Le monde diplomatique Nº183

Le monde diplomatique Nº183 (6)

Un meteorito sobre América Latina

 

Hasta ahora era el Estado al servicio de los empresarios (privatizaciones, contratos a granel, reducción de impuestos), amén de un sinfin de complacientes expresiones sociales con manifestaciones violentas del Estado, así como con la desigualdad social: Colombia, Chile, Argentina, México, son algunas de sus mejores imágenes. Ahora, con el triunfo de Jair Messias Bolsonaro en Brasil, es la reivindicación de la impunidad de los crímenes de Estado, la intromisión de las iglesias en la vida privada, la criminalización de los excluidos y de quienes se alcen en oposición para reivindicar la justicia social y la libertad. Como un meteorito, así avanza la derecha por la región (Ver págs. 3, 17-21).

Domingo, 16 Diciembre 2018 11:26

Un claro en el cielo asiático

Escrito por
Gabriel Beltrán, Vuelo, escultura, 134 x 97 X 48 cm. (Cortesía del autor)

Existe un país en el que, a diferencia de lo que sucede en Brasil, la Justicia persigue a ex presidentes conservadores, los condena por malversación de fondos y los envía a la cárcel. Un país en el que la derecha, la extrema derecha y los fundamentalistas protestantes se sienten traicionados por Donald Trump. Un país en el que el presidente de Estados Unidos, en vez de volver a poner en discusión un acuerdo de desarme nuclear, como hizo con Irán, o un tratado sobre los misiles de mediano alcance, como hizo con Rusia, parece querer resolver un conflicto para el que ninguno de sus predecesores encontró solución. Ni siquiera el último, premio Nobel de la Paz.

Está claro que esto sucede en algún país del Lejano Oriente y que es demasiado complejo para ingresar en el gran relato maniqueo que forma y deforma nuestra mirada sobre el mundo. Ahora bien, en una situación planetaria sombría como la actual, el discurso voluntarista y optimista del presidente surcoreano Moon Jae-in no debería haber pasado desapercibido. El pasado 26 de septiembre, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, anunció: “Ocurrió un milagro en la Península de Corea”.


El milagro


¿Un milagro? Un vuelco completo, podría decirse. Nadie ha olvidado la seguidilla de tuits devastadores que Trump y el presidente norcoreano intercambiaron hace solo un año: “fuego y furia”, “botón nuclear”, etc. Es más, la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, acaba de confesar que, el 2 de septiembre de 2017, esgrimió la amenaza de una invasión estadounidense en Corea del Norte ante su par chino para empujar a Pekín a actuar sobre su vecino y aliado. Hoy, Trump aplaude el “coraje” del presidente Kim Jung-un, “un amigo”. Incluso, durante un mitin republicano, ¡pretendió experimentar “amor” por el mandatario!

Los coreanos, tanto los del Norte como los del Sur, avanzan a paso forzado aprovechando que los astros se alinearon. La derecha surcoreana está fragmentada y el régimen de Pyongyang finalmente parece privilegiar el desarrollo económico del país. Por su parte, la Casa Blanca, vilipendiada por los demócratas y los medios estadounidenses por su acercamiento con Corea del Norte –una imprudencia–, nunca admitirá por motu propio que el autoproclamado maestro del “arte de la negociación” haya sido timado por alguien más taimado que él. De todos modos, si Estados Unidos quisiera volver al “fuego y furia”, la rápida degradación de sus relaciones con Pekín y Moscú impedirían que China y Rusia le siguieran los pasos.


En este cuadro general, el desarme nuclear de Corea no puede convertirse en una exigencia previa para la concreción de otros puntos de la negociación, como la suspensión de las maniobras militares de ambas partes, el levantamiento de las sanciones económicas o un tratado de paz. Pyongyang nunca renunciará a su seguro de vida sin sólidas garantías, ya que Trump no es eterno y sus sentimientos de clemencia tampoco... Por más paradójica que sea, se trata de una razón de más para ser optimista acerca de la posibilidad de que, en los próximos meses, se resuelva un conflicto que ya lleva más de tres cuartos de siglo. g

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Georgina Fraser

Jueves, 22 Noviembre 2018 09:35

De filosofía y exclusiones*

Escrito por
Rosenell Baud, sin título (Cortesía de la autora)

En un texto titulado “Una presencia decisiva” escribió el filósofo rumano Emil Michel Cioran: “En cuanto las mujeres se consagran a la filosofía, se vuelven presuntuosas y agresivas y reaccionan como advenedizas. Arrogantes y sin embargo inseguras, visiblemente extrañadas, no se encuentran, a todas luces, en su elemento” (1). Pues bien, gracias a la existencia de este patriarcado filosófico, que históricamente ha subvalorado la capacidad de la mujer para pensar y filosofar, pues en estos menesteres ellas “no se encuentran, a todas luces, en su elemento”, no es de extrañar la gran controversia que originó en el país el último concurso docente en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, donde, existiendo 17 profesores, se eligió de nuevo un hombre, dejando por fuera a las mujeres que habían aspirado a la plaza.


Desde luego, la denuncia realizada por la Red Colombiana de Mujeres Filósofas no buscaba quitarle méritos al ganador del concurso, profesor Vicente Raga (cuya solvencia filosófica es más que probada), sino poner de presente la ausencia de una política de las universidades para garantizar la paridad de género en la academia colombiana, a la vez que denunciaron la existencia de estructuras patriarcales, ancladas en el sentido común, en la vida cotidiana, que no garantizaban la neutralidad en la elección de los ganadores.


Esto quiere decir que, a pesar del diseño, aparentemente neutral de los concursos, el machismo puede filtrarse en la asignación de puntajes y en las entrevistas realizadas a las candidatas. En este caso, los prejuicios machistas no garantizan la neutralidad de la elección, pues, de suyo, éstos pueden influir en la exclusión de las mujeres en la decisión final. El punto es, entonces, ¿cómo diseñar una reglamentación que garantice una igualdad real de las mujeres en estos concursos, máxime cuando está probado que la mujer no ocupa cargos de alto rango como los hombres, que aún en países avanzados, como en el Norte de Europa, hay una brecha salarial, pues ellas ganan 90 centavos por cada dólar que devenga un varón; o que, en el mundo las Facultades de Filosofía están ocupadas por hombres más o menos en un 80 por ciento de los casos?


Ahora, ¿se trata sólo de garantizar el punto de partida o la supuesta neutralidad, o podría argumentarse abiertamente que es necesaria una mujer en el cargo? ¿No se violaría el derecho a la igualdad? Creo que no, pues justamente con esa medida se busca realizar una igualdad real. No se está creando ningún privilegio, sino que se está corrigiendo una injusticia. Es, necesario, pues, pensar el asunto de la paridad de género en las universidades, para garantizar el derecho al trabajo, a realizar la profesión…más que eso, la vocación.


Ahora, lo que quiero poner de presente aquí, en este escrito, es algo más estructural. Para decirlo directamente: la filosofía es una disciplina atravesada por prácticas excluyentes. No solamente en el caso del género, sino también de clase, de lo cual devienen otras exclusiones. Veamos.


Eduardo Nicol, el filósofo español que arribó a México, huyéndole al franquismo, decía: “La filosofía crea una aristocracia: la de quienes aprenden a entender” (2). Según este punto de vista elitista, no todos entienden bien, no todos piensan bien, desde las mujeres hasta ciertas razas pobladoras de los países colonizados alrededor del orbe. Históricamente, éstos últimos fueron gente (a veces semi-humanos o casi animales como en Ginés de Sepúlveda) subdesarrollada mentalmente, que no alcanzaba las luces de la filosofía europea. Sólo entienden los mejores, unos pocos, los aristoí.


Desde luego, esta expresión es clasista, pues sí la filosofía se origina en Grecia, cosa que Enrique Dussel ha cuestionado y negado en su Filosofía de la liberación, es claro que sólo los hombres libres pueden filosofar, mas no los esclavos, que, según Aristóteles, no se gobiernan por ellos mismos y por eso necesitan ser gobernados, pues lo perfecto gobierna lo imperfecto, es decir, el amo debe gobernar al esclavo; y en la modernidad, el blanco debe gobernar al negro, al cobrizo, etcétera. Por eso, el presupuesto de la filosofía es la libertad. De ahí que la filosofía también haya tenido sus expresiones racistas, pues algunos europeos, filósofos de renombre, dudaron de las facultades racionales de los indígenas y de los negros. Por ejemplo, en Del espíritu de las leyes dice Montesquieu: “Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido los blancos para hacer esclavos a los negros, he aquí todo lo que diría […] la prueba de que los negros no tienen sentido común, es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, cuando el oro es tan estimable en los países cultos” (3). A diferencia de lo que pensaba Descartes, para el filósofo ilustrado, la razón no está tan bien distribuida...menos el sentido común.


Esa aristocracia de los que aprenden a entender, es decir, el elitismo aristócrata de la filosofía, es la premisa para excluir a todos aquellos que no se dedican a la disciplina. Por eso decía el ya citado Cioran en 1992: “La filosofía engendra un desprecio total hacia quienes están fuera de ella, por eso es peligrosa en este sentido”. La consecuencia de esto es el consabido solipsismo de la filosofía. Éste es consecuencia del clasismo, el elitismo y hasta del sexismo. Ese solipsismo está representado en la imagen del filósofo en la torre de marfil, como un semi-dios, un ser especial, una especie de rey filósofo, o un pequeño burgués como decían los marxistas, apartado del mundo, lejos de la sociedad; allá en las nubes, solo con sus pensamientos y en su onanismo intelectual, absorto en el mundo de las ideas, y descontaminado de las circunstancias.


Y el filósofo mismo, valga decir de paso, ha reforzado esta visión, esta autocomprensión como “ser superior”, por eso no es raro que ellos mismos hayan llevado al paroxismo lo que he llamado “el culto del yo”. Un “yo el supremo”, para decirlo con el título de la obra de Augusto Roa Bastos, que lo ha legitimado para descalificar al otro, a los otros. No sólo a sus colegas, sino a los profesionales de las otras disciplinas. Por eso, con razón, decía David Hume: “Nada es más común y natural para aquéllos que pretenden descubrir al mundo algo nuevo en filosofía y en las ciencias, que insinuar las alabanzas de sus propios sistemas, desacreditando todos los que han sido expuestos con anterioridad” (4). Estas palabras de Hume se complementan claramente con estas de G. Colli, en su libro Después de Nietzsche, cuando dice: “De esta manera nace el filósofo […] su esfuerzo consiste en aparecer como el punto culminante de una tradición inventada, encarnada por él, o mejor aún en parecer completamente original” (5). Es decir, la manía de exaltar las propias ideas desacreditando las ajenas.


