Martes, 28 Abril 2020 06:19

De la seguridad al coronavirus

De la seguridad al coronavirus

Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos” 

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.

27 abril, 2020

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Qué medidas han venido aplicando frente a la crisis del coronavirus

¿Cómo responden los países al colapso económico?

El parate económico derivado de las restricciones sanitarias representan un gran desafío para los gobiernos, que lanzaron masivamente planes estímulo.

 

Los países industrializados, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, anunciaron en las últimas semanas enormes paquetes de estímulo para evitar el colapso de sus economías. Según un proyecto de la OCDE que actualiza en tiempo real las medidas sanitarias y económicas, los 46 países más importantes en términos de riqueza (que forman parte de la OCDE y/o del G-20) adoptaron medidas de “distanciamiento social” y todos ellos comenzaron a implementar fuertes medidas económicas paliativas.

Una de las particularidades de la crisis económica que se está desatando a partir de la pandemia del coronavirus es que se trata de una situación autoinflingida, ya que es resultado de las medidas de restricción sanitaria adoptadas por los propios gobiernos. Es decir, no se trata de un shock exógeno, como puede ser un terremoto, ni del estallido de los desequilibrios internos del sistema, al estilo crisis de las hipotecas subprime, sino que es el producto de la decisión soberana de los países, de proteger antes que nada la vida de su población y evitar el colapso de los sistemas de salud.

El gobierno argentino anunció el aumento de la asignación universal por hijo y jubilaciones, transferencias directas a monotributistas, congelamiento de cuotas, alquileres y precios, reducción de cargas patronales en sectores especialmente afectados, créditos para recomponer capital de trabajo y Repro para que el Estado afronte el pago de salarios en empresas en crisis, entre otras medidas. Las políticas adoptadas por otros países tienen varios puntos en común: apoyo monetario directo a no asalariados, diferimiento en el pago de impuestos, apoyo crediticio a pymes y en el pago de sueldos para las empresas más afectadas. A continuación, algunos ejemplos:

España

El gobierno español anunció un paquete económico de 200 mil millones de euros, el mayor en la historia democrática del país, equivalente a un 20 por ciento del PIB. “El Estado va a asumir el choque económico”, dijo el presidente, Pedro Sánchez. La mayor parte de ese dinero estará disponible para que las empresas no se queden sin liquidez y puedan continuar pagando los sueldos. Se suspende por seis meses el pago de impuestos para las pymes y para empleados autónomos así como la devolución de los créditos otorgados por el gobierno. También hay prórroga automática de los seguros de desempleo y se prohibieron los despidos.

Italia

Enfrenta la situación sanitaria más dramática. Redujo en 100 euros impuestos para trabajadores que reorganizaran su actividad desde el hogar y para aquellos que no pueden trabajar, el Estado se hace cargo del salario. Se aplicó una suma de 600 euros para la mayoría de los empleados autónomos, artistas y 100 euros para trabajadores asalariados de bajos ingresos. Se suspendieron las condicionalidades para acceder a un ingreso básico estatal y se aplicaron 700 millones de euros para apoyar a las aerolíneas y flexibilidad en el cobro de impuestos para las pymes. Los despidos se suspendieron por dos meses, así como también el pago de hipotecas.

Alemania

El gobierno de la mayor economía europea aprobó un paquete de 122 mil millones de euros. El ministro de Economía alemán, Olaf Scholz, describió el plan como una “gran bazooka” para evitar el colapso de la economía. Los trabajadores autónomos y las pymes de hasta 10 empleados tendrán a disposición un fondo de 50 mil millones de euros para solventar la actividad. La ayuda será de 9 mil a 15 mil euros por tres meses. También hay flexibilización en el pago de impuestos y alquileres. Pero complementariamente hay un fondo de 600 mil millones de euros para asegurar que las grandes empresas exportadoras alemanas no debiliten su posición patrimonial. Alemania está enfrentada con España e Italia porque no quiere que el Banco Central Europeo emita “eurobonos” de salvataje para las economías de región.

Estados Unidos

Republicanos y demócratas acordaron lanzar un paquete económico de 2 billones de dólares, “el más grande en la historia de los Estados Unidos”, según el New York Times. 367 mil millones de dólares se destinarán a que las pymes puedan seguir pagando salarios, mientras que 500 mil millones de dólares serán préstamos garantizados y subvencionados para fondear a empresas grandes. Además, hay fuertes transferencias directas de dinero a los hogares. Las personas recibirán 1200 dólares junto a otros 500 dólares por hijo o hija. El beneficio opera para salarios anuales que están por debajo de los 75 mil dólares. Aumenta el seguro de desempleo en 600 dólares por semana por hasta cuatro meses. Las aerolíneas van a recibir 25 mil millones de dólares en garantías y los hospitales, 117 mil millones, entre otras medidas.

Brasil

A pesar del juego mediático del presidente, Jair Bolsonaro, para encender la chispa de su electorado, al minimizar la magnitud de la pandemia, el gobierno de Brasil anunció medidas para reducir la crisis económica. Se definió la entrega de un bono por el equivalente a 120 dólares a los trabajadores informales y desempleados que no reciban recursos de otros programas. Las empresas pueden pagar la mitad de los sueldos, aunque sin compensación para los trabajadores formales afectados. Flexibilización en el pago de impuestos para las pymes. Se abrió también una línea de crédito de emergencia de unos 8 mil millones de dólares para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos durante los próximos dos meses.

Colombia

Se estableció el pago de un beneficio extra para los programas sociales existentes Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la entrega de una canasta de comida para los hogares más vulnerables y libre acceso al servicio de agua a pesar de deudas impagas. Se refinancian deudas e hipotecas y se pospone el pago del IVA y otros impuestos para el sector turístico y aviación.

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 07:02

Cambio climático: sainete y gran fiasco en Madrid

Cambio climático: sainete y gran fiasco en Madrid

El Acuerdo de París sobre cambio climático fue presentado al mundo en 2015 como un gran logro al finalizar la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención sobre Cambio Climático. Se dijo que por vez primera todos los países del mundo se habían unido en un esfuerzo común por mantener el cambio climático por debajo de los dos grados centígrados respecto de la era preindustrial. Además, se acordó realizar esfuerzos por limitar a 1.5 grados dicho cambio climático. Para lograr lo anterior todos y cada uno de los países miembros definirían de manera voluntaria e independiente sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Formalmente el Acuerdo de París (AP) entró en vigor en noviembre de 2016, al ser ratificado por el número requerido de países. Pero lo que nunca se ha dicho con toda claridad, y los medios no han sabido entender, es que ese acuerdo ya entró en vigor, pero todavía no puede aplicarse. Ya llevamos cuatro años en esta especie de limbo que convierte el AP en un tratado internacional que ya entró en vigor pero no puede aplicarse. La razón es que le falta lo que sería el equivalente a una ley reglamentaria.

Las implicaciones de lo anterior son devastadoras. En los últimos cuatro años, los 192 países miembros del Acuerdo de París han estado ocupados en negociar las reglas precisas de aplicación de ese instrumento. Leyó usted bien: tenemos cuatro años negociando el contenido del “Libro de Reglas” que define los procedimientos para uniformar los informes nacionales sobre reducción de emisiones, las reglas de cooperación financiera, la forma en que un país podrá cumplir sus metas de reducción de emisiones al ayudar a otras naciones a disminuir las suyas y las modalidades que deben regir las transacciones en los mercados de carbono y en los mecanismos de compensación de emisiones, etcétera.

