Miércoles, 19 Enero 2011 07:40

El asesinato de Lumumba

En la mañana del 30 de junio de 1960, en Leopoldville (hoy Kinshasa), el rey Balduino I de Bélgica pensó que tras declarar en persona la independencia de la República Democrática del Congo, pueblo y colonos quedarían eternamente agradecidos con la metrópoli colonial. Pero algo salió mal.

Patricio Lumumba, joven primer ministro del gobierno presidido por Joseph Kasavubu, tomó el micrófono y los encargados del protocolo quedaron tiesos: "Nunca más seremos vuestros monos", dijo Lumumba en las narices del rey. El monarca de la casa eeal de Sajonia-Cobenza-Gotha empalideció, y tuvo que oír las desgarradoras palabras del líder nacionalista:

“Durante los 80 años del gobierno colonial, sufrimos tanto que no podemos alejar las heridas de la memoria. Nos han obligado a trabajar como esclavos por salarios que ni siquiera nos permiten comer lo suficiente para ahuyentar el hambre, o encontrar vivienda, o criar a nuestros hijos como los seres queridos que son…

“Hemos sufrido ironías, insultos y golpes nada más porque somos negros… ¿Quién podrá olvidar las masacres de tantos de nuestros hermanos, o las celdas en que han metido a los que no se someten a la opresión y explotación? Hermanos, así ha sido nuestra vida.”

Totalmente inesperado en la agenda (una ceremonia ordenada y agradecida con el amo blanco), el discurso estremeció a los pueblos del África negra y el mundo colonial. En Bélgica, la prensa conservadora atacó a Lumumba, manifestando que su muerte sería “…una bendición para el Congo”.

El diario católico La Libre Belgique estimó que algunos ministros lumumbistas “…se han convertido como primitivos e imbéciles, o como criaturas comunistas” (12/7/1960). Marcel de Corte, profesor de moral y filosofía de la Universidad de Lieja, expresó de Lumumba: "Es un bárbaro que hace llorar de rabia a los oficiales, cuando bastaría un gesto viril de uno de éstos para librar al planeta de su sangrante despojo" (ídem, 27/7/1960).

En Los últimos 50 días de Patricio Lumumba (investigación de G. Heinz y H. Donnay) se apunta que desde antes del histórico discurso, Lumumba era considerado en los medios europeos como el político congoleño a quien había que separar a toda costa del poder.

El periodista P. de Vos, dirigente de importantes sociedades coloniales, escribió que deseaba ver al líder nacionalista “…muerto con una bala en su pellejo… Sé que habrá en uno de los asilos de Kasai, un loco que se encargará de este trabajo” (Ibérico Europea de Ediciones, Madrid 1970, p. 31).

En septiembre de 1960, el coronel Joseph Mobutu (quien de 1965 a 1997 gobernó despóticamente el país que rebautizó con el nombre de "Zaire"), dio un golpe de Estado, y Lumumba fue detenido en las afueras de Kinshasa. Liberado por su escolta y militantes del Movimiento Nacional Congoleño (MNC), el líder retornó a la ciudad, donde arengó a la multitud.

Simultáneamente, las potencias imperialistas entraban en acción. A un mes de la toma de posesión del gobierno, con el respaldo de Washington, París y Bruselas, el títere Moisé Tshombé declaraba la secesión de Katanga, ubérrima provincia minera que durante la Segunda Guerra Mundial fue la principal fuente de caucho, y minerales como el titanio y cobalto. El uranio usado para las bombas atómicas que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki provino de la mina Shinkolobwe, una de las tantas administradas por el "Congo Belga".

Lumumba pidió ayuda a Moscú, y Allen Dulles, jefe de la CIA, sugirió quitarlo de en medio “…lo antes posible”. El presidente Dwight Eisenhower autorizó la acción. El ejército y los cascos azules de la ONU arrestaron a Lumumba el 10 de octubre. El premier consiguió nuevamente escapar, y trató de llegar a Stanleyville (hoy Kisangani), su principal base de apoyo. Finalmente, fue detenido por los hombres de Mobutu.

El 10 de enero Lumumba fue embarcado en un avión civil belga y piloteado por un belga, que lo trasladó a Elizabethville (hoy Lubumbashi), capital de la provincia de Katanga. Durante las seis horas del viaje, mercenarios belgas y soldados congoleños lo torturaron y golpearon sin piedad.

Ludo de Witte, sociólogo flamenco, quien en 2000 publicó una enjundiosa investigación con base en archivos oficiales belgas y documentación de Naciones Unidas, desbarató la versión oficial de Bruselas, que durante 30 años atribuyó el crimen a "ajustes de cuentas" entre las distintas facciones congoleñas.

La tarde del 17 de enero, Lumumba y sus colaboradores Mauricio Mpolo y José Okito, fueron amarrados a un árbol y asesinados uno tras otro por militares belgas en una ejecución supervisada a corta distancia por Tshombé. De Witte probó que la operación llamada Barracuda fue dirigida por el capitán belga Julián Gat.

