Desde luego, me ha enfurecido el hecho de que hombres armados ataquen barcos en aguas internacionales, maten a pasajeros que intentaron resistirse y después esos mismos secuestradores obliguen a las embarcaciones capturadas a ir a sus puertos. Me refiero, por supuesto, a los piratas somalíes que asuelan a barcos occidentales en el océano Índico. ¿Cómo se atreven esos terroristas a tocar nuestras naves desarmadas en altamar? Qué bueno que nuestros buques de guerra permanecen en esa zona: para prevenir actos terroristas.

¡Ups! Al menos los israelíes no han exigido rescate. Sólo quieren que los periodistas les hagan propaganda de guerra. Apenas comenzada la semana, los comandos guerreros israelíes atacaron un barco turco con ayuda humanitaria para Gaza y mataron a tiros a nueve de sus pasajeros. Para el fin de semana, quienes protestaban se habían convertido en activistas armados por la paz, antisemitas violentos, quienes profesan el pacifismo mientras rezuman odio y machacan a otro ser humano con un tubo de metal. Me gustó esta última parte. El hecho de que la persona que estaba siendo golpeada aparentemente disparaba contra otro ser humano con un rifle no es retomado en esta extraña versión de la realidad.

Las familias turcas de los pasajeros afirman que sus hijos son mártires, pues así llaman a quienes han muerto por disparos de los israelíes, y esto ha dado pie para que los israelíes confirmen que existe una guerra santa (jihad). “Desde ese barco de ayuda humanitaria, un srilanqués me envió un mensaje que decía: ‘tenía yo a bordo a mi sobrina, sobrino y su esposa. Desafortunadamente, Ahmed (el sobrino de 20 años) recibió un disparo en la pierna y ahora recibe tratamiento bajo custodia militar. Te mantendré informado’”. Y así fue. En cuestión de horas, la prensa estaba ya en casa de la familia srilanquesa radicada en Australia, y exigía saber si Ahmed era jihadista o un potencial atacante suicida. La propaganda funciona ¿ven?

No hemos visto una sola fotografía de los que protestaron porque los israelíes se robaron el cargamento de ayuda. Nadie nos ha dicho aún cómo fue que el barco turco, que transportaba a tan despiadados hombres, no fue capturado durante su largo viaje desde Turquía debido a su plan de ayudar a los terroristas, aun cuando la nave mantuvo comunicación con diversos puertos. Sin embargo, el profesor Gil Troy, de la Universidad McGill de Montreal, quien escribe en el rabioso diario Canadian National Post, tuvo la oportunidad de escupir bilis contra los pacifistas armados el pasado jueves.

Personalmente, no me sorprendieron los asesinatos a bordo del barco turco. En Líbano tuve oportunidad de ver a esa turba de ejército al que llaman de elite actuar sin disciplina alguna y disparar a civiles. Los vi observar la matanza de palestinos en Sabra y Chatila la mañana de un 18 de septiembre (un día después de la carnicería) a manos de sus violentos aliados de la milicia libanesa. Presencié la masacre de Qana, ejecutada por tiradores israelíes en 1996, y escuché a uno de los soldados llamar a los 106 civiles muertos, muchos de ellos niños, arabushimi, que es un término despectivo contra los árabes que fue publicado tal cual por la prensa israelí.

Entonces, el gobierno del premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, afirmó, de manera totalmente falsa, que había terroristas entre los civiles muertos, pero ¿a quién le importó? Después ocurrió la segunda matanza de Qana en 2006, y luego en 2008 y 2009 fueron asesinados mil 300 palestinos, en su mayoría niños, y así sucesivamente...

Bueno, después se difundió el reporte Goldstone, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que concluyó que las tropas israelíes, (al igual que Hamas) cometió crímenes de guerra en Gaza, pero el documento fue tachado de antisemita, y su autor, el respetado jurista judío Richard Goldstone, de Sudáfrica, fue calumniado y llamado hombre perverso por el siempre vociferante Al Dershowitz, de Harvard. El documento, además, fue tildado de controversial por la valiente administración de Obama. Controversial, por cierto, significa básicamente: Vete a la mierda. Existen dudas al respecto, verán; es un asunto traicionero.

Volvamos a nuestra cronología. Después tuvimos el asesinato por parte del Mossad de un funcionario de Hamas en Dubai, en el que estuvieron involucrados al menos 19 pasaportes falsificados, británicos y de otras nacionalidades. ¿La respuesta que dio nuestro patético ministro del Exterior del anterior gobierno, David Miliband? Lo llamó incidente, pero no tocó el tema del asesinato de un fulano en Dubai, dénse cuenta. Sólo se trató de la duplicación de pasaportes británicos, un tema sumamente controversial y bueno, ahora tuvimos el asesinato de nueve pasajeros en el mar, a manos de los nuevos héroes israelíes.

