Viernes, 06 Diciembre 2019 06:15

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Incluye el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú

Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el Presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

 

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro privatiza tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

El Parque de los Lençois Maranhenses tiene unas 160.000 hectáreas. Se caracteriza por las interminables dunas que a mediados de año, en la transición de las lluvias a la temporada seca, se llenan de agua dulce formando unas piscinas naturales. Es visitado por más de 100.000 visitantes al año. El Parque de Jericoacoara, de 8.850 hectáreas, tiene unas inmensas playas de aguas cálidas que cada año reciben a miles de turistas extranjeros. Se encuentra rodeado por extensas dunas de arena fina y blanca. Recibe cerca de 150 mil visitantes anualmente.

El Gobierno de Brasil lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones. Con estas medidas busca generar ingresos para las arcas del estado y reequilibrar las cuentas públicas del país. Brasil intentará "vender todo" para lograr este objetivo, expresó el Ministro de Economía, Paulo Guedes. No obstante, admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de llevar a cabo que lo previsto. Hasta ahora lograron ingresos por unos 100.000 millones de reales (23.810 millones de dólares), según informó Guedes. El Ministro señaló que están estudiando un proyecto de privatización para generar otros 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares), aunque evitó dar detalles del mismo. En la actualidad Brasil recibe un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y espera poder duplicar esa cifra en 2022.

Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Durante los incendios en la Amazonia culpó a grupos ecologistas de haberlos incitado. En otras oportunidades se expresó a favor de la explotación comercial de tierras indígenas y áreas protegidas.


Opinión

 

Así es la política ambiental de Bolsonaro

 Por Eric Nepomuceno

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles – quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia – determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

Publicado enMedio Ambiente
El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

Publicado enMedio Ambiente
Hidroeléctrica de Itaipú: invasión militar, acuerdo secreto y traición a la patria entre Brasil y Paraguay

Itaipú, la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, es, desde hace más de medio siglo, foco de reclamaciones constantes entre Paraguay y Brasil, que en los acuerdos originales compartían a partes iguales la soberanía 

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se salva in extremis del juicio político por un escándalo que tiene que ver con una renegociación secreta y desigual del acuerdo con Brasil sobre la central

Paraguay había aceptado aumentar la compra de energía más cara y reducir la compra de la potencia más barata para beneficiar a Brasil

 

Muy poco ha faltado para que el Parlamento paraguayo invocase el artículo 225 de la Constitución Federal, ese que describe los procedimientos de juicio político a los dirigentes del Estado. El delito: traición a la patria. Los acusados: el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Todo por un acta bilateral secreta entre Paraguay y Brasil relacionada con la contratación de potencia de la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, de soberanía compartida.

Una comisión bicameral de investigación está interrogando a todos los implicados. Este martes 27 de agosto ha pasado por allí Hugo Saguier Caballero, hasta hace unos días embajador de Paraguay en Brasil, y una de las primeras bajas colaterales del tumulto, cuando lo secreto se hizo público. Saguier fue el que firmó el acta en representación de Paraguay. El acuerdo obligaba a Paraguay a comprar más potencia de la energía más cara y así generar un excedente de la más barata del que se podrían aprovechar las empresas brasileñas.

Antecedentes históricos de un tratado desigual 

Itaipú, en el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay, supuso, en los años sesenta y setenta, la materialización de un proyecto mastodóntico nacido de la necesidad brasileña y de una invasión militar previa. Paraguay arrastraba todavía las heridas de las guerras del pasado, fatídicas para ellos, y el fantasma del dominio brasileño amenazaba con regresar y perpetuarse, sobre todo con el golpe de Estado de 1964 y el inicio del régimen militar. El general Stroessner ya gobernaba Paraguay.

La creciente demanda energética de Brasil requería medidas drásticas. Puerto Renato fue el origen de la actual contienda. Con el objetivo estratégico de controlar los denominados Saltos del Guairá, en el río Paraná, las Fuerzas Armadas brasileñas enviaron un destacamento a un territorio aún en disputa diplomática, no definido, o definido ambiguamente, por los tratados internacionales. Allí construiría Brasil la solución a su necesidad energética. La intervención de Estados Unidos, en cambio, propició el acuerdo de 1973 para que la hidroeléctrica, finalmente ubicada en la zona de Itaipú, en el mismo río Paraná, naciera como un proyecto compartido.