Las Facultades de Filosofía, tal vez no todas, están llenas de este tipo de prácticas narcisistas y excluyentes. Por eso, la modestia no suele ser una virtud del filósofo. Eso explica el ambiente hostil de trabajo en algunas facultades, donde los nietzscheanos desprecian a los marxistas, o los analíticos desprecian a los fenomenólogos; donde llega a cundir la envidia y la censura. Pero no sólo eso. También desprecian a politólogos, sociólogos, biólogos o antropólogos. Algunos creen, aún hoy, y a pesar de la consabida crisis de las disciplinas, que no tienen nada que hablar o aprender de otros profesionales. Lo curioso es que hay filósofos que se han dedicado a pensar y reflexionar sobre la amistad, el reconocimiento, la solidaridad, la acción colectiva, la intersubjetividad, la razón dialógica, la democracia radical, etcétera, que subvaloran otras disciplinas o subvaloran a colegas que trabajan en otras carreras, como si no fuera preferible, en muchos casos, estar fuera de ese espacio y de su ambiente denso, para dialogar y aprender de otros. Estos filósofos poseen, como diría Antonio Gramsci, una “conciencia contradictoria”; o como se dice popularmente: predican pero no aplican.


Por eso, la filosofía se presenta soberbia, presuntuosa, egotista, elitista, clasista, solipsista, sexista, eurocéntrica y, en el peor de los casos, hasta racista. Son prácticas que la contravienen directamente, que la pervierte y degrada justamente cuando estamos tratando de sobrevivir como saber y actividad en un mundo atiborrado de abalorios que parece poder prescindir de la facultad elemental de pensar; el reino del hombre-número, tipo, mecánico, teledirigido, que parece no necesitado de ejercitar el pensamiento, el humano modorro –para usar la palabra de Francisco de Quevedo (6)–, de las neuronas. El modorro es el perezoso, el abúlico, el desidioso y el flojo. De propagarse este tipo de sujeto, el ser humano futuro dirá de su predecesor que “No sabía, No pensaba, No miraba”, tal como los tres hijos de Juventud y Pecado, que menciona el poeta español.


Es una realidad que debemos superar. De manera imperiosa. El mundo enfrenta un momento como no se veía hace décadas por lo que hoy necesitamos de la filosofía más que antes, como antídoto contra la manipulación mediática y contra ese engendro llamado posverdad que moviliza elitismos, nacionalismos, racismos, homofobia y antifeminismo. Hay que recuperar la pasión por el saber, para así avanzar y poder perturbar radicalmente la comprensión hegemónica que tenemos del presente; perturbar, sub-vertir, transfigurar, metamorfosear el mundo que tenemos por medio de la creación y la acción colectiva, común, libidinal, viva, lúdica y apasionada. Por eso la filosofía debe transformar muchas prácticas para no perecer; debe abrirse, dialogar, aprender, aportar, interactuar, descender, empatizar, movilizar los afectos y las singularidades. Para ello se requiere una filosofía humilde y autocrítica, ante todo crítica de sus propias prácticas; se requiere una filosofía cálida, que seduzca para poder sobrevivir. Una filosofía que sea una fuerza en la lucha por la construcción de otros “posibles posibles”, como dice Arturo Escobar (7); una filosofía que desnude el presente, impúdica, que aporte en la edificación de una cultura vitalista; una filosofía que ayude, con sus posibilidades, a esculpir humanamente el mundo que queremos, un mundo imaginado pueda convertirse en una utopía realizada, o, lo que es lo mismo, que deje de ser utopía porque ha llegado a ser, justamente, real, concreto y vivible.

 

* Texto leído en el lanzamiento del libro Filosofía para [email protected] Una guía para profesores y estudiantes, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, el día 24 de octubre de 2018.

 

1. En: Ensayos sobre el pensamiento reaccionario y otros textos, Bogotá, Montesinos, Tercer Mundo Editores 1991, p. 189
2. El problema de la filosofía hispánica, México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 30
3. México, Editorial Porrúa, 2000, p. 162.
4. Tratado de la naturaleza humana. Acerca del entendimiento. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1974, p. 21
5. Gorgio Colli, Después de Nietzsche, Barcelona, Anagrama, 3ª ed., 2000, p. 66-67.
6. La palabra aparece en Genealogías de los modorros, atribuido (en verdad) a Quevedo.
7. Otro posible es posible: caminando hacia las transiciones desde Abya Ayala/Afro/Latinoamérica, Bogotá, Ediciones Desde abajo, 2018, p. 27 ss.

**Doctor en Filosofía, Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad Industrial de Santander. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Martes, 20 Noviembre 2018 18:31

Los primeros cien, de 1.460 días

Escrito por
Víctor Hugo Ruiz, sin título (Cortesía del autor)

Parece simple formalidad pero es mucho más que eso. Posesionado como presidente el pasado 7 de agosto, Iván Duque se esfuerza con persistencia por quitarse de encima dos inmensas sombras que caen sobre su cuerpo: la imagen y el estilo de Juan Manuel Santos, que está en la memoria reciente del país luego de sus ocho años al frente del mismo; y la de Álvaro Uribe, gestor y conductor del nuevo mandatario, líder de una contrarrevolución que de manera inédita antecedió a una buscada y frustrada revolución que movilizó en Colombia a muy amplios sectores sociales en los años 80 del siglo XX, quien con su obra marcó y polarizó la vida nacional desde hace tres décadas.


No es un esfuerzo menor ni caprichoso, pues todo gobernante pretende brillar con luz propia y ser recordado por su capacidad administrativa y política, su personalidad, su proyecto y sus obras, nunca por lo que no hizo y mucho menos que pase a la posterioridad como alguien que figuró pero no obró.


Marcar el terreno y sellarlo con su estilo puede ser la realización que más sobresale en los primeros cien días de la gestión de Iván Duque, logro parcial o total…, cada uno tendrá su valoración. Pero lo palpable es que Duque va impregnando el día a día de la política nacional con su tono pausado, su mirada fresca, su propósito de apaciguar a posibles contradictores, partiendo de un discurso general que una y otra vez acude al supuesto beneficio de todos los connacionales, y esconde los reales beneficiarios de su política económica y social, así como la reiteración en temas como la economía naranja, Venezuela, seguridad y otros más.


Se trata de un discurso que le da cuerpo a la pretensión central de su plan de gobierno, el “Pacto por Colombia”, concretado, en el caso de la agenda anticorrupción, en lo acordado con las diferentes fuerzas impulsoras de tal campaña; y que siempre está retomado en casos como trabajo, impuestos, educación, equidad. La reunión, los compromisos y la foto con los rectores de las principales universidades públicas del país, además de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias el pasado 26 de octubre, así lo reafirman. Pactos y acuerdos que, de llegar a encontrar obstáculos, el gobernante se esfuerza para que no sean percibidos como provenientes de su mano. En distintas ocasiones –por ejemplo, las variadas proposiciones frente a la agenda anticorrupción o la prolongación del mandato presidencial– han salido a terciar dirigentes del Centro Democrático, con inmediato deslinde del Ejecutivo, lo que, de acuerdo con el manejo mediático dado a los temas, lo blinda como un gobernante “realmente autónomo”, incluso de su partido –pues “gobierna para todos”, según el recurrente, desgastado y correcto decir político.


Tenemos así un nuevo inquilino de la Casa de los presidentes que ante todo se afana por las formas. Los contenidos quedan para la negociación con cada sector, en lo cual entran a jugar las explicaciones varias de por qué no es posible concretar una u otra aspiración de los diversos sectores nacionales y, claro, la dilación como arte supremo de la política criolla.


Duque es un inquilino que se esmera, en estos primeros días de gestión, por liderar agendas ganadoras, creciendo en popularidad, al tiempo que reserva fuerzas para las batallas sustanciales: las reformas que lleven a recoger más dinero y las que le den más oxígeno al empresariado para resistir la avalancha proteccionista patrocinada por Trump en los Estados Unidos.


Consciente de que el gobierno moderno se mide cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales, Duque se apropia de agendas ganadoras y las lidera: en primera instancia, la campaña anticorrupción, para luego asumir –como adalid de las buenas maneras– la lucha contra el consumo de narcóticos, en particular la marihuana, propósito que encuentra apoyo en todas las familias que cuentan con un adicto entre sus miembros, pero que también es bien vista entre adultos y personas de la tercera edad, así como entre la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas y todas aquellas instituciones soportes e impulsoras del orden y la tradición. Como también es ‘ganadora’ la agenda de la seguridad ciudadana, presente una y otra vez en los talleres “Construyendo País”. Tal agenda está centrada en el discurso de la seguridad, siempre explotada por los mandatarios no sólo en Colombia sino asimismo en todos los países donde llegue a sentirse algún nivel de intranquilidad al salir a la calle, al sacar el teléfono para realizar o contestar una llamada, o al dejar la vivienda sola, por ejemplo. Las gentes no reclaman por la explicación de por qué la delincuencia conserva su presencia, e incluso por qué se multiplica, así como las reformas sociales demandadas por tal realidad; ellas simplemente esperan que la fuerza pública esté presente en todo el territorio nacional, demanda y preocupación que los gobernantes no pierden para recoger este guante, el más dúctil para golpear, y proceden.


El discurso, de la seguridad y el orden, se resume en la frase “Quien la hace la paga”, que pretende aparentar que la justicia es igual para todos y que aquello de la impunidad es cosa del pasado. Como es evidente, nada más ajeno a una sociedad en que la justicia es clasista, y los excluidos y empobrecidos padecen en su cotidianidad la persecución y la montadera de las “fuerzas del orden”. Los ricos, por el contrario, gozan de todos los beneficios del poder del dinero: casa por cárcel, llegado el caso; benevolencia de quien lo requiere por alguna infracción o delito, beneficio de la duda de los fiscales, etcétera.


Es aquella una política de respeto al Estado y de resaltar que la justicia le será aplicada sin miramientos a todo aquel que infrinja el orden establecido, que también le sirve para ocultar la decisión tomada desde mucho antes por el Centro Democrático de bloquear la negociación instalada con el Eln por el gobierno nacional que le anatecedió desde dos años atrás. La exigencia de que este grupo insurgente renuncie al secuestro y en la práctica declare un cese unilateral de fuegos al poner fin “[…] a todas sus actividades criminales” (1), como condición para darle nuevo oxígeno a la Mesa instalada, primero en Quito y ahora en La Habana, no es más que una mala disculpa para ocultar un propósito real: buscar la aniquilación de los insurgentes como paso previo para que acepten todas las condiciones del establecimiento, entre ellas, como ahora lo demandan, renegociar la agenda de diálogo ya acordada.