Otro belga, el comisario Gerard Soete, jefe de policía de Tshombé, confesó a la televisión de Bruselas VRT (y también a De Witte) que se le ordenó hacer desparecer a las víctimas con ácido sulfúrico. De recuerdo, Soete se quedó con dos dientes de Lumumba, y una bala incrustada en el cráneo.

Por José Steinsleger
Publicado enInternacional
Quito, 31 de octubre. Alberto Acosta toma su portafolio y se dispone a salir de su cubículo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pues sus alumnos lo esperan en el salón de clases. Concluye la entrevista con La Jornada con una frase que resume, no sólo su rechazo a la vía golpista que estuvo nuevamente a punto de apoderarse de la escena ecuatoriana el 30 de septiembre, sino su deslinde ante la ambigüedad que mantienen organizaciones indígenas y progresistas frente al peligro que vivió ese día el proceso de cambio que, con sus luces y sombras, hubiera sido sofocado definitivamente por las armas, hace un mes.
 
Todo se puede hacer dentro de la constitución, nada al margen y menos en contra de ella.
 
Acosta es un político de izquierda que impulsó la idea de la revolución ciudadana ecuatoriana; un economista que vio en su discípulo Rafael Correa madera de líder y lo introdujo al universo del movimiento social que en 2006 finalmente conquistó la presidencia. Fue clave en la formación del partido Alianza PAIS y en la forja de la Constitución de Montecristi, una de las más avanzadas de Latinoamérica hoy en día. Es también crítico implacable del presidente.
 
La mancuerna Acosta-Correa se rompió en 2008. Fue una fractura que alejó del gobierno al sector social y a una parte de la intelectualidad progresista. A pesar de ello, el actual profesor de Flacso rechaza el alegato de quienes, contra toda evidencia, niegan que el 30 de septiembre se intentó derrocar, incluso asesinar la mandatario.
 
Se paralizó golpe al Estado
 
“Si no estuvo fraguado antes, sí hubo un intento de golpe después; más bien un golpe al Estado, porque lo paralizaron. Eso es lo que recomienda el teórico clásico de los golpes de Estado Curzio Malaparte en su Técnica del golpe de Estado, escrita en 1931.”
 
Voces antiCorrea, lo mismo desde la derecha que desde la izquierda o del movimiento indígena, ridiculizan la versión de que la vida de Correa estuvo peligro. Acosta afirma: Está probado hasta la saciedad: al presidente de la república se le quiso asesinar al final de la jornada.
 
Cita otro saldo aún más preocupante: las fuerzas armadas, omnipresentes en la vida política de Ecuador en el siglo XX, volvieron a ser el fiel de la balanza.
 
La nueva constitución les quitó a los militares ese rol. Su única tarea es garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial. En la práctica volvieron a ser actores dirimentes de la democracia.
 
–Con los elementos a la vista ¿cual sería el interés de negar esta evidencia?
 
–Fue un ensayo general. Los grupos golpistas ya pueden hacer su lectura: ¿cómo reacciona Correa? Ya le midieron ¿Cual es la capacidad de respuesta de su gobierno como grupo organizado? Muy limitada. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de su movimiento político? Una gran maquinaria electoral con una muy pobre capacidad de movilización. ¿Cuál fue el papel de la Asamblea Nacional? Nulo. ¿Qué hicieron los líderes de PAIS? Perdidos en el espacio.
 
“El ensayo dio a los golpistas información muy valiosa. Y me temo que el próximo intento no va a ser un golpe de Estado como los que eran tradicionales. Un accidente en el que desaparezca el Correa y este proceso está terminado, no tiene futuro. (Hay un antecedente en el país: la muerte del ex presidente Jaime Roldós en un dudoso accidente aéreo en 1981).
 
–¿Qué dice esto de la naturaleza de la revolución ciudadana?
 
–Terminó descansando en un solo hombre. Nunca se planteó la necesidad de tener un líder indiscutible, menos con prácticas mesiánicas y personalistas a ultranza. Pero en la práctica eso es lo que se ha construido. Y no porque el presidente Correa lo haya buscado directamente, pero así es.
 
–¿Qué es esto que llaman socialismo del siglo XXI?
 
–Yo no veo tal socialismo, ni del siglo XXI. No estoy en contra del socialismo, al contrario, pero todavía no estamos caminando hasta allá. Lo que se ha hecho es reinventar el extractivismo del siglo XXI. Uno de los elementos fundamenta- les del plan de gobierno 2007-2011 tenía entre otros objeti- vos construir una economía diferente, no atada a la producción y exportación de bienes primarios. Fuimos país cacao- tero, bananero, camaronero, floricultor y ahora se abre la puerta al país minero. Queríamos superar la dependencia de los productos primarios que mar- can y caracterizan nuestro es- tado de subdesarrollo.”
 