Las evidentes diferencias entre ambos países y la forma violenta de encajar la solución originaria generaron un documento desigual. Por decreto ambas naciones son dueñas del 50% de la potencia garantizada –energía más cara, pero cuya cantidad puede conocerse de antemano y es fija– y del 50% de la no garantizada –más barata porque depende de incrementos que provocan factores externos–. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la energía (más del 90%) viaja rumbo a Brasil, debido a la mayor demanda. Paraguay –mediante la Administración Nacional de Electricidad paraguaya, ANDE– le vende su excedente a la estatal brasileña Electrobras, pero no a precio de mercado, sino a uno mucho menor, con las consiguientes pérdidas para Paraguay.

Por otra parte, Brasil señala que Paraguay, aprovechándose de la preferencia que le otorga un acta firmada en 2007, divide sus compras entre potencia garantizada y potencia no garantizada para ahorrarse gastos. Brasil, en el acta secreta que ha desatado la polémica, presiona para que Paraguay aumente los niveles de compra de potencia garantizada hasta 2022, fijando previamente los valores (y reduzca los de la potencia no garantizada). Esto supondría, según ANDE, un gasto extra a Paraguay de 250 millones de dólares cada año por aprovechar su propia energía.

Presión, irresponsabilidades, dimisiones

Ante una modificación tan sustancial del Tratado de Itaipú todo ha apuntado hacia el presidente paraguayo y su vicepresidente. Acorralados, Abdo Benítez y Velázquez han desviado las culpas hacia su ministro de Exteriores, Luis Castiglioni –que ya no está en el cargo–, y este a su vez hacia el mencionado exembajador de Paraguay en Brasil. Los dirigentes de la ANDE fueron testigos también de la presencia en las reuniones de un consultor independiente que decía representar al vicepresidente. Irresponsabilidades en cadena que desembocaron en dimisiones grupales de altos cargos.

Pedro Ferreira, que dimitió como presidente de ANDE, no se cansa de repetir que avisó al presidente Abdo Benítez, al vicepresidente, al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil, de que el documento del acuerdo era nocivo para los intereses paraguayos y no se debería firmar. El aumento de costes y de tarifas para Paraguay y el encorsetamiento eran notorios. Recomendaba además añadir un punto en el que Paraguay pudiera vender libremente la potencia sobrante a precios de mercado. El punto jamás fue incluido en el acta. Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.

El equipo diplomático brasileño en las negociaciones estuvo capitaneado por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales en las Américas. Sus movimientos resultaron implacables. "Estaban presentes la delegación de Brasil y la delegación de Paraguay, y se me hace muy difícil entender que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo el respeto, eso no es un problema de Brasil", se puede escuchar desde la parte brasileña en una de las últimas conversaciones filtradas, ante las excusas de los técnicos paraguayos, que decían no haber visto nunca antes el acta definitiva.

El acta bilateral, por petición expresa del Ejecutivo paraguayo a Jair Bolsonaro, quedó anulada. Un favor impagable. Pero la lista de favores pendientes de Abdo Benítez no termina ahí. Su futuro político ha pendido de un hilo durante semanas debido a la falta de apoyo de una de las vertientes del Partido Colorado, precisamente la que controla el expresidente Horacio Cartes, el 'Honor Colorado'. Los votos de esa mitad de su propia agrupación le hubieran empujado sin freno hacia el juicio político, para satisfacción de la oposición. En el último momento, sin embargo, Cartes le ha levantado la condena. Ahora nadie duda que esa inestimable ayuda le pasará factura a Abdo Benítez, quedando los tres años que restan de legislatura a expensas del exmandatario, que maneja el poder entre bambalinas.

Las calles tardarán algo más en perdonar a Abdo Benítez. La población no admite lo que considera toda una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación.

Por Víctor David López

27/08/2019 - 22:02h

Publicado enInternacional
El oro, fuente de pobreza, engaño, especulación y lujuria

Mientras los bancos centrales del mundo incrementan sus reservas en oro, en los países productores, miles de familias mineras están expuestas a insalubridad, enfermedades, inseguridad y violencia. Al otro extremo, en los Emiratos Árabes Unidos, la lujuria por consumir postres bañados en oro está a la orden del día por miles de dólares.

 

La percepción de riesgos geopolíticos ha provocado que en 2018 varios bancos centrales en el mundo incrementaran sus reservas de oro en 657 toneladas. Estas compras fueron un 74% superiores a las de 2017 y se estima que la demanda va al alza.