Está presente aquí, sin duda alguna, la sombra uribista, prolongación de una tesis y un propósito que alimentaron la ofensiva paramilitar sobre el sur de Bolívar en los años 90, cuando Carlos Castaño aseguró que en pocos meses acabaría con el “santuario del Eln” –aludiendo así al copamiento de la Serranía de San Lucas–, promesa que no cumplió. Sin duda, es el mismo cálculo hoy presente en la anunciada decisión gubernamental de congelar los diálogos: derrotar militarmente a esta fuerza –aniquilando con operaciones de comando a su dirigencia– y ahí obligarla a aceptar una ‘negociación’, es decir, su sometimiento. Sería ésta la ruptura práctica de una negociación de paz, pese a que el ahora Presidente argumenta que las políticas de gobierno deben transformarse en políticas de Estado. Son disculpas que ocultan reales propósitos, las mismas que ahora descargan en la escasez de recursos y proyectos mal financiados por el gobierno anterior la explicación de por qué no se cumple a cabalidad con los compromisos suscritos con las desmovilizadas Farc. Como en el anterior caso, la sombra uribista también prolonga sus contornos en su real propósito de llevar a mal puerto lo acordado.


Es esta táctica una herencia del jefe del Centro Democrático que no puede negarse, en su añoranza de la total derrota de sus contrarios, ahora plasmada en reformas y más reformas de los textos acordados en La Habana, como en la dilación de muchas de las medidas e inversiones allí proyectadas, herencia que también va más allá de temas nacionales, extendiéndose hacia Venezuela, a cuyo Presidente califican una y otra vez como dictador, anunciando, como lo hizo Francisco Santos, embajador en Estados Unidos, la ejecución de cualquier medida para dar cuenta de su gobierno (ver “Trump en el Orinoco”, pág. 8), así luego uno u otro funcionario de la Casa de Nariño trate de relativizar lo reafirmado por un funcionario de tan alto nivel. La decisión hace parte de la histórica y sometida agenda internacional del Estado colombiano, en la cual la Unión americana marca el ritmo, prolongación de la que también hace parte el “[…] respaldo hacia las acciones que venimos empleando para denunciar al dictador ante la Corte Penal Internacional” (2).


La de Duque es una política injerencista con un país vecino, como nunca antes se había visto, política que llegará a otras coordenadas del globo, toda vez que la aceptación lograda por la dirigencia tradicional del país, de que la Otan lo acepte como primer socio global en América Latina, implicará que cuerpos especiales de las fuerzas armadas colombianas jueguen papeles formativos, y seguramente de combate allí donde lo disponga el mando estratégico de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. El actual Presidente lo ha afirmado: “[…] quisiera agradecer a la OTAN por todo el apoyo que le han dado a Colombia para lograr la certificación de nuestras capacidades militares” (3).


El tema, de la seguridad, también está presente en las reuniones con representantes del capital internacional y nacional, a quienes el gobierno colombiano les resalta que el país cuenta con “[…] una red de participación cívica que ya está por superar las 400 mil personas que son ciudadanos que trabajan todos los días con nuestra Policía, con nuestro Ejército […] para generar alertas oportunas” (4).


A los posibles inversores se les garantizan también seguridad jurídica y agilidad en trámites de todo tipo, así como reducirles la carga tributaria, “[…] deducir el IVA de las inversiones que se hacen en bienes de capital para la transformación industrial… [pero también] deducir impuestos como el ICA [y] una parte importante de lo que se paga por gravámenes a los movimientos financieros […]. En caso de invertir en el campo y generar empleo, otorgaría “[…] una exención de 10 años del impuesto de renta […] Y lo mismo con los start apps, con las nuevas empresas de tecnología en temas como robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, fintech, economía naranja; también cero impuesto de renta por los primeros cinco años, a cambio, por supuesto, de generar un mínimo de puestos de trabajo. Eso también hace parte de este paquete”, para más adelante enfatizar en la preocupación real que tienen los dueños del capital en Colombia: alcanzar equidad, es decir “[…], saber llegar con la inversión social y con los bienes públicos a quienes más lo necesitan [para] convertirlos en un sector que crezca, que consuma…” (5).


Este afán económico y social no repara en el enrutamiento del país por vía propia, de acuerdo a sus necesidades, proyectando a Colombia a partir de un plan estratégico a 40 y más años, con el cual romper su dependencia de los Estados Unidos, a la par que supere la dependencia tecnológica que mantiene en todos los niveles, así como con el extractivismo, sabiendo valorar, proteger y poner al servicio de los suyos las potencialidades naturales que en diversos órdenes tiene el país. En esto, como en otros aspectos, en sus primeros cien días, Duque no rompe con la herencia ni de Santos ni de Uribe, como de toda la clase dominante que lo antecedió, renegados de la causa nacional, prolongando los ya conocidos males que maniatan la inventiva y la participación decisoria de las mayorías, principal potencial con que cuenta cualquier nación, y a la cual hay que acudir si quiere dar un viraje estratégico en su maltrecho destino.


Estamos ante acciones de continuidad y de deslinde con gobiernos anteriores que superan su sombra o se cubren con la misma en los talleres “Construyendo País”, copia de los “consejos comunitarios” realizados en su época por el jefe de su partido, reuniones donde la concurrencia se siente a plácemes porque tiene cerca al gobernante, quien atiende y resuelve algunas de las demandas que le presentan, pero en que se construye de mala manera la democracia profunda, sin trascender la formalidad, toda vez que ningún tema estructural es abordado y resuelto de manera colectiva por las gentes allí reunidas. Así, la participación se reduce a los aplausos, y la democracia es la forma pero no el contenido ni sus resultados.


En realidad, pura clientela, la misma que sobresale en el actual Legislativo, no controlado en sus mayorías absolutas por este gobierno, que, por efecto de las disputas al interior del establecimiento, lo hace proclive a la mermelada y todo tipo de concesiones para poder sacar adelante su agenda. Por ello, aunque aparente anticorrupción, no podrá deslindarse de la misma: otra herencia que no puede denegar.


El gobierno, con estilo, formas y lenguaje renovados, pero sin ruptura estructural, invita a un imposible pacto, toda vez que está comprometido y se debe a los ricos (6); sus acciones, en sus primeros cien días, así lo confirman. En su defecto, ¿sería posible un pacto de los excluidos, soportado en ejes como medio ambiente, tierra, vivienda, trabajo, educación, salud, Derechos Humanos, democracia radical? No debieran desaprovechar el escenario abierto por el actual mandatario para convocarlo y concretarlo.
Dicen en el campo que “desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. ¿Será esto cierto para el caso del gobernante de Colombia que ocupa la Casa de Nariño desde el pasado 7 de agosto?

 

1. Palabras del presidente Iván Duque Márquez al iniciar el Taller Construyendo País, número 12. Malambo (Atlántico), octubre 20 de 2018. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/.
2. Declaración del presidente Iván Duque Márquez al término de su reunión con la presidenta del Senado de Italia, María Elisabetta Alberti Casellati, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181023.
3. Declaración del presidente Iván Duque Márquez al término de su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181023.
4. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181029.
5. ídem.
6. Le Monde diplomatique, “El gobierno corporativo y los círculos del poder”, edición Colombia Nº181, septiembre de 2018.

Lunes, 19 Noviembre 2018 09:55

Trump en el Orinoco

Escrito por
Hernando Carrizosa, de la serie “Referentes” (Cortesía del autor)

La anunciada visita de Trump a Colombia en noviembre es una etapa más en la escalada para usar de fachada al país para una intervención que busca objetivos estratégicos más allá de la remoción del régimen del presidente Maduro.

 

 

Los dos salteadores

 

Dos salteadores de caminos estaban sentados tomando un trago, en un refugio a un costado del camino, comparando sus aventuras nocturnas.

–Yo le paré al Jefe de Policía –dijo el Primer Salteador–, y me fui con todo lo que tenía.

–Y yo –dijo el Segundo Salteador –paré al Fiscal del Distrito de los 

Estados Unidos, y me fui con …

–¡Buen Dios! –interrumpió el otro colmado de asombro y admiración– ¿Te fuiste con todo lo que ese tipo tenía?

–No –explicó el infortunado narrador–. Solo una pequeña parte de lo que tenía yo.

Ambrose Bierce

 

 

No existe un antecedente conocido en la historia colombiana de injerencia para deponer un gobierno extranjero, mucho menos el de un país vecino. Ni en los conflictos con Perú en el Amazonas, en 1932, ni en las diferencias con Nicaragua desde el siglo diecinueve en torno al mar e islas frente de la antiguamente llamada Costa de Mosquitos, ni en el incidente diplomático con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en torno a Los Monjes en el Golfo de Venezuela, que en ese momento se quiso denominar, desde Colombia Golfo de Coquivacoa, en ninguno de estos casos, pese a la conflictividad que alcanzaron se había visto un pronunciamiento como el expresado en Washington por el embajador colombiano ante ese país: «Se escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas» (1). 

Francisco Santos quien, después del Ministro de Relaciones Exteriores, ejerce el cargo más influyente dentro del cuerpo diplomático colombiano, señaló a Venezuela como «una bomba de tiempo lista para estallar» y enfatizó que «el objetivo prioritario es restablecer la democracia en Venezuela». 

El lenguaje utilizado es característico del empleado por los Estados Unidos en vísperas de lanzar ataques contra objetivos estratégicos para sus intereses como ocurrió en las guerras del Golfo Pérsico cuando el propósito expresado –sobre todo en la segunda–, fue «liberar al pueblo iraquí del dictador Hussein». Santos insistió, para no dejar lugar a dudas: «Obviamente, Estados Unidos y Colombia tienen las sillas más importantes en esa mesa». Y, para acabar de remarcar el punto: «es muy ingenuo pensar que puede haber una solución sin un cambio de régimen» (2).

Esta explosión verbal usual en quien fue vicepresidente de Colombia en el periodo 2002-2010, en los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez, lo han hecho blanco de humoristas y caricaturistas como niño o adolescente imprudente, ingenuo y desenfocado. Pero lejos de rayar en la ingenuidad ese estilo hace el juego que los gobernantes necesitan para decir lo que ellos no pueden o no quieren expresar abiertamente. En otras palabras, históricamente el bufón de la corte siempre tuvo licencia real para decir las verdades que nadie más podía expresar ante el rey o de boca del rey.

