El coronavirus ocasionó una pandemia de  hambre

Advertencia de Naciones Unidas por el aumento del precio de los alimentos en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas alertó que la situación generada por el coronavirus es "dramática" y provocará una "pandemia de hambre" en América Latina. El director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Miguel Barreto, sostuvo que la enfermedad "se está transformando en una pandemia de hambre, ya que uno de cada tres habitantes de la región no tiene acceso a alimentos nutritivos y suficientes".

Durante una conferencia de prensa en la que presentó el "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020", el funcionario advirtió que "de mantenerse esa tendencia, se aleja la posibilidad de cumplir la meta de hambre cero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Y predijo que "en 2030 habrá 67 millones de personas con hambre en la región, sin considerar el impacto del covid-19".

En un informe presentado en Chile, la FAO estimó que unas 47,7 millones de personas padecieron hambre durante 2019 en América Latina. Este deterioro implicó un incremento de más de 13 millones de personas en los últimos cinco años "que se agudizaría" este año por el coronavirus, agregó el organismo.Si bien el estudio no profundiza en las cifras de los últimos meses, el especialista indicó que entre marzo y agosto se pasó de 3,4 a 17 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria severa, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

En el caso de América Central, Barreto destacó que al coronavirus se sumaron los huracanes Eta y Iota, creando "una tormenta perfecta" que impacta sobre unos cuatro millones de personas.Por su parte, Julio Berdegué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, refirió que "hay niños y niñas en el continente que viven en condiciones propias de países como Burkina Faso, Congo, Zimbabwe y Haití", principalmente habitantes rurales, indígenas y afrodescendientes.

Agregó que 104 millones de personas en la región no pueden pagar una dieta saludable por la desigualdad económica, un problema que se ha profundizado a partir de la llegada de la pandemia. En este esquema, 84 millones de niños dependen de programas de alimentación escolar y diez millones tienen como única comida del día la que reciben en la escuela.

A su vez, el director regional adjunto para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Youssouf Abdel-Jelil, expresó su preocupación por los problemas de malnutrición que se registran en zonas rurales y urbanas pobres, donde conviven el bajo peso con la obesidad. En ese sentido, llamó a establecer políticas públicas que atiendan a las madres desde el embarazo, promoviendo la lactancia materna exclusiva y la incorporación de alimentos nutritivos en el momento adecuado.

Mientras tanto el director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Anselm Hennis, dijo que "2020 será recordado como el año de la pandemia, en el que más de 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado y más de un millón de personas han muerto; además ha aumentado el desempleo, la pobreza y reducido el acceso a los servicios de salud".

A nivel mundial, el hambre se agravó debido a las repercusiones de la pandemia de coronavirus, entre ellas un fuerte aumento del precio mundial promedio de los alimentos, advirtió el organismo de la ONU para la alimentación. "Las repercusiones de la pandemia de covid-19, en particular en lo que respecta a la pérdida de ingresos, son un factor importante para los niveles de inseguridad alimentaria mundial", subrayó la FAO en su informe trimestral."

La pandemia está agravando e intensificando las condiciones ya de por sí frágiles ocasionadas por conflictos, plagas y perturbaciones meteorológicas, como los recientes huracanes en América Central y las inundaciones en África", recalcó la entidad. La FAO, que elabora cada trimestre un índice de los precios de los alimentos y analiza los avances en la lucha contra el hambre, agregó que 45 países necesitan hoy ayuda alimentaria externa. Entre esos 45, 34 se encuentran en África, y en la lista figuran también Haití y Venezuela, dijo la FAO en su informe, titulado "Perspectivas de cosechas y situación alimentaria", informó la agencia de noticias AFP.

Según el informe presentado por la FAO en Roma, donde tiene su sede, el índice de los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente", alcanzando en noviembre su "nivel más alto en seis años".Los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente". "El aumento mensual fue el más pronunciado desde julio de 2012 y situó el índice en su nivel más elevado desde diciembre de 2014", dijeron expertos de la entidad que hacen un seguimiento de los precios de los alimentos más comercializados a escala mundial.

"Todos los subíndices aumentaron en noviembre", subrayaron, entre ellos los precios de los aceites vegetales, con un alza "impresionante" del 14 por ciento debido a la contracción de las existencias mundiales. Los cereales aumentaron del 2,5 por ciento, entre ellos trigo y maíz. El índice de precios del azúcar aumentó en un 3,3 respecto al mes pasado ante las crecientes expectativas de un déficit de producción mundial en la próxima campaña de comercialización. El precio de los productos lácteos se incrementó en un 0,9, "el nivel más elevado de los últimos 18 meses", así como el de la carne del 0,9 por ciento respecto a octubre.

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México y Argentina reavivan debate de transgénicos en la región

La aprobación de un nuevo trigo transgénico en Argentina y un proyecto de decreto presidencial en México que habilita el uso de glifosato y de maíz transgénico generaron la reacción de científicos de la región latinoamericana ante la posibilidad de que se amplíe el uso de transgénicos en el continente.

En ambos países miles de científicos piden detener la tecnología y revertir autorizaciones, a la vez que llaman a mantener y ampliar las moratorias a los organismos genéticamente modificados (OGM) en los países que las tienen.

En Argentina, que destina millones de hectáreas al cultivo de transgénicos y este octubre aprobó el trigo HB4 resistente a sequía y al herbicida glufosinato de amonio, una carta de un grupo de científicos del Conicet y universidades generó la adhesión de miles y trascendió fronteras.En México “hay una tradición muy fuerte de resistencia campesina y social y de científicos que se pronunciaron tempranamente y lograron que no ingresara el maíz transgénico, pero la presión (por el cambio) es constante”: Alicia Massarini.

El nuevo trigo fue desarrollado por investigadores del Conicet del equipo de Raquel Chan en la Universidad del Litoral (Santa Fe, Argentina) en conjunto con la empresa Bioceres. Según explicaron, tiene en promedio 20 por ciento más de rendimiento que el trigo convencional.

Pero la carta de los científicos que están en contra de este trigo señala que su autorización “remite a un modelo de agronegocios que se demostró nocivo en términos ambientales y sociales, (es) causa principal de la pérdida de biodiversidad, no resuelve los problemas de la alimentación y amenaza la salud de nuestro pueblo”.

“Fue una botella al mar, pero tuvimos cientos de firmas en pocas horas y ahora ya más de 1.400, con muchos colegas que la comparten con científicos de otros países y se hizo una versión en inglés; este es un tema regional, no local”, señaló vía telefónica Alicia Massarini, investigadora del Conicet y una de las redactoras del manifiesto.

Otra proclama contra el nuevo trigo, bautizada “¡Con nuestro pan, no!”, generó más de 5600 firmas y adhesiones de 150 entidades y organizaciones afines.

“Sistematizamos los motivos por los cuales oponerse (al trigo transgénico)”, dijo el ingeniero agrónomo Fernando Frank, de Acción por la biodiversidad, impulsor de esta misiva que señala que los transgénicos “promueven los monocultivos y degradan los ecosistemas y la soberanía alimentaria”.

La carta agrega que el herbicida al que es tolerante el trigo es más tóxico que el glifosato: “El glufosinato de amonio está ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda y sus efectos teratogénicos (genera malformaciones), neurotóxicos (actúa sobre las neuronas) y genotóxicos (en la división celular)”.

Para Chan —que se dedica a estas investigaciones desde la década de 1990—, si bien el uso de agroquímicos puede ser peligroso, los productores no están obligados a aplicarlos y su uso debe ser reglamentado.

La experta dijo que este nuevo trigo requiere menos uso de agua e incluye un gen de girasol, otra planta ancestral. “No es un gen de rinoceronte o de sapo, que no sería problema tampoco, sino que es un gen de otra planta comestible”, agregó.