Según la ONU, cada año se extraen en el mundo más de 2.700 toneladas de oro. El 20%, que corresponde a más de 500 toneladas, es producido por mineros artesanales y en pequeña escala, la mayoría de ellos en países en desarrollo, que trabajan en condiciones duras, sin la protección de las regulaciones de la industria en materia de pago, salud o seguridad.

Según la misma fuente, a nivel global, en las minas de oro trabajan unos 15 millones de personas usando agentes químicos peligrosos, entre ellas 4,5 millones de mujeres y más de 600.000 niños.

La minería en Latinoamérica es una actividad importante desde la época del saqueo colonial español. Pero en los últimos años se ha expandido, tanto por el incremento de los precios internacionales como por la búsqueda de un medio de subsistencia por parte de miles de familias.

Sumergidos en el agua durante horas o, a cientos de metros bajo tierra, sin protección alguna, los mineros buscan el preciado metal con desesperación, arriesgando su salud y la vida con la esperanza de encontrar la veta que les saque de la miseria.

Contrabando, descontrol y estadísticas dudosas

El Banco Central de Ecuador por ejemplo, informa que si se compara el volumen de la producción de oro con el de exportación, hay una gran diferencia entre esas dos variables, las exportaciones superan ampliamente la producción registrada.

Esto se explica principalmente por el hecho que la pequeña minería y artesanal está al margen del control gubernamental, así como también por los elevados niveles de contrabando.

En Bolivia, la situación en la extracción del oro aluvial es preocupante para el Gobierno, toda vez que las empresas mineras auríferas operan sin cumplir con la legislación minera, no cuentan con concesiones o contratos de arrendamiento con el Estado, y sus condiciones de operación no cumplen normas básicas de explotación, de contratación de mano de obra y mucho menos de responsabilidad ambiental.

Desde Perú se informa que "el PBI minero es casi todo ilegal, no hay aportes a los ingresos del Estado, sino a altas mafias mundiales y, por ende, al fomento del terrorismo y de la delincuencia".

Ni hablar del impacto ambiental que generan estas explotaciones, que afecta a otras actividades, especialmente agropecuarias.

Estos son apenas unos ejemplos de una situación que se repite en los muchos de los países latinoamericanos mineros.

La pobreza, un círculo vicioso

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los datos del 2018 revelan la persistencia de importantes déficits de trabajo decente.

Se estima que más del 53% de la población empleada en Latinoamérica y el Caribe permanece en el empleo informal y de baja calidad. Las tasas de informalidad son cercanas al 80% en varios países de ingresos medios bajos y ronda el 50% en países de ingresos medios altos y altos.

Por lo tanto, no es sorprendente ver que en América Latina y el Caribe, los países con las tasas más altas de informalidad también son los que informan la mayor incidencia de "pobreza multidimensional", entendida como un índice que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida.

Mientras que algunas Instituciones internacionales y Gobiernos se jactan de sus porcentajes de crecimiento del PIB, según la OIT no se espera que el fuerte repunte del crecimiento económico conduzca automáticamente a mejoras proporcionales en el mercado laboral en América Latina y el Caribe.

Según el nuevo informe de Naciones Unidas, sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019, el hambre está creciendo en América Latina y el Caribe, y en 2018 llegó a afectar a 42,5 millones de personas, el 6,5% de la población regional.

El mismo informe indica que el 80% de los países en los que el hambre aumentó son países con economías muy dependientes de productos básicos primarios, como minerales, menas, metales, combustibles, materias primas agrícolas y alimentos para la exportación y la importación.

La FAO advierte que, "dadas estas cifras y las tendencias observadas durante el último decenio, lograr el objetivo del hambre cero para 2030 parece un desafío cada vez más abrumador".

Postres, aparatos electrónicos y especuladores

Pero el mundo sigue girando, y no precisamente a favor de los trabajadores mineros auríferos, que como otros millones llamados trabajadores informales, no tienen esperanza de vivir mejor que sus padres y sus hijos tampoco tienen un futuro promisorio.

Mientras unos dejan sus pulmones en las minas, otros se alimentan de postres bañados en oro, como el Frrrozen Haute Chocolate, que tiene un precio de 25.000 dólares y contiene cinco gramos de oro comestible de 24 quilates y cuya receta incluye 14 de los cacaos más raros y caros del mundo, procedentes de África y Sudamérica.