El presidente Duque salió al quite de las palabras de su embajador para decir que él no tiene «ánimos belicistas», pero lo dicho dicho estaba y quedó explícito lo que era un secreto a voces: una alianza entre Estados Unidos y Colombia, su principal aliado en la estratégica esquina noroccidental del continente sudamericano –territorio que los Estados Unidos siempre ha considerado su backyard o patio de atrás– para deponer a Maduro y poner en su lugar un gobierno afecto a los intereses estadounidenses, como lo ha hecho decenas de veces en distintos lugares del mundo.

En el par de visitas realizadas por Duque a Washington, antes y después de su posesión en agosto pasado, el tema de Venezuela siempre estuvo en la agenda, además, del innegable hecho del aumento de hectáreas sembradas de coca en el país. 

En realidad, a Trump, en su intención de «volver a América (es decir, los Estados Unidos) grande de nuevo» –grito de batalla que lo catapultó a la presidencia–, poco le interesa cuántas hectáreas de más o de menos de coca se cultivan en Colombia o qué tipo de régimen está sentado en el Palacio de Miraflores en Caracas o si la ola de migrantes venezolanos llega hasta la Patagonia o no.

Lo cierto es, en primer lugar, que la historia de Colombia está marcada por la injerencia de los Estados Unidos desde tiempos remotos como 1846, cuando mediante el tratado Mallarino-Bidlack le confirieron privilegios a ese país para utilizar el istmo de Panamá, casi sesenta años antes que Teodoro Roosevelt decidiera arrebatarlo en 1903.  En 1942 el embajador de Estados Unidos en Colombia manifestó: “Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a este país […] Colombia no ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política […] y no existe país en Sur América que se haya desempeñado en forma más cooperadora» (3). 

La subordinación estratégica de Colombia ante los intereses de los Estados Unidos no ha parado desde entonces, en especial durante los años de la lucha contrainsurgente y el Plan Colombia. Cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa no renovó el permiso a los Estados Unidos para usar la base de Manta, el presidente Uribe Vélez concedió, mediante «un acuerdo» en el 2009, el uso de siete bases militares: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga (4). Si bien la Corte Constitucional tumbó este «acuerdo», por no haber hecho tramite a través del Congreso, los militares estadounidenses no se marcharon, y a través de lo que Sebastián Bitar de las escuelas de Gobierno de la Universidad de los Andes llama «cuasibases» (5) las fuerzas armadas gringas han mantenido su presencia en suelo colombiano aprovechando existentes acuerdos de cooperación (6).

En segundo lugar, y más importante aun, el verdadero interés de los Estados Unidos en Venezuela es su petróleo, cuyas reservas suman, con  300.900 millones de barriles, más que cualquier otro país en el mundo, muy por encima de Canadá, Irán, Irak. Kuwait, Emiratos Árabes y Rusia (7). A lo anterior hay que agregar que la producción petrolera venezolana, que ya tocó bajas históricas de apenas un millón de barriles diarios y que amenaza con colapsar, ha sido enajenada e hipotecada. China ha salido presto a oxigenar la frágil economía del país bolivariano a cambio, por supuesto, de su petróleo.

Las frecuentes visitas de Maduro a su aliado Xi Jinping, demuestran la dependencia de Venezuela con el principal prestamista que tiene la nación sudamericana. La más reciente, en septiembre de este año, sirvió para que ambos países firmaron 28 acuerdos de cooperación, con los cuales la deuda de Venezuela con China subió de 23.000 a 28.000 millones de dólares (8). En otras palabras, la economía de la otrora “Arabia suramericana” vive gracias a la liquidez que le garantiza la potencia asiática a cambio de la producción actual y futura del hasta ahora vital recurso energético, única forma de honrar sus compromisos económicos. 

Antes de que ocurra la anunciada guerra mundial por el agua, la próxima guerra mundial será, no es atrevido afirmarlo, por las últimas reservas petroleras en un mundo globalizado que no logra dar el paso decisivo hacia energías renovables. Esto lo tienen claro dirigentes mundiales como Putin, Xi Jinping y Trump, los tres mandatarios más poderosos del mundo que a la manera de la distopía de Orwell en la novela1984, rotan alianzas y enemistades. Cada uno, por su lado, mueve fichas sobre el tablero global para cuando llegue el momento de disputar hasta el último barril de petróleo con que aún cuenta el planeta.

La segunda guerra del Golfo, impulsada por George W. Bush, en el 2003, y justificada por la denuncia de que el régimen de Hussein fabricaba armas químicas (9), en realidad no tuvo intensión distinta de arrebatar los pozos petroleros del otrora imperio persa, como ya antes había ocurrido con los de Kuwait, en la Primera Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, liderada,  a su vez, por el padre de Bush. Hoy día, los cinco mil soldados norteamericanos que quedaron después de la invasión y que fueron retirados por Obama, regresaron dos años después para supuestamente luchar contra el estado Islámico. Quienes nunca se retiraron, después de cada una de las guerras del Golfo, fueron las empresas occidentales afectas a los Estados Unidos, como ExxonMobil, BP y Shell (10).

La presencia militar de los Estados Unidos llega a 177 países, es decir, el 70 por ciento de los países del mundo. Lo anterior lo anunció el pasado 23 de julio el presidente de su Estado Mayor Conjunto, el general Joe Dunford (11). En América Latina, tienen presencia, bien sea en bases locales, las llamadas «cuasibases» o bases propias, en México, tres bases, Honduras, tres, Panamá trece, Colombia, siete, Perú, ocho, Paraguay dos (12). Además, el presidente Macri ha autorizado bases norteamericanas en la Triple Frontera y en la provincia sureña de Tierra de Fuego (13). También existe una base en el corazón del Amazonas, en territorio brasileño, en la confluencia de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), en donde desarrollaron operaciones conjuntas en noviembre de 2017 (14).

Por todo lo anterior, no hay duda de que la visita del presidente Trump a Colombia es un paso más en el objetivo final, en medio de la ya declarada guerra comercial con China que emprendió desde que ascendió al poder, y en contravía a todo lo efectuado por su predecesor en la Casa Blanca, de tender puentes de cooperación entre ambos países, de arrebatarle el petróleo venezolano al régimen de Xi Jianping, algo que los chinos no estarán dispuestos a tolerar. En la reciente visita de Maduro a Pekín, el canciller chino y consejero de Estado, Wang Yi manifestó que «pese a las complejas circunstancias internacionales, China está dispuesta a trabajar con Venezuela para fortalecer los intercambios y la amistad entre ambos países», para lo cual será necesario «optimizar los modelos de cooperación a fin de enriquecer la asociación estratégica» (15). 

 Por su parte, el presidente Duque, con su conocida admiración por los Estados Unidos, expresada ya desde sus columnas de opinión en Portafolio entre 2010 y 2013 (16) antes de soñar con ser ungido por Uribe Vélez para ser presidente de Colombia, es un maleable instrumento, solícito a los intereses norteamericanos, dada su inexperiencia política y de estadista. Presionado por la ominosa figura de Trump, podría sucumbir a la tentación intervencionista y servir a los intereses de su principal aliado económico y militar, para fraguar, directa o indirectamente, un abanico de opciones que van desde el apoyo a intentonas golpistas –que ya se comienzan a manifestarse entre oficiales descontentos–, la del magnicidio a través de oscuros agentes o en caso extremo, improbable pero no descartable, un conflicto armado en el que todas las partes saldrían perdiendo. Por ahora, Trump y su gobierno proseguirá presionando en lo diplomático, ahogando en lo económico, amenazando con mensajes velados como el expresado por el embajador de Colombia en ese país. Toda una serie de recursos para dificultar la recuperación económica de Venezuela, incrementar el descontento entre la población y aislarla en lo internacional, para de esa forma tenderle una base social al cambio de régimen que conduzca al objetivo final: el petróleo venezolano.  ν

 

1. Portafolio 18 de septiembre 2018, en https://www.portafolio.co/tendencias/no-se-descarta-intervencion-militar-en-venezuela-521280

2. Revista Semana, 18 de septiembre 2018 en https://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-de-venezuela-pacho-santos-no-descarta-ninguna-opcion/583516

3.  Vega Cantor, Renán, La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado, en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2015, p. 729

4. Vega Cantor, p. 778.

5. Bitar, Sebastián, Sebastián Bitar, “La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases”, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2017

6. http://pacifista.co/mitos-y-verdades-sobre-la-presencia-militar-gringa-en-colombia/

7. https://www.businessinsider.es/10-paises-mayores-reservas-petroleo-mundo-249164

8. http://www.eluniversal.com/economia/20689/china-y-venezuela-firman-28-acuerdos-de-cooperacion

9. La cual después se demostró infundada y no más que un complot en el que cayó el propio general Colin Powell, quien ante una asamblea de la ONU en Johannesburgo mostró una probeta con, supuestamente, ántrax, fabricado en Irak y, basado en esa «evidencia» lideró la invasión a Irak. Concluida la guerra admitió haber sido engañado por las fuerzas de inteligencia de su propio país cuando le entregaron la probeta con la supuesta arma química, y por ello renunció discretamente de su cargo como Secretario de Estado.

10. https://iraqsolidaridad.wordpress.com/2012/01/30/las-empresas-petroleras-occidentales-se-quedan-en-iraq-aunque-las-fuerzas-estadounidenses-se-vayan/

11. https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/383472/presencia-militar-fuerzas-guerra-dunford

12. http://www.granma.cu/mundo/2018-08-09/bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-el-plan-suramerica-09-08-2018-17-08-04

13. https://www.hispantv.com/noticias/argentina/257204/eeuu-instala-base-militar-argentina-macri

14.  https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html

15. http://www.eluniversal.com/economia/20689/china-y-venezuela-firman-28-acuerdos-de-cooperacion

16. Duque Márquez, Iván, El efecto naranja, innovación e ideas políticas en la sociedad poscrisis, cuarta edición, Bogotá, Planeta, 2018. 

 

* Escritor. Integrante del Consejo de Redacción del periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

La ‘montaña rusa’ del petróleo colombiano

El tiempo pasa pero Colombia no trasciende su anclaje a una economía primaria y extractiva de diverso tipo: en el pasado oro y plata, ayer banano y café, hoy petróleo y carbón. Esta condición periférica hace de la nuestra una economía sujeta a los intereses de imperios y multinacionales, donde soberanía y desarrollo quedan postergados.

