Sábado, 11 Agosto 2018 09:10

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

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Viernes, 10 Agosto 2018 08:57

Colombia: Entre muertos y desaparecidos

Colombia: Entre muertos y desaparecidos

Desde 2007 hasta la fecha han exhumado en el país 8.969 cuerpos en fosas oficiales y clandestinas. Estos restos humanos siguen anónimos porque los procesos de identificación y entrega a familiares reportan mínimas proporciones 5,8 por ciento y 1,4 respectivamente. La falta de coordinación institucional es constante a toda escala, así lo evidencia el informe presentado a comienzos de julio por una coalición de organizaciones y congresistas.

 

El pasado 8 de julio, el senador Iván Cepeda y el representante Alirio Uribe, en Audiencia Pública “La paz se construye con hechos: entrega digna de personas no identificadas” presentaron un diagnóstico sobre la situación de personas inhumadas no identificadas en cementerios y entierros clandestinos en Colombia. La elaboración del informe fue posible gracias a la coordinación de las Unidades del Trabajo Legislativo de estos congresistas, Cinep, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Claretiana Norman Pérez Bella, Corporación Vida-Paz, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Atención Psicosocial –Equitas, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice.

 

El informe, con el equívoco nombre “Resultados de la implementación de las medidas inmediatas humanitarias y la situación actual de los cementerios municipales”, indicaría la falta de claridad en política pública para la intervención de entidades en el manejo de los cementerios. Aunque menciona estas dificultades como parte del problema, no es su principal interés. Tiene mayor razón desde la necesidad conjunta expresada por Gobierno y Farc en La Habana, con el comunicado conjunto N° 62, para la búsqueda de desaparecidos por el conflicto y la creación de una unidad especial para ello. Sin unidad institucional, la responsabilidad de identificación de personas recae en la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la tarea de localización, identificación y entrega de cuerpos o restos oseós a familiares.

 

Este documento se elaboró con los insumos recibidos del conjunto de derechos de petición oficiados a todas las alcaldías municipales sobre cifras de cuerpos no identificados. Como es recurrente en nuestro país, no todas respondieron, de las 853 respuestas recibidas la mitad incluía una cifra de cuerpos inhumados. Otras excusaban desconocer cifras o no estar a cargo de los campos sacros.

 

 El llano en llamas

 

Existen 2.292 personas inhumadas como no identificadas en tan sólo cinco cementerios: Villavicencio, Vistahermosa, La Macarena, Granada y San José del Guaviare. En la sola capital llanera reposan 593 cuerpos. Por su parte, el Ministerios de Interior señala que el reporte de los cuerpos en Villavicencio asciende a 679, y en el cementerio de Granada hay otros 609 más. La Fiscalía, en respuesta sobre labores desarrolladas junto con el CTI y la Dijin, dice que han logrado identificar 899 cuerpos y sólo 186 restos han sido entregados a familiares. Por su parte Medicina Legal dice trabajar articuladamente y establece que el porcentaje de identificación de las exhumaciones llega apenas al 5.8 por ciento y el 1.4 en cuerpos entregados a familiares.

 

Entre la lista de anónimos, están los reportados por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate. Así lo demuestran las 1.421 actas de levantamiento de cadáver. Otras cifras señalan que el número de exhumación asciende a más de 2.304 casos, de los cuales, por reportes de las cinco unidades militares de combate del Meta indican 1.674 muertos en combate.

 

Que coordinen

 

Los convocantes instan tanto a Fiscalía como a Medicina Legal, a realizar un informe conjunto sobre su intervención en las exhumaciones. El reporte de cifras diferentes entre estas dos instituciones evidencia el alto nivel de descoordinación que mantienen en su labor de exhumación. En el mejor de los casos se presentaría una duplicidad de esfuerzos, pero se teme que ayude a la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Estado. A nivel nacional los cuerpos identificados por Medicina Legal representan solo el 1 por ciento del total de cementerios reportados, evidencia clara del enorme retraso del propósito, con el agravante de tener la custodia de los cuerpos por varios años.

 

Por su parte, el Ministerio del Interior reportó un proyecto con el nombre de “Búsqueda de personas no identificadas en cementerios”, con una asignación de 9 mil millones de pesos. En respuesta al derecho de petición interpuesto utiliza cifras parciales y datos incompletos, para terminar justificándose, diciendo que el proyecto se circunscribe únicamente al diagnóstico de cementerios. Semejante respuesta, para toda una entidad ministerial. Y aún así también evidencia la ausencia de una política pública en cementerios para la custodia de cuerpos inhumados, no identificados o sin reclamar.

 

Los medios oficiosos de comunicación, con su escaza sensibilidad social y acrítica, contribuyen al olvido de los líderes sociales asesinados, de los muertos sin nombre, de los desparecidos. En este caso, las preguntas por los no identificados, pueden tener respuestas en los desaparecidos por efecto del conflicto. Cada caso de estos, que afecta por la ausencia de la persona, irradia en su familia el dolor y la angustia por la pérdida del ser querido y por su deseado retorno, proyectando intimidación en los procesos organizativos donde participaban, a la par que ocasiona miedo generalizado, y posible terror, en el sector social al que estaban vinculados.

 

Todas estas son las consecuencias que dejan los desaparecidos en cuerpos sin identificar. Todas estas son las consecuencias de una ola de violencia que no cesa y que el Estado ampara, o por lo menos demuestra su incapacidad para contener.

 


 

Recuadro

 

Unidad de víctimas cuestionada por la Contraloría

 

Al parecer, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv) ahora también es cuestionada por la propia Contraloría, por el hallazgo de irregularidades en el manejo de recursos que generaron un pasivo financiero de 1.5 billones de pesos. Entre los hechos están entregas de proyectos productivos por $2.000 millones sin resultados, indemnización a supuestas víctimas con documentos falsos, que favorecieron 90 pagos por 72 millones, y otras 95 indemnizaciones a personas muertas por 1.500 millones de pesos. Su directora, Yolanda Pinto –viuda de Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia asesinado en el 2003 por la Farc– se ha limitado a entregar un escueto comunicado y señalar que escaló las denuncias a las autoridades competentes. Entorno a los proyectos productivos, pueden tomar 20 años para obtener resultados, sin embargo tomará nota para hacer los correctivos.

 

Cuadro

 

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Ataque aéreo en Yemen alcanza autobús escolar; hay 50 muertos

Saná, Yemen

 

Un ataque aéreo lanzado este jueves por la coalición encabezada por Arabia Saudita que lucha contra los rebeldes hutíes, apoyados por los chiítas, alcanzó a un autobús en un mercado concurrido del norte de Yemen, con saldo de al menos 50 muertos, entre ellos 29 niños, y 77 heridos, informó la televisora rebelde Al Masirah.

La coalición aseguró que atacó a los rebeldes hutíes, que dispararon este miércoles un misil, con resultado de una persona muerta en el sur del reino: un residente yemenita.

Al Masirah difundió imágenes dramáticas de niños con la ropa y mochilas escolares cubiertas de sangre mientras permanecían en camillas de los hospitales. El Comité Internacional de la Cruz Roja tuiteó que su equipo en un hospital al que financia en Saada recibió los cadáveres de 29 menores, que no llegaban a los 15 años. El equipo también recibió a 48 personas heridas, entre ellas 30 niños, agregó.

El ataque ocurrió en el mercado Dahyan, en la provincia de Saada, en la frontera con Arabia Saudita. La región de Saada es el bastión de los rebeldes hutíes, a los que combate la coalición dirigida por Riad, que interviene en apoyo a las fuerzas del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.

Los hutíes, que forman parte de la minoría zaidita (una rama del chiísmo), se consideran marginados en un país mayoritariamente sunita y tienen apoyo de Irán, que niega darles respaldo militar.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, exigió una investigación rápida e independiente.

“De nuevo numerosos niños habrían muerto o resultado heridos cuando un autobús escolar fue atacado en el norte de Yemen… ¿El mundo realmente necesita ver más niños inocentes muertos para poner fin a la guerra cruel en Yemen?”, se preguntó el director del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para Medio Oriente, Geert Cappelaere.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert dijo: Exhortamos a la coalición encabezada por Arabia Saudita a realizar una investigación exhaustiva y transparente respecto al incidente.

