Reconstrucción de la captura y muerte de los estudiantes de Iguala

La noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero, de 23 años, vio como el cañón de un Colt AR-15 le apuntaba.

- Vete o te mato.


En aquel momento no lo supo, pero el agente le había librado de una muerte segura. No fue por azar ni por piedad, sino por pura y simple saturación. Como Ernesto recordaría semanas después, los policías municipales tenían a decenas de compañeros de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tumbados boca abajo en el asfalto y se los estaban llevando en camionetas a la comisaría. Iban hasta los topes. Tan ocupados estaban, que habían pedido ayuda a los agentes de la vecina localidad de Cocula, y cuando Ernesto, armado de valor, se acercó a preguntar por la suerte de sus amigos, ya no disponían de tiempo ni espacio para uno más. Directamente le apuntaron con el fusil y le conminaron a irse. "Vi alejarse por la avenida a mis compañeros", rememora. Esa fue la última vez que supo de ellos.


Aquel 26 de septiembre, Ernesto había llegado a Iguala, junto con casi un centenar de alumnos de magisterio, en dos autobuses procedentes de Ayotzinapa. Radicales y revoltosos, los estudiantes iban a recaudar, como otras veces, fondos para sus actividades. Esto significaba pasar el bote por sus calles más céntricas, entrar en unos pocos comercios e incluso cortar alguna avenida.


Su desembarco no había pasado inadvertido. Los halcones del narco, según la reconstrucción de la fiscalía mexicana, habían seguidos sus pasos y alertado a la central de la Policía Municipal. Los normalistas no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, los estudiantes habían culpado del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacado el ayuntamiento.
Los sicarios y los policías, que en Iguala vivían en perfecta simbiosis, creyeron que iban a repetir al algarada, pero esta vez no contra el regidor, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.


Ella, como apuntan las investigaciones policiales, dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. El vínculo con el narco le venía de lejos. Era hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Cuando ambos fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulgurante ascenso social que ahora quería completar con su última ambición: ser elegida regidora en 2015. Para ello, ese 26 de septiembre había preparado un gran acto en el zócalo de la villa. Era el inicio de su carrera electoral.


La irrupción en la ciudad de los normalistas, encapuchados, rebeldes, con ganas de protesta, les hizo temer que fuesen a reventar el discurso. El alcalde exigió a sus esbirros que lo impidiesen a toda costa y, según algunas versiones, que los entregasen a Guerreros Unidos. La orden fue acatada ciegamente. Las fauces del horror se abrieron de par en par. Posiblemente nunca se llegue a saber cómo la barbarie llegó a tal extremo, pero lo que las pesquisas policiales han logrado sacar a la luz es que a los normalistas, que seguramente no sabían cuál era la naturaleza del poder municipal en Iguala, se les dio trato de sicarios, se les persiguió con la saña con que se mata a los cárteles rivales. En sucesivas oleadas, la policía atacó a sangre y fuego a los estudiantes. De nada les valieron sus desesperados intentos de huir en autobuses tomados a la fuerza. Dos murieron a tiros, otro fue desollado vivo, tres personas ajenas a los hechos perdieron la vida a balazos al ser confundidas con normalistas. En la cacería, decenas de estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala. Nadie dio orden de parar. El reloj siguió adelante.


El jefe de los sicarios, Gildardo López Astudillo, avisó al líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. En sus mensajes le informó de que los responsables de los desórdenes de Iguala pertenecían a Los Rojos, la organización criminal contra la que libraban una salvaje guerra. Sidronio dio orden de "defender el territorio".


En una operación de exterminio bien diseñada, fruto posiblemente de experiencias anteriores, los estudiantes fueron recogidos de la comandancia de Iguala por agentes de Cocula, quienes, cambiando las placas de sus matrículas, les entregaron a los liquidadores del cartel en la brecha de Loma de Coyote. Todo estaba preparado para no dejar huellas.


En una noche sin apenas luna, hacinados como ganado en un camión y una camioneta, los normalistas fueron conducidos hacia el basurero de Cocula. Fue un viaje al infierno. Muchos estudiantes, posiblemente una quincena, malheridos y golpeados, murieron de asfixia en ese recorrido. Al llegar al paraje, los supervivientes fueron bajando uno a uno. Con las manos en la cabeza, les obligaban a caminar un trecho, tumbarse en el suelo y contestar a sus preguntas. Querían saber por qué habían acudido a Iguala y si pertenecían al cartel rival. Los normalistas, según las confesiones de los detenidos, respondían aterrorizados que ellos eran estudiantes y que no tenían nada que ver con el narco. De poco les sirvió. Acabado el interrogatorio, recibían un tiro en la cabeza. El núcleo del comando ejecutor, aunque contó con la ayuda de más sicarios, lo formaban Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje. Con bestialidad metódica, mataron a todos los normalistas y, a lo que ya venían muertos, los arrastraron, cogidos de las piernas y los brazos, fuera de los vehículos.


Como en un ritual bárbaro, prepararon una inmensa pira en aquel basurero. Sobre una cama de piedras circular, apiñaron primero una capa de neumáticos y luego otra de leña. Ahí encima colocaron los cadáveres. Los rociaron de gasolina y diésel.


La hoguera prendió la noche más oscura de México. Las llamas fueron alimentadas durante horas. Los sicarios, en su impunidad, incluso se marcharon a la espera de que el fuego se consumiese solo. Pasadas las cinco de la tarde, tras arrojar tierra encima, se acercaron a los restos. Los desmenuzaron y los metieron en ocho grandes bolsas de basura negras. Al atardecer, los asesinos abandonaron el paraje. En su viaje de vuelta, arrojaron las bolsas a la corriente del río San Juan. México aún tardaría algunos días en despertar al horror.

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Viernes, 31 Octubre 2014 05:56

"El sufrimiento no se negocia"

"El sufrimiento no se negocia"

"La confianza no se pide, la confianza se gana", le espetaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos. "El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio", dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.


Luego de más de cinco horas de reunión entre Peña Nieto y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno mexicano avivó la frustración de buena parte de la sociedad al poner el manejo de la crisis de derechos humanos que ha despertado la preocupación internacional por encima de la investigación que esclarezca uno de los mayores casos de desaparición forzada en México en tiempos recientes.


"Le dijimos: 'No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'", dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La dignidad de estos campesinos, víctimas también ellos de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para poner por escrito y firmar la minuta con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos.
Ya avanzada la noche del miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los familiares y los estudiantes normalistas reclamaron que "sigue sin llegar la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano". También fueron claros al condicionar un nuevo encuentro con el gobierno de Peña Nieto para que haya resultados reales en la búsqueda de los estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, desde el 26 de septiembre.


Antes, desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto apareció en una cadena nacional con un discurso que apeló a las emociones, no a exponer acciones concretas de su administración ni a demostrar verdadera voluntad política. La intención de la reunión con los familiares de los desaparecidos, dijo ante las cámaras de televisión, "busca generar confianza".


Con un discurso que nuevamente se quedó lejos de las expectativas, Peña Nieto resumió las nuevas promesas hechas durante el encuentro: accedió a buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, asumiendo que siguen vivos, y ya no sólo en fosas clandestinas, como han hecho hasta ahora; incorporar a la investigación de la PGR al equipo de forenses argentinos, que lleva ya varias semanas en México, y aceptar a personas de reconocida calidad moral como coadyuvantes; no dar espacio a la impunidad; respetar los derechos humanos de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y frenar su criminalización, así como reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones; y crear una comisión de seguimiento con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, los propios normalistas de Ayotzinapa y representantes de la sociedad civil, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso sí: para ello ofreció controlar la información de las investigaciones con el fin de evitar filtraciones a los medios.


Los llamados "compromisos" que asumió públicamente Peña Nieto el miércoles es lo mínimo que los familiares de los desaparecidos y amplias capas de la sociedad han reclamado desde hace ya 35 días en decenas de movilizaciones por todo el país y en cerca de medio centenar de ciudades por todo el mundo. Por eso era importante para los familiares que el presidente y sus funcionarios los pusieran por escrito y los firmaran. "Las palabras se las lleva el viento", dijeron.
A tono con esa premisa, Peña Nieto apareció ante las cámaras hablando de sí mismo en tercera persona. Dijo que "el presidente de la República por igual está indignado por estos hechos", y aseguró que su administración "asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias sino (también) a la sociedad mexicana". El presidente fue ridiculizado de inmediato en las redes sociales, donde varios preguntaron si también participará en las siguientes marchas de protesta contra la ineficacia de su propio gobierno.

En realidad, la tónica de la reunión fue el dolor, la angustia, la consternación e indignación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero sobre todo flotó la impaciencia porque aún no los han encontrado.


"Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque (Peña Nieto) quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos", explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y aplasta toda demagogia con una lógica irrebatible: "Para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos. Se los llevaron contra su voluntad, hay gente que sabe dónde están".
Para Melitón Ortega, padre de otro estudiante desaparecido, Peña Nieto "sale contento porque ya hay un acercamiento. No se da cuenta, él o algunas personalidades políticas, de que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio".


Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es un crimen de lesa humanidad", dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro padre que tampoco sabe qué fue de su hijo. Junto con los demás familiares hizo un llamado a la sociedad "a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos".

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue sin responder la pregunta que el país –y el mundo– le plantea desde hace más de un mes: ¿dónde están los 43?

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Viernes, 17 Octubre 2014 08:21

¿Quién mató a Rafael Uribe Uribe?

¿Quién mató a Rafael Uribe Uribe?

Al cumplirse un centenario del asesinato del líder liberal, el escritor Philip Potdevin publica un libro que promete levantar polvareda, pues se aventurar a decir quién fue el verdadero autor intelectual del primer magnicidio del siglo XX.

 

Cerca de las 2 p.m. del 14 de octubre de 1914, en las escaleras laterales que llevan al Capitolio Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, el reconocido general Rafael Uribe Uribe, héroe liberal de la Guerra de los Mil Días, fue atacado por dos artesanos a punta de hachuela.

Colombia por esa época vivía un período de relativa paz. La guerra civil había terminado 12 años antes -1902- y ya para la época los debates partidistas, aunque duros, habían ganado un espacio en el Congreso, precisamente donde Uribe Uribe era uno de los oradores más reconocidos.

Atrás habían quedado sus años de guerrero. Ya en la legalidad, el General era uno de los principales abanderados de la paz y había trasladado al escenario político sus ideas de un socialismo de carácter corporativo. "Yo he podido renunciar de una vez por todas y para siempre a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas", escribió alguna vez.

En esas estaba cuando Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal lo atacaron en plena tarde capitalina. "Usted es el que nos tiene fregados", le dijo uno de ellos cuando lo dejaron ensangrentado y moribundo a la entrada lateral del Capitolio. Al día siguiente, el General murió en su casa ante el estupor de todo un país que nunca terminó de comprender qué fue lo que realmente pasó.

Los dos asesinos siempre sostuvieron que actuaron por motivación propia, y esa es la versión oficial que quedó del crimen. Pero hay sospechas que apuntan a que hubo una razón más de fondo para el asesinato.

Por eso han corrido todo tipo de hipótesis que culpan a los republicanos, a los conservadores y hasta a los mismos liberales –descontentos por la cercanía de Uribe Uribe con algunos dirigentes conservadores–. Nunca se pudo comprobar nada.

Pero ahora, cuando se cumple un centenario del asesinato del líder liberal, y en medio de las conmemoraciones que realiza el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la 'Semana de la Memoria', el escritor Philip Potdevin lanza el libro 'En esta borrasca formidable', que, según las palabras del propio autor, "cuenta realmente quiénes estuvieron detrás del asesinato del General Uribe Uribe".

