Miércoles, 09 Mayo 2018 08:03

Una Oficina escandalosamente discreta

Oscar Larrañaga

El 29 de noviembre de 1996 se estableció, mediante acuerdo suscrito en Ginebra por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, una Oficina permanente en Colombia de dicho Alto Comisionado. Había sido solicitada por la propia Comisión de Derechos Humanos, después de haber examinado la preocupante situación de “violencia endémica” y de graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Desde luego, no sin una intensa labor de denuncia y de presión emprendida por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. Sin duda, la situación, que ciertamente no era nueva, había llegado ya a un extremo innegable de gravedad. De hecho, en el mismo año había entrado en vigor para Colombia el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, y se había celebrado el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) para que éste continuara desarrollando su cometido humanitario.

En general, es una función de observación y, si se quiere, de vigilancia, que se le atribuye a la organización de las Naciones Unidas. Obviamente, es una función controvertida y resistida por los gobiernos, pese a que la Carta Internacional de los Derechos Humanos –de la que se conmemoran hoy los setenta años– es un compromiso suscrito y ratificado por cada uno de los Estados. Siempre habrá de argumentarse “injerencia” en los asuntos internos y violación de la soberanía. Y en este caso no fue la excepción. Fue necesaria una larga negociación, iniciada en diciembre de 1994. Para entonces las organizaciones de derechos humanos llevaban ya bastante tiempo exigiendo una posición más contundente de parte de los organismos internacionales y multilaterales. Una Oficina como ésta no era la óptima alternativa, pero  representaba un avance, en la medida en que hiciera valer, entre sus funciones, la de facilitar el acceso de la población, especialmente de las regiones más afectadas, a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas y de las víctimas a las instancias internacionales de justicia. No obstante, el ejercicio diplomático (para empezar, debía aparecer como una “solicitud” del Presidente de la República) terminó en una fórmula de transacción en la cual se privilegiaba la función de “apoyo y asesoría” al Estado colombiano. 

Por fortuna, y gracias a las características específicas asumidas por la Oficina (los representantes nombrados y sus equipos de trabajo), la función cumplida ha avanzado mucho más en la presentación de verdaderos informes analíticos y la recepción de quejas. Es por eso que periódicamente se ha intentado dar por finalizado el Acuerdo. Los sucesivos gobiernos han argumentado de manera sistemática que ya no es necesaria la Oficina porque la situación “ha mejorado sustancialmente”. Sin contar las fuerzas políticas que la atacan, algunas soterradamente y otras de manera abierta. Hoy se presenta la paz como la mejor prueba de dicha aseveración, pese a que la realidad, día a día, no hace más que refutarla.

Pero hay algo que vale la pena destacar de aquella época en que fue acordada la apertura de la Oficina. El relato vigente sobre la situación colombiana, todavía tenía en cuenta la responsabilidad del Estado –no sólo por omisión– en las violaciones de los derechos humanos. Numerosos informes daban cuenta de la relación entre los grupos paramilitares y agencias del Estado. Se aceptaba la existencia de un conflicto armado frente al cual debía aplicarse el Derecho Internacional Humanitario. El escenario actual es distinto. El relato es otro: los paramilitares han sido organizaciones armadas de derecha que han buscado defender a los agricultores y empresarios de los ataques del terrorismo, el cual no pasa de ser un brazo del narcotráfico. El Estado es poco menos que una víctima. Los principales violadores de los derechos humanos han sido las organizaciones guerrilleras.  Es en esas condiciones en las que vuelve a discutirse la pertinencia de una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y lo que es más preocupante: es en esas condiciones en las que se pretende descubrir la Verdad.

Publicado enColombia
Los Derechos Humanos en Colombia, una especie en vía de extinción

El 4 de abril, una confluencia de 500 organizaciones sociales presentó el informe conjunto de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, que relata la situación padecida en este campo y en el de derecho humanitario en el país, durante los años 2013-2017. Su conclusión es tajante: “Colombia se raja en Derechos Humanos”.


¿Tiene Colombia una realidad sobre diagnosticada, con una impunidad constante? Tal vez los datos que retoma un informe como el construido para presentar en una instancia multilateral, como es la del Examen Periódico Universal (EPU), ya son conocidos entre organizaciones sociales, académicas y otros segmentos de la sociedad; pero es pertinente retomarlos y ahondar en su análisis, mucho más cuando entran en un campo en disputa, en este caso las Naciones Unidas.

En efecto, este tipo de diagnóstico ya es conocido, pero nunca sobra que nuevamente se ponga el dedo en la llaga, mucho más cuando el Estado también escribe, presenta y difunde su versión acomodada, tanto en el campo nacional como internacional.

 

La dinámica

 

A través del EPU, los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran cada cinco años las medidas adoptado para mejorar la situación de Derechos Humanos en sus territorios. Sin embargo, la voz de los Estados no es la única tenida en cuenta en este proceso. Las organizaciones sociales desempeñan un rol fundamental en esta labor, al denunciar las violaciones, irrespeto y otras prácticas recurrentes en contra de la sociedad en el campo de los Derechos Humanos, cometidas por el Estado.

Es por ello que el informe presentado el pasado miércoles 4 es un instrumento clave para diagnosticar la situación de los Derechos Humanos en el país. Para ello, aproximadamente 500 organizaciones sociales aportaron conjuntamente a la elaboración de este informe, que presenta el panorama poco esperanzador que deben afrontar diariamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgtbi, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

El informe señala graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en algunos casos por el Estado. En ese sentido, un elemento que se repite es el desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello está el ex procurador Alejandro Ordóñez, quién además de demandar la nulidad de 7 de las 19 sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de las parejas del mismo género, ordenó a los servidores del ministerio público “intervenir de manera preferente en todas las solicitudes de matrimonio civil de parejas del mismo género para que fueran negadas”1, y públicamente amenazó a notarios con sanciones disciplinarias si celebraban uniones de parejas del mismo sexo.

