Sábado, 20 Octubre 2018 18:27

Juegos de guerra

Escrito por Carlos Gutiérrez M.
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El presidente Nicolás Maduro lo había denunciado una y otra vez: “Pretenden un golpe de Estado”. El hecho reventó ante los ojos de todos el 27 de junio de 2017, cuando un grupo de uniformados lanzó explosivos desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.


Transcurridos un poco más de doce meses, el pasado 4 de agosto una nueva operación militar con explosivos, esta vez transportados por drones, pretendía la muerte del propio jefe de Estado, parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país, así como de su equipo de gobierno, mientras presenciaban una parada militar con ocasión de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.


Entre uno y otro año, las denuncias de complot efectuadas por Maduro, y de acuerdo al propio gobierno venezolano, fueron neutralizadas tras la detención en marzo pasado de numerosos e importantes oficiales del Ejército de aquel país, entre ellos los tenientes coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones en el centro-norte del país.


En ese mismo mes fue detenido el general de tres estrellas (r) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de conspirar contra el Gobierno (1).


En mayo de 2018, dos meses después de lo relacionado, todo parece indicar que, como parte de una operación clandestina para impedir la concreción de las elecciones legislativas efectuadas de manera anticipada el 20 de mayo –comicios no reconocidos por una parte importante de los países miembros de las Naciones Unidas–, fue frustrado un golpe militar con la detención secreta de “[…] varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes” (2).


Son aquellas unas maniobras conspirativas y movimientos de fuerzas sincronizadas con toda una operación de sabotaje y bloqueo económico, dirigidas desde el gobierno de los Estados Unidos, que aprobó en agosto de 2017 un conjunto de sanciones económicas con las cuales torpedea “[…] la línea de flotación financiera de un país que consigue con la exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares en divisas y que, debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, tiene una gran dependencia del sector exterior” (3).


Como se puede deducir de lo decidido por Washington, se trata de una operación tenaza diseñada para producir descontento interno, así como ingobernabilidad, piso necesario para una triunfante conspiración militar. Lo primero funcionó, tras el recrudecimiento del desabastecimiento de alimentos que ya padecían los sectores populares que allí habitan, hecho intrínsecamente ligado a la crisis económica que desde hace años, y con indicadores cada vez más dantescos, lleva al país a la deriva. Como consecuencia de ello, llegó la multiplicación de la emigración de miles de sus pobladores populares (4), lo que tensionó las relaciones con varios países suramericanos, los mismos que denuncian una crisis humanitaria y, por tanto, la necesidad de la intervención de las Naciones Unidas para remediarla.


El gobierno venezolano se niega a reconocer tal crisis, seguramente temiendo lo sucedido con países como Haití y similares, pero también argumentando que vecinos suyos como Colombia viven desde décadas atrás una constante sangría de sus connacionales, sin que por tal circunstancia aquellos se hagan merecedores de intervención alguna por parte de organismos multilaterales.


Se trata entonces de presiones que ahora ganan mayor ribete pero que vienen desde hace meses, e incluso años, hoy por boca de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien una y otra vez demanda sanciones contra el gobierno que califica de dictadura, y quien el pasado 15 de septiembre aseguró que “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción” (5), declaración ante la cual el llamado Grupo de Lima deslindó posiciones al rechazar cualquier acción o declaración que conlleve una intervención militar contra Venezuela, acuerdo que no fue firmado por Colombia.


A tono con lo afirmado por Almagro, y como si se tratara de una polifonía ensayada sobre las tablas de la geopolítica global, con una agenda destinada a legitimar no sólo el aislamiento del gobierno venezolano sino igualmente su derrocamiento a través de una operación militar, diversos voceros de sus pares latinoamericanos desnudaron sus intereses y alzaron la voz, sincronizada también con informaciones filtradas que ahora confirman que, en 2017, Trump presionó para “[…] llevar adelante una intervención militar en Venezuela” (6).


Para la muestra un botón. Haciendo eco de lo expresado por el secretario general de la OEA, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, enfatizó: “Se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis (en Venezuela), pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”, agregando que “es muy tarde y ‘muy inocente’ pensar que la solución ocurrirá sin un cambio de régimen” (7).


Tales declaraciones dejan al desnudo las reales contradicciones que han tomado cuerpo en nuestro continente entre los poderes realmente existentes, los cuales, como es el caso del que domina en Colombia, a la par que secundan al gobierno de Estados Unidos en su agenda regional, intentan recuperar el mercado perdido con su vecino, el mismo que llegó a representarle más de seis mil millones de dólares-año. Son declaraciones, estas y otras, que parecen no reparar en el significado y la consecuencia de una operación militar sobre este país, la misma que, sin duda alguna, estallaría en todo nuestro subcontinente, y más allá, como un polvorín.

Aunque el ejército venezolano no es tan numeroso y potente en su arsenal, además de diestro, como, por ejemplo, el de Colombia, o tan fuerte como para aguantar una operación en contra suya de múltiples ejércitos, no se debe olvidar que, como país andino, cuenta con selvas y bosques tropicales donde puede replegarse una fuerza armada, dando paso a una guerra de guerrillas y con ello a una confrontación militar que se extendería allende sus fronteras, sin olvidar que este país, además de andino, es caribeño, por lo cual limita con Colombia y también con Guayana y Brasil, e incluso tiene límites marítimos con Estados Unidos, República Dominicana, Francia, los Países Bajos y Trinidad y Tobago.


