Miembros de Hamás llevan el cuerpo de Mazen Fuqaha durante su funeral

 

El movimiento islamista Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, insistió hoy en responsabilizar a Israel de la muerte ayer de uno de sus líderes en el enclave costero y aseguró que “su sangre no será en vano”.

”Hamás y sus brigadas militares atribuyen a la ocupación (Israel) y a sus colaboradores la total responsabilidad de este crimen”, declaró el grupo en un comunicado.

En la tarde del viernes, hombres armados dispararon cuatro tiros en la cabeza a Mazen Fuqaha, uno de los líderes del movimiento islamista y un destacado militante que estuvo encarcelado en Israel, según el portavoz del Ministerio del Interior, Eyad al-Bozom.

El asesinato se produjo en la entrada de su casa y se llevó a cabo con un arma con silenciador colocada directamente sobre su cabeza, explicó a los periodistas Ashraf al Qedra, portavoz del Ministerio de Sanidad.

Fuqaha, casado y con dos niños, era natural del pueblo de Tubas, cerca de la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania.

El hecho está siendo investigado, dijo la policía, mientras Hamás declaró que “sabe cómo actuar con este tipo de crímenes”.

Poco después del suceso, el líder de Hamás, Ismail Haniye, y el recién elegido jefe del grupo en el enclave, Yehya Senwar, se desplazaron hasta el hospital donde fue traslado el cadáver de Fuqaha.

”Es un héroe de las Brigadas de Ezedín al Qasam (brazo armado de Hamás) en Cisjordania y uno de los muyahidines (combatiente islámico liberados en 2011 de una prisión de la ocupación israelí”, mencionó el movimiento en un comunicado oficial.

Fuqaha estuvo preso en Israel hasta su excarcelación con el acuerdo, logrado gracias a la mediación de Egipto, por el que 1.028 prisioneros palestinos fueron liberados a cambio del soldado israelí Guilad Shalit, capturado cinco años antes.

”No he visto a mi hijo desde 2002 e Israel había amenazado repetidamente con asesinarle”, dijo el padre de Fuqaha, que reside en la ciudad cisjordana de Qalquilia, a la televisión al Aqsa.

Facciones palestinas y varios grupos milicianos llamaron hoy a la resistencia armada en todos los territorios “en venganza por la muerte” de Fuqaha.

”Su asesinato es un crimen y muestra la futura agenda de la ocupación para luchar contra la resistencia armada palestina”, manifestó Dawood Shihab, portavoz de la Yihad Islámica, que apuntó a Israel como culpable.

”Los colaboracionistas con Israel deberían ser perseguidos”, añadió.

El movimiento Al Fatah, del presidente palestino Mahmud Abás, y el Frente para la Liberación de Palestina (FPLP) condenaron también el asesinato de Fuqaha, en dos comunicados separados, y este último llamó a la resistencia armada como represalia.

Israel ha declinado hacer comentarios sobre el suceso.

 

 

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Cruz Roja advierte de que el acuerdo de paz en Colombia no bastará para acabar con la violencia

El Comité Internacional de la organización pide un mayor esfuerzo en materia humanitaria


En Colombia todavía no se puede hablar de posconflicto. A pesar de la firma del acuerdo de paz, la población civil, sobre todo de las zonas más pobres e históricamente marginadas, sigue sufriendo el drama de los familiares desaparecidos, el miedo a los restos de explosivos que siguen regados por sus caminos y la violencia armada en zonas controladas por grupos irregulares. El panorama es puesto sobre la mesa por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia en su informe anual sobre la situación humanitaria en este país, en donde el durante el 2016 el organismo detectó al menos 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación, reconoce el momento histórico que está viviendo Colombia tras la salida de las FARC del conflicto armado, pero subraya la preocupación por otros fenómenos que obstaculizan un proceso de paz completo en el país. “La firma del acuerdo de paz no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia”, repite al señalar que 18.671 personas fueron afectadas por el incumplimiento de normas humanitarias el año pasado. De estas, el 40% se trató de mujeres y mejores y tuvieron como escenario los departamentos que durante décadas han sido violentadas. Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá aparecen marcadas en el mapa en rojo. Desplazamiento, violencia sexual, tortura, homicidios en personas protegidas. “Todavía no se ha visto el beneficio de la implementación del Acuerdo de Paz en varias zonas del país. Colombia debe aceptar esta realidad”, reflexiona Harnisch. Para la CICR, la reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de violencia cambiante y llena de incertidumbres. Preocupa la muerte de líderes sindicales, que, según cifras de organizaciones no gubernamentales, supera los 74 desde el año pasado. “Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”, dice.


Los enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además de las acciones de los ‘combos’ y pandillas, ponen en evidencia, dice el informe, “que mantener la promesa de la paz será un camino largo durante el 2017”. El Chocó aparece como una de las regiones que más requiere atención. Los espacios que han sido desocupados por las FARC empiezan a ser invadidos por otros grupos armados. Es una población que además vive la tragedia de estar sola, casi desamparada. Sus fuentes de agua están contaminadas por la minería, tiene pocas alternativas frente a la producción de droga, sufre de hambre, padece de enfermedades, camina por senderos contaminados de explosivos. El jefe del CICR en Colombia llama la atención sobre la importancia de no dejar esos territorios olvidados. “Lo importante no son solo las zonas veredales, a donde llegan las FARC, sino también las que dejan. ¿Qué va a pasar allí?”, pregunta.


Las cifras alertan. En 2016, 29 personas fueron registradas como desaparecidas por día (10.610 en total), pero podría ser mayor porque en muchos casos las familias no tuvieron acceso a las autoridades o el temor de denunciar las silenció. Con la campaña #Aquífaltaalguien, el organismo internacional ha acompañado a personas que buscan a sus desaparecidos. En un año fueron recuperados y entregados 17 cuerpos, 230 familias recibieron apoyo sicológico, 36 pudieron reencontrarse con parientes de los que no tenían señales, además 460 bóvedas comenzaron a utilizarse en el cementerio de Buenaventura para sepultar los cuerpos de personas no identificadas. “Aún queda mucho trabajo por delante”, advierte el CICR, que también toca el doloroso capítulo de la violencia sexual.Con el trabajo de campo constataron que hay un elevado desconocimiento entre las víctimas sobre cómo reaccionar ante una violación. “Existen pocas denuncias como consecuencia de la falta de un ambiente protector y confidencial que brinde garantías a las víctimas para buscar apoyo, pero además es un reflejo del elevado índice en materia judicial”, se lee en el informe.


La CICR insiste en que aún queda un largo camino por recorrer y que poco se podrá avanzar si no se atiende y se pone freno a la constante violación de derechos humanos que persiste. “Nos preocupa la vinculación de menores de edad y la violencia sexual en zonas afectadas por la violencia armada”, reitera Christoph Harnisch.