Adicional a ello, la falta de acciones concretas para dar cumplimiento a las leyes facilita la violación de los Derechos Humanos. Un caso que así lo verifica es la desprotección que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de ser considerados sujetos de especial protección y tener a su favor leyes y tratados internacionales, en términos reales siguen viviendo en graves situaciones de pobreza y abandono estatal. Incluso, su derecho al territorio se ve amenazado por los llamados Planes de Interés Nacional Estratégico, con los cuales el Estado establece proyectos de utilidad pública que posibilitan la expropiación de predios para su realización.

Esta falta de acciones también se traduce en niveles de impunidad que indignarían a cualquiera. En relación a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, el informe destaca que frente a las investigaciones penales que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales, solo el 3.2 por ciento se encuentran en ejecución de pena y el 8.3 por ciento en etapa de juicio; frente a los más de 4.000 procesos por desaparición forzada, menos del 1 por ciento se encuentran en juicio y sólo el 0.4 por ciento en etapa de ejecución de penas; en relación a los procesos disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos, solo existen 64 investigaciones, de las cuales ninguna ha llegado a una decisión definitiva por parte de las autoridades. Se trata, entonces, de una aparente negligencia que no es más que la complicidad cínica de los entes de control hacia unas fuerzas militares corruptas y criminales.

El asesinato sistemático de líderes sociales, la negación enfermiza de la existencia de grupos paramilitares por parte de las autoridades, los altos índices de pobreza, falta de salud y barreras en el acceso a la educación, la discriminación por condiciones de orientación sexual, la violencia de género y los feminicidios que no paran, permiten concluir que las causas de la violación de Derechos Humanos en Colombia no solo corresponde a las acciones de los grupos armados ilegales, sino que también son responsabilidad directa de un Estado que pareciera miope a la hora de garantizar la vida digna de quienes habitan el territorio colombiano.

1 Circular 013 de 2013. Procuraduría General de la Nación.

Publicado enColombia
Los Derechos Humanos en Colombia, una especie en vía de extinción

El 4 de abril, una confluencia de 500 organizaciones sociales presentó el informe conjunto de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, que relata la situación padecida en este campo y en el de derecho humanitario en el país, durante los años 2013-2017. Su conclusión es tajante: “Colombia se raja en Derechos Humanos”.


¿Tiene Colombia una realidad sobre diagnosticada, con una impunidad constante? Tal vez los datos que retoma un informe como el construido para presentar en una instancia multilateral, como es la del Examen Periódico Universal (EPU), ya son conocidos entre organizaciones sociales, académicas y otros segmentos de la sociedad; pero es pertinente retomarlos y ahondar en su análisis, mucho más cuando entran en un campo en disputa, en este caso las Naciones Unidas.

En efecto, este tipo de diagnóstico ya es conocido, pero nunca sobra que nuevamente se ponga el dedo en la llaga, mucho más cuando el Estado también escribe, presenta y difunde su versión acomodada, tanto en el campo nacional como internacional.

 

La dinámica

 

A través del EPU, los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran cada cinco años las medidas adoptado para mejorar la situación de Derechos Humanos en sus territorios. Sin embargo, la voz de los Estados no es la única tenida en cuenta en este proceso. Las organizaciones sociales desempeñan un rol fundamental en esta labor, al denunciar las violaciones, irrespeto y otras prácticas recurrentes en contra de la sociedad en el campo de los Derechos Humanos, cometidas por el Estado.

Es por ello que el informe presentado el pasado miércoles 4 es un instrumento clave para diagnosticar la situación de los Derechos Humanos en el país. Para ello, aproximadamente 500 organizaciones sociales aportaron conjuntamente a la elaboración de este informe, que presenta el panorama poco esperanzador que deben afrontar diariamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgtbi, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

El informe señala graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en algunos casos por el Estado. En ese sentido, un elemento que se repite es el desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello está el ex procurador Alejandro Ordóñez, quién además de demandar la nulidad de 7 de las 19 sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de las parejas del mismo género, ordenó a los servidores del ministerio público “intervenir de manera preferente en todas las solicitudes de matrimonio civil de parejas del mismo género para que fueran negadas”1, y públicamente amenazó a notarios con sanciones disciplinarias si celebraban uniones de parejas del mismo sexo.

Adicional a ello, la falta de acciones concretas para dar cumplimiento a las leyes facilita la violación de los Derechos Humanos. Un caso que así lo verifica es la desprotección que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de ser considerados sujetos de especial protección y tener a su favor leyes y tratados internacionales, en términos reales siguen viviendo en graves situaciones de pobreza y abandono estatal. Incluso, su derecho al territorio se ve amenazado por los llamados Planes de Interés Nacional Estratégico, con los cuales el Estado establece proyectos de utilidad pública que posibilitan la expropiación de predios para su realización.

Esta falta de acciones también se traduce en niveles de impunidad que indignarían a cualquiera. En relación a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, el informe destaca que frente a las investigaciones penales que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales, solo el 3.2 por ciento se encuentran en ejecución de pena y el 8.3 por ciento en etapa de juicio; frente a los más de 4.000 procesos por desaparición forzada, menos del 1 por ciento se encuentran en juicio y sólo el 0.4 por ciento en etapa de ejecución de penas; en relación a los procesos disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos, solo existen 64 investigaciones, de las cuales ninguna ha llegado a una decisión definitiva por parte de las autoridades. Se trata, entonces, de una aparente negligencia que no es más que la complicidad cínica de los entes de control hacia unas fuerzas militares corruptas y criminales.

El asesinato sistemático de líderes sociales, la negación enfermiza de la existencia de grupos paramilitares por parte de las autoridades, los altos índices de pobreza, falta de salud y barreras en el acceso a la educación, la discriminación por condiciones de orientación sexual, la violencia de género y los feminicidios que no paran, permiten concluir que las causas de la violación de Derechos Humanos en Colombia no solo corresponde a las acciones de los grupos armados ilegales, sino que también son responsabilidad directa de un Estado que pareciera miope a la hora de garantizar la vida digna de quienes habitan el territorio colombiano.