Hace un año concluyó la COP24 en Katowice, Polonia, y se dijo que ya por fin habían concluido las negociaciones para definir el Libro de Reglas. Pero nuevamente el mendaz lenguaje diplomático sirvió de cortina de humo. Resulta que las reglas para la implementación de uno de los más importantes componentes del Acuerdo de París, definido en su artículo sexto, quedaron sin ser definidas y la tarea se dejó para la COP25. Y ésta tampoco pudo llegar a un acuerdo sobre ese artículo.

¿Qué dice este famoso artículo? Se trata de uno de los más importantes y contenciosos del Acuerdo de París. Es un texto breve que abre las puertas para que un país que haya rebasado sus metas o compromisos nacionales (voluntarios y definidos de manera independiente) pueda vender su excedente de emisiones a una nación que no ha podido cumplir con sus metas. Esos objetivos pueden estar relacionados con diferentes tipos de proyectos, como reducciones de emisiones, expansión de fuentes renovables o plantaciones forestales.

El artículo sexto también abre la puerta a la creación de un nuevo mercado de carbono internacional para intercambiar reducciones de emisiones en cualquier parte del mundo por los sectores públicos y privados. Al igual que el caso anterior, esas disminuciones pueden provenir de múltiples tipos de proyectos.

El principal problema es que estos mecanismos de mercado facilitan que las cosas sigan como están y no han servido para frenar las emisiones. El mercado de carbono más desarrollado es el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, y ese régimen ha estado en crisis desde hace años. Apenas este 2019 comenzó a repuntar el precio de la tonelada de carbono (equivalente), pero múltiples problemas de origen no han facilitado su funcionamiento.

Mantener el statu quo es muy mala opción en estos momentos. Ya sabemos que los compromisos nacionales no alcanzan para el objetivo inicial del acuerdo, y cuando se hacen cuentas se observa que colocan al mundo en la trayectoria de tres grados centígrados, lo cual tiene implicaciones de dimensiones catastróficas y constituye una amenaza existencial para la humanidad.

Antes y durante la COP 25 muchas organizaciones y algunos países habían esperado que los grandes emisores de GEI anunciarían que estaban redoblando esfuerzos para reducir dichas emisiones. Esas notificaciones nunca llegaron y es claro que Estados Unidos (que ha denunciado el AP, pero todavía tuvo derecho a participar en esta COP), Brasil, China, Australia y Arabia Saudita encabezaron el grupo de países que, francamente, no escatimaron recursos para sabotear los esfuerzos de la COP 25.

¿Cuál es el balance? Cuatro años después de cumplido el Acuerdo de París, las emisiones de GEI siguen aumentando. Tenemos ya un cuarto de siglo discutiendo y negociando un verdadero régimen regulatorio para enfrentar la amenaza del cambio climático. Este esfuerzo no ha fructificado y no parece que las cosas vayan a cambiar pronto. La COP 25 recuerda la época de los sainetes que frecuentemente hacían reír al público en los teatros madrileños, porque terminaban en un grandioso fiasco. Sólo que esta vez el fiasco se traducirá en tragedia.

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Sin acuerdo global para frenar la crisis climática

Ni siquiera la prórroga de casi dos días que solicitó la ministra del gobierno de Chile, Carolina Smith, que ejercía la presidencia del cónclave, permitió que se llegara a un acuerdo sobre el cierre de la cumbre.

La Cumbre del Clima COP25 finalizó con una declaración de intenciones que pretende ocultar su fracaso, y el desacuerdo profundo entre diversos países sobre cómo abordar la emergencia climática. Ni siquiera la prórroga de casi dos días que solicitó la ministra del gobierno de Chile, Carolina Smith, que ejercía la presidencia del cónclave, permitió que se llegara a un acuerdo sobre el cierre de la cumbre.

El documento final solo “anima” a los países a presentar planes más ambiciosos para frenar el calentamiento global durante el año 2020, como una forma de llegar a la próxima COP26 de Glasgow con algún avance en relación a este 2019. La principal razón de la falta de acuerdo ha sido la negativa de una serie de países para comprometerse a presentar programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque, también, la conducción de los funcionarios chilenos, ha sido blanco de numerosas críticas.

84 países han acordado a presentar programas con políticas más agresivas para reducir el cambio climático. Sin embargo, entre ellos no figuran Estados Unidos, China, India y Rusia, que generan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. La contracara de ese rechazo, la encabezó la Unión Europea que, además de aceptar el reto, presentó días atrás un Green New Deal para transformar al continente europeo en el primer espacio con una economía descarbonizada. En el fondo de este enfrentamiento se encuentra el argumento de determinadas naciones que rechazan aplicar ciertas regulaciones climática porque, aseguran, afectaría sus planes de desarrollo económico.

“La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar mayor ambición”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres sobre el final de la cumbre. El funcionario portugués no ocultó su decepción aunque desde el primer día había mostrado preocupación por las divergencias que existían con algunos países para abordar la crisis climática. 

La predisposición del gobierno español, como accidentado receptor de la COP25, y la presión social liderada por la activista Greta Thunberg, habían traído cierto optimismo sobre un posible acuerdo para reducir el calentamiento global. Sin embargo, la joven sueca regresó este sábado a su casa, mientras la ministra Smith solicitaba una prórroga ante el inminente fracaso de la reunión.

En efecto, las últimas 24 horas de negociaciones se produjeron bajo el liderazgo de la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por propia iniciativa de la funcionaria del gobierno chileno. Esta semana, la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, había declarado que la presidencia chilena estaba “fracasando” en el trabajo de proteger la “integridad del Acuerdo de París y no permitir que la codicia y el cinismo” lo destruyeran.

Uno de los puntos más intrincados de las negociaciones ha sido el artículo 6 del Acuerdo de París sobre el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, que debería entrar en vigor en 2020. El acuerdo se ha encallado en la regulación de ese sistema, a través del cuçales países y empresas pueden adquirir créditos a otras naciones en el caso de que excedieran el límite de gases que se hubieran fijado.

Con este panorama, las expectativas de lograr una reducción del calentamiento global para los próximos años se han disuelto, y todo apunta a que se llegará a la COP26 de Glasgow con un nuevo récord de temperaturas, superior al 1,1 grados centígrados por encima del periodo preindustrial que registró Naciones Unidas para el año que se acaba.

El único dato positivo de la COP25 Chile-Madrid ha sido la movilización social que protagonizaron los jóvenes. Al margen de lo que pueda acordarse (o no) a nivel global, las nuevas generaciones advirtieron en Madrid que su acción en la calle seguirá adelante con el objetivo de presionar a los gobierno nacionales. A su vez, el corrimiento que se planteó Thunberg para desactivar la presión política y mediática que sufría, ha puesto en escena a un centenar de jóvenes de diversos países con conocimiento y voluntad suficiente para no dejar la emergencia climática en manos de los negacionistas y de las grandes empresas

Por Agustín Fontenla

Desde Madrid

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"Si hay una COP25 quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado"

Entrevista al ecologista Antonio Elio Brailovsky

 

Por Mario Hernández

 

M.H.: El próximo 2 de diciembre se reúne la COP 25 en Madrid, han tenido que cambiar el escenario por la situación política que se vive en Chile, particularmente en Santiago de Chile. ¿Qué expectativas podemos tener de esta reunión?