Lo sorprendente de esto es cuántos periodistas occidentales, incluida la pusilánime cobertura de la BBC sobre los barcos de ayuda a Gaza, están escribiendo como periodistas israelíes, mientras éstos escriben sobre los asesinatos con el valor que los comunicadores occidentales deberían demostrar.

En cuanto al ejército israelí, hablemos del devastador reporte que Amos Harelis escribió para Haaretz, en el que analiza la conformación de las filas militares. En el pasado, muchos de los soldados venían de la tradición de izquierda de los kibutz, de Tel Aviv y sus alrededores o de la planicie costeña de Sharon. En 1990, sólo 2 por ciento de los cadetes eran judíos ortodoxos. Hoy los religiosos conforman 30 por ciento de los soldados. Seis de cada siete tenientes coroneles en la brigada Golani son religiosos. Más de 50 por ciento de los comandantes en los batallones de infantería son nacional religiosos.

No hay nada de malo en ser religioso. Aunque Harelis no enfatice este punto, muchos ortodoxos apoyan la colonización de Cisjordania, y por lo tanto, se oponen a un Estado palestino.

Son los colonizadores ortodoxos israelíes quienes más odian a los palestinos e insisten en borrar cualquier oportunidad que exista para la formación del Estado palestino, de la misma forma en que funcionarios de Hamas quisieran borrar del planeta a Israel.

Irónicamente, fueron los superiores del viejo ejército israelí quienes alentaron a los terroristas de Hamas a construir mezquitas en Gaza para que existiera un contrapeso para el terrorista Yasser Arafat cuando estaba en Beirut. Yo fui testigo de una de las reuniones que se celebraron con ese fin.

Pero será la misma historia del pasado y seguirá así hasta que el mundo despierte. Nunca conocí un ejército tan democrático como el de Israel, afirmó el infortunado filósofo francés Bernard-Henri Levy horas antes de la matanza de Sabra y Chatila.

Sí, el ejército israelí no es el segundón de nadie; es sobresaliente, humanitario y heroico. Nada más no se lo digan a los piratas somalíes.

Por Robert Fisk

The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
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Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.

“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González. El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.

Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El País de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.

El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.

Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años.

María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.

La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.

El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.

La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.
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Jueves, 11 Marzo 2010 19:32

El juicio (póstumo) de Rachel Corrie

Esta semana comienza un juicio poco común en Israel, que la gente de todo el mundo estará observando con atención. Este juicio involucra la trágica muerte de una estudiante estadounidense de 23 años llamada Rachel Corrie. El 16 de marzo de 2003 murió aplastada por una topadora militar israelí.
 
Rachel era voluntaria del grupo Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI) que se formó luego de que Israel y Estados Unidos rechazaran una propuesta de la entonces Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, de enviar observadores internacionales de derechos humanos a los territorios ocupados. El MSI se define como “un movimiento liderado por palestinos comprometido con la resistencia a la ocupación israelí de tierra palestina mediante métodos y principios no violentos y de acción directa”. Israel estaba construyendo un gran muro de acero para separar Rafah de Egipto, y estaba demoliendo casas y jardines con topadoras para crear una “zona de contención”. Rachel Corrie y otros siete activistas del MSI fueron convocados aquel día de marzo para proteger la casa de la familia Nasrallah, amenazada de demolición por dos topadoras blindadas israelíes, fabricadas por la empresa estadounidense Caterpillar.
 
Cindy Corrie, la madre de Rachel, relató lo sucedido: “La topadora avanzó hacia Rachel. Ella asumió una posición que dio a entender que no se movería. Tenía puesto su chaleco naranja. Cuando la topadora continuó avanzando, ella se paró sobre el terraplén y un testigo declaró que su cabeza se asomaba por encima de la hoja de la topadora, o sea que se la podía ver claramente, pero la topadora siguió avanzando sobre ella, hasta aplastar su cuerpo. Se detuvo y luego dio marcha atrás, según la declaración del testigo, sin levantar la hoja, de manera que retrocedió nuevamente por encima de ella. Sus amigos gritaban todo el tiempo a los conductores de la topadora que se detuvieran. Corrieron hacia ella rápidamente y ella les dijo: ‘Creo que me quebré la espalda’. Esas fueron sus últimas palabras”.
 
Poco después de la muerte de Rachel, la familia Corrie se reunió con el Departamento de Estado del gobierno de Bush. Fue en ese momento que surgió por primera vez la idea de presentar una demanda civil, mencionada por el propio jefe de personal del entonces Secretario de Estado Colin Powell, Lawrence B. Wilkerson. Craig Corrie, el padre de Rachel, recuerda: “El me dijo: ’Si fuera mi hija, los demandaría. No me importa el dinero. No me importaría nada. Demandaría al estado de Israel.” Finalmente, la familia Corrie terminó haciendo justamente eso.
 