Del trigo al maíz

En México, en tanto, el glifosato no está regulado y la siembra de maíz transgénico está prohibida desde 2013 debido a un amparo y no por decreto presidencial, una medida susceptible de ser modificada con cada cambio de gobierno.

Pero el 23 de octubre, cuando se publicó en la web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto presidencial que, de aprobarse, continuaría el uso del glifosato y de maíces transgénicos, unos 350 académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales firmaron un documento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su promesa de campaña de que “no habrá maíz transgénico y que de manera progresiva se prohibirá el uso de glifosato hasta su eliminación total”.

Para Quetzalcoátl Orozco Ramírez, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y unos de los firmantes de la carta, “es necesario que haya una definición clara de la posición del gobierno federal sobre estos temas y que se concreten en un decreto presidencial” que pueda —de manera paulatina— eliminar el uso del glifosato en los cultivos, comentó por videoconferencia.

Para Viridiana Lázaro, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y especialista de agricultura de Greenpeace México, el nuevo proyecto de decreto pide más investigaciones, cuando ya existen estudios que muestran que el glifosato es dañino para el ambiente y la salud.

“Esperamos que se dé de baja esta propuesta de decreto presidencial y en su lugar se publique uno de acuerdo con las declaraciones del presidente y que se prohíba inmediatamente el glifosato en las dependencias de gobierno (y) totalmente hacia 2024, y también se prohíba el maíz transgénico en todo el territorio nacional”, remarcó.

En México “hay una tradición muy fuerte de resistencia campesina y social y de científicos que se pronunciaron tempranamente y lograron que no ingresara el maíz transgénico, pero la presión (por el cambio) es constante”, dijo Massarini.

Para Francisco Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria este proyecto no contradice la promesa del presidente sobre la prohibición del uso de glifosato en el país, sino que “busca que las decisiones que se tomen hacia la transición de no utilizar el glifosato en México con miras al 2024, tengan un sustento técnico y científico” y respete “los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y sin afectar los tratados comerciales de los que México es parte”, dijo.

Víctor Manuel Toledo Mazur, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta septiembre de 2020 —y tenía una fuerte postura a favor de la prohibición del glifosato y la urgencia de contar con un decreto presidencial — señaló a SciDev.Net que México está dando “una gran batalla contra los plaguicidas y contra los transgénicos” porque sabe de “la gran tragedia que ocurre hoy en Sudamérica”.

Además de México y Argentina, en agosto, Cuba también fue escenario de polémica, cuando el gobierno nacional autorizó la investigación, producción, uso y comercio internacional de OGM.

En cambio, en Perú en estos días, el presidente Martín Vizcarra debía decidir si promulgar o no la aprobación que ya otorgó el Congreso nacional de prolongar por 15 años más (hasta 2035) una moratoria de 10 años que vencía en 2021 y que prohíbe el ingreso de OGM al país. Pero Vizcarra fue destituido por el Congreso el 9 de noviembre, antes de tomar la decisión.

Un sector de ecologistas, productores e indígenas quieren que el país siga libre de transgénicos, y otro grupo de investigadores se lamenta por la falta de debate sobre su conveniencia.

Ruta química

Mientras los gobiernos toman sus decisiones, los científicos intercambian datos regionales sobre los problemas que generan los cultivos transgénicos. En particular, el hecho de que el nuevo trigo argentino sea resistente al glufosinato de amonio es uno de los aspectos centrales a considerar por el relativo desconocimiento del químico, alegan algunos científicos y ONG ambientalistas.

De momento se sabe que es una variante del glifosato, el herbicida más conocido debido a que se usa desde la década de 1990 en Sudamérica para el cultivo de soja (soya).

“Son moléculas parecidas, que se comportan de manera similar en el ambiente; como está agotado el modelo de glifosato, el mercado busca esta variante”, dijo Damián Marino, investigador del Conicet y la Universidad de La Plata, y uno de los científicos que más ha estudiado las consecuencias de los agroquímicos, en el encuentro virtual, organizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina el 20 de octubre.

Por su parte, Rafael Lajmanovich, investigador del Conicet y profesor de ecotoxicología en la Universidad del Litoral, dijo que el tema de cómo actúa el glifosinato no es simple desde lo químico.

“No es que va a pasar sólo a los alimentos: una parte queda en el agua, otra en el aire y otra en el suelo. Por lo que vemos por ahora (el glifosinato) tiene mayor bioabsorción que el glifosato, de modo que el temor es que pase todo lo que pasa con el glifosato y algo más”, aseguró.

Por Daniela López, Martín de Ambrosio | 24/11/2020

Fuente: https://www.scidev.net/america-latina/agropecuaria/especial/mexico-y-argentina-reavivan-debate-de-transgenicos-en-la-region.html

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Sábado, 10 Octubre 2020 06:15

Premio Nobel a la guerra genética

Premio Nobel a la guerra genética

No deja de tener cierta ironía que el premio Nobel de química de 2020 –nombrado así por Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y una de las mayores fábricas de armas del globo– se haya otorgado a las investigadoras que encontraron una forma de ingeniería genética –CRISPR-Cas9–, cuyas aplicaciones podrían causar un efecto tan explosivo en la naturaleza y la gente, que hasta se le ha llamado bomba genética (https://tinyurl.com/y2rsr5on).

CRISPR en sí no es una invención, es una forma natural de las bacterias para reconocer virus. Las galardonadas J. Doudna y E. Charpentier publicaron en 2012 la forma de replicar esa construcción sintéticamente y agregarle un sistema asociado (Cas9), que permite reconocer un sitio específico en los organismos donde se introduce y allí cortar las hebras del ADN. De esa forma se pueden silenciar genes o introducir nuevo material genético, o sea, transgénicos.

Parecía ser una forma más rápida y aparentemente más exacta que otras de ingeniería genética anteriores, que no tienen control del sitio donde se inserta material genético foráneo. Pero en poco tiempo se demostró que CRISPR tampoco es exacta. Aunque puede llegar a un sitio determinado en el genoma –lo cual da una falsa imagen de precisión– también altera otros sitios del mismo, con el potencial de producir una multitud de "efectos fuera de blanco", borrar o reacomodar largas secuencias fuera del sitio objetivo, provocando cambios que pueden causar daños y enfermedades graves.

En 2018, un estudio del Karolinska Institutet (que otorga el premio Nobel de Medicina) mostró que la manipulación de células humanas con CRISPR puede causar cáncer (E. González, https://tinyurl.com/yyj4umsx). Otros estudios científicos han mostrado una serie de impactos dañinos del uso de CRISPR en animales, vegetales y células humanas, al punto de que Georges Church, pionero de biotecnología de la Universidad de Harvard, en 2019 llamó a CRISPR "un hacha desafilada", cuyo uso es "vandalismo genómico" (https://tinyurl.com/vanda-geno).

No obstante, desde su puesta en circulación en 2012 –y pese a la agria disputa de patentes que surgió poco después con otro equipo estadunidense que reivindica también haber sido el inventor–, la tecnología se ha licenciado y aplicado a gran cantidad de experimentos con células humanas, en humanos (experimento ilegal en China con mujeres embarazadas, al menos una de las cuales dio a luz gemelas), animales y plantas. Doudna y Charpentier han ganado millones con la tecnología y han creado o están vinculadas a diversas empresas.

En 2016, un informe de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos clasificó CRISPR y la edición genética como "armas de destrucción masiva" (https://tinyurl.com/crispr-armas). El gobierno asignó 65 millones de dólares a la agencia de investigaciones de la defensa de Estados Unidos (DARPA) para el proyecto Safe Genes, con el propósito de desarrollar bioarmas supuestamente para defenderse de las bioarmas que otros podrían crear con CRISPR (https://tinyurl.com/yc5s7oed).