Para evitar críticas o sanciones, las multinacionales anuncian "productos ecológicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma ética y humana".

Pero esto no sería plenamente cierto, pues en el caso de Apple, Canon, Nokia y más de 500 empresas las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se diseñaron teniendo en cuenta a los pequeños mineros, no a las multinacionales, que en algunos casos tienen un historial de abusos a los derechos humanos y daños ambientales.

Al otro lado del tablero aurífero mundial, los inversores han optado por comprar lingotes de oro en lugar de los bonos para protegerse de cualquier crisis que pueda sufrir el mercado bursátil estadounidense. Este sería un factor importante del incremento de la demanda del metal.

¿Quién fabrica y custodia los lingotes?

Son pocas las empresas en el mundo que fabrican barras de oro "con las máximas exigencias de calidad". Los suizos, por ejemplo, dominan la fabricación de lingotes de oro de bancos en Europa y Oriente Medio.

Es bastante habitual que los bancos centrales solo custodien una parte de sus reservas de oro, mientras que el resto se encuentran en otras instalaciones de otros países (habitualmente Londres o Nueva York).

Tal es el caso de Venezuela, cuyas reservas de oro se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra, que ahora se niega a devolverle, siguiendo instrucciones del Gobierno de EEUU.

De ese modo, al típico estilo de los cowboys o los piratas, pero sin máscara, se despoja a países de su riqueza.

Son los intermediarios, los países importadores del metal precioso, las empresas que producen lingotes de oro, los fabricantes de joyas y postres bañados de oro comestible, los especuladores financieros y los bancos que custodian las reservas de oro, al final, los que siempre ganan. 

Esta parece ser la maldición del oro, que arrasa consigo a la pobreza y la inseguridad a miles de familias en los países de latinoamericanos, cuyos Gobiernos no pueden encontrar aún fórmulas adecuadas para formalizar la actividad, hacerla menos riesgosa y menos contaminante.

 

04:03 01.08.2019(actualizada a las 06:45 01.08.2019) URL corto

Publicado enMedio Ambiente
El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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Sí se puede: mujeres derrotan la minería a gran escala

El proyecto minero Río Blanco, en la provincia de Azuay, sur de Ecuador, de la empresa china Ecuagoldmining, lleva un año paralizado por la resistencia comunitaria y, muy en particular, por la acción de las mujeres.

La comunidad de Río Blanco pertenece a la parroquia de Molleturo, a una hora de la ciudad de Cuenca, en el Parque Nacional Cajas, un ecosistema de páramo donde se multiplican los nacimientos de agua y se contabilizan casi 300 lagunas.

La mina fue concedida por el gobierno de Rafael Correa que la consideraba parte de cinco proyectos estratégicos para el país. En este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata, con una producción estimada de 240 mil toneladas de mineral al año. La vida útil está calculada en once años. Entró en funcionamiento en 2016 en un acto presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glas, hoy preso por corrupción.

La empresa viene provocando enfrentamientos entre y dentro de las comunidades mediante la compra de líderes, la utilización de seguridad privada que genera violencia y cuenta con protección policial y militar. Desde agosto de 2017 se registra una fuerte movilización de las comunidades de la zona de Rio Blanco, con acampes de comuneros a la entrada al campamento minero.

El 8 de mayo de 2018, los comuneros organizados quemaron gran parte del campamento de la mina, instalaciones y maquinaria incluidas, aplicando una decisión de decenas de comunidades de la zona. Instalaron un puesto de control que impide el acceso de las volquetas y de todo personal de la empresa permitiendo el tránsito solo para los pobladores de esta zona. La justicia aceptó una demanda de las comunidades y paralizó el proyecto.

En la ronda donde la comunidad San Pedro de Yumate va explicando su historia de resistencia, a casi 3.000 metros en tierras húmedas semi-tropicales, las mujeres son las más activas. Desde mamá Laureana, partera de 74 años que asistió más de 200 nacimientos, hasta jóvenes como Yoana, de 20, que carga a su pequeña que quiere integrarse a la ronda.

