urbannos y semiurbanos.Departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Boyacá, Putumayo. Marchas, bloqueo de vías principales. No a los megaproyectos, no a las transnacionales.Varios meses.
Julio de 2012Protestas del movimiento indígena en el norte del CaucaOrganizaciones indígenas Nasa  Departamento del CaucaMarchas, expulsión de fuerza pública y grupos armados ilegales. Respeto a la autonomía territorial, contra el racismo, por la paz.Más de una semana.
Agosto de 2012 Protestas de trabajadores de multinacionales electrificadorasTrabajadores, pobladores urbanos, USO. Puerto Gaitán (Meta) Marchas, bloqueos de vías principales. Derecho a la sindicalización, derechos laborales, condiciones humanas de trabajo.Más de una semana
Octubre de 2012 "Semana de la indignación"Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Minga Nacional Indígena, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Coordinadora Nacional Agraria.  NacionalMarchas, mítines, actividades culturales."Paz con justicia social", contra la desigualdad, la pobreza, la opresion, las consecuencias negativas de la "locomotora minero energética".Una semana
Diciembre de 2012Paro de trabajadores de la Rama JudicialAsonal JudicialNacionalCese de actividades, mítines.Reajuste salarialUn mes
Febrero-marzo de 2013Paro Nacional Cafetero Movimiento por la Defensa la Dignidad de los Caficultores.NacionalMarchas, mitines, bloqueo de vías principales.Fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional.Más de una semana
Mayo de 2013Paro de pequeños productores de papaComité por la Dignidad y la soberanía del sector papicultor de ColombiaDepartamentos de Boyacá y Cundinamarca.Marchas, bloqueos de vías principales.Proteger la producción nacional, mediante controles a la importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticiasMenos de una semana
Junio de 2013Paro Campesino en el CatatumboAsociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat)Región CatatumboBloqueos de vías principales.Contra de la herradicación forzada de cultivos ilícitos, denunciadel abandono estatal de la región y por la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC)Cerca de dos meses
Julio de 2013Paro de pequeños mineros artesanalesConfederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol)NacionalBloqueos de vías principalesProtesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales.Más de un mes.
Agosto de 2013Paro Nacional CampesinoMesa Nacional de Unidad Agropecuaria,Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Coordinador Nacional Agrario.
Nacional
Bloqueos a vías principales, marchas, mítines, actividades culturales, cacerolazos.Rechazoa los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, quitar los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno, acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades locales, inversión social y garantía de los derechos políticos,rechazo a la gran minería y proteccion de la minería tradicional, por la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a los pequeños productores.Más de una semana.

 
Fuente: elaboración del autor con base en revisión de prensa.

 

1.1. Cronología básica de la protesta

 

En Febrero de 2011, a seis meses de iniciado el gobierno Santos, se presentó una paro de transportadores de carga, debido al levantamiento de la denominada "tabla de fletes". Este mecanismo, mediante el cual el gobierno establecía los precios de los servicios de transporte, se modificó por decreto para dejar dichos precios al libre juego de la oferta y la demanda. Ante esa medida, las principales organizaciones del gremio, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación Colombiana de Transportadores de Carga (ATC), decidieron entrar en un paro que inició el 2 de febrero y se prolongó por dos semanas.


El principal repetorio de accion utilizado en esta protesta fue el bloqueo a vías principales, lo que se tradujo en enfrentamientos violentos conla fuerza pública y enormes pérdidas económicas. Aunque al principio el gobierno nacional se negó a negociar bajo la presión de las "vías de hecho" al final, el Vicepresidente, Angelino Garzón, consiguió una conciliación con la que el gobierno se comprometió a retirar la reforma y acordar con los representantes del gremio un mecanismo de regulación para que el Estado interviniera en los precios cuando hubiesen fallas del mercado.

Meses más tarde, en septiembre de 2011, estalló una protesta de cerca de 1000 habitantes de Puerto Gaitán (Meta), quienes bloquearon la carretera que conduce desde su municipio a los campos petroleros (Salcedo, 2013). Era el segundo conflicto que se producía en la zona en contra de la multinacional petrolera Pacific Rubiales y tenía como principales demandas el mejoramiento en las condicines de trabajo. En julio, los trabajadores habían paralizado la producción petrolera demandando acabar con las "camas calientes" o camas rotativas en las que los trabajadores deben esperar a que uno de sus compañeros se levante para poder descansar, contra el maltrato de los capataces, la sobre explotación, la inestabilidad laboral e incluso la falta de agua para el aseo corporal. La Unión Sindical Obrera (USO) acudió al lugar, pese a que en ese momento los trabajadores no estaban sindicalizados, y representó a los trabajadores de los contratistas de Pacific Rubiales, consiguiendo un acuerdo para que la multinacional no tomara represalias contra los trabajadores ni descontara los días de protesta de sus salarios.


Sin embargo, los acuerdos fueron incumplidos y las mesas de concertación fracasaron pues Ecopetrol y Pacific Rubiales las abandonaron, de tal manera que en septiembre las protestas se reavivaron, con bloqueos y enfrentammientos con la fuerza pública. Finalmente, el 21 de septiembre la USO consiguió un acuerdo con Pacific Rubiales, con el aval de los ministros de Proteccion Social y de Interior, que incluía mejoramiento de las condiciones materiales y jurídicas de trabajo, vinculación de mano de obra de Puerto Gaitán y estabilidad de los contratos, entre otros. No obstante, Pacific Rubiales desconoció los acuerdos a los pocos días. El Vicepresidente Garzón sirvió de intermediario nuevamente, pero las negociaciones se tradujeron en el desconocimiento de la representatividad de la USO y la organización de otro sindicato en octubre, denominado Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), con 700 trabajadores de un total de 12.000. Para completar, se creó el Batallón Militar No 15, que se ubicó dentro de los campos petroleros y es financiado por Pacific Rubiales, a fin de prevenir en el futuro cualquier tipo de protesta.


El desenlace de las protestas contra la multinacional pasó a segundo plano con el auge de la protesta estudiantil enoctubre de 2011 (Cruz, 2012). La protesta se articuló en contra de la propuesta del gobierno de reformar la Ley 30 de 1992 que regula el sistema de educación superior, presentada por Santos el 10 de marzo.El proyecto se centraba en la atracción de la inversión privada en las universidades públicas y el establecimiento de Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro. Esto generó profundo descontento entre directivas y estudiantes de universidades públicas y privadas que veían en tales medidas una privatización de la educación, la lesión a la autonomía universitaria, el privilegio de la cobertura sobre la calidad y la concepción de la educación como negocio y no como derecho.


Desde ese momento las principales organizaciones estudiantiles nacionales se articularon en torno a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) creada en un encuentro nacional estudiantil los días 19 y 20 de marzo, que definió los derroteros de la protesta y la plataforma discursiva del movimiento sintetizada en el Programa Minimo de los Estudiantes. La situación de efervescencia estudiantil en distintas universidades regionales se empezó a articular a nivel nacional en el segundo semestre del año, de tal forma que cuando el gobiero radicó el proyecto de reforma en el Congreso, el 3 de octubre, cuarenta universidades se declararon en paro. Desde ese momento, el movimiento estudiantil desarrolló grandes movilizaciones a nivel nacional en las que sobresalieron los repertorios pacíficos, lúdicos y creativos, como las "besatones" y "abrazatones", que involucraron incluso miembros de la fuerza pública. Todo ello le granjeó un gran respaldo social al movimiento, cuyos voceros además dieron la impresión de derrotar con argumentos a los representantes del gobierno en varios eventos públicos. En fin, el gobierno se vió obligado a retirar la propuesta de reforma el 10 de octubre, lo que fue interpretado por los estudiantes como una victoria parcial en el proceso de construcción de una reforma alternativa.