 

El mundo arde: los imperios se baten a través de terceros países para proteger sus dominios territoriales, resguardar sus fronteras, ganar terreno, intentar arrinconar a su contrario, controlar materias primas, frenar los éxodos humanos, etcétera. Las guerras en Siria, Libia, Irak, Irán, Yemen, entre otros lugares del planeta, hacen parte de esta realidad de la geopolítica global y de los antagonismos comerciales, de divisas y de carreras armamentistas nucleares entre estadounidenses vs China-Rusia que desde ahora anuncia las guerras de exterminio que están por venir.

 

Son confrontaciones que, junto con los embargos a países como Irán y la guerra económica contra Venezuela –amén de los errores de su dirigencia– disparan el precio del petróleo. Los beneficiados de tal confrontación de intereses están de plácemes amasando millones, en primera línea las multinacionales del sector que ven como el precio del barril de petróleo, referencia Brent, llegó a los 88 dólares (1), aunque viene cayendo por sobreoferta y recesión económica a 76 dólares a finales de octubre de 2018. En paralelo, la cotización internacional de los precios del carbón alcanzó este año los 100 dólares la tonelada (2).


Algunas de ellas son las mismas multinacionales minero-energéticas con intereses en Colombia, además de Ecopetrol, que ven acrecentada su felicidad –lucro– por el fallo de la Corte Constitucional que con el argumento según el cual los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación estableció que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones. En el fallo de octubre de 2018, la Corte consideró además que poner las consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo; dejando, por tanto, las consultas populares sobre minería y/o ambiente sin poder ni sustento jurídico algunos para decidir sobre el ordenamiento de sus territorios y los recursos que éste contenga, con lo que pisoteó la democracia y deslegitimó la participación popular, vulneró la soberanía de las comunidades y dio patente de corso para que la industria extractiva, en su afán acumulativo, destruya y horade todo el territorio colombiano.


Pero no es solo este el motivo para su buen semblante, pues hay otras circunstancias que así lo propician: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó el “Procedimiento Competitivo Permanente 2018”, con el cual todo el territorio colombiano quedó expuesto a la especulación, promoción y venta y, según resalta en los términos de referencia, el sector privado podrá, en cualquier momento y lugar, proponer áreas para que sean determinadas, delimitadas y clasificadas por el Consejo Directivo de la ANH; también el presidente Iván Duque y su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez (ex vicepresidente ejecutiva de Ecopetrol) dieron su beneplácito a las prácticas del fracking o técnicas no convencionales de fractura hidráulica​ para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo colombiano.


Paradojas


La renta minero-energética es, de lejos, la principal fuente de ingresos para el país, vía ganancias extraordinarias que obtienen las empresas extractivas y regalías, dividendos e impuestos que percibe el Estado. Con cifras de la Dian, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) estimó que en el 2017 esta industria le giró a la Nación 10 billones de pesos (3,5 billones de impuesto de renta y 6,5 billones por regalías y otros aportes), un 54 por ciento más que en 2016, y los cálculos indican que para el 2018 el aumento mínimo sería de 5 billones de pesos, sin los dividendos de Ecopetrol. En total, sumando el impuesto de renta, los dividendos que paga Ecopetrol a la Nación, los derechos económicos en contratos con la ANH y las regalías causadas para las regiones, la industria de los hidrocarburos le aportará al fisco en 2018 alrededor de 17 billones de pesos, de los cuales entre 7 y 7,6 billones corresponden a regalías para las regiones, mientras que el resto son ingreso corriente del gobierno central; la minería (principalmente el carbón) aporta otros 3 billones a las arcas gubernamentales, para un total de renta petrolera cercana a los 20 billones de pesos en 2018, esto es, 12 por ciento del Presupuesto General de la Nación ($235,5 billones).


En contraste, mientras la participación relativa de la rama minero-energética en el PIB gira alrededor del 9 por ciento, en 2018 el número de trabajadores en la rama “Explotación de Minas y Canteras”, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, no supera la cifra de 180.000, esto es, 0,8 por ciento del total de ocupados a nivel nacional. Las exportaciones minero-energéticas representan la mitad del valor de la canasta de bienes y servicios que vende Colombia al resto del mundo. Realidad que da pie para reafirmar que la política y la economía nacional son extractivas, y así son porque tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de los recursos naturales del país y de su fuerza de trabajo para beneficiar al capital transnacional y a la oligarquía rentística criolla.


Esta es una realidad que está en la base del crónico conflicto armado colombiano, atizado por la propiedad de la tierra en cuyo subsuelo descansan los recursos minero-energéticos.


También, como es aceptado por unos y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación financiera. La actividad petrolera hace parte de esta lógica antagónica. Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente, expulsan las comunidades originarias de sus territorios y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible impulsado por dinámicas virtuosas científico-tecnológicas y de innovación.


La biodiversidad y los recursos naturales y energéticos nutren la violencia crónica en Colombia. La dotación minero-energética constituye una maldición para los pobladores históricos. Ellos son sometidos por las multinacionales, los terratenientes, los dueños del capital, los partidos políticos y los variopintos grupos armados, al desplazamiento forzado, a la pérdida de soberanía. Además, los líderes populares son asesinados y los activos necesarios para la sobrevivencia de las familias rurales son expoliados. Incluso en el siglo XXI, la tropelía de las instituciones políticas y económicas extractivas adoptan una forma vandálica, atroz y descarada. Todo el territorio nacional está concesionado por las clases dominantes a los intereses y proyectos de las empresas minero-energéticas (ver mapa). Hay una estrecha correlación entre economía extractiva y violencia (gráfico 1).

 

 


Parece contradictorio pero los acuerdos de paz, el desarme y desmovilización de la guerrilla y el alza en los precios de las commodities –o materias primas de carácter energético–, sirvieron para desatar el apetito y voracidad de los inversionistas y expandir la exploración y explotación minero-energética a aquellas zonas que históricamente eran vedadas a los negocios extractivos debido al conflicto armado. Las rentas extractivas aumentan con el desarme y desmovilización de la guerrilla, pero el conflicto social estalla con amplitud y profundidad. Del Presupuesto General de la Nación 2019, aforado en 259 billones de pesos, se destinan a la guerra 33,5 billones (el segundo sector con mayor asignación), la renta minero energética aporta el 57 por ciento de este gasto.


Según el senador Iván Cepeda, la militarización del territorio colombiano se afianza en buena parte a través de la existencia de convenios suscritos entre empresas del sector minero energético (trasnacionales en su mayoría) y la Fuerza Pública, realidad que genera su práctica privatización, la violación de los DDHH y pérdida efectiva de soberanía nacional. El esfuerzo dedicado en cuanto al número de efectivos de la Fuerza Pública destinada a la protección de las empresas minero-energéticas ha oscilado entre 15 y 20 por ciento del total de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano durante lo corrido del siglo XXI, financiados con impuestos de los ciudadanos.


Negación y falsas promesas


La clase dirigente colombiana ignora la inestabilidad y volatilidad característica del negocio minero-energético y las externalidades negativas asociadas. Niega los fatídicos momentos que atravesó el país por causa de la crisis petrolera en años recientes. Olvida los requerimientos ineludibles de elevar la productividad de la economía (su evolución ha sido negativa o cercana a cero en lo corrido de la década, en 2018 aumentó algo insignificante: 0,5%), la necesidad de diversificar la economía, mejorar la competitividad y empezar a desarrollar las actividades generadas por la cuarta revolución industrial, con el propósito y fin de no depender, de manera insensata y suicida, de los recursos minero-energéticos, darle paso a una política pública orientada a fortalecer la soberanía en todos los planos, para el presente y el largo plazo, y mejorar el bienestar y la justicia social. La adicción a los hidrocarburos permite olvidar los estragos causados e idealizar el futuro. ¿Qué tan sólida, verosímil y sostenible es esta recuperación? A partir del análisis de los recientes resultados financieros de Ecopetrol, principal empresa del país (que cuenta con 600 campos en desarrollo, explota otros 300, participa, con el 80% de la producción nacional de hidrocarburos y emplea 7200 trabajadores), considerando el período 2013-2018, este artículo presenta hechos objetivos para ofrecer una respuesta argumentada.


La Empresa colombiana de petróleo atraviesa por un buen momento (ver gráficos 2, 3 y 4). El precio del barril, referencial Brent, registra un promedio de 74 dólares durante 2018; la acción se negocia a una cifra cercana a los 4.000 pesos en la bolsa de valores criolla; durante el primer semestre la empresa obtuvo una utilidad de 6,13 billones de pesos, un 180 por ciento más respecto al mismo período de 2017.


Una situación que despierta un entusiasmo delirante. Más aun, teniendo en cuenta la recesión y crisis sufrida por la empresa en el cuatrienio 2012-2016, cuando el precio promedio anual del barril cayó de 111,7 a 45 dólares, el valor de la acción se desplomó de 5.410 a 1.340 pesos y la utilidad anual de Ecopetrol pasó de 15,4 billones en 2011 a una pérdida de 3,9 billones en 2015, año en el cual los accionistas no pudieron cobrar dividendo alguno. Durante ese período oscuro e incierto, la Empresa entró en una zona de alta probabilidad de quiebra.


Destorcida y ¿recuperación?


Una forma sencilla de analizar la fortaleza financiera de una empresa es la utilización de una fórmula econométrica, la Altman Z-Score. De acuerdo con los cinco indicadores requeridos para el estudio de la fortaleza financiera, Ecopetrol prendió todas las alarmas el cuatrienio 2012-2016: la empresa tenía poca liquidez (es decir poco capital de trabajo); no distribuía dividendos; no producía ganancias; el valor de la empresa estaba disminuyendo en relación con la deuda total; y no estaba rotando sus activos con suficiente velocidad.