E.B.: Ninguna. El sólo hecho de que haya una reunión número 25 para discutir los problemas del clima, quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado en llegar a un acuerdo que funcione. Siempre prometen algo y luego no lo cumplen. De modo que tenemos 24 ejemplos de fracaso de Cumbres del clima en las que dijeron un montón de cosas y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no veo razones para pensar que esta vez sea diferente.

M.H.: Más de 11.000 científicos de todo el mundo han suscrito un manifiesto en el que declaran la emergencia climática y plantean 6 medidas urgentes para hacerle frente.

E.B.: El problema es que a ningún político le preocupa qué va a pasar con el mundo cuando termine su mandato. Le preocupa lo que pase durante su mandato. De modo que hablarle a alguien del 2040 o 2050 cuando están pensando en cómo terminan el 2019 y cómo comienzan el 2020, esto es ciencia ficción. Es como si les hablaran del año 25.000.

El sistema político y económico están diseñados para pensar en el muy corto plazo y no en el largo, y esto requiere hacer cambios profundos rápido, que se van a ver dentro de un tiempo mediano, en varias décadas y en realidad ni siquiera se van a ver, porque si las cosas se hacen bien lo que vamos a ver es que no empeora.

¿Qué político renuncia a juntar dólares para que dentro de 20 años la situación no empeore? Teniendo en cuenta además que las grandes empresas que contaminan y alteran el clima son las que han pagado todas las campañas electorales del mundo, las de los que yo voto y las de unos cuantos oyentes que votan distinto.

Esto es parte del mundo real. No tenemos sistemas políticos pensados para diseñar el largo plazo y somos víctimas de eso. Más allá de que uno tenga grandes simpatías por algunos líderes y grandes enojos con otros. Son nuestros sistemas políticos.

M.H.: Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer los seres humanos?

E.B.: Reclamar y reclamar todos los días. No hay otra. No olvidarse de esto. Ocuparse del clima tiene un costo económico. Es mucho más fácil seguir quemando petróleo y seguir contaminando el clima. Darle importancia al clima tiene un costo político, gobierne el que gobierne. Gobiernen los que nos caen simpáticos o los otros, pero nos encuentran ante lo mismo. Si no hay fuerte presión de la ciudadanía van a seguir recibiendo presiones muy fuertes de las empresas que contaminan.

M.H.: En los últimos 20 años la cantidad de agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de nuestro país aumentó en más de un 1.000 % pasando los 500 millones de litros anuales. La resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el cambio climático se hace sentir. La desforestación y la pérdida de biodiversidad son incesantes, todo inherente y consecuencia del modelo agrícola químico dependiente inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos de turno. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad?  

Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología  

E.B.: Yo creo que Argentina tiene un gran sistema científico, agronómico inclusive, que empezó con Manuel Belgrano hace dos siglos, para plantear tecnologías agrarias limpias. Esto de que los que estén trabajando con tecnologías agrarias limpias sean gente de buena onda, la que quiere hacer lo mejor para el país, etc.

Tenemos un sistema agronómico en el INTA y en un montón de Facultades de Agronomía, que hasta ahora tienen prácticamente prohibido trabajar en agro ecología. Necesitamos poner nuestro sistema científico en función de proyectos de agroecología. Desde la ciencia, no solamente desde la buena voluntad de nuestros amigos con huertas orgánicas, sino desde la ciencia para plantear un cambio en el sistema productivo. Estamos sosteniendo un sistema científico de excelencia que está en gran medida desperdiciado aumentando las dosis de plaguicidas de Monsanto.

M.H.: Me llamó la atención que el CONICET encontró atrazina y endosulfán, dos pesticidas sintéticos cuyo uso y comercialización está prohibido en el país desde 2011, en el aire de la Antártida. ¿Cómo es esto posible?

E.B.: La atmósfera es una sola, de modo que la circulación atmosférica lleva todo a todas partes, hacen 20 o 30 años habían encontrado plaguicidas de tipo DDT en la sangre de los esquimales, los indígenas del Polo Norte. En este momento estamos aprendiendo que no hay nada que quede lejos. El mundo, la atmosfera, la circulación de contaminantes por el aire y por el mar es uno solo, sigue los patrones de las corrientes. Vamos a encontrar plaguicidas en todas partes. Están en mi sangre y en la suya y están cada vez que vamos al inodoro en la orina de todos.

En algún momento necesitamos políticas responsables para ir eliminando los venenos que no benefician a nadie, porque durante 10.000 años se produjo y cultivó comida sin venenos y pudimos alimentar a la humanidad. Ahora que tenemos científicos de envergadura usemos ese conocimiento para alimentar a la gente sin envenenarla.

M.H.: Hemos hablado muchas veces del tema de la absorción del monte nativo, de la lluvia, un dato del INTA de Marcos Juárez: “El monte nativo absorbe por hora 300 ml de agua de lluvia y un cultivo de soja transgénica fumigado e impermeabilizado solo 30ml por hora.

E.B.: Los servicios ambientales que presta el monte nativo son de regulación hídrica, son de recibir el agua de lluvia, alimentar las napas, de evitar que los grandes torrentes lleguen a los ríos. Lo que pasa es que el que destruye un bosque tiene un beneficio económico inmediato. Tala el bosque, siembra soja, la vende y tiene la plata en el Banco. No es inmediato ni individualizado el daño a la sociedad, entonces es mucho más difícil que la gente perciba que le han hecho daño porque talaron unos árboles que estaban a muchos kilómetros y que las personas nunca vieron, es necesario un conocimiento mucho más amplio. Por algo nuestro sistema educativo es tan débil en materia de educación ambiental, para permitir que sigan ocurriendo estos abusos.

Rebelión

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El tratado internacional para controlar a las multinacionales, cada vez más lejos

Esta semana tiene lugar en Ginebra la quinta sesión del grupo de la ONU encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Pero en el texto que se discute apenas queda nada del espíritu y la ambición con que nació este proceso hace cinco años.

El lunes 14 de octubre dio comienzo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la quinta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como viene ocurriendo todos los años por estas fechas desde que en 2014 se aprobó la resolución del Consejo de Derechos Humanos que instaba a los países a avanzar en esta línea, durante toda esa semana está volviendo a ponerse en el centro de la agenda internacional la necesidad de contar con mecanismos de control para frenar la impunidad con que operan las grandes corporaciones en su expansión global. Las posibilidades de que este proceso en la ONU concluya con la creación de nuevas normas vinculantes que puedan poner mínimamente en riesgo los beneficios empresariales, sin embargo, son cada vez más remotas.