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La activista fue asesinada a tiros en su casa hace un año.

 

La investigación judicial del asesinato de la activista medioambiental hondureña conduce hasta las unidades de élite del ejército hondureño formadas por Estados Unidos

 

La filtración de los documentos judiciales demuestra que la ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país, formadas por Estados Unidos. Así se desprende de una investigación que ha llevado a cabo the Guardian.

Cáceres, que se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, recibió un disparo mortal un año atrás. Supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que había recibido amenazas de muerte.

El asesinato de Cáceres, que en 2015 había sido distinguida con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman, provocó el clamor de la comunidad internacional y se hizo un llamamiento para que Estados Unidos dejara de proporcionar apoyo militar a Honduras, un aliado clave en la guerra contra las drogas.

Ocho hombres fueron detenidos por este crimen, entre ellos un militar en activo y dos militares retirados.

Las autoridades militares negaron cualquier implicación en el asesinato de la activista y restaron importancia al hecho de que se hubiera detenido a un militar en activo, Mariano Díaz, que fue expulsado del ejército.

Sin embargo, tanto el expediente militar de los detenidos como los documentos judiciales a los que ha tenido acceso the Guardian revelan que:

  1. Díaz, un militar veterano y condecorado de las fuerzas especiales fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2015 y cuando Cáceres fue asesinada iba a ser ascendido a teniente coronel.
  2. Otro de los sospechosos, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se alistó en el ejército el mismo día que Díaz y sirvieron juntos. La acusación afirma que siguieron en contacto después de que Bustillo se retirara en 2008.
  3. Tanto Díaz como Bustillo recibieron formación militar en Estados Unidos.
  4. Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, era un francotirador de las fuerzas especiales que había servido bajo las órdenes directas de Díaz. La acusación cree que cuando dejó el ejército en 2013 siguió trabajando como informante de los Servicios de Inteligencia.


Los documentos judiciales también incluyen el registro de mensajes de teléfonos móviles. La acusación cree que algunos mensajes en código hacen referencia al asesinato.

El registro de llamadas y la declaración de Hernández confirman que en las semanas anteriores al asesinato, Bustillo y Hernández se desplazaron en varias ocasiones hasta la localidad de La Esperanza, donde vivía Cáceres. “El asesinato de Berta Cáceres tiene todos los elementos de una operación bien planeada y diseñada por los servicios de inteligencia del ejército, donde es absolutamente normal contratar a civiles para que asesinen a alguien”, explica a the Guardian una fuente legal que conoce bien la investigación.

“Es inimaginable que alguien del perfil de Cáceres, cuyo activismo se había convertido en un problema para el gobierno, pueda ser asesinada sin la autorización, aunque sea implícita, de los altos mandos del ejército”.

El Ministro de Defensa de Honduras no ha querido hablar con the Guardian, pero el responsable de las fuerzas armadas ha negado recientemente que en el país operen escuadrones de la muerte.

 

La conexión Agua Zarca

 

También han sido detenidos cinco civiles sin antecedentes militares. Uno de ellos es Sergio Rodríguez, uno de los responsables de Agua Zarca, el proyecto financiado con capital extranjero para la construcción de una presa hidroeléctrica que Cáceres quería frenar.

Dirige este proyecto Desarrollos Energéticos SA, (Desa), una empresa vinculada al gobierno y al ejército. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de los servicios de inteligencia del ejército y el secretario, Roberto Pacheco Reyes, es un exministro de justicia. De 2013 a 2015 el exteniente Bustillo trabajó como responsable de los servicios de seguridad de la empresa.

En relación a su campaña contra la presa, Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte; en algunos casos habían sido los mismos trabajadores de Desa los que la habían amenazado. Desa niega tener nada que ver con su asesinato.

Cáceres fue asesinada sobre las 23.30 del 2 de marzo, cuando un grupo formado por al menos cuatro sicarios entraron en la comunidad cerrada situada en las afueras de La Esperanza donde se había mudado recientemente. Varios testigos han explicado a the Guardian que, si bien el puesto de control situado en la entrada de la comunidad normalmente estaba custodiado por soldados o policías, esa noche estaba vacío.

En un inicio, los investigadores sugirieron la hipótesis de que Cáceres había sido asesinada por un examante o por un compañero de trabajo descontento. Sin embargo, tras el clamor de la comunidad internacional, las autoridades detuvieron a Díaz, Bustillo y dos sospechosos más en mayo de 2016.

Hernández, que semanas más tarde fue detenido en México, es el único sospechoso que ha declarado ante un juez. Ha reconocido su participación, si bien ha asegurado que lo hizo bajo coacción.

Los ocho detenidos han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete detenidos han negado su implicación con el crimen o no han declarado ante el juez. La acusación asegura que el historial telefónico presentado ante el juez demuestra que la comunicación entre los tres militares era constante. Este historial incluye un mensaje de texto en el que se mandan mensajes claves sobre el pago a un sicario.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirma que varios expertos estadounidenses han participado en la investigación desde el principio.

El senador Ben Cardin, uno de los miembros de más alto rango de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha indicado que Estados Unidos no debe dar un apoyo incondicional a Honduras. “Es fundamental que no solo reforcemos nuestros compromiso con el Estado de Derecho de Honduras sino que exijamos una mayor rendición de cuentas cuando se cometen abusos contra los derechos humanos y ataques contra la población civil”.

 

La lista negra

 

El año pasado, the Guardian publicó las declaraciones de un soldado hondureño que aseguró que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que circulaba entre las unidades del ejército formadas por Estados Unidos.

El sargento primero Rodrigo Cruz afirmó que las dos unidades de élite recibieron una lista con los nombres y las fotografías de activistas, y también recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad de Cruz optó por desertar. Al resto de la unidad se les concedió un permiso.

En otra entrevista posterior con t he Guardian, Cruz explicó que los jefes del Estado Mayor del Ejército entregaron esta lista al comandante del equipo interinstitucional especial Xatruch, de la que forma parte su unidad.

Cruz, que no quiso que the Guardian utilizara su nombre real por miedo a represalias, desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece oculto desde entonces.

Después de que the Guardian publicara el reportaje, James Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar lo sucedido. En una entrevista que concedió la semana pasada afirmó que han removido cielo y tierra. “Creo que tanto yo como mi equipo hemos hablado con todas las personas con las que podíamos hablar y nadie ha elaborado esta lista”, indicó Nealon.

Sin embargo, Nealon reconoció que la embajada no ha hablado con el comandante de Xatruch. Además, ni la embajada ni las autoridades hondureñas han hablado con activistas que tienen información sobre la supuesta lista negra.