–¿La maldición de la abundancia, que usted ha descrito?
 
–No hemos sabido cómo romperla. Y hay cómo hacerlo. Ni Correa ni Chávez se lo cuestionan. Evo sí, pero todos terminan apostando por un neoextractivismo. Tiene aspectos interesantes: mayor participación del Estado en la renta minera o petrolera, mayor control del Estado en las actividades mineras, canalizar esos recursos a los sectores sociales. Pero no se cuestiona la forma de inserción sumisa en el mercado internacional como exportadores de materias primas.
 
Esta revolución ciudadana no ha dado cuenta de una manera adecuada –como es de esperar– en reducción de la pobreza; por el contrario, aumenta, y más para los indígenas. Eso explica también el malestar de sus organizaciones.
 
–¿Cómo le afectó al sector bancario tener que vender sus empresas mediáticas?
 
–A los banqueros sus medios les generaban pérdidas, pero les daban mucho poder político. En Ecuador los grupos económicos poderosos consolidaron su poder alrededor de la banca y controlan la televisión y la radio.
 
–¿A quién conviene un golpe de Estado que deje trunco este proceso?
 
–Muchos banqueros pueden estar interesados. Lo que significó para Estados Unidos perder a sus unidades de inteligencia en Ecuador, su base de Manta, la disolución de la antigua partidocracia, lo que significa la nueva constitución –de vanguardia, de ruptura– para afectar los privilegios de las oligarquías.
 
Los grupos de derecha, intactos
 
–¿Cómo sale Correa de esto? ¿Debilitado, fortalecido?
 
–Según las encuestas, fortalecido. Pero con una gran fragilidad, unas fuerzas armadas posicionadas como garantes de la democracia, un partido –Alianza PAIS– endeble para enfrentar la política real. Los grupos de derecha que están intactos y el movimiento indígena dividido. Lástima que Correa ha sido el principal promotor para la violación de varios aspectos de esta constitución: minería, hidrocarburos, agua, cosas que no se están cumpliendo.
 
–¿Por qué se rompió esa alianza?
 
–Correa los ha insultado a diestra y siniestra. Pero desde el sector social tampoco ha habido capacidad de convocar una defensa de la democracia desde la Constitución.
 
–Hay quienes dicen que si no se ve una alternativa para la sucesión de Correa desde una perspectiva progresista es porque Alberto Acosta se hizo a un lado.
 
–No, no. Yo sí estoy en la política, pero no en la política contingente. Prefiero que Alianza PAIS haga un esfuerzo por rencontrarse con sus orígenes y salir adelante. Ésa es la opción.

Por Blanche Petrich
Enviada
Publicado enInternacional
Ni su avanzada edad (85 años) ni los argumentos sobre su estado de salud pudieron impedirlo. El dictador argentino Jorge Rafael Videla volvió este viernes a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el fusilamiento en 1976 de 29 presos políticos en una cárcel de la provincia de Córdoba, en el centro del país.

Han pasado 25 años desde que el dictador fue condenado a cadena perpetua en el histórico juicio a las Juntas Militares, pero cinco años después fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem.

Durante cuatro meses, 60 testigos desfilarán por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, donde Videla comparece junto al general Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 imputados. Los cargos: homicidio calificado y aplicación de torturas.

Los hechos ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando se decidió el fusilamiento de los presos, que habían sido detenidos antes del golpe de Estado de ese mismo año.

El fusilamiento se justificó con argumento de que los presos políticos habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín, lo cual se demostró falso.

Organismos de derechos humanos consideran este proceso como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares, que en 1985 concluyó con condenas de prisión perpetua para Videla y el almirante Emilio Massera, y severas penas para otros jerarcas de la dictadura.

Gracias a la amnistía presidencial de Menem, Videla y otros líderes de la dictadura -en la desaparecieron unas 30.000 personas, según las organizaciones de derechos humanos- estuvieron durante 20 años al resguardo de un proceso judicial. Pero un juez acabó por anular el indulto con el que se había beneficiado, decisión que la Corte Suprema de Justicia ratificó en abril de este año.

El fallo determinó que las amnistías no protegen de los delitos de lesa humanidad, decretó la inconstitucionalidad de los indultos y recordó la obligación de los estados de "esclarecer [los delitos] e identificar a sus culpables".

Videla, el primero de los cuatro presidentes que hubo durante la última dictadura argentina y que gobernó de facto el país entre 1976 y 1981, estaba detenido desde finales de 2008 en una cárcel de la unidad militar de Campo de Mayo, después de que un juez federal le revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozó durante una década.
Robo de niños

La semana pasada fue trasladado desde una cárcel militar bonaerense a una celda del penal de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa, para que pudiera asistir este viernes al inicio del juicio en su contra.

Jaime Díaz, presidente del tribunal que le juzgará, adelantó que el dictador está "perfectamente bien" de salud a pesar del cáncer de próstata que padece. La delicada salud fue uno de los argumentos usados por la defensa de Videla para tratar de esquivar a la Justicia.