El autobús bombardeado transportaba a civiles locales, muchos de ellos menores, según jefes tribales yemeníes que hablaron a condición del anonimato por temor a represalias.

No hubo un desglose de las víctimas fatales y se desconocía de momento cuántas correspondían al autobús y cuántas eran transeúntes en los alrededores. También se desconocía si hubo otros ataques aéreos en la zona.

El coronel Turki al-Malki, portavoz de la coalición, dijo que la incursión en Saada estuvo dirigida a los insurgentes que dispararon un misil contra la ciudad saudita de Jizán, donde también causaron 11 heridos. Precisó que el proyectil fue interceptado, pero sus fragmentos causaron las víctimas.

Al-Malki insistió en que el ataque en Saada fue una acción militar legítima acorde a los usos y costumbres del derecho internacional. Acusó a los hutíes de reclutar niños y utilizarlos en los campos de batalla para encubrir sus acciones.

La guerra de Yemen dejó más de 10 mil muertos desde la intervención de la coalición en 2015 y provocó la peor crisis humanitaria en el mundo, según la ONU.

 


Tres palestinos muertos en el fuego cruzado entre Israel y Hamas en la frontera de la Franja de Gaza

 

Página12

 

Los fuegos cruzados entre la organización palestina Hamas y el ejército israelí sacudieron la madrugada de ayer los territorios a un lado y otro de la frontera en la Franja de Gaza. 180 cohetes partieron del lado palestino hacia Israel, quien respondió con ataques aéreos a más de 150 objetivos. Murieron una mujer embarazada palestina, su bebé de 18 meses y un miembro de Hamas.

La nueva escalada de tensiones comenzó el martes cuando el ejército israelí abrió fuego con un tanque a un puesto de vigilancia palestino, porque interpretó que un ejercicio con fuego real del brazo armado de Hamas ponía en peligro un destacamento suyo. La milicia islamista que controla la Franja de Gaza enseguida prometió represalias, pero éstas no llegaron sino hasta el miércoles por la noche, cuando una lluvia de cohetes cayó sobre suelo israelí.

El Ejército de Israel aseguró que durante la noche fueron lanzados 150 proyectiles hacia su territorio, de los que más de 30 fueron interceptados pero la mayoría cayó en el campo. En respuesta, Israel atacó más de 150 objetivos en la Franja de Gaza. “Sólo atacamos objetivos militares que sin duda eran utilizados por Hamas”, dijo el portavoz militar Jonathan Conricus. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los militares, una mujer embarazada que cursaba el octavo mes de embarazo, Inas Jamash, de 23 años, y su hija Bayan, de 18 meses, perdieron la vida mientras dormían en su casa en un bombardeo que alcanzó Jafarawi, en el centro de Gaza. “No puedo entenderlo. Me gustaría que el soldado israelí que disparó contra mi hermana y mi sobrina pueda sentir por un segundo el dolor y agonía con los que yo ahora tengo que vivir”, dijo a la cadena qatarí Al Jazzera la hermana de la víctima, Iman, con quien Inas había pasado las últimas semanas eligiendo ropa para su segunda hija. El tercer palestino muerto fue identificado por Hamas como Ali Ghandur, un miembro de la rama armada del movimiento, la brigada Ezedin al Qasam.

Ayer por la tarde se instaló una breve calma en el territorio, que terminó con la caída de un cohete palestino cerca de Beersheva, a unos 40 kilómetros de Gaza. El artefacto no provocó daños ni víctimas, pero parecía una advertencia a Israel ya que se trata de la primera vez desde la guerra iniciada en 2014 que se lanza un cohete tan en el interior del territorio del Estado hebreo, en lugar de las proximidades de Gaza. Al final de la tarde, hubo respuesta israelí en la que se atacó a un edificio de cinco pisos donde funcionaba un teatro.

Tras estos últimos episodios de violencia, una asociación de resistencia armada, a la que pertenece Hamas, dio por terminada la escalada de violencia con Israel. “Esta escalada se ha acabado gracias a la mediación internacional y regional”, informaron. Según sus declaraciones, Egipto y el enviado especial de la ONU Nickolay Mladenov habían logrado mediar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y las milicias, que entró en vigor por la medianoche local. Mladenov previamente ya había llamado a acabar con la escalada. “Estoy profundamente alarmado por la escalada de violencia entre Gaza e Israel, y en especial por los numerosos cohetes lanzados hoy hacia una localidad del sur de Israel”, declaró el diplomático quien hizo, además, un llamado a la moderación.

“Se ha llegado a un acuerdo de calma a cambio de calma, que comienza a medianoche”, dijo un miembro del comité conjunto de las milicias armadas en Gaza que pidió no ser identificado. El medio digital israelí Ynet señaló que fuentes palestinas confirmaron la entrada en vigor de una tregua, aunque aseguró que portavoces del Ministerio de Exteriores israelí no habían respondido por el momento a preguntas sobre la cuestión. Las informaciones sobre el alto el fuego siguieron, sin embargo, a una declaración en sentido contrario del Gabinete de Seguridad israelí, que tras varias horas reunido con altos mandos de Defensa emitió un comunicado en el que aseguraba que había ordenado al Ejército que continuara actuando con fuerza contra los que llamó los elementos terroristas.

Israel y Hamas mantienen desde la guerra de 2014 un muy tenso alto el fuego, que con regularidad se ve puesto a prueba por actos hostiles a ambos lados de la valla fronteriza israelí que cierra herméticamente la frontera.

El 30 de marzo comenzaron una serie de manifestaciones masivas contra el bloqueo israelí y para exigir el derecho de retorno de los palestinos que fueron expulsados de sus tierras con la creación de Israel, en 1948.

Las tensiones se vieron exacerbadas por el traslado, el 14 de mayo, de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión, que rompió con décadas de consenso internacional, coincidió con un baño de sangre en el que más de 60 palestinos murieron a lo largo de la valla fronteriza. Desde marzo, el fuego israelí ha acabado con la vida de al menos 165 gazatíes. Un soldado israelí también murió en esos enfrentamientos el 20 de julio, por primera vez desde 2014.

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Jueves, 09 Agosto 2018 10:16

Nicaragua. La muchacha de Pernambuco

Nicaragua. La muchacha de Pernambuco

El reparto Lomas de Monserrat hasta hace poco hervía de paramilitares encapuchados. Muy cerca de allí se encuentra la Universidad Nacional Autónoma, tomada por estudiantes desde los inicios de la protesta cívica que sacude al país. Siempre fue inminente un ataque para desalojarlos, el cual se dio por fin la tarde del viernes 13 de julio.

Los estudiantes corrieron a refugiarse en la vecina iglesia de la Divina Misericordia, y los disparos incesantes continuaron hasta la madrugada del sábado 14, ahora contra la iglesia, dejando dos muertos.

Los encapuchados continuaron en Lomas de Monserrat tras la operación limpieza contra la universidad, y el 23 de julio aún estaban allí.

Esa noche, Raynéia da Costa, de 31 años, originaria de Pernambuco, estudiante de sexto año de medicina, tras terminar su turno de practicante en un hospital, asistió junto con su novio, Harnet Lara, a una fiesta en ese reparto.

Bella como una modelo de revista de modas, según se la ve en las fotografías de su muro de Facebook, había llegado a Managua seis años atrás, recién casada con un nicaragüense de quien después se separó.

Para sostener sus estudios fabricaba brigadeiros, trufas de chocolate y coco, y cuando sus compañeros la veían acercarse sonriente ofreciendo su bandeja de dulces, silbaban en su homenaje La garota de Ipanema.

Tras la fiesta, cerca de medianoche, los novios abandonaban el reparto, ella por delante conduciendo su auto, un pequeño Suzuki, y él detrás al volante del suyo. Al escuchar disparos, Harnet aceleró y la encontró sentada en el pavimento, bañada en sangre. Ya herida, había logrado deslizarse fuera del vehículo.