Lauren Carasik, profesora de Derecho en la Western New England University afirma que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Honduras y permitirá que los autores intelectuales del asesinato de Cáceres y de otros destacados activistas sigan en libertad.

“Washington no puede dar la espalda a las pruebas cada vez más sólidas de la participación del ejército hondureño en el asesinato extrajudicial de Cáceres”, concluye.

 

Apoyo militar

 

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, así como la impunidad de los autores, son algunas de las violaciones de los derechos humanos más graves que se cometen en Honduras.

A pesar de ello, Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado la ayuda fue de 18 millones de dólares.

En los últimos años, la ayuda estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que nacieron en la década de los ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Estas unidades de élite luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y las bandas de criminales. Sin embargo, los activistas afirman que en la actualidad estas unidades también sirven para atacar a todos los líderes de la sociedad civil que cuestionan la gestión del gobierno.

Los ataques contra los activistas no han hecho más que aumentar desde un golpe de Estado respaldado por militares en 2009, que derrotó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces, han sido asesinados más de 124 ecologistas y defensores del derecho a la tierra.

Una investigación impulsada recientemente por la organización Global Witness, que lucha contra la corrupción, mostró que las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos que son muy nocivos para el medio ambiente. Este tipo de proyectos no han hecho más que crecer desde el golpe de Estado.

Una de las regiones más conflictivas del país es la de Bajo Aguán, situada en el norte de Honduras. Allí, los campesinos y las compañías productoras de aceite de palma libran un conflicto por el uso y tenencia de tierras que ya ha causado más de 130 muertes en los últimos seis años.

En el Bajo Aguán está desplegado el 15º batallón; una de las dos unidades especiales del ejército hondureño, así como el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales.

Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón. La unidad de élite de Cruz también estuvo desplegada en el Bajo Aguán.

El embajador Nealon afirma que no tiene constancia de que Díaz, Hernández o Bustillo hayan participado en los cursos de formación ofrecidos por Estados Unidos en Honduras.

“Nuestros programas de formación para policías o soldados no están pensados para enseñarles a cometer violaciones de derechos humanos o crear una atmósfera que les haga creer que pueden hacerlo, de hecho, más bien todo lo contrario”, explica.

Los expedientes militares hondureños muestran que Díaz participó en varios cursos de contrainsurgencia en las bases de las fuerzas especiales de Tegucigalpa y en el Bajo Aguán.

También participó en un taller de mando para cadetes en Fort Benning, en el estado de Georgia, en 1997, y un curso de contraterrorismo en la Academia de Fuerzas Aéreas Interamericanas en 2005.

Los documentos del juzgado también muestran que cuando fue detenido, Díaz, de 44 años, estaba siendo investigado por tráfico de droga y secuestro, y al mismo tiempo seguía estudiando para tener opción a un ascenso.

Los expedientes militares muestran que en 1997 Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se entrenaron cientos de soldados de América Latina que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.

 

Traducción de Emma Reverter

 

 

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18 meses de prisión es el precio por matar a un palestino a sangre fría

 

Elor Azaria levantó su fusil y disparó a la cabeza a un palestino herido e inmóvil en el suelo en Hebrón. Sus compañeros estaban cerca, ya tranquilos, después de haber matado a un joven y herido a otro que les habían atacado con cuchillos minutos antes. Fue un asesinato a sangre fría en una situación ya controlada por otros militares. Nadie estaba en peligro cuando Azaria –que resulta ser un médico militar con rango de sargento– decidió tomarse la justicia por su mano.

El militar fue declarado culpable de homicidio en un consejo de guerra y el martes escuchó la pena que le correspondía: 18 meses, de los que probablemente sólo cumpla la mitad. El fiscal había pedido una pena de tres a cinco años de prisión. Azaria nunca mostró ningún arrepentimiento por sus actos.

Un periodista que siguió varios sesiones de la vista recuerda ahora que el desenlace era previsible. Los periodistas que cubrieron el juicio daban por hecho el resultado. “Azaria sería declarado culpable pero recibiría una pena relativamente menor. Había también rumores entre los periodistas que decían que los abogados de ambas partes eran parte de la solución. Después de todo, ese resultado era lo que convenía al sistema”.

El Ejército recibió duras críticas por llevar a juicio al sargento. Algunos ministros del Gobierno de Netanyahu consideraban a Azaria un héroe. Los militares no tenían otra alternativa. De lo contrario, cualquier soldado en el futuro habría hecho lo mismo saltándose las órdenes de sus superiores. Netanyahu apoyó en público la decisión de la cúpula militar, pero se apresuró a llamar a los familiares del acusado para mostrarles su solidaridad.

En realidad, Azaria fue procesado porque un vídeo rodado desde una casa cercana revelaba exactamente lo ocurrido. No había manera de dar otra versión ni de alegar que el sargento había disparado en defensa propia o para proteger a sus compañeros. Sin el vídeo, no habría habido juicio.

Después de la comunicación de la pena, un ministro del Likud pidió que el militar sea indultado. Pueden hacerlo el jefe de las FFAA o el presidente del país. Las encuestas indican que esa sería la opción correcta para la población judía de Israel.

Cualquier palestino que hubiera disparado a un israelí moribundo en el suelo habría recibido una condena de muchos años de cárcel. A finales de 2015, el Parlamento israelí reformó la ley para que los palestinos detenidos por lanzar piedras a vehículos o personas sean castigados por una pena mínima de tres años, que será superior si provocan daños físicos en las víctimas.

Disparar a matar cuando no hay ninguna razón que lo justifique tiene castigos diferentes en Israel en función de la identidad del autor. No ya según lo que pueda pensar la opinión pública, sino según los tribunales de justicia.

 

 

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Esconden la realidad y nos roban el futuro

Hace más de diez años el expresidente colombiano Alvaro Uribe negó la existencia del conflicto armado interno, y ahora el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, niega la existencia de ataques sistemáticos contra las personas defensoras de los Derechos Humanos y la existencia del paramilitarismo.


Alto número de víctimas.


El año pasado hubo al menos 85 personas defensoras de los Derechos Humanos asesinadas. La mitad eran campesinos-as, indígenas, negros-as que reclaman la devolución de las tierras que les robaron mediante el terror paramilitar; el resto eran líderes sindicales, comunitarios y ambientalistas opuestos a planes inversión de empresas multinacionales mineras y energéticas, impulsores-as de los diálogos de paz, militantes de los movimientos Marcha patriótica y Congreso de los Pueblos, personas que exigen justicia por los crímenes del paramilitarismo o de la fuerza pública, gentes que han denunciado actos de corrupción. Y pasa de 1.000 la cifra de defensores-as asesinadas durante los gobiernos de Uribe y de Juan Manuel Santos.