El ex presidente de facto afronta múltiples causas judiciales, entre ellas por el robo de hijos de desaparecidos durante el régimen militar y por el Plan Cóndor, como se denomina a la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur americano en las décadas de 1970 y 1980.

En agosto próximo, Videla volverá a sentarse en el banquillo, esta vez en la norteña provincia de Santiago del Estero, para responder por el secuestro y asesinato de un estudiante en 1976.
Publicado enInternacional
Desde luego, me ha enfurecido el hecho de que hombres armados ataquen barcos en aguas internacionales, maten a pasajeros que intentaron resistirse y después esos mismos secuestradores obliguen a las embarcaciones capturadas a ir a sus puertos. Me refiero, por supuesto, a los piratas somalíes que asuelan a barcos occidentales en el océano Índico. ¿Cómo se atreven esos terroristas a tocar nuestras naves desarmadas en altamar? Qué bueno que nuestros buques de guerra permanecen en esa zona: para prevenir actos terroristas.

¡Ups! Al menos los israelíes no han exigido rescate. Sólo quieren que los periodistas les hagan propaganda de guerra. Apenas comenzada la semana, los comandos guerreros israelíes atacaron un barco turco con ayuda humanitaria para Gaza y mataron a tiros a nueve de sus pasajeros. Para el fin de semana, quienes protestaban se habían convertido en activistas armados por la paz, antisemitas violentos, quienes profesan el pacifismo mientras rezuman odio y machacan a otro ser humano con un tubo de metal. Me gustó esta última parte. El hecho de que la persona que estaba siendo golpeada aparentemente disparaba contra otro ser humano con un rifle no es retomado en esta extraña versión de la realidad.

Las familias turcas de los pasajeros afirman que sus hijos son mártires, pues así llaman a quienes han muerto por disparos de los israelíes, y esto ha dado pie para que los israelíes confirmen que existe una guerra santa (jihad). “Desde ese barco de ayuda humanitaria, un srilanqués me envió un mensaje que decía: ‘tenía yo a bordo a mi sobrina, sobrino y su esposa. Desafortunadamente, Ahmed (el sobrino de 20 años) recibió un disparo en la pierna y ahora recibe tratamiento bajo custodia militar. Te mantendré informado’”. Y así fue. En cuestión de horas, la prensa estaba ya en casa de la familia srilanquesa radicada en Australia, y exigía saber si Ahmed era jihadista o un potencial atacante suicida. La propaganda funciona ¿ven?

No hemos visto una sola fotografía de los que protestaron porque los israelíes se robaron el cargamento de ayuda. Nadie nos ha dicho aún cómo fue que el barco turco, que transportaba a tan despiadados hombres, no fue capturado durante su largo viaje desde Turquía debido a su plan de ayudar a los terroristas, aun cuando la nave mantuvo comunicación con diversos puertos. Sin embargo, el profesor Gil Troy, de la Universidad McGill de Montreal, quien escribe en el rabioso diario Canadian National Post, tuvo la oportunidad de escupir bilis contra los pacifistas armados el pasado jueves.

Personalmente, no me sorprendieron los asesinatos a bordo del barco turco. En Líbano tuve oportunidad de ver a esa turba de ejército al que llaman de elite actuar sin disciplina alguna y disparar a civiles. Los vi observar la matanza de palestinos en Sabra y Chatila la mañana de un 18 de septiembre (un día después de la carnicería) a manos de sus violentos aliados de la milicia libanesa. Presencié la masacre de Qana, ejecutada por tiradores israelíes en 1996, y escuché a uno de los soldados llamar a los 106 civiles muertos, muchos de ellos niños, arabushimi, que es un término despectivo contra los árabes que fue publicado tal cual por la prensa israelí.

Entonces, el gobierno del premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, afirmó, de manera totalmente falsa, que había terroristas entre los civiles muertos, pero ¿a quién le importó? Después ocurrió la segunda matanza de Qana en 2006, y luego en 2008 y 2009 fueron asesinados mil 300 palestinos, en su mayoría niños, y así sucesivamente...

Bueno, después se difundió el reporte Goldstone, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que concluyó que las tropas israelíes, (al igual que Hamas) cometió crímenes de guerra en Gaza, pero el documento fue tachado de antisemita, y su autor, el respetado jurista judío Richard Goldstone, de Sudáfrica, fue calumniado y llamado hombre perverso por el siempre vociferante Al Dershowitz, de Harvard. El documento, además, fue tildado de controversial por la valiente administración de Obama. Controversial, por cierto, significa básicamente: Vete a la mierda. Existen dudas al respecto, verán; es un asunto traicionero.