1 Circular 013 de 2013. Procuraduría General de la Nación.

Publicado enEdición Nº245
¡Nos están matando! Que la paz no nos cueste la vida

La grave situación de violación de los derechos humanos, producto de la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, materializada, entre otros aspectos, con la persecución, hostigamiento y asesinato de líderes, lideresas y comunidades campesinas, afro e indígenas; así como con el silencio y la complicidad por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales ante la violación de los derechos humanos en municipios del norte y el bajo Cauca antioqueño, fue presentada el pasado 15 de marzo en la ciudad de Medellín por voceros de la Corporación Jurídica Libertad y de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos–CCEEU y el Nodo Antioquia 2017. Lo denunciado hace parte del informe: “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”.


De acuerdo con el informe, un 96 por ciento del departamento de Antioquia reporta presencia paramilitar, lo que significa que 121 de sus municipios sufren actualmente enfrentamientos entre grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas del 2017, en el departamento hay 1.642.778 víctimas, una cuarta parte del total de su población, lo que evidencia la fuerte consolidación del paramilitarismo en estas zonas, a pesar del proceso de desmovilización de estos grupos y de la firma del acuerdo de paz con las Farc. (Ver tabla 1)

 

“Se preguntarán por qué están estas siluetas enfrente de ustedes y por qué no pueden ver a los diferentes líderes sociales y defensores que vienen de los distintos territorios y municipios que hacen parte de esta zona del departamento, la razón, más que sencilla es dolorosa, y es que nos están matando” Con esta aclaración inició la presentación del informe, donde de manera simbólica hubo siluetas en nombre de aquellas y aquellos líderes asesinados desde 2016 y lo que va del 2018.


A la presentación del informe asistieron cerca de 7 líderes sociales de diversas zonas del departamento, quienes detrás de las siluetas puestas en frente de los medios de comunicación, reclamaban las garantías que desde siempre el Estado ha negado, además de denunciar la omisión y las acciones cómplices que realiza con los grupos paramilitares.


De acuerdo con uno de los líderes “durante el 2018 se viene presentando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas en el norte y el Bajo Cauca, específicamente en Cáceres, han tenido que dejar sus viviendas alrededor de 1.500 personas, además del fenómeno silencioso de desplazados en Tarazá, esto debido a los enfrentamientos constantes entre grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparracos. Por su parte, en Ituango se registran más de 215 personas desplazadas durante el 2017 y lo que va corrido del 2018”.


La realidad es cada vez más difícil de ocultar, las alertas de riesgo no son suficientes y a la fecha van 338 indígenas desplazados, un desarraigo debido a la disputa entre las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de acuerdo con las intervenciones de los líderes. El control territorial y el confinamiento de la población, genera zozobra en horas de la noche en territorios como Ituango, El Aro, Santa Rita, La Granja, Tarazá, La Caucana, El Cinco, El Doce, Puerto Antioquia y Valdivia.


Puntualmente y según el comunicado leído por los líderes, “En los municipios de Tarazá y Valdivia, se registran de manera constante combates entre AGC y Caparracos, específicamente en el Cañón de Iglesia, La Caucana, El Doce, El Catorce y El Quince, estas estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdno a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas, esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona, ejército y policía, es de reiterar que las extorsiones realizadas por grupos paramilitares se han incrementado en la zona de influencia de las AGC en especial, es así como hoy se está obligando a los campesinos a pagar por hectárea de tierra, litro de leche y locales comerciales, también los contratistas de obras están pagando a los paramilitares quienes en ocasiones han atentado contra trabajadores de empresas, que se niegan a pagar la extorsión”.


En todo el país, la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos corre riesgos, muestra de ello es la gran cifra de líderes asesinados en los dos últimos años, justo después de firmados los acuerdos de paz con las Farc. En el caso de Antioquia, durante el 2017 se presentaron 4 homicidios de líderes sociales, y en lo que va del 2018 se han presentado 11 ataques, entre ellos dos homicidios en Cáceres y Caucasia. La problemática es tan grave que el procurador Fernando Carrillo admitió el pasado 20 de marzo que el sistema de protección de líderes sociales es un fracaso y que se hace urgente tomar acciones para detener los asesinatos: “Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales” (Ver imagen 2).

 

Cantidad de grupos paramilitares en los distintos municipios de Antioquia.

 

Los territorios más amenazados son aquellos donde las comunidades están organizadas exigiendo la implementación de los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos; lamentablemente los líderes tienen presente que no pueden denunciar ante las autoridades, dado que no existe la confianza que asi los motive, por la complicidad que manejan estas con los grupos paramilitares, siendo su dignidad y su labor como defensores de los derechos humanos fundamentales más vulnerables; “pese a que ya lo habíamos advertido, que era inminente el riesgo de estos territorios por la alta presencia paramilitar y por la continuidad en eje entre las estructuras de los miembros de la fuerza pública y autoridades civiles, y los incumplimientos de los acuerdos de paz, y por la negativa del Gobierno de reconocer la sistematicidad contra las y los defensores, el Estado no ha mostrado una voluntad real por enfrentar todas las causas, por generar grandes dilaciones a los derechos humanos. Recalcamos que, en los recientes informes emitidos por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, los cuales son de conocimiento del Gobierno Nacional, también se da cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se encuentran en inminente riesgo, además, recomienda una serie de medidas de protección a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que se protejan a los habitantes de los territorios”.


Las exigencias presentadas por los líderes, a razón de la grave violación de sus derechos, así como los levantados por comunidades de donde provienen, fueron:


Que se brinden todas las garantías para proteger a las poblaciones
Que se cumplan o implementen los acuerdos de paz, entre ellos, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
Que se proteja a las y los defensores de derechos humanos
Que se investiguen y se sancionen a los agentes del Estado que podían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas por acción u omisión conlleven a graves violaciones de los derechos humanos.
¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA!