¿Qué pretenden con éstos crímenes? Algo muy grave: detener la democratización de Colombia, proteger intereses de terratenientes, empresarios y multinacionales beneficiarias del terror, romper el movimiento social que exige reforma agraria, cumplimiento de los Acuerdos con las FARC, diálogo con el ELN y el EPL, mantener la impunidad y la exclusión históricas.


La Oficina de la ONU en Colombia lo dijo con claridad hace un año “La labor de los defensores de Derechos Humanos es piedra angular para la democracia y la promoción de una paz equitativa y sostenible. Sin embargo, la violencia en su contra continúa y el Estado no logra garantizar plenamente el respeto y protección de sus derechos y labor...”. El Estado no quiere proteger a quienes defienden Derechos Humanos. Cada día hay más efectivos para la seguridad (¡medio millón de policías, soldados, escoltas, agentes secretos¡) que generan un gasto gigantesco, pero cada año hay más muertos y menos garantías para la defensa de los Derechos Humanos. Las Ongs señalaron hace un año que el 66% de estas agresiones son autoría de los grupos paramilitares. Pero para el Ministro encargado de la seguridad estos matones ¡no existen¡. Entonces, preguntan desde Justicia y Paz “¿Y si no son paramilitares, qué son?”


¿No hay sistematicidad?


Negar la sistematicidad de los ataques contra defensores-as de los Derechos Humanos es una estulticia mayor. No son como repiten desde hace décadas los jerarcas civiles o militares meros “hechos aislados”, ni “errores militares”, ni mucho menos simples coincidencias producto de la improvisación o del azar. Son el resultado de planes criminales que involucran en connivencia a agentes de la fuerza pública y a grupos paramilitares, junto con políticas que generan impunidad estructural y operaciones de ocultamiento mediático de estas realidades.


La gravedad de lo que ocurre no radica sólo en el alto número de víctimas, también y sobre todo en que constituyen delitos de lesa humanidad porque son parte de una persecución sistemática que implica una privación intencional de los derechos fundamentales, actos que caen en el ámbito de la Corte Penal Internacional pues no se ve diligencia en combatir a los paras ni de hacer justicia. La Fiscalía parece que sólo es hábil para encarcelar dirigentes sociales y para desviar investigaciones, como lo intentó en el caso del asesinato del sindicalista de Nestlé LUCIANO ROMERO, o en convertir en eterna la etapa de investigación previa, como en el caso de la desaparición y asesinato de CARLOS PEDRAZA SALCEDO hace dos años.


Las élites criollas quieren ocultar lo obvio: que son ataques sistemáticos y que no son nuevos. “ La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e incluso simpatizantes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a las ejecuciones de militantes de la UP como “sistemáticas”; el Defensor del Pueblo calificó a la violencia contra los dirigentes y militantes de ese partido como “exterminio sistematizado”; la Corte Constitucional de Colombia como “elimina ción progresiva”; la Comisión Interamericana como “asesinato masivo y sistemático”; la Procuraduría General de la Nación se refiere a “exterminio sistemático”, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como “exterminio”.


Los ataques de los paramilitares también son crímenes de lesa humanidad por sus dimensiones, sistematicidad y por la cantidad y calidad de las víctimas

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La prensa tapa

Sin apoyo de los medios masivos de comunicación no hubiera podido Alvaro Uribe involucrar a civiles como objetivo militar y lograr que sus asesinatos fueran visto con normalidad bajo el simplismo de instalar en la cabeza de la ciudadanía el “por algo sería.” Monopolios mediáticos como PRISA, Planeta, RCN, Caracol, han difundido por décadas la propaganda política y militar de exterminio que convirtió –hasta el sol de hoy- en objetivo militar a sindicalistas y defensores de Derechos Humanos previamente señalados de ser “sapos”, “terroristas”, “bandidos”, enemigos de la democracia, “guerrilleros de civil”, epítetos que se prodigaron incluso contra personas de Amnistía Internacional, de Cruz Roja internacional o de Human Rigths Watch.

La realidad paramilitar


La propaganda que afirma que “Colombia está en posconflicto” o que ya vive una etapa de paz, tampoco encaja con la realidad de la persecución actual y con la re-paramilitarización del país.


Colombia vive una fuerte re-paramilitarización y la insistencia de las autoridades en negarlo no tiene consistencia y dificulta su combate.


Los paramilitares mantienen una fuerte coordinación con la fuerza pública, como siempre. En sus amenazas tanto individuales como colectivas y en sus proclamas expresan su respaldo al gobierno y a las multinacionales, muestran una ideología contrainsurgente nítida; se declaran enemigos de todo movimiento social alternativo y de toda forma de protesta social, actúan cerca de las bases y de los controles militares en los que son protegidos, encubiertos.


Es t udios de hace un año del Centro de Memoria Histórica indicaban que en 339 municipios del país había paramilitares. En 119 de esos municipios estaba el Clan Úsuga, en 76 los Rastrojos y en 39 las Águilas Negras. Eso ha empeorado. Hay paras en el Chocó matando y desplazando comunidades esta semana. Y en Buenaventura donde hacen la misma faena troceando personas. Y en el Cauca, Bajo Atrato, Córdoba, Sucre, Bolívar, bajo Cauca, Magdalena Medio...


El gobierno dice estar comprometido en combatir el paramilitarismo, pero hay demasiadas pruebas de su accionar conjunto con el ejército, además hay muy pocos resultados que impliquen el desmonte de las estructuras políticas y económicas que los sostienen. En las comunidades campesinas donde las FARC fueron la autoridad hay mucho temor porque el poder sustituto son los paramilitares que avisan que llegaron para quedarse, como dijeron esta semana en Urabá y en Nariño.
Hay paramilitares en las narices del Ministro de Defensa, en Bogotá, en Soacha y en Zipaquirá desde finales del año pasado y este fin de semana las “Autodefensas Gaitanistas” regaron amenazas en diez barrios informando de que imponen toque de queda desde las diez de la noche, además fijan el plazo de un mes para que los dirigentes sociales se vayan de la ciudad.


Grandes regiones del país ocupadas por los paramilitares, allí ejercen el control social, económico, político y militar, amenazan, violan, asesinan, desplazan y desaparecen forzadamente a las personas que denuncian la corrupción y a opositores del modelo económico neoliberal y de los grandes proyectos de inversión.