Volvamos a nuestra cronología. Después tuvimos el asesinato por parte del Mossad de un funcionario de Hamas en Dubai, en el que estuvieron involucrados al menos 19 pasaportes falsificados, británicos y de otras nacionalidades. ¿La respuesta que dio nuestro patético ministro del Exterior del anterior gobierno, David Miliband? Lo llamó incidente, pero no tocó el tema del asesinato de un fulano en Dubai, dénse cuenta. Sólo se trató de la duplicación de pasaportes británicos, un tema sumamente controversial y bueno, ahora tuvimos el asesinato de nueve pasajeros en el mar, a manos de los nuevos héroes israelíes.

Lo sorprendente de esto es cuántos periodistas occidentales, incluida la pusilánime cobertura de la BBC sobre los barcos de ayuda a Gaza, están escribiendo como periodistas israelíes, mientras éstos escriben sobre los asesinatos con el valor que los comunicadores occidentales deberían demostrar.

En cuanto al ejército israelí, hablemos del devastador reporte que Amos Harelis escribió para Haaretz, en el que analiza la conformación de las filas militares. En el pasado, muchos de los soldados venían de la tradición de izquierda de los kibutz, de Tel Aviv y sus alrededores o de la planicie costeña de Sharon. En 1990, sólo 2 por ciento de los cadetes eran judíos ortodoxos. Hoy los religiosos conforman 30 por ciento de los soldados. Seis de cada siete tenientes coroneles en la brigada Golani son religiosos. Más de 50 por ciento de los comandantes en los batallones de infantería son nacional religiosos.

No hay nada de malo en ser religioso. Aunque Harelis no enfatice este punto, muchos ortodoxos apoyan la colonización de Cisjordania, y por lo tanto, se oponen a un Estado palestino.

Son los colonizadores ortodoxos israelíes quienes más odian a los palestinos e insisten en borrar cualquier oportunidad que exista para la formación del Estado palestino, de la misma forma en que funcionarios de Hamas quisieran borrar del planeta a Israel.

Irónicamente, fueron los superiores del viejo ejército israelí quienes alentaron a los terroristas de Hamas a construir mezquitas en Gaza para que existiera un contrapeso para el terrorista Yasser Arafat cuando estaba en Beirut. Yo fui testigo de una de las reuniones que se celebraron con ese fin.

Pero será la misma historia del pasado y seguirá así hasta que el mundo despierte. Nunca conocí un ejército tan democrático como el de Israel, afirmó el infortunado filósofo francés Bernard-Henri Levy horas antes de la matanza de Sabra y Chatila.

Sí, el ejército israelí no es el segundón de nadie; es sobresaliente, humanitario y heroico. Nada más no se lo digan a los piratas somalíes.

Por Robert Fisk

The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
Publicado enInternacional
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.

“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González. El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.

Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El País de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.

El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.

Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años.

María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.

La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.

El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.

La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.
Publicado enInternacional
Jueves, 11 Marzo 2010 19:32

El juicio (póstumo) de Rachel Corrie

Esta semana comienza un juicio poco común en Israel, que la gente de todo el mundo estará observando con atención. Este juicio involucra la trágica muerte de una estudiante estadounidense de 23 años llamada Rachel Corrie. El 16 de marzo de 2003 murió aplastada por una topadora militar israelí.
 
Rachel era voluntaria del grupo Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI) que se formó luego de que Israel y Estados Unidos rechazaran una propuesta de la entonces Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, de enviar observadores internacionales de derechos humanos a los territorios ocupados. El MSI se define como “un movimiento liderado por palestinos comprometido con la resistencia a la ocupación israelí de tierra palestina mediante métodos y principios no violentos y de acción directa”. Israel estaba construyendo un gran muro de acero para separar Rafah de Egipto, y estaba demoliendo casas y jardines con topadoras para crear una “zona de contención”. Rachel Corrie y otros siete activistas del MSI fueron convocados aquel día de marzo para proteger la casa de la familia Nasrallah, amenazada de demolición por dos topadoras blindadas israelíes, fabricadas por la empresa estadounidense Caterpillar.
 
Cindy Corrie, la madre de Rachel, relató lo sucedido: “La topadora avanzó hacia Rachel. Ella asumió una posición que dio a entender que no se movería. Tenía puesto su chaleco naranja. Cuando la topadora continuó avanzando, ella se paró sobre el terraplén y un testigo declaró que su cabeza se asomaba por encima de la hoja de la topadora, o sea que se la podía ver claramente, pero la topadora siguió avanzando sobre ella, hasta aplastar su cuerpo. Se detuvo y luego dio marcha atrás, según la declaración del testigo, sin levantar la hoja, de manera que retrocedió nuevamente por encima de ella. Sus amigos gritaban todo el tiempo a los conductores de la topadora que se detuvieran. Corrieron hacia ella rápidamente y ella les dijo: ‘Creo que me quebré la espalda’. Esas fueron sus últimas palabras”.
 