Al descubrir a tres paramilitares encapuchados, las armas en ristre, se acercó con las manos en alto. La cargó en brazos hacia su auto, sin que los enmascarados se lo impidieran, para llevarla al hospital más cercano. Es lo que relató a los practicantes que la recibieron en la sala de emergencias, algunos de ellos compañeros de clase de Raynéia.

Todo fue inútil. Había recibido un balazo lateral de alto calibre a la altura de las costillas que le dañó el corazón, el diafragma y parte del hígado.

Agentes de la policía se presentaron al hospital en busca del novio para llevarlo "a reconstruir la escena", pero los médicos lo impidieron debido a su estado de shock. Sólo fue dado de alta al día siguiente.

La policía imputó primero a un guarda de seguridad del reparto, al que no identificó. Pero luego señaló a Pierson Gutiérrez, de 42 años de edad, oficial del Ejército hasta 2009, y profesor de taekwondo, a quien le fue incautada una carabina M4, de uso militar.

Gutiérrez, militante del partido oficial, es empleado de Petronic, que funciona bajo el paraguas de Albanisa, la empresa a cargo del negocio del petróleo venezolano. Tiene sus oficinas en Lomas de Monserrat.

Desde que abandonó el hospital, no se sabe de Harnet. Se lo tragó la tierra. El Suzuki de la víctima desapareció de la escena del crimen. También desaparecieron los paramilitares de Lomas de Monserrat. Las cámaras de vigilancia del vecindario fueron desmontadas.

El inculpado fue presentado subrepticiamente en los tribunales el primero de agosto, cuando es feriado obligatorio, pues se celebraba al patrono de Managua, Santo Domingo de Guzmán. La audiencia se celebró a puertas cerradas.

Las malas novelas resultan siempre incongruentes. Y mal contadas. En el escrito de acusación, la fiscalía empieza por culpar a la víctima de su propia muerte por conducir de forma "descontrolada y con actitud sospechosa"; y respecto al hechor, explica que venía de buscar, a esas horas, un local para abrir una escuela de taekwondo; se acordó de camino que conocía a unos guardas de seguridad de servicio en Lomas de Monserrat, y fue a ofrecerles capacitación en defensa personal y uso de armas de fuego. Eran entonces las 10.40 de la noche.

Sus conocidos eran dos, al servicio de Displuton SA, una empresa de seguridad también cubierta por el paraguas de Albanisa, cada uno de ellos armados con una escopeta calibre 12: así se completa el trío de paramilitares mencionados por Harnet.

Es entonces cuando queda sellada la suerte de Raynéia. "Debido al comportamiento y movilización errática del vehículo" los guardas sentían "que sus vidas estaban en peligro", dice, complaciente, la fiscalía.

Pierson, diligente en proteger a sus amigos, sacó de su auto la carabina M4, se apostó tras un poste de alumbrado, y disparó contra el Suzuki.

La fiscalía acusa al hechor de homicidio, que merece una pena de 15 años, menor a la de asesinato. La defensa pide aún una rebaja a 10 años, con lo que pronto el asesino estaría libre, digamos, por razones de salud, como es usual cuando se trata de estos juicios arreglados.

Mientras tanto, el cadáver de Raynéia, la muchacha que se pagaba sus estudios vendiendo brigadeiros, ya fue sepultado en su tierra natal de Pernambuco.

 

Masatepe, agosto 2018

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Nueve asesinados en El Tarra: A sangre fría, a plena luz del día, ante los ojos de la Fuerza Pública

Un desangre que se ahonda y se prolonga, ahora sus hilos llegaron al Catatumbo, al municipio de El Tarra. En plena luz del día del 29 de julio, cuando la diversión y el compartir desprevenido llenaba uno de los billares con que cuenta este municipio en su zona central, en donde varios amigos compartían recuerdos y visiones sobre el presente, la presencia inesperada de un grupo de sicarios encapuchados, transportados en motocicletas, y dotado de fusilería, interrumpió con ráfagas de 5.56 y 7.62 el rodar de las bolas de billar, así como la vida de nueve de los allí presentes; otros dos quedaron tendidos en el piso, impactados sobre su humanidad.

“[…] entre las nueve personas asesinadas había un líder social perteneciente a la Asociación campesina del Catatumbo. Se trata de Frederman Quintero presidente de la junta acción comunal de la vereda el 84, responsable del Comité veredal de Ascamcat”, informó a desdeabajo, en conversación telefónica, Juan Quintero vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según informa Ascamcat en su página, este líder social participaría el próximo 3 y 4 de agosto en la Audiencia Popular Regional a celebrarse en el municipio San Calixto de la región del Catatumbo. Las audiencias permiten a la población opinar políticamente y llevar a cabo lo que constitucionalmente está reglamentado: ejercer el estado social de derecho, para buscarle solución a la problemáticas existentes en la región.

Juan Quintero nos narra parte de los hechos ocurridos ayer en El Tarra:

“Según versiones de la autoridad departamental, entre este grupo de personas se encuentran tres ex integrantes de las Farc acreditados por el Comisionado de paz”, lo que permite entrever que la masacre fue fríamente calculada, buscando golpear en dos direcciones de manera simultánea: liderazgos sociales y personas con capacidad y experiencia militar, y tal vez disposición para retomar su batalla si los incumplimientos del Gobierno Nacional con lo firmado en La Habana y luego en el Teatro Colón, prosiguen.

Otras de las víctimas que registra este ataque sicarial, a las cuales Juan Quintero se refiere como “[…] personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado (son): “un joven que vendía lotería y está por establecerse la identidad de las otras personas que se encontraban en el establecimiento”.

Las horas pasan, un aire de temor y zozobra expande aires amargos sobre este territorio, y pese a ello las autoridades no se atreven a confirmar el grupo responsable de la autoría de este ataque. Algunos especulan con la posibilidad de que la autoría de los hechos recaiga sobre alguna de las estructuras armadas que con más evidencia ejercen control sobre esta parte del país, sin embargo el Eln y el Epl, pocas horas después de conocido este insuceso, dejaron en claro que no participaron en los hechos. Como es conocido, ambas agrupaciones sostienen una confrontación abierta desde hace varios meses, la cual ha dejado como resultado varios muertos, el secuestro de líderes sociales por espacio de varios días, la imposición de paros armados como evidencia de control territorial y el temor entre la población que habita esta parte del país de quedar en medio de combates que toman forma en la parte rural a distinta horas del día.

Sobre este particular enfatiza nuestro entrevistado: “[…] hay una incertidumbres de quienes pudiesen haber sido; están circulando unos comunicados del Eln y el Epl desvinculándose del hecho, rechazándolo, se está verificando la veracidad de los hechos, pero lo que hay que preguntarse es, ¿cómo es posible que se desarrolle una masacre a plena luz del día, en un casco urbano de los más custodiados del Catatumbo y la fuerza pública no se de por enterada”.

Es una realidad que genera una suspicaz duda en relación a cómo sucedieron los hechos, técnicamente en las narices de la Fuerza Pública que copa el casco urbano de esta localidad.

Preguntado sobre amenazas recibidas en días pasados, Juan Quintero confirma que no sabían de ningún tipo de amenazas en contra del líder social, y hasta el momento las autoridades tampoco han explicado algo sobre los posibles responsables. Según ellas, están esperando a la reunión del Consejo municipal de paz, reconciliación y no estigmatización, del municipio de el Tarra para esclarecer los hechos.

“[…] y lo de siempre, lo que hemos expresado es un anuncio de desmilitarización. Nosotros pensamos que hay que ir más de fondo a este tema, hay unos escenarios propicios para ayudar a resolver los conflictos sociales y armados que tenemos en la región, y esperamos que esas voluntades existan en los grupos armados, en las autoridades y en el Gobierno”.