La 12 Visita Asturiana encontró evidencias de su presencia y accionar hace un año: en zonas rurales de Tumaco en sitios como Chilví, Candelilla y Llorente paramilitares establecen retenes junto a los tanques del Ejército entre los kilómetros 93 y 105 de la vía a Tumaco-Pasto. En el Consejo Comunitario Rescate las Varas de Tumaco. En el departamento del Tolima en la Jabonera entre Ataco y Coyaima; en Mesa de Polen-Planadas; en la Vereda Maracaibo y en los municipios de Chaparral, Natagaima, Purificación, El Guamo, Saldaña, Prado. V estidos de policías los paras patrullan armados con fusil AK en camionetas de color blanco y negro por Mesa de Polen, Planadas, Ataco, Santiago Pérez, que son sitios en los que hay fuerza pública que los dejan pasar. En el Casanare en Matarratón y la finca El Porvenir hay paramilitares del grupo del extinto VÍCTOR CARRANZA que amenazan y hostigan al campesinado para despojarlo de sus tierras. En San José del Bubuy-Aguazul por la vía a Maní-Casanare “No hay garantías para el liderazgo comunitario, ni para los activistas de los Derechos Humanos, no hay libertad de expresión en nuestros territorios.”


Y no son sólo regiones alejadas. Hay ciudades bajo el control paramilitar como Cúcuta donde un defensor denunció “ Estamos manejados por paramilitares, la ciudad está en sus manos y muchos barrios donde ellos amenazas y matan. En Cúcuta con la Ley Zanahoria hay un toque de queda de hecho para los menores de edad ordenado por el alcalde y lo aplican los paramilitares y la policía. Los organismos de investigación y de la justicia son dirigidos por fichas del poder paramilitar, algunos organismos públicos de protección y control también. No hay armas para enfrentar el abuso de autoridad porque es muy peligroso denunciarlos, eso sólo empeora las cosas. Hay paramilitares en Villa del Rosario, puerto Santander, El Zulia. En septiembre los paramilitares lanzaron un panfleto amenazando a quienes defienden Derechos Humanos, a las mesas de víctimas, luego hubo otro panfleto amenazando con “limpieza social”; sicarios en moto hacen el control territorial y de la población. Los medios de comunicación encubren esta situación de ilegalidad, abusos y terror permanente. En la Universidad Francisco de Paula Santander la empresa VIPRICAR es un aparato para el control de los estudiantes a los que espían graban e intimidan, esa empresa es la mano derecha del paramilitarismo en la universidad pública en la que ya han asesinado y desaparecido estudiantes.”. “Los paramilitares están asesinando personas en barrios de Cúcuta: Belén, Antonia Santos, Motilones, Santo Domingo y otros barrios de la ciudad donde controlan a la población mediante el terror. En Puerto Santander masacran, igual en Aguaclara donde han matado personas delante de los niños en la cancha deportiva. La fuerza pública los deja hacer.” También en Arauca: “Los paramilitares de Arauca están en rearme evidente, se llevaron 19 jóvenes para entrenarlos. Hoy se llaman Urabeños y Águilas Negras, patrullan encapuchados y armados al lado de los puestos del ejército. Están en el corregimiento El Caracol, en la Vereda Feliciano, andan por Tame, y en el Casanare en Tauramena y Aguazul, en el Meta en Barranca de Upía.” “Aquí no hay paramilitares, hay tropas del ejército que actúan como paramilitares con los mismos nexos que el país ya conoce. En las zonas que controla el ejército se incrementa el paramilitarismo, eso no es coincidencia sino estrategia. Los paramilitares salen armados de los cuarteles y a ellos regresan de sus fechorías; el ejército niega que haya paramilitares, porque son ellos mismos. Frente a Caño Limón nadie puede demorarse en pasar porque el ejército le controla el tiempo a cada uno, pero aparecen pintadas a nombre de los paramilitares, las hace el mismo ejército.”


La realidad del paramilitarismo es una seria amenaza para los procesos de terminación del conflicto armado, para la reconciliación y para el desarrollo por vías democráticas del conflicto social en auge. Ocultar la realidad del paramilitarismo y el exterminio sistemático de quienes defienden los Derechos Humanos y negar la persecución a muerte contra las comunidades organizadas nos roba el futuro, pues sin defensores-as y sin organizaciones sociales de base no es posible alcanzar la paz con justicia social.

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Disparando a líderes sociales en tiempos de “paz”

A menos de 24 horas de ser suscritos por segunda vez los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, siguen cayendo líderes de derechos humanos y de comunidades campesinas en territorios de alta incidencia del Conflicto Armado en Colombia: 3 homicidios el pasado fin de semana, 70 asesinatos durante el año, 279 amenazas y 28 atentados. Continúa el proyecto de “pacificación” de territorios a tiros por parte de actores que ven a estas organizaciones como un estorbo para sus intereses de explotación-acumulación. En cuestión la capacidad de los acuerdos para proteger a estas comunidades.

 

El asesinato de un líder defensor de derechos humanos en muchos países bastaría para suscitar estupor y rechazo general de la población, pero en Colombia en el transcurso del año han sido asesinados 70 defensores sin que esto haya generado mayor sorpresa. La situación no es muy diferente a lo acontecido en los últimos años, la diferencia radica en que mientras las muertes siguen llegando fatídicas e infames, el país empieza a transitar por caminos de paz y reconciliación con el silenciamiento definitivo de los fusiles, la suscripción (por segunda vez) de un acuerdo de paz ‘definitivo’ entre el Gobierno y las Farc. Enorme paradoja.

A los muertos se suman 279 amenazas y 28 atentados sobre igual número de actores sociales, que en muchas de estas personas dejan secuelas para toda su vida, atentados que contribuyen a incrementar las estadísticas de victimización de estos ciudadanos que tan solo en el tercer fin de semana de noviembre, fueron blanco de tres asesinatos y tres atentados en distintas comunidades rurales del país. Una avanzada que no tiene nada de casual ni de fortuita. Es una avanzada en vísperas de la firma de los acuerdos anunciada por darse en Santa Marta; todo un mensaje de lo que posiblemente vendrá en el futuro cercano para quienes ahora están en vísperas de dejar sus armas. Al tiempo que avanza la paz comienzan a vislumbrarse enormes posibilidades de renta sobre espacios específicos en los que hacen presencia organizaciones que una vez más deben aterrorizar y someter; comienza a asomarse la realidad del pos–acuerdo.

“Plan pistola” denominó el Secretariado Mayor del Estado Mayor Central de las Farc a estos asesinatos, ejecutados contra líderes populares en todo el país. Precisan la Farc: “Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.

 

Los nombres de las víctimas

 

Tan solo en las últimas 72 horas fueron asesinados 3 líderes y se cometieron tres atentados en diversos lugares. Rodrigo Cabrera, Didier Losada Barreto, Erley Monroy, son los nombres de las tres últimas víctimas fatales de este accionar delictivo que antes lejos de desaparecer sigue proliferando en Colombia.