Poco después de la muerte de Rachel, la familia Corrie se reunió con el Departamento de Estado del gobierno de Bush. Fue en ese momento que surgió por primera vez la idea de presentar una demanda civil, mencionada por el propio jefe de personal del entonces Secretario de Estado Colin Powell, Lawrence B. Wilkerson. Craig Corrie, el padre de Rachel, recuerda: “El me dijo: ’Si fuera mi hija, los demandaría. No me importa el dinero. No me importaría nada. Demandaría al estado de Israel.” Finalmente, la familia Corrie terminó haciendo justamente eso.
 
Justo antes de dirigirse al Aeropuerto JFK en Nueva York para asistir al juicio en Haifa, Israel, Craig Corrie me habló de la demanda:

“Realmente, para nuestra familia esta es la culminación de siete años de pedir algún tipo de justicia por el asesinato de Rachel. Y hemos intentado por los medios diplomáticos, y hemos pedido una investigación encabezada por Estados Unidos de la muerte de Rachel. También entendemos que los israelíes, a través del Primer Ministro Sharon, prometieron al presidente Bush realizar una investigación exhaustiva, creíble y transparente acerca de la muerte de Rachel. Pero, según los parámetros de nuestro propio gobierno, eso no ha sucedido. Entonces sólo nos queda presentar una demanda civil. Así que estamos acusando al Estado de Israel de haber matado a Rachel en forma intencional o bien de ser culpable de flagrante negligencia en su muerte”.
 
Según un informe de Human Rights Watch de 2005, las “investigaciones de Israel acerca del asesinato de Corrie…no llegan a cumplir con la transparencia, la imparcialidad, y la exhaustividad exigidas por el derecho internacional”.
 
El juicio civil, dice Craig Corrie, no tiene que ver con los daños y perjuicios monetarios, sino con descubrir información, en el mismo sentido en que “[el Arzobispo sudafricano] Desmond Tutu habla de subsanar las lágrimas en la sociedad. Y creo que es más bien como una herida en el brazo, es imposible esperar que la mitad de una herida se cure y la otra mitad quede sin curar”. La familia Corrie nunca habla solamente de su hija, sino también sobre la difícil situación del pueblo palestino y el sitio israelí en Gaza. Según las últimas cifras del Comité Israelí Contra la Demolición de Viviendas, 24.145 viviendas han sido demolidas en los territorios ocupados desde 1967, entre ellas 4.247 que las Naciones Unidas estima fueron destruidas durante la Operación Plomo Fundido, como llamó Israel a su ataque militar contra Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009.
 
Por supuesto que no sólo se destruyeron viviendas. Más de 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron. La familia Corrie también expresa preocupación por el daño psicológico infligido a los soldados israelíes. Craig Corrie dijo, “Perdimos a Rachel, y eso duele todos los días, pero el conductor de una topadora perdió gran parte de su humanidad cuando aplastó a Rachel. B’Tselem nos dijo, por ejemplo, que en 2004, creo, la mayor causa de muertes, proporcionalmente, de soldados israelíes, fue el suicidio. Esto tiene un costo enorme para los soldados”.
 
El comienzo del juicio coincide con la primera visita de Joe Biden a Israel como Vicepresidente. Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Biden procuró obtener respuestas por la muerte de Rachel Corrie durante las audiencias de confirmación del Embajador de Estados Unidos en Israel James Cunningham.
 
Biden conoce el dolor de perder a una hija. Su propia hija murió junto a su primera esposa en un accidente automovilístico en 1972. La familia Corrie pide a la gente de todo el mundo que los acompañe el 16 de marzo, en el aniversario de la muerte de Rachel, en busca de verdad, responsabilidad y justicia.
 
Cindy Corrie dice, “B’Tselem y Human Rights Watch y otras organizaciones han hablado de la impunidad de la que gozan las fuerzas armadas israelíes debido a que no deben rendir cuentas en tribunales ni en otros ámbitos. Y espero que la gente se movilice para decir ‘Ya fue suficiente’ y para pedir que se haga justicia por Rachel, pero vinculando su caso con estos temas más amplios”.

Publicado el 10 de marzo de 2010.
Publicado enInternacional
Domingo, 07 Marzo 2010 08:03

Matar a un monseñor

Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.

- - -

Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

- - -

Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.

- - -

D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.

- - -

“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.

- - -

El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.

Por Santiago O’Donnell

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enInternacional
Bogotá, 16 de febrero. Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el contexto de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, según la fiscalía, cifra que es muy superior según denuncias de las víctimas a organismo independientes y que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.

Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, unos 4 mil 112 ex miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los 80 y su desmovilización a partir de 2003.

Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30 mil muertos y desaparecidos, y muy por encima de la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

Suman más de 30 mil los muertos por esos grupos ultraderechistas: la fiscalía de Colombia.

Asesinatos confesados por paramilitares, a la altura de ex dictaduras del cono sur.

Las matanzas, casi iguales a las de la Argentina de Videla y por encima de las de Pinochet en Chile.

Unos 32 mil desmovilizados gozan de beneficios y protección de ley promovida por Álvaro Uribe.