Al despedirnos, recordamos que esta parte del país, fuertemente azotada por el paramilitarismo hace dos décadas, no vivía un hecho similar desde hacía dos décadas. Eran tiempos donde no se sabía cuál sería la próxima víctima, pero donde muchos temían por su vida. Hoy parece volver tal temor, ahondado por la ofensiva paramilitar vivida desde hace cerca de dos años en contra del movimiento social.

Es un recuerdo y un temor que también hace temer por el futuro del Acuerdo de Paz, deshecho en varios de sus principales apartados, y marcado por la sangre de decenas de sus actores medios y de base. Sin duda alguna, Santos se va el próximo 7 de agosto sin haber cumplido con su promesa de paz completa y manchado por la sangre de los liderazgos sociales asesinados en distintas partes del país.

 

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Interrogantes y escenarios, periódico desdeabajo No. 248

Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 09:04

De policía a cazador

De policía a cazador

¿Cuál es la concepción de Derechos Humanos que rige en la Policía Nacional, y cómo es el proceso formativo que imparten a los nuevos uniformados, para que consideren que su autoridad descansa en las armas? ¿Es posible pasar de una fuerza de ocupación, como en realidad es esta institución en Colombia, a un cuerpo de control social regido por la soberanía comunitaria?

 

“Un grupo especial de comando está preparado para perseguir y matar extraterrestres cucarachas, que invaden el planeta y se esconden en cloacas y ruinas, pero en una de las persecuciones uno de los soldados más eficientes es rociado con algo en el rostro por una de las cucarachas, justo cuando el soldado está dispuesto a matarla. Sucede algo en un inicio incomprensible para él, descubre que a quien ha estado matando no son cucarachas, el spray que rociaron en su cara le ha permitido ver que son personas, mujeres y niños escondidos en esas ruinas que lo miran directamente a los ojos. Se siente aterrorizado porque ya ha matado a muchos; cuando le cuenta a su superior éste le confirma y le da la opción de aplicarle un mecanismo para olvidar o vivir con la culpa que eso implica. El oficial decide someterse al mecanismo para olvidar (serie de Netflix, “Black Mirror 3” temporada 5to episodio)”.

 

Una serie de ficción, que como siempre carga rasgos de realidad. Esa que sí vivimos en Colombia, para el caso que nos ocupa en Bogotá, en donde el pasado 15 de junio un grupo de jóvenes, después de una salida de amigos, intentan abordar un bus del servicio integrado de transporte, ingresando sin pagar a la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 142. Intento fallido, pues son vistos por un policía que hace una voz de alto no acatada por los requeridos, quienes echan a correr. Reacción lógica, mucho más cuando se es joven, pues todos temen llegar a las celdas de la mal llamada Unidad Permanente de Justicia (UPJ), espacios hacinados donde se violan casi todos los derechos humanos.

 

¿Todo normal? No. Pero sí en Colombia, un país donde la naturalización de la violencia mutó en estrategia de vida para miles de miles; un país donde la policía, militarizada, dota con armas de gran poder a sus efectivos, los mismos que las usan más para agredir que para prevenir, convirtiéndose de hecho, y de esta manera, en una fuerza de ocupación, como sucede cuando un país es invadido por otro. Naturalización de la violencia que lleva a banalizar el mal, donde no sólo se agrade por cualquier motivo, hasta por los más intrascendentes, y donde personas normales cometen actos monstruosos.

 

Es por ello que este es apenas el inicio de una triste tragedia, pues en el caso de estos jóvenes, el policía, cegado por “el cumplimiento de su deber” –proteger y hacer respetar la propiedad privada– decide perseguirlos unas ocho cuadras, pero sin poderlos capturar. ¿Hubo una motivación profunda, sentimiento de frustración o rivalidad de fuerza que lo impulsaron a demostrar su poder y autoridad? O más tenebroso aún, no fue una emoción profunda que nubló su razón, sino que su lógica secunda sus acciones.

 

Con argumentos en su cabeza que validan su proceder, el policía actúa, toma un taxi y se dirige tras los jóvenes. Ya no es policía, ahora es un cazador. Cuando llega al lugar donde se encuentran –calle 144 con carrera 46– se baja del vehículo y desenfunda su arma; por pura reacción de autoprotección los jóvenes corren de nuevo, ahora por temor al arma; un estruendo estalla y un segundo después yace en el suelo Andrés Camilo Ortiz, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que huía del cazador urbano.

 

El susto agobia a sus compañeros, que corren con más energía, pese a lo cual uno de ellos hace un alto para intentar socorrer a quien ahora está moribundo, pero al acercarse al cuerpo alza la vista y ve que el “el paladín de la justicia” le apunta directamente; el frío recorre su cuerpo y siente que tiene que autoprotegerse, retoma la carrera. El policía, con “su trofeo” en el piso, camina de un lado a otro sin solicitar ayuda médica inmediata para el joven que siente que la vida se le va.

 

¿Un motivo para morir? Andrés Camilo nunca hubiera pensado así, mucho menos lo hubiera deseado, nunca hubiera pensado que un policía, por el simple hecho de portar un uniforme verde y un arma, llegara a asumir una simple colada a un portal como motivo para acabar con su vida, tal vez joven como él, viviendo con sus 19 años en plena primavera.

 

Pero Andrés desconocía que los agentes de la Policía Nacional son sometidos voluntariamente a una formación que acalla su conciencia, que elimina la empatía básica entre seres humanos, igual que en la historia del inicio, mecanismos de desconexión moral para ver enemigos en los otros, y considerar cada acción como un combate.

 

Las cámaras del sector registraron todo, ahí está la memoria de lo sucedido, de lo que nunca más debiera volver a ocurrir. El desenlace para Andrés Camilo Ortíz, de 19 años de edad, estudiante de tercer semestre de contaduría de la Universidad Nacional, es fatal. Un joven víctima de un policía que, reaccionó de acuerdo a procesos formativos recibidos, mentalizado como el disciplinador social, que está convencido que más que una vida, hay que proteger el “orden y la propiedad privada”, que las instituciones y las cosas son más importantes que las personas. Así, el policía formado sin un margen de autonomía y valoración ante cada circunstancia que vive y/o enfrenta, sin un aprendizaje donde resalte la vida por sobre cualquier bien privado o público, termina por considerar que ante la burla de estos jóvenes él está cumpliendo con su deber.

 

Buscando pistas

 

Juan es teniente retirado del ejército, es un conocido y amigo a quien reencuentro y le narro los hechos para entender mejor lo sucedido.

 

–Es que si los muchachos se metieron al Transmilenio sin pagar eso es una falta, pero se volvió un delito cuando se les dio la voz de alto y se echaron a correr. Me dice Juan con tranquilidad.

 

–Y ahí, el policía sí puede disparar. Agrega.

 

Esto me produce terror, porque no logro comprender la estructura de las leyes de un país donde es legal disparar a unos jóvenes por no acatar un grito de alto, cuya única falta fue querer entrar colados al sistema de transporte público, y después, por natural temor, correr al ver a la policía. Un temor donde la ética está escrita sobre simples conveniencias institucionales y sus integrantes no hacen, sobre dichas leyes, ningún discernimiento ético, sobre la valoración de la vida y de lo que puede ser catalogado o no, como delito.

 

Pienso en lo dicho por mi amigo Teniente y en el significado profundo de lo que rodea esa voz de ¡alto!, y me produce terror saber, pensar que los policías ven como enemigo y criminal a una persona que no obedece de manera inmediata sus órdenes, por lo cual pueden atentar contra su vida; policías que tienen la convicción total de que sus acciones son coherentes con la ética impartida en el entrenamiento que los prepara para su supuesta función social: proteger y servir a la comunidad.

 

En la lista de horrores que me produce el hecho y hablar de él, me horroriza la absoluta justificación y naturalidad con la que piensa un militar o policía como Juan; cuando la acción que terminó con la vida de Andrés Camilo, según la norma establecida, tiene para él una justificación, por lo cual se siente totalmente libre de culpa y bendecido por el cumplimiento del deber.

 

Dice Juan: “para mi siempre se trata de cumplir la ley del ejército y la ley de Dios, y si tengo que matar a un delincuente en un enfrentamiento pues lo hago”. Y se echa la bendición.