Comienzan a esbozarse las primeras hipótesis. Alejandra Pérez, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación DHOC afirma que: “[...] el líder campesino del Caquetá Erley Monroy “había denunciado la aparición de panfletos y de pintas de las autodefensas de los grupos paramilitares en varios caseríos de la zona, así como también el rearme y reagrupamiento de estos grupos en una zona que está fuertemente militarizada [...]”. Según las palabras de Alejandra Pérez, Erley Monroy “denunció la extracción petrolera en la Serranía de la Macarena y la recuperación de un baldío por la resolución 810 del 2015 que pretende ser recuperado por el gobierno para temas de inversión en Zidres”(1).

Rodrigo Cabrera, líder campesino de Policarpa, Nariño, fue asesinado el pasado sábado sobre las 6 de la tarde cuando se desplazaba en una motocicleta en el sector de Altamira donde fue atacado por hombres armados que le propiciaron la muerte. Pero sobre este hecho la alcaldesa de Policarpa Claudia Inés Cabrera señaló: “[...] que tras un Consejo de Seguridad las autoridades establecieron que la persona asesinada no tenía un nivel de liderazgo, y tampoco era defensor de derechos humanos ni tampoco hacia parte de la marcha patriótica y que su homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas”. Argumento bastante conocido y funcional a las cifras de victimización oficiales. Por su parte, Didier Losada Barreto, líder comunitario del municipio de la Uribe, Meta, fue asesinado hacía las 9:30 de la noche del día viernes cuando hombres encapuchados penetraron a su vivienda y le dispararon frente a su mujer, hijo y un trabajador (2).

Por fortuna no hubo más asesinatos. La semana anterior se cometieron atentados contra Argemiro Lara de Fensuagro en Sincelejo, contra Danilo Bolaños, líder de Astracan en Nariño y, contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá. Tres acciones contra líderes campesinos, sujetos predilectos de la violencia intimidatoria y de exterminio que busca seguir minimizando las resistencias frente a intereses particulares en muchas regiones propias con altas afectaciones por el conflicto armado en el país.

 

¿Quiénes están atentando contra líderes y defensores de derechos?

 

En su carta al Presidente, el Secretariado de las Farc detalla su versión de los recientes y dolorosos hechos: “Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder [...] No es admisible, que tomando nombres como “Los Úsuga” o las “Águilas Negras”, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante”.

Por otro lado, Alejandra Pérez, resalta que los asesinatos y atentados son: “[...] la manifestación propia del momento histórico que se está viviendo, que no refleja la voluntad real y de garantías para el ejercicio de la oposición política, es necesario y urgente la implementación del punto 3 y 4 del acuerdo firmado en La Habana, que propone unas medidas mínimas de seguridad de la personas que propenden por un país distinto” (3) .

Intereses locales específicos que chocan con la actividad de líderes campesinos, defensores de derechos humanos y del territorio, parecen seguir siendo los determinantes de estos atentados que siguen produciendo víctimas entre singulares protestas pero en la habitual impunidad. La permanencia, incluso el incremento de estos asesinatos plantea serias dudas sobre la real vocación de paz propia de múltiples actores que siguen depositando en el dolor, en la muerte, en el desarraigo, la puerta de entrada la acumulación de tierra, recursos y dinero en regiones en disputa, golpeadas por el conflicto armado en el Colombia.

Atentados y asesinatos de líderes que deben ser asumidos como actos violentos y de intimidación en contra del conjunto del movimiento social y popular. Cada actor social es un luchador por un país mejor, y eso es lo que debe pesar a la hora de plantear la denuncia, superando las militancias particulares.

 

¡Que el Gobierno responda por estos hechos! ¡Cero impunidad!

 

[1]    http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/20/colombia-el-asesinato-de-campesinos-refleja-la-inexistencia-de-garantias-para-el-ejercicio-de-la-oposicion-politica/

[2]    http://justiciaypazcolombia.com/Asesinato-del-senor-Didier-Losada-Barreto

[3]          Ibíd. 

Publicado enColombia
Martes, 25 Octubre 2016 14:18

Crímenes sublimes

Crímenes sublimes

Capítulo 6

 

Está oscureciendo cuando Marlowe sale de la oficina del decano. La luz que comienza a extinguirse forma extrañas figuras contra la pared de las fotografías del corredor. Marlowe siente a ambos lados la mirada inquisitiva y un tanto diabólica de los filósofos, lo que le produce una sensación poco confortable. La sensación de extrañeza aumenta cuando ve hacia la derecha un bulto apenas perceptible, escondido atrás de una puerta de madera. El bulto mueve una de sus manos y se pierde en las sombras. Marlowe lo sigue sin pensar demasiado. Detrás de la puerta de madera hay una sala de estudio en penumbra con varias mesas ubicadas lado a lado, cada una con una pequeña lámpara simétricamente localizada en la esquina superior derecha. Todas las mesas están vacías. Hacia el fondo, al lado de una estante con libros gruesos de tapa oscura el bulto le hace señas para que se aproxime. Marlowe observa rápidamente hacia los lados y con una mano en el bolsillo le quita el seguro a su arma. Al acercarse se da cuenta que envuelto en un sobretodo gris, tapándose casi toda la cara, está el mismo joven que había salido un poco antes de la sala del decano. “¿Por qué tanto misterio?”, pregunta Marlowe. “Hable bajo, por favor”, dice el joven con una expresión de pavor en el rostro. “¿A qué le tiene tanto miedo?”. “Esto no es un juego, detective. Mi vida puede estar en riesgo por hablar con usted”. “Veamos si es verdad”. “Es sobre el asesinato del profesor Zubiria”. “¿Sí?”, dice Marlowe escéptico. “Yo sé quién está detrás de su muerte”. “¿Y por qué está tan seguro?”. “Porque él mismo me lo dijo, días antes de su muerte en...”. Se escucha un ruido a lo lejos, como de un vaso que se rompe contra el piso, lo que hace temblar un poco más al joven. “Tranquilo”, le dice Marlowe, “continúe”. “El profesor Zubiria estaba a punto de denunciar al Club del Fuego del Infierno y me confesó que su vida corría peligro.” “¿El Club del Fuego del Infierno, está bromeando?”. “No, no es ninguna broma. Así se hacía llamar el grupo de DeQuincey”. Otra vez De Quincey, pensó Marlowe, algo no andaba bien. “¿Y qué clase de grupo es ese?”. “No lo sé exactamente, Zubiria no me lo dijo. Pero dijo que lo que hacían era antiético y peligroso.” “¿Qué más sabe usted del grupo?”. “Sé que hay gente muy importante involucrada, intelectuales, políticos, militares. Se reúnen una vez por semana. Aparentemente es un grupo de estudios pero no sé cuál es su objeto”. “¿Y por qué un grupo de estudios de filosofía iba a ser tan peligroso. Me parece que está jugando conmigo joven y créame, no me gusta para nada que jueguen conmigo”. “No estoy jugando detective. No sé por qué sería peligroso, sólo le digo lo que el profesor Zubiria me dice”. Marlowe pensó que el joven decía la verdad, era demasiado nervioso e ingenuo para estar inventando todo. “¿Sabe usted dónde se reúne el grupo?”. “No, no lo sé y Zubiria no me lo dijo”. “Está bien”, dice Marlowe, “agradezco su colaboración”. “Un momento”, dice el joven, tomando a Marlowe por el brazo. “No me puede dejar aquí, necesito protección policial, un arma, algo...”. A Marlowe la actitud de aquel joven comenzaba a irritarlo. Con un movimiento brusco soltó su brazo, le dio un golpe en el rostro con la mano abierta y lo sacudió