Justo antes de dirigirse al Aeropuerto JFK en Nueva York para asistir al juicio en Haifa, Israel, Craig Corrie me habló de la demanda:

“Realmente, para nuestra familia esta es la culminación de siete años de pedir algún tipo de justicia por el asesinato de Rachel. Y hemos intentado por los medios diplomáticos, y hemos pedido una investigación encabezada por Estados Unidos de la muerte de Rachel. También entendemos que los israelíes, a través del Primer Ministro Sharon, prometieron al presidente Bush realizar una investigación exhaustiva, creíble y transparente acerca de la muerte de Rachel. Pero, según los parámetros de nuestro propio gobierno, eso no ha sucedido. Entonces sólo nos queda presentar una demanda civil. Así que estamos acusando al Estado de Israel de haber matado a Rachel en forma intencional o bien de ser culpable de flagrante negligencia en su muerte”.
 
Según un informe de Human Rights Watch de 2005, las “investigaciones de Israel acerca del asesinato de Corrie…no llegan a cumplir con la transparencia, la imparcialidad, y la exhaustividad exigidas por el derecho internacional”.
 
El juicio civil, dice Craig Corrie, no tiene que ver con los daños y perjuicios monetarios, sino con descubrir información, en el mismo sentido en que “[el Arzobispo sudafricano] Desmond Tutu habla de subsanar las lágrimas en la sociedad. Y creo que es más bien como una herida en el brazo, es imposible esperar que la mitad de una herida se cure y la otra mitad quede sin curar”. La familia Corrie nunca habla solamente de su hija, sino también sobre la difícil situación del pueblo palestino y el sitio israelí en Gaza. Según las últimas cifras del Comité Israelí Contra la Demolición de Viviendas, 24.145 viviendas han sido demolidas en los territorios ocupados desde 1967, entre ellas 4.247 que las Naciones Unidas estima fueron destruidas durante la Operación Plomo Fundido, como llamó Israel a su ataque militar contra Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009.
 
Por supuesto que no sólo se destruyeron viviendas. Más de 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron. La familia Corrie también expresa preocupación por el daño psicológico infligido a los soldados israelíes. Craig Corrie dijo, “Perdimos a Rachel, y eso duele todos los días, pero el conductor de una topadora perdió gran parte de su humanidad cuando aplastó a Rachel. B’Tselem nos dijo, por ejemplo, que en 2004, creo, la mayor causa de muertes, proporcionalmente, de soldados israelíes, fue el suicidio. Esto tiene un costo enorme para los soldados”.
 
El comienzo del juicio coincide con la primera visita de Joe Biden a Israel como Vicepresidente. Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Biden procuró obtener respuestas por la muerte de Rachel Corrie durante las audiencias de confirmación del Embajador de Estados Unidos en Israel James Cunningham.
 
Biden conoce el dolor de perder a una hija. Su propia hija murió junto a su primera esposa en un accidente automovilístico en 1972. La familia Corrie pide a la gente de todo el mundo que los acompañe el 16 de marzo, en el aniversario de la muerte de Rachel, en busca de verdad, responsabilidad y justicia.
 
Cindy Corrie dice, “B’Tselem y Human Rights Watch y otras organizaciones han hablado de la impunidad de la que gozan las fuerzas armadas israelíes debido a que no deben rendir cuentas en tribunales ni en otros ámbitos. Y espero que la gente se movilice para decir ‘Ya fue suficiente’ y para pedir que se haga justicia por Rachel, pero vinculando su caso con estos temas más amplios”.

Publicado el 10 de marzo de 2010.
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Domingo, 07 Marzo 2010 08:03

Matar a un monseñor

Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.

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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.

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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.

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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.

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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.

Por Santiago O’Donnell

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Bogotá, 16 de febrero. Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el contexto de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, según la fiscalía, cifra que es muy superior según denuncias de las víctimas a organismo independientes y que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.

Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, unos 4 mil 112 ex miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los 80 y su desmovilización a partir de 2003.

Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30 mil muertos y desaparecidos, y muy por encima de la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

Suman más de 30 mil los muertos por esos grupos ultraderechistas: la fiscalía de Colombia.

Asesinatos confesados por paramilitares, a la altura de ex dictaduras del cono sur.

Las matanzas, casi iguales a las de la Argentina de Videla y por encima de las de Pinochet en Chile.

Unos 32 mil desmovilizados gozan de beneficios y protección de ley promovida por Álvaro Uribe.



Las autoridades verifican la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios, explicó a Afp una fuente del organismo.

Una ley promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.

La fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 85 matanzas, mil 437 reclutamientos de menores, 2 mil 520 desapariciones forzadas, 2 mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 33 secuestros.

"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Alvaro Villarraga.

"Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto", enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación, quien dirige la Fundación Cultura Democrática.