En realidad es para desarrollar las bioarmas de las que supuestamente se tendrían que defender. En ese contexto financian proyectos de investigación en varios países para el desarrollo de "impulsores genéticos", una aplicación de CRISPR para cambiar las leyes de la herencia y lograr que los genes manipulados sean autorreplicantes y dominantes en una especie, por ejemplo, para que sólo nazcan machos, lo cual extinguiría la especie. La Fundación Bill y Melinda Gates financia el desarrollo de la misma tecnología, aunque no lo llama bioarmas, sino proyectos de salud. La ONU intentó establecer una moratoria a esta peligrosa aplicación, pero el dinero de Gates lo saboteó (https://tinyurl.com/y3jzz8oe).

La propia Jennifer Doudna ha manifestado que CRISPR tiene usos tremendamente peligrosos, incluso refiere que tiene una pesadilla en la que Hitler le pide la fórmula de CRISPR (https://tinyurl.com/y62hfmcu). Tanto los proyectos financiados por DARPA y la Fundación Gates, como los experimentos con humanos, transgreden fronteras éticas, ecológicas y políticas de enorme trascendencia, cuyo desarrollo no se debe permitir.

Aún más inmediata es la presión de las trasnacionales para liberar comercialmente la llamada edición genética (son transgénicos) en plantas y animales para la industria agropecuaria. La industria de transgénicos ha hecho una engañosa campaña para hacer creer que los productos de tecnologías como CRISPR no necesitan pasar por evaluaciones de bioseguridad o al menos deberían ser más laxas que las existentes. Lo han logrado en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica, países lacayos de los agronegocios transgénicos y de Estados Unidos, en varios casos aprovechando las restricciones por la pandemia. La Unión Europea, gracias a las protestas y demanda de Vía Campesina y otros, se opuso a estos cambios.

CRISPR y todas las formas de edición genética introducen nuevos riesgos al ambiente y la salud, por lo que las normativas de bioseguridad, al contrario de lo que sostiene la industria, son altamente insuficientes. Estas nuevas formas de manipulación de nuestro ambiente y alimentos no se deben permitir.

Por Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC

Una cosechadora cosecha trigo en un campo de la granja Triticum en la región de Omsk, Rusia. REUTERS

Un reciente informe internacional pone de manifiesto cómo la creciente pérdida de biodiversidad podría afectar a la seguridad alimentaria. Tanto es así, que el 30% de las plantas que sirven de alimento están dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN). ¿Las causas? el auge de los monocultivos, el calentamiento global y el desarrollo urbanístico y comercial.

 

La pérdida de biodiversidad cada vez es más grave. Tanto es así, que la acción del ser humano en la Tierra ya ha provocado que el 40% de las especies vegetales y hongos estén en riesgo de extinción, según el macroestudio El estado mundial de las plantas 2020 elaborado más de doscientos investigadores de 47 países diferentes y publicado por la New Phytologist Fundation. La amenaza que se cierne sobre la vegetación global podría tener consecuencias para la seguridad alimentaria, ya que el 30% de las especies comestibles están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La cifra –dos de cada cinco plantas está en peligro de desaparecer– pone en alerta a los científicos que han participado en la publicación. Y es que, la vegetación es el mayor sustento de vida en la Tierra. No sólo a nivel alimentario, sino por lo que suponen para la salud de los ecosistemas, en tanto que la biodiversidad genética sirve de barrera para la aparición de enfermedades. Algo que adquiere importancia si se tiene en cuenta el contexto de pandemia en el que se ha publicado la investigación. De hecho, la publicación alerta de la relación directa entre las cada vez más elevadas tasas de deforestación y la aparición de nuevos patógenos.

En cualquier caso, las consecuencias de está incipiente pérdida de biodiversidad ponen en riesgo el futuro de la alimentación global, ya que la desaparición de especies vegetales tiene repercusiones directas en la forma en la que los seres humanos se alimentan. Según el informe, la escasez de especies vegetales destinadas al consumo humano es cada vez más acuciante, en tanto que sólo 15 plantas proporcionan el 90% del total de las calorías mundiales, con una gran dependencia de los monocultivos de arroz, maíz y trigo.

La situación, alertan los expertos, es aún más preocupante si se tiene en cuenta que las estimaciones demográficas hablan de un crecimiento poblacional importante de cara al año 2050, fecha en la que se podrían alcanzar los 10.000 millones de habitantes en en el planeta. Es decir, más personas y menos alimentos. Si bien es cierto que el informe resalta que en la actualidad hay un total de 7.039 especies vegetales que podrían ser orientadas al consumo humano, tan sólo 417 podrían ser adaptas a cultivos. Además, el 30% de las plantas comestibles están dentro de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN), que las sitúa en riesgo de extinción.

La investigación señala directamente al modelo de producción agrícola industrializado como origen principal de esta pérdida de diversidad de alimentos vegetales. Desde los años sesenta del siglo XX, con la denominada Green Revolution (Revolución Verde), los campos se tornaron hacia un modelo intensivo que, dominado por los monocultivos, los nuevos planes de riego y el uso de fertilizantes, pretendía sacar un mayor rendimiento a la tierra. Esto sirvió para satisfacer el incremento de la demanda y combatir el hambre mundial, pero a su vez supuso una disminución de la variedad genética de los alimentos. De hecho, los propios agricultores locales se vieron conducidos, poco a poco y a través de subvenciones, hacia este modelo, de tal forma que muchos de los productos tradicionales han terminado desapareciendo o reduciendo su variedad.

Si bien es cierto que Revolución Verde consiguió disminuir los porcentajes de personas afectadas por hambrunas, el proceso ha terminado afectando directamente a la nutrición dietética de las poblaciones más pobres, que son quienes menos variedad de alimentos pueden consumir. Y es que, las cosechas tradicionales de autoconsumo que se fueron abandonando por la llegada de los monocultivos "eran fuentes importantes de micronutrientes como el hierro la provitamina A y el zinc", explican los científicos en el informe. 

"La extinción se pospone pero no se evita"

El informe señala directamente al desarrollo de los sistemas agrícolas modernos como una de las principales amenazas. No en vano, existen otras causas, todas ellas relacionadas con el modo en el que el ser humano interacciona con las ecosistemas, como son la introducción de especies invasoras, el urbanismo y el desarrollo comercial o el propio cambio climático. Todo ello genera grandes alteraciones en la naturaleza y reduce la diversidad de especies animales y vegetales.

La publicación –que llega unos días después de que la ONU reclamase a los Gobiernos que pusieran fin a la guerra contra la naturaleza– pone de manifiesto las consecuencias que podría tener para la humanidad que un número tan elevado de plantas pueda desaparecer. Esto dinamita las posibilidades de alimentar a la población en un futuro plagado de incertidumbres, pero también socaba la capacidad que tienen los propios científicos para descubrir nuevas especies, ya que muchas de las plantas y hongos que están amenazados, ni siquiera son conocidos o estudiados por el ser humano. Se trata, según los propios biólogos, de "un cofre del tesoro" que podría proporcionar a la humanidad alimentos, medicinas o biocombustibles

Asimismo, se detalla que la forma en la que se destruyen los ecosistemas, dejando pequeñas parcelas vírgenes, no genera la desaparición inmediata de las especies, pero si las condena: "Imagínese un desastre repentino que destruye el 90% de un bosque. Si bien algunas plantas se extinguirán localmente de inmediato, la mayoría de las especies todavía se encontrarán en el 10% de bosque que queda. Sin embargo, el área reducida significa que algunas de ellas, especialmente las plantas más raras, estarán permanentemente expuestas a niveles de población peligrosamente bajos. De esta forma, la extinción se pospone pero no se evita", explicó John Halley, profesor de ecología en la Universidad de Ioánina (Grecia) que forma parte de la investigación.