El escritor trabajó por nueve años en la novela, consultando fuentes históricas y documentos de la época, y aunque no hay un texto que pruebe su teoría, dice que la perspectiva histórica le permitió llegar a esa conclusión. El libro se lanza este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Reconciliación Colombia habló con Potdevin acerca del magnicidio que cambió la historia de Colombia.

 

¿Su libro es una historia de ficción basada en hechos reales o una investigación histórica construida con datos reales?

Es ambas cosas. La investigación sobre el complot para el asesinato de Rafael Uribe Uribe es absolutamente basada en hechos reales y documentación de la época y posterior. Pero hay hilos narrativos que entrecruzan la ficción con la realidad. Por eso en la novela hay personajes históricos y otros que son narrativos. La novela quiere rectificar la historia a través de una verdad literaria.

 

¿Qué lo llevó a embarcarse en una novela histórica sobre el asesinato del General Uribe Uribe?

La novela tiene dos hilos narrativos. Uno es revelar quién estuvo detrás del complot contra el General y el otro es un debate real que se dio en 1920, seis años después del asesinato, en la intelectualidad científica colombiana, cuando unos médicos dijeron que la raza colombiana estaba degenerada y propusieron que la solución era el blanqueamiento de la raza con la migración masiva de europeos.

Todo nació cuando yo hice una maestría en historia en la Universidad Javeriana hace nueve años y comencé una tesis inconclusa sobre el tema del debate de la raza. Eso evolucionó a novela, y en medio de la escritura apareció el tema de General Uribe Uribe, lo cual fue un hallazgo maravilloso.

 

¿Y cómo entrecruza ambos hechos en la novela?

En medio de ese debate científico ingresa Isidoro Amorocho, un personaje de ficción que pone en ridículo a la intelectualidad colombiana con su tesis de blanqueamiento de raza y en conversaciones que tiene con un amigo anarquista descubre quién es el verdadero autor de los hilos del complot contra Uribe Uribe.

 

¿Qué fuentes utilizó para realizar una investigación de esta envergadura?

Muchísimas. Los medios de comunicación de la época, como El Tiempo, El Espectador, la Revista Gráfico; los archivos del Banco de la República, y mucha información que se encuentra en internet. Una de las fuentes principales es un libro que se escribió tres años después del asesinato, cuyo autor es Marco Tulio Anzola Samper, y que se llama 'Quiénes fueron los verdaderos asesinos de Uribe Uribe'.

Es un trabajo de investigación tremendamente minucioso. Pero las mejores fuentes son las primarias: revistas y periódicos de la época que narraban las cosas tal como sucedían. Lo que pasa es que ahora, leyéndolas con distancia y perspectiva se puede encontrar qué es lo que realmente se estaba moviendo detrás.

 

¿Cuánto tiempo le tomo investigar, escribir y publicar el libro?

Nueve años. Fue un trabajo titánico que arrancó cuando comencé a hacer mi tesis. Mi última novela había sido en el 2005, y desde entonces no he sacado nada más.

 

¿Usted, de verdad, logró descubrir quién ordenó asesinar al General? Ese sería uno de los secretos más buscados en la historia de Colombia...

Ya había indicios de que hubo un complot y no fue una obra aislada de dos carpinteros, como se ha sostenido hasta ahora. Esta bastante explicito en los documentos y medios de la época, por ejemplo, que estaban involucrado el General de la Policía y varios sacerdotes jesuitas, identificados con nombre propio en el libro.

Sin embargo, uno como historiador no se puede quedar a mitad de camino. Había que seguir subiendo para encontrar en dónde estaba el interés real, y eso me llevó a la conclusión que aparece en la novela.

 

¿Y quién fue?

Había un gran temor por parte del oficialismo conservador católico de que el General Uribe Uribe pudiera llegar al poder porque era el único liberal de la época que tenía la capacidad de ser elegido presidente. Ellos temían que así acabara la hegemonía conservadora y se pusiera en peligro el patrimonio de la Iglesia y la permanencia de las comunidades religiosas del país.

Leyendo sobre la época con perspectiva histórica, es claro que había una persona que en realidad gobernaba al país por encima de los presidentes y gobiernos de turno. Era un jerarca de la iglesia Católica, que quitaba y ponía a los presidentes. Pero no cuento más porque daño la novela.

 

¿Hay pruebas?

Obviamente no hay un documento que lo demuestre porque nunca se dio una orden escrita. Pero distintas personas hemos llegado a esa misma conclusión. De hecho, a raíz de este centenario, hay otros autores que han escrito libros sobre el tema y entre varios estamos llegando a la misma verdad. Por ejemplo, Adelina Cobo también publica en estos días el libro 'Asunto tenebroso', en el que llega a la misma persona, sin que los dos hayamos hablado nunca del tema.

Además, si uno habla con historiadores, ellos lo aceptan, pero pocos estarán dispuestos a ponerlo por escrito porque no existe una fuente escrita.

 

Y hablando de eso, ¿su libro lo han leído historiadores y académicos? ¿Qué le han dicho?

Sí, ha sido positivo. De hecho, en estos días sale una columna de Enrique Santos Molano en El Tiempo, donde opina sobre el libro. El leyó la novela desde el comienzo y me apoyó para seguir el hilo investigativo que llevaba. Aunque seguramente otros van a contradecir la tesis de la novela y van a decir que no fue así. Pero esto va a servir para dar el debate.

 

El asesinato de Uribe Uribe fue el primero de una serie de magnicidios que horrorizaron a Colombia durante todo el siglo XX, ¿cree que los efectos de ese asesinato se siguen sintiendo hoy?

Es que su pregunta es muy diciente. El asesinato de él fue el primer magnicidio del siglo XX y como quedó impune, más allá de la condena a los sicarios, quedó viva la mala costumbre de que en Colombia se podían hacer magnicidios sin consecuencias para los autores intelectuales.

 

Eso se repitió con Gaitán, Jaime Pardo, e incluso con líderes de derecha como Álvaro Gomez Hurtado. Lo que hizo carrera es que quien detenta el poder en algún momento, independientemente de su ideología, no tolera pensamiento diferente, ni oposición. Hay miedo de que en el poder pueda estar alguien que piensa diferente.

 

¿Qué significó Rafael Uribe Uribe para el país?

El fue un adelantado para su época. Lo que luego, en décadas posteriores, defendieron los sindicatos o los socialistas, ya estaba el pensamiento de Rafael Uribe Uribe a principios del siglo XX, una época en la que había una hegemonía conservadora que estaba en el poder desde 1985.

 

Entrevista relacionada:

100 años de impunidad

Video relacionado

Extacto de la novela "En esta borrasca formidable"

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 17:51

El asesinato del General*

El asesinato del General*

—¿Y cómo fue que dejó de ser liberal para ser libertario?

—Es una historia larga.
—Me interesa.
—¿Sabes quién fue el general Uribe Uribe? Ya dije que mis hijos pelearon y murieron combatiendo por sus ideales.
—Era una insignia del liberalismo, ¿no? Iba a ser presidente.
—Liberal hasta los tuétanos. Odiaba a los curas, como yo. Pero, igual de oligarca, como los godos que llevan más de treinta años en el poder.
—Lo asesinaron dos carpinteros liberales, entiendo: Galarza y Carvajal. De eso me enteré en el Seminario.
—Falso. No son liberales. Son tan godos como los más.
—Dicen que están presos en el Panóptico.
—A cuerpo de rey.
—¿Qué quiere decir?
—Mira Isidoro, no puedes ir creyendo todo lo que dicen los curas, o los diarios, o los oligarcas. La verdad es muy diferente. ¿Sabes por qué mataron al general Uribe?
—¿Por liberal?
—Sí, pero mucho más que eso. Por odio, por un odio profundo que nos carcome a los colombianos, y también, por supuesto, porque iba a ser el siguiente presidente de Colombia.
—¿Usted cree?
—Claro. A Uribe Uribe le correspondió firmar la paz en 1902, junto con el general Lucas Caballero y el general Eusebio Morales para que Colombia no perdiera Panamá, que ya estaba en los ojos del truhán ese de Roosevelt que aprovechó nuestra guerra civil para anclar sus barcos frente a las costas del istmo. Los liberales firmaron la paz e igual nos arrebataron Panamá. Ahora aquí están prendidos de la ilusión que los Estados Unidos van a indemnizarnos por el atraco. Falta ver si algún día nos botan unas monedas. Pero sigo, Uribe Uribe claudicó porque sabía que le era imposible ganar la guerra, que sus escaramuzas y batallas ganadas no lo llevarían al poder, y ante la amenaza exterior, cedió. Después se vendió a los godos y aceptó cargos diplomáticos. Lo mismo hizo Caballero. Fue embajador en Chile, Brasil, Argentina. Hasta que se aburrió de la buena vida y recordó que era político y que su ambición era ser presidente. Regresó a hacer campaña electoral y llegó al Senado. Era el único senador liberal en el Congreso en medio de un mar de godos. ¡Y tenía un verbo, una elocuencia! Lo escuché muchas veces y era cautivador. Dejaba callados a los congresistas amigos del gobierno. Era evidente que los aventajaba en inteligencia, en elocuencia, en ideas y en liderazgo. Por eso se volvió en alguien muy incómodo para muchos.
—Pero está comprobado que quienes lo mataron fueron Galarza y Carvajal. Ellos confesaron, tengo entendido y por eso están pagando una condena.
—Isidoro, no puedes ser tan bruto de pensar que Galarza y Carvajal obraron por cuenta propia como han querido hacerle creer al país. Es la patraña más grande que se haya tejido en el país en mucho tiempo, quizás desde el mismo asesinato del mariscal Sucre en Berruecos En este país se asesina a los grandes hombres que pueden llegar a ser presidentes y nunca pasa nada.
—Pero hubo un juicio. Hubo confesiones. ¿Qué faltó entonces?
—Que se supiera la verdad, como siempre sucede. Que se dijera quién había movido los hilos de las marionetas de Galarza y Carvajal.
—Ellos eran artesanos, como usted.
—No insultes a mi gremio. Los dos eran ex soldados del gobierno. No eran liberales como se ha querido hacerlos ver. Eran godos, amigos del gobierno. Si quieres te cuento la historia pero aquí nos amanecemos un par de días.
—¿Tiene más aguapanela, don Nicanor?
—Con gusto —se levantó y puso a hervir una olleta de agua y dejó caer dos terrones de panela.