 

¿Ha pensado nuestra sociedad a quiénes y cómo están formando a nuestros supuestos protectores? Las consecuencias en todo caso están a la vista, indicándonos que es urgente construir otra política para la seguridad colectiva.

 

Trasfondo

 

¿Es este policía una persona intrínsecamente mala, con el potencial de matar y hacer daño a otros? ¿Es la fuerza pública un grupo de individuos malvados y violentos, sin familias y con impulsos agresivos incontrolables?

 

Para buscar luz ante este interrogante acudo al psicólogo e investigador Albert Bandura quien asegura que: “Los actos inhumanos son perpetrados por personas que en otros aspectos de sus vidas pueden ser compasivos y humanos”. En sus estudios, Bandura expone los mecanismos de desconexión moral, y parte de las respuestas a las conductas, en este caso de los uniformados que son padres, esposos, ciudadanos, a lo mejor ejemplares, pero que no tienen ningún problema ético al matar, torturar o hacer daño a quien considera como su enemigo.

 

Las personas dentro del contexto social desarrollan un marco de referencia moral que les permite identificar lo bueno y lo malo. Estas normas guían y determinan la conducta. Sin embargo para la conducta del transgresor (en este caso el policía) lo que sucede es un acomodamiento del referente ético de manera que no le incomode. Para Bandura la gente “buena” puede llegar a cometer actos crueles. Lo que hace es conectarse o desconectarse de esas normas morales, y justificar las acciones dependiendo de a quien catalogue de humano o no.

 

Para así proceder tiene varios mecanismos de desconexión moral. Las instituciones militares, religiosas, políticas, y casi cualquiera que pueda resguardarse en un ideal, usan con frecuencia estos mecanismos para validar sus actos (masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, genocidios) Las personas en nombre de ideales –supuestos o reales– hacen cosas para sentirse orgullosas, tener una bandera por la cual luchar les potencia valor personal, un ejemplo de siglos atrás son las Cruzadas, para aquellos caballeros matar estaba totalmente justificado, los enemigos estaban nada menos que en contra de Dios. Pero en tiempo reciente nos podemos acercar a multitud de ejemplos, entre ellos el propio fascismo, en lucha contra el comunismo, o en nuestro territorio los propios paramilitares –o sus aliados en los cuarteles– en lucha contra el “narcoterrorismo”.

 

Son “héroes” de ayer y de hoy, en cuyos casos deshumanizan al enemigo (la víctima), convirtiéndolo en un subhumano, lo que impide que lleguen a generar empatía con él, de ahí que al aludir al mismo anulen sus características humanas, identificándolo dentro de un grupo agresor, revoltoso, terrorista, insurgente, delincuente, o similar*.

 

Para así proceder, uno de los mecanismos más poderosos es la justificación moral, a partir del uso de palabras engañosas para santificar la conducta destructiva, para lo cual cada persona o institución tiene sus propios argumentos para validar sus acciones. Es común en ello el uso de lenguajes enrevesados y eufemismos, con lo cual ocultan la violencia y la agresión que despliegan a partir de ciertas políticas o medidas desplegadas, todo lo cual resume técnicas ya muy desarrolladas por los políticos que no hablan de desalojo de una población sino de reubicación, que no aluden a niveles de pobreza sino de poblaciones vulnerables.

 

Estamos, entonces, ante toda una maquinaria del poder, que requiere un abandono de la voluntad individual para someterse a la obediencia de un superior que lo es en rango, asumido, además, como tal en inteligencia. ¿Cómo discutir con alguien superior a ti? ¿Cómo discutir con quien significa el ideal de lo que quieres llegar a ser? Solo hay una máxima: Obediencia.

 

Comportamiento que de manera técnica recibe el nombre de único superior, y que lleva a la obediencia ciega, la cual tiene otras consecuencias pues cuando un subalterno es enjuiciado y argumenta que simplemente obedecía la ley lo sancionan, porque la obediencia institucional o grupal no exime del delito.

 

Responsabilidad flotante

 

Estamos ante un sistema de estructuración de mentalidades sometidas que es complejo. Los sistemas de autoridad están estructurados para que las políticas destructivas sean camufladas, disimuladas, no explícitas ni directas, pueden ser incluso ilegales –como los paramilitares en Colombia–, que les permite a quienes están en la punta de la pirámide jerárquica desentenderse de las consecuencias y negar las responsabilidades. Además que las culpas quedan diseminadas en cada fracción de la acción, lo que le resta la magnitud de terror que el hecho pudiera tener. Por ejemplo, uno da la orden, otro estructura la estrategia, otro consigue el armamento, otros realizan la acción con la convicción de que cumplen órdenes, ¿la culpa es de todos o es de nadie? La acción grupal propicia el anonimato.

 

Pero también, los mecanismos finales desplegados por el poder culpabilizan a la víctima; por supuesto, para que el sistema moral no se active se desestiman los efectos dañinos de la acción.


Todos estos recursos son potenciados por el poder al momento de formar a quienes supuestamente protegen a la sociedad, los que construyen una coraza en el cerebro de cada uno de sus funcionarios y de sus agentes. Actúan de manera violenta protegidos por tales recursos.

 

Así, al momento del disparo contra Andrés Camilo Ortiz, cuando milésimas de segundo después yace en el suelo moribundo, el “agente del orden” camina de un lado para otro, tal vez se está activando su sistema moral, para encontrar en alguno de los mecanismos antes mencionados la razón lógica de sus acciones. Finalmente, de acuerdo a su razonar, la culpa será del estudiante, que aunque no es un delincuente seguramente su conciencia –en su agonía– le dirá que se portó como tal.

 

¿Paradoja? No. Es el poder y todo su arsenal de defensa y ataque desplegado, en este caso para imponer “orden”, no importa el precio que implique lograrlo ni las consecuencias de ello.

 

* Esto es lo más tradicional, pero ahora también se habla de moralización tecnológica, ya no de personas sino que se usan términos tecnológicos o números, por ejemplo.

 

Publicado enEdición Nº248
Sigamos luchando en memoria de Nicolás Neira

El día 6 de mayo recordamos el decimotercer aniversario del asesinato, por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, del joven estudiante libertario Nicolás David Neira Álvarez (11, quien para entonces contaba con escasos 15 de vida (octubre de 1989-6 de mayo de 2005).

En memoria de este joven soñador, en denuncia de la brutalidad policial, en reclamo de que todo asesinato de un activista social afecta al conjunto y no al grupo o colectividad a la cual perteneciera la víctima, en reclamo de justicia y ruptura del silencio impune que brota de las oficinas de jueces, desdeabajo reproduce el comunicado realizado por el Grupo Libertario Vía Libre.

En este comunicado, Vía Libre brinda un pequeño homenaje a la memoria de Nicolás, repasando los hechos que condujeron a su muerte, los procesos de persecución y amenaza desplegados por el Estado y los empresarios contra quienes defendieron su caso, los avatares de su proceso judicial y algunas perspectivas para la actualidad.

 

El caso de Nicolás

 

El asesinato de Nicolás se enmarca en la última parte del autoritario primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la coalición Primero Colombia, la administración del Ministerio de Defensa del empresario de seguros Jorge Alberto Uribe [1], así como de la dirección de la Policía Nacional a cargo del general Jorge Daniel Castro, que luego se vería forzado a renunciar por la revelación en mayo de 2007 de las operaciones secretas que desde hacía años realizaban las agencias de inteligencia policial contra la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas [2] para favorecer la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

Nicolás cursaba noveno de bachillerato en el Liceo (católico) Hermano Miguel de la Salle [3], participaba de la movilización por el centro de la ciudad de Bogotá, organizada el domingo 1 de Mayo por el día internacional de los trabajadores y trabajadoras, y que tenía por demanda fundamental el trabajo digno y la lucha contra las políticas de libre comercio. Nicolás se sumó al bloque anarquista convocado por la Coordinadora Libertaria Banderas Negras (Clbn) fundada en 2001 [4] y que ese día realizaría su última actividad pública [6],

La movilización, cargada de tensión desde la salida del Parque Nacional, hacia la 1:30 de la tarde se desbordó, cuando a la altura de la esquina de la carrera 7 con avenida 19 se produjo un choque entre algunos manifestantes y las Fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional [7]. La situación provocó una ofensiva policial que llenó de gases lacrimógenos la calle. Nicolás, que padecía de asma, se vio severamente sofocado por los gases y al no poder correr con suficiente rapidez fue alcanzado, a pocos metros de la esquina de la carrera 7 con calle 18, por una avanzada de agentes del Esmad.