Las protestas retornaron en febrero de 2012, cuando los pobladores de distintos municipios emprendieron protestas contra megaproyectos hidroeléctricos y mineros. En El Quimbo (Huila) se produjeron grandes movilizaciones, por parte de habitantes de la zona, campesinos y pescadores, contra el proyecto hidroeléctrico que pretende desviar parte Río Magdalena generando consecuencias negativas a nivel social y ambiental (Restrepo, 2012). Asoquimbo, organizó la protesta contra el proyecto Emgesa, que afecta siete municipios del Departamento del Huila y amenaza con la inundación de 6 mil hectáreas cultivables y el consiguiente despojo de las tierras.Los repertorios incluyeron mítines y enfrentamientos con la fuerza pública. Estas escenas practicamente se repitieron por los mismos días en contra de los proyectos Hidrosogamoso e Hidoituango, sin que en ninguno de los casos se llegase a un acuerdo.
Por esos días también se presentaban protestas contra los megaproyectos mineros. Habitantes de los departamentos de Quindío y Tolima, protestaron contra la explotación de oro en Cajamarca por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti. En Santurbán se produjeron protestas contra Eco Eco Minerals (antigua Greystar) que exigieron suspender la explotación de oro para proteger el páramo. En Puerto Asís y Villa Garzón la protesta se dirigió contra la multinacional Emerald Energy, y en el suroeste antioqueño contra Anglo Gold Ashanti y el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango (Restrepo, 2012: 30).


El 12 de julio de 2012 otro hecho de protesta copó los titulares de los periódicos y noticieros. Esta vez, y luego de altercados entre miembros del ejército e indígenas de la comunidad Nasa, el movimiento indígena en el norte del Cauca protestó para demandar la desmilitarización de sus territorios, tanto por parte de la fuerza pública como de los actores armados ilegales. Miembros del gobierno, incluyendo al presidente Santos, acusaron a sectores de las organizaciones indígenas de ser auxiliadores o estar infiltrados por las FARC (Vásquez, Rincón y Yepes, 2012: 6). Todo ello desató un debate nacional sobre problemas como la soberanía y la extraterritorialidad, la autonomía indígena e, incluso, el racismo que persiste en el Estado y la sociedad frente a las comunidades indígenas.


En agosto de 2012 revivió el conflicto entre multinaconales, trabajadores y pobladores en Puerto Gaitán (Meta). Los trabajadores de las electrificadoras CEPSA Colombia S.A. y la contratista de Ecopetrol Termotécnica Coindustrial, presentaron un pliego de peticiones demandando el respeto a los derechos laborales, condiciones higiénicas de trabajo, mejoras en la alimentaión, horarios y remuneración justas, y respeto por el derecho de sindicalización, entre otros. Las empresas no accedieron a negociar el pliego, por lo que el 7 de septiembre los trabajadors bloquearon las carreteras hacia varios campos petroleros (Apiay, Chichimene, Castiya, Cabuyaro y Pacific Rubiales), lo que condujo a enfrentamientos con la fuerza pública. Los trabajadores se declararon en asamblea permanente y, con apoyo de la USO, desarrollaron un paro cívico en el Meta, que articuló demandas de otros actores regionales en contra del enriquecimiento de las multinacionales a costas del medio ambiente, el abandono estatal en cuanto a política social y la exigencia de la consulta previa a las comunidades campesinas y étnicas entre otros (Restrepo y García, 2013: 59).


Dos meses más tarde, entre el 4 y el 12 de octubre, distintas organizaciones sociales del país desarrollaron la "semana de la indignación" (Restrepo y García, 2013).Bajo el eslogan de "Paz con justicia social" se articularon organizaciones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, la Minga Nacional Indígena, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinadora Nacional Agraria, entre otros. En distintas ciudades se desarrollaron movilizaciones pacíficas y actos culturales para posicionar en el escenario público la necesidad de "paz con justicia social" y denunciar la creciente desigualdad del país, la pobreza, la opresión, la discriminación, la mercantilización de los servicios de salud y educación, y el alto costo de los servicios públicos, así como la extranjerización de la propiedad agraria y las consecuencias negativas de la denominada "locomotora minero energética". De esa forma se posicionó a nivel nacional el significante de la "indignación", que había caracterizado a principios de año protestas en otros países, principalmente en España.
Tres meses después, en diciembre, los funcionarios de la Rama Judicial entraron en un paro indefinido, demandando fundamentalmente un ajuste salarial que, según ellos, se había aplazado durante décadas. El paro llevó al colapso de la justiciay se prolongó por cerca de un mes. Al final, el gobierno se vió obligado a negociar y ceder frente a las demandas de los manifestantes.


En el 2013 los niveles de protesta se incrementaron, así como su capacidad de afectación nacional.Entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de 2013, en Colombia tuvo lugar la protesta más importante en la historia del gremio cafetero, el Paro Nacional Cafetero. A él se vincularon más de 100 mil caficultores de 10 departamentos, quienes hicieron escuchar sus demandas mediante marchas, concentraciones y, sobre todo, el bloqueo de vías principales. La protesta provocó una crisis de gobernabilidad sin precedentes en la historia reciente, las afectaciones de la movilidad se tradujeron en el desabastecimiento y el incremento de los precios de bienes de primera necesidad en algunas ciudades, generando enormes pérdidas económicas.El desencadenante de la protesta fue la crisis sin precedentes del sector cafetero. Sin embargo, la magnitud que alcanzó no hubiera sido posible sin un proceso previo de organización, en el marco del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, que permitió planear y desarrollar acciones colectivas sostenidas, implementar unas estrategias discursivas para articular distintos actores a su lucha y aprovechar de esa forma las oportunidades políticas coyunturales.


Su pliego de peticiones contenía ocho puntos referidos a la fijación de un precio remunerativo estable e independiente del precio internacional del café, políticas de fomento a la producción cafetera nacional, no al incremento de impuestos a los caficultores, control al precio de agroinsumos, una auditoría al Fondo Nacional del Café y un diagnóstico del funcionamiento de las instituciones del gremio, solucionar el problema de deuda de los caficultores, incentivar programas gratuitos de control de plagas y rechazo al TLC con EEUU por permitir el ingreso de cafés procesados y lesionar la soberanía nacional . Andando la protesta se sumó un noveno punto: el rechazo a la minería en zonas cafeteras.

 


El paro fue apoyado desde su comienzo hasta el 5 de marzo por los transportadores de carga y en forma permanente por otros sectores del agro como los productores de papa, leche, cacao y arroz en distintos departamentos. Aunque, como en anteriores oportunidades, el gobierno afirmó que no negociaría bajo la presión de los bloqueos a las vías principales, finalmente el 5 de marzo designó un equipo de alto nivel, compuesto por el Vicepresidente Garzón y los ministros de agricultura, salud, interior, defensa y otros funcionarios, algunos gobernadores, quienes discutirian con 32 delegados de los caficultores, provenientes de varios departamentos y comunidades indígenas, que exigían un precio de sustentación de $750.000 .
Finalmente, el 7 de marzo las partes llegaron a un acuerdo. Se fijó un subsidio de 145 mil pesos por carga de café, que en vez de precio de sustentación sería denominado "Protección al Ingreso de los Caficultores". Respecto al precio, se estableció un techo de $700.000 por carga y un piso de $480.000 mil . Ese apoyo sólo estaría vigente durante 2013, hasta que el sector se recuperase. Aunque se acordó que el gobierno mediaría ante la Fiscalía para evitar la judicialización de los detenidos durante las manifestaciones y los enfrentamientos con la fuerza pública, finalmente se continuaron los procesos judiciales . A fin de discutir los demás ítems del pliego de peticiones, como el control de precios de fertilizantes e insumos e importaciones de grano y la erradicación de la minería en las zonas de cultivo, se crearon comisiones de trabajo .