 

Conferencia Williams Primera parte

 

“Damas y Caballeros, he tenido la honra de pronunciar en esta fría noche bogotana la conferencia anual Williams sobre el asesinato considerado como una de las bellas artes. En primer lugar quiero agradecer al comité por haberme elegido este año para tan importante tarea. Espero sinceramente estar a la altura de sus expectativas. Especialmente me siento muy honrada de hablar hoy en presencia de uno de nuestros principales maestros y conocedores, el señor Thurtel.” [Los miembros del comité aplauden e inclinan un poco la cabeza en señal de respeto hacia Thurtel. Thurtel devuelve el saludo con otra leve inclinación de cabeza]. “Déjenme comenzar estas palabras esta noche refutando algunas acusaciones que nuestra sociedad ha recibido recientemente”. [Algunos miembros del comité observan de reojo hacia la esquina de la sala donde el profesor está sentado junto a su esposa]. “Se ha dicho que las actividades de nuestra sociedad poseen un carácter inmoral. ¡Inmoral! Damas y caballeros. ¿Puede haber una acusación más absurda? Aunque parezca innecesario decirlo tendré que recordar algunos de nuestros principios básicos. Afirmo en voz alta, como creo que es el sentimiento general de nuestra sociedad, que el asesinato es una línea de comportamiento inconveniente y no dudo en afirmar que cualquier persona que comete un asesinato debe seguir formas de pensar incorrectas y principios equivocados”. [Se escuchan algunos murmullos en la sala y gestos de aprobación]. “El asesinato, queridos amigos y amigas, como todo en este mundo posee dos maneras de aproximación y de entendimiento. El asesinato puede ser comprendido desde un punto de vista moral, lo que sucede con demasiada frecuencia y constituye, en mi opinión, su lado más débil. O el asesinato puede ser tratado estéticamente, es decir, en relación al buen gusto. Cuando un asesinato está en el tiempo futuro que está a punto de llegar –no ejecutado, ni siquiera siendo ejecutado sino apenas próximo de ser ejecutado– y un rumor sobre él llega a nuestros oídos, tratémoslo moralmente. Pero supongamos que terminó, que ya fue ejecutado, es un hecho consumado. Supongamos que el hombre o la mujer asesinados ya no sufren más y que el villano que realizó el acto desapareció, veloz como una flecha. Supongamos también que hicimos hasta lo imposible por tratar de detener al villano pero no lo conseguimos. ¿Cuál sería, queridos colegas, después de este momento, la utilidad de cualquier uso de la virtud? Ya bastante fue dado a la moralidad. ¡Llegó la vez del Gusto y las Bellas Artes! [Al terminar la frase hay una explosión de júbilo entre los presentes. Con excepción del profesor que continúa con el rostro tenso en el fondo de la sala].

Publicado enEdición Nº229
Lesbia Yaneth Urquía

Honduras es un campo de muerte para los ecologistas. A los cuatro meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, otra dirigente de su organización ha caído. Es Lesbia Yaneth Urquía Urquía, de 49 años, madre de tres hijos. Su cadáver fue hallado en Mata Mula, cerca de un basurero de Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa. Un machetazo en el cráneo, según las primeras versiones, puso fin a su vida.

El crimen se suma a una larga fila de cruces. En el país centroamericano, según la organización Global Witness, han sido asesinados en poco más de una década 114 activistas ambientales. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. Y las pocas veces que se llegó al final del túnel, las conclusiones fueron abismales. Así ocurrió con el caso de Berta Cáceres. La infatigable ecologista, premio Goldman Enviromental Prize (el Nobel verde), murió el pasado 2 de marzo de dos tiros en su casa de La Esperanza. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia la empresa DESA, responsable de la gigantesca presa de Agua Zarca, a la que Cáceres y su organización (COPINH) se oponían por vaciar el río Gualcarque, sagrado entre los indios.

La existencia de un testigo y la presión internacional facilitaron la resolución del crimen. En mayo pasado, fueron detenidos por el asesinato el gerente de DESA, su jefe de seguridad, un mayor del Ejército y dos sicarios.

En el caso de Lesbia la autoría es aún un misterio. La mujer fue secuestrada un día antes de su muerte. Había salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue hallada, presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Cáceres, se había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. Entre ellos una obra vinculada a la presidenta de Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su esposo.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía la fallecida, responsabilizó de la muerte al Gobierno hondureño y apuntó directamente a la presidenta de Partido Nacional y su marido. “Ellos son fuente permanente de amenazas y conflictos por los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”, señaló en un comunicado. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de López.

Fuentes policiales citadas por Reuters indicaron que el crimen de Urquía, propietaria de dos hoteles y un mercadito, podría enmarcarse en una disputa familiar o una extorsión. Los compañeros de la víctima rechazaron esta hipótesis y recordaron que con Berta Cáceres la policía también quiso atribuir el asesinato a la delincuencia común. En un país donde el 90% de los delitos queda sin resolver, otra ecologista ha muerto y aún no hay detenidos.

 

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50 muertos en la peor matanza en EE UU desde el 11-S

El menos 50 personas murieron la madrugada de este domingo en una matanza en un club nocturno de Orlando (Florida), en el que supone el peor tiroteo múltiple de la historia de Estados Unidos. Los primeros indicios apuntan a un único tirador que murió abatido por la policía. Hay 53 personas heridas. Las autoridades todavía no han revelado la identidad del tirador, pero, según la cadena televisiva CNN, se trata de Omar Siddique Mateen, un hombre nacido en Nueva York de padres afganos. Según la cadena, el FBI tiene "sospechas de que suscribía una ideología islámica radical". El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ha asumido la autoría del atentado perpetrado. La reivindicación ha sido publicada por la agencia de noticias Amaq, considerada afín al grupo yihadista.