Pero no lo alcanzaron para detenerlo, no, al llegar a él le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, que lo tumbó al suelo donde al menos medio docena de policías antidisturbios continuaron pegándole salvaje y repetidamente con puños, patadas y bastones de seguridad [8]. Una acción violenta, repetida una y otra vez, sobre un cuerpo indefenso, hasta perder su conciencia

Ya en el centro hospitalario, Nicolás entró en estado de coma. La lucha era entre la vida y la muerte. La violenta arremetida sufrida por su cuerpo pudo más que la juventud del atacado: el día 5 de mayo sufrió muerte cerebral y finalmente murió a las 2:00 pm del viernes 6 de mayo. Su cuerpo registraba trauma en tejidos blandos por golpes de bolillo, crisis convulsivas, escoriaciones en extremidades superiores, ruptura de costillas y omóplatos [9], trauma craneoencefálico severo y edema cerebral, siendo estos últimas heridas causado por el impacto de un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza, causa inmediata de su muerte [10].

 

El Estado y los empresarios: encubren y amenazan

 

La gran prensa empresarial dio un cubrimiento parcializado de la noticia de la muerte de Nicolás, únicamente basado en las contradictorias versiones de la Policía Nacional, llegando a difundir versiones palmariamente mentirosas sobre la ausencia del Esmad en el lugar de los hechos, un supuesto enfrentamiento entre manifestantes o una pretendida avalancha humana [11]. La gran prensa se vio obligada a modificar su versión, sin desmentir sus pasados falsos testimonios, cuando se clarificaron los elementos del caso a través de las pruebas de Medicina Legal.

En paralelo, las fuerzas irregulares del Estado iniciaron un proceso de persecución contra los familiares de Nicolás, defensores de derechos humanos y testigos de los hechos, que llevaron a las amenazas de muerte contra el abogado Pedro Maecha así como intentos de asesinato contra Yuri Neira, padre de Nicolás y abanderado de su causa, quien denunciaría 4 atentados fallidos contra su vida [12] y Marco Sosa, militante anarquista y testigo clave de los hechos. A esto se sumaron las interceptaciones ilegales de teléfonos y correos electrónicos y seguimientos extrajudiciales, que iban de la mano de un proceso de persecución legal impulsado desde organismos como el desmontado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) [13].

 

Los avatares del proceso judicial

 

Ante la falta de respuestas de la justicia local, en enero de 2010 los familiares y abogados de Nicolás decidieron elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el retraso en la administración de justicia en un crimen oficial, sin obtener hasta el día de hoy respuesta por parte de este organismo [14]. Ese mismo año la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo un proceso administrativo iniciado a finales de 2008, destituyó e inhabilitó por 10 años al subteniente Edgar Mauricio Fontal y el teniente Julio Cesar Torrijos, comandante a cargo de la columna del Esmad, que reprimió ese bloque de manifestantes el 1 de Mayo de 2005 en Bogotá. Hasta el 2010 la investigación penal había sido largamente dilatada por las autoridades judiciales y el caso había pasado por 4 fiscales y 10 investigadores sin mayores avances.

En abril de 2011 el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó por el asesinato de Nicolás al Estado colombiano y exigió una limitada indemnización económica al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el ESMAD para la familia de Nicolás. En enero de 2015 se supo del testimonio del policía y ex integrante del ESMAD Héctor Cubides, quien participó de la operación represiva que condujo a la muerte de Nicolás, que uno de los patrulleros disparó contra la parte posterior de la cabeza del joven con un cartucho de gas lacrimógeno rellenado con balines artesanales –cartucho recalzado–. El testigo aclaró que cuando él empezó a denunciar estos hechos fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones por integrantes de la propia institución policial [15].

Finalmente, el caso experimentó un importante avance en 2017. El 4 de agosto de ese año el mismo Torrijos Devia, aceptó la responsabilidad por el encubrimiento de las acciones realizadas por sus subalternos. El 19 de agosto del mismo año el juez 71 de garantías responsable del proceso judicial aceptó una petición de la defensa del patrullero del Esmad Néstor Raúl Rodríguez Roa, quien habría disparado el gas lacrimógenos contra Nicolás [16]. El 30 de septiembre del año pasado, el mayor Torrijos fue condenado por el juez 14 penal de Bogotá a 51 meses de prisión. Como han defendido los abogados de Nicolás, aún es necesaria la investigación de los superiores jerárquicos de Torrijos que, como este ha señalado, fueron quienes autorizaron las operaciones y el encubrimiento posterior [17]. En octubre del mismo año, se inició un juicio contra el patrullero del Esmad Néstor Julio Rodríguez Rúa que estaba registrado como uno de los subordinados de Torrijos y responsables de las actividades de ese día [18].

 

Perspectivas hoy

 

El de Nicolás es uno de los casos más infames. pero no el único que muestra los alcances de la represión policial en el país. Desde 1999 hasta 2015 el Esmad ha asesinado a 17 personas en el curso de protestas sociales, según cifras del Cinep y el representante a la cámara Alirio Uribe [19]. Por eso, hoy es urgente continuar la lucha por el derecho a la protesta social, contra la brutalidad policial y la represión gubernamental, teniendo la vida de Nicolás como una bandera bien en alto, señalando las situaciones que debemos erradicar. Aún está pendiente el juzgamiento de los máximos responsables políticos, civiles y militares del asesinato y posterior encubrimiento del caso, que hasta hoy se mantienen impunes y activos para intentar silenciar por medio de hostigamientos, amenazas y violencia, la verdad sobre este caso.

La violencia estatal se conserva viva y en todo su potencial. Hoy el país se asoma a un nuevo genocidio político contra la izquierda y los movimientos populares con 322 asesinatos de líderes sociales acaecidos entre 2016 y febrero de 2018, además de 53 asesinatos llevados a cabo en lo corrido del 2018 con corte al 25 de marzo, según investigación de Indepaz [20]. Es una realidad que debe, además de ser denunciada, ser contenida: ¡que desmovilicen sus fuerzas represivas!

Hoy luchamos por hacer de la memoria viva de Nicolás y la verdad histórica sobre su caso, parte del acervo que la clase trabajadora y los sectores sociales y populares tienen en su tradición y su cultura común, que les sirve para organizarse y luchar por un mundo más justo y más libre. Hoy continuamos en la pelea para hacer realidad los sueños de Nico.

 

¡Nico vive, la lucha sigue!
¡Nicolás Neira vive, Estado asesino!
¡Arriba los y las que luchan!