 

***

 

—¿Que por qué me volví anarquista, Isidoro? ¡Ay! De tanto creer en el hombre y de tanto no creer en él. No estoy tomando del pelo; es cierto lo que digo. Confieso mi convicción de la libertad absoluta del hombre, y a la vez desconfío en su capacidad de organizar a sus semejantes pues termina explotándolos, usándolos, exprimiéndolos. Desarmar esa trinca, una vez constituida, es labor titánica pero ciertamente posible. No voy a divagar ni a filosofar. Hay hechos concretos que me han llevado a reflexionar, madurar y tomar decisiones graves. Hay uno en particular que confieso ha marcado un quiebre en mi pensar, como cuando se plancha un pliegue en un paño y ya te lo mencioné. El asesinato del general Uribe Uribe hace casi seis años. Lo que indigna más allá del atroz y cobarde crimen es cuanto hay tras los hechos. Hoy día, apenas pasados unos años, los niños repiten en las escuelas como periquitos que al general Uribe lo mataron dos carpinteros liberales y que por ello los asesinos están cumpliendo una justa condena en el Panóptico de Bogotá. Eso es lo que se ha encargado de difundir a los cuatro vientos el gobierno y los curas. Que el general traicionó a los liberales y que por haberse unido al gobierno del Presidente Concha los mismos artesanos lo castigaron porque en el Ministerio de Obras Públicas en el que el general tenía una importante injerencia ya no estaban dando trabajo si no se pertenecía al "bloque" que lideraba el general, que los dos actuaron solos, que nadie los ayudó, que nadie los instó a cometer el delito, que fueron dos asesinos, solitarios y espontáneos que se deshicieron del general como represalia por haber perdido la oportunidad de continuar trabajando para el ministerio. Y eso está quedando escrito en la historia de este país y se repetirá durante los siguientes cien años para seguir engañando al pueblo y ocultando lo que en realidad sucedió. ¿Sabes? Al general Uribe sí lo asesinaron Galarza y Carvajal, al mediodía del 15 de octubre de 1914, apenas dos meses después de haber sido jurado en la presidencia José Vicente Concha en una época de aparente paz y normalidad política en el país. El general salió ese día de su casa, temprano, después de almorzar sobre el filo de mediodía. Su casa está ubicada en la calle novena apenas a dos cuadras del capitolio nacional y se dirigió allí, para reunirse con algunos otros congresistas. Lo tenían vigilado y apenas cruzó la carrera séptima y ya sobre el costado oriental del capitolio, lo interceptaron, primero Galarza y luego Carvajal y cada uno le descargó varios golpes de hachuela en su cabeza. Galarza le dijo, antes de asestarle el primer hachazo: usted es el que nos tiene fregados y el general no alcanzó a reaccionar pues de inmediato cayó de espaldas. Luego se acercó Carvajal y le terminó de encajar tres hachazos más en la cabeza para que no hubiera la menor posibilidad de que fuera a salir vivo. Era mediodía y las calles estaban bastante solas pero aún así hubo testigos que capturaron primero a Galarza y luego a su compinche un par de cuadras más al norte y ninguno negó su participación en el hecho. A ambos se les encontraron las hachuelas ensangrentadas en sus bolsillos pero en el juicio se hizo caso omiso de una cantidad importantísima de declaraciones, testimonios y pruebas que apuntaban a que el asesinato había sido planeado, organizado y perpetrado de acuerdo con una fría trama. El fiscal Montalvo hizo hasta lo imposible para llevar el proceso a demostrar la acción solitaria y espontánea de los carpinteros. Así concluyó el proceso y se cerró para siempre el caso a pesar de que en el expediente hay suficiente evidencia para saber que se trata de una maquinación urdida desde los más altos niveles y con participación de un número grande de personas de mucho nivel y rango. Si bien en el momento del asesinato la carrera séptima estaba casi desolada, en el lugar de los hechos aparecieron casi de inmediato, personas muy cercanas a los asesinos, los hermanos Víctor y Julio Hernández y el hermano de Carvajal, llamado Alejandro y luego dos agentes de la policía secreta: Francisco Quijano y Ángel María Ángel, ambos guardaespaldas del Director de la Policía Nacional, el general Salomón Correal para prender a los asesinos y protegerlos de la turbamulta que se formó a las voces de "han matado al general Uribe" y "esos son los asesinos". ¿No te parece muy extraño que tanto los amigotes de los asesinos así como dos agentes de la policía secreta estuviesen tan cerca en el momento de los hechos pero no hicieran nada para evitarlos sino sólo actuaron para prender a los asesinos y protegerlos de cualquier intento de linchamiento? Ese es apenas el primer indicio de un cúmulo de evidencias que demuestra el gran entramado en torno a la muerte del general. Ese mismo día el Inspector Primero Municipal, bajo quien caía la jurisdicción de la investigación avocó de oficio la investigación del crimen, pero como por arte de magia, apareció Correal y le usurpó al Inspector la investigación del crimen y bajo una supuesta orden que había recibido del Presidente Concha asumió él mismo la investigación, sin tener la competencia para ello y sin que mediara tampoco una orden escrita proveniente de la Presidencia, y que aún si hubiera existido tampoco tenía el Presidente la competencia para interferir en la rama judicial. Y entonces Correal asignó la investigación de manera exclusiva al general Lubín Bonilla, Jefe de la Oficina de Investigación. Además, para seguir ampliando este tenebroso asunto, hay una testigo del crimen, una mujer llamada Margarita Grau, que presenció el crimen y vio cómo había un tercer hombre, de muy buena figura vestido de ruana blanca, zapatos de charol, recién afeitado y de pantalón de fantasía negro de listas, es decir un hombre elegante y de buena posición social, que esperó un poco atrás a Galarza y le preguntó: "¿Qué hubo, lo mataste?" y este contestó "si, lo maté" y esto lo escuchó la señorita Grau, y después se ha demostrado que ese señor, elegante y de buena figura resultó ser nadie menos que el general Pedro León Acosta. ¿Sabes quien es Pedro León Acosta? El mismo autor intelectual del atentado contra el general Rafael Reyes. ¿Te das cuenta cómo se complica el asunto? De Acosta me voy a ocupar más adelante, por ahora te sigo dando datos que demuestran lo contrario de lo que el fiscal adujo en su Vista Fiscal con la cual se cerró la investigación y después el juicio con la condena única a Galarza y Carvajal. Te dije que el designado por Correal, el general Lubín Bonilla, tan pronto asumió la investigación, comenzó a recoger testimonios y datos y encontró que había mucha información incoherente e inconsistente y que aparecían muchos hilos que conducían al propio general Correal y que este participaba en los interrogatorios que se hacían a los dos asesinos y que cuando estos iban a contestar las preguntas que les formulaba Bonilla, titubeaban y miraban al general Correal y este en ocasiones elevaba el dedo índice a los labios como en señal de silencio y los asesinos se abstenían de dar detalles o ampliar la información y entonces, frente a las suspicacias de Bonilla, el general Correal lo destituyó apenas dos días después de iniciado su encargo y se apropió en persona de la investigación e instrucción del proceso. Inició una persecución implacable contra su antiguo amigo Bonilla por cuanto este comenzó a denunciar públicamente que Correal estaba directamente involucrado en el complot contra Uribe Uribe. Y hay más: cuando interrogaron a los asesinos ambos insistieron que en cuanto a filiación política uno era neutral y el otro liberal, cuando no era cierto ni lo uno ni lo otro: ambos habían luchado del lado del gobierno conservador en la última guerra. Pertenecieron al batallón Villamizar, con el cual salieron para Honda y combatieron en Nariño, regresaron luego a Bogotá, y de aquí pasaron a Fusagasugá, luego a Peñalisa, después a Girardot, conduciendo prisioneros de Melgar, los que custodiaron y trajeron a Bogotá, en donde después Galarza se quedó por enfermedad y Carvajal continuó en una comisión en el Tolima. Una vez terminada la guerra Carvajal se quedó en el Grupo de Artillería donde ofició como asimilado a sargento primero, ubicado allí por Galarza quien era jefe del taller de carpintería y luego por recomendación del mayor Campo Elías Duarte. Es decir, eran hombres leales al régimen conservador desde entonces, pues estamos hablando de la guerra que se inició a fines del siglo pasado. Y a Galarza se le encontraron tarjetas y cartas de recomendación de varios políticos y generales conservadores, por lo tanto es imposible defender la tesis que eran liberales, y a pesar de ello, al día siguiente del asesinato, el dieciséis, desde el gobierno comenzaron a salir despachos telegráficos para todos los diarios del país que decían: "Uribe expiró a las dos y diez de la mañana, los asesinos del general Uribe han manifestado ser liberales republicanos, y que tuvieron propósito castigarlo como traidor, importa perfecta aclaración", con lo cual se quería desviar cualquier sospecha sobre el régimen conservador y hacer ver el crimen como un desquite de dos carpinteros liberales republicanos que no hacían parte del segmento "bloquista" liberal que lideraba Uribe y que había hecho coalición con el gobierno de Concha. Para tratar de quitarle cualquier tinte político al crimen, ambos asesinos repetían una y otra vez en el proceso que ellos no pertenecían a ningún partido político, que eran neutrales que sólo habían participado en una sociedad recreativa o hecho alguna contribución a un periódico de la Unión Obrera pero sin ninguna intención política, que en ninguna de esas asociaciones se hablaba de política o religión, esto para disipar cualquier duda que en los móviles del crimen hubiera un propósito político o de carácter religioso cuando en realidad lo que es evidente era lo contrario. Además, el fiscal Montalvo, de filiación conservadora, siempre insistió que en ningún momento hubo premeditación pues los dos asesinos en sus diversas indagatorias manifestaron que el crimen lo habían planeado la noche anterior cuando habían visitado la chichería Puerto Colombia; allí habían hablado de cómo estaba de difícil conseguir trabajo en el ministerio pues empleaban sólo a los bloquistas, que se habían quedado por fuera por ser liberales republicanos y que el responsable de eso era el general Uribe porque él había inventado el bloque y además estaba dividiendo al partido liberal, que por lo tanto había que castigarlo y que para ello se citaron al día siguiente a las ocho de la mañana en la carpintería de Galarza de la calle novena para ver de qué forma irían a hacerlo, y que entonces Carvajal se presentó puntual a las ocho en la carpintería y como la encontró cerrada se fue para la casa de Galarza en la calle dieciséis y se encontró con éste que estaba saliendo y en el camino acordaron que debían matar a Uribe y que para ello usarían las hachuelas que cada uno tenía y para ello se dirigieron a la carpintería para afilarlas con ese propósito. Resulta que después en el proceso, en una diligencia de lanzamiento a la concubina de Galarza se encontró que en la habitación había una tercera hachuela, afilada y nueva y que estaba escondida por la señora Arrubla, y que dado que ese tipo de arma, llamada también desjarretadora, que se usa en carpintería, era evidente que el crimen se venía planeando con mucha anterioridad. El doctor Montalvo en su Vista Fiscal repite una y otra vez que los únicos autores del asesinato son Galarza y Carvajal y lo que los impulsó al crimen fue el sentirse sin trabajo por culpa de Uribe, que Uribe estaba despedazando al partido liberal, del cual ellos supuestamente hacían parte, cuando es evidente que ambos son conservadores. Esa versión, de que el crimen se fraguó el mismo día está desvirtuada pues en el mismo expediente consta que desde meses antes del asesinato varias personas en muchos lugares de Boyacá, un departamento mayoritariamente conservador, manifestaron en diversos círculos de amigos que Uribe estaba a punto de ser asesinado y que sólo le quedaban algunos días. Entre ellos un tal Aurelio Cancino, bastante lenguaraz y boquiflojo manifestó en Suaita, recién llegado de Bogotá, delante de varias personas, quince días antes del atentado a Uribe, que "les garantizaba que el general Rafael Uribe Uribe viviría cuando más veinte días" porque ese hombre no continuaría negociando como jefe del partido. Y quince días después del asesinato también se jactó y dijo "vean cómo se ha cumplido lo que les había predicho" delante de unos amigos, los cuales declararon en el proceso: Salgar, Nieto, García, Cabanzo, Galvis, Solano y Sarmiento, y les dijo que él, Cancino, no era liberal de bandalaje; que si le hubiera tocado darle muerte al general Uribe Uribe, lo habría hecho con mucho gusto, y que se habría bebido la sangre; que era conocedor de la sociedad de artesanos a que pertenecían Galarza y Carvajal, y que esta sociedad tenía más de cuatrocientos miembros, dirigidos por personas de gran cabeza y ricas, que apoyarían a los socios; que al mostrarle los retratos de Galarza y Carvajal en un periódico, Cancino dijo que los conocía como si los hubiera parido, y que estos individuos no confesarían nada con respecto al crimen que cometieron; que dirían lo mismo que habían dicho cuando los interrogaron pues tenían consigna de no decir nada más. Después Galarza admitió en el proceso que era amigo íntimo de Cancino y que este había alquilado una pieza en su carpintería ocho meses antes del asesinato y que luego se había ido de la ciudad, pero que eran tan amigos que hasta se tuteaban. Otro testigo manifestó en el proceso que cuando éste hablaba de Galarza y Carvajal decía que "esos individuos lo habían hecho muy bien, que habían cumplido con su deber" habiendo sido sorteados con ese fin, por lo cual los envidiaba porque sus familias iban a quedar sin problemas económicos, por lo tanto era evidente que los asesinos estaban cumpliendo un deber o un mandato de alguien. Como si las declaraciones de Cancino no fueran suficientes, hubo otro involucrado, un tal Julio Machado quien en Simijaca, otro pueblo conservador, también se ufanó delante de sus amigos, Delfín Melo, Obdulio Castillo, Fernando Mejía, Manuel Gaitán y Abel Moscoso, cuarenta días antes de los hechos, y manifestó que en menos de un mes Uribe sería asesinado porque "se había volteado y se había vuelto conservador" y pocos días después del asesinato le dijo a su amigo "¿recuerdas Delfín lo que te dije?". Otro más, llamado Eugenio Galarza, primo hermano de Leovigildo Galarza, en el municipio de Tena, al igual que Cancino y Machado, había manifestado a dos amigos, que el complot contra el general Uribe se había fraguado seis meses antes, pero al ser llamado a declarar, por el juez municipal de Tena, negó haber dicho esto. Sin embargo, el fiscal Montalvo no tuvo en cuenta para nada esas declaraciones de los siete testigos y manifestó en su Vista Fiscal que Cancino no tenía responsabilidad alguna en el crimen y después el juez, tomó la opinión del fiscal como la propia del juzgado y dijo que estaba de acuerdo con la apreciación del fiscal que los únicos responsables eran Galarza y Carvajal. Después el Tribunal Superior ratificó en segunda instancia lo que ya había fallado el juez en primera. ¿No te parece Isidoro que todo estaba orquestado para demostrar hasta la saciedad que los dos asesinos habían actuado en solitario para de esa forma aislar cualquier responsabilidad política de alguien más, de cualquier tercero? Todas estas piezas sueltas comienzan a tomar forma cuando se ordenan de manera apropiada. Fíjate, los hermanos Hernández, que aparecieron en la escena del crimen segundos después de los hechos y custodiaron a los asesinos hasta cuando llegó la policía, eran amigos notorios de ellos y frecuentaban juntos la chichería Puerto Colombia cerca del puente de Núñez. Días antes del crimen invitaron a los dos a las fiestas de Bojacá para lo cual le costearon los tiquetes de tren. Uno de los hermanos gritó, a voz en cuello, tan pronto llegó a la escena del crimen que eso "era obra de los republicanos", de nuevo para desviar cualquier sospecha contra el gobierno de los conservadores. Pocos días después el general Correal premió a los Hernández enviándolos a asignaciones con la policía, el uno a Santa Rosa de Viterbo y al otro a Cartagena, alejándolos de la investigación que ya había comenzado. Es evidente que ellos también hacían parte del plan para asesinar a Uribe. Y si bien los hermanos negaron en el juicio conocer con anterioridad a los asesinos, y que no los frecuentaban dado que eran de una condición social inferior, Galarza, en uno de los interrogatorios afirmó lo contrario, que sí era amigo de los Hernández, y además, como si fuera poco, en el expediente hay una foto de un piquete de un grupo de una treintena de personas, algunos posando con instrumentos musicales y en el grupo están identificados los dos hermanos Hernández y el mismo Carvajal. 