Hasta diciembre, la fiscalía verificó la existencia de 485 masacres –la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque–, mil 93 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.

La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los miembros de las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.

Unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos humanitarios han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

En particular, Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó hacia Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.

Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los de narcotráfico.

En este contexto, la fiscalía reportó que el ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría, Pipa, a quien se atribuye unos 2 mil 500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá.

Mientras, el ex fiscal Rodrigo Miranda acusó al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la muerte de tres presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, el 27 de enero.

El ex fiscal superior especial de Panamá en el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), dijo que el incidente en áreas limítrofes se deriva de los "acuerdos secretos" entre Martinelli y Uribe.
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Hace 20 años un hombre negro era asesinado, su sangre regada por las calles de Oakland no resultaba novedad para los miembros de la comunidad. Se había hecho tan usual los ajustes de cuentas, la venganza por drogas, la violencia entre hermanos. ¿Pero que había detrás de esa bala que acabo con su vida? ¿Cuál era su trágico significado? No era simplemente un muerto más, era la simbolización de la derrota de los sueños. Esos mismos que se atragantaron en las porfías de la historia controlada por los poderosos. Ellos se sobaban las manos, al fin lo habían conseguido, no sólo acabar con la revolución, sino que también con su mito, y la encarnación de este. Aquel hombre se llamaba Huey Newton.

El mismo que fue declarado un “peligro a la seguridad nacional de EEUU”, el mismo que fundó uno de los más importantes grupos revolucionarios de la oleada que azotó al mundo en los años 60, el Partido Pantera Negra. Heredero del pensamiento de Malcolm X, el partido se transformó en una organización que fue capaz de hacer una política creativa, no ya desde los principios no violentos defendidos por Martin Luther King Jr., sino que desde la perspectiva de la autodefensa como derecho legítimo de una comunidad para resguardar su seguridad y garantizar su pleno desarrollo como hombres y mujeres libres. Las panteras entendían que la no violencia había muerto con el Dr. King. No había nada que esperar de la sociedad racista norteamericana. La realidad era muy cruda como para no verla, los abusos, la represión, la violencia policial por el sólo hecho de ser negros, la respuesta ya no podía ser más la sumisión.

Sorprendente las panteras se constituyeron como un grupo armado ¡dentro de la legalidad! Utilizando ese “sagrado” derecho constitucional a portar armas (propio de la enferma sociedad norteamericana), enfrentaron a los policías que una y otra vez asechaban las comunidades. Con las panteras, el deleite de golpear negros sólo por el hecho de serlo no sería el mismo, desde entonces un policía lo pensaría dos veces, sino su vida estaría en riesgo. Así la primera intervención pública del grupo fue para proteger a un hermano de una brutal paliza. De repente los policías agresores, atónitos observaban como se acercaban unos muchachos, vestidos en cuero, una boina, y un ¡fusil en los brazos!, preguntaron atemorizados “¿Esas armas están cargadas?” ante lo cual Huey respondió “¡Eso no te importa cerdo racista!”. La dignidad desde entonces jamás volvería a ser pisoteada tan fácil, eran las panteras que entraban en la escena de la historia.

Pero no sólo fueron un grupo de autodefensa, buscaron mucho más allá. Plantearon la opresión de los negros en relación con el sistema capitalista, como resultado de este, el racismo no podía ser un fenómeno aislado, tenía que ser comprendido desde el comienzo por la transformación del hombre en mercancía, en paria, en su negación de tal. Por ello miraron hacia el marxismo, hacia las revoluciones que estaban en curso, muy en particular cubana, que había logrado lo tan anhelado por los negros, rebelarse. Las panteras pudieron ver finalmente a los negros como lo que son, un caso particular de colonialismo, fueron pues un grupo político revolucionario del tercer mundo, incrustado en la realidad del primero. Nutriéndose de Fanon y Mao, sin ser calco y copia, sino expresión concreta y real de la situación que les toco vivir. ¿Cómo explicar sino el concepto de black power? Las panteras fueron las madres intelectuales de aquel, entendiéndolo como la autogestión y el autogobierno de la comunidad. Y no sólo eso, fueron capaces de llevarlo a la práctica. El ejemplo más patento de ello, los desayunos infantiles, que mucho esfuerzo y sacrificio significaron a sus militantes, los cuales muchas veces tenían que dejar de desayunar por favorecer a un niño pobre. La calidad moral de una pantera se transformaba en algo admirable, el hombre nuevo se podía aunque fuese un poquito, verse caminar por la calles de los ghettos norteamericanos.