Ya el año pasado se presentó el primer borrador de lo que será el futuro tratado. En aquella versión inicial del texto había al menos seis elementos fundamentales que resultaban cuestionables y se alejaban de las demandas expresadas por las organizaciones sociales implicadas en el proceso. A saber: no se trataba de un instrumento jurídico específico para las empresas transnacionales; únicamente establecía obligaciones para los Estados; no incorporaba mecanismos efectivos para el cumplimiento de la legalidad internacional; dejaba de lado la responsabilidad solidaria de las multinacionales en las cadenas de valor globales; no tenía en cuenta la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; no incluía instancias ni órganos de control y seguimiento.

En la segunda versión del texto del tratado, que ha sido presentada este año y está siendo la base de los debates en Ginebra esta semana, se profundiza aún más en esa misma línea. Así, lejos de incorporar las exigencias de una mayor regulación para evitar que se desdibujen las responsabilidades legales de las transnacionales en la esfera global, se sigue dejando en manos de los Estados las posibilidades de controlar a estas empresas. Por decirlo con un titular: el tratado está más cerca de convertirse en una versión remozada de los Principios Rectores —de los que, recordando su preámbulo, “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”— que de servir para avanzar en la creación de normas internacionales que sitúen los derechos humanos por encima de la lex mercatoria.

Poco queda ya del espíritu y la ambición con que nació la resolución 26/9 hace cinco años. Ni siquiera el que siempre fue el objetivo fundamental de un tratado de este tipo: que fuera útil para caracterizar los crímenes económicos y ecológicos cometidos por las empresas transnacionales y sirviera para cubrir el hueco que existe en el derecho internacional respecto a su regulación. En esta involución del proceso en Naciones Unidas han tenido mucho que ver las presiones de los lobbies empresariales y los cambios en la correlación de fuerzas a escala mundial. Los giros tanto del gobierno de Ecuador, que al principio asumió un fuerte liderazgo del proceso pero luego fue suavizando su posición, como de la Unión Europea, que de boicotear la primera sesión del grupo de trabajo en 2015 pasó a mostrar en la apertura de la sesión de ayer su buena disposición por el rumbo que está tomando el tratado, así lo atestiguan.

Frente a la arquitectura de la impunidad…

A la vez que en los organismos internacionales se va perfeccionando la retórica sobre “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, continúa fortaleciéndose la arquitectura jurídica de la impunidad. Los contratos y los negocios empresariales se blindan a través del complejo entramado normativo que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales y los Estados que las apoyan, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales y de la propia democracia. El proceso del tratado en la ONU, al fin y al cabo, no se desmarca de la realidad actual de los derechos humanos en todo el planeta.

El telón de fondo es que estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se están exacerbando. Así continúa reforzándose un modelo donde las grandes empresas continúan ampliando su poder, poniendo en cuestión la propia democracia liberal-representativa y llegando a constituirse como un gobierno de facto. El resultado es la progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

Se agudiza, de este modo, la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que las aplican con una eficacia absoluta. Mientras, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación y la pasividad de los gobiernos ante el incumplimiento de los pactos y tratados internacionales.

En este contexto se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. Primero, se desregulan en base a la explotación generalizada de personas y los procesos de privatización. Segundo, se expropian siguiendo la lógica de acumulación por desposesión. Y tercero, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica. En ese contexto, resultan prescindibles quienes no participen de la sociedad de consumo o no aporten valorización al proceso de reproducción del capital.

Las instituciones globales y la mayoría de los Estados no solo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos. La feudalización de las relaciones económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura institucional de las democracias representativas. Por eso, si se quiere hablar en serio de derechos humanos, de Ecuador a Rojava pasando por el Mediterráneo, hay que ajustar los discursos vacíos a los contextos donde esos derechos se subordinan a los intereses del capital transnacional.

Mientras el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal ha ido perfeccionándose a favor de las empresas transnacionales, se ha ido abandonando la posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones socioecológicas en manos de los acuerdos voluntarios. En estos momentos, a raíz de la nueva oleada de tratados comerciales y de inversión, resurge la idea de incluir la “responsabilidad social” —rebautizada en la agenda internacional como los “objetivos de desarrollo sostenible”— como un elemento corrector de esta asimetría normativa.

Dos décadas después de que se lanzara el paradigma de la “empresa responsable” como un supuesto salto adelante en el modelo de relaciones entre las multinacionales y el conjunto de la sociedad, queda claro que la RSC nunca tuvo la intención de ser un instrumento eficaz para controlar a las grandes corporaciones. La “responsabilidad social”, además de servir para el lavado de cara empresarial, se ha constituido como una fórmula de soft law que se ampara teóricamente en la “ética de los negocios” pero que, en la práctica, apenas remite sus obligaciones a la publicación de sus memorias anuales.

De ahí la necesidad de introducir modificaciones en las legislaciones nacionales. Pero también, y sobre todo, de avanzar en regulaciones internacionales capaces de abarcar toda la complejidad de los grandes conglomerados económicos, con criterios que trasciendan el marco estatal, rompan la aparente separación entre matriz y filiales, y amparen el “levantamiento del velo corporativo”. La cuestión es que los Estados carecen de instrumentos políticos y normativos para poder controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales, ya que las reglas internacionales de comercio e inversión —y la fuerza con la que los Estados centrales las hacen cumplir— construyen una armadura jurídica muy difícil de romper solamente desde el ámbito estatal.

…Regulación y confrontación

En la coyuntura actual del capitalismo global, cualquier intento de regulación de los mecanismos de extracción y apropiación de riqueza que protagonizan las grandes corporaciones puede convertirse en una medida de carácter radical, al atacar directamente al núcleo del beneficio empresarial. De hecho, la mera sugerencia de que puedan introducirse modificaciones legislativas en materia laboral o fiscal suele hacer saltar las alarmas de las patronales y los lobbies empresariales, que enarbolan la bandera de la “seguridad jurídica” para defender sus contratos e intereses privados.

En caso de verse afectadas por medidas regulatorias que perjudicasen sus intereses, no hay duda de que las grandes corporaciones presionarán con todos los instrumentos jurídico-económicos a su alcance para tratar de echarlas atrás. Pero el núcleo de esta disputa no se encuentra en una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política; en otras palabras, en la capacidad para poder sostener ese tipo de reformas con una fuerte movilización social y apoyo popular. Lo que parece claro es que el Derecho oficial, al ser parte de la estructura hegemónica de dominación, únicamente podrá convertirse en un vehículo contrahegemónico si se subordina a la acción política.

El proceso seguido en la ONU no es ajeno a este contexto. Poco a poco, el tratado va convirtiéndose en un documento irreconocible en relación a los debates y a las propuestas formuladas entre 2015 y 2018 por juristas, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas. En el texto apenas queda nada sobre la empresa transnacional como sujeto de obligaciones en derecho internacional, sobre las normas de comercio e inversión, el rol que juegan las instituciones económico-financieras internacionales, la posibilidad de crear una corte mundial sobre empresas y derechos humanos, etc. En este marco, una estrategia de incidencia política solamente sostenida en la presión a embajadas y gobiernos no va a poder arrancar un tratado internacional para controlar de manera efectiva a las multinacionales.

Formalmente, el proceso continúa. Pero con este documento como base de la negociación entre los países, en la que inevitablemente se van a ir rebajando todavía más los postulados del texto, aunque finalmente llegara a aprobarse el tratado tampoco serviría de mucho. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar desmovilización social.