De acuerdo con la combinación de los ratios financieros, el análisis de la fortaleza financiera de Ecopetrol muestra que durante 11 años, entre 2003 y 2013, se mantuvo en la zona segura (el puntaje de Altman Z-Score registra un valor promedio de 4,4, con un máximo de 5,7 en 2008 y un mínimo de 3,5 en 2006). El peligro de quiebra ocurre cuando el puntaje Z-Score cae por debajo de 1,81; el riesgo ocurre en el intervalo 1,81<z<2,99. En 2014 la empresa entra en la zona de alto riesgo de crisis financiera, al registrar un valor en el puntaje de Altman de 1,92. Entre 2015 y 2017 la Empresa ingresa y se mantiene en la zona crítica o de quiebra inminente: el valor promedio en el índice de Altman es de 1,43; sin embargo, mostraba una leve tendencia positiva al pasar de 1,24 en 2015 a 1,61 en 2017 (Gráficos 5 y 6). Esta mala situación impregnó la economía y las finanzas públicas; la tasa de cambio que se encuentra atada a los resultados de la industria petrolera escaló de 1.798 pesos por dólar en 2012 a 3.051 en 2016 (los activos de los colombianos, medidos en dólares, se depreciaron una tercera parte).

 

 

A partir de 2017 se registra una recuperación de la actividad minero-energética, el precio del barril de petróleo aumentó a 54,8 dólares promedio y en lo corrido de 2018 acaricia los 80 dólares, recuperación reflejada en el precio de la acción de Ecopetrol: 1.410 pesos en promedio durante 2017 y 3.009 pesos en 2018. La utilidad de la empresa fue de 6,6 billones en 2017; se distribuyó el 53,3 por ciento de las ganancias y el dividendo pagado por acción fue de 59 pesos. La tasa de cambio fluctúa dentro de una franja de precios entre 2.900 y 3.200 pesos por dólar, dependiendo de las oscilaciones en el precio internacional del barril de petróleo.


El buen momento que disfruta Ecopetrol no responde sólo al empuje que le inyectó el repunte en los precios del petróleo, sino porque, además, ha logrado una buena dinámica en su operación y permitido que su estructura de costos y gastos sea más eficiente (el costo medio de producir y transportar un barril de petróleo es de 20 dólares); además inició el pago anticipado de una parte de su abultado y costoso endeudamiento. Adicionalmente, mejoraron todos los ratios financieros,principalmente por las relaciones entre capital de trabajo, Ebitda y ventas netas respecto al valor de los activos totales.


En consecuencia, el modelo Z-Score de Altman refleja una mejor situación financiera de esta empresa, pero no suficiente como para estar tranquilos. En efecto, en 2018 el análisis de la fortaleza de la empresa señala que aún se encuentra en una situación de riesgo, el índice presenta un valor de 2,55. Cualquier turbulencia financiera, escalamiento del conflicto armado, adversidad geopolítica o caída en el precio del barril de petróleo haría recular a la empresa de hidrocarburos colombiana, una vez más, a la zona de peligro de quiebra.


Financiarización y fragilidad


Durante los gobiernos de Uribe y Santos (2002-2018) se exprimieron en su totalidad las utilidades anuales de Ecopetrol, incubando un proceso continuo de descapitalización y endeudamiento creciente e inviable. El reparto anual de utilidades en el período 2008-2014 fue cercana al 80 por ciento (gráfico 4 y 7).


La relación entre la deuda total y el valor de los activos disminuyó de 64,8 por ciento en 2003 a 28,1 en 2008; posteriormente comenzó una fase alcista de la deuda alcanzando el 62,6 por ciento en 2016. En medio de la crisis y con un alto endeudamiento, la Empresa se vio obligada a vender activos. En 2018, por pagos adelantados, el índice de endeudamiento baja a 57 por ciento; los activos valen 121,6 billones de pesos y la deuda alcanza los 69,4 billones.


Es una situación compleja que responde a las lógicas de la financiarización, que es una transformación de la economía en la cual el apalancamiento tiende a sobrepasar el capital y los mercados financieros dominan sobre la producción real. Ecopetrol se encuentra financiarizada, su objetivo principal es producir resultados financieros de corto plazo, para responder a los inversionistas (propietarios de las acciones) y a los acreedores. En 2018, su deuda financiera suma 41,4 billones de pesos (gráfico 8); el 86,3 por ciento contraída en moneda extranjera, con el capital financiero transnacional y es no corriente (pagos del principal a más de un año). En 2017, el servicio neto de la deuda (amortización e intereses) le significó a Ecopetrol, durante los seis primeros meses, una erogación de 1.155.515 millones de pesos; en 2018, primer semestre, el costo de la financiarización aumentó a 1.188.853 millones de pesos (Gráfico 9).


Además, cuando el peso se deprecia el servicio de la deuda externa se vuelve más costoso; también la deuda de Ecopetrol es sensible a las alzas de las tasas de interés en el mercado financiero internacional. Al finalizar 2017, en concordancia con la reducción de la calificación de la deuda soberana de Colombia, que pasó de BBB con perspectiva negativa a BBB- con perspectiva estable, la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s (S&P) también le redujo la nota a la petrolera colombiana como emisora de valores.


Pérdidas y ganancias del Grupo Empresarial


El grupo empresarial Ecopetrol está conformado por 31 empresas: 25 subsidiarias, 3 asociadas y 3 son negocios conjuntos; algunas operan en paraísos fiscales, por tanto no obedecen a la legislación de Colombia ni reportan sus estados financieros al país. Dos de las subsidiarias, ubicadas en Panamá, se encuentran en proceso de liquidación: Amandine Holdings Corp y Los Arces Group Corp. De las 29 empresas activas, 18 generaron utilidades durante el primer semestre de 2018 por cuatro billones de pesos y 11 arrojaron pérdidas por 515.065 millones de pesos (Gráfico 10). Las empresas del grupo que afrontan investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por millonarios sobrecostos en su montaje y conflicto de intereses de miembros de la junta de la petrolera, como Reficar y Bioenergy, generan altas pérdidas al grupo Ecopetrol. Las utilidades tienen como fuente principal las empresas dedicadas al almacenamiento y transporte por ductos de hidrocarburos (Cenit) y a la producción y comercialización de resina de polipropileno (Propilco).


Tendencias y amenazas


Una sociedad puede ser ella misma cuando es capaz de expresar sus potencialidades reales. Colombia aspira a ser petrolera sin serlo. A partir de 2015, cuando la producción anual alcanzó la cifra promedio de 1.005.837 de barriles por día, empezaron a declinar las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción. Durante 2016 la producción diaria fue de 886.198 barriles de petróleo, y en 2018 de 869.000. Las proyecciones oficiales señalan que la producción de crudo tendría una senda decreciente para el mediano plazo, así: 822.000 barriles diarios en 2022, y 800.000 en 2028. Las reservas actuales de petróleo del país son de 1.800 millones de barriles, por lo tanto, a la tasa actual de explotación, su autosuficiencia se estima en menos de seis años.


El presidente Iván Duque (2018-2022) defiende la tesis según la cual el sector minero-energético es fundamental para el desarrollo del país y para cumplir las metas de su Plan de desarrollo “El pacto por Colombia”. Duque es partidario de implementar el fracking. La política petrolera se fundamenta en dar continuidad a las medidas tomadas durante la administración Uribe y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien repite esa Cartera con el actual Presidente. Esta política petrolera encontrará una férrea oposición en las comunidades que defienden su territorio de la explotación y desastres provocados por las actividades extractivas, como también en los grupos ecologistas y dentro de las organizaciones políticas que se oponen al fracking.


Estamos, por tanto, ante una política petrolera que no repara en el medio ambiente, en la opinión de las comunidades pobladoras de los territorios de extracción, ni en el beneficio prioritario del país, de ahí que exista disposición de los empresarios privados y del Gobierno Nacional para la venta parcial de Ecopetrol. Se trata de la enajenación de una parte de la participación de la nación en la empresa y la venta de algunas de sus subsidiarias o asociadas. Para concretar esta política antinacional argumentan la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país y, al mismo tiempo, contar con nuevos recursos que le permitan a la nación redireccionar recursos hacia la infraestructura.


Es una pretensión que recibió el inmediato rechazo de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo –USO–, opuesta a la venta de las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol. La USO calificó la iniciativa como un atentando contra la soberanía energética e invitó a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que “nos acompañen en este proceso por la defensa del activo más valioso que tiene la nación, como es Ecopetrol”. Sin embargo, con fundamento en las ganancias extraordinarias que obtiene la empresa, el sindicato logró negociar favorablemente la Convención Colectiva que regirá las relaciones obrero-patronales hasta el 31 de diviembre de 2022. Un éxito económico pero no social, ambiental ni político; de una parte, las comunidades siguen padeciendo la arremetida de asesinatos, desplazamientos forzados, expoliación y destrucción de sus territorios, de otra, mientras los trabajadores colombianos devengan siete veces menos que los salarios promedio internacionales deben pagar un combustible cinco veces más alto que los precios globales (se olvidó la ya añeja consigna: “el petróleo es de Colombia y para beneficio de los colombianos”); tampoco el sindicato respaldó colectivamente el proyecto de “Ley orgánica de hidrocarburos” que no hace mucho promocionaba participativamente la USO con las comunidades territoriales y populares del país.


En esta tensión entre protección de los activos públicos nacionales y su enajenación, también resalta la tirantez proveniente de la guerra que vive el país. El estudio de la economía política de la guerra en Colombia muestra una estrecha relación entre el conflicto armado y la explotación de hidrocarburos. Los ataques a la infraestructura petrolera no responden solo a las motivaciones económicas de la insurgencia sino también a objetivos sociopolíticos, publicitarios y tácticos militares. Entre 1986 y lo que va del 2018, Caño Limón Coveñas ha sido atacado 1.490 veces. Entre enero y octubre de 2018, el mismo oleoducto sufrió 76 ataques contra su infraestructura, según datos de Ecopetrol. El último ocurrió en la zona rural de Curabá, Boyacá afectando también los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena del departemento de Arauca. De este modo, superaron los registros de los tres años anteriores: en 2017 hubo 62 ataques, en el 2016, 42, y 15 en el 2015.


En contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) –que ha hecho de la soberanía nacional, la participación popular y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido y significado de su lucha política–, los sectores belicistas, quienes se lucran del negocio de la guerra, incitan al Gobierno para “congelar” la negociación, prolongar la guerra fratricida y hacer “trizas” los acuerdos de paz con las Farc. Para el gobierno de Duque la única negociación viable es la desmovilización de la guerrilla, la entrega de armas y el sometimiento a la justicia institucional. La prolongación del conflicto armado interno tendrá consecuencias nefastas en la geopolítica colombiana y en la industria petrolera.