Por último, la investigación también recoge los impactos que está teniendo la pérdida de biodiversidad en el ámbito médico, ya que la desaparición de especies afecta a cientos de plantas aprovechadas para usos medicinales. El descenso de variedad de plantas atañe a la investigación farmacológica, pero también a miles de comunidades locales que no tienen acceso a medicinas industriales y dependen de la medicina tradicional. Los datos recogidos por los investigadores hablan de que el 20% de las plantas medicinales están amenazadas y el 2% en riesgo de extinción.

madrid

01/10/2020 23:37 Actualizado: 02/10/2020 09:31

Por alejandro tena

Publicado enMedio Ambiente
 La geoquímica Hope Jahren Mariano García/@iloveshoot

La autora del libro 'El afán sin límite' sostiene que  "todas las necesidades y el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir"; y advierte de que el consumo desbocado del 10% de la población "ha influido en la expansión de la COVID-19"

 

Hope Jahren (Austin, EEUU, 1969) publicó la primera edición en inglés de El afán sin límite: Cómo hemos llegado al cambio climático y qué hacer a partir de ahí (Paidós) el 3 de marzo de 2020, es decir, cuando gran parte del mundo empezaba a estar afectada por la pandemia de coronavirus a la que se está todavía enfrentando. Precisamente este libro, al igual que la mayoría del trabajo académico de esta científica, tiene que ver con las condiciones que han llevado a nuestro planeta a ser un lugar amenazado por peligros como el virus que tiene en jaque a gran parte de la humanidad en estos momentos.

"La COVID-19 tiene un componente que está estrechamente ligado al consumo y a los patrones de consumo de los que hablo en mi libro. Por ejemplo, hace un año, antes de la crisis, el número de aviones que despegaban a diario en todo el mundo era el doble que diez años antes. Diez años es un periodo muy corto para un crecimiento tan increíblemente rápido. La COVID-19 emergió como muchas enfermedades infecciosas en el pasado. Pero la posibilidad de viajar de Wuhan a Milán, de Milán a Nueva York, después Seúl y Tokio en un plazo de diez días, ni siquiera existía hace diez años", explica Jahren, una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time, en una entrevista con elDiario.es por videoconferencia desde Noruega. Es donde reside desde que comenzó a trabajar en el Centro para la Evolución de la Tierra y la Dinámica de la Universidad de Oslo en septiembre de 2016.

La geoquímica declara que "el aumento y el cambio en el patrón de consumo en todo el mundo ha alterado drásticamente la evolución de la COVID-19" y esta modificación ha otorgado menos tiempo para poder preparar determinadas regiones del mundo antes de que la pandemia llegase a sus puertas. "Esto es un ejemplo de cómo el patrón de consumo que lleva al cambio climático tiene un efecto directo en en catástrofes naturales o sanitarias que puedan surgir", remarca. Rechaza responder si además de en la expansión, piensa que los hábitos alimentarios o sanitarios pueden haber incidido en el paso del virus de los animales a las personas: "No soy una experta en ese asunto", zanja.

Para hablar de consumo ha investigado sobre los patrones concretos que han surgido y han variado durante sus cinco décadas de existencia. Jahren ha catalogado y cruzado los datos que reflejan el aumento de la población, la intensificación de la agricultura y lo mucho que ha aumentado el consumo energético en este periodo.

Cree que "solo después de ver dónde estamos podemos preguntarnos oportunamente si es aquí donde queremos estar". Y en concreto, el lugar donde nos sitúa es tan irracional como que "el colosal consumo de alimentos y combustibles por parte de solo el 10% de la población está amenazando seriamente la capacidad de la Tierra de producir los productos básicos que el otro 90% necesita para vivir". Un problema que la autora define como el "más complejo y exclusivo de nuestra generación".

El doble de personas, el triple de producción y consumo

En cuanto al análisis de los datos que han formado parte de la investigación de la geoquímica, hay uno que considera especialmente relevante. "La población se ha duplicado en los últimos 50 años, hay el doble de personas en el planeta, pero la producción de cereales y de carne se ha triplicado, la producción de azúcar se ha triplicado, el consumo de combustibles fósiles se ha triplicado y el consumo eléctrico se ha cuadruplicado. Entonces, la gente por lo general sabe que ha habido un cambio demográfico, pero lo que no sabe es que la cantidad de servicios, bienes, alimentos, energía que consumimos, las cosas que compramos y vendemos, han crecido mucho más de lo que ha aumentado la población. Mientras yo reunía todos estos datos, lo que más me impresionó fue que se repetía constantemente este patrón de que ha aumentado la población, pero lo que consumimos, lo que gastamos, lo que necesitamos, ha aumentado muchísimo más", explica.

Los fenómenos migratorios no escapan a esta dinámica. "Las ciudades del mundo seguirán creciendo; en todos los continentes habitados, la gente está migrando de las zonas rurales a las ciudades. Incluso en lugares como Europa y Norteamérica, donde más del 80% de la población ya vive en las ciudades, la gente sigue migrando para alejarse del campo". Una de las consecuencias de la despoblación de las áreas rurales, paralela al crecimiento de la población, es que "hará falta más de todo en general, en particular en lo que se refiere al suministro de alimentos. Lo que nos obliga a preguntarnos: cuando todo el mundo se haya mudado a las ciudades ¿quién quedará para encargarse de las granjas? La respuesta es que casi nadie".

Jahren calcula que en el año 2100 podría haber 10.000 millones de personas en el planeta, pero no tiene claro hasta qué cifra puede el planeta aguantar un crecimiento exponencial como el que se está viviendo en las últimas décadas. "No sé si realmente tenemos la respuesta a esa pregunta", reconoce. "Las necesidades básicas en la vida son la vivienda, la alimentación, el agua. Creo que la verdadera pregunta es: ¿cuánta gente sobre la tierra puede vivir bien, con todas sus necesidades físicas colmadas y posibilidades de tener una buena salud?". En lo que no tiene dudas es en que el reparto de los recursos es la clave. "A día de hoy, incluso siendo más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, con la producción actual podríamos alimentar a todos los habitantes. E incluso más", zanja.

De hecho, Jahren sostiene que "hemos creado un tipo de agricultura que genera más comida de la que necesitamos. Producimos tres veces más que hace unas décadas, pero hay gente que consume diez veces más de lo que hacía hace 50 años. Increíblemente, tenemos que aprender a producir menos comida, no más", nos asegura. Una vez más, la clave está en la distribución: "Algunos tienen que consumir menos, pero hay otras partes del planeta en las que se necesita consumir más. Y sin duda tenemos suficiente producción", remarca.

Lo tiramos todo a la basura

Uno de los capítulos de El afán sin límite está dedicado al desperdicio de comida. "Francamente, no sé si el hecho de que la magnitud del desperdicio global equivalga en muchos sentidos a la necesidad global me deprime o me da esperanzas", admite Jahren. Por ejemplo, la cantidad total de cereales que se tira es similar al abastecimiento anual de cereales disponible en La India, y la cantidad de fruta y verdura que se pierde todos los años supera el abastecimiento anual de estos alimentos en todo el continente africano.