Sirva el declive del proceso hacia una normativa internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, en torno al cual se han articulado cientos de ONG y organizaciones sociales de todo el mundo, para reflexionar sobre las estrategias a seguir; para no perderse en procesos largos y burocráticos, no generar falsas expectativas y, a la vez, fortalecer la capacidad de denuncia, movilización e incidencia. En este tipo de negociaciones institucionales resulta cuestionable el consejo habitual del “realismo”. La concepción de “altura de miras” de los movimientos sociales y las comunidades afectadas es diferente a la que pueden tener los gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales. El pragmatismo del que estas últimas hacen gala se basa en una negociación asimétrica que suele terminar en resultados vacíos y poco precisos.

En un escenario que se torna cada vez más adverso, se trata de evitar que la acción social y política de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos de los organismos nacionales e internacionales. La apuesta, más que por centrar todas las fuerzas en el terreno institucional, pasaría por seguir potenciando lógicas contrahegemónicas a nivel local, regional y global. Estas alianzas locales y globales, sin abandonar aquellas instancias de regulación en las que haya posibilidades de lograr importantes modificaciones normativas, resultan fundamentales para construir modelos alternativos capaces de desmantelar a las transnacionales y formular propuestas económicas de largo alcance.

Guiar la actividad social, política y económica con valores contrahegemónicos sustentados en el ecofeminismo, la propiedad colectiva, la democracia y la autogestión supone confrontar de raíz las prácticas promovidas por las empresas transnacionales. Y es que, además de separar el ámbito del mercado y el de las instituciones públicas, se trata de construir —más allá del sistema estatal— sistemas económicos, de cooperación y de nueva institucionalidad que sean capaces de autodinamizarse, autoconstruirse y autoorganizarse. Frente a la eliminación institucional de derechos, una articulación internacionalista que rechace a los Estados como única fuente de derecho y que reivindique el papel protagonista de organizaciones, movimientos y comunidades en la creación de las condiciones que garanticen una vida digna y en paz con el planeta a las mayorías sociales presentes y futuras.

Por Pedro Ramiro, Erika González, Juan Hernández Zubizarreta

El Salto

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Snowden: Estado y democracia en tiempos de big data

Ante seguidores y detractores Snowden se presenta con un héroe de la clase trabajadora que se inscribe en una larga tradición de “whistleblowers” o arrepentidos estadounidenses que datan de la guerra de Independencia. 

 

Acaba de salir “Vigilancia Permanente” la autobiografía de Edward Snowden, el espía más famoso del mundo. Y aunque no deja de ser muy interesante lo que dice, tanto o más es lo que elige callar. Porque hay que ponerse en su situación. Está asilado en Rusia y ha sido funcional a Rusia al haber revelado secretos valiosos de su rival geoestratégico, Estados Unidos, el país donde nació y para el cual ejerció de espía.  Por ambas razones es percibido como un colaborador ruso, y por lo tanto un traidor, por una amplia franja de la opinión pública estadounidense.

Pero ante a sus fieles seguidores, sobre todo los activistas en defensa de las libertades civiles, la privacidad, los derechos humanos y la libertad en la web, y especialmente ante sus detractores, empezando por los servicios de inteligencia estadounidenses y los congresistas que integran los comités de inteligencia en el Capitolio, Snowden se presenta con un héroe de la clase trabajadora que se inscribe en una larga tradición de “whistleblowers” o arrepentidos estadounidenses que datan de la guerra de Independencia. Un ciudadano común, miembro de la “comunidad de inteligencia” como la llama él, igual que su papá y su mamá. Típica familia que vive en un suburbio de Washington cerca de alguna base militar, y que puede tener como vecino a un Marine, un contratista de Blackwater o un agente del FBI.  Alguien que un día decidió revelar cómo funcionan los programas secretos de vigilancia masiva al tener una especie de epifanía después de releer la constitución. Ahí se da cuenta que dichos programas violan la Cuarta Enmienda, la que prohíbe realizar registros e incautaciones sin causa previa. “(La NSA) insistía en que el ‘registro’ y la `incautación’ sólo se producían cuando sus analistas, no sus algoritmos, hacían consultas activas en lo que ya se había recopilado de forma automática,” escribe Snowden, para quien “se trata de una interpretación extremista ( y por lo tanto errónea) de la cuarta Enmienda.”  Entonces siente que es su "deber" convertirse en denunciante porque al entrar a los servcios había jurado defender la constitución.

El libro arranca con un par de capítulos sobre su juventud,  donde deja en claro su fascinación por las computadoras y por la sensación de libertad y excitación que sintió al ver a su padre experimentar con la Commodore 64 en los albores de internet. Después cuenta cómo, a pesar de ser un pésimo alumno en la secundaria sus conocimientos de computación la abrieron de par en par las puertas de los organismos de inteligencia más importantes del país. Después, a medida que diseñaba programas para facilitar el intercambio de archivos y evitar duplicaciones, fue ganando acceso a los más preciados secretos del mundo del espionaje internacional. En medio del cuento Snowden entrelaza varias reflexiones sobre los peligros de la vigilancia masiva, las consecuencias negativas que puede acarrear el de dejarse espiar con dicha tecnología, los dilemas éticos, las razones (o más bien los temores) que habrían llevado a sus colegas a no realizar denuncias como la suya.

A continuación llega un capítulo en el que cuenta cómo sacó la información del búnker de la Agencia de Seguridad Nacional en Hawaii engañando a los guardias con chamuyo y microchips. Es la parte más divertida de libro y se lee como una novela de espionaje. Lo mismo que el viaje a Rusia y su encuentro con los espías de ese país. Un mano a mano inolvidable en el que Snowden mira a su rival en la cara y le espeta que se olvide de intentarlo, que él nunca va a colaborar con Rusia.

Verdad y consecuencia

Y después, de repente, casi como que se termina el libro. Nada sobre el criterio para elegir la información que divulgó. Específicamente, por qué, además de los documentos sobre vigilancia masiva, también divulgó documentos sobre espionaje a países aliados como Brasil y Alemania. No lo explica. No dice cuántos ni cuáles documentos filtró. Ni hablar de los documentos sobre cómo Estados Unidos espía celulares chinos que le entregara al South China Morning Post poco antes de salir Hong Kong. De todo eso ni una palabra. Ni vamos a encontrar en el libro las críticas a Trump y Putin que Snowden periódicamente tuitea o menciona en reportajes.

Tampoco hay ni una línea sobre las consecuencias geopolíticas de sus actos. Y no es que no lo pensó. En un momento escribe que eligió Hong Kong para divulgar sus documentos, entre otras razones, porque “en términos geopolíticos era lo más parecido que podía estar de una tierra de nadie.” En realidad, si pensó que desde el punto de vista de cómo sería percibida su delación, el estadounidense medio haría una clara distinción entre Hong Kong y China, entonces sobreestimó a su audiencia. Para el estadounidense medio, Snowden es un tipo que contó secretos estadounidenses en China y después corrió a refugiarse en Rusia. El propio Snowden parece no entenderlo cuando escribe que Estados Unidos, al cancelarle el pasaporte en pleno viaje a Ecuador para obligarlo a asilarse en Rusia, le entregó en bandeja “una victoria propagandística” a ese país. Al revés, la victoria propagandística fue para Estados Unidos, ya que le permitió pintar a Snowden con el mote de villano prorruso que lo persigue hasta hoy, limitando su efectividad como profeta de la privacidad acechada. 