Es decir, de darse lo que de manera irresponsable desean unos y otros voceros de los poderes tradicionales, estaríamos ante una confrontación que iría más allá de lo padecido por Siria y en la cual también entrarían a terciar, de manera directa e indirecta, países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, en este caso a favor del gobierno de Maduro, pero también Rusia y China (que aprobó recientemente un importante empréstito al país suramericano), además de enviar uno de sus barcos militares en misión médica, sin duda un suceso de alta significación geopolítica en la disputa global que ya vive con Estados Unidos, que empieza a ver aruñado su siempre referido y por más de un siglo dominado “patio trasero”. Indiscutiblemente, algo similar, aunque sin el peligro de desestabilización que representó la crisis de los cohetes en la década de los años 60 del siglo XX, y como parte de la Guerra Fría, escenificada entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión Soviética.

De darse esta intervención militar, dispararía la migración de los nacionales de aquel país por toda la región, permitiéndonos comprobar que lo que hasta ahora estamos viviendo es apenas una mínima expresión del desastre humanitario que propician todas las guerras, más aún cuando entra en los parámetros de las de última generación, es decir, con “operaciones quirúrgicas” producto de la selección y bombardeo de blancos desde el aire o desde posiciones en altamar, muchas de ellas con “daños colaterales”, como dicen los voceros militares, es decir, con el asesinato de cientos de civiles. La hambruna y la devastación de la deteriorada infraestructura petrolera del hermano país también entrarían en escena, y con ello el colapso ambiental sobre ríos como el Orinoco y el mar Caribe. Una guerra civil también pudiera ser estimulada, con consecuencias indeseables.


Nada de esto debe suceder. Esta es la obligación que recae sobre la sociedad civil de todos nuestros países, que deben exigir a sus respectivos gobiernos que acaten el Derecho Internacional y, por ello, no olviden que el respeto a la soberanía de cada Estado-nación es baluarte de los tratados que regulan las relaciones internacionales, y, por ello mismo, recordar que, más allá de las afinidades o diferencias que se tengan con uno u otro, es a su pueblo a quien le compete resolver sus contradicciones y dar cuenta de sus gobernantes o afincarles en el poder.


No se debe olvidar, en todo caso, que en el particular que nos ocupa, por lo menos desde 2002, con el golpe de Estado sufrido por Hugo Chávez, los poderes regionales y otros, situados más allá de estos territorios, como España, no han ocultado su desavenencia con un proyecto político que en el discurso proyecta ir más allá de lo establecido y de los poderes tradicionales, aunque con resultados contrarios a la raíz histórica de lo enunciado una y otra vez. Y la sustancia real de la contradicción es que sus intereses económicos en el país vecino están comprometidos.


Son tiempos de alta tensión los que vivimos en nuestra subregión, y el destino de toda ella pende de lo que estén urdiendo en las cancillerías y las salas de operaciones de las Fuerzas Armadas, así como de la voluntad soberana de los pueblos de todos nuestros países.

 

1. Este general fue jefe de la policía política (Sebin) durante el gobierno de Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013) y, tras su retiro, dirigía una pequeña formación política opositora llamada Movimiento Desafío de Todos.
2. Márquez Humberto, “Espadas sobre la cabeza de Maduro”,
https://www.desdeabajo.info/buscar.html?searchword=humberto%20marquez&searchphrase=all.
3. Daniel García Marco, Qué significan para la golpeada economía de Venezuela las sanciones financieras de Estados Unidos. BBC Mundo, 25 de agosto 2017.
4. “La OIM registraba el 27 de febrero de 2018 600.000 emigrantes venezolanos que llegaron a Colombia y 1.642.442 repartidos en todo el mundo, incluso Estados nidos y la Unión Europea. (https://www.eltiempo.com/datos/cuantos-venezolanos-estan-saliendo-de-su-pais-y-a-donde-se-dirigen-189354). Al 15 de agosto de 2018 registra 2.328.442 emigrantes venezolanos repartidos en todo el mundo –un aumento de unos 700.000 en medio año. Una parte de ellos son colombianos que retornaban a su país
(http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/RAP-External-SitRep-No.5.pdf)./ La Oficina de Migraciones de Colombia registra el primero de septiembre de 2018 935.614 inmigrantes sin diferenciar su nacionalidad, en que más de 250.000 son inmigrantes colombianos que vuelven de Venezuela (https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hay-935-000-venezolanos-en-colombia-segun-migracion-colombia-263096)./ La ACNUR-ONU registra en diciembre de 2017: 502.834 migrantes venezolanos (repartidos en varios países), 191.622 migrantes colombianos nuevos (en varios países), de los cuales 100.000 llegaron a Venezuela (http://www.acnur.org/5b2956a04.pdf#zoom=95)./ Colombia produjo en 2016 el mayor número de refugiados en la región debido a la guerra interna; la mayoría de ellos vive en Venezuela y Ecuador. ”Fuente: Informe de la OIM de 2018 (a partir de cifras de 2016): (página 78, 
Venezuela integró a los inmigrantes en su sistema social sin pedir ayuda, lo mismo Ecuador. ¿Alguna vez se oyó hablar de una reunión de urgencia de la OEA al respecto? (http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20PDFs/Informe_Tendencias_Migratorias_Am%C3%A9rica_del_Sur_N1_SP.pdf)./ A la vez, Venezuela recibió en 2017 unos 100.000 nuevos inmigrantes colombianos, que siguen huyendo de conflictos armados aún presentes en las regiones fronterizas de su país ( https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)./ Kuehnle, Gabriele, “Crisis migratoria y los colombiano-venezolanos, según cifras oficiales”, www.rebelión.org.
5. “Jefe de la OEA dice que no se debe descartar una intervención militar contra Maduro”, https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/.
6. Josefina Blanco, panampost.com, julio 4/2018.
7. https://cnnespanol.cnn.

Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez M.
  • Edición:182
  • Fecha:Octubre de 2018
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