 

Grupo Libertario Vía Libre Bogotá, 6 de mayo de 2018

 

Referencias bibliográficas


[1] El País. Jorge Alberto Uribe nuevo Mindefensa. Noviembre 10 de 2003. En histórico.elpais.com. Link: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre102003/A610N9.html Consultado 05/05/2018
[2] Semana. Cambios en la cúpula. Mayo 14 de 2007. En semana.com. Link: https://www.semana.com/on-line/articulo/el-gobierno-provoca-mas-grande-crisis-historia-policia-comprobar-esta-hacia-grabaciones-ilegales/85923-3 Consultado 05/05/2018
[3] Grupo Libertario Vía Libre. En memoria de Nicolás Neira y las víctimas de la brutalidad policial. Mayo 6 de 2013. En anarkismo.net. Link: https://www.anarkismo.net/article/25523 Consultado 05/05/2018
[4] Paola. La Coordinadora Libertaria Banderas Negras y el anarquismo a principios del siglo XXI. Grupo Libertario Vía Libre. Diciembre de 2011. En Anarkismo.net. Link: https://www.anarkismo.net/article/21289 Consultado 05/05/2018
[6] Vía Libre. Relatoría sesión No. 14. La Coordinadora Libertaria Banderas Negras CLBN y el anarquismo a principios del siglo XXI. Grupo Libertario Vía Libre. Noviembre 6 de 2017. Link: https://grupovialibre.org/2011/11/03/relatoria-sesion-no-14-la-coordinadora-libertaria-banderas-negras-clbn-y-el-anarquismo-en-los-a-principios-del-siglo-xxi/ Consultado 05/05/2018
[7] Mecha Libertaria. Entrevista a Yuri Neira. “El asesinato de Nicolás Neira está ligada a una política de Estado de represión”. Enero 18 de 2010. En anarquismo.net. Link: https://www.anarkismo.net/article/15542?userlanguage=pl&save_prefs=true Consultado 05/05/2018
[8] Grupo Libertario Vía Libre. Comunicado 6 de mayo en memoria de Nicolás Neira. Mayo 7 de 2011. En grupolibertariovialibre.blogspot. Link: http://grupolibertariovialibre.blogspot.com.co/2011/05/comunicado-6-de-mayo-en-memoria-de.html Consultado 05/05/2018
[9] Atarka Rebel. Nicolás. Cartas contra la autoridad y la muerte. La Valija del Fuego Editorial, Bogotá. 2015. Pág. 30
[10] Soldepaz. 10 años del asesinato de Nicolás Neira-Entrevista a Yuri Neira. Abril 20 de 2015. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En colectivodeabogados.org. Link: https://www.colectivodeabogados.org/?10-anos-del-asesinato-de-Nicolas-Neira-Entrevista-a-Yuri-Neira Consultado 05/05/2018
[11] El Espectador. Integrantes del Esmad probarían participación de patrullero en asesinato de Nicolás Neira. Octubre 20 de 2017. En elespectador.com. Link: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/integrantes-del-esmad-probarian-participacion-de-patrullero-en-asesinato-de-nicolas-neira-articulo-718998 Consultado 05/05/2018
[12] El Espectador. Por homicidio de menor Nicolás Neira condenan a la nación. Abril 4 de 2011. En elespectador.com. Link: https://www.elespectador.com/content/por-homicidio-de-menor-nicol%C3%A1s-neira-condenan-la-naci%C3%B3n Consultado 05/05/2018
[13] El Espectador. “Se van a esclarecer los excesos del Esmad”: padre de un joven asesinado por el cuerpo antidisturbios. Agosto 10 de 2017. En elespectador.com. Link: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-van-esclarecer-los-excesos-del-esmad-padre-de-un-joven-asesinado-por-el-cuerpo-antidisturbios-articulo-707423 Consultado 05/05/2018
[14] Mecha Libertaria. Entrevista a Yuri Neira. “El asesinato de Nicolás Neira está ligada a una política de Estado de represión”.
[15] El Espectador. Por homicidio de menor Nicolás Neira condenan a la nación. Abril 4 de 2011. En elespectador.com.
[16] El Espectador. Integrantes del Esmad probarían participación de patrullero en asesinato de Nicolás Neira. Octubre 20 de 2017.
[17] Noticias UNO. Mayor de la Policía que disparo contra Nicolás Neira fue condenado a 4 años de cárcel. Septiembre 30 de 2017. En NoticiasUnoColombia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=NxdXcmh1BiM Consultado 05/05/2018
[18] El Espectador. Integrantes del Esmad probarían participación de patrullero en asesinato de Nicolás Neira. Octubre 20 de 2017.
[19] Semana. Tropel sangriento: ¿Qué hacer con el Esmad? Julio 23 de 2016. En semana.com. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/esmad-cuestionado-por-abuso-de-autoridad/482972 Consultado 05/05/2018
[20] La F.M. Indepaz: 53 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido de 2018. Abril 2 de 2018. En lafm.com. Link: https://www.lafm.com.co/nacional/indepaz-53-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-lo-corrido-de-2018/ Consultado 05/05/2018

 

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Miércoles, 09 Mayo 2018 08:03

Una Oficina escandalosamente discreta

Oscar Larrañaga

El 29 de noviembre de 1996 se estableció, mediante acuerdo suscrito en Ginebra por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, una Oficina permanente en Colombia de dicho Alto Comisionado. Había sido solicitada por la propia Comisión de Derechos Humanos, después de haber examinado la preocupante situación de “violencia endémica” y de graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Desde luego, no sin una intensa labor de denuncia y de presión emprendida por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. Sin duda, la situación, que ciertamente no era nueva, había llegado ya a un extremo innegable de gravedad. De hecho, en el mismo año había entrado en vigor para Colombia el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, y se había celebrado el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) para que éste continuara desarrollando su cometido humanitario.

En general, es una función de observación y, si se quiere, de vigilancia, que se le atribuye a la organización de las Naciones Unidas. Obviamente, es una función controvertida y resistida por los gobiernos, pese a que la Carta Internacional de los Derechos Humanos –de la que se conmemoran hoy los setenta años– es un compromiso suscrito y ratificado por cada uno de los Estados. Siempre habrá de argumentarse “injerencia” en los asuntos internos y violación de la soberanía. Y en este caso no fue la excepción. Fue necesaria una larga negociación, iniciada en diciembre de 1994. Para entonces las organizaciones de derechos humanos llevaban ya bastante tiempo exigiendo una posición más contundente de parte de los organismos internacionales y multilaterales. Una Oficina como ésta no era la óptima alternativa, pero  representaba un avance, en la medida en que hiciera valer, entre sus funciones, la de facilitar el acceso de la población, especialmente de las regiones más afectadas, a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas y de las víctimas a las instancias internacionales de justicia. No obstante, el ejercicio diplomático (para empezar, debía aparecer como una “solicitud” del Presidente de la República) terminó en una fórmula de transacción en la cual se privilegiaba la función de “apoyo y asesoría” al Estado colombiano. 

Por fortuna, y gracias a las características específicas asumidas por la Oficina (los representantes nombrados y sus equipos de trabajo), la función cumplida ha avanzado mucho más en la presentación de verdaderos informes analíticos y la recepción de quejas. Es por eso que periódicamente se ha intentado dar por finalizado el Acuerdo. Los sucesivos gobiernos han argumentado de manera sistemática que ya no es necesaria la Oficina porque la situación “ha mejorado sustancialmente”. Sin contar las fuerzas políticas que la atacan, algunas soterradamente y otras de manera abierta. Hoy se presenta la paz como la mejor prueba de dicha aseveración, pese a que la realidad, día a día, no hace más que refutarla.

Pero hay algo que vale la pena destacar de aquella época en que fue acordada la apertura de la Oficina. El relato vigente sobre la situación colombiana, todavía tenía en cuenta la responsabilidad del Estado –no sólo por omisión– en las violaciones de los derechos humanos. Numerosos informes daban cuenta de la relación entre los grupos paramilitares y agencias del Estado. Se aceptaba la existencia de un conflicto armado frente al cual debía aplicarse el Derecho Internacional Humanitario. El escenario actual es distinto. El relato es otro: los paramilitares han sido organizaciones armadas de derecha que han buscado defender a los agricultores y empresarios de los ataques del terrorismo, el cual no pasa de ser un brazo del narcotráfico. El Estado es poco menos que una víctima. Los principales violadores de los derechos humanos han sido las organizaciones guerrilleras.  Es en esas condiciones en las que vuelve a discutirse la pertinencia de una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y lo que es más preocupante: es en esas condiciones en las que se pretende descubrir la Verdad.

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Los Derechos Humanos en Colombia, una especie en vía de extinción

El 4 de abril, una confluencia de 500 organizaciones sociales presentó el informe conjunto de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, que relata la situación padecida en este campo y en el de derecho humanitario en el país, durante los años 2013-2017. Su conclusión es tajante: “Colombia se raja en Derechos Humanos”.