"Cuanto más comemos, más desperdiciamos: en 1970, cada estadounidense desperdiciaba una tercera parte de medio kilo de comida a diario, de media. Hoy, la cifra ha ascendido a dos tercios. El 20% de lo que las familias estadounidenses mandan al vertedero a diario es, o era hasta hace muy poco, comida que se podría consumir perfectamente". A estas costumbres se añaden situaciones como los vegetales que se rechazan por ser demasiado grandes o demasiado pequeños, los cereales que desbordan las cintas transportadoras, la leche que se estropea en los camiones o la fruta expuesta que se pudre.

Una realidad que define como "una gran tragedia", ya que todos los días mil millones de personas pasan hambre, mientras otros mil millones echan a perder deliberadamente suficiente comida para alimentar a los primeros. "Vivimos en un momento en el que podemos comprar unas zapatillas de un almacén que está en la otra punta del planeta y recibirlas en nuestro domicilio en menos de 24 horas; que nadie me diga que la redistribución global de alimentos es inviable", señala.

Y añade otro ejemplo para concluir que "todas las necesidades y todo el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir": si todo el combustible y toda la electricidad que se emplean en la actualidad se redistribuyeran de forma equitativa entre los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, el consumo energético de cada persona equivaldría al consumo medio de un suizo en los años setenta.

El consumo de agua es otro de los temas que la científica analiza en su investigación, que señala que a nivel global ya se están viendo consecuencias negativas del mal uso y desperdicio de agua. "No estoy muy informada sobre cuál es el caso de España, pero sí puedo decir que en California, por ejemplo, se ha extraído tanta agua subterránea que se han registrado terremotos porque la tierra se ha desplazado para cubrir lo que ahora es un hueco y que antes estaba lleno de agua. Realmente es una cuestión muy, muy importante. Se está utilizando muchísima agua para regar campos de golf o para alimentar a ganado en la industria cárnica. Hay cosas que podríamos hacer. Hay áreas concretas desde las que se podría reducir el uso antes de quedarnos sin agua potable. Va a ser una cuestión muy importante para los próximos 100 años. Lo único que tendrá un impacto diferente según la región del mundo", explica.

La esperanza de Hope

A pesar de todos estos datos, Hope Jahren dice hacer honor a su nombre ("esperanza" en inglés) y prefiere mostrarse optimista sobre el futuro, sobre todo porque le parece más útil a la hora de revertir las tendencias más perversas. "Somos fuertes y somos afortunados. Nuestro planeta es el hogar de muchas personas que luchan por sobrevivir con demasiado poco. El hecho de pertenecer al grupo que dispone de alimento, refugio y agua limpia nos obliga a no perder la confianza en el mundo al que hemos puesto en peligro. El conocimiento es responsabilidad". Hace un llamamiento al 10% del mundo que utiliza la mayoría de sus recursos (nosotros) y le pregunta qué hará con la década adicional de vida que disfrutará en comparación con sus padres: "Debemos empezar a desintoxicarnos del consumo, ya que de lo contrario las cosas no mejorarán jamás", subraya.

A este respecto, los meses de pandemia y confinamientos le suscitan una reflexión que introduce en el prólogo de la edición española: "2020 nos ha enseñado que jamás debemos confiar en quien se diga capaz de predecir el futuro, pero lo más importante que he aprendido es que de todas las veces que conducimos y consumimos y nos reunimos y compramos y volamos y viajamos, muchas han resultado ser opcionales. Hemos pasado tres meses enteros sin recurrir constantemente a los hábitos que los últimos cincuenta años de consumo instauraron en nosotros y, en general, hemos sobrevivido".

Por eso el mensaje final es de optimismo, aunque reconoce que esta es "una cuestión muy personal", un rasgo de la personalidad y de su lugar en el mundo. "Creo que soy una persona que tiene esperanza porque soy profesora. Me dedico a compartir información con otras personas y veo cómo esas personas al recibir esa información crecen, evolucionan, toman nuevas decisiones, mejores decisiones y se convierten en personas nuevas", se entusiasma. Y destaca que en su libro no solamente señala las cosas malas que han pasado en los últimos cincuenta años, sino también las cosas positivas. "Hemos ganado en salud, estamos más interconectados. Creo que cada generación tiene una lucha y la lucha que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Pero no, no tengo un sentimiento de falta de esperanza. Creo que hay mucha gente muy inteligente a la que sí le importan estos problemas y que cuanto más averiguan y más saben, más les interesa. Creo que al fin y al cabo, esta lucha se trata del planeta en el que vivimos, pero también de la comida que ponemos en nuestros platos, de los parques por los que paseamos, los coches que conducimos y al fin y al cabo es una historia, es la historia de nuestras vidas. Se trata de nuestro propio planeta. Pero más aún, se trata de nuestra propia vida".

Por Marina Estévez Torreblanca

26 de septiembre de 2020 22:59h

@marinaestevezt

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:42

La geopolítica transgénica en Suramérica

La geopolítica transgénica en Suramérica

Un despliegue de discursos protransgénicos y contra regulaciones ambientales internacionales coinciden con la pandemia en la región. Desde el segundo trimestre operadores neoliberales pretenden expandir en Suramérica el campo, infinito y letal, de organismos genéticamente modificados (OGM) en agricultura. Que en solo 25 años, entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ya se cultivan en 94 millones de hectáreas en ecosistemas atlánticos, el Gran Chaco y la Amazonía. Para las que se utilizan más de 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos por año. Todo el subcontinente regado y alimentado con herbicidas de unos cuantos laboratorios, altamente dañinos para la salud humana y de toda forma de vida, como consta en sentencias judiciales emblemáticas y cientos de estudios [1].

En mayo, el golpista Gobierno transitorio de Bolivia autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), formado recién en 2019 e integrado por ningún especialista en genética, establecer procesos abreviados de evaluación del uso de cuatro semillas modificadas (maíz, caña de azúcar, algodón y trigo). En la gestión de Evo Morales se introdujo al país la soya transgénica para fabricación de biocombustible, que el Estado iría a comprar. Ahora la clase empresarial quiere diversificarse hacia los transgénicos para alimentación humana y ampliar la producción soyera para vender biodiésel, sobrevalorado, a la administración de Jeanine Áñez. Es la trama lumpen capitalista de ocasión. El sistema y su condición natural detrás de estas plantaciones y la ganadería industrial que causan la deforestación anual de 350 mil hectáreas de bosques en Bolivia, de acuerdo a estimaciones de la fundación Friedich Ebert Stiftung.

El territorio boliviano es parte de un megapoderoso corredor internacional de soya transgénica que triplica en tamaño a Alemania. Suramérica es un laboratorio para los patrones del planeta: después de Estados Unidos, Brasil y Argentina son los dos países con más sembríos de OGM.

A la vez, el Ministerio de Agricultura del Perú presentó, a un año del fin de la moratoria de una década al ingreso de transgénicos para cultivos o crianza ganadera, el proyecto de Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA). La propuesta, sobre el papel, consiste en“recoger las opiniones de entidades públicas y privadas”, a fin de eventuales desarrollos y pruebas de OGM en el ámbito agrícola.

Recordemos que la moratoria fue la respuesta a los intereses de multinacionales y la banda de terratenientes y turbas políticas peruanas que, a la batuta de Alan García, forcejearon el ingreso de transgénicos al Perú en 2011. Porque no había -ni habrá- estudios reales que respalden la inocuidad de los agrotóxicos. Los mismos capataces piden más cultivos transgénicos en el vecino del Altiplano, que ya cuenta 1 millón 700 mil hectáreas de estos y el 62% de tierras productivas concentrado en el 16% de propietarios [2].