No obstante el enemigo era gigante, nada menos que ¡el imperio más grande de la historia!, que vio en las panteras una amenaza que tenía que ser abortada cuanto antes. Para ello el FBI desarrolló un especial plan de inteligencia, COINTELPRO (que también fue usado contra independentistas puertorriqueños), que tuvo por objeto acabar con las panteras, y no sólo eso, sino que también enfermar de crisis terminal las comunidades negras, el caldo de cultivo de nuevos rebeldes no se podía permitir. Para lo primero se usaron técnicas de represión, montajes judiciales, presos políticos que se hacían pasar por “comunes”, y sobretodo la división del partido en base a la infiltración, y al agitamiento interno usando informaciones falsas, que terminarían por quebrar a las panteras en mil pedazos. Lo segundo consistió en el internamiento del negocio del narcotráfico a escala gigantesca en las comunidades negras, era necesario disciplinarlas al costo que fuera, y si implicaba la muerte en vida de ellas no importaba pues eso no iba en contra de la “seguridad nacional” sino que al contrario, la protegía.

La vida de Huey, fue pues la historia de las panteras y de sus hermanos negros de las comunidades. De rebelde y organizador, de haber pasado por las cárceles del imperio,y deleitar el sabor de la libertad, pasó (luego de su exilio en Cuba) a ser uno más del ghetto, pero aquel ya no era el mismo, ya no habían desayunos infantiles, ya no había autodefensa. El black power se veía lejano o lo que es peor, se había olvidado. Los gángsters, los dealers, y la droga se apoderaron de las comunidades, las mismas que en Oakland habían visto nacer la esperanza de las panteras, vieron caer al hombre que otrora se había convertido en su encarnación más genuina. Todo por un poco de crack que había robado. Una vez muerto no tuvo más consuelo que una rosa con el mensaje “A Huey, por los primeros años”.

Por Juan Pablo Carrillo Ramos
Rebelión

Fuente original: http://pensar-rebelde.blogspot.com/2009/08/huey-por-los-primeros-anos.html

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Miércoles, 17 Junio 2009 06:25

Guatemala: aflora estructura paramilitar

Guatemala, 16 de junio. Transcurrido un mes de la llamada “crisis de mayo”, desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: “Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”, los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de “irreparable daño a la democracia” de este país, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado.

En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión política se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herede- ras de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en día han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. “Fuerzas ocultas”, las llama la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crímenes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).

En un país en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados –el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg– dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.

Por un lado, la Guatemala de los canches (los no indígenas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital), que por unos días vivieron la ilusión de que podrían bajar del poder a Álvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.

En la provincia del país, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raíz india, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que “los de la capital” pretendían quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva.

“Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad”, asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

El golpe de Estado no es opción

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado en un país cuyo pasado está marcado por estas fracturas fue la principal defensa de Colom en los días más agitados de la crisis. Algunas opiniones consideran que sólo fue una pantalla discursiva.

“¿Otro golpe en Guatemala, hoy en día? No, ¿con qué? Sería inaceptable para la comunidad internacional”, se opina en medios políticos y diplomáticos.

Claudia Samayoa agrega: “Sí fue un golpe a la gobernabilidad. Pero no llegó a tener poder suficiente para poner en riesgo a las instituciones”.

Ésta es una cronología elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser “el mandadero de los empresarios”, como habían sido la mayoría de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no había llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.
Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los países donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB. Como punto de comparación, México, que no es un paraíso de equidad fiscal, tiene una recaudación de 18 por ciento del PIB.

La plebeya igualada

Además, nombró a su cónyuge Sandra Torres al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). Desde ahí la mujer ha proyectado su liderazgo para lanzarse en las próximas elecciones, siguiendo el rastro de la ambición de otras esposas de mandatarios, algunas frustradas, otras exitosas y unas más en prospecto (Hillary Clinton, Marta Sahagún, Cristina Fernández, Rosario Murillo).

Gustavo Porras, que fue guerrillero en los años setenta y representante del gobierno durante los diálogos de paz en los noventa, admite que es difícil de explicar “el furor” que levanta doña Sandra, vista por la clase dominante como “la plebeya igualada, imagen viviente de lo que más odia una burguesía con pretensiones aristocráticas”, y caracterizada por su “imprudencia verbal” al divulgar sus obras sociales “como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo XXI”.

Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textilero y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.

Después de una primera invitación y en medio de una trama de corrupción que hasta estos días no se ha aclarado, la oferta fue retirada. Musa y su hija fueron asesinados el 13 de abril.

Su abogado, Rosenberg, tenía una relación sentimental con la hija. Estaba casado con Alejandra de Angoitia, pariente de los Azcárraga de Televisa. Había prestado servicios a la embajada mexicana.

Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David García, de que también su vida corría peligro y que debía dejar testimonio de ello.

Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.

La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El CACIF se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia.

Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadunidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA.