 

* Estracto de la novela En esta borrasca formidable de Philip Potdevin, de próxima publicación en ediciones desdeabajo.

 

¿Nuevas pistas que esclarecen el asesinato de Gaitán?

- ¿Por qué ha cometido este crimen, de matar al doctor Gaitán?

- Ay ¡Señor, cosas poderosas que
no puedo decir. Ay!, Virgen del Carmen,
sálvame!, contestó en tono lastimero
Juan Roa (1)

 

El asesinato de Gaitán quebrantó el horizonte de superación de la democracia oligárquica que hasta ese momento dominaba sin contratiempos en Colombia. Sesenta y seis años después de cometido el crimen, aún permanece la impunidad judicial e histórica sobre los responsables. El crimen fue encubierto con una narrativa que ha ocultado durante años el complot criminal que fraguó el asesinato y propagó la idea de una conspiración comunista, que buscaba torpedear la IX Conferencia Panamericana.

 

Algunos investigadores se han ocupado de aportar claves de inmenso poder esclarecedor al describir el contexto en el que aconteció el magnicidio, una atmósfera que revela los intereses y temores que pueden explicar la puesta en marcha de una operación conducente a asesinar a Gaitán, el líder popular que en ese momento ya aparecía como seguro ganador de la contienda electoral para el periodo presidencial 1950-1954.

 

Iván López Botero, con el escrito "El asesinato de Gaitán y la operación X", José Martin Medem con "Colombia Feroz", la Revista Cambio Nº 251 del 6 de abril 1998, las obras indispensables: "Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papa un Buick" de Gloria Gaitán y "El Bogotazo" de Arturo Alape, la minuciosa información del libro Legado de cenizas de Tim Weiner, sobre la historia de la CIA, y el valiosísimo trabajo historiográfico de Eduardo Sáenz Rovner sobre esos años, aportan claves de extraordinario valor en el proceso de esclarecimiento de un crimen que marcó el inicio sangriento de la Guerra Fría en América Latina.

 

El abogado estadounidense Paul Wolf, que de manera reiterada ha solicitado la desclasificación de los documentos relacionados con el crimen de Gaitán que reposan en los archivos oficiales de los Estados Unidos, señala: "Por más de siete años que esto ha estado en la Corte, la CIA ha argumentado que el liberar estos documentos al público pone en serio peligro a la Seguridad Nacional de los EE.UU" (2).

 

En la obra, Cocaine Death Squads and the war on terror, de Oliver Villar y Drew Cottle, dice: "El asesinato de Gaitán fue la primera acción encubierta de la CIA en Colombia y espoleó el enorme levantamiento popular llamado "El Bogotazo (3)." También en la obra Legado de cenizas, de Tim Weiner, hay múltiples referencias a la "acción encubierta" como herramienta utilizada por la CIA para promover cambios en las situaciones políticas de los países en que ha intervenido.

 

Reafirmando la visión de un complot internacional con participación de directivas de la Policía y los servicios secretos, Gloria Gaitán revela la conversación que sostuvo doña Isabel Restrepo de Torres –madre de Camilo Torres Restrepo– con Amparo Jaramillo –viuda de Gaitán–, en la que señala la participación del sub director nacional de la Policía, coronel Virgilio Barco (4).

 

Entre la Guerra Fría y la "Inteligencia" intervencionista

 

En abril de 1945, cuando Harry Truman arribó a la presidencia de los Estados Unidos, propiciado por la muerte de Roosevelt, la dirigencia militar de la potencia triunfante le manifestó al Presidente la necesidad de "organizar un sistema de inteligencia de alcance mundial capaz de proveer información con valor político y militar sobre lo que sucedía en cada país de la tierra, pero capaz, también, de realizar acciones encubiertas dirigidas a cambiar lo que ocurría en el extranjero sin que apareciera nunca la participación del gobierno estadounidense (5)."

 

Por "inteligencia" entendían no sólo el espionaje, el conocimiento de lo que sucedía o fraguaba en otros lugares del mundo, sino el conjunto de acciones encubiertas y clandestinas –sobornos, sabotajes, asesinatos selectivos, propaganda camuflada de información, organización y apoyo subrepticio de movimientos políticos– dirigidas a producir situaciones favorables a los intereses y el control geopolítico estadounidense.

 

En enero de 1947 fue aprobada, en el Teatro Colón de Bogotá, la plataforma del liberalismo liderado por Jorge Eliécer Gaitán quien no se arredró con el triunfo de Ospina Pérez en mayo de 1946, y desarrolla una formidable tarea de esclarecimiento político en el pueblo raso, logrando al mismo tiempo una reestructuración ideológica del liberalismo, con acento en las ideas de izquierda, simpatiza con la nacionalización del petróleo en México y promueve la idea de la unidad latinoamericana y el rechazo de los sectores imperiales de los Estados Unidos (6).

 

De esto no se percata la dirección comunista criolla, que está alejada de Gaitán (7). Ese carácter no comunista de Gaitán no importaba a la cúpula estratégica estadounidense que perseguía, bajo el paraguas estigmatizador del comunismo, cualquier propuesta nacionalista, de izquierda o democrática que cuestionara su dominio económico, político y estratégico en su área de influencia hemisférica y planetaria.

 

El 12 de marzo de 1947 Harry Truman pronunció ante el Congreso norteamericano el discurso que hizo pública la conocida como "Doctrina Truman", que significaba, en palabras del investigador Luiz Moniz Bandeira: "dar asistencia política, económica, y sobre todo militar a cualquier gobierno anticomunista (no importaba si democrático o dictatorial) amenazado por una insurrección, invasión extranjera o presiones diplomáticas".

 

El 16 de marzo de 1947 tuvieron lugar las elecciones para el Congreso Nacional en Colombia. El triunfo del gaitanismo, en una nación de mayoría liberal, fue demoledor, y los nuevos parlamentarios de ese partido eligen como Jefe a Jorge Eliécer Gaitán; en ese momento es claro que él sería el próximo presidente de Colombia.

 

En ese mismo mes la prensa liberal acusa al jefe de la Policía, general Delfín Torres Durán, nombrado por el ministro de Gobierno Rafael Urdaneta, de organizar una temible Policía Política –la Popol–, encargada de espiar, perseguir y masacrar las fuerzas liberales, democráticas, sindicales, estudiantiles, y periodísticas. Como subdirector del cuerpo policial aparece el coronel Virgilio Barco.

 

El periódico Jornada, vigilado por la Popol, en su edición del 10 de julio de 1947, denuncia y pregunta públicamente por la conversión de la policía en un organismo de espionaje y persecución política integrado por maleantes. La disputa por el gobierno es intensa, y en ella Laureano Gómez no se resigna a perder la presidencia que ha ambicionado desde su primera juventud.

 

"Yo no tengo sentimientos, excepto los que reservo para la Sra. Marshall"
George Marshall

 

En septiembre de 1947, el oficial de Información del Ejército de los Estados Unidos, Vernon Walters8, en calidad de ayudante del Agregado Militar estadounidense en Brasil, colaboró con el General George Marshall nombrado en enero de 1947 Secretario de Estado de los Estados Unidos; el general Marshall viajó a Rio de Janeiro para organizar militar y políticamente la región frente a la amenaza comunista y firmar (Conferencia de Rio) con diecinueve estados latinoamericanos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. (9)

 

A tal evento asistió por Colombia Alberto Lleras Camargo, en calidad de presidente de la Unión Panamericana. También viajó Juan Uribe Cualla, un abogado y congresista conservador, amigo íntimo y compañero de los juegos de póker dominicales de Laureano Gómez en Torcarema, desde los años veinte. Uribe Cualla se reunió con George Marshall y con Vernon Walters en el Hotel Quintadinha, en Petropolis.

 

Al final de septiembre de 1947, después de la Conferencia de Rio de Janeiro, estalló en Bogotá el escándalo por la importación clandestina desde Panamá de gases y de armas recibidas furtivamente por la embajada de Estados Unidos y entregadas en secreto a unidades policiales, sin que el Ejército se enterara. Gaitán denunció este hecho en el Congreso.