“Ya no confiamos en los hombres”, dice una de las comuneras. Explica que cuando las comunidades de Kimsacocha, la otra gran resistencia en la provincia, organizaron un referendo para decidir sobre el proyecto Loma Larga, el 86% se pronunciaron en contra. Se votaba en mesas de varones y de mujeres. Las primeras lucían raleadas y el voto contrario osciló entre el 50 y el 60% de las papeletas. En las mesas de mujeres, se registraron índices negativos que superaron holgadamente el 80%. Ellos sueñan con trabajo. Ellas con preservar la vida.

Algo similar sucede en la ronda que se va formando en torno al fogón. De los 30 integrantes, casi 20 son mujeres. Ellas se afanan moldeando la masa, armando empanadas y dorándolas en aceite hirviendo, mientras otras cocinan agua de hierbas. En una esquina de la ronda, los varones hablamos, explicamos, analizamos y en ocasiones decimos lo que debe hacerse. Ellas ni nos miran, sólo hacen lo importante, dejando el parloteo a los varones.

Uno de los mayores de la comunidad reconoce: “Nosotros vamos atrasito de ellas, nomás”. Ellas son las “pachamamas”, como se nombra a las integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, creado hace más de una década con mujeres de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo (a la que pertenece Yumate), y también de la ciudad de Cuenca.

Ellas son la punta de lanza de la lucha en defensa del agua. Uno de los “analistas” que nos juntamos en una esquina, explica quenla lucha de estas mujeres comenzó en realidad hace 23 años y las más activas, el núcleo del combate, son las comadronas, porque conjugan autoridad simbólica y saberes ancestrales.

En este campamento, debajo de los plásticos negros que protegen de la humedad y la lluvia, un joven de sombrero rojo y nombre Paul explica que en dos meses comenzará a funcionar el “colegio autónomo Río Blanco”, con docentes voluntarios, porque “las empresas utilizan las escuelas para adoctrinamiento minero”. Asegura que la autonomía es el camino, que lo aprendió en un lugar lejano de nombre Chiapas, donde se dirigió luego de escuchar, durante noches heladas, el mensaje de las lagunas del páramo de Cajas.

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Miércoles, 19 Junio 2019 06:29

Un café que no haga sangrar a la Tierra

Un café que no haga sangrar a la Tierra

El impacto ambiental de la producción de café industrial se está convirtiendo en una amenaza para los ecosistemas debido al uso de fertilizantes y a la tala masiva de árboles. De seguir así, el 50% de las superficies útiles para este cultivo no serán fértiles dentro de 30 años

 

 

El día se presta duro. Has dormido poco y la jornada, como de costumbre, se va a hacer larga. Una ducha y un café. Te despiertas un poco y partes para el trabajo. A media mañana, para darte un impulso, te pasas por el bar del lado del curro: "Póngame un café". Después de comer, para bajar los garbanzos, un cortado. Café, café, café, café y más café. La rutina de los países occidentales parece articularse en torno a esta sustancia, que vertebra el contenido de los desayunos y las sobremesas, y une a dos amigos que se ponen al día después de años sin verse los rostros. El consumo de esta bebida estimulante se traduce en más de 500 millones de tazas servidas a la semana en los bares y cafeterías de España. Esta cifra responde a la demanda de más de 22 millones de personas asiduas al consumo de café en nuestro país, según las cifras del informe Café: La historia de un éxito que esconde una crisis.

Sin embargo, este gusto por el café se inscribe en los ritmos vitales que impiden la reflexión y que, en definitiva, obstaculizan el conocimiento de los métodos de producción que hay detrás de los millones de posos marrones que se venden a diario en Europa. Desde hace tiempo el café se ha convertido en un producto de alta demanda, lo cual ha desembocado en un sistema de agricultura de monocultivo que amenaza a las cualidades biofísicas de la tierra. Este tipo de plantaciones intensivas –que se extienden principalmente en Latinoamérica y África– tienen unas repercusiones ambientales importantes, ligadas a la tala masiva de vegetación y al uso de fertilizantes químicos que pueden contaminar los acuíferos de la zona. Tanto es así, que, de seguir a este ritmo, el 50% de las superficies de cultivo no serán fértiles dentro de treinta años, según el último estudio realizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

"Encontramos dos tipos de plantaciones. Por un lado el café en sombra, que es el que se suele producir de manera extensiva, y el café de monocultivo que implica la deforestación completa de bosques", explica el doctor en ecología Luis Rico, que ejerce como coordinador de Ecologistas en Acción. Este último es el modelo imperante que, mediante la destrucción de vegetación, trata de buscar zonas más amplias para una producción masificada. "Esto genera el empobrecimiento de los suelos", apunta Mónica Gómez, vicepresidenta de la coordinadora estatal de Comercio Justo, que señala también a la pérdida de biodiversidad de este modelo de negocio. Una merma que repercute de manera negativa en la diversidad de especies vegetales y animales de la zona. "Hay mamíferos como los monos o multitud de aves que viven en los árboles", añade Rico.