 

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Cuatro tiros para matar a una luchadora social

La ejecución de la joven dirigente del Partido Socialismo y Libertad estremeció al Palacio del Planalto y a la aventura militarista de Temer, quien convocó de urgencia a sus ministros. Manifestaciones multitudinarias denunciaron la violencia y exigieron justicia.


La concejala Marielle Franco, “negra, feminista y cría de la favela Maré” según decía al presentarse, fue ejecutada con cuatro tiros en la cabeza el miércoles a las 21.30 horas en Río de Janeiro. El asesinato ocurrió al cumplirse un casi mes desde que Michel Temer designó al general Walter Souza Braga Netto como interventor de las fuerzas de seguridad de ese estado.La ejecución de la joven dirigente del Partido Socialismo y Libertad estremeció al Palacio del Planalto y a la aventura militarista de Temer que convocó de urgencia a sus ministros y propuso que la Policía Federal tome cartas en el asunto, porque nadie cree que la policía carioca ponga todo de sí para averiguar un caso en el que los primeros sospechosos son los paramilitares, o “milicias”, que controlan decenas de favelas. El presidente de facto fingió compromiso republicano al decir que el hecho conspiró contra el “Estado de derecho y la democracia”.


El general Braga Netto se solidarizó con los familiares de la víctima y aseguró estar consternado luego de haber ordenado que los favelados sean fichados en masa y apoyar una ley que garantiza el foro especial (impunidad) a los militares que maten a inocentes en las barriadas.


Las pericias indican, en principio, que el crimen fue perpetrado por sicarios profesionales que siguieron el automóvil de la concejala a lo largo de varias cuadras hasta que se le acercaron y dispararon 9 balazos que también mataron al chofer y causaron heridas leves a una asistente.


El miércoles, minutos antes del crimen, Marielle había participado en el encuentro de “jóvenes negras moviendo las estructuras”, en el barrio Lapa, un reducto bohemio del centro carioca. “Marielle lograba comandar y representar a las personas como ninguna otra mujer negra lo había hecho antes en el Concejo Deliberante”, comentó la escritora Ana Paula Lisbora, que estuvo en el evento del miércoles. “Era una de las personas más increíbles que conocí, de una sonrisa contagiante, un ejemplo de que el lugar de la mujer es en la política” contó Nadine Borges, ex presidenta de la Comisión de la Verdad sobre la Dictadura. Marielle fue víctima de un crimen “de clase, de género, de raza, un femicidio”, planteó Borges ante la consulta de PáginaI12.


Con aplausos y consignas miles de personas recibieron ayer el cuerpo de la concejala en la Cámara Municipal de Concejales. Junto al ingreso al palacio había flores rojas. En las escalinatas el público levantaba pancartas escritas desprolijamente: “Ejecutan a quien levanta la voz”, “Ese tiro fue para el pueblo, pero la lucha aún vive”, “Vidas negras, Marielle presente”, “Ellos quieren enterrarnos”. Luego el cortejo, que sumaba gente mientras avanzaba, siguió hacia un cementerio de la zona norte de Río. Las redes sociales quedaron desbordadas por el asesinato: de un lado con mensajes a favor de #MariellePresente, del otro quienes denostaban a los grupos de derechos humanos y sugerían que la chica fue víctima de un intento de asalto. En San Pablo los indignados se reunieron en la Avenida Paulista y en Salvador de Bahía, lo hicieron en la Universidad Federal, donde se realiza el Foro Social Mundial. Samira Bueno, del Foro de Seguridad Pública, considdera que este caso confirma el equívoco de militarizar la guerra contra las drogas. Desde que llegaron a Río en setiembre de 2017, antes de la intervención, las fuerzas armadas escogieron como “enemigo” al vecino de las favelas y se despreocuparon por las milicias, que actuaron como brazo auxiliar clandestino de los uniformados.


Para Samira Bueno la militante del PSOL fue víctima de un “asesinato político” con el que los paras buscaron intimidar a las organizaciones y dirigentes con arraigo en las comunidades humildes. Por el modus operandi de los sicarios, señala Bueno, este caso recuerda al de la jueza Patricia Acioli, asesinada con 21 balazos en 2011 luego de haber procesado a policías ligados a las “milicias” y los “escuadrones de la muerte”.


La llegada de los militares a los morros era algo que preocupaba a Marielle Franco, que había vivido bajo en la ocupación castrense de la favela Maré en 2014. El diecinueve de febrero, tres días después de que Temer dejó a Río en manos de los generales, la concejala declaró que “la democracia está amenazada”.


Ignacio Cano, del Laboratorio de Estudios de la Violencia de la Universidad del Estado de Rió de Janeiro, coincide con Samira Bueno en que este hecho puede causar un impacto demoledor en la estrategia del Palacio del Planalto (Presidencia). Y también en su desgastada imagen internacional. Naciones Unidas , Amnistía Internacional y Humans Right Watch exigieron al gobierno el pronto esclarecimiento del asesinato. La oficina de la ONU en Brasil “tiene la expectativa de que la investigación del caso llegue a conclusiones en breve, y aguarda la responsabilización de los autores del crimen”, señaló en un comunicado. “Tanto la ONU, como Amnistía y otros organismos de derechos humanos coinciden en que esta barbaridad tiene que ser esclarecida en el menor plazo de tiempo” planetó Jurena Werneck, titular de Amnistía Internacional en Brasil. “Estamos devastados con lo que ocurrió, Marielle era una joven de trayectoria muy valorada por las mujeres, los negros, la población de las favelas” agregó Werneck.