 

No obstante, su padre, Mir Seddique, ha afirmado en declaraciones a NBC que no cree que el ataque protagonizado por su hijo se deba a motivos religiosos sino a motivaciones homófobas. "No tiene nada que ver con la religión", ha subrayado el progrenitor, que ha indicado que su hijo se enfadó hace dos meses cuando, durante una visita a Miami, vio a dos hombres besándose.

 

La matanza en Pulse, una discoteca popular entre la comunidad gay de esta ciudad turística, vuelve a colocar a EE UU ante el pánico del yihadismo y de la violencia armada. Y condicionará las elecciones presidenciales de noviembre y los siete meses restantes de mandato de Barack Obama.

 

En caso de confirmarse los motivos yihadistas, se trataría del peor ataque tras los atentados del 11-S en 2001, en que murieron cerca de 3.000 personas. El tiroteo llega a los seis meses de que una pareja de simpatizantes islamistas radicales matara a más de una decena de personas en San Bernardino (California).

 

El origen afgano incomodará profundamente en EE UU, un país que desde 2001, impulsa una cara intervención militar contra los talibanes en el país centroasiático, en la que es la guerra más larga librada por la primera potencia.

 

El agente especial del FBI Ronald Hopper declinó, en una rueda de prensa, identificar al autor de la masacre y dijo que todavía no se ha determinado si se trata de un crimen de odio, un acto terrorista o uno criminal. Sin embargo, el hecho de que Muhammad Musri, representante de la Sociedad Islámica del Centro de Florida, participara en la comparecencia ante los medios revela que el sospechoso puede ser musulmán.

 

Musri dijo que se cree que el agresor no estaba conectado a una red o tuvo ayuda de otras personas. Las autoridades tratan de recabar información sobre el sospechoso y cómo obtuvo las armas.

 

El tiroteo en el club Pulse se inició alrededor de las 2 de la madrugada, hora local. El tirador, según la policía, utilizó una pistola corta y un rifle de asalto. Hubo unos primeros disparos fuera de la discoteca antes de que accediera al local y abriera fuego. Retuvo a algunos asistentes hasta morir tiroteado por la policía.

 

El de Orlando es el tiroteo múltiple número 173 de este año en EE UU, según datos del portal Mass Shooting Tracker. Como tiroteo masivo se entiende el que causa al menos cuatro víctimas mortales, excluyendo al autor de los disparos.

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Colombia: A las puertas de un nuevo genocidio político

Un fantasma recorre Colombia: el del exterminio de la Unión Patriótica. Esta organización, gestada como salida del conflicto armado en el marco de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC a mediados de los años ochenta, sufrió en su corta y trunca existencia como propuesta civil, una arremetida paramilitar que -en estrecha complicidad con las instituciones estatales- trajo como saldo trágico el asesinato de más de 3000 de sus militantes. Desde campesinos, estudiantes, trabajadores y activistas de base en general, hasta candidatos presidenciales, alcaldes, concejales y senadores, el exterminio casi total de la UP llegó a ser catalogado por diversos organismos de derechos humanos como un verdadero genocidio político. Las negociaciones de paz se vieron así clausuradas por la muerte, el exilio y la desaparición forzada de quienes aspiraron en aquel entonces a transitar hacia una vida democrática con plena participación civil, en un sistema político que ha resultado refractario a las opciones por fuera del binomio impuesto, a sangre y fuego, por conservadores y liberales desde los tiempos de la llamada “Violencia”, década que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desplazados, y que tuvo como hito previo catalizador al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

 

Solo en lo que va del año 2016, alrededor de 40 activistas de plataformas civiles como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asesinados, más de la mitad de ellos perpetrados en el mes de marzo. El 1 de abril, la referente de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, sufrió un intento de atentado contra su vida por parte de sicarios, luego de haber denunciado el peligro de que en Colombia se viva un nuevo genocidio equivalente al de la Unión Patriótica. En esta misma zona del Chocó, recientemente han incursionado cerca de mil paramilitares, imponiendo el terror en las comunidades rurales. Esta escalada del paramilitarismo quedó en evidencia días atrás, con la imposición de un “paro armado” en cuatro Departamentos de Colombia, que incluyó asesinatos y la quema de transportes públicos. Pero la arremetida contra el proceso de paz no solo tiene a estos actores paraestatales como protagonistas. Si bien no ha logrado demasiado eco, el partido uribista Centro Democrático instó a salir a las calles el pasado 2 de abril, para repudiar las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana y a las que ahora se le suman las anunciadas en forma pública por el gobierno y el ELN en Caracas.

 

Aunque pueda resultar paradójico, estas negociaciones de paz, lejos de aplacar la criminalización de los movimientos sociales en Colombia, la han agudizado. Basta decir que dos de los principales referentes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, Huber Ballesteros, dirigente rural de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de los Trabajadores, y Feliciano Valencia, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han sido condenados a prisión violándose los más elementales derechos y garantías (en este último caso, luego de una larga lucha, se ha logrado que Feliciano pueda cumplir su reclusión en un resguardo indígena). A esto se le suma la persecución al pensamiento crítico, que tiene como caso testigo al profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán, preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, bajo la acusación sin pruebas concretas de ser colaborador “ideológico” de la guerrilla. Resulta escandaloso que actualmente la cantidad de presas y presos políticos en Colombia ascienda a más de 9.500 personas.

 

Nada dicen de ellos y ellas los medios hegemónicos, que bombardean de manera constante y cínica con noticias y denuncias sobre la situación de supuestos “presos políticos” en Venezuela o Cuba. El proceso de paz en Colombia transita por uno de sus momentos más críticos. Vale la pena recordar que gran parte de aquellos homicidios perpetrados contra la Unión Patriótica aún se encuentran impunes, al igual que la mayoría de los asesinatos de militantes populares ocurridos en los últimos años en el país. Solamente de Marcha Patriótica -plataforma civil surgida a la vida pública en abril de 2012- han sido aniquilados 116 de sus miembros. Por lo tanto, sin la garantía de no repetición -uno de los puntos centrales impulsado por las insurgencias de las FARC y el ELN en las mesas de diálogo- y sin el desmonte definitivo y la condena efectiva del paramilitarismo -que aún se mantiene activo en gran parte del país y cuenta con un considerable apoyo de sectores desestabilizadores de ultraderecha-, no cabe pensar en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

 

En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo y militante Orlando Fals Borda caracterizó la historia reciente de su país en los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto con las mesas de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN, es un primer paso para conjurar más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde 6 millones de personas han sufrido desplazamientos forzados de sus territorios y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad.

 

 

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