 

No hay respiro. El diario El Siglo, propiedad de Laureano Gómez, inició una agresiva y sostenida campaña dirigida a presentar a Gaitán como un servidor encubierto de Rusia comunista que estimulaba el paro petrolero de la Tropical Oil, y a los sindicatos petroleros como organizaciones dependientes de Moscú que amenazaban con huelgas la seguridad nacional de los Estados Unidos que en ese momento consideraban al petróleo como recurso militar estratégico del que dependía la victoria en la tercera guerra mundial.

 

A comienzos de marzo de 1948, casi un mes antes de la inauguración de la IX Conferencia Panamericana, Vernon Walters, oficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos que trabajaba como asistente del agregado militar estadounidense en Brasil recibió la orden de la Secretaria de Defensa de dirigirse a Bogotá, y después, al finalizar el mes de marzo, debía colaborar con el General George Marshall a su llegada (11). El diario de Laureano Gómez arreció su campaña sistemática dirigida a presentar a Gaitán como agente moscovita, ahora como una amenaza a la IX Conferencia Panamericana.

 

La poderosa Asociación Nacional de Industriales (Andi), fundada en 1944, no contemplaba con buenos ojos a Gaitán, a pesar de que él defendía el sistema de libre empresa y los beneficios alcanzados con el esfuerzo y el mérito. La Andi rechazaba la insistencia de Gaitán en enfrentar los monopolios y adelantar una reforma arancelaria que protegiera la nación y no solo los intereses de un grupo, tampoco aceptaba el rechazo del líder liberal al dominio de la organización gremial sobre el Estado (12).

 

La novena Conferencia fue concebida por el Departamento de Estado como un momento muy importante para suceder y profundizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se trataba de incorporar la doctrina Truman en América Latina, e instaurar la lucha anticomunista en la región con una declaración anticomunista. Las ideas nacionalistas y liberales de Gaitán y el gaitanismo eran un obstáculo enorme en esa pretensión. El gaitanismo no estaba de acuerdo con excluir del escenario político electoral a los partidos comunistas, ni tampoco en plegarse a la histeria demonizadora que sindicaba al comunismo de todos los males sociales.

 

Al mismo tiempo, Gaitán era un obstáculo definitivo a la decisión del Partido Conservador de mantener el poder estatal. En especial para Laureano Gómez que había maquinado toda su vida para llegar a la presidencia, y que sentía que la división que había promovido en el liberalismo, y el encumbramiento de Ospina Pérez como candidato de Unión Nacional –que no despertaba el recelo que sí generaba su trayectoria–, le aprestaban el camino para realizar el sueño de toda una vida (13).

El éxito de la Operación Pantomima elevó la fe en los beneficios de la acción encubierta. Vernon Walters aparecerá después en varias "operaciones encubiertas" ligadas a sucesos "silenciosos" y letales como el golpe de Estado contra Joao Goulart, la intermediación entre Kissinger y Pinochet, Kissinger y la Junta Militar argentina, algunos operativos dentro de la operación Cóndor, las acciones de la CIA junto a la contra nicaragüense, y el atentado a Carrero Blanco, entre otros.

 

Las agencias de información estadounidenses divulgaron la especie de que el crimen y el estallido de la insurrección había sido obra del comunismo internacional para sabotear la IX Conferencia Panamericana. El diario El Siglo insistió en que los autores del asesinato habían sido los comunistas, y que los jóvenes cubanos que habían venido a organizar el encuentro estudiantil latinoamericano alterno a la conferencia, Fidel Castro Ruz y Rafael del Pino, estaban involucrados.

 

* Escrito tomado de la obra: Memorias entrelazadas: corazones justos. Conversaciones con Alirio Uribe Muñoz, que se publicará en septiembre del 2014.


1 http://www.angelfire.com/rnb/17m/Gaitan/gaitanm.html
2 http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/articulos/eeuu_gaitan.html
3 Cocaine, death squads and the war on terror, Oliver Vilar y Drew Cottle. pg 23
4 Legado de Cenizas,Tim Weiner. Primer y segundo capitulo
5 Legado de Cenizas,Tim Weiner. Primer y segundo capitulo
6 Conversación con Luis Emiro Valencia.
7 Memorias, Diego Montaña,editorial de la universidad nacional, 1996. pg 293
8 Vernon Walters.Misiones Silenciosas.
9 Rempe Dennis.Counter Insurgency in Colombia.Editorial Ann Arbor.2002.
10 Misiones silenciosas.Vernon Walters.Editorial Planeta, 2002.
11 La ofensiva empresarial. Eduardo Sanz Rovner.Editorial Uniandes y Tercer Mundo.1998
12 El asesinato de Gaitan y la Operación X. López Botero, pp. 34 y 35.

Publicado enEdición Nº202
Jueves, 27 Marzo 2014 07:55

Así se fabrican guerrilleros muertos

Así se fabrican guerrilleros muertos

 

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

 

"

-Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.

-No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.

-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

 

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

 

"

-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

 

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

 

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término "falsos positivos", en referencia a la fabricación de las pruebas.

 

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una "impunidad sistémica".

 

"Escogíamos a los más chirretes"

 

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

 

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió "sí, patroncito, voy para allá", colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

 

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico "de educación especial" que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro).

 

"

-Él no distinguía el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: 'Mira, mamá, me acordé de ti'.

 

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. "El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro", dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban "el bobito", explicó.

 

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: "Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros". Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

 

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2.24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

 

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

 

"

-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

 

Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

 

Uribe: "No fueron a coger café"

 

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

 

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, "por no cerrar la boca". Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

 

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: "Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las Farc".

 

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: "No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales". Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: "No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes".

 

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

 

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: "En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes". Luego anunció la destitución de 27 militares.

 

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

 

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. "Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas", declaró al final de su estancia, "pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg". El término "falsos positivos", según Alston, "da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro". Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos "por algunas manzanas podridas dentro del Ejército", como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban "una estrategia sistemática", ejecutada por "una cantidad significativa de elementos del Ejército".

 

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

 

El presidente Uribe respondió que "la mayoría" de las acusaciones eran falsas. Que venían de "un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales", cargados "de odio y de sesgos ideológicos". Y salió una y otra vez a defender a los militares: "Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones".

 

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: "Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas".

 

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba "como una boba". Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

 

"Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla", dice Sanabria, "a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado".

 

A 1.400 euros el muerto

 

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara "negligencia" y "falta de cuidado en los procedimientos" del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la "captura o el abatimiento en combate" de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 1.400 euros por un combatiente raso, hasta 1,8 millones de euros por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

 

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

 

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

 

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

 

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la "lucha contra el terrorismo", empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

 

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

 

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: "Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas". Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. "La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad", denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

 

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: "Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía". Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

 

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19.405 combatientes fueron "abatidos" (un eufemismo para no decir "muertos"), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados.

 

La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad "la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos".

 

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

 

Una grieta en la impunidad

 

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

 

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

 

"

-Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

 

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4.700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

 

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

 

"

-Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

 

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirmó que había "bases razonables" para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo "maquillada" o "tolerada" por los niveles superiores del Estado.

 

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

 

Como crímenes contra la humanidad

 

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

 

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

 

"

-A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice-. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.

 

-Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

Publicado enColombia
Orlando Sierra: "la voz contra el silencio"

Cuando era el subdirector del diario La Patria de Manizales, y el columnista dominical más leído de su región, la muerte lo acechó. Orlando Sierra Hernández, cayó herido por dos impactos de bala en la cabeza que le disparó Fernando Soto Zapata, sicario pago por poderes locales. Dos días duró la agonía de Sierra en el Hospital de Caldas, donde dejó de existir el último día de enero de 2002.

 

Desde los años noventa del siglo XX, hasta principios del nuevo siglo, la columna de opinión "Punto de Encuentro", escrita por Orlando Sierra, no dejó de criticar a la coalición política que controlaba –y aún controla– el poder en Caldas. Titulares como: "Política de narcos", "Ricos y corruptos", "Subempleo estrato cuatro" y "¿Poderes al Gobernador?", dan cuenta de su principal preocupación. Escritos punzantes. Pero también tenía tiempo, para deslizar reflexiones donde retomaba sus gustos y amores, escritas, sobre todo, en momentos de pereza denunciante, momentos en los cuales aprovechaba para hacer homenajes a su madre Doña Marina Hernández, deletreando a su progenitora como: "una vieja altiva y vivaz, cantaletosa sin tregua y juguetona sin pausa".

 

Aparte de ser conocido por "Punto de Encuentro", Orlando Sierra, tenía su noble faceta de novelista y poeta. Hundido en la piel, su primer libro de poemas, publicado cuando tenía 19 años, resume vocación y pasión. Y sus novelas: Para justificar a William Blake, El club de la corbata roja, La maldición del oráculo, La copia del muro de Berlín y La estación de los sueños, evidencian con creces al periodista en faceta literaria.

 

Orlando Sierra, amante del universo de las letras, dejó de escribir el 30 de enero de 2002 cuando estaba con su hija Beatriz. El atentado a sangre fría que sufrió ante las puertas del diario La Patria, indignó a todos los medios de comunicación y gremios que defienden la libertad de prensa a escala nacional e internacional. La solidaridad que despertó su crimen motivó, por ejemplo, que durante el año 2007 los realizadores audiovisuales Margarita Martínez Escallón y Miguel Salazar Aparicio –con la financiación y apoyo de la Sociedad Interameciana de Prensa (SIP)– realizaran el documental: "La batalla del silencio", en el cual resumen una investigación periodística que resalta las vinculaciones del político Ferney Tapasco, sindicado como actor intelectual del crimen del periodista.

 

El señalamiento surge del testimonio clave de Marco Aurelio Candelo, vigilante de profesión y testigo voluntario. Afirmó, haber escuchado decir a un grupo de sicarios que el autor intelectual del asesinato fue el político liberal Ferney Tapasco. Pero no sólo esto, también denunció las vinculaciones de José Arístides Orozco Londoño, director de la cárcel La Blanca de Manizales, con los jefes de un grupo de sicarios, Ferley Alberto Villa Bedoya alías Tuso y Luis Miguel Tabares Hernández Tilín y de haberlos contratado directamente para asesinar a Sierra Hernández. Como en toda película donde no quieren que existan testimonios riesgosos, tanto Orozco Londoño, Marco Aurelio Candelo y el Tuso fueron asesinados. El primero 24 horas después de la muerte de Sierra Hernández y el segundo; Candelo, en una buseta el 15 de septiembre de 2002.

 

Además, el Tuso, Gilver Mejía Delgado, Gilver, Giovanny López Castro, Giovanny, Carlos Iván Montoya Hidalgo, Perill, todos miembros del grupo de sicarios donde Luis Miguel Tabares Hernández, Tilín es el supuesto jefe; fueron hallados muertos en la zona rural del municipio de Chinchiná por las Auc.

 

"La batalla del silencio" retoma una expresión de Sierra Hernández; "Ya estamos enfrentando una guerra de armas, como para que tengamos que soportar una batalla de silencios". Las imágenes finales del documental están constituidas por las fotografías de periodistas asesinados en distintos países latinoamericanos.

 

En entrevista con desde abajo, su realizadora Margarita Martínez Escallón argumentó que la batalla del silencio la gana cada periodista y ciudadano, desde el individuo al colectivo, al no permitir que al momento de hablar sobre nuestra sociedad el miedo inmovilice a los periodistas, ni a los ciudadanos.

 

En sus comentarios sobre su producción, Escallón puntualizó "[...] mis decenas de entrevistados concuerdan con que Ferney Tapasco es el autor intelectual de la muerte de Orlando Sierra".