Aunque el paro fue un duro golpe a la Federacion Nacional de Cafeteros (FCN), su gerente no renunció. No se definió si a la constituyente cafetera que propuso el gobierno asistirán sólo los representantes de la FCN o también los nuevos líderes. Tampoco se tocó el problema que para los caficultores era de fondo: el libre comercio y el modelo de acumulación basado en la minería. No obstante, los caficultores lo vieron como una victoria.
Con demandas y expectativas muy similares, en mayo los productores de papa de Boyacá y Cundinamarca también desarrollaron un paro. La producción de papa nacional cayó vertiginosamente a consecuencia de la baja en precio, las importaciones del producto de mejor calidad y más bajo precio debido al TLC con EEUU y los altos costos de producción debido al precio de los agroinsumos, entre otros aspectos. El comité por la Dignidad y la soberanía del sector papicultor de Colombia, señaló la necesidad de proteger la producción nacional, mediante controles a la importación, precios de sustentación y seguros por cosecha, que impidan la pérdida de capital de los papicultores y el consiguiente remate de sus propiedades por parte de las entidades crediticias .El paro se caracterizó por los enfrentamientos con la fuerza pública, lo que dejó un saldo de 70 detenidos y 16 personas heridas. Días después, el gobierno y los representantes de los pequeños productores llegaron a un acuerdo que comprendía un apoyo de cuarenta mil millones de pesos al sector


Otra protesta campesina tuvo lugar en junio de 2013, esta vez en la región del Catatumbo. Allí, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), inició una manifestacion en contra de la herradicación forzada de cultivos ilícitos que pronto dio paso a una agenda de peticiones que denunciaba el abandono estatal de la región y demandaba la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Más de 4000 campesinos bloquearon las vía que conduce desde Tibú hasta Cúcuta durante 56 días , en los que tuvieron que enfrentar el rigor de la represión por parte de la fuerza pública y las acusaciones del gobierno, según las cuales la protesta estaba dirigida por las FARC , aunque la propuesta de formalizar allí una ZRC venía de mucho antes de que se iniciaran los diálogos de paz de La Habana (Restrepo, 2013).
Al principio Santos se negó, como lo había hecho en anteriores protestas, a dejarse presionar porlas vías de hecho . No obstante, luego accedió a la negociación mediante personas que conocían de cerca la zona como el Alto Consejero para el Diálogo Social, Luís Eduardo Garzón, y el mismo Vicepresidente, Angelino Garzón, que no arrojaron resultados positivos. Las jornada de protesta dejaron cuatro personas muertas y más de un centenar de heridos, con lo que se constató un viraje del gobierno hacia el aumento de la represión .No obstante, a principios de agosto los negociadores del gobierno y los representantes del campesinado llegaron a un acuerdo para suspender los bloqueos y proceder a negociar. Encontes se trazó una agenda de negociación que se pacto para unmes y que recoge demandas desde subsidios a las familias que dependen de los cultivos ilícitos como condición para su erradicación hasta la zona de reserva campesina .
Para ese momento ya existía otro polo de protesta en el país, pues en julio los mineros artesanales de distintas regiones del país también emprendieron un paro en protesta por la criminalización de su trabajo, que se asocia frecuentemente a mafias y grupos armados ilegales, así como por la preferencia del gobierno hacia las multinacionales que los desplazan del negocio sin generar beneficios para las comunidades locales. Cerca de doscientas mil personas asociadas a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) protestaron en al menos diez departamentos: Chocó, Guainía, Antioquia, Caldas, Risaralda. Sus demandas, sintetizadas en un pliego de peticiones de 15 puntos, se centraban en derogar el decreto 2235 de 2012 mediante el cual se autoriza a la fuerza pública para incautar maquinaria pesada utilizada en la minería ilegal, así como en la petición de políticas sociales y económicas para el sector y protocolos para diferenciar la pequeña minería ilegal de las bandas criminales. Su repetorio también fue el bloqueo de vías principales, el gobierno consiguió acuerdos en algunas regiones del país, pero el descontento se mantuvo en la zona norte del departamento de Antioquia .
Tanto las negociaciones en el Catatumbo como el paro minero fueron opacados por el paro nacional agrario que inició el 19 de agosto. Esta protesta fue convocada por organizaciones de alcance nacional (Mantilla, 2013), ante el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos con los sectores cafeteros y los productores de papa, como la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria, que agrupa los movimientos por la dignidad arrocera, cafetera, cacaotera, panelera y papera, y que rechaza los acuerdos de libre comercio, demanda subsidios a los productos campesinos, quitar los aranceles para los agroinsumos importados y el cumplimiento de acuerdos anteriores por parte del gobierno. Otra organización convocante fue la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, que reúne varias organizaciones, entre ellas la Marcha Patriótica, y cuyas demandas se resumen en acceso a tierra y territorio para los campesinos, concertación de la política minera con las comunidades locales, inversión social y garantía de los derechos políticos, entre otras. Finalmente, en la convocatoria al paro también participa el Coordinador Nacional Agrario, que comprende treinta organizaciones de 10 de partamentos, entre ellas el Congreso de los Pueblos, y tiene una plataforma programática basada en el rechazo a la gran minería y proteccion de la minería tradicional, el rechazo de los TLC en nombre de la soberanía alimentaria y la condonación de deudas a pequeños productores, entre otros.
En los primeros días de la protesta, el gobierno trató de reducir al máximo su alcance, al menos en los medios de comunicación y desplegó una serie de estrategias para desmovilizar la base del paro en las regiones, como la criminalización a los bloqueos por parte de los transportadores de carga, que en el Departamento del Valle llevó a 25 judicializados tan sólo en el primer día de paro.En forma simultánea, el presidente Santos instó a ejercer el derecho a la protesta de modo pacífico y afirmó que el paro no tenía el alcance que se había imaginado . Días despues afirmó tajantemente "el tal paro nacional agrario no existe", con lo cual los ánimos se caldearon y las protestas, principalmente los bloqueos de vías principales, aumentaron hasta tal punto que el mandatario tuvo que retractarse .
Al décimo día de paro, el gobierno accedió al establecimiento de mesas de diálogo en la ciudad de Tunja. Pero, ya para este momento la protesta se había generalizado a distintas regiones del país, principalmente a la Capital de la República. Así, el 26 de agosto hubo un "cacerolazo" en Bogotá, en horas de la noche, que congregó miles de personas en la Plaza de Bolívar con la consigna de apoyar el paro campesino. Este repertorio ya se había producido unos días antes en Tunja y otros municipios. Sin embargo, el descontento por la represión y por las afirmaciones de miembros del gobierno según las cuales el paro estaba nuevamente infiltrado por las FARC, llevó a un incremento de la protesta.
El 29 de agosto, la ciudad fue paralizada por marchas de distintos sectores, trabajadores de las centrales obreras -Central General de Trabajadores de Colombia y Central Unitaria de Trabajadores-, estudiantes de la MANE, así como ciudadanos de a pié, en apoyo al paro campesino. Al mismo tiempo, se presentaron actos de vandalismo en distintas localidades que arrojaron un saldo de tres muertos, miles de millones de pesos en pérdidas y la militarización de la ciudad. Al día siguiente, 30 de agosto, el presidente, quien en una alocución televisada hizo equivalentes los actos vandálicos con las protestas campesinas, decidió suspender las negociaciones. Los representantes de los campesinos en la mesa de negociaciones, por su parte, decidieron mantenerse en paro pero suspender los bloqueos a fin de impedir más actos vandálicos y la consiguiente represión de la fuerza pública, a la espera de iniciar nuevamente las conversaciones el sábado 31 de agosto .
Esta protesta consiguió un inusitado apoyo en las ciudades, tanto de pobladores urbanos como de distintos sectores sociales como los transportadores, los obreros, los estudiantes y los trabajadores del sector salud. Estos últimos están inconformes con la Ley Estatutaria que pretende reformar la Ley 100 y el proyecto de ley ordinaria que actualmente se dicute en el Legislativo. Para ellos es inconstitucional subordinar el derecho a la salud a la disponibilidad fiscal como lo ha hecho el gobierno .