El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.

por, Blanche Petrich/ I
 

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Después de casi 36 años de silencio, José Paredes, uno de los soldados que ejecutó en septiembre de 1973 al cantautor y director teatral Víctor Jara, prisionero de los militares golpistas, confesó su participación y fue sometido a proceso y detenido como presunto autor del homicidio por orden del juez Juan Fuentes, quien investiga el caso. Paredes, que entonces con 18 años cumplía el servicio militar, integró el pelotón que acribilló con 44 disparos al autor de El cigarrito y Manifiesto, dos de las canciones de Jara que se han transformado en universales e interpretan artistas de la talla de Serrat, Sabina y Silvio Rodríguez, entre otros.

Paredes estaba detenido junto con otro ex conscripto desde el viernes y había confesado su participación a la policía. Al ir a declarar el lunes ante el magistrado quiso retractarse, pero este resolvió procesarlo. Sus declaraciones comenzaron a desenredar una investigación que el juez Fuentes quiso cerrar con un solo procesado, el coronel Mario Manríquez, director del campo de prisioneros improvisado por los militares en el Estadio Chile, y fue reabierta por presión de los querellantes, quienes hicieron un llamado público a que se entregaran más antecedentes y pidieron 90 nuevas diligencias.

La clave para acercase a los autores directos la tenían los ex conscriptos que hacían la mili y fueron enviados a custodiar a los más de 5.000 partidarios del derrocado gobierno del presidente Salvador Allende detenidos en las graderías del Estadio Chile, un recinto cercano al palacio de La Moneda.

Paredes cumplía el servicio militar en el regimiento Tejas Verdes, cuyo jefe era Manuel Contreras, quien después fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet.

El regimiento envió dos secciones desde el puerto de San Antonio a custodiar a los prisioneros, que en Santiago los militares dejaron primero en el Estadio Chile y después, cuando ya no cabían en ese recinto techado, en el Estadio Nacional, el mayor campo de fútbol del país. Jara fue detenido al día siguiente del golpe militar junto con otros 600 estudiantes y académicos de la Universidad Técnica del Estado que quisieron resistir desarmados el golpe militar.

Recibió un tratamiento brutal en el estadio. Militante comunista, era uno de los símbolos culturales de la experiencia socialista de Allende. Los soldados rompieron a culatazos sus manos, lo golpearon y dejaron sin alimentos ni agua. Otros prisioneros lo ayudaron, pero su suerte ya estaba decidida.

Un subteniente jugó a la ruleta rusa con un revólver en la sien del cantautor y le dio el primer disparo mortal en los subterráneos del estadio. Después ordenó a Paredes y otros conscriptos disparar al cuerpo, que convulsionaba agónico, para rematarlo, según su relato, narrado por el Centro de Investigación Periodística. Detrás presenciaba la escena el oficial Nelson Haase, a cargo de los interrogatorios en ese recinto y que después se incorporó a la DINA.

Catorce prisioneros corrieron la misma suerte de Jara ese día. El cuerpo del cantautor fue arrojado después en la calle y su viuda, Joan Jara, lo pudo rescatar de la morgue entre cientos de víctimas, gracias a la valentía de un funcionario del servicio de identificación que lo reconoció y fue a avisarle a su domicilio.

El nombre de Haase surgió por primera vez en relación con el caso de Jara. En la DINA tuvo labores operativas y hoy, con 62 años, es propietario de una empresa de muebles y decoraciones. En declaraciones al diario La Nación negó haber estado en el Estadio Chile y dijo que en la fecha del crimen se encontraba en el sur del país.

El juez ordenó a la policía determinar la participación de Haase y pidió nuevas diligencias. La justicia busca identificar a un oficial conocido como El Príncipe, a quien los prisioneros describieron como rubio, alto y de voz enérgica, y que fue quien más se ensañó con Jara.

Joan Jara, la viuda del cantautor, sostuvo que "la justicia se acerca a la verdad" y recordó que su querella original fue contra Pinochet. "Acá hay otros culpables. Son la gente que mandó disparar y torturar".

Para el abogado querellante Nelson Caucoto, donde "hubo acción de un conscripto hay la orden de un oficial y deben ser tratados con el máximo rigor de la ley, porque los soldados sólo fueron la carne de cañón".

Albañil, jardinero y camarero de un restaurante en San Sebastián, un balneario a cien kilómetros de la capital, Paredes alegó que "yo sólo era un pelao nomás" cuando era trasladado a la cárcel de alta seguridad y pidió "buscar los altos mandos".

Por, MANUEL DÉLANO - Santiago - 27/05/2009
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Lunes, 18 Mayo 2009 06:40

Dos marchas, dos Guatemalas

Siete días pasaron desde el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien acusó a través de un video post mortem al presidente Alvaro Colom y a su entorno más cercano de su muerte y desató una crisis política en el país centroamericano. La tensión se acumuló durante toda la semana y ayer más de 50 mil personas coparon las calles de la capital divididas en dos marchas distintas. Una, a favor del presidente de centroizquierda y en defensa de la democracia frente a lo que denuncian como intentos de desestabilización por parte de la oposición, y otra, unida bajo el reclamo de justicia y esclarecimiento del crimen en la cual también se pidió la renuncia del mandatario.