Las autoridades verifican la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios, explicó a Afp una fuente del organismo.

Una ley promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.

La fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 85 matanzas, mil 437 reclutamientos de menores, 2 mil 520 desapariciones forzadas, 2 mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 33 secuestros.

"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Alvaro Villarraga.

"Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto", enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación, quien dirige la Fundación Cultura Democrática.

Hasta diciembre, la fiscalía verificó la existencia de 485 masacres –la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque–, mil 93 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.

La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los miembros de las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.

Unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos humanitarios han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

En particular, Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó hacia Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.

Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los de narcotráfico.

En este contexto, la fiscalía reportó que el ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría, Pipa, a quien se atribuye unos 2 mil 500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá.

Mientras, el ex fiscal Rodrigo Miranda acusó al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la muerte de tres presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, el 27 de enero.

El ex fiscal superior especial de Panamá en el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), dijo que el incidente en áreas limítrofes se deriva de los "acuerdos secretos" entre Martinelli y Uribe.
Publicado enInternacional
Hace 20 años un hombre negro era asesinado, su sangre regada por las calles de Oakland no resultaba novedad para los miembros de la comunidad. Se había hecho tan usual los ajustes de cuentas, la venganza por drogas, la violencia entre hermanos. ¿Pero que había detrás de esa bala que acabo con su vida? ¿Cuál era su trágico significado? No era simplemente un muerto más, era la simbolización de la derrota de los sueños. Esos mismos que se atragantaron en las porfías de la historia controlada por los poderosos. Ellos se sobaban las manos, al fin lo habían conseguido, no sólo acabar con la revolución, sino que también con su mito, y la encarnación de este. Aquel hombre se llamaba Huey Newton.

El mismo que fue declarado un “peligro a la seguridad nacional de EEUU”, el mismo que fundó uno de los más importantes grupos revolucionarios de la oleada que azotó al mundo en los años 60, el Partido Pantera Negra. Heredero del pensamiento de Malcolm X, el partido se transformó en una organización que fue capaz de hacer una política creativa, no ya desde los principios no violentos defendidos por Martin Luther King Jr., sino que desde la perspectiva de la autodefensa como derecho legítimo de una comunidad para resguardar su seguridad y garantizar su pleno desarrollo como hombres y mujeres libres. Las panteras entendían que la no violencia había muerto con el Dr. King. No había nada que esperar de la sociedad racista norteamericana. La realidad era muy cruda como para no verla, los abusos, la represión, la violencia policial por el sólo hecho de ser negros, la respuesta ya no podía ser más la sumisión.

Sorprendente las panteras se constituyeron como un grupo armado ¡dentro de la legalidad! Utilizando ese “sagrado” derecho constitucional a portar armas (propio de la enferma sociedad norteamericana), enfrentaron a los policías que una y otra vez asechaban las comunidades. Con las panteras, el deleite de golpear negros sólo por el hecho de serlo no sería el mismo, desde entonces un policía lo pensaría dos veces, sino su vida estaría en riesgo. Así la primera intervención pública del grupo fue para proteger a un hermano de una brutal paliza. De repente los policías agresores, atónitos observaban como se acercaban unos muchachos, vestidos en cuero, una boina, y un ¡fusil en los brazos!, preguntaron atemorizados “¿Esas armas están cargadas?” ante lo cual Huey respondió “¡Eso no te importa cerdo racista!”. La dignidad desde entonces jamás volvería a ser pisoteada tan fácil, eran las panteras que entraban en la escena de la historia.

Pero no sólo fueron un grupo de autodefensa, buscaron mucho más allá. Plantearon la opresión de los negros en relación con el sistema capitalista, como resultado de este, el racismo no podía ser un fenómeno aislado, tenía que ser comprendido desde el comienzo por la transformación del hombre en mercancía, en paria, en su negación de tal. Por ello miraron hacia el marxismo, hacia las revoluciones que estaban en curso, muy en particular cubana, que había logrado lo tan anhelado por los negros, rebelarse. Las panteras pudieron ver finalmente a los negros como lo que son, un caso particular de colonialismo, fueron pues un grupo político revolucionario del tercer mundo, incrustado en la realidad del primero. Nutriéndose de Fanon y Mao, sin ser calco y copia, sino expresión concreta y real de la situación que les toco vivir. ¿Cómo explicar sino el concepto de black power? Las panteras fueron las madres intelectuales de aquel, entendiéndolo como la autogestión y el autogobierno de la comunidad. Y no sólo eso, fueron capaces de llevarlo a la práctica. El ejemplo más patento de ello, los desayunos infantiles, que mucho esfuerzo y sacrificio significaron a sus militantes, los cuales muchas veces tenían que dejar de desayunar por favorecer a un niño pobre. La calidad moral de una pantera se transformaba en algo admirable, el hombre nuevo se podía aunque fuese un poquito, verse caminar por la calles de los ghettos norteamericanos.