Los atentados a la infraestructura del petróleo, los bloqueos a las actividades de explotación y los conflictos laborales en las empresas minero-energéticas han llevado a que en 2018 las evaluadoras internacionales vuelvan a considerar a Colombia como un país con alto riesgo petrolero. Un ejemplo es el reporte de Securing America’s Future Energy, emitido el 16 de febrero de 2018, que incluye al país en el mapa de riesgo petrolero. El mapa titulado ”Barriles en riesgo”, indica que las dilatadas conversaciones de paz entre el Gobierno y el Eln, el incumplimiento de la clase dominante con los acuerdos de paz, el rechazo a la explotación petrolera por parte de las comunidades locales y los conflictos patronal-sindicales han conducido a nuevos ataques contra los oleoductos del país, al bloqueo de la producción y a la incertidumbre del futuro minero-energético.


Un futuro no solo en riesgo sino además incierto, pues sin contar con una política soberana para situarse en la arena global, carenciendo de una ley orgánica minero -energética, gestionada democráticamente y sin reservas importantes del hasta ahora vital recurso energético, la dirigencia rentista del país vive de las bondades de las bonanzas prolongadas o pasajeras del petróleo, robándolas y derrochándolas a través de la caja menor y mayor de los gobiernos de turno, sin ahorrar a través de una política estratégica en conocimiento, innovación e industria que le permita trazar para el futuro próximo sendas de soberanía así como abrir ventanas para que ingresen recursos por la aplicación de una política económica sostenible que destaque lo mejor de cada una de los sectores sociales y de las regiones que integran nuestro país.

 


 

La empresa, amenazas y buenos tiempos

 

Ecopetrol S.A. es una compañía transnacional de economía mixta pública por acciones, de carácter comercial constituida en 1948 en Bogotá, casa matriz del grupo empresarial Ecopetrol, dedicada a actividades comerciales o industriales relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos, directamente o por medio de sus empresas subordinadas.


La aprobación del Decreto 1760 de 2003, promovido por la administración Uribe, generó la fractura de Ecopetrol, quedando como otro operador más. En 2006, Uribe también impulsó la aprobación de la Ley 1118 en el Congreso de la República para traspasar parte de la propiedad de Ecopetrol al capital privado. Ahora, el 11.51 por ciento de las acciones de la Empresa se cotizan públicamente en las bolsas de valores de Colombia y Nueva York. El número de acciones en circulación es de 41.116.694.690, el 88.49 por ciento de las cuales le pertenecen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, la mentalidad nacional, la economía y las finanzas públicas se petrolizaron en Colombia, producto del hallazgo de significativos volúmenes de hidrocarburos y el aumento acelerado del precio de los bienes minero-energéticos en el mercado internacional. En 2013 la producción diaria del país alcanzó la cifra de 1.010.000 barriles de petróleo y en 2012 el precio llegó a 112 dólares el barril referencial Brent (gráfico 2).


La participación de Ecopetrol (de manera directa o asociada) pasó de 52 por ciento que registró a principios de la década de 1980 a 80 en los últimos años. Las utilidades anuales se elevaron de 5,3 billones de pesos en 2009 a 15,4 billones en 2011. Esta tendencia alcista en la producción y los precios permitió, de una parte, que la acción se transara en 2.045 pesos en 2007 y cinco años después en 5.410; de otra, el dividendo anual por acción fue de 115 pesos en 2008 y de 300 en 2011 (gráficos 3 y 4).

 


 

1. Al revisar el histórico de la cotización del crudo Brent desde 1987, vemos que alcanzó su precio máximo, USD 132,7, en julio de 2008 y su precio mínimo, USD 9,8, en diciembre de 1998
2. La producción de carbón en Colombia llegó a 90,8 millones de toneladas en 2017; en septiembre de 2018 la producción promedio de crudo aumentó 1,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, pues se produjeron 868.704 barriles de petróleo promedio por día; y la producción comercial de gas fue de 962,5 millones de pies cúbicos por día, lo que significa un crecimiento del 3,6 por ciento en comparación con 2017.

*Economista y filósofo. Consultor, escritor e investigador independiente. Integrante de los Consejo de Redacción de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Jueves, 15 Noviembre 2018 08:02

Por la Universidad que queremos

Escrito por
Domingó, de la serie “Fugitivos del miedo” (Cortesía del autor)

La crisis de la Universidad en Colombia es más que financiera, es, a todas luces, la manifestación de la ausencia de un proyecto nacional que le brinde sentido al qué y para qué formar profesionales en las distintas disciplinas y áreas del saber. Al así ser, y ante la ausencia de una verdadera universidad pública, cada uno trata de formarse, a costa de endeudarse y endeudar a su familia por décadas, como simple recurso para un mejor trabajo y una mejor remuneración.

 

Desde hace 25 años la universidad pública en Colombia sufre una crisis financiera creciente, estructural. Esto en el marco en el que la inmensa mayoría de ellas, tanto buenas como de garaje, son privadas. Sin embargo, en verdad, la desfinanciación de la universidad pública no es una crisis: es tan sólo el síntoma de una enfermedad.


Sostener que tal crisis responde a desfinanciación es cierto, pero apunta en la solución equivocada. Si la solución fuera simplemente financiera, basta un administrador o un economista o un financista para resolver el problema; y claro, un montón de dinero suficiente, o necesario. El problema es bastante más serio. Se trata del problema del futuro en el país.


El hecho de que el Estado (o los gobiernos nacionales) no financien la Universidad pública se traduce en un apoyo a la universidad privada, en una cooptación de la capacidad crítica de profesores y estudiantes, en fin, en el hecho de que para tener futuro, los jóvenes y sus familias deben pagar por él.


Breve marco histórico de 25 años de desfinanciación de la Universidad pública


Si es cierto el dato que la desfinanciación lleva 25 años esto nos remonta al año 1997. Muchas cosas sucedían alrededor de esa época en el país. Políticamente, quizás la más profunda era la consolidación de los grupos paramilitares, la eliminación de toda forma de protesta, la cooptación de la disidencia y el imperio del miedo y de la muerte. Lo cual, claro, se traduce en muertes, amedrantamiento y silencio. De allá a hoy se trata de los gobiernos Pastrana, Uribe I y II, Santos I y II y lo que va corrido de Duque. Gobiernos de derecha y de extrema derecha, dígase lo que se diga.


En ese lapso, asistimos al asesinato de profesores críticos e independientes en los mismos campus universitarios; muchos defensores de Derechos Humanos sufrieron igual suerte, la crítica es suprimida. Al mismo tiempo, los consejos estudiantiles son suprimidos a sangre y fuego, esos que fueron alguna vez los pulmones de la democracia en Colombia. Al mismo tiempo, la Universidad privada no sabe y nunca ha sabido de consejos estudiantiles.


De manera paulatina, acaso subrepticiamente, se impone la administración sobre la academia. Métodos y procesos administrativos presuntamente corresponden a la complejización de la vida universitaria, de tal suerte que, grosso modo, en las universidades públicas se llega a la idea de que una tercera parte del tiempo es para docencia, una tercera parte para investigación y una tercera parte para trabajo administrativo (reuniones, etc.). Mientras tanto, en las universidades privadas se llena a los profesores de docencia, reduciéndoles el tiempo para la investigación, peor, pidiéndoles al mismo tiempo producción intelectual.


Por los resquicios, con el tiempo, se introduce la idea –perversa por gratuita– de los escalafones y las acreditaciones. La casi totalidad de las universidades trabajan para lograr acreditaciones y para entrar en los escalafones del caso. Jamás ha habido una voz pública que cuestione la necesidad o la lógica de los escalafones. En América Latina, la Unam de México constituye un ejemplo de dignidad y soberanía: no se definen por ningún escalafón y no trabajan para los escalafones. Ella misma se acredita por su calidad a sí misma. Un signo evidente de autonomía.


En ese período de 25 años el paramilitarismo opera abierta y subrepticiamente. Por ejemplo, nunca se ha hecho una reflexión pública sobre el hecho de que las tres universidades privadas más prestigiosas de Bogotá lograran un acuerdo de silencio acerca de la existencia de fuerzas paramilitares al interior de ellas. El país ha olvidado, o el miedo ha permeado a las instancias de la sociedad.


(Hay que recordar que S. Mancuso afirmó en una ocasión que todos los gremios habían apoyado al paramilitarismo; ni uno solo se había abstenido de apoyarlos de una forma o de otra. ¿Esto debería incluir a la industria de la educación, notablemente, a la educación privada? El silencio reina y ni una sola voz se escucha públicamente, por ejemplo, al interior de estas tres universidades privadas).


Al cabo, se creó el programa “ser pilo paga” , con la apariencia de favorecer a las poblaciones más desfavorecidas, pero con la finalidad real de beneficiar a la universidad privada, muy ampliamente, por encima de la universidad pública.


En resumen, se ha disociado la vida académica de la vida nacional y la vida política. Así, por ejemplo, la economía perdió en la Universidad el estudio de las relaciones entre economía y sociedad o economía y poder y entró a dominar, muy ampliamente la microeconomía. La sociología desapareció durante mucho tiempo de las universidades, y tan sólo hace poco ha comenzado a ser reivindicada, como carrera y como proyecto de investigación. La política se transformó en ciencia política (policy, policies) potenciando la creencia que la política era sólo un asunto de políticas públicas y de gobernabilidad. La carga emancipatoria de la política fue eliminada. La comunicación social se transformó en el trabajo entorno a los medios masivos de comunicación olvidando formas de periodismo independiente, y la importancia de la comunicación para los procesos sociales. En fin, Derecho perdió su capacidad crítica y terminó concentrándose en mecanismos constitucionales y en la predominancia del derecho privado.


Asimismo, en campos como la administración el paradigma ha llegado a ser el emprendimiento, en la ingeniería la transferencia de tecnología. En medicina predomina el modelo epidemiológico que es eminentemente foráneo y desatiende la cultura, el medioambiente, la economía y la sociología. La arquitectura, por regla general nada sabe o dice acerca de la arquitectura vernácula; sus modelos son los otros, los importados, los eficientistas.


Muchos otros ejemplos y casos podrían mencionarse. El punto es que la crítica, la independencia, la acción colectiva y la autonomía que ponen en el foco de la mirada a las gentes, se diluyó en favor de cuestiones puramente técnicas y políticamente neutras o inocuas.


En las universidades privadas se impuso la administración total, los académicos e investigadores pasaron a convertirse en sucedáneos de cara a los rankings y los escalafones, y la carga política de la ciencia pasó a un segundo plano, primando la docencia, la curricularización de los programas, los métodos administrativos de control y evaluación.