 

Aún así, el pasado 24 de diciembre de 2013 el señor Ferney Tapasco González y Henry Calle Obando, Botija –su lugarteniente–, y los acusados Fabio Gómez Escobar y Jorge Orlando Gómez Escobar, fueron absueltos de sus cargos por el Juez único especializado de Pereira, Carlos Eduardo González Ángel. Como si se tratara de un héroe, 400 personas recepcionaron en "grandiosa fiesta" en el municipio de Supia –lugar de origen de Tapasco– a su "líder" político.

 

En su sentencia, afirma el juez: "No existen en el proceso elementos que den pie para tener por cierto lo que dicen las personas que incriminan a los acusados".

 

La decisión judicial despertó inconformidad en Manizales, además de voces indignadas, entre ellas la de Gloria Luz Ángel, periodista del diario La Patria, que en entrevista con este medio, no ocultó su inconformidad con esta decisión.

 

desde abajo (da). ¿Cuáles son sus reacciones ante el fallo absolutorio que liberó el pasado 24 de diciembre a los implicados en el caso Sierra?
Gloria Luz Ángel (GLA). Vale decir, primero, que es extrañó que el juez notificara la libertad ese día, cuando la mayoría de las personas tienen su mente puestas en las fiestas decembrinas, al igual que los medios de comunicación. Por fortuna, los medios sí reaccionaron y la noticia tuvo buena difusión. De todas maneras hubo descontento, tanto por el fallo absolutorio como por la demora en fallar y por la fecha en que se dio. Esto último creó algunas sospechas alrededor de la decisión del juez.

 

da.: ¿Cuáles son los argumentos de la defensa?
GLA.: Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría son: que en el expediente hay testimonios que comprometen a los acusados, pero las personas que testificaron en su momento fueron asesinadas. La Fiscalía habla de 11 muertos relacionados con el caso de Orlando. Estos testimonios debieron ser tenidos en cuenta por el juez. Además, está la aparición del arma homicida que, según la Fiscalía, pertenece a Calle, alias Botija, uno de los acusados puestos en libertad.

da. ¿Qué podemos hacer los estudiantes de periodismo para ganar la batalla contra la impunidad?
GLA: Ganar la batalla contra la impunidad en este país es difícil, pero no imposible. Hay que hablar siempre de los periodistas asesinados, no dejar que sus casos queden en el olvido. Eso ha pasado con el asesinato de Orlando, convertido en un caso emblemático gracias a la difusión dada por los medios. Si este caso se resuelve y se llega al determinador o actor intelectual, se abre la puerta para que se resuelvan otros muchos casos.

 

da.: ¿Qué puede hacer el colombiano y colombiana que no quiere impunidad en el caso Sierra?
GLA.: Los colombianos podríamos, en este caso, como en otros muchos, denunciar. La mayoría de las veces los asesinatos quedan impunes porque la gente no se atreve a hablar, por temor o por evitarse problemas. La justicia debería proteger más a los testigos y evitar así que se rompan las cadenas entre los autores materiales y los intelectuales.

 

da.: ¿Actualmente las columnas de opinión de La Patria mantienen esa misma esencia denunciante que caracterizó a Punto de Encuentro?
GLA.: El periódico sigue denunciando los casos de corrupción que se dan en la ciudad y en el departamento, así como las decisiones y acciones de los funcionarios y de personas de las empresas privadas que van contra la comunidad. Sin embargo, el estilo que tenía Orlando, la manera de escribir las denuncias con humor, eso es muy difícil que se vuelva a dar porque cada persona tiene su estilo y el de él era inconfundible.

 

da.: Por último, ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Orlando Sierra?
GLA.: Su gran humor, su inteligencia, su capacidad de análisis y su gran memoria, además de su enorme generosidad.

 

Voz de indignación

 

Así como Gloria Luz Ángel no olvida a Orlando, tampoco debemos olvidar a los 142 periodistas asesinados en Colombia en el curso de los últimos 36 años. Así lo indica cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip (ver cuadro).

 

Esta misma organización, en su informe del año 2012: "De las balas a los expedientes", donde relaciona, entre otros, el 'misterioso' asesinato del periodista Guillermo José Quiroz Delgado, de San Pedro –Sucre–, cuyas indagaciones preliminares apuntan a la fuerza pública como actora física del crimen; las amenazas al documentalista Vladimir Sánchez, por publicar en redes sociales "El video que el gobierno no quiere que veamos", donde registró el desalojo de la fuerza pública a pobladores de la región de Gigante, Huila, y el secuestro del periodista francés Romeo Langlois, corresponsal de la cadena televisiva France 24 y el periódico Le Figaro.

 

Los días y los años pasan, pero hay realidades e ideas que perduran. En columna de opinión titulada, "No dar papaya" (domingo 21 de enero de 2001), Orlando enfatizaba, "No queda duda, ahora sí, de que gran parte de la política de esta tierra se hace a través de la compra-venta. Curules, puestos, favores y recomendaciones", el periodista retomaba una realidad que se prolonga en el tiempo como signo del poder que domina en Colombia. Al releer la nota, no queda duda que la voz de indignación de Orlando Sierra perdura en estos tiempos de elecciones.

 

El tiempo pasa pero la memoria no debe desfallecer. Catorce años después de su asesinato, Punto de Encuentro sigue vigente en nuestro país. Se requieren muchos Orlando Sierra, que las facultades de periodismo y comunicación formen otros/as muchos/as, que no teman levantar su voz, que no teman romper el silencio. Los ciudadanos, periodistas o no, demandan: no más impunidad en nuestro país.

 

Recuadro

FechaNombreMedioCiudadDepartamento  Estado del proceso
 2004Oscar Albero Polanco Herrera CNC Televisión  Cartago Valle del Cauca Investigación preliminar/Resolución de preclusión
 2004 Martín La Rotta Duarte Las Palmas Estéreo San Alberto Cesar Sentencia/Instrucción
 2004 Jaime Alberto Madero Muñoz Todos Santa Marta Magdalena Resolución inhibitoria
 2005 Julio Hernando Palacio Sánchez Radio Lemas Cúcuta Norte de Santander Investigación preliminar
 2005 Rafael Enrique Prins Velazquez Periódico Apocalipsis Magangué Bolívar Investigación preliminar
 2006 Gustavo Rojas Gabalo Radio Panzenú Montería Córdoba Investigación preliminar/Resolución de acusación
 2006 Milton Fabián Sánchez Apolindar Yumbo Estéreo Yumbo Valle del Cauca Investigación preliminar
 2006 Atilano Segundo Peréz Barrios Radio Vigía Todelar Cartagena Bolívar Investigación preliminar/ Inhibitorio
 2007 Elacio Murillo Mosquera Chocó 7 Días Itsmina Chocó Instrucción/Sentenciacondenatoria
 2007 Javier Darío Arroyave Ondas del Valle/ El Tiempo Cartago Valle del Cauca Investigación preliminar/ Indagación
 2009 José Averardo Aguilar Radio Súper Patia Cauca Sentencia Absolutoria/ Juicio
 2010 Clodimiro Segundo Castilla Ospina Revistas El Pulso del Tiempo Montería Córdoba Investigación preliminar/ Indagación
 2010 Rodolfo Julio Maya Aricape Radio Payumat Caloto Cauca Investigación preliminar/ Indagación
 2011 Luis Eduardo Gómez Cubillos El Heraldo Arboletez Antioquia Etapa de instrucción
 2012 Guillermo José Quiroz DelgadoSonora Estéreo/ Notisabana San Pedro Sucre Investigación preliminar
 2013 Édinson Alberto Molina Puerto Berrio Estéreo Puerto Berrio AntioquiaInvestigación preliminar
 2013 José Darío Arenas Extra del Quindío Caicedonia Valle del Cauca Investigación preliminar

 Fuente. Fundación para la Libertad de Prensa. (FLIP)

Publicado enEdición N°199
Martes, 24 Septiembre 2013 15:11

Santos no cumplirá...

Con bloqueos, luchas de calle y carretera miles de colombianos dieron orden: ¡Hay pueblo inconforme y rebelde! Por encima de todos los cálculos y previsiones políticas, alrededor del 29 de agosto hubo colapso en el país. Con más de 16 departamentos en agitación y protesta en las principales ciudades de la nación, dando un sí a la convocatoria de solidaridad que despertó la ruana ayer olvidada, hoy rescatada como símbolo de rebeldía agraria. La capital estuvo cerca del quiebre en su cotidianidad y mostró fragilidad en su abastecimiento. Por supuesto, al gobierno Santos le dio soponcio. Un malestar con efecto en las conversaciones de los colombianos en esos días, en las encuestas inmediatas y en la siembra de una duda sobre su futuro. Como señal inevitable de un pueblo que supera a sus dirigentes, y sus 'representaciones' actuales de todo orden, el carácter y la convocatoria "admitida" fueron rebasados por el temple de la protesta.

 

Con el Paro Nacional Agrario explosionó el sentimiento de ira de miles de productores agrícolas, tenedores de tierra minifundistas y medianos que están quebrados o en riesgo de quedar así. Por primera vez, en mucho tiempo no estuvieron solos. Contaron con los pequeños mineros, alguna convocatoria estudiantil de la Mane, de la Cut y con la novedad y el reconocimiento de algunos sectores de opinión. A su vez, las frases democráticas sobre el derecho de la protesta quedaron pisoteadas, en tanto y de facto, el Presidente declaró estado de sitio.

 

Con las primeras carreteras bloqueadas su respuesta fue la negación del paro y en una acción nacional en televisión abierta, acompañó la orden brutal al Esmad de disolver a los "desestabilizadores". En la vigilancia y represión, no solo los agentes de la policía con uniforme antidisturbios, sino también desde los helicópteros con su tremor y "mensaje de guerra", se lanzaron gases. Sin cambio en la correlación de poder entre oligarquía y pueblo, todo discurso y comportamiento de "la política" frente a la acción, la "paz" y la concordia resultó sorprendido: El del poder, la fuerza y los gremios económicos, el de la derecha, el de quienes quieren fisonomía en el "centro político" y de llamados al conformismo y la 'ciudadanía' paciente, el de la izquierda y el de la insurgencia.

 

Para los manifestantes y participantes en la protesta, la propaganda de los últimos gobiernos quedó reducida a paja: Aunque urde evasivas, con causa y responsabilidad directa y prolongada en la situación –ayer y hoy–, Juan Manuel Santos no puede ocultar que regresó de Londres en alfombra a ocupar el ministerio de Comercio Exterior con César Gaviria –fue su Designado– y menos, su condición de cómplice neoliberal en las leyes contra el derecho al trabajo y la salud de los entonces defensores, proponentes y senadores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de quienes luego fue ministro de hacienda y defensa.

 

De repente en la plaza pública, en las carreteras del país y en el vigor de los bloqueos, apareció un sujeto inadvertido, para muchos muerto, y para otros, pesadilla. Con nuevas reivindicaciones y memoria de incumplimientos anteriores, un amplio sector de pueblo rebelde, inconforme; paseó sus banderas, planteó defensa e hizo estaciones por la Carretera Panamericana, por la Troncal del Oriente, por la carretera Tunja-Bogotá y Bogotá-Girardot. Una vez más, el llamado "inconsciente social", la espontaneidad e inconformidad de quienes no están alineados en ninguna propuesta política, ni tradicional ni de izquierda, dejó sentir su grito y volumen con algo de claridad y expresiones –contenida hasta ahora– en su aspiración de un gobierno distinto y poder real –no son solo "desestabilizadores"–; sin que nadie estuviera atento; tal como ocurrió hace años en el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977.