Por contra, la plantación en sombra, se caracteriza por ser plantaciones en espacios más reducidos, realizadas de una forma en la que la biodiversidad de los ecosistemas no se vean en peligro. "La idea es que los campesinos no utilicen componentes químicos y que empleen elementos más naturales", expone Álvaro Zuleta Cortés, presidente de Aculco y director de Tierra Solidaria, una marca de café de comercio justo que trabaja con mujeres agrocafeteras de la región colombiana de Río Sucio

La marca representada por Zuleta se inscribe dentro de un nicho de mercado creciente en España al que acuden con frecuencia personas que buscan degustar un café más vinculado a la tierra. PROYDE, SETEM o Pueblos Hermanos son otros ejemplos de comercios que ofrecen un café –además de otros productos– caracterizado por un sabor libre de pesticidas químicos y sin manchas de explotación ambiental y humana.

Y es que, el plano laboral del sistema de monocultivos también se aleja del idílico paisaje cafetero donde se amontonan sacos limpios y bien cargados de granos tostados. "En el caso de México, que es donde yo estuve, las zonas con monocultivo intensivo, en general estaban en latitudes más bajas, cercanas a los correderos de migración, lo que permitía que se utilizase como mano de obra a migrantes sin papeles con salarios muy inferiores a la norma", informa, desde su experiencia, Luis Rico. 

"Mantenemos a generaciones sumidas en la pobreza", espeta, Gómez. La realidad de este sistema de monocultivos intensivos predominante está en manos de muy pocas coorporaciones, lo que le da un gran poder a la hora de fijar el valor de los salarios de los caficultores. En concreto, tres multinacionales del sector –Nestlè, JDE y Lavazza– concentran el 80% de las ventas.

"Las grandes empresas están copando el mercado a través de un modelo que genera mucho valor en la parte final de la cadena de producción. Muy poco de ese valor llega a los productores agrícolas que trabajan los campos", expone la experta de Comercio Justo. "Las personas que cultivan el café son la parte más débil porque no tienen la oportunidad de negociar, capacidad de establecer precios. Dependen de decisiones que se toman al margen de su realidad cotidiana y sin tener sus necesidades en cuenta". En torno al 23% del valor que se genera en toda la cadena industrial del café se queda en los países donde se produce este alimento. Un porcentaje que resulta negativo si se tiene en cuenta que estos países concentran entre el 68% y el 92% del coste.

Zuleta, para revertir esta desigualdad, aboga por un modelo basado en los sistemas agrícolas extensivos donde las campesinas y campesinos puedan tener mayor capacidad de decisión en la cadena productiva. "Nuestro interés es sensibilizar en cuanto a la calidad del producto y a que, en este caso, estamos apoyando a mujeres agriculturas que escasamente logran sobrevivir", argumenta. Una calidad que se refleja en sabores más heterogéneos, pero que además es reflejo de una "garantía social y ética de escribir un futuro diferente", zanja Gómez. 

 

Por ALEJANDRO TENA

MADRID, 19/06/2019 07:40 Actualizado: 19/06/2019 07:40

 

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La contaminación de ríos por antibióticos excede los niveles "seguros"

Las concentraciones de antibióticos en algunos ríos del mundo exceden los niveles "seguros" hasta 300 veces, según reveló el primer estudio global al respecto.

Los investigadores identificaron 14 de esos fármacos de uso común en los ríos de 72 países de todos los continentes. Los encontraron en 65 por ciento de los sitios analizados. El de mayor prevalencia fue la trimetoprima, empleada principalmente para tratar infecciones del tracto urinario. Fue hallado en 307 de los 711 lugares estudiados.

Alistair Boxall, de la Universidad de York, institución que dirigió el estudio, explicó que “los resultados son reveladores y preocupantes. Demuestran la contaminación generalizada de los sistemas fluviales con esos compuestos.