1.2. El tratamiento gubernamental

En prácticamente la totalidad de las protestas, el gobierno Santos le ha apostado al desgaste de los manifestantes, a esperar que las protestas se caigan por su propio peso, argumentando que no va a ceder ante las "vías de hecho". Esa apuesta ha estado acompañada por el uso de los medios de comunicación para deslegitimar las demandas de quienes protestan, la criminalización y la represión. Ello explica en parte por qué muchas de las protestas han persistido por varios días, semanas y meses.
El paro de camioneros en febrero de 2011, a seis meses de instalado el gobierno, puso al descubierto una especie de ritual que se repetiría en distintas ocasiones: al comienzo una negativa por parte del gobierno a negociar bajo la presión de las "vías de hecho", apostando al desgaste de la protesta. Luego, cuando la situación se tornaba inmanejable, la intervención del Vicepresidente, Angelino Garzón. Esta estrategia para tratar la protesta funcionó prácticamente siempre que se implementó para conseguir el fin de las manifestaciones cuando habían alcanzado un nivel preocupante, exepto con las protestas en el Catatumbo, en julio de 2013.
Pero esa estrategia tambien ha redundado en varias derrotas. La reticencia del gobierno a escuchar los actores sociales antes de que se generen considerables niveles de movilización y la táctica de esperar a que las movilizaciones caigan por su propio peso, quizás obedecen a una lectura errada del contexto político, más que a una debilidad intrínseca, por parte del gobierno.Así lo muestran los casos del paro universitario y el paro cafetero.
Aunque desde el mismo momento en que se presentó la públicamente la propuesta de reforma, el 10 de marzo, los estudiantes y otros actores de la educación superior manifestaron su desacuerdo con esa medida y con el hecho de que no fuese construída de forma concertada, el gobierno esperó a que se declarara el paro. Frente al paro universitario, el mismo 3 de octubre de 2011, luego de la radicación del proyecto de ley para la reforma de la educación superior, el presidente afirmó que no aprobar la reforma sería "la peor noticia", que no encontraba razones para protestar y no cedería ante la presión de la protesta . El paro también trató de deslegitimarse resaltando sus altos costos y el llamado para que la discusión sobre la reforma se hiciera en el Congreso, en vez de en las calles .
Una situación similar se experimentó en el caso del paro cafetero. Aunque los caficultores plantearon demandas al gobierno un año antes de la protesta, en febrero de 2012, nunca fueron escuchados . Sin embargo, luego de que empezó el paro, el gobierno afirmó estaba dispuesto a escuchar las demandas de los caficultores y por ello las vías d hecho eran inadmisibles. En la mañana del 25 de febrero, el presidente Santos hizo una alocución televisada en la que calificó el paro como "injusto e innecesario" y ordenó no permitir bloqueos de vías. Al tiempo defendió la gestión de la FNC. El ministro de agricultura, por su parte, afirmó que dado que los líderes de la protesta no querían negociar, el gobierno lo haría con la FNC. Esta decisión pretendía deslegitimar los organizadores de la protesta, se sustentaba en que no seguía los cauces institucionales, supuestamente era expresión de una minoría y estaba infiltrada por las FARC .
En fin, el gobierno ha optado por permitir que la protesta y el descontento crezcan antes que por anticiparlos. Por otra parte, las últimas protestas del 2013 permiten inferir, como se verá más adelante, que con el correr del tiempo el gobierno ha virado desde un tratamiento conciliador de la protesta hacia el endurecimiento de la represión.

2. Explicando la acción colectiva

Desde el paro de camioneros de febrero de 2012 los medios de comunicación se encargaron de propagar una explicación, por lo demás de tinte autoritario, para la protesta social: "Santos demostró que ante la fuerza, cede" (León, 2012).El carácter autoritario de tal explicación radica en que supone que si el gobierno fuese "fuerte", no se produciría la protesta, esto es, que se requiere un gobierno que no atienda las demandas de los ciudadanos por justas o razonables que sean.El gobierno, por su parte, ha tendido a explicar las protestascomo expresiones de manipulación de las Farxc.


Ambas perspectivas resaltan un supuesto carácter no racional de la acción colectiva que recuerda las explicaciones tempranas que, a fines del siglo XIX, hiciera la psicología de las masas. De acuerdo con Le Bon (1952), uno de sus más importantes exponentes, la acción colectiva se explica por lógicas de contagio, manipulación y sugestión, dado que los individuos, cuando son parte de las "masas" pierden su capacidad de raciocinio. Hoy sabemos que la acción colectiva se explica por mecanismos sociales más complejos, que no pueden reducirse a las determinaciones estructurales (Smelser, 1995), a la racionalidad estratégica de los actores (Olson, 1992) o a los procesos de producción de identidades y sentidos sociales (Touraine, 1987; Melucci, 1999). Como se han encargado de demostrar los autores de la corriente de procesos políticos (Tarrow, 1997; McAdam, McCarthy y Zald, 1999), la acción colectiva es el resultado de un proceso donde tiene parte la dimensión estructural pero también dimensiones subjetivas. Así, una explicación integral de la acción colectiva debería tener en cuenta tres dimensiones: la estructural, con el concepto de Estructura de Oportunidad Política (EOP), que denota las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva; la organización, con el concepto de estructuras de movilización; y la dimensión subjetiva, con las categorías de marcos de acción colectiva.

2.1. El contexto y las oportunidades políticas

El concepto de EOP hace referencia a dimensiones del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva: "Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades" (Tarrow, 1997: 49) . Abarca la estructura política institucional y las relaciones informales de poder de un sistema político nacional, y se usa como una variable o una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o incluso el impacto alcanzado por los movimientos (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 23).


En el caso colombiano, cada una de las protestas responde a unas demandas y un contexto regional particular que define las constricciones y oportunidades para que las personas se movilicen. Por ejemplo, no es lo mismo protestar en una ciudad como Bogotá, donde la existencia de un gobierno de izquierda impone unos límites a la represión mediante acuerdos sobre derechos humanos entre la fuerza pública y los manifestantes, que en cierta forma funcionaron como oportunidades políticas para el movimiento estudiantil de 2011, a protestar en el Huila o el Caquetá, en el caso del paro cafetero, o últimamente en el Catatumbo. En estos lugares existen mayores constricciones para la protesta, el conflicto social no tiene el mismo trato por parte de las autoridades, lo que aunado a la persistencia de ciertas lógicas del conflicto armado lleva con no poca frecuencia a más altos niveles de represión y criminalización de los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan.


Pero más allá del contexto particular, existen unos elementos que configuran las oportunidades políticas para la protesta en el país. La transición entre los estilos políticos del gobierno de Uribe al de Santos configura un contexto propicio para la protesta. La retórica reformista del segundo genera expectativas entre los ciudadanos, quienes perciben la oportunidad de movilizarse porque al mismo tiempo el presidente no asume una posición tan beligerante como su antecesor. Pero esa retórica también conlleva contradicciones que son aprovechadas por los manifestantes, así como divisiones entre las élites políticas donde éstos consiguen aliados estratégicos. Complementanese contexto la deslegitimación del sistema político y la apertura que implican las negociaciones de paz. Todo abre oportunidades para la protesta, pese a que se mantengan tendencias como la criminalización y la represión.


Buena parte de las oportunidades para la protesta se han generado debido al cambio de gobierno de Uribe (2002-2010) a Santos. La "seguridad democrática" articuló a los descontentos con el proceso de paz iniciado en 1999, entre quienes se encontraban elites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las elites políticas tradicionales. Si bien esa política implicó un escalamiento en la confrontación bélica, el gobierno también puso en práctica una serie de mecanismos orientados a su legitimación del sistema político (Viñolo, 2012). Campañas que pretendían "recuperar" la seguridad y la confianza inversionista como "vive Colombia, viaja por ella", programas de asistencia para conseguir el consentimiento de los desposeídos como "familias en acción", o de sectores regionales pudientes como "agro ingreso seguro", además de toda suerte de gabelas clientelares, entre otros. Dentro de esas estrategias se destacó también la apelación a un discurso de "patria en peligro" que permeó cada una de las iniciativas, llevando incluso a transformar los símbolos patrios, y una permanente y agresiva campaña mediática que iba desde la exigencia de que los medios de comunicación se refirieran siempre como "presidente" a quien entonces ocupaba el cargo, hasta la destinación de grandes recursos en propaganda institucional incluyendo los "consejos comunitarios". Todo ello contribuyó a que el jefe de Estado mantuviera una popularidad en los sondeos de opinión por encima del 70%.
La legitimación sustentada en esas dinámicas se mostraba tan sólida que para las elecciones de 2010 se trataba de elegir la continuidad o el "descarrilamiento" de la seguridad democrática. Durante 2009 se generó un debate sobre la posibilidad de que Uribe se presentara para un tercer mandato. Esa posibilidad se hizo realidad con la sanción de una ley que avalaba la segunda reelección consecutiva, en septiembre de 2009. Sin embargo, en febrero de 2010 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional al hallar vicios de proceso en su promulagación. En ese momento Juan Manuel Santos tomó las banderas del uribismo erigiéndose en candidato de la continuidad.