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Sábado, 20 Enero 2018 10:35

Alias Grace

Alias Grace

En junio del 2015, en el marco de un diálogo público titulado «El oficio de escribir», el escritor alicantino Javier Cercas hace una fascinante observación sobre la naturaleza de la novela Cervantina:

 

Para mí –dice– hay algo fundamental en la novela, en este artefacto que inventa este señor Miguel de Cervantes Saavedra, y es la ironía... ¿Qué es la ironía para este señor y luego para todos lo que venimos después? Muy fácil: Don Quijote está totalmente loco, pero al mismo tiempo está totalmente cuerdo. Don Quijote es un personaje totalmente cómico, totalmente risible, ridículo, pero al mismo tiempo es trágico; esa es la ironía, y eso es consustancial a la novela.... Y es (a su vez) un antídoto contra una visión dogmática del mundo en la cual sólo existe una verdad. Tú, precisamente –le dice a Vargas Llosa–, en un ensayo sobre Isaiah Berlin hablas de las verdades contradictorias; es decir, que dos cosas en aparente contradicción pueden ser verdad al mismo tiempo, y eso es lo que hace la novela...Por eso es por lo que la novela es peligrosa, porque enseña que el mundo es más complejo, que las cosas pueden ser de una manera y de otra.

 

En esto Vargas Llosa está completamente de acuerdo y lo complementa al decir que la novela pone en «duda nuestras certezas». Para estos escritores la importancia social de la novela radica en que esta pone en duda nuestras certezas sobre el mundo, permitiéndonos ver que es más complejo de lo que creemos al mostrarnos que detrás de lo aparente, de lo visible, del fetiche, diría Marx, se oculta la realidad sobre cómo funciona. Así, la buena novela, para aquellos, es aquella que plantea un problema, un interrogante, pero que, a diferencia de la ciencia, la novela no nos ofrece una conclusión, sino que deja que el lector sea quien la interprete. Es al lector a quien le toca decidir si el Quijote está loco o demasiado cuerdo, si el Jaguar (personaje de La ciudad y los perros) es el héroe o el villano, o si Enric Marco (personaje de El impostor, de Javier Cercas) es espantoso o genial, como escribió Vargas Llosa en un artículo con relación a esta última novela. Y eso, la capacidad de formular una pregunta y dejar que el lector sea quien encuentre la respuesta, señoras y señores, aunque parezca imposible al ser un elemento tan cervantino, lo encontramos en Alias Grace, una serie audiovisual canadiense de Netflix que se estrenó en noviembre del año pasado. Dicha serie está basada en la novela homónima de la escritora Margaret Atwood y no por menos ha llamado la atención de la crítica especializada.

 

En ese sentido, vale la pregunta, ¿cuál es entonces la problemática que nos planea Alias Grace con la cual pretende develarnos un mundo complejo? Simple: determinar si esta mujer, Grace Marks, es inocente o culpable del asesinato múltiple. Las historias suelen, y por ello hay tono un género, poner a un personaje encargado de resolver la problemática. El encargado en nuestro caso es el Doctor Simon Jordan, un psicólogo de los Estados Unidos que fue llevado al alto Canadá por el comité del pueblo para que en un informe determinara, en preferencia, su inocencia, lo cual analizaremos más adelante. Con la problemática planteada la historia no nos defrauda al ofrecernos una respuesta. El Dr. Jordan, al final, luego de haber entrevistado a Grace por varios días, de haber entrado en su vida a través de su propio relato y luego, como último recurso de naufrago desahuciado, permitir una sesión de hipnotismo, quedó incapacitado de presentar el informe ante los resultados de la investigación. De ese modo, la historia es quien deja que el espectador sea quien dé el dictamen. Y para nosotros, como espectadores curiosos, Grace Marks es culpable.

 

La asesina

 

En la primera escena de la serie, Grace Marks, vestida de sirvienta, se mira en un espejo y piensa en todo lo que se ha dicho de ella: que es, en el mejor de los casos, una inocente mujer que se dejó manipular de un hombre perverso o que es, por el contrario, una malvada arpía con el demonio dentro. Tanto se ha dicho de ella desde puntos tan disímiles que termina preguntándose «cómo puedo ser tantas cosas contradictorias al mismo tiempo»; y, sin embargo, a lo largo de la serie el espectador comprueba que estas verdades contradictorias definen al personaje de Grace. A grandes rasgos, su historia, tal y como ella misma se la cuenta al Dr. Jordan, es así: estamos en el nacimiento del siglo XIX. Grace es la hija mayor de una familia protestante la cual tuvo que salir de su lugar de origen, Irlanda, por una cruzada religiosa entre cristianos contra protestantes. Durante el viaje en barco hacia Canadá, luego de predecir su propia muerte tras ver en la proa a tres cuervos graznar, como señal de un mal augurio, la madre de Grace muere, al parecer, por un cáncer de estómago. Arrojada al auspicio de un padre violento y alcohólico, Grace llega a Toronto, una ciudad marginal, gaseosa y a la que va a definir como una Babilonia desconcertante, junto a sus cuatro hermanos, a quienes había deseado, en un lapsus mental cuando estaba en el barco, perderlos en el mar para así liberar cargas económicas. Sin la madre que lo controlara, el padre no sólo la maltrataba, sino que intentó abusar de ella. En una tarde, mientras el padre dormía, Grace tomó un objeto pesado y fulminante y sintió el impulso de matar a su progenitor, pero se detuvo ¿la razón? No quería cometer un pecado mortal. Al poco tiempo su padre la echó de la casa y Grace se convirtió en la mucama de una familia aristocrática. Sintiéndose sola y perturbada, Grace conoce allí a Mery Witney, una joven esbelta, alegre y de rasgos amerindios que la enorgullecen, ella es el personaje clave de toda la historia. Mery Witney es una sirvienta de familia de origen campesino que se considera así misma una rebelde en contra de la aristocracia y habla de William Lyon Mackenzie, un insurrecto que lideró la fracasada revolución contra la aristocracia, como de un ídolo al que hay que resucitar y vengar. Grace, que desconoce el mundo canadiense de la época, pero que vive todas las injusticias, es una estudiante que aprende las lecciones de Witney con entusiasmo.