"Muchos científicos y responsables políticos reconocen el papel del ambiente natural en el problema de resistencia a los antimicrobianos. Nuestros datos muestran que esa contaminación podría ser un contribuyente importante."

El metronidazol, usado contra infecciones bacterianas, incluyendo las de piel y boca, excedió los niveles de seguridad por el margen más grande, con concentraciones en un sitio en Bangladesh 300 veces más que el nivel "seguro".

En el río Támesis y uno de sus afluentes en Londres, detectaron una concentración máxima de antibióticos de 233 nanogramos por litro (ng/l).

El equipo de investigación comparó los datos observados con los niveles "seguros" determinados hace poco por AMR Industry Alliance que, según el antibiótico, varían de 20 a 32 mil ng/l.

La ciproflaxacina superó el umbral en 51 lugares

La ciproflaxacina, utilizada para tratar varias infecciones bacterianas, fue el compuesto que con más frecuencia excedió los niveles de seguridad, superando el umbral en 51 lugares.

El equipo señaló que los límites "seguros" se rebasaban con mayor frecuencia en Asia y África, pero los sitios en Europa, América del Norte y América del Sur también tenían niveles preocupantes que mostraban que la contaminación por esos medicamentos era un "problema global".

Los sitios donde los antibióticos superaron los niveles "seguros" en mayor medida se localizan en Bangladesh, Kenia, Ghana, Pakistán y Nigeria, mientras un lugar en Austria fue clasificado como el más alto de las áreas europeas observadas.

El estudio reveló que los sitios de alto riesgo eran típicamente adyacentes a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, vertederos de desechos o alcantarillado y en algunas áreas de agitación política, incluida la frontera israelí y palestina.

El proyecto fue un gran desafío logístico. A socios de todo el mundo se les pidió que tomaran muestras de lugares a lo largo de su sistema fluvial local.

Se tomaron muestras de algunos de los ríos más emblemáticos del mundo, incluidos el Chao Phraya, el Danubio, el Mekong, el Sena, el Támesis, el Tíber y el Tigris. Fueron congeladas y enviadas a la Universidad de York para su análisis.

John Wilkinson, del Departamento de Medio Ambiente y Geografía, quien coordinó el trabajo de observación, señaló que no se había realizado ningún otro estudio a esta escala.

Los hallazgos se dieron a conocer en la reunión anual de la Sociedad de Toxicología y Química Ambientales en Helsinki, que empezó ayer y termina hoy.

Suelo del planeta rojo captado por Curiosity con técnica de rayos X. La imagen revela variedad de materiales.Foto Xinhua

Restos de antiguas capas de hielo fueron descubiertos a mil 500 metros de profundidad bajo el polo norte de Marte, y podrían ser una de las reservas de agua más grandes del planeta.

Científicos de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona hicieron el descubrimiento utilizando medidas recopiladas por el radar superficial (Sharad) en la sonda de Reconocimiento Marciano de la NASA, el cual emite ondas que pueden penetrar más de 2 mil metros por debajo de la superficie de Marte.

Los hallazgos, publicados este miércoles en Geophysical Research Letters, son importantes porque las capas de hielo son un registro del clima que hubo en Marte de la misma manera en que los anillos de los árboles lo son del que se vivió en la Tierra. El estudio de la geometría y la composición de esas cubiertas podría decir a los científicos si las condiciones climáticas eran antes favorables para la vida, explicaron los investigadores. El equipo encontró capas de arena y hielo que eran hasta 90 por ciento de agua en algunos lugares.

Si se derrite, el hielo polar recién descubierto sería equivalente a una capa global de agua alrededor de Marte con una profundidad de al menos 1.5 metros.

"No esperábamos encontrar tanto hielo de agua aquí", señaló Stefano Nerozzi, autor principal del estudio y asistente de investigación graduado en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (UTIG).

"Eso probablemente lo convierte en el tercer reservorio de agua más grande en Marte después de los casquetes polares."

Los hallazgos fueron corroborados por un estudio independiente que utilizó datos de gravedad en lugar de radar, dirigido por investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

Los autores creen que las capas se formaron cuando el hielo se acumuló en los polos durante las eras de hielo que pasaron en Marte. Cada vez que el planeta se calentaba, un remanente de esos estratos se cubría de arena, lo que protegía el hielo de la radiación solar y evitaba que se disipara en la atmósfera.