Para las elecciones de 2010, Santos obtuvo la mayor votación en la historia de Colombia, 9.004.221, 69.1% de los votos con el Partido Social de Unidad Nacional, mientras su contendiente Antanas Mockus, obtuvo 3.588.819 el 27.5% de la votación, en la segunda vuelta. Así pues, se eligió la continuidad, pero sólo en apariencia, pues Santos puso en práctica un estilo y una orientación distinta a su gobierno. A los pocos días de su posesión se esmeró en recomponer las relaciones con países vecinos como Venezuela y Ecuador, que se habían interrumpido desde el gobierno de Uribe por problemas aasociados al conflicto armado interno (Wills y Benito, 2012: 90). También implementó reformas institucionales, como la reactivación de los ministerios que el anterior gobierno había suprimido (Salud, Justicia Trabajo), o la liquidación de entidades donde se habían presentado casos de corrupción (Dirección Nacional de Estupefacientes, Departamento Administrativo de Seguridad). Pero quizás la mayor ruptura se produjo en torno al tema de la paz, porque Santos no sólo reconoció la existencia de un conflicto armado, no sólo una amenaza terrorista, sino que tomó varias decisiones para abrir el camino hacia la consecusión de la paz. Así, en junio de 2011 se promulgó la ley 1448, o Ley de Víctimas, para reparar y atender a las víctimas del conflicto armado interno. En la misma direccion, el 29 de agosto de 2012 firmó con las FARC el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" que significó el inicio de conversaciones con ese grupo guerrillero en La Habana, Cuba.


Este cambio en el estilo de gobierno estuvo acompañado de una retórica reformista que pretendió cambiar la "seguridad democrática" por la "prosperidad democrática"(Presidencia de la República, 2010), y que se trazaba como meta que el país hiciera parte de los países desarrollados. Todo ello abrió oportunidades para la protesta, si se tiene en cuenta la orientación represiva que había desarrollado el anterior gobierno. La retórica reformista generó expectativas en distintos sectores sociales que empezaron a ver la oportunidad para hacer escuchar su voz por parte de las autoridades.No existió una ruptura importante en relación con la forma como tradicionalmente el Estado colombiano ha hecho frente a la protesta social, consistente en el desconocimiento de su legitimidad afirmando que se trata de "minorías" muchas veces privilegiadas, como al principio se enfrentó la protesta estudiantil o la de los caficultores; la criminalización, pues no ha existido ninguna protesta en la que miembros del gobierno no hayan salido a decir que se trata de protestas infiltradas cuando no orquestadas por la insurgencia; y finalmente la represión, que ha estado presente con mucha fuerza en todas las protestas y se ha ido incrementando con el paso del tiempo.


Una variable imprescindible de la estructura de oportunidad política es el nivel de represión de la protesta, con gran incidencia en la forma que adoptan los repertorios de acción (della Porta, 1999: 102). McAdam (1999: 58) sugiere que cuando disminuye la capacidad de represión estatal de la protesta es más factible que emerjan movimientos poco institucionalizados y ciclos de protesta. Empero, esta hipótesis es matizada en nuestro caso, pues la represión se ha mantenido durante el gobierno Santos en sus niveles tradicionales.Para citar sólo un ejemplo, el 2 de marzo, unos días después de iniciado el paro cafetero, ya se contaban 80 personas heridas . Hasta tal punto llegó la represión que el 6 de marzo se visibilizó en las redes sociales virtuales, con videos que evidenciaban excesos de la fuerza pública. La policía justificó la represión porque debía dar cumplimiento a la nueva ley de seguridad ciudadana, que penaliza los bloqueos de vías públicas , y de esa manera prácticamente prohibe la protesta .El cambio entonces es más retórico, en la medida en que el gobierno se presenta como más conciliador y menos beligerante que el de su antecesor. Pero incluso ese pequeño cambio puede llevar a las personas a interpretar la realidad como un contexto favorable para ejercer su derecho a la protesta, si tenemos en cuenta la beligerancia y la estigmatización que recaía sobre cualquiera que osase hacer escuchar su voz ciudadana durante el gobierno anterior.


En este mismo sentido, este contexto general ha abierto oportunidades por la vía de los diálogos de paz que, pese a los niveles de represión y a que el gobierno continúe implementando políticas contrarias a cualquier esfuerzo por construir paz, hace que la gente sienta la necesidad movilizarse para hacer escuchar su voz porque percibe un contexto favorable. Así pues, otro factor que influye son las contradicciones del gobierno. Mientras por un lado se habla de paz, por el otro se ahondan las políticas que están en la raíz del conflicto armado. Muchas de las protestas durante este gobierno cuestionan radicalmente el modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales. Como ha sido ampliamente demostrado, ese modelo no genera ningún beneficio para el país (Hernández, 2013): la mayor parte de la riqueza que genera la "locomotora minera" no se queda en el país, y la poca que se queda por la vía de la especulación financiera genera enfermedad holandesa, lo que termina por acabar con el agro y la industria (González, 2013). Pero, además, produce problemas sociales y ambientales muy graves, que están detrás de la protesta: se contamina o se acaba con recursos naturales, se desincentiva la producción agropecuaria ocasionando crisis económicas y desempleo en las regiones. La crisis del sector agrario había sido predicha desde mucho antes de que se firmara el TLC con EEUU, porque mientras este país no eliminó los subsidios para sus productos agrícolas, Colombia sí tuvo que hacerlo. Como consecuencia, desde un comienzo se sabía que los más perjudicados con el tratado serían los pequeños productores campesinos, la soberania y la institucionalidad democrática, pues las decisiones que atañen a la población colombiana las toman en otro lugar y el tratado condiciona la Constitución política (Umaña, 2011). Como anteriormente se mostró, la mayoría de las protestas durante el gobierno Santos se han producido en contra de ese modelo que sólo beneficia a las multinacionales. En fin, la mayoría de las protestas han cuestionado el terco empeño del gobierno de ahondar en las políticas neoliberales mediante tratados de libre comercio carentes de mínima planeación que proponen mercantilizar incluso derechos como la educación y la salud (Torres-Tovar, 2011). Pero el mismo empeño por conseguir la paz por la vía de la restitución de tierras a las víctimas se ve torpedeado porque el paramilitarismo, ahora denominado "Bandas Criminales" no se desterró en su totalidad y soporta la inequidad en la distribución de la tierra (Reyes, 2009). Ello explica la constante violación de los derechos humanos y la creciente tasa de asesinatos de los reclamantes de tierras. Según la Defensoría del pueblo, entre 2006 y 2011 la cifra asciende a 71 personas asesinadas y, en abril de 2012, sólo había una condena por tales hechos . Las cifras van en aumento, según el más reciente informe del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores, entre enero y junio de 2013 fueron asesinados 37 defensores de derechos, mientras en el mismo período del año pasado hubo 29 casos . A todo ello habría que aunar los fraudes que se han cometido para "lavar" las tierras conseguidas por medios ilícitos con argucias jurídicas que el gobierno pretende legalizar como una forma de incentivar la inversión en el campo .