No obstante el enemigo era gigante, nada menos que ¡el imperio más grande de la historia!, que vio en las panteras una amenaza que tenía que ser abortada cuanto antes. Para ello el FBI desarrolló un especial plan de inteligencia, COINTELPRO (que también fue usado contra independentistas puertorriqueños), que tuvo por objeto acabar con las panteras, y no sólo eso, sino que también enfermar de crisis terminal las comunidades negras, el caldo de cultivo de nuevos rebeldes no se podía permitir. Para lo primero se usaron técnicas de represión, montajes judiciales, presos políticos que se hacían pasar por “comunes”, y sobretodo la división del partido en base a la infiltración, y al agitamiento interno usando informaciones falsas, que terminarían por quebrar a las panteras en mil pedazos. Lo segundo consistió en el internamiento del negocio del narcotráfico a escala gigantesca en las comunidades negras, era necesario disciplinarlas al costo que fuera, y si implicaba la muerte en vida de ellas no importaba pues eso no iba en contra de la “seguridad nacional” sino que al contrario, la protegía.

La vida de Huey, fue pues la historia de las panteras y de sus hermanos negros de las comunidades. De rebelde y organizador, de haber pasado por las cárceles del imperio,y deleitar el sabor de la libertad, pasó (luego de su exilio en Cuba) a ser uno más del ghetto, pero aquel ya no era el mismo, ya no habían desayunos infantiles, ya no había autodefensa. El black power se veía lejano o lo que es peor, se había olvidado. Los gángsters, los dealers, y la droga se apoderaron de las comunidades, las mismas que en Oakland habían visto nacer la esperanza de las panteras, vieron caer al hombre que otrora se había convertido en su encarnación más genuina. Todo por un poco de crack que había robado. Una vez muerto no tuvo más consuelo que una rosa con el mensaje “A Huey, por los primeros años”.

Por Juan Pablo Carrillo Ramos
Rebelión

Fuente original: http://pensar-rebelde.blogspot.com/2009/08/huey-por-los-primeros-anos.html

Publicado enInternacional
Miércoles, 17 Junio 2009 06:25

Guatemala: aflora estructura paramilitar

Guatemala, 16 de junio. Transcurrido un mes de la llamada “crisis de mayo”, desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: “Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”, los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de “irreparable daño a la democracia” de este país, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado.

En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión política se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herede- ras de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en día han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. “Fuerzas ocultas”, las llama la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crímenes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).

En un país en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados –el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg– dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.

Por un lado, la Guatemala de los canches (los no indígenas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital), que por unos días vivieron la ilusión de que podrían bajar del poder a Álvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.

En la provincia del país, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raíz india, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que “los de la capital” pretendían quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva.

“Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad”, asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

El golpe de Estado no es opción

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado en un país cuyo pasado está marcado por estas fracturas fue la principal defensa de Colom en los días más agitados de la crisis. Algunas opiniones consideran que sólo fue una pantalla discursiva.

“¿Otro golpe en Guatemala, hoy en día? No, ¿con qué? Sería inaceptable para la comunidad internacional”, se opina en medios políticos y diplomáticos.

Claudia Samayoa agrega: “Sí fue un golpe a la gobernabilidad. Pero no llegó a tener poder suficiente para poner en riesgo a las instituciones”.

Ésta es una cronología elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser “el mandadero de los empresarios”, como habían sido la mayoría de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no había llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.
Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los países donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB. Como punto de comparación, México, que no es un paraíso de equidad fiscal, tiene una recaudación de 18 por ciento del PIB.

La plebeya igualada

Además, nombró a su cónyuge Sandra Torres al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). Desde ahí la mujer ha proyectado su liderazgo para lanzarse en las próximas elecciones, siguiendo el rastro de la ambición de otras esposas de mandatarios, algunas frustradas, otras exitosas y unas más en prospecto (Hillary Clinton, Marta Sahagún, Cristina Fernández, Rosario Murillo).

Gustavo Porras, que fue guerrillero en los años setenta y representante del gobierno durante los diálogos de paz en los noventa, admite que es difícil de explicar “el furor” que levanta doña Sandra, vista por la clase dominante como “la plebeya igualada, imagen viviente de lo que más odia una burguesía con pretensiones aristocráticas”, y caracterizada por su “imprudencia verbal” al divulgar sus obras sociales “como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo XXI”.

Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textilero y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.

Después de una primera invitación y en medio de una trama de corrupción que hasta estos días no se ha aclarado, la oferta fue retirada. Musa y su hija fueron asesinados el 13 de abril.

Su abogado, Rosenberg, tenía una relación sentimental con la hija. Estaba casado con Alejandra de Angoitia, pariente de los Azcárraga de Televisa. Había prestado servicios a la embajada mexicana.

Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David García, de que también su vida corría peligro y que debía dejar testimonio de ello.

Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.

La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El CACIF se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia.

Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadunidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA.

El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.

por, Blanche Petrich/ I
 

Publicado enInternacional