La Plaza Constitución, frente a la Casa de Gobierno, albergó a unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país en defensa del oficialismo. La convocatoria fue lanzada por el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, según el diputado Juan Alfaro, uno de sus organizadores, el respaldo del pueblo a Alvaro Colom fue masivo.

Con pancartas en las manos luciendo imágenes del presidente Colom, decenas de miles le manifestaron su apoyo al jefe de Estado. “Colom, amigo, el pueblo está contigo” y “Alvaro, presidente amigo, Guatemala entera está contigo”, fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse entre este grupo de gente.

La mayoría de los que corearon durante toda la mañana su adhesión al oficialismo fueron indígenas y comunidades enteras de campesinos llegados a la Capital desde el interior del país y sus zonas rurales; allí es donde la pobreza registra sus índices más altos en Guatemala; no obstante, es también en esas zonas, según informes de diversas ONG, donde se concentró la mayor parte de la ayuda y los programas sociales del gobierno durante los dos años de su gestión.

Como contracara, y a poco más de un kilómetro de distancia, unas 15.000 personas, en su mayoría sectores de clase media y clase alta, se vistieron de blanco y marcharon hacia Plaza Italia, frente a la Alcaldía capitalina, reclamando el esclarecimiento del asesinato del abogado Rosenberg, en un país donde el 98 por ciento de los asesinatos queda sin resolver y las muertes violentas alcanzan 17 por día.

Sin embargo, al tiempo que muchos clamaban por justicia, un sector pedía directamente la renuncia del presidente. No estamos pidiendo que se destituya al presidente ni organizamos un golpe de Estado ni queremos una revolución”, precisó Oscar Díaz, uno de los jóvenes que organizaron la marcha en contra del presidente a través de foros de Internet. “Sólo queremos justicia”, agregó.

Pero el accionar de algunos grupos en las calles pareció desmentirlo: varios grupos de manifestantes pedían a gritos la renuncia de Colom o bien un juicio para desaforarlo y así permitir que se investiguen las acusaciones del abogado. Para ello, no se quedaron quietos: un grupo de voluntarios anunció ayer que había recogido más de 30 mil firmas –del millón que se necesitan– para pedir el juicio político en contra de Alvaro Colom.

Ana Isabel Mata Castillo, una ama de casa que estuvo en la marcha opositora, quiso diferenciarse de aquellos que pedían la cabeza del mandatario y aclaró que ella salió a las calles únicamente por la violencia que se vive en su país y por el fin de la impunidad. “Aquí no estamos por la renuncia del presidente; aquí estamos luchando por todos, por los choferes que matan, por la gente a la que roban en los autobuses del servicio público. Estamos luchando por toda Guatemala”, explicó la mujer.

En su video grabado tres días antes de morir, el abogado Rodrigo Rosenberg señaló como eventuales responsables de su muerte al presidente Alvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos. De acuerdo con la versión del abogado, él habría descubierto una red de corrupción al más alto nivel en el Estado que estaría desviando fondos públicos a través de un banco estatal para programas sociales inexistentes.
 

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Domingo, 17 Mayo 2009 06:52

El crimen que hace temblar a un país

Dura apenas 18 minutos, pero ese vídeo sobrecogedor ha generado la peor crisis política de la democracia guatemalteca. Sus ecos resuenan por todo el planeta. "Buenas tardes, me llamo Rodrigo Rosenberg Marzano, y lamentablemente, si usted está viendo u oyendo este mensaje, es porque fui asesinado". Y sí, cuando el mundo vio la grabación, el lunes pasado, ese hombre moreno y encorbatado era un cadáver con tres balazos, uno de ellos en su frente despejada. Lo habían matado la víspera, mientras paseaba en bicicleta, convencido de que era inútil pretender escapar al destino. Un destino, auguró, que había sido sentenciado por el presidente de la República, Álvaro Colom, y su círculo más cercano.

Quienes lo conocían dicen que Rosenberg había sido siempre algo fatalista, un rasgo que desentonaba en ese catedrático de 47 años, brillante y vital, graduado en Cambridge y Harvard y con una fama inmejorable. A Rosenberg le desesperaba ver a Guatemala secuestrada por el crimen organizado y la corrupción. Luchaba por adecentar el país que iban a heredar sus cuatro hijos.

Su vida dio un vuelco el 14 de abril, cuando cuatro sujetos acribillaron a Khalil Musa, un empresario del sector textil, y a su hija, Marjorie. Los Musa eran clientes suyos. Y nadie en su entorno oculta que Rodrigo, divorciado dos veces, estaba enamorado de Marjorie. Rosenberg se lanzó a investigar. Se negaba a que sus amigos fueran "una estadística más" en ese 98% de asesinatos impunes.