 

Es Witney quien le enseña las canciones de la revolución, las hazañas y lecciones de William Lyon Mackenzie, pero, sobre todo, a odiar a la clase aristocrática no sólo por haber desterrado a la clase campesina pobre sino de aprovecharse de su condición de poder para mantener a la clase sierva sometida y empobrecida. Es también Witney quien le da una lección con su propia experiencia sobre cómo los amos, y la clase en sí, tratan a las mujeres siervas. Al poco tiempo de vivir juntas Grace percibe el cambio del comportamiento de la amiga, las noches fuera de la cama, los silencios, las náuseas, el miedo a perder el empleo y la vida. Witney estaba embarazada del hijo de sus amos. Sin más opción decide abortar, pero dicha operación es riesgosa, puede morir la mujer intervenida y Witney lo sabe bien. Tras la operación, sucede lo temido.

 

De nuevo sola, Grace decide marcharse de aquel lugar, entre otros motivos para huir del amo que, luego de usar a Witney, ahora la buscaba a ella, y se emplea en la finca del señor Thomas Kinnear, una de las víctimas mortales, un hacendado pretencioso que alardea el haber derrotado a los rebeldes, y quien es también conocido por mantener relaciones íntimas con sus siervas, comportamiento que Grace sólo padecerá con el paso del tiempo. Allí, en el nuevo trabajo, Grace conoce a la ama de llaves, Nancy Montgobery, la segunda asesinada, y al verdugo, el joven James McDermott, quien siempre renegaba que su jefe inmediato fuera una mujer.

 

Todo este relato lo conocemos por la misma voz de Grace, quien es interrogada en una serie de sesiones por el Dr. Jordan. Un aspecto muy interesante a lo largo de toda la narración de Grace es lo que cuenta y a la vez lo que oculta a su interlocutor. Por ejemplo, le oculta lo que piensa de las relaciones entre el siervo y el amo, es decir, de las relaciones de clase. Le oculta que odia limpiarles sus heces, estar sometida y que utiliza las revistas de moda, donde salen las imágenes de clase, para limpiarse su propio excremento; una actitud subversiva que revela su personalidad. Como ella misma nos lo confiesa, sólo dice lo que quiere escuchar el Dr. Jordan. Le dice que McDermott, cansado de las humillaciones de Nancy Montgobery y el señor Kinner, quiere vengarse matándolos, sobre todo cuando es despedido, pero dice que no le creía ya que lo consideraba un fantoche, hasta que realmente sucedió. También le dice lo mucho que le afectó saber que la señorita Nancy mantenía una relación íntima con el señor Kinnear y que, peor aún, quedara embarazada de este. Pero no sólo McDermott fue despedido, Grace también.

 

Sin embargo, el Dr. Jordan descubre otra versión de los hechos, la del joven McDermott quien afirmaba que en realidad fue Grace quien lo incitó a que asesinara a sus jefes prometiéndole casarse con él. Una versión en la que Grace no se ve tan inocente como se pinta ella misma y en la que utiliza su seducción para fines viles.

 

Luego del múltiple asesinato, el señor Kinnear recibe un disparo en el pecho y Nancy Montgobery es ahorcada con ayuda de Grace, según McDermontt, luego de que cayera por las escaleras del sótano, los implicados huyen del país, pero pronto son capturados en una fonda de mala muerte. McDermott es condenado a muerte mientras que Grace, quien siempre se defendió diciendo que olvidaba los hechos, es eximida de este castigo, pero la condenan a cadena perpetua, decisión que se mantuvo en firme hasta que, luego de diez años, el comité de la ciudad, como ya dijimos, reabre el caso con la intención de dejarla libre.

 

Hasta aquí los hechos nos muestran a una Grace inocente de la que sólo dudamos cuando se interpone el punto de vista de otro de los implicados. Es hora de las preguntas ¿Por qué el Dr. Jordan no puede dar un veredicto? ¿Por qué el comité del pueblo quiere eximirla de sus culpas? Y si en definitiva Grace es culpable ¿Cuáles fueron sus motivos?

 

En realidad, la historia de Grace no es otra cosa que la exposición de los motivos por los cuales ella es tan culpable del múltiple asesinato como el joven McDermott. En principio están la motivación de género. Durante toda la historia vemos cómo Grace es abusada, directa o indirectamente, por su condición de mujer por todas las figuras masculinas de autoridad con las que se cruzó: su propio padre, los amos donde trabajó como sirvienta, como el señor Kinnear, quien también intentó acosarla y, por último, los médicos del psiquiátrico donde llegó luego de ser acusada. Pero a este motivo se le suma otro igual de importante: los conflictos de clase. Como vimos, su íntima amiga Witney fue quien le ayudó a tomar una conciencia de clase y el comportamiento de sus amos no sólo le representaba un conflicto de género, sino que al mismo tiempo un conflicto de clase. Sentía ira al saber la injusticia que significaba que unos tuvieran tanto y otros tan poco, que unos hombres tuvieran que limpiarles la mierda a otros hombres. En conclusión, Grace tenía motivos suficientes para querer asesinar a sus amos luego de tantos años abusos e injusticias, aún más cuando fue despedida sin justa razón. Sin embargo, no por el hecho de tener motivos los humanos cometen este tipo de actos. Tienen que, a su vez, tener la capacidad de hacerlo y, por otro lado, ninguna razón moral y ética que se lo impida y como vimos al principio, Grace no pudo asesinar a su padre porque sus creencias religiosas se lo impedían. Pero la razón que le impidió cometer un pecado mortal es la misma que le permitió cometerlo. Es decir, cuando Grace descubre que Nancy y el señor Kinnear mantienen una relación pecaminosa, ella misma cree que debe pagar por ello. Esta es una razón que nos ayudaría a entender por qué quiso asesinar a Nancy. Pero hay otra razón, la razón de clase. Podríamos interpretar que para Grace el comportamiento de Nancy, intimar con el señor Kinnear y abusar de los demás trabajadores, era una traición a su clase. Si esto nos es suficiente para argumentar las razones de conciencia de clase y de género de Grace, sólo basta con darnos cuenta con quién termina casada Grace.