También contribuye a abrir oportunidades el antagonismo entre los sectores de la clase política que en el gobierno anterior sustentaron la hegemonía, entre los partidarios del expresidente Uribe y quienes acompañan a Santos.La "prosperidad democrática", que se pretendía reemplazo de la "seguridad democrática", no funcionó como significante articulador de los sectores dominantes, y ya ni siquiera se escucha en boca del gobierno. Si bien las campañas comunicativas no se han abandonado, muestra de ello es la reciente propaganda televisiva que llama a los ciudadanos a seguir las vías institucionales para manifestar su descontento, el nacionalismo retórico e icónico parece ceder el lugar a las dinámicas tradicionales de la maquinaria política. Así, el cambio en el estilo de gobierno no sólo generó expectativas en los ciudadanos, sino también contribuyó a una división entre las élites políticas, que igualmente ha generado oportunidades para la protesta. Ello puede verse en el hecho de que el sector uribista se ha presentado como la oposición a Santos, acusándolo de traición, y que el mismo expresidente Uribe ha apoyado protestas de la magnitud del paro cafetero, al lado de sectores de izquierda como el Senador del Polo Democrático, Jorge Robledo .


Otra consecuencia de la transición entre Uribe y Santos que contribuye a generar oportunidades para la protesta es la creciente deslegitimación del sistema político. Los sondeos de opinión informan que el presidente Santos no alcanza niveles de popularidad similares a los de su antecesor. Más allá de eso, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, se ha visto gravemente afectada, paradójicamente, porque no se percibe una clara ruptura con las dinámicas indeseables del anterior gobierno. No se ha hecho justicia en la totalidad de escándalos que llevaron al sistema político a estos niveles de deslegitimación, ni se han sometido los responsables a la justicia o asumido su responsabilidad política. Como sostiene Oberschall (1999: 146), "la falta de legitimidad de un régimen es una clara oportunidad para los disidentes". Lo que se constata en Colombia, donde pese a la gobernabilidad institucional que le garantiza al gobierno tener las mayorías parlamentarias en el marco de la Mesa de Unidad Nacional, que reúne los partidos de la coalición de gobierno, las protestas generan ingobernabilidad.

 

2.2. Los elementos subjetivos: procesos organizativos y marcos de acción colectiva

Una de las premisas del enfoque de los procesos políticos para explicar la acción colectiva es que las personas no responden de forma "reactiva" frente al contextos. Por el contrario, toda protesta tiene un proceso consciente de interpretación de la realidad, unos objetivos y unas formas organizativas, por mínimas que sean. Así, además de las oportunidades políticas generadas por las características del contexto, para que se produzca la acción colectiva es necesario el agenciamiento de ciertas formas de organización y de procesos de comprensión e interpretación de la realidad: las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva.


El concepto de estructuras de movilización designa "los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva" (McAdam, Mc-Carthy y Zald, 1999, p. 25). Comprende las formas organizativas y los "núcleos socioestructurales cotidianos de micromovilización", grupos cuya función no es la movilización pero que pueden generarla (familias, redes de amigos, asociaciones, etc.) (McCarthy, 1999, p. 206). Una característica fundamental de las protestas en los tres años del gobierno Santos es la generación de nuevos procesos organizativos (ver cuadro 1). Dentro de estos procesos cabe destacar, a manera de ejemplo, la creación de la MANE (Cruz, 2012), que sustentó la protesta estudiantil en el segundo semestre de 2011 y la formación del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Caficultores, que a su turno sostuvo el paro cafetero.


El estudiantado tiene una rica vida asociativa: grandes organizaciones de carácter nacional, regional y local, "parches", "combos" y colectivos. No todas estas estructuras tienen objetivos políticos, existen grupos culturales o académicos que se politizaron en el ciclo de protesta de 2011. La movilización masiva no hubiera sido posible sin la MANE, que aglutinó las principales organizaciones estudiantiles y se planteó como un espacio amplio donde podía participar cualquier estudiante. Un proceso en construcción resultado del aprendizaje de experiencias anteriores de unidad, como la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU). La CNEU se creó, por iniciativa de las organizaciones de carácter nacional del momento, en el Congreso de Estudiantes de Bucaramanga, en 2003, para hacer frente a unos decretos del gobierno sobre acreditación y presupuesto y, entre otras cosas, desarrolló el paro de abril de 2005. Tenía como objetivo una organización gremial con unidad en lo organizativo, lo programático y la movilización, y se reunió hasta dos veces por semestre. Aunque podrían participar organizaciones locales y regionales y estudiantes no organizados, no se planteó como un espacio amplio sino de interlocución entre organizaciones. Luego del paro se produjeron desacuerdos entre ellas que terminarían por acabar con el proceso. Su última reunión fue en octubre de 2006 cuando las diferencias fueron inconciliables.


Desde 2007 se realizaron Encuentros Nacionales Estudiantiles Universitarios (ENEU), para coordinar movilizaciones coyunturales, por ejemplo, contra el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, en 2007, que obligaba a las universidades públicas a hacerse cargo de su pasivo pensional. Allí sólo participaban las organizaciones estudiantiles y no tenían perspectivas en lo programático y lo organizativo. A fines de 2009 se empieza a discutir la necesidad de un espacio de unidad, que llevó al Encuentro de Manizales, el 14 y 15 de abril de 2010, para enfrentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 propuesta por el gobierno Uribe. Finalmente, el Encuentro de marzo de 2011 decide crear la MANE para enfrentar la reforma a la Ley 30. "Mesa amplia", implica articular al estudiantado, no sólo universitario, más allá de las organizaciones e idearios, mayoritariamente de izquierda, y avanzar en la unidad programática y organizativa. En la MANE hacen presencia más de 300 procesos organizativos, pero el Encuentro donde se formó fue convocado por 9 organizaciones, cinco de carácter nacional .


Un avance es el esfuerzo por superar el sectarismo entre organizaciones que, aunque comparten un ideario de izquierda, tienen diferencias ideológicas. El proceso de unidad en parte se explica por las presiones coyunturales, pues los protagonistas consideraron la propuesta de reforma a la Ley 30 como demasiado lesiva. Pero también influye la "maduración" o aprendizaje, a partir de sus experiencias durante el gobierno Uribe.Las grandes organizaciones han tenido un papel principal en la construcción de la MANE debido a la disposición de recursos materiales e información, y a ese aprendizaje, que les permite asumir tareas que no se lograrían de otro modo, desde la logística hasta análisis de largo plazo. Sin embargo, el ciclo de protesta generó un masivo crecimiento de los participantes, que desbordó las capacidades de las organizaciones para dirigir el proceso y generó problemas de coordinación y en la toma de decisiones. En menos de cuatro meses la MANE se constituyó como una estructura de coordinación para avanzar hacia la unidad del estudiantado. En este proceso tuvo que lidiar con el cuestionamiento a los mecanismos de toma de decisiones en las asambleas, la emergencia de un discurso antiorganización que reivindica los estudiantes no organizados o de organizaciones locales, la discusión sobre las vocerías nacionales y la articulación con procesos regionales, entre otras cosas.


En un sentido simimlar, el Paro Nacional Cafetero fue posible gracias al aprovechamiento de la infraestructura organizativa formal e informal del sector, así como de la formación del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, como instancia de coordinación que supo movilizar las redes de relaciones cotidianas del campesinado cafetero para orientarlas a la protesta.El sector cafetero dispone de una importante infraestructura gremial, lo que se traduce en importantes aprendizajes y acumulados en cuanto a acción colectiva. En muchos casos los comités municipales y departamentales de la FNC jugaron un papel destacado en la articulación de las bases de la protesta. Otro elemento importante son los altos niveles de democratización tanto de la organización gremial como de la forma como se han organizado durante más de un siglo los procesos de producción en las zonas cafeteras. De acuerdo con Arango (2013), existen 538 mil productores de café de menos de cinco hectáreas, que constituyen el 96% del total de productores, asentados en 631 municipios.


El Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, por su parte, se caracterizó por su informalidad y su función de coordinador. Sin embargo, logró poner en cuestión la representatividad y legitimidad de la FNC, que tomó partido a favor de las propuestas del gobierno. El Movimiento se formó sobre la marcha para afrontar demandas muy específicas, sintetizadas en el pliego de peticiones y orientadas a responder a la crisis del sector cafetero. En ese trayecto consiguió desarrollar cuatro encuentros nacionales donde se planificaron las agendas y estrategias de movilización. La organización no tiene mayor distribución funcional, salvo la Mesa y el Comité Coordinador. El 3 de junio de 2012, en Riosucio Caldas, se realiza el Encuentro Regional Cafetero del Occidente de Colombia, con participación de más de 100 dirigentes, representantes de 700 municipios, congresistas, concejales, alcaldes y representantes del gobierno departamental de Caldas. El objetivo era analizar la crisis del sector y tomar las medidas necesarias para superarla. Una de las decisiones del Encuentro fue crear la Mesa Nacional del Movimiento por la Defensa y Dignidad Cafetera, una instancia de vocería para adelantar la lucha por el pliego de peticiones que se definió en ese mismo espacio . El Comité Coordinador de Actividades, por su parte, fue constituido en el Tercer Encuentro Nacional del Movimiento, en Ibagué el 14 de septiembre, para desarrollar tareas concretas .


Por otra parte, la carta abierta enviada al presidente Santos, luego de la movilización del 13 de agosto en Manizales, permite inferir el tipo de organizaciones que se aglutinaron en torno al Movimiento. Estaba firmada por representantes de departamentos, organizaciones y comunidades indígenas. Entre los departamentos: Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca, Caldas, Huila; entre las organizaciones: la Mesa Amplia Intersectorial Cafetera de Antioquia, Asproinca, Unidad Cafetera y Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; y las Comunidades indígenas de Riosucio (Caldas), Guambía (Silvia-Cauca) y Cristianía (Antioquia) .


Quizás el carácter informal del Movimiento explique las diversas trayectorias de sus dirigentes. Algunos participaron en la organización independiente Unidad Cafetera o han ocupado cargos de elección popular, pero también hay líderes ajenos al mundo político. Un informe del diario El Tiempo, permite hacerse una idea de su trayectoria. En Caldas, Óscar Gutiérrez pertenece al Polo Democrático y tiene "20 años de vida política"; en Risaralda, Duberney Galvis, también pertenece al Polo; en Quindío, Dimas Alberto Arias, es presentado como "sin filiación política"; en Huila, coordinaron el excongresista del Partido Liberal Orlando Beltrán y el exconcejal conservador Armando Acuña; en Tolima, el exconcejal liberal Freddy Mosquera; en Cauca, Rubén Darío Cifuentes, que afirma no tener partido, pero fue secretario del Comité Municipal de Cafeteros de Piendamó; y en Antioquia, Guillermo Gaviria, comerciante que no ha aspirado a cargos de elección popular.


A nivel local, el paro corrió a cargo de las organizaciones de apoyo y las comunidades en general. Los lugares de protesta funcionaron con mecanismos de autogestión, los participantes debían aportar comida y determinados trabajos . Si bien la organización básica consistió en comisiones espontáneas para atender distintas labores (comida, seguridad, aseo, derechos humanos, salud), esa espontaneidad se levantaba sobre fuertes vínculos sociales, fraternales y familiares. Ello permitió un alto nivel de planificación de las acciones y una elevada cohesión. Las formas de organización reprodujeron los lazos de vecindad producidos en la vereda, fundamentales a la hora de garantizar tareas como el transporte, la cocina y la seguridad.


Quizás este es un factor de ruptura en relación con el pasado reciente de nuestro país. Hoy en día pululan los procesos organizativos populares. Ante la desconfianza y la imposibilidad de hacer oír sus demandas por parte de las autoridades públicas, las personas están buscando opciones para participar en la política, para realizarse como ciudadanos, y ello pasa por su organización. Las protestas que se han presentado han generado dinámicas de politización y enrolamiento de personas que anteriormente no contemplaban la movilización como una vía legítima para hacerse oír. Existe una clara recomposición organizativa en el campo popular palpable en las dinámicas de unidad que se han conseguido desde hace tres años en espacios como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos.


Por otra parte, el concepto de marcos de acción colectiva denota "esquemas interpretativos" mediante los cuales los participantes en un movimiento social conciben y explican el mundo (Snow y Benford, 1992, p. 137), "significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva" (Tarrow 1997, p. 57), y funciona como un correctivo al estructuralismo de ciertos enfoques. Resalta la importancia de la cultura en los procesos de movilización, pues parte de una epistemología constructivista donde los significados son construidos socialmente y los intereses materiales no se traducen por sí mismos en guías para la acción (Tarrow, 1999, p. 209). Presta atención al papel activo de los actores pues "tanto la cultura como el proceso enmarcador de ideas se conciben estratégicamente" (Zald, 1999, p. 369).


El objetivo de los marcos es "forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismos que legitimen y muevan a la acción colectiva" (McAdam, McCarthy y Zald, 1999, p. 27). Los procesos de enmarcado implican un conflicto entre distintas visiones del mundo, formas de explicar los problemas, soluciones y cursos de acción. Esta disputa tiene lugar tanto en el interior de los movimientos como en su ámbito externo, pues los marcos son cuestionados por espectadores, funcionarios estatales o contramovimientos (Zald, 1999, p. 370; Rivas, 1998, p. 207). De su desenlace depende la efectividad del marco. Analizar un marco de acción colectiva implica identificar: (1) el diagnóstico de la realidad, porqué las cosas no son como deberían ser y quiénes son los responsables, el antagonismo; (2) la identidad, o la autodefinición de un "nosotros" a partir de articulaciones, que están de acuerdo con (3) una solución a los problemas, un deber ser en función del cual se produce la acción colectiva. Retomemos una vez más a modo de ejemplo los marcos del movimiento estudiantil y del paro cafetero.


En el discurso del movimiento estudiantil el principal antagonista es el gobierno, cuyo proyecto pretende reducir la educación a una mercancía subordinada a los criterios del mercado global, en vez de constituirla como un derecho según criterios de pertinencia para las necesidades del país. La lucha no es sectorial, se proyecta como lucha del pueblo colombiano, articula la diversidad del estudiantado y otros sectores populares. El diagnóstico permite al movimiento atribuir responsabilidades y definir sus antagonistas: las políticas del gobierno Santos profundizan el modelo neoliberal, que reduce la educación a una mercancía en lugar de concebirla como un derecho. Existe un "marco maestro" estructurado por el derecho a la educación . El principal antagonista es el gobierno y su modelo de educación que se proyecta a un modelo de país donde se profundiza la desigualdad social. Esto se expresó con consignas como: "Las universidades públicas no son empresas" y "Ni Ley 30 ni reforma".


La lucha del movimiento estudiantil no se plantea como una lucha gremial, sino se proyecta para representar los intereses de la sociedad colombiana. Así intenta articular diversos sectores, no sólo los estudiantes y universitarios. El discurso del movimiento intenta articular los demás estudiantes, de universidades públicas y privadas, técnicas y tecnológicas, de secundaria: "La embestida oficial en contra de la universidad y de los estudiantes hace indispensable la unidad del conjunto de procesos y vertientes existentes al interior del movimiento estudiantil, el cual fortalecido con dicha pluralidad, ahondará esfuerzos por derrotar el cúmulo de medidas que niegan la existencia de una educación pública y que hace muy oneroso estudiar en otro tipo de instituciones" .


En correspondencia con su diagnóstico, el deber ser que el movimiento plantea, condensado en el Programa Mínimo de los Estudiantes, es un proyecto de país donde la educación juega un papel importante en la generación de igualdad, inclusión y oportunidades. Traza una política cultural (Escobar, et.al. 2001: 25) que desafía los significados hegemónicos de educación y democracia, en una cultura política fuertemente marcada por el neoliberalismo donde el acceso a derechos se concibe como responsabilidad del individuo más que del Estado. Consignas como "Por una educación gratuita y de calidad" ubican la responsabilidad por la educación en el Estado. El proyecto recoge la intencionalidad política del Programa Mínimo de 1971. Para el estudiantado: "La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano" .