Eventos glaciares

Los científicos han sabido durante mucho tiempo acerca de los eventos glaciares en Marte, que son impulsados por variaciones en la órbita y la inclinación del planeta. Durante periodos de aproximadamente 50 mil años, el planeta rojo se inclina hacia el Sol antes de volver de forma gradual a una posición vertical, como un tambaleante trompo.

Cuando el planeta gira en posición vertical, el ecuador se enfrenta al Sol, lo que permite que los casquetes polares crezcan. A medida que el planeta se inclina, las capas de hielo se retiran, tal vez desapareciendo por completo.

Hasta ahora, los científicos pensaban que los antiguos casquetes de hielo se habían perdido. El estudio muestra que, de hecho, importantes restos de ellos han sobrevivido bajo la superficie del planeta, atrapados en bandas alternas de hielo y arena, como hojas en un pastel.

El coautor Jack Holt, profesor en el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, sostuvo que el estudio proporciona nuevas e importantes ideas sobre el intercambio de hielo de agua entre los polos y las latitudes medias, donde su grupo de investigación confirmó anteriormente la presencia de glaciares extendidos, también mediante el uso del instrumento Sharad.

"Sorprendentemente, el volumen total de agua encerrada en estos depósitos polares enterrados es aproximadamente el mismo que todo el hielo de agua que se sabe que existe en los glaciares y las capas de hielo enterradas en las latitudes más bajas de Marte, y tienen aproximadamente la misma edad", concluyó.

Los habitantes de una reserva natural boliviana se oponen a una exploración petrolera

La más importante línea de conflicto social que ha enfrentado el Gobierno boliviano a lo largo de los 13 años de gestión desarrollista de Evo Morales ha sido la ecológica. En estos días se produce la oposición de Tarija, una región en el sur del país, contra el inicio de la exploración petrolera en una área protegida, la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía.


Allí, grupos de comunarios bloquean los caminos que conducen a San Telmo Norte, la zona donde las empresa estatal YPFB Chaco, junto con la brasileña Petrobras, pretenden perforar pozos exploratorios muy pronto. Hace unos días la principal ciudad de la zona, Tarija, dejó de trabajar por un día en señal de defensa de esta área natural, que está protegida desde hace aproximadamente 30 años a causa de su biodiversidad y su condición de fuente de agua para la región.


A lo largo de estas décadas, los comunarios que habitan Tariquía se han fogueado en diversas luchas ecologistas. Primero contra la entrada de madereras al bosque de la reserva, luego contra un proyecto de construcción de represas en la Argentina, país con el que este territorio colinda, y ahora contra la explotación petrolera, que está permitida en áreas protegidas desde 2015 como parte del esfuerzo del Gobierno de Morales para descubrir nuevos campos de gas que sustituyan a los que actualmente alimentan a las principales exportaciones bolivianas.


Estos yacimientos —que se remontan a los años noventa y antes— han comenzado a flaquear, como muestra la multa de 133 millones de dólares que acaba de recibir el país de Brasil, su principal comprador, por no haber podido entregar durante 2018 la cantidad de gas que estaba comprometida en el contrato entre ambos países; el cual, además, acaba este año.
Desde hace mucho que los expertos del sector expresan su preocupación por la falta de nuevos descubrimientos, que algunos atribuyen a la falta de incentivos para la inversión trasnacional a causa de la nacionalización de la industria en 2006. Esta situación podría complicar la negociación de un nuevo contrato de venta de gas a Brasil, sin el cual las finanzas bolivianas no cerrarían.


Frente a las protestas, que ya reprimió con fuerzas policiales hace una semana, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que no detendrá la ejecución de un proyecto que podría darle 5.000 millones de dólares al país, que “cumple toda la normativa”, que solo afectará al 0,008% de las 247.000 hectáreas de la reserva y que cuenta con el apoyo de las comunidades directamente involucradas.


Por su parte, los movimientos en contra de la exploración dijeron que debe escucharse a la mayoría de los pobladores y no solo a las pocas comunidades que se beneficiarán con la presencia de las petroleras. Aunque el área afectada directamente sea pequeña, afirmaron, las explosiones subterráneas que son necesarias para la exploración “cerrarán las vertientes y contaminarán el agua, como siempre pasa”. Esto, sin contar con lo que podría ocurrir si los pozos terminan siendo exitosos y las empresas comienzan a explotar gas.

La Paz 3 ABR 2019 - 22:05 COT

 

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