 

Sin advertir la situación que venía subterránea en un vasto sentir de la población, desde el campo popular la convocatoria repitió con el mecanismo de la Mesa Integrada de Interlocución y Acuerdo -MIA, un espacio de encuentro, sin debate a fondo, de los principales agrupamientos y actores de izquierda que tienen acción y presencia agraria. Sus componentes iban del Congreso de los Pueblos, a la Marcha Patriótica, con paso, por el Movimiento Indígena del Cauca y las diferentes Dignidades Agrícolas 'gremiales'.

 

Las energías acumuladas por años, evidencian ahora, con creces (potenciando la protesta), que los costos del libre comercio sobre el campo son más profundos que la simple discusión acerca de si son los efectos del Tlc con los Estados Unidos ó con Europa los que quiebran las bases de la economía campesina. A esa parcial dimensión la reducen los tecnócratas del gobierno actual. Ocultan que desde el gobierno de Virgilio Barco, la carrera neoliberal implica un profundo vuelco del campo, con agravamiento de la miseria y la situación social:

 

  • - Primero, con el desmonte del fomento estatal a la producción agrícola.
  • - Segundo, por la "apertura económica" de Gaviria, con aumento estrepitoso de las importaciones agrícolas, apalancadas por la reducción de los aranceles, que en su tasa promedio cayó de un 24 por ciento en 1986 a un 7,2 por ciento en el año 1994.
  • - Tercero, por la firma progresiva de decenas de tratados de libre comercio, los primeros bajo el trámite de Juan Manuel Santos, en su época de Ministro de Comercio Exterior, con el G3 (México, Colombia y Venezuela) y la Comunidad Andina de Naciones, después, un Tlc con firma entre la Casa Blanca y el gobierno Uribe-Santos que comienza a tener sus efectos.
  • - Cuarto, por la carencia de control fronterizo, pues Colombia a pesar de tener la proporción más elevada de miembros de las fuerzas armadas por habitante en América Latina (11 colombianos por cada miembro de las FF.MM.), carece de control alguno sobre las fronteras. Es más, la oligarquía colombiana usa para mantener su estabilidad, el mecanismo de permitir una frontera porosa, por la cual pasan cientos de productos de contrabando, los cuales inundan el mercado nacional y su producto, mecanismo que funciona como paños de agua tibia a la crisis estructural de las zonas fronterizas, léase, quiebra de ciudades como Cúcuta o la relación de la economía del Catatumbo, o Nariño y Putumayo con el contrabando de Ecuador y Venezuela.

 

Así Tlcs, sostenimiento y defensa institucional y paramilitar del latifundio, destrucción del fomento económico agrícola, ausencia de control fronterizo y reducción de los aranceles que incentivan la importación de mercancías agrícolas han sido algunos de los ingredientes del coctel neoliberal contra el campo.

 

De esta manera, con las características de la hegemonía internacional y la preeminencia de los intereses financieros, estamos ante el resultado de una guerra de larga duración contra la producción nacional, con sus bemoles en estos últimos seis años de crisis capitalista mundial. Sin embargo, no son las meras condiciones económicas las que hacen de la rebelión de las ruanas una posibilidad. Sin duda alguna, la pérdida de credibilidad en la acción del estado y en las élites, y la superación en algunos aspectos de los efectos del terror, hicieron eco en el resurgir de una acción de ruptura, por qué no beligerante, que pone en presente una extensión de la lucha que desmarca y va más allá del margen de los supuestos espacios civilistas y legales, para la resolución de conflictos sociales, que en su espera y acomodo sostienen el estado de cosas e injusticia. Pero surgió la contraparte.

 

Con el Paro Agrario Nacional la realidad política –no solo electoral ni del protagonismo bilateral en la Mesa de La Habana– vive el renacer de un sujeto social plural y diverso, con avance de interrelación campesina y urbana, campo-ciudad que acerca sintonía con la historia nacional, a la vez, que desnuda la magnitud y dificultad de la contradicción y de la lucha política, de poder y gobierno, desde los diferentes intereses sociales y de clases.

 

Independiente de sus características, el desenlace del Paro, esta vez de varios días, escribió otro capítulo de una novela con párrafos escritos desde hace varias décadas. Entre tanto, Santos aplicó una vieja táctica para enfrentar el Paro que a la larga le sirvió para navegar, sin dejar de estar perdido en la mar: Fracturó a la MIA, con negociación por aparte con los productores paperos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca –agrupados en su mayoría en la iniciativa de Dignidad papera. Para el resto en paro, dispuso un tratamiento como lo ordena el manual represivo: aumento de la violencia y sindicación de su nexos con la insurgencia, al punto fariseo, de vincular la negociación de estos temas agrarios con la Mesa de La Habana y al nacimiento de la Mesa con el eln.

 

De la indignación en aumento tanto por la negación del paro como por los golpes del Esmad que transitaban en internet y en las noticias, hubo un salto a las iras urbanas. Algunos con cacerolas, otros, con piedras y bombas molotov, hubo disparos aislados –diferentes a hostigamientos guerrilleros–, todos en fin, fracturando la continua deidad del poder oligárquico, rompiendo la rutina de la sociedad pasmada, de esa que no ve o de un mirar a otra parte. Sucedió entonces, que decenas de miles de colombianos en la calle, o desde la cabecera y la vereda, con cientos de reclamos, o sin ninguno en concreto –la inconformidad basta–; constituyeron el vapor que en toda olla a presión tiene que pitar: el de los debilitados, los de nunca y sin voz. Ellos ante quienes, el régimen político y el gobierno fueron capaces de decir en un momento que no tienen nada que ofrecer. Apenas promesas de estudiar... cada caso.

 

Un escenario que tuvo protagonismos de rebeldía espontánea, con dolor, llantos, cuestionamientos a las organizaciones más cercanas y firmeza ante el inmediato de un Paro que desde la rebeldía, tiene un día después por resolver y no dejar pasar de largo. Porque, ¿quién capitaliza? ¿Quién en colectivo legítimo tendrá la primera línea en conducir la próxima batalla?

 

Están en el partidor: Atento y con audiencia, el cinismo uribista que nunca tuvo un sonrojo por los usufructos y el profundizar el libre comercio, ahora, trata de capitanear el momento, con argumentos como la falta de diálogo regional y la pérdida del principio de autoridad por parte del Ejecutivo. Desde su interés, rondan al presidente Santos el desafío del Paro y sus consecuencias inmediatas y mediatas, y para su defensa y perpetuidad, la élite económica con pañales de larga data, antes del narcotráfico, debe acomodar un referente de más tamaño que el partido de la U y el partido liberal. En la acera del frente, ante la inmensa lección motora con pies de campo y descontento, de inmediato, pocos toman la responsabilidad de reflexionar con sentido de poder.

 

Apenas como una referencia, en la inercia de las aspiraciones individuales, política electoral y su coyuntura, en el país alcanza base de configuración, "sectores medios" un "centro político", viable en sociedades europeas, con un conflicto distinto. En este rango, Progresistas y Partido Verde intensifican los contactos regionales. De este modo, en Boyacá, el intento propende por captar un naciente caudal electoral en busca de una tercería. En su esfera, el Polo a través del Moir rema igual, con otras palabras.

 

Y en otro ángulo, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica con calendario y tareas en referencia con el provecho de las negociaciones de paz, asumen y proyectan pasos más largos en la movilización y la consigna de participación social, como recurso ahora urgente para defender y profundizar una agenda política de reconciliación, con vía a conquistas de democratización, que en el corto tiempo y bajo su exclusivo porte, no tendrán virtud de plenas.

 

De plano, en Colombia ocurrió un sacudón nocivo para el gobierno y cuestionante para el poder. Vista la movilización del Paro en su extensión y característica de choque y de tropel, quedó una orden: Dar curso a una amplia agenda de diálogo por la unidad social y política del país nacional que con miras a febrero próximo, corrija y de continuidad a las búsquedas locales con sentido nacional, y alce consenso en una plataforma de seguimiento con rigor a las "promesas" de Santos. O el Ejecutivo cumple antes de febrero o tropezará con una nueva o segunda irrupción del presente en lucha, y su espiral de otro futuro.

Publicado enEdición Nº 195
El asesinato del grafitero: La verdad tiene a más de 30 oficiales en problemas

En su habitación, aún están intactas las pinturas que hizo. "Así quedarán", dice su padre, "es el legado artístico que realizó en familia". Las otras, las de la calle, están borradas como siempre pasa, es la dinámica de este arte callejero. En busca de la realidad, generó mucha desconfianza que a la escena del crimen llegaron muchos uniformados, alrededor de 35: De la cipol, dijin, sijin, 4 coroneles, 1 mayor, 2 capitanes, 1 teniente y 16 uniformados más. Con las primeras noticias del asesinato, la Policía comenzó una campaña de desprestigio contra Diego Felipe Becerra.

 

Conocimos en forma exclusiva las razones por las cuales la oficialidad de la Policía Nacional encubre al patrullero Wilmer Alarcón, sindicado por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011. El encubrimiento del crimen tiene en lío judicial a dos generales, cuatro coroneles, un mayor, cuatro capitanes, cuatro tenientes y por los menos a 16 patrulleros, además a dos jueces, una de ellas de la justicia penal militar, un fiscal que quiso cerrar los cargos contra el general Patiño, el abogado de la policía, el conductor de la buseta y su esposa.

 

Según fuente de la policía nacional, el patrullero Alarcón estuvo en una zona roja de orden público por mucho tiempo y presentó un desequilibrio mental. Por este motivo fue remitido a Sanidad de la Policía Nacional que diagnosticó que Alarcón sufría estrés postraumático agudo y debía ser internado en una clínica de reposo.

 

La Dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá, nunca aplicó la orden médica y el patrullero fue asignado al sector de Bogotá donde perdió la vida el joven grafitero. En otras palabras, le dieron uniforme, un garrote y un arma a un enfermo mental. Un proceder ilegal e inconveniente con pleno conocimiento por parte de sus superiores.

 

Desde el mismo día del asesinato de Diego Felipe Becerra, los documentos que contienen la historia clínica pasaron a manos del general Patiño, incluido el diagnóstico médico del patrullero.

 

Un padre y sus palabras desde el alma

 

Humilde y cariñoso. "Era el ser que cualquier persona quiere tener como hijo: de muy buen humor y festejos con su sonrisa permanente. Era feliz, con gran sentido de responsabilidad, obediente, noble y ahorrativo. Yo viví con él desde que tenía año y medio de edad y siempre nos entendimos. Con dolor en sus ojos, Gustavo Harley Trejos padrastro del grafitero asesinado por la Policía, describe así la relación con su hijastro Diego Felipe Becerra...

 

"El día de su asesinato, junto con él compramos una buena cantidad de pintura fluorescente para los grafitis que hacía en compañía de sus amigos. Diego encontró al fin un almacén donde vendían el tono azul que siempre buscó, pero que era muy escaso.

 

Tenía en mente trabajar en su arte callejero esa noche, pero dos balas disparadas por un Policía, una de ellas a quemarropa, nos arrebataron su vida, y minutos después, la misma Policía le robó su honra.

 

Recuerda con un hablar lento, que su amistad era tal "que desde siempre le prometí que nunca lo dejaría, que siempre respondería por él sin importar nada que pasara", y hasta hoy, esa promesa la está cumpliendo. Con valor y gracias a sus minuciosas investigaciones, pudo lograr que a su hijo le devolvieran la honra arrebatada después de muerto. Ahora, su pelea día a día está encaminada a que todos los involucrados en su muerte, paguen por la interminable lista de delitos que cometieron con su asesinato.