Es interesante que por este clima desfavorable hacia él, que cerca de Snowden atribuyen con demasiado énfasis a la retórica de Trump, el propio Snowden eligió casi no publicitar su autobiografía en ese país, eligiendo casi exclusivamente a periodistas de medios europeos, sobre todo alemanes, para los reportajes promocionales. “Ya no quiero hablar con los medios de comunicación de Estados Unidos porque allí el ambiente está envenenado” le dijo a dos periodistas de Die Welt que lo visitaron en Moscú. Y sin embargo hoy el libro encabeza la lista de lo más vendidos gracias al empujón que le diera el propio gobierno de Trump al anunciar que le embargaría sus regalías porque Snowden habría violado acuerdos de confidencialidad con agencias de inteligencia. 

Snowden escribe que los programas de vigilancia masiva son secretos porque, si se conocieran, los estadounidenses no los tolerarían. Pero eso está por verse. En Estados Unidos, y en todo el mundo, el debate entre seguridad, privacidad y sus límites está lejos de estar saldado, aunque del 9-11 a esta parte la balanza parece inclinarse para e lado de la seguridad.

Se entiende la postura de Snowden de no profundizar ciertos temas espinosos. Está en Rusia. Su permiso de residencia expira en el 2020 y no tiene ofertas para radicarse en ningún otro país. Si quiere ser creíble en Estados Unidos, necesita criticar un poquito a Putin, pero si lo critica demasiado corre el riesgo de que lo entreguen a Estados Unidos, donde casi seguro sería condenado por espionaje. Tampoco puede criticar mucho a Trump desde Rusia porque los patriotas no critican a sus presidentes desde territorio enemigo. Con periodistas europeos puede hablar del poder de Jeff Bezos, de la legislación europea de internet y de cómo la propiedad intelectual se ha convertido en un instrumento de control social. Puede hablar de su situación en el exilio, describiéndose como un ciudadano global virtual que vive online y que no importa en qué país mira su pantalla. Puede describirse como un benefactor que trabaja por el bien de la humanidad en sistemas de seguridad que facilitan la tarea de los periodistas de investigación. En otras palabras, puede hablar como un técnico apolítico, un cruzado romántico contra la vigilancia masiva. En su libro, Snowden dice que uno de los mejores consejos que le dio su mujer Lindsay, es que no comparta sus ideas político-partidarias, porque podrían alienar a un segmento de su audiencia, ya que la vigilancia masiva y la consecuente pérdida de privacidad es un problema tanto para demócratas como republicanos.

En un punto tiene razón, pero la política no se puede evitar y ése es su problema. Para ganar la batalla cultural necesita hablar de política, sobre todo porque sus ideas políticas son las que lo llevaron a hacer lo que hizo. Al revelar secretos sensibles de Estados Unidos causó un terremoto. Sobre todo en esta era de guerras de información, en la que las bases de datos han reemplazado a los recursos naturales como los grandes objetivos en las pujas de poder entre potencias, un tiempo en el que el poder blando y la digitalización de drones y virus han convertido a los ejércitos tradicionales en reliquias inútiles y caras. En este escenario Snowden debilitó la capacidad de espionaje de Estados Unidos en favor de sus rivales Rusia y China. ¿Acaso Rusia y China no hacen uso y abuso de la vigilancia masiva de sus ciudadanos? 

Sin embargo, Snowden dice en su libro que denunció a los servicios estadounidenses porque era su “deber” constitucional.  Agrega que hay “secretos legítimos que no iba a darles a los periodistas” para no perjudicar a su país. De hecho Snowden nunca reveló secretos de Rusia, Ucrania, Afganistán, Irak, Cuba o Pakistán, por sólo nombrar alguno de los países donde actúan los enemigos reales o percibidos de Estados Unidos . Hay una ética en juego, un voto de lealtad hacia un país y un sistema de gobierno que incluye “secretos legítimos” que Snowden asegura no haber violado.  Por el contrario, él siente que su acto de delación se inscribe dentro de las más añejas y respetadas tradiciones estadounidenses: la del justiciero que hace cumplir la ley. Y dice además que le entregó sus secretos a medios tradicionales como The Guardian y The Washington Post (en vez de publicaciones más cuestionadas como WikiLeaks) porque conforman “la cuarta rama de facto del gobierno estadounidense, protegida por la Carta de Derechos”. Toda una definición política. En "Vigilancia Permanente" Snowden defiende no sólo el orden constitucional, sino también a las instituciones y los enunciados de la democracia republicana liberal como la división de poderes, la legitimidad de los servicios de inteligencia y el imperio de la ley. Habla de reformar el sistema, de imponerle controles y medidas de transparencia. Pero no lo cuestiona ni quiere abolirlo.

En contraste, Julian Assange en su libro “Los archivos de WikiLeaks” (2016) describe a Estados Unidos como un “imperio” y a sus servicios de inteligencia como un “culto”. Es por eso que para Snowden, Assange mostraba “una oposición visceral al poder central” y WikiLeaks, “un escepticismo radical ante el poder central.” Snowden no es Assange, eso está claro. Snowden cree en Estados Unidos y sueña con volver a Estados Unidos como hombre libre y respetado, sueña con reintegrarse a la vida cívica de su país. En su libro, Snowden se compara con los veteranos de guerra por el costo que pagó para cumplir con su deber. En cambio Assange cree que el sistema está podrido, que los grandes medios son parte de ese sistema y que solo queda resistir y luchar contra el orden tecnocapitalista resultante de la alianza parida entre el complejo militar industrial y Silicon Valley. Todo está relacionado y todo es político, desafía Assange.

Aislado en Rusia, atrapado entre su reformismo y la revolución que desató, entre su patriotismo y su deber ser, entre su silencio forzado y su necesidad de decir algo, su libro se lee como un intento de darle un sentido al acto que definió su vida y lo marcó, héroe o villano, como el espía más famoso del mundo. Gracias a esa acción y a este libro es que podemos hacernos tantas preguntas que él, por ahora, no puede o no quiere contestar.

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Lunes, 23 Septiembre 2019 06:42

El clima

El clima

En su libro sobre religión y filosofía política, Mark Lilla considera la relación del ser humano con la naturaleza.

Señala: “Cuando un ser humano se hace consciente de sí mismo, descubre que está en un mundo que no es de su hechura, pero del cual forma parte. Advierte que está sometido a las mismas leyes físicas que afectan a los objetos inanimados de ese mundo; como las plantas, requiere de nutrientes y se reproduce; y como los animales, vive con otros, construye refugios, lucha y siente. Esta persona puede notar sus diferencias con respecto a todos estos objetos y criaturas, pero también reconocerá lo que comparte con ellos. No observa el mundo desde fuera, como un objeto externo de contemplación, lo mira desde dentro y ve que es dependiente de él. Entonces puede ocurrírsele el pensamiento de que, si puede llegar a entenderse a sí mismo, necesitará entender el todo del cual es una parte. (M. Lilla, The Stillborn God, Vintage Books, NY, 2008).