 

Lo demás sólo son detalles. Para no verse directamente implicada, pudiendo ella misma asesinar a sus amos con veneno, manipula a un hombre para que este lo haga por ella con sus armas de mujer venenosamente hermosa. Hasta aquí, todo nos parece obvio porque fácilmente se nos revela la culpabilidad de Grace (y con ello la naturaleza de la sociedad en que vivió). Y, sin embargo, aún falta resolver un interrogante de suma importancia que nos revela la ingeniosa mentalidad del personaje de Grace que, en esencia, fue magistralmente construido por Margaret Atwood y, muy bien recogida, por la directora Mary Harron: ¿Por qué el Dr. Jordan no pudo determinarlo así? Porque Grace, totalmente consciente de la imagen de la mujer en su sociedad, utiliza un elemento para despistarlos a todos. Luego de rendirse ante la evidencia, de confesarse incapaz de haber logrado que Grace, por un lado, recordara los momentos de olvido, o, por otro lado, que confesara su culpabilidad, acepta que un seudocientífico intervenga a Grace con una sesión de hipnotismo. En esta sesión, la supuesta verdad se esclarece. Quien habla tras cada pregunta no es Grace, sino el espíritu de su íntima amiga Witney que, tras fallecer, su alma invadió el cuerpo de Grace y confiesa que la manipuló para hacer que cometiera el múltiple asesinato. El Dr. Jordan entra en un dilema si creerle o no. Sin embargo, al saber nosotros como espectadores quién es el seudocientífico sabemos que todo es un montaje bien engranado. El comité, convencido de la inocencia de Grace, no pude hacer nada sin un fallo de autoridad. Pero ¿Qué fue lo que hizo Grace? Sencillo: representó la mujer que su sociedad le exigía. Es decir, ¿por qué el comité fue tan clemente con ella y no con McDermott? Porque era mujer. En la sociedad patriarcal en la que vive a la mujer, inferiorizada, se la considera incapaz de ser tan calculadora, inteligente y fría como para cometer tal acto. Sabiendo eso muy bien, Grace les da gusto y afirma que un ser exterior, un demonio (recordemos la primera escena de la serie) la manipulaba sin que ella fuera consciente de lo que hacía.

 

La importancia de las historias

 

Como dijo Javier Cercas en el ya citado dialogo con Vargas Llosa, la novela es ironía, nos presenta verdades contradictorias y pone nuestras certezas en duda. Pocas veces las producciones audiovisuales logran la profundidad que le es propia a las buenas novelas. Pero cuando lo hace, su impacto puede ser mucho más incisivo. En Alias Grace la verdad es que su protagonista es tanto culpable como inocente. O mejor aún, y he ahí la complejidad de la que es propia la novela, juzgar a Grace no es tarea fácil porque el crimen que cometió es el resultado de una sociedad injusta, machista y abruptamente desigual. Claro, ningún crimen se justifica, pero sí se logra comprender por qué se cometen y llegar a ese terreno, a ese punto de empatía con un asesino, puede ser peligro para una sociedad hipócrita. Pero por eso es que los narradores tienen predilección por los villanos, porque es en ellos que se busca descubrir la naturaleza del humano.

 

La realidad que narra Alias Grace sólo varía en forma con la sociedad actual de muchos lugares del mundo. ¿Cuántas empleadas de servicio doméstico en Bogotá no son maltratadas por sus empleadores? Sus vidas se desconocen porque ni siquiera su trabajo, en pleno siglo XXI, está regulado por el Estado. Las buenas historias, más allá de su forma novelística o audiovisual, nos permiten entrar en la complejidad de las vidas ocultas y entender cómo funcionan. Sin embargo, en Colombia hay pocas producciones que nos muestren las vidas de miles de mujeres de la ciudad y del campo que aún viven en dichas condiciones que parecen de siglos pasados. Se necesitan en el país historias que nos muestren la complejidad de nuestra realidad y pongan en duda nuestras certezas.

Publicado enEdición Nº242
Samurái en una presentación en Bogotá.

 

Un mes después de su desaparición en Bogotá, Medicina Legal confirmó la muerte de Héctor Hernández, un cantante de rap conocido como Samurái. La familia del músico de 34 años esperaba el resultado de los exámenes forenses que la entidad le practicaba a un cuerpo que fue hallado el 4 de enero en una ladrillera del sur de Bogotá.

Hasta este lunes, el único dato que se tenía sobre el cadáver encontrado es que correspondía a un hombre entre los 30 y 50 años. La familia del cantante había aportado pruebas a las autoridades para avanzar en la identificación, que culminó con la confirmación de que se trataba del rapero. “La causa de muerte corresponde a politraumatismo por elemento contundente", aseguró Medicina Legal, sin dar más detalles.

Lo último que se supo de Samurái fue la llamada que le hizo a su mamá el 13 de diciembre para acordar una cita. Unas horas después, el mismo día de la desaparición, escribió en Facebook que había perdido su móvil. Todavía las autoridades no ubican el ordenador desde donde envió el mensaje. Su familia, que desde hace un mes se unió a sus seguidores para buscarlo en varias ciudades de Colombia, pide que el caso no sea cerrado.

El testimonio de una mujer que asegura haberlo visto en el centro de Bogotá sigue siendo clave para saber quién mató al músico. La Fiscalía ha revisado cámaras de seguridad de la zona, pero dicen que todavía no hay pistas. Su familia se sostiene en la tesis de que se trató de un robo. “Él no tenía enemigos, era una persona tranquila”, decía su prima Yina Hernández la semana pasada.

Samurái se hizo conocido en los años noventa y en 2003 fundó su propio sello musical Sangre oculta récords en Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobladas y pobres de la capital del país. Desde que se denunció su desaparición, sus seguidores crearon grupos en Facebook y Twitter para coordinar la búsqueda y organizaron varias marchas en Bogotá gritando su nombre. La última fue el domingo.

 

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Viernes, 06 Octubre 2017 11:01

“La orden es erradicar o erradicar”

“La orden es erradicar o erradicar”

Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y  los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.

Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas [...] desde el día jueves 28 de septiembre [...] en diferentes veredas [...] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[...] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.

Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.

Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.

Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.

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Lunes, 25 Septiembre 2017 11:08

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 16

 

Recostado en el sofá Marlowe sostiene una bolsa de hielo contra el mentón mientras con la otra mano mantiene en el aire un pequeño libro de poemas. Un verso se le ha quedado grabado en la mente sin saber muy bien por qué: “The disturbed eyes rise,/ furtive, foiled, dissatisfied/ from meditation on the true/ and insignificant.” Marlowe lee varias veces el verso como si las palabras del poeta estuvieran dirigidas directamente a él. “True and insignificant”, repite. “True and insignificant”...

 

El sonido del teléfono celular interrumpe los pensamientos de Marlowe. “¿Y ahora qué?”, piensa, antes de responder. “¿Agente Marlowe?”, dice una voz del otro lado, “soy el agente Rodríguez de Inteligencia, tengo en mis manos un mensaje dirigido al señor.” “¿Qué tipo de mensaje?”. “El tipo de mensaje que se deja en el cuerpo de una mujer asesinada.”

 

El edificio de la Corte Suprema está ubicado sobre la avenida séptima, frente a una pequeña plazoleta con la estatua del Libertador y un conjunto de placas de metal que exhiben fotos antiguas de la ciudad. Es un edificio moderno, de 20 pisos. La fachada está cubierta por un vidrio oscuro que refleja las luces de los edificios contiguos y las lámparas y semáforos de la avenida. En el piso 17, al lado de un amplio escritorio de caoba, yace el cuerpo sin vida de la abogada Laura Alcaba. Una mujer de unos 45 años, de tez morena, delgada, de pelo negro y nariz pequeña y achatada. Lleva un vestido de color gris oscuro y a no ser por el rictus extraño que domina su rostro y la rigidez de sus miembros, podría pensarse que está a punto de salir a una fiesta.

 

Las marcas moradas a ambos lados de su cuello no dejan muchas dudas sobre las causas de la muerte. Un poco más abajo, justo donde termina el escote de su vestido, está escrito con tinta roja el nombre de Marlowe y una combinación de números y letras. “Los vigilantes dicen que la abogada entró con alguien pero no notaron nada sospechoso”, dice el agente Rodríguez. Rodríguez es un hombre joven, de unos 30 o 35 años, blanco, de ojos negros y grandes que parecen a punto de salirse de sus órbitas. “¿Hombre o mujer?”, pregunta Marlowe. “No están seguros”. “¿Y la cámara?”, dice Marlowe señalando una esquina del techo. “La desconectaron”.

 

Marlowe se acerca al cadáver y observa detenidamente aquella combinación de signos. “¿Alguna idea?”, dice el agente Rodríguez. “Ninguna”. “Puede ser de un cofre de seguridad”. “Puede ser”, dice Marlowe, desconfiado. “¿Tiene que ver con el caso del filósofo?”, dice Rodríguez de improviso. Marlowe lo observa de reojo. “Todo el mundo está hablando del caso.” Rodríguez habla con mucha propiedad, como alguien muy seguro de sí mismo, un tipo de actitud que Marlowe detesta. “Gracias por llamarme, agente”, dice Marlowe incorporándose y cortando la conversación. “Si encuentran algo más, le pido que me informe”. “Claro, colega”, dice Rodríguez estirando la mano hacía Marlowe. Marlowe duda un momento pero finalmente le aprieta la mano sin mucha convicción.

 

Antes de salir del edificio, Marlowe anota la combinación en su libreta y vuelve a guardarla en el bolsillo. Afuera una masa compacta de periodistas y curiosos se amontonan contra la cinta de seguridad, atrás de varios policías que custodian la entrada. “¡Detective, detective! ¿Alguna pista sobre el asesino?”, grita una periodista cuando ve salir a Marlowe. “¿Se trata de algún complot contra el gobierno?”. “¿Algún grupo se adjudica el hecho?”. Marlowe continúa caminando pausadamente hacia su auto sin mirar hacia el lugar donde están los periodistas. “El tipo ni sabe español, cómo va a resolver el caso”, dice uno de ellos y los demás ríen. Marlowe se devuelve, se acerca lentamente donde el periodista que habló y lo llama con el dedo. El hombre le acerca el micrófono pensando que Marlowe va a decir algo, pero Marlowe le da un puño seco al micrófono hacia arriba golpeando al periodista en la boca y la nariz que empieza a sangrar a borbotones.

Publicado enEdición Nº239
Colombia: Más de 50 líderes sociales han sido asesinados en 2017

 

De acuerdo con  la organización Somos Defensores, en lo que va de 2017 se ha conocido de las muertes de 51 líderes sociales en Colombia, lo cual significa un incremento de un 30% con respecto a la cantidad de este tipo de hechos ocurridos en el pasado año.


“Los asesinatos a líderes sociales en el país no paran. El cuerpo de Idaly Castillo Narváez, una líder comunal del municipio de Rosas, Cauca, fue encontrado con señales de abuso sexual. Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer de la región, explicó a Caracol Noticias que la mujer fue torturada, abusada sexualmente y, posteriormente, asesinada” reportó el portal Nodal.


Castillo era miembro de la Mesa de Participación de Víctimas y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio.


El pasado domingo, las autoridades reportaron el asesinato de Nidio Dávila, líder social en Nariño, quien se negó a pagar una ‘vacuna’ (impuesto ilegal) a presuntos paramilitares.


De acuerdo con Cristian Delgado, coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos del movimiento político Marcha Patriótica, los departamentos en los que más se presentan amenazas y homicidios a líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño.


Analistas aseguran que la violencia se debe a factores como el vacío de poder que existe en los territorios del país. Cuando las FARC salieron de los territorios se creó un vacío de poder que fue tomado por diferentes grupos que presionan a los líderes sociales, aseguró Carlos Guevara, miembro de Somos Defensores.


(Con información de AVN)

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