 

Al atardecer, después de pasar con su hijo el día fatídico, "él quedó en la casa y yo debí salír a recoger a mi esposa. Cuando llegamos, ya Diego había salido con sus amigos para pintar el que sería su último grafiti... un poco después de las diez y media de la noche, recibí una llamada de su amigo y quedé quieto cuando escuché en palabras: 'pasó algo muy grave'. Al escuchar que pedía detalles con exclamación, tuve que reanimar a mi esposa, quien por segundos, y con desmayo casi perdía el conocimiento". Al llegar a la clínica, encontraron muchos Policías.

 

Con algo de sigilo, "uno de los vigilantes me advirtió que habían inconsistencias por parte de los uniformados quienes se negaron a firmar la entrega del herido y no cumplieron con tramitar otros documentos". Como pudieron, encontraron al médico que de inmediato preguntó si el joven estaba jugando billar porque tenía algo azul en las manos. Con afán, don Gustavo explicó el asunto de la pintura. Luego, "sin darnos la fatalidad de golpe, nos informó que Diego Felipe recibió un disparo en la espalda, que comprometió su columna". –Pregunté junto con un movimiento de manos, que donde estaba.

 

"El médico no pudo contener la angustia y sus ojos se humedecieron. Entonces dijo que había llegado sin signos vitales y que no pudieron hacer nada para salvarlo. 'Le dieron dos disparos: el primero, fue por la espalda y con el segundo lo remataron'..."

 

En ese momento, apareció un hombre con tarjeta de abogado, Héctor Hernando Ruíz, que alargó al mayor que estaba a cargo. "Con sequedad dijo que era asesor jurídico de la Policía". Como es común, pasada la media noche la Clínica expidió el parte oficial.

 

En compañía y motivado por un familiar abogado fueron a la escena del crimen donde encontraron varios uniformados. "Dos coroneles y un capitán hablaban con el abogado, mientras que en otro lugar, estaban seis policías y dos asesoras jurídicas. Una de ellas les decía que tenían que ser consistentes en cada palabra que dijeran, que no podían titubear". Con sorpresa, puso más atención y escuchó que "...por el contrario debían ser certeros en todo". Después, según sus palabras, dio una vuelta a la zona acordonada y salió.

 

Volvió a la clínica, y uno de los investigadores preguntó "si Diego o alguno de sus amigos portaba armas". "Respondí que no. Sin atender mi razón, me advirtió que en la escena del crimen había aparecido una pistola". En ese momento, el padre adolorido cayó en cuenta: "estaban ocurriendo cosas muy extrañas en torno al asesinato".

 

"Señor abogado: ¿ahora si entiende?"

 

Con los documentos de la muerte de su hijo en la mano, regresó a la escena del crimen. Allí encontró todavía al abogado de la Policía con dos capitanes. Sin demora, entregó una copia de la tarjeta de identidad de David Felipe a los investigadores del CTI. "Al verlo, de inmediato, me presenté al abogado y le dije: –Felicitaciones por la ética con la que está manejando el caso". El aludido respondió que no entendía... "Hoy –recalca el señor Trejos–, con todos los hechos en transcurso, incluida su captura, creo que ahora sí me está entendiendo."

 

Ya el domingo, en la velación del cuerpo de su hijo, un amigo suyo sugirió que debían actuar rápido. Denunciar lo sucedido a varios medios de comunicación. Era urgente, los comunicados oficiales aseguraban que el policía disparó contra una banda de criminales que estaban cometiendo un atraco y dio de baja a uno de los integrantes.

 

"Fue lo más doloroso que ha pasado en mi vida, pero eso nos motivó a trabajar más duro". El lunes, fue a una reunión con una comisión de las Naciones Unidas y el martes realizaron un plantón en el comando de la Policía metropolitana de Bogotá. "En ese momento, la presentadora Viky Dávila de la F. M. transmitió una llamada de un supuesto testigo que describía un atraco en una buseta. Una hora después es la W que llama a mi esposa y pone al aire otra entrevista. Esta vez, con el conductor de una buseta atracada supuestamente por mi hijo. Ella quedó destruida."

 

Unos segundos después, "La W arremetió por intermedio de Camila, otra periodista que cuestiona a mi esposa, porque David había sido detenido en otra ocasión. Ella reconoció y explicó que fue 'por estar pintando grafitis'. La periodista dio su estocada final: '¡Señora, en ocasiones, uno no sabe qué hacen los hijos!'. Ese último comentario fue aplastante para ella. Por eso, casi nunca sale a los medios". El conductor tuvo audiencia en todos los medios, "como un trofeo de la Policía".

 

Al día siguiente, de nuevo Viky Dávila entrevistó al sujeto. Pero, "con el transcurrir de las preguntas, resaltan evidentes contradicciones. Es así como se comienza a desbaratar la estantería de los montajes de la Policía y queda en evidencia la 'ética del abogado'".
A los pocos días, resultó que la buseta tenía pico y placa ese día y no podía estar en ruta. Además, ese mismo día fue vendida. También, se descubrió que en el arma que le plantaron al cadáver, "no aparecen las huellas de Diego Felipe, ni la pistola tiene residuos de pintura de las manos de mi hijo". Quince días después, la Fiscal General de la Nación, Vivián Morales, informó que las pruebas de balística no arrojaron prueba de residuos de pólvora en las manos de Diego.

 

La impunidad de la Justicia Militar

 

Con la trampa al descubierto, la Policía enfocó su trámite en pasar el proceso a la Justicia Penal Militar. "Con esta maniobra nos angustiamos mucho. Todos sabemos la calidad de la justicia que administra. Tanto, que las audiencias que alcanzaron a citar fueron encaminadas a juzgar a la víctima y no al policía asesino. Las preguntas inquirían ¿por qué mi hijo estaba en la calle?, ¿por qué pintaba grafitis?, ¿que educación recibía?, pero nunca, abordaron el asesinato".

 

Cuando el proceso fue devuelto a la Justicia ordinaria, abrió varios procesos: Uno, por homicidio; otro, por manipulación de la escena del crimen; uno más, por la falsa denuncia que instauró el conductor. "Y debe haber más: ¿Quién trajo el arma, cuántas armas llegaron? Sabemos que fueron dos, una de la misma comandancia de la Metropolitana y la otra, que le implantaron, la llevaron un sub intendente y un patrullero desde el CAI de la Alhambra, que previamente la disparó en un caño cerca y fue entregada al abogado asesor de la Policía quien la puso en la escena del crimen".

 

"El conductor de la buseta nunca estuvo en el lugar y la esposa respaldó la versión. Ambos, fueron contactados por el coronel Nelson Arévalo, el general Patiño y la teniente Ledy Perdomo. Para el delito, se reunieron en el CAI del 20 de julio. Allí el general pagó, con dos bonos de doscientos mil pesos a la esposa del conductor. Hoy los dos están en la cárcel.

 


 

 

¿Qué hace un general reuniéndose con testigos falsos?


La narración de esta tragedia genera muchas dudas sobre la calidad de la Policía que tenemos.

 

da: Con tanto oficial que protege al policía asesino Wilmer Alarcón, ¿qué cree que esconden? ¿El general Patiño le debe muchos favores al asesino? ¿Estamos frente a una bacrim o a un grupo de "limpieza social" de la Policía?
– Como el día del asesinato de mi hijo, la Policía recibió una condecoración por parte de la Fifa como la mejor organización del mundial, no era bueno que saliera el asesinato de un menor de edad en estado de indefensión. Tenemos una dirección muy corrupta, por eso, actúan así. Son actos sistemáticos de la Policía. Hay fallos recientes de falsos positivos de la Policía, el asesinato de un menor por parte del Comandante de la regional Antioquia, la muerte de una teniente por parte de sus compañeros, el caso de otro joven en Kennedy y, ahora, el caso del policía que fue secuestrado y asesinado por parte de otros policías al norte de la ciudad.

 

da: ¿Conoce detalles de la hoja de vida de los policías inculpados por asesinato y complicidad?
– Todos los involucrados tienen hojas de vida limpias, castas, impolutas, los mejores oficiales, los más condecorados, los mejores patrulleros, entonces uno no puede comprender por qué lo mejores están involucrados en este falso positivo, por qué asesinan a un joven indefenso". En medio de todo esto, he conocido casos terribles que uno solo sabe cuándo vive estas tragedias. Uno es el de Yuri Neira, perseguido incansablemente. Le hicieron perder su empleo, su esposa tuvo problemas que no pudo superar, le han hecho tres atentados y hoy está asilado. Todo por pedir justicia para su hijo asesinado por la Policía y como éste, otros casos igualmente trágicos.

 

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Tripito: Un falso positivo frustrado

Periódico desdeabajo N°174, octubre de 2011

Publicado enEdición Nº 195
¿Comer insectos para acabar con el hambre?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha publicado esta semana un informe que ha despertado cierto revuelo: Insectos comestibles. Perspectivas de futuro para la seguridad alimentaria y la alimentación, y donde recomienda el consumo de insectos para dar de comer a un número cada vez mayor de personas. Pero, ¿acabar con el hambre en el mundo pasa por empezar a consumir insectos o hacer accesible la comida a la gente? Yo me decanto por la segunda opción.


 
No tengo nada en contra el consumo de “bichos”, que en otras latitudes está plenamente extendido. Según la FAO, hoy en el planeta al menos dos mil millones de personas los ingieren regularmente: escarabajos, orugas, abejas, hormigas, saltamontes, langostas y un largo etcétera. Un total de 1.900 especies que se comen en países de África, Asia y, también, América Latina. Y, según dicho informe tienen un alto contenido en proteínas, materias grasas y minerales. Aquí, pero, la sola idea de llevarnos a la boca dichos insectos no nos produce sino asco.


 
Las tertulias y debates que estos días han girado alrededor de la propuesta de la FAO en medios de comunicación variopintos, lo han hecho con una clara mirada etnocéntrica de lo que comemos. Asociando el consumo de insectos a un comportamiento primitivo, como si nosotros tuviésemos la verdad absoluta sobre qué se puede y qué no se puede comer. Me pregunto, ¿qué pensarán en otros países de los caracoles en salsa, del conejo asado o, para rizar el rizo, de la paella de arroz y conejo con caracoles? Creo que más de un centro europeo no aguantaría ni dos minutos en la mesa, imaginando su conejo mascota cocinado como un bistec y rodeado de moluscos babosos.


 
Pero, más allá de consideraciones culturales, creo que el problema del hambre tiene que abordarse desde otra perspectiva. No se trata, como solución mágica, de apostar por la ingesta de insectos, independientemente de las virtudes nutritivas que estos puedan tener, sino el quid de la cuestión está en preguntarnos cómo en un mundo de la abundancia de alimentos hay tantas personas que no tienen qué comer. Hoy el problema del hambre no radica en la producción sino en la distribución. No se trata de producir más, o buscar nuevos comestibles, sino de distribuir aquellos que ya existen y hacerlos accesibles a la gente.


 
Según la FAO, en la actualidad, se cultiva suficiente como para alimentar a 12 mil millones de personas, y en planeta somos 7 mil millones. Hay comida. El problema radica en manos de quién está. Los alimentos se han convertido en un instrumento de negocio por parte de unas pocas multinacionales de la agroindustria, que priorizan sus intereses empresariales a las necesidades alimentarias de las personas. De este modo, si no tienes dinero para pagar el precio cada día más caro de la comida o acceso a los medios de producción, como tierra, agua y semillas, no comes.


 
Acabar con el hambre pasa por exigir justicia y democracia en las políticas agrícolas y alimentarias. Y devolver a los pueblos la soberanía alimentaria, la capacidad de decidir sobre qué y cómo se produce, distribuye y se consume. Anteponer derechos a privilegios. Y apostar por otro modelo de agricultura y alimentación: de proximidad, campesina, agroecológica… Sólo así todo el mundo podrá comer.

 

18 may 2013

Publicado enInternacional