El mundo no es un objeto externo a nosotros, este asunto me parece clave para identificar los problemas sociales que definen la relación de los humanos con el medio ambiente: con la miríada de especies con la que se comparte el mundo, así como con los recursos y procesos complejos que sostienen la vida misma. Es una relación que se hace crecientemente conflictiva y tiende a una tensión extrema.

Gran parte del discurso político, de las pautas productivas y de consumo, de la apropiación de los recursos y las formas en las que se distribuyen entre la población indican, empero, que la naturaleza se concibe como algo externo a nosotros como individuos y como sociedad, con la cual se tiene una relación cada vez más complicada. Esto mismo se advierte en las formas de expresión comunes para referirse a la naturaleza.

Podemos concordar con Lilla en su perspectiva, pero hay que admitir abiertamente que muchos no conciben así la situación; entonces, se esconde la complejidad del sistema que soporta la existencia.

Como seres humanos tenemos en esto una enorme responsabilidad. La naturaleza no debería ser un entorno sobre el cual ejercemos un dominio omnipotente, sustentado en la noción de que somos entes superiores y no sólo capaces de someter y encauzar el uso de los recursos disponibles para satisfacer nuestros fines, cueste lo que cueste, sino que tenemos el derecho y hasta estamos destinados a hacerlo.

Esta noción del progreso basado en el agotamiento y la sobrexplotación de los recursos, con consecuencias graves como son el calentamiento global y la acumulación de desechos, muchos de ellos no degradables, está en el centro del modo de producción vigente y de las formas de ejercicio del poder; también es una expresión cultural predominante.

Esto es lo que ha entendido Greta Thunberg, con una gran intuición como premisa indispensable. Se ha erigido como un símbolo de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias perniciosas. Ha logrado movilizar a la gente, especialmente a los jóvenes por decenas de millares en muchas partes del mundo.

Pero no hay modo de creer que los líderes políticos en general, así como los grandes productores y los consu-midores más ricos que usan losrecursos naturales y las fuentes de energía predominantes tengan una convicción clara sobre lo que dice Greta y lo que claman los jóvenes que la siguen.

El negacionismo del deterioro ambiental y sus consecuencias negativas, que según los científicos avanzan sin cortapisas y generan cambios climáticos que pueden ser ya irreversibles, es una postura expuesta con rabia por los sectores más conservadores.

Políticamente es notable lo dicho hace unos días por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien preside la Cumbre 2019 Acción Climática, lo dijo con todas sus letras apelando a los líderes que asistirán a la reunión: "Vengan con compromisos concretos, no con discursos adornados".

Hay un espacio conflictivo que parece definir el momento actual en torno al cambio climático, entre los discursos y las contradicciones políticas exhibidas en el Acuerdo de París, el cual estableció un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C.

En este ámbito, China representa 27.2 por ciento del total de emisiones de CO₂, Estados Unidos 14.6, le siguen en los cinco primeros lugares: India, 6.8; Rusia, 4.7 y Japón, 3.3 por ciento. Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en junio de 2017 con el argumento de que debilita la economía de su país y la pone en una permanente desventaja. Se anunció que irá a la ONU el día que inicia la cumbre, pero para asistir a una reunión sobre la libertad religiosa. Más desaire es imposible.

Las acciones para enfrentar el cambio climático, así como la acumulación de desechos, requiere de compromisos de los individuos y de las empresas; sin embargo, es decisiva la acción concertada de los gobiernos y forjar también el activismo social, y que ambos promuevan un cambio categórico, pero, sobre todo, oportuno para enfrentar la crisis ambiental.

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La cumbre de Nueva York arranca con una crisis climática agravada tras años de promesas incumplidas por los Estados

La ONU exige un empujón a los Estados ante la evidencia de que los planes comprometidos no frenan el cambio climático: "Estamos peor que en 2015"

Las intervenciones están supeditadas a concretar acciones, y los documentos preparatorios repiten la necesidad de medidas, inversiones reales y compromisos creíbles para reducir las emisiones de CO2

La cumbre comienza con estas certezas: el periodo 2014-2019 está siendo el más cálido registrado, las emisiones de gas alcanzaron su máximo en 2018 y la crisis climática es el principal motor de migración

 

Unas horas en la sede de la ONU en Nueva York bastan para comprobar si los países han atendido a la acumulación de evidencias sobre la aceleración de los efectos de la crisis climática. La cumbre de este lunes está pensada para "incrementar la ambición" de los Estados en la lucha contra el calentamiento global. Sus planes para contener el calentamiento de la Tierra (los INDC) comprometidos hasta ahora se quedan tan cortos que aseguran un aumento de la temperatura global de 3ºC a final de siglo. El Acuerdo de París marcaba un objetivo mínimo de 2ºC y un ideal de 1,5ºC.

El encuentro de alto nivel en Nueva York espera que se presenten planes mejorados que tienen que estar concretados para 2020 (así lo marca el Acuerdo de París). También está puesto el foco en los Estados con "emisiones considerables" para que adopten nuevos objetivos más ambiciosos.

La razón de la cumbre: estamos peor

"La situación [en 2019] está mucho peor que cuando se alcanzó el Acuerdo de París en 2015", ha explicado el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Peor porque en 2018 se registró el máximo histórico de emisiones de CO2 y se bate curso a curso la concentración de este gas de efecto invernadero acumulado en la atmósfera. Peor porque se suceden los años más cálidos medidos en el planeta. "La tendencia de la temperatura a largo plazo es mucho más importante que el ranking de un año concreto. Y esa tendencia es al alza", ha aclarado el director de la Organización Meteorológica Mundial Petteri Taalas. Los 20 años más cálidos registrados se han dado en los últimos 22 años.

Y peor porque los eventos meteorológicos extremos ya se han convertido en el principal motor de las migraciones mundiales. Siete millones de desplazados en lo que va de año por huracanes, inundaciones o sequías exacerbadas por el cambio climático.

Los planes no dan para arreglarlo

Con todo, de los planes hasta ahora remitidos por los países del G20 (que abarca el 66% de la población mundial y el 85% del PIB global) solo el de India está en la senda para contener el calentamiento en 1,5ºC, según el análisis del consorcio científico Climate Action Tracker. De hecho, EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Turquía (que acumulan casi un cuarto de las emisiones mundiales de CO2) manejan planes "críticamente insuficientes". Los compromisos de Argentina, Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suráfrica, Corea del Sur resultaron "altamente insuficientes". Brasil o la Unión Europea también tienen programas "insuficientes" para el objetivo del 1,5ºC, según este análisis.

Antes de que arranque la cumbre, este es el panorama: la ONU ha explicado que, actualmente, 14 naciones que representan el 26% de las emisiones, "no tienen intención de revisar sus planes". 71 están dubitativos y otros 112 (el 53% de las emisiones mundiales) "sí tienen la intención de revisar". Muchos son los Estados más vulnerables ante el cambio climático, aclaran. Actualizar no implica automáticamente hacerlos más ambiciosos. Sin embargo, la ONU no ha detallado qué Estados concretos están en cada grupo.

Una secuencia de anuncios ¿concretos?