En el caso peruano, ¿de dónde llegarán los “aportes” a sistematizar por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)? ¿Serán públicas las fuentes y sus intereses? ¿Opinión de qué puede emitir el Comité Sin Expertos de Bolivia? El ADN del capitalismo en la ciencia manda sobre las oficinas técnicas estatales a cargo de los marcos legales y de acción de la biotecnología. En Suramérica, al servicio de los mayores poderes mundiales: más del 80% de poroto de soya de Argentina y Brasil es vendido a China, por citar un ejemplo.

“Caso testigo es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) de Argentina, creada en 1991. Su integración fue secreta durante 26 años, hasta 2017, cuando la nómina fue filtrada por la prensa. De 34 integrantes, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad de la Conabia, es autor de papers científicos firmados por las mismas empresas a las que debería controlar: Bayer-Monsanto, Syngenta, Basf y Dow Agroscience. El organismo responsable de liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 61 transgénicos. Las empresas beneficiadas fueron las misma que dominan la Conabia y publicitan que los transgénicos son seguros”, indica el estudio Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur (Acción por la Biodiversidad, 2020), realizado por especialistas en ciencia de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

El cuento sin bandera de la soberanía

El ocultamiento de información y su sustento con estudios científicos a sueldo, financiados por los mismos creadores de semillas transgénicas y químicos para su tratamiento, son las reglas de juego de un modelo neocolonial del agro.

“Hasta el momento de su aprobación comercial, no se habían realizado estudios -aparte de los entregados por la propia Monsanto- para evaluar la toxicidad ni los efectos secundarios de los transgénicos. Los expedientes de aprobación son confidenciales en todos los países: ni organizaciones de la sociedad civil, ni especialistas en ciencia independientes, ni funcionarios pueden acceder”, resalta el informe.

Precisamente, el libre acceso de toda persona a información, participación y justicia en materia ambiental son los objetivos centrales del  Acuerdo de Escazú, firmado por el Perú en 2018 y a la espera de su ratificación en el Congreso desde hace un año. Once de los 22 países de América Latina y el Caribe que lo suscribieron deben ratificar -faltan dos- el tratado internacional para que entre en vigencia. En julio, también por azares, el sicariato político-económico de Lima lo puso en su mira.

A la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) del Perú le preocupa “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional, la Amazonía, un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país, afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones”. Declaración de parte patronal contraria a la posición de la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y en coro con la Cancillería y cinco cárteles políticos de centro y derecha en el Parlamento.

Como el gran capital no tiene patria, el peruano Grupo Romero, pilar de la Confiep alarmado por la soberanía en una orilla del lago Titicaca, posee una millonaria presencia en el mercado boliviano de transgénicos desde que en 2003 compró el 74% de acciones de Industrias de Aceite FINO. Y como tampoco tiene ley, es el primer terranetiente de la Amazonia peruana, monopolizando con 25 mil has. los cultivos de palma aceitera que arrasan bosques primarios.

El comunicado de estos oligarcas es literatura de caucheros. La sangría de la Amazonía y sus pueblos es la consecuencia de sus inversiones. Otro relato protransgénico, para las nuevas crónicas de las indias, es la negación de la concentración y acaparamiento de tierras por parte de las grandes inversiones extranjeras. Cuando la mayoría de territorios de América Latina ya está en manos de pocas multinacionales y transnacionales regionales, como la propietaria del Banco de Crédito del Perú. En Santa Cruz (Bolivia) el 2% de productores tiene el 70% de tierras. En Argentina el 1% de productores posee el 36% de tierras y al 55% de productores le queda el 2% de tierras. En Paraguay, el 3% de productores concentra el 85% de tierras y al 91% de productores le sobran el 6% de tierras.

Desligar la biotecnología del modelo latifundista privado de monocultivos y la amenaza a la biodiversidad es un acto reflejo de colonialismo cultural, de derecha o izquierda. El lobby científico corporativo tiene sus encomenderos en filas liberales, de centro, progresistas. En Argentina colocó de ministro de Relaciones Exteriores a Felipe Solá, quien fuera secretario de Agricultura cuando, en 1996, el país se convirtió en el primero de la región en permitir el ingreso de cultivos transgénicos a punta de informes de Monsanto ni siquiera traducidos. El estanciero firmó en pandemia millonarios contratos de producción industrial porcina.

Y están los que dudan de los efectos de agroquímicos o incluso lo niegan. Un cabildo donde brillan académicos, políticos, empresarios, periodistas; hombres blancos de ciudad. Supremacismo, aunque sea de izquierda, extrapolando una idea de la activista y escritora gitana española Pastora Filigrana. No les importa si en Argentina dos tercios de personas con cáncer viven en regiones agrícolas transgénicas bañadas en glifosato, como Entre Ríos, donde el 40% de muertes es por tumores malignos [3]. Que el Ministerio de Salud de ese país advirtió desde 2012 que en poblaciones expuestas a agroquímicos hay 30% más casos de cáncer. Son catedráticos, líderes de opinión, hasta gobiernan. Demócratas o librepensadores panzudos, limeños, santacrucinos o bonaerenses, que recurren al hambre mundial [4] y eructan un abecé de beneficios de la ciencia genética para la humanidad por todo argumento.

No da para más la inteligencia criolla colonizada, la de la gran prensa de la región concentrada y sus referentes; la de su dirigencia financiera y política. Son productos descartables de un orden mundial de factura neoliberal. Piezas del ecocida esquema de transgénicos y agrotóxicos impuesto, en masa y en inglés [5], a Suramérica sin aguardar evidencias de campo [6]. Un modelo potencialmente enriquecedor en nuevos virus y probadamente efectivo en profundizar la desigualdad. Una comunidad científica independiente, autónoma y del lado de los pueblos, aliada a la sociedad civil y canales de información libre, tiene el deber de contribuir a la reparación de la Tierra, las mujeres campesinas que alimentan al planeta, los despojos, las contaminaciones. De garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Los empresarios financistas de la Ciencia y funcionaros públicos, mientras no cambie de raíz la configuración de los Estados capitalistas modernos –o su existencia-, no lo harán. No nos quedará otro cuarto de siglo.

 

Por Javier Bedia Prado

18 agosto 2020 

Referencias

[1] En 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de Salud, calificó al glifosato de potencialmente cancerígeno para humanos. En Bolivia este año el Comité Nacional de Defensa de la Democracia presentó al Ministerio de Salud más de 1.100 estudios de evidencias científicas del impacto de glifosato en salud. Se le liga al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. El químico ya llegó a la Antártida. En el fondo del río Paraná se encuentra por toneladas.

[2] Atlas del Agronegocio Trasnsgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos (Acción por la Biodiversidad, 2020). Las estadísticas usadas en este artículo provienen del informe, de libre acceso: www.biodiversidadla.org

[3] Agro tóxico. Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial (Patricio Eleisegui, Editorial Sudestada, 2019, Argentina).

[4] Falacia que derriba el megadesperdicio planetario de alimentos, no faltan, falla a conveniencia su acceso y distribución. Gran parte de soya transgénica es para engordar ganado, un lujo en cualquier canasta básica. Expropiaciones y pobreza aumentan en regiones de cultivos trans.

[5] La primera semilla transgénica, de soya, usada en Argentina se aprobó en base a un documento presentado por Monsanto sin siquiera traducirlo de su idioma original. El Perú, Ecuador y Venezuela son los países que impiden, hasta el momento, los cultivos transgénicos en Suramérica.

[6] “Los sectores que defienden la modificación genética de organismos asumen como cierto que los OGM tienen los mismos comportamientos a los observados en el laboratorio cuando son liberados en la naturaleza. Es decir que son equivalentes a los no modificados, asumiendo que la técnica experimental empleada es precisa, segura y predecible y que es equivalente al mejoramiento clásico de la agricultura. Esto es un grueso error y muestra un desconocimiento por parte del campo biotecnológico de las teorías y conocimientos de la biología moderna” (Andrés Carrasco, científico argentino que fue director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires).