El marco de acción colectiva que sustentó la protesta cafetera articulaba un diagnóstico de la crisis que responsabilizaba al gobierno y a la FNC; los caficultores se concibieron como portadores de una cultura, "una gran familia", "gente trabajadora y de bien", y articularon en su discurso al "pueblo colombiano", particularmente quienes dependen de la cadena productiva del café. En fin, si bien los cafeteros formularon demandas concretas para solucionar la crisis, su discurso plantea la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo basado en la mega minería y generar políticas para el desarrollo agrario.


El diagnóstico que el Movimiento hizo de la crisis, si bien admitió la incidencia de factores coyunturales como la revaluación o la caída de los precios internacionales del grano, situó las causas en las políticas de libre comercio implementadas desde hace dos décadas en el país, y el reciente viraje hacia un modelo de acumulación basado en la extracción de minerales, que además de abandonar el campo y la industria ocasiona "enfermedad holandesa", revaluación y no trae ningún beneficio al agro. En consecuencia, el principal responsable y antagonista era el gobierno nacional, por no formular políticas orientadas al agro, que

permitieran enfrentar este tipo de situaciones, en parte producto de los TLC. En segunda instancia, buena parte del antagonismo se situaba en la FNC.
Luego del Encuentro regional cafetero de 3 Junio de 2012 se produjo un documento de diagnóstico donde se afirmaba que se habían tomado decisiones que para enfrentar "las políticas del gobierno nacional y las acciones de especulación que impone el capital financiero y las multinacionales de la comercialización en el mercado mundial del grano": "...En conclusión, después de veinte años de aplicación de políticas neoliberales, la realidad indica que éstas condujeron al fracaso, no sólo a los caficultores sino, al resto de la agricultura nacional. Más grave será la situación con la implementación de los Tratados de Libre Comercio" .


Los manifestantes se consideran a sí mismos portadores de una cultura ligada al café. Los lazos sociales que los unieron en la protesta se comprendieron mediante la metáfora de la "gran familia cafetera", que podía potencialmente articular todo el pueblo colombiano y aludía al carácter familiar de la economía del café. Esa metáfora se complementó con la articulación del significante "dignidad", tanto para formular sus demandas como para contrarrestar la criminalización, afirmándose como "gente trabajadora y de bien", no como delincuentes o "fuerzas oscuras", y exhortar al "pueblo colombiano", sobre todo aquellas personas que dependen de la cadena productiva del café, a unirse.


Iniciado el paro, un caficultor de Guacas decía: "Somos agricultores por vocación y tradición; el café es una cultura, algo que se lleva en la sangre, que viene de nuestros abuelos" . Con ello ponía de presente el estrecho vínculo entre la identidad de buena parte del campesinado con el café. El vocero antioqueño, Guillermo Gaviria, resumió un matiz relevante de la identidad del movimiento al asegurar que era "una gran familia cafetera", sin filiación con ningún partido , una metáfora que alude al carácter predominantemente familiar de la producción cafetera colombiana. En el mismo sentido, el 25 de febrero, en Apía, departamento de Risaralda, el paro se convocaba con una pancarta que decía. "Apianos: todos somos hijos del café. Paro nacional cafetero, 25 de febrero. Participemos" .


En la construcción del "nosotros" también fue importante la articulación del significante "dignidad", tanto en el nombre del movimiento como en las consignas y eslóganes de las protestas, por su conexión con la "indignación" de otras poblaciones alrededor del mundo y por su significado particular para los cafeteros, pues resalta su independencia económica y su laboriosidad. Según Gutiérrez, en Caldas se escuchaba permanentemente la consigna: "Nosotros somos cafeteros, no limosneros" .


Ese "nosotros" se construyó mediante una constante política de articulaciones con otros actores que, sin ser estrictamente caficultores, resultaban afectados por la crisis del sector. Así, el significante "cafeteros" por momentos podría articular a todos los colombianos como una familia. La política de articulaciones fue evidente, tanto en los eslóganes de la protesta, como en los documentos del Movimiento. Gilberto Salinas, un cafetero que protestaba el 28 de febrero en el Boquerón (Tolima) afirmó que el paro debía ser una lucha de "todo el pueblo colombiano", pues "si no trabajan los campesinos, no tienen con que comer, debe ser una lucha de todos" . Una consigna plasmada en pancartas en distintos lugares decía: "580.000 familias enfrentan la miseria, ellos producen el café que usted está tomando". Así mismo, para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), "el paro cafetero no es la lucha de quienes se sustentan de este producto. Es una lucha del pueblo colombiano" . En el Encuentro del 3 de junio de 2012, un eslogan que se repitió por parte de la multitud para justificar la agremiación de grandes, medianos y pequeños productores fue "la lucha es de todos" .
El Movimiento se planteó unas demandas concretas, que comprendían cada uno de los problemas del sector cafetero, para solucionar la crisis y que se condensaron en el pliego de peticiones acordado en el Encuentro del 3 de junio de 2012. Sin embargo, de la forma como los manifestantes diagnosticaron el problema y asignaron responsabilidades, es posible inferir que en el deber ser que plantean como una solución definitiva a su crítica situación se encuentra un redireccionamiento del modelo de acumulación y, particularmente, una revisión del auge económico de la denominada "locomotora minera" y las consecuencias que produce.


En fin, las protestas durante el gobierno Santos también evidencian un cambio importante a nivel de los proyectos políticos y los horizontes discursivos. Mientras el gobierno y los adversarios de las protestas sólo pueden ver en ellas retozos de la insurgencia, al examinar los discursos de las personas que protestan, al menos en los casos del movimiento estudiantil y del movimiento cafetero, pueden encontrarse claras evidencias de proyectos políticos plurales que cuestionan la inequidad del modelo neoliberal sustentado en la extracción de materias primas, la injusticia, la ausencia de soberanía popular, de respeto por la diferencia y de democracia real, necesarios para la construcción de la paz en este país.

 

Corolario


Este artículo examinó la protesta social en los tres primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos. En este período, la protesta social se ha dirigido principlamente encontra del modelo económico neoliberal, las consecuencias de los tratados de libre comercio y la "locomotora minero-energética" sobre el sector rural y servicios como la salud y la educación. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción, que suponga una causalidad simple entre las condiciones económicas y la acción colectiva. Por el contrario, la acción de protesta se explica por la convergencia de cuando menos tres variables: las oportunidades políticas que provee el contexto, los procesos organizativos y los marcos de acción colectiva.
Así pues, aunque cada una de las protestas está definida por particularidades regionales, comparten un contexto general caracterizado por las oportunidades políticas que abre el tránsito entre los estilos de gobierno de Uribe y de Santos. La retórica reformista y de cambio de este último alienta expectativas que al mismo tiempo empiezan a verse frustradas, como el objetivo de alcanzar el desarrollo acudiendo a un modelo de acumulación extractivista que arruina el campo, o el intento de negociar la paz al tiempo que se ahondan las reformas neoliberales en sectores como la educación y la salud. A ello cabe aunar el antagonismo entre las élites, uribistas y santistas, que anteriormente sustentaron la hegemonía políica, porque genera un juego complejo de alianzas entre actores que también abre oportunidades para la protesta, y la creciente deslegitimación del sistema político, entre otros aspectos.


Sin embargo, no sólo las oportunidades del contexto aseguran la producción de la acción colectiva. El incremento de la protesta en los tres años estudiados no habría sido posible si a esas oportunidades no se adicionan los procesos organizativos, que han enrolado personas que en otra circunstancia no se hubiesen movilizado, y los ingeniosos marcos de acción colectiva con que los manifestantes explican la realidad y articulan sus demandas y sus apoyos.

 

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Información adicional

  • Antetítulo:Foro: La reconstrucción social y sus sujetos ¿unidad de la izquierda?
  • Autor:Edwin Cruz Rodríguez
  • País:Colombia
Visto 14741 vecesModificado por última vez en Sábado, 09 Noviembre 2013 17:18

1 comentario

  • Enlace al Comentarioapartamentos en envigadoJueves, 09 Marzo 2017 17:23publicado porapartamentos en envigado

    Interesabte analisis de la protesta social en los ultimos años , aunque no creo que solo sea por un gobierno en particular , es un proceso mucho mas complejo que incluso se ha visto en muchos otros paises de la perisferia.

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