¿Tiene Colombia una realidad sobre diagnosticada, con una impunidad constante? Tal vez los datos que retoma un informe como el construido para presentar en una instancia multilateral, como es la del Examen Periódico Universal (EPU), ya son conocidos entre organizaciones sociales, académicas y otros segmentos de la sociedad; pero es pertinente retomarlos y ahondar en su análisis, mucho más cuando entran en un campo en disputa, en este caso las Naciones Unidas.

En efecto, este tipo de diagnóstico ya es conocido, pero nunca sobra que nuevamente se ponga el dedo en la llaga, mucho más cuando el Estado también escribe, presenta y difunde su versión acomodada, tanto en el campo nacional como internacional.

 

La dinámica

 

A través del EPU, los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran cada cinco años las medidas adoptado para mejorar la situación de Derechos Humanos en sus territorios. Sin embargo, la voz de los Estados no es la única tenida en cuenta en este proceso. Las organizaciones sociales desempeñan un rol fundamental en esta labor, al denunciar las violaciones, irrespeto y otras prácticas recurrentes en contra de la sociedad en el campo de los Derechos Humanos, cometidas por el Estado.

Es por ello que el informe presentado el pasado miércoles 4 es un instrumento clave para diagnosticar la situación de los Derechos Humanos en el país. Para ello, aproximadamente 500 organizaciones sociales aportaron conjuntamente a la elaboración de este informe, que presenta el panorama poco esperanzador que deben afrontar diariamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgtbi, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

El informe señala graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en algunos casos por el Estado. En ese sentido, un elemento que se repite es el desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello está el ex procurador Alejandro Ordóñez, quién además de demandar la nulidad de 7 de las 19 sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de las parejas del mismo género, ordenó a los servidores del ministerio público “intervenir de manera preferente en todas las solicitudes de matrimonio civil de parejas del mismo género para que fueran negadas”1, y públicamente amenazó a notarios con sanciones disciplinarias si celebraban uniones de parejas del mismo sexo.

Adicional a ello, la falta de acciones concretas para dar cumplimiento a las leyes facilita la violación de los Derechos Humanos. Un caso que así lo verifica es la desprotección que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de ser considerados sujetos de especial protección y tener a su favor leyes y tratados internacionales, en términos reales siguen viviendo en graves situaciones de pobreza y abandono estatal. Incluso, su derecho al territorio se ve amenazado por los llamados Planes de Interés Nacional Estratégico, con los cuales el Estado establece proyectos de utilidad pública que posibilitan la expropiación de predios para su realización.

Esta falta de acciones también se traduce en niveles de impunidad que indignarían a cualquiera. En relación a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, el informe destaca que frente a las investigaciones penales que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales, solo el 3.2 por ciento se encuentran en ejecución de pena y el 8.3 por ciento en etapa de juicio; frente a los más de 4.000 procesos por desaparición forzada, menos del 1 por ciento se encuentran en juicio y sólo el 0.4 por ciento en etapa de ejecución de penas; en relación a los procesos disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos, solo existen 64 investigaciones, de las cuales ninguna ha llegado a una decisión definitiva por parte de las autoridades. Se trata, entonces, de una aparente negligencia que no es más que la complicidad cínica de los entes de control hacia unas fuerzas militares corruptas y criminales.

El asesinato sistemático de líderes sociales, la negación enfermiza de la existencia de grupos paramilitares por parte de las autoridades, los altos índices de pobreza, falta de salud y barreras en el acceso a la educación, la discriminación por condiciones de orientación sexual, la violencia de género y los feminicidios que no paran, permiten concluir que las causas de la violación de Derechos Humanos en Colombia no solo corresponde a las acciones de los grupos armados ilegales, sino que también son responsabilidad directa de un Estado que pareciera miope a la hora de garantizar la vida digna de quienes habitan el territorio colombiano.

1 Circular 013 de 2013. Procuraduría General de la Nación.

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Los Derechos Humanos en Colombia, una especie en vía de extinción

El 4 de abril, una confluencia de 500 organizaciones sociales presentó el informe conjunto de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, que relata la situación padecida en este campo y en el de derecho humanitario en el país, durante los años 2013-2017. Su conclusión es tajante: “Colombia se raja en Derechos Humanos”.


¿Tiene Colombia una realidad sobre diagnosticada, con una impunidad constante? Tal vez los datos que retoma un informe como el construido para presentar en una instancia multilateral, como es la del Examen Periódico Universal (EPU), ya son conocidos entre organizaciones sociales, académicas y otros segmentos de la sociedad; pero es pertinente retomarlos y ahondar en su análisis, mucho más cuando entran en un campo en disputa, en este caso las Naciones Unidas.

En efecto, este tipo de diagnóstico ya es conocido, pero nunca sobra que nuevamente se ponga el dedo en la llaga, mucho más cuando el Estado también escribe, presenta y difunde su versión acomodada, tanto en el campo nacional como internacional.

 

La dinámica

 

A través del EPU, los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran cada cinco años las medidas adoptado para mejorar la situación de Derechos Humanos en sus territorios. Sin embargo, la voz de los Estados no es la única tenida en cuenta en este proceso. Las organizaciones sociales desempeñan un rol fundamental en esta labor, al denunciar las violaciones, irrespeto y otras prácticas recurrentes en contra de la sociedad en el campo de los Derechos Humanos, cometidas por el Estado.

Es por ello que el informe presentado el pasado miércoles 4 es un instrumento clave para diagnosticar la situación de los Derechos Humanos en el país. Para ello, aproximadamente 500 organizaciones sociales aportaron conjuntamente a la elaboración de este informe, que presenta el panorama poco esperanzador que deben afrontar diariamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgtbi, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

El informe señala graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en algunos casos por el Estado. En ese sentido, un elemento que se repite es el desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello está el ex procurador Alejandro Ordóñez, quién además de demandar la nulidad de 7 de las 19 sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de las parejas del mismo género, ordenó a los servidores del ministerio público “intervenir de manera preferente en todas las solicitudes de matrimonio civil de parejas del mismo género para que fueran negadas”1, y públicamente amenazó a notarios con sanciones disciplinarias si celebraban uniones de parejas del mismo sexo.

Adicional a ello, la falta de acciones concretas para dar cumplimiento a las leyes facilita la violación de los Derechos Humanos. Un caso que así lo verifica es la desprotección que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de ser considerados sujetos de especial protección y tener a su favor leyes y tratados internacionales, en términos reales siguen viviendo en graves situaciones de pobreza y abandono estatal. Incluso, su derecho al territorio se ve amenazado por los llamados Planes de Interés Nacional Estratégico, con los cuales el Estado establece proyectos de utilidad pública que posibilitan la expropiación de predios para su realización.

Esta falta de acciones también se traduce en niveles de impunidad que indignarían a cualquiera. En relación a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, el informe destaca que frente a las investigaciones penales que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales, solo el 3.2 por ciento se encuentran en ejecución de pena y el 8.3 por ciento en etapa de juicio; frente a los más de 4.000 procesos por desaparición forzada, menos del 1 por ciento se encuentran en juicio y sólo el 0.4 por ciento en etapa de ejecución de penas; en relación a los procesos disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos, solo existen 64 investigaciones, de las cuales ninguna ha llegado a una decisión definitiva por parte de las autoridades. Se trata, entonces, de una aparente negligencia que no es más que la complicidad cínica de los entes de control hacia unas fuerzas militares corruptas y criminales.

El asesinato sistemático de líderes sociales, la negación enfermiza de la existencia de grupos paramilitares por parte de las autoridades, los altos índices de pobreza, falta de salud y barreras en el acceso a la educación, la discriminación por condiciones de orientación sexual, la violencia de género y los feminicidios que no paran, permiten concluir que las causas de la violación de Derechos Humanos en Colombia no solo corresponde a las acciones de los grupos armados ilegales, sino que también son responsabilidad directa de un Estado que pareciera miope a la hora de garantizar la vida digna de quienes habitan el territorio colombiano.

1 Circular 013 de 2013. Procuraduría General de la Nación.

Publicado enEdición Nº245