"Estaba convencido de que lo iban a matar". El periodista Mario David García, presentador del programa Hablando Claro, de Emisoras Unidas, recibió la visita de Rosenberg el miércoles 6 de mayo. "Me entregó un documento para que lo difundiera si algo le pasaba. Le dije que no tenía sentido que yo lo leyera. Entonces propuso que lo grabáramos, en audio y en vídeo. Volvió al día siguiente, a las 17.30. Monté mi cámara casera en un trípode, y Rodrigo me ayudó a poner como fondo un viejo cobertor azul que uso para proteger la fotocopiadora. Yo pensé que iba a leer el texto, pero lo deja de lado y empieza a hablar como se ve: no hay un solo corte. Es mente y corazón en acción".

En esa grabación estremecedora, Rosenberg explica que la raíz del triple asesinato (el de los Musa y el suyo propio) está en una trama de corrupción en Banrural, entidad mixta que maneja cuantiosos recursos del Estado. El presidente Colom y su secretario privado, Gustavo Alejos, habían invocado el "buen nombre" de Musa para pedirle que se incorporase sin sueldo a la junta directiva de Banrural, y el empresario había aceptado sin imaginar que estaba siendo utilizado en una pugna entre dos bandos que utilizaban el banco para "sus negocios ilegales", entre otros la financiación de "los proyectos fantasma de la señora del presidente y el lavado de dinero del narcotráfico de Gregorio Valdez [constructor, financiador de Colom y uno de los grandes contratistas del Estado]". Según Rosenberg, Valdez y Alejos habían amenazado con "cerrarle la boca". Dice tener pruebas, pero no se fía, como nadie en Guatemala, de un sistema judicial calamitoso.

García hizo una copia del DVD y le dio el original al abogado. "Le insté a que cambiara de estrategia, que acudiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y aireara el caso para protegerse. Quedamos para el lunes a mediodía. Le dije que trajera pruebas documentales, porque sus acusaciones eran muy fuertes. El domingo me desperté con la noticia de su asesinato. Y yo tenía una brasa en las manos".

El lunes, tras una reunión de urgencia, Emisoras Unidas y los tres principales diarios deciden difundir conjuntamente el vídeo. En el funeral, el empresario Luis Mendizábal, amigo de Rosenberg, reparte copias del DVD que le había entregado el abogado. El país se paraliza. Los servidores de Internet se colapsan. Más allá de las acusaciones, el vídeo de Rosenberg es un llamamiento conmovedor a la movilización ciudadana. "No tengo complejo de héroe ni deseo de morir. Pero no podemos seguir igual, viendo cómo están acabando con Guatemala los narcotraficantes, los asesinos y los ladrones".

Acorralado, el socialdemócrata Colom ha tachado el vídeo de montaje y ha señalado a Mario David García, que fue relacionado con una intentona golpista en los ochenta, y a Mendizábal, asesor en temas de seguridad de varios Gobiernos. La lista de "conspiradores" incluye desde el opositor Partido Patriota hasta narcotraficantes y militares de la vieja guardia.

Lejos de funcionarle, esta estrategia ha tenido un efecto bumerán. Los intentos de desviar el tiro y cuestionar a la propia víctima han indignado a una opinión pública saturada de corrupción y violencia. La presión para que el presidente dimita amenaza con generar una crisis institucional. "Para salir limpio de la crisis, Colom debe dejar de respaldarse tras el fantasma de un plan maquiavélico desestabilizador con el que ya aburre", señalaba el escritor Méndez Vides en El Periódico. "El Gobierno tiene que admitir que algo malo ocurre en casa y estar dispuesto a levantar muebles y alfombras hasta dar con quienes ordenaron el crimen".

Tampoco ha ayudado la airada salida de la primera dama: "Es la palabra de un fallecido contra la mía", ha dicho Sandra Torres, una mujer impositiva a la que sus detractores consideran el poder detrás del trono. Torres ha concentrado en sus manos los programas de ayudas sociales del Gobierno, que maneja, dice la oposición, con gran opacidad. "Reparte a troche y moche, en plan Evita, porque quiere suceder al marido en la presidencia", comenta una analista que pide el anonimato. "Una reedición de los Kirchner".

La fiscalía y la comisión designada por la ONU para apoyar a Guatemala en la lucha contra la impunidad (Cicig) no desechan ninguna hipótesis: desde el entorno de Rosenberg hasta el equipo de Colom, o que un tercero conociera la existencia del vídeo y aprovechara para matar al abogado y dar un golpe contundente al Gobierno, como ha ocurrido en otros crímenes de alto impacto en los últimos años. La presencia de la Cicig es la última esperanza de que, esta vez sí, se dé con los asesinos. Mientras, Rosenberg se ha convertido ya en un héroe para millones de conciudadanos.


MAITE RICO - Madrid - 17/05/2009

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