Dicho sin más, los intelectuales en general en el país desaparecieron, y se convirtieron en profesores y asalariados, con lo cual su impronta de independencia y autonomía fue cooptada y silenciada. Los intelectuales de hoy son profesores, pero sobre ellos cuelga la espada de Damocles de la persecución, el silencio y la eliminación.


Jamás habrá que olvidar que el principal asesor teórico de Uribe I escribió: “Los enemigos del Estado son en primer lugar la guerrilla y los auxiliadores de la guerrilla; en segundo lugar las ONGs, en particular las defensoras de derechos humanos; y en tercer lugar los profesores e intelectuales”. Desde aquella época a la fecha, nada ha cambiado oficialmente en el guión oficial.


Globalmente dicho, los profesores no deben pensar: deben producir artículos, libros y ponencias, por ejemplo; y los estudiantes tampoco deben pensar; simplemente deben estudiar para graduarse. El pensamiento ha sido desviado a lugares secundarios porque lo que ha llegado a primar es la productividad y el conocimiento.


La socióloga S. Sassen ha demostrado que el capitalismo corporativo –es decir, ese mismo que les hace creer a las universidades que son “instituciones”– ya no mata físicamente a la gente. Simplemente la deja morir. Y a eso lo denomina Sassen necropolítica. Pues bien, análogamente, el Estado no elimina la educación pública, simplemente la deja pervivir, agónicamente, apenas en el límite. En el marco de estos 25 años la educación pública ha sido desfinanciada: ¿Es casualidad?


Mirando hacia el futuro


El hecho de que buena parte de los estudiantes colombianos, y sus familias, opten por la educación privada a costa de la pública significa por lo menos dos cosas: la gente prefiere pagar por su futuro y comprarlo, al precio que sea, con tal de tener un futuro (posible). Asimismo, el Estado (o los gobiernos) desfinancian la educación pública afectando así seriamente su calidad, porque no cree en el futuro y porque no le ofrecen ningún a los jóvenes. Vivimos un Estado que descree del futuro porque de darse puede ir en contra de sus intereses.


Un futuro que implica que la Universidad pública sea gratuita; efectivamente gratuita. No puede dejarse pasar que los pregrados cuestan hoy y cuestan bastante más que hace 25 años, y los costos de los postgrados, incluidos los doctorados son enormes, para ser universidades públicas. Todo ello como resultado obvio de la sutil pero efectiva infiltración sufrida por la universidad pública de de la privatización –por la puerta de atrás–, realidad sobre la que los propios estudiantes, en las protestas recientes, no parecen decir una sola palabra. Como si pagar por la educación pública estuviera justificado. Un contrasentido a todas luces.


El principal problema de la educación, en E.U., Inglaterra, Chile o Colombia, por ejemplo, es el muy alto endeudamiento que las familias adquieren para que algunos o todos sus miembros puedan estudiar; en los niveles de pregrado o de postgrado. La educación como un derecho fundamental está reducida a letra muerta, pues ese derecho pasa por el endeudamiento a largo plazo, con todo lo que ello implica.


De este modo, el primer punto de la universidad pública que queremos es que debe ser efectivamente gratuita. Y en el peor de los casos, los pagos deben ser correspondientes a un cierto porcentaje en función de la declaración de renta.


Educación que debe garantizar, en primera instancia, calidad, es decir un profesorado con formación de primer nivel la cual es la piedra angular de las universidades (Hay universidades privadas que sostienen lo contrario, que la calidad es la de los estudiantes. Lo que esconde un discurso semejante es que el futuro de las universidades es el número de matrículas, y que los profesores deben subsumirse a la administración). De este modo, el principal esfuerzo consiste en tener un profesorado de la máxima calidad, con las mayores y mejores garantías de docencia y de investigación. Sin ambages: la administración debe estar al servicio de la academia, y no al revés. Un administrativo, cualquiera que sea no debe decirle a un académico lo que debe hacer y lo que no.


Es un proceso formativo que debe estar integrado a una vida universitaria intensa, que desboque el debate, la curiosidad por el conocimiento, la vida y la creación cultural, para vivir la universidad. Contrario a ello, la inmensa mayoría de los estudiantes, si les va bien, entran a una carrera, y salen, al cabo de una carrera. Pero por ello pasaron por la Universidad. Las facultades, carreras, programas y departamentos operan como nichos aislados, al margen de lo que acontece en la vida académica en otras instancias. La Universidad debe poder ofrecerles la Universidad a los estudiantes, y no su carrera.


La interdisciplinariedad debe ser un ambiente y una práctica corriente al interior de la misma. Hoy por hoy está muy lejos de serlo. Particularmente en las dominantes, que son las universidades privadas, la interdisciplinariedad es vista como un asunto subversivo… ¡porque sí lo es! El diálogo de saberes, el diálogo de civilizaciones, la apertura de las ciencias y disciplinas debe ser el motor del conocimiento. Este es aún sueño.


De esta manera, la principal función de la Universidad debe ser la de pensar el país –en el marco del continente, y del mundo, naturalmente. Por tanto, también, necesariamente, en el contexto de la historia. Hay universidades privadas que en sus postgrados sólo incluyen bibliografía en ingles de autores foráneos. Y piensan la antropología, o la ciencia política o la economía con base en autores extranjeros. Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre, decían las viejitas.


Pensar el país significa estudiar e investigar todas las maneras de exaltar y hacer posible la vida, tanto como sea posible. Y absoluta y necesariamente, las universidades deberían tener excelentes bibliotecas, bases de datos, hemerotecas, videotecas, y demás. Acogiendo a lo mejor del conocimiento de la humanidad, sin preferencias ni jerarquías. Pero ante todo, por encima de cualquier otra consideración, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, según el caso, deberían respetar la autonomía universitaria, en toda la línea de la palabra. Queremos y necesitamos universidades autónomas. Con calidad, socialmente responsables, políticamente comprometidas con la sociedad, pero autónomas.


El conocimiento es un problema a largo plazo, como la vida misma. En consecuencia, sin desatender a los avatares de cada día, las universidades deberían poder establecer planes educativos y de investigación a largo plazo; a muy largo plazo. Exactamente en este sentido, los entes gestores del conocimiento deben apoyar absolutamente la investigación básica, sin menospreciar en modo alguno la investigación aplicada y la experimental. En el país, la investigación básica es aún una promesa por cumplir, en todas las escalas y lugares.


La financiación de la educación pública en general debe ser una sola cosa con las políticas sociales; de salud y de vivienda, por ejemplo. Y el presupuesto militar y de defensa debe ser inferior al de educación, y al de ciencia y tecnología. Con un elemento adicional: en Colombia el presupuesto público, desagregado, debe ser público; esto es, conocido, discutido, socializado. Algo que jamás ha sucedido en la historia del país. Esta es una tarea inmediata e inminente de áreas como la economía, la administración, las finanzas, los estudios políticos, notablemente. Debe promoverse la creación de grupos de investigación que hagan de este tema el centro de sus agendas. Al fin y al cabo los presupuestos de la nación son públicos y el Estado y el Gobierno son simplemente gestores del mismo; ese dinero le pertenece a la nación, y la sociedad debe tener total conocimiento del mismo.

 

Experiencias de otras universidades en el mundo

 

Son muchas las experiencias de otras universidades en el mundo, de las cuales las universidades en Colombia y en América Latina deben poder aprender.


Hay universidades de élite mundial que tienen una oficina de retención de profesores. La idea es consentirlos tanto como se pueda porque son objeto de robo por parte de otras universidades. Esto genera políticas de bienestar reales. Es una de las facetas del capitalismo académico.


Un profesor titular en algunos países es un profesor, literalmente, con todos los derechos y sin ninguna obligación. Porque ya se han ganado los derechos correspondientes. Ellos son el motor de la vida académica e investigativa.


Se trata de lecciones desprendidas de algunas de ellas nos indican que aquellas que tienen un hospital universitario deben ofrecerlo totalmente a sus integrantes: administrativos, profesores y estudiantes. Además, naturalmente de ser un hospital para la sociedad y el país. La disociación de políticas administrativas y académicas de un lado, y de salud, por otro, es indeseable y trae consecuencias nefastas.


Otras universidades nos legan la lección que todas deberían poder ofrecer distinto tipos de becas: por rendimiento académico, por historial del estudiante o el profesor, por méritos artísticos o bien también por méritos deportivos. Un sistema semejante sólo puede favorecer a quienes reciben esas becas, a sus núcleos familiares y al conjunto de la sociedad. En el país sigue habiendo una separación fuerte entre conocimiento intelectual y capacidades artísticas y deportivas.


En condiciones de restricciones económicas hay universidades, en una misma ciudad, que logran acuerdos para comprar libros de forma mancomunada, para ofrecerlos a los estudiantes y profesores del conjunto de universidades involucradas. Esto permite combinar eficiencia económica con la adquisición de lo mejor del conocimiento de punta en todas las áreas del conocimiento. Lo contrario es la canibalización recíproca de las universidades y la incapacidad de vivir y de trabajar en términos de redes.

 


 

Recapitulando


La Universidad que queremos es un sueño inacabado e incompleto. Nunca será posible hacer una lista de las necesidades y deseos. Por ello mismo, el tema mismo de la Universidad que queremos debe ser el objeto de discusiones argumentadas.


En cualquier caso, es cierto que el joven piensa con el deseo, mientras que el adulto y el anciano proceden con base en la experiencia y en los datos. La Universidad es el ámbito donde se dirimen distintas generaciones, profesores consagrados con mucho prestigio nacional e internacional, y jóvenes ávidos de nuevos conocimientos y posibilidades. Ninguna parte tiene por sí misma toda la razón. La Universidad es el espacio donde las tensiones generacionales se dirimen en la dirección que apunta a la exaltación y al posibilitamiento de la vida, que son exactamente el posibilitamiento y el respeto al conocimiento.


En Colombia parece predominar una mentalidad de narcotraficante: el camino fácil, el camino corto, la eficiencia y la eficacia, la lealtad ante todo, la incapacidad para decidir por sí mismos. Estos factores se encuentran entre las razones, históricas de la violencia. Y todo ello se caracteriza por una ausencia de respeto al conocimiento. Irrespeto que es, sin dudas, la principal característica de las élites gobernantes en la historia del país, lo que se traduce en la subvaloración de la educación en general, el desfinanciamiento de la universidad pública, en fin, la crisis de la Universidad. Lo demás, son consecuencias de este fenómeno: la corrupción galopante, la inseguridad jurídica, las asimetrías profundas de información en el país, la violación sistemática de los Derechos Humanos, el extractivismo y la violencia contra la naturaleza, por ejemplo.