Los documentos que han ido preparando la cumbre destilan la idea de que el convocante intenta agitar a los Estados. Se repiten términos como "objetivos claros y tangibles", "compromisos concretos", "medidas concretas", "inversiones reales"… Esta sesión, en principio, intenta huir de las intervenciones políticas vacías.

Para tomar la palabra hay que llevar bajo el brazo acciones concretas. Y gran parte del asunto gira en torno a dejar de lanzar grandes cantidades gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay unas 60 intervenciones previstas. Con esta dinámica, lo esperable es que se vayan desgranando objetivos o medidas reforzadas, pero no un documento único o una declaración conjunta. La cumbre de Nueva York no es un foro de discusión o negociación. El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto intervenir al haber España coordinado los trabajos sobre calidad del aire, género y transición justa.

"Quiero oír cómo vamos a detener el incremento de emisiones", ha avisado el secretario general en un tono apremiante. Porque, lejos de avanzar en la reducción, en 2018 aumentó la cantidad de CO2 liberado alcanzando su máximo histórico tres años después de cerrar el Acuerdo de París.

Entre las fórmulas propuestas están: desengancharse del carbón para producir electricidad. Aumentar las infraestructuras de energías renovables. Sumar fondos desde el mundo rico al empobrecido para que puedan mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin recurrir a energías sucias o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. "Los gestos políticos deberán estar respaldados por compromisos", sentencia uno de los programas de trabajo que han manejado las delegaciones en las semanas previas al encuentro.

España, a cargo de aire limpio, justicia climática y género

España ha coordinado los trabajos sobre calidad del aire, transición justa y género para esta cumbre de Nueva York. El compromiso que se presenta a la Asamblea es el de conseguir un aire saludable en 2030. Supone, entre otras cosas, adoptar los criterios sobre niveles de polución admisibles de la Organización Mundial de la Salud, más restrictivos que los de, por ejemplo, la UE. España está ahora mismo camino del Tribunal Europeo de Justicia porque Madrid y Barcelona incumplen estos límites europeos que son más permisivos que los de la OMS. 

El documento elaborado por España compromete a los países firmantes a proteger a los trabajadores que se vean más afectados por la transición hacia un modelo de energías más limpias: centrales térmicas, factorías de vehículos, industrias intensivas... Este aspecto saltó a la palestra con fuerza con las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia cuya chispa fue un impuesto a los carburantes. 

Además, se subraya la necesidad de refuerzo en el liderazgo de las mujeres a la hora de la lucha contra el cambio climático y la inclusión de la perspectiva de género en los planes que aborden la crisis del clima: incorporar el ecofeminismo a la acción directa y concreta para frenar el calentamiento acelerado de la temperatura del planeta.

Por Raúl Rejón

22/09/2019 - 21:05h

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Concentración industrial y poder de mercado

Hasta la década de los años 1970 los estudios sobre organización industrial cubrían temas como la concentración y el poder de mercado, los canales de competencia, escalas de producción, integración vertical y horizontal, las empresas multiproducto y sus economías de alcance. Quizás faltaba en el paisaje el vínculo con el sistema financiero, pero por lo menos el poder que viene asociado a la concentración industrial era una parte clave de la preocupación de los economistas. Pero en los años de 1970 ese tipo de estudios se fue eclipsando y en la investigación sólo quedó espacio para los estudios que glorificaban las virtudes del libre mercado. La nomenclatura misma de "organización industrial" se fue utilizando cada vez más para referirse a un campo de estudios que mostraban que los principales postulados de la teoría neoclásica seguían siendo válidos.

Hoy, las cosas están cambiando. Muchos economistas se han dado cuenta de que no pueden tapar el sol de la evidencia con el frágil dedo de la teoría neoclásica. Los estudios sobre estructuras y dinámicas industriales toman nuevos bríos y muestran, sin lugar a dudas, que ha incrementado la concentración industrial y que el poder de mercado de las empresas dominantes también ha crecido. Las fuerzas que explican este aumento de la concentración industrial son variadas y muchas tienen que ver con fenómenos bien conocidos en la historia del capitalismo industrial. (Por cierto, la concentración industrial es un fenómeno que se presenta también, y con gran intensidad, en los servicios: la terminología de ‘concentración industrial’ no es la mejor).

Pero muchos organismos vinculados con el mundo de la política económica se resisten a encarar la realidad. El informe sobre la economía mundial de este año del Fondo Monetario Internacional dedica un capítulo al tema de la concentración y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Desgraciadamente, el FMI encuentra que el incremento de la concentración es moderado, lo que no concuerda con la mayoría de las investigaciones en el mundo académico. Además, para el FMI las fuerzas que explican la concentración industrial tienen más que ver con el buen desempeño de algunas corporaciones y menos con fenómenos perversos como la construcción de barreras a la entrada o con el mundo de las prácticas desleales en el comercio. Para el FMI la introducción de tecnologías de la información ha sido un fuerte estímulo para el aumento de la concentración industrial. Según el organismo, ese resultado se encuentra respaldado por un interesante estudio de Mordecai Kurz, de la Universidad de Stanford. Sin embargo, esa investigación presenta un cuadro más alarmante de lo que quiere reconocer la lectura del FMI. Finalmente, a pesar de dedicarle un capítulo en su informe sobre la economía del planeta, el FMI encuentra que el aumento de la concentración industrial ha tenido un efecto "modesto" a escala macroeconómica.

La realidad contrasta con el informe del FMI. La vinculación malsana con fuentes de crédito, así como la fusión y la adquisición de empresas para incrementar sus economías de escala y de las llamadas economías de alcance, son dos procesos típicos que promueven la concentración y no son precisamente buenos para la salud macroeconómica. Ambos están relacionados con el poderío del sector financiero y contribuyen a cambiar el modus operandi de las grandes corporaciones que terminan por privilegiar las ganancias de muy corto plazo, abandonar los proyectos de largo aliento y, por supuesto, sacrificando el medio ambiente. Las oleadas de fusiones y adquisiciones de los años anteriores a la crisis de 2008 son claro testimonio de esto.

Lo más importante en este tema es que la concentración industrial está íntimamente vinculada con la creciente desigualdad y con el desempeño de la economía mundial. La evidencia de numerosos estudios revela que las grandes corporaciones utilizan su poder de mercado para manipular precios, incrementar sus márgenes de ganancias sobre los costos y para imponer menores salarios y prestaciones en mercados laborales cada vez más fragmentados. El golpe a las clases trabajadoras es una exacción doble que pasa por los precios y los salarios.

Otros instrumentos que han contribuido a incrementar la concentración industrial incluyen la larga duración de las patentes y los contratos de licencias que involucran todo tipo de restricciones para los licenciatarios. El cambio en la legislación que permitió ampliar la duración de las patentes refleja el poder que han tenido las grandes corporaciones para moldear la agenda del Poder Legislativo.

La interpretación de las leyes antimonopolio se ha ido debilitando desde hace mucho. Algunos casos connotados, en los que se involucran unas pocas corporaciones gigantes, no deben engañar: las leyes antimonopolio son, en la actualidad, una caricatura de lo que fueron hace cuatro décadas. Todo esto sirve para recordar que, en su evolución, el capitalismo va modificando la estructura del Estado.

Twitter: @anadaloficial

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