Publicado originalmente en Plaza Tomada

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El derecho a las semillas como condición para la soberanía alimentaria

En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.

Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo  los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Históricamente, han sido mejoradas  y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.

De bien común a propiedad privada

A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.

Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.

A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.

De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.

En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.

En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.

La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.

En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.

Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.

Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.

21 julio 2020

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La diferencia entre las proteínas animales y las vegetales en la salud

Varios estudios han descubierto que la composición y el origen de las proteínas no influyen en sus efectos para la salud

¿Cuáles son mejores, las proteínas animales o las vegetales? Habrá quien diga que las proteínas vegetales son incompletas, y de peor calidad biológica, y quien argumente que las proteínas animales causan enfermedades. Los estudios han comprobado que ambas partes en conflicto se equivocan.

La calidad de las proteínas se mide  como la cantidad efectiva de aminoácidos que pasan a a sangre y se incorporan a tus células después de comer alimentos con proteínas. Desde hace décadas se usa el valor biológico, que resulta de restar el nitrógeno total excretado del nitrógeno ingerido para saber cuánta cantidad de proteína se ha desaprovechado.

Según el valor biológico, la proteína de suero de leche se absorbe en un 96%, mientras que las proteínas del tofu solo llegan al 64%. La explicación tradicional es que a la mayoría de los alimentos de origen vegetal les falta alguno de los nueve aminoácidos esenciales (la quinoa es una excepción), mientras que todas las fuentes de proteínas animales son completas. Si falta un aminoácido, la síntesis de proteínas en las células se detiene: es como si faltara una pieza de LEGO para completar la casa.

En efecto, la falta de un aminoácido es un cuello de botella, pero nuestro organismo tiene formas de superarlo. Se ha visto que, como adaptación evolutiva, podemos reciclar y conservar los aminoácidos en espera de que lleguen los suministros que faltan. Por ejemplo, a las lentejas casi no contienen los aminoácidos cisterna y metionina. Pero si más tarde tomas arroz o avena, que sí los tienen, completarás el puzzle. 

Por este motivo, comer más cantidad de proteínas, aunque sean incompletas, mejora la absorción. Teniendo en cuenta esto, la OMS ha cambiado de sistema de medida de la calidad de las proteínas para usar el índice PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, Puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas) que identifica qué aminoácidos son verdaderamente limitantes.

Por ejemplo, al arroz le falta el aminoácido lisina. Las personas en países en desarrollo que se alimentan únicamente de arroz sufren diarrea e inflamación de las mucosas. La deficiencia de lisina también puede afectar a algunas personas que siguen una dieta vegana, pero se corrige aumentando la ingesta de legumbres, semillas y frutos secos.

Las proteínas animales y la diabetes

Una dieta con más proteínas tiene muchas ventajas para perder peso y mantener la salud. Sin embargo, los estudios de poblaciones indican que el consumo elevado de proteína animal está asociado a una mayor incidencia de diabetes tipo 2, mientras que las proteínas vegetales no.

Una posible explicación es que las proteínas animales tienen una concentración más alta de aminoácidos ramificados (BCAA, leucina, isoleucina y valina) y sulfurosos (metionina y cisteína) que las vegetales. El consumo elevado de BCAA está asociado con la diabetes, aunque esto no quiere decir que sea la causa. Al revés el consumo de isoleucina aumenta la sensibilidad a la insulina. Un menor consumo de recudir los BCAA y la metionina puede aumentar la longevidad, pero a cambio, reducir las proteínas acorta la vida

Para deshacer este entuerto se hizo un estudio clínico aleatorio con personas diabéticas. Todas tenían una dieta con un 30% de proteínas, 30% de grasa y 40% de carbohidratos, pero un grupo obtenía las proteínas de la carne y los lácteos, y el otro de proteína refinada de guisante.

¿Por qué proteína concentrada de guisante? Para eliminar la posible influencia de los efectos beneficiosos de la fibra y los antioxidantes de las plantas en las verduras y hortalizas. Al final del experimento no había diferencias entre los dos grupos en la sensibilidad a la insulina, tensión arterial, colesterol, triglicéridos, glucosa ni marcadores de inflamación. La composición de los aminoácidos de las proteínas no tiene influencia.

En realidad, todas las proteínas se descomponen en aminoácidos durante la digestión, y tu cuerpo no es capaz de distinguir si un aminoácido viene de una lenteja o de un muslo de pollo. Como hemos visto, comer plantas nos beneficia de otros modos.

Por Darío Pescador

27/01/2020 - 21:20h

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Escanea y asómate al horror: llegan las apps que te dicen la mierda que te metes

Ya no hace falta tener un posgrado en nutrición para entender las etiquetas de los alimentos o los cosméticos. Llegan nuevas aplicaciones para móviles que descifran lo que llevan los productos que consumes, así como sus posibles peligros.

Una persona lleva varios minutos paralizada en el pasillo de las latas. Una lista interminable de ingredientes ininteligible, conservantes con nombres imposibles, un jeroglífico escrito con letras microscópicas, muchas veces con su nombre científico en latín... La tarea de saber qué contienen los productos procesados que te comes o los cosméticos que te echas encima nunca ha sido sencilla.

Para empezar, haría falta una lupa, una base de datos memorizada sobre miles de elementos químicos y nutrientes, y un algoritmo que los procese a toda velocidad para saber si un producto presenta algún tipo de peligro para la salud. Es precisamente lo que hace la aplicación para móviles Yuka, lanzada por tres desarrolladores franceses en 2017 y que, según afirman, cuenta ya con cerca de diez millones de usuarios. Desde este verano, también está disponible en España.

Con esta app gratuita en su versión básica, las personas que quieran saber qué contienen los alimentos y los cosméticos que consumen solo tienen que escanear el código de barras y asomarse al horror. En efecto, gran parte de los productos procesados que consumimos a diario contienen tóxicos, pueden ser cancerígenos, producir sobrepeso o problemas coronarios en distintos grados. Aunque también hay sorpresas: Yuka también permite descubrir productos razonablemente sanos en las góndolas de los supermercados. Y ofrece alternativas menos perjudiciales para la salud.

“Claro, ahí está el negocio”, señala el desconfiado lector. No, al menos si creemos a los creadores de Yuka. Una de las particularidades de esta app es que se proclama “100% independiente”. Según explican en su propia página, “la aplicación no hace ningún tipo de publicidad” y la financiación se realiza, sostienen, fundamentalmente a través de su versión premium y otros servicios adicionales. Además, siempre según su versión, “por razones éticas, Yuka no vende ni utiliza ningún dato personal”.

Mi desodorante es letal

Un paseo por la nevera o por el baño móvil en mano puede acabar muy mal. Un rápido escaneo al desodorante Nivea for Men arroja un “riesgo alto”, con una puntuación de 0/100, es decir, que no puede ser más malo. “La revolucionaria crema para la piel del hombre” contiene BHT (Butilhidroxitolueno), un antioxidante que “ha mostrado efectos de interrupción endocrina” y que “también podría tener efectos en las hormonas sexuales y afectar a la fertilidad y el desarrollo”. Y también tiene “Aluminium Chlorohydrate”, sales de aluminio vinculadas, según un estudio publicado por el International Journal of Cancer en 2016, con efectos cancerígenos, siempre según los resultados que ofrece esta app.

La crema con la que cuidas las irritaciones del culo de tu bebé debería ser algo 100% seguro, pero resulta, según los cálculos de Yuka, que Mitosyl de Laboratorios Sanofi Aventis solo es un 8% seguro. Contiene “Petrolatum”, un aceite mineral derivado del petróleo de “riesgo alto” clasificado como “posible cancerígeno humano”.

¿Va a pillar un cáncer tu hijo por usar Mitosyl? Pues, probablemente no. Debería “nadar en una bañera de Petrolatum para que tenga algún efecto”, diría el gabinete de prensa de Sanofi Aventis. Pero ¿qué ocurre cuando casi todos los elementos que comemos o que nos untamos tienen algún ingrediente considerado nocivo para la salud? ¿No es mejor limitar este consumo si tenemos la información y hay alternativas? 

Para calcular la idoneidad de los productos, la calidad nutricional representa el 60% de la nota final, con un método basado en Nutriscore, un semáforo de calidad nutricional que se rige por el Programa Nacional de Nutrición y Salud de Francia, de pronta aplicación en España. La presencia de aditivos representa el 30% de la puntuación y determina la peligrosidad final del producto con tres colores: sin riesgo (pastilla verde), riesgo limitado (pastilla amarilla), riesgo moderado (pastilla naranja), riesgo elevado (pastilla roja). Y el 10% final de la nota corresponde al origen orgánico o ecológico de los productos utilizados.

Desde enero de 2018, Yuka ha ido construyendo su propia base de datos. Hoy cuenta con un registro de 450.000 productos alimenticios y 150.000 cosméticos. Y si la aplicación no reconoce el producto, el usuario puede incorporarlo a la base de datos. Una foto de la mercancía, del código de barras, otra de los ingredientes y cuatro horas de espera son suficientes para conocer la peligrosidad de casi cualquier alimento o cosmético. Las bebidas alcohólicas o la leche de fórmula para bebés son algunos de los productos que no incluye Yuka en sus bases de datos.

Un mercado en disputa

De forma paralela, otras aplicaciones similares han ido saliendo al mercado. Una de ellas es myHealth Watcher, que también hace gala de ser “100% independiente” y colaborativa: “Bajo ninguna circunstancia myHealth Watcher realizará cambios en sus algoritmos de recomendación a propuesta de fabricantes o marcas”, afirman desde esta empresa. La particularidad de esta app es que permite personalizar perfiles para cada miembro de la familia incluyendo información de alergias e intolerancias, y dietas vegetarianas o veganas.

Otra aplicación es El CoCo, un “proyecto autofinanciado y 100% independiente”, según su propia definición. Esta app “calcula el grado de procesamiento de cada producto y te avisa cuando son ultraprocesados” utilizando también, entre otros, el sistema Nutriscore.

Yuka y El CoCo dan más valor a los aditivos y conservantes, y Yuka es la que más valora el hecho de que los productos sean ecológicos. Sin embargo, ninguna de las aplicaciones tiene en cuenta el efecto de estos alimentos o cosméticos en el medio ambiente o en el entorno laboral o social donde son producidos o la huella ecológica de su transporte o de su embalaje.

¿Sirve de algo conocer los efectos nocivos de un producto? ¿Ayuda a que los consumidores cambien sus hábitos o para que las empresas comiencen a buscar alternativas más sanas? El ejemplo del tabaco no invita al optimismo. Sin embargo, las personas preocupadas por los productos que consumen y su impacto en la salud nunca han tenido tan fácil identificar la mierda que se meten.

Martín Cúneo

@MartinCuneo78

2019-10-15 06:00

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Miércoles, 14 Agosto 2019 05:42

Capitalismo, agricultura y cambio climático

Capitalismo, agricultura y cambio climático

 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) filtró un adelanto de un estudio sobre la relación entre suelos, agricultura y cambio climático. Es un poderoso llamado de atención sobre las fuerzas que amenazan con desfigurar la biósfera y destruir la especie humana. El análisis hace hincapié en el uso de suelo, la producción de alimentos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La advertencia del IPCC señala que la agricultura, la ganadería y la silvicultura generan 23 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cada año. Por otra parte, el IPCC recuerda que los suelos del planeta son responsables de absorber alrededor de 30 por ciento del bióxido de carbono emitido cada año por la industria y el sector energético. En la medida en que los suelos se degradan, se reduce su capacidad de absorción del bióxido de carbono (CO2) y su capacidad productiva se ve limitada. Esto aumenta la concentración de GEI en la atmósfera y agrava el cambio climático, lo que genera nuevamente mayor degradación de suelos. El riesgo de desencadenar un ciclo acumulativo vicioso es hoy día muy alto.

El informe del IPCC es importante, pero, como siempre ocurre con estas evaluaciones sobre la destrucción ambiental en el mundo, adolece de una grave omisión: no contiene ninguna referencia sustantiva a las fuerzas económicas que están promoviendo esta degradación ambiental.

El IPCC indica que cerca de 30 por ciento de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia. La reducción de estos desechos haría una contribución importante para restringir las emisiones de GEI. El IPCC también reconoce que es necesario combatir la desigualdad que impera en los paisajes rurales del mundo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los patrones de consumo y el tipo de dieta imperante afectan la cantidad de tierra y agua que se necesitan para la producción de alimentos. El consumo de carne es uno de los factores más negativos en la contribución del sector a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, por cada kilogramo de proteína animal producida se necesitan 10 mil litros de agua, nueve kilogramoss de granos y el equivalente a 18 kilogramos de capa orgánica de tierra.

Es cierto que la agricultura mundial está hoy profundamente distorsionada y sumergida en un círculo vicioso, en el que la degradación de suelos está asociada a mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no será fácil implementar los cambios que se necesitan para reducir las emisiones de GEI del sector agrícola. Y es que, hoy, la agricultura mundial se comporta tal como el capitalismo siempre quiso que lo hiciera. El desperdicio y la desigualdad son dos signos distintivos de este fenómeno. La desigualdad es resultado de la lucha que el capital siempre ha mantenido por controlar el proceso de producción en el campo, buscando someter al campesinado y la población rural a la relación salarial. El acaparamiento de tierras es una faceta de este proceso. Por su parte, el desperdicio es un subproducto del control de la producción agrícola por el capital. No hay que olvidar que bajo el capitalismo, el objetivo de la producción mercantil agrícola no es generar alimentos para la población, sino producir ganancias para las corporaciones. En la producción capitalista el desperdicio es parte del valor agregado que se vende como mercancía.

Un rasgo esencial del capitalismo es la tendencia a la concentración del poder de mercado en pocas empresas. En la agricultura mundial esta consolidación corporativa se manifiesta no sólo en las grandes plantaciones y fábricas de carne, sino en todos los eslabones de la cadena de valor: comercialización, procesado y empaque, transporte y producción y venta de semillas e insumos agroquímicos (muchos profundamente tóxicos). Los abusos de la concentración de poder van desde la manipulación de precios hasta las violaciones de los derechos humanos de poblaciones campesinas.

El IPCC es incapaz de examinar el verdadero motor de la destrucción ambiental provocada por las grandes plantaciones de aceite de palma en el sudeste asiático, o por la ganadería y la soya transgénica en América Latina. Y es que el IPCC critica esas plantaciones, pero considera que están relacionadas con las necesidades de una población constantemente en aumento. No puede ver que esos proyectos tienen muy poco que ver con las necesidades de la gente y en cambio, sí, mucho con la transformación de la agricultura en una fuente de ganancias. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura están vinculadas con la transformación de la producción de alimentos y del paisaje rural en general en un simple espacio de valorización para el capital.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero únicamente es posible frenando los excesos del capitalismo. El mercado no podrá hacerlo. La autoridad pública (el Estado) es la única que puede orientarnos en esa dirección. Pero eso necesita un cambio de paisaje político, que hoy está lejos de presentarse.

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Publicado enMedio Ambiente
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