En Guatemala estalló una bomba política que ha cimbrado a la sociedad, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, recién había grabado un video en el que acusaba de su posible muerte al Presidente de la República, a su esposa y al Secretario Privado de la Presidencia. La noticia golpeó con fuerza brutal, y en los primeros momentos era muy difícil reaccionar de forma racional. Es muy fuerte ver las imágenes de una persona que le dice a uno: si usted está viendo este video es porque he sido asesinado; y que seguidamente responsabilice de su muerte a altas autoridades del país, termina de anonadar a cualquiera.
 
Esto en medio de tantas penurias económicas como efecto de la crisis mundial, las que todavía no tenemos la posibilidad de dimensionar claramente, y las amenazas que provienen de la epidemia generada por la gripe porcina, que las transnacionales insisten en que nos refiramos a ella con el inocuo nombre de AH1N1, seguramente para no afectar a las poderosas empresas que han industrializado la producción de cerdos en varios países del mundo y que están en el centro de las sospechas del origen del virus.
 
No es posible predecir los efectos negativos que esta demoledora situación creará en el largo plazo a la ya debilitada institucionalidad del país. Aunque también existe la posibilidad de que produzca efectos positivos, esto está condicionado a que sean exitosas las investigaciones que desarrollará la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala de la ONU, Cicig, en un complejo caso que no se limita al asesinato del abogado Rosenberg, ya que él refiere la posibilidad de su muerte a las investigaciones que estaba realizando respecto del repudiable asesinato del industrial Khalil Musa y de su hija Marjorie.
 
Está muy claro que el contenido del video que contiene estas acusaciones, y la versión escrita que Rosenberg dejó firmadas, no contienen datos precisos que puedan concluir que hay clara responsabilidad judicial en los mencionados, a los que hay que agregar al Presidente, Gerente y  un funcionario más del Banco de Desarrollo Rural. Sin embargo esto podría cambiar si los documentos probatorios que Rosenberg afirma entregará, incluyen acusaciones más sustentadas.
 
Por eso, sin la desafortunada muerte del referido abogado, por cierto una persona notable en algunos ámbitos empresariales y académicos, el video y el contenido de su escrito no tendrían mayor trascendencia. Aunque el tono que usa y las acusaciones que lanza son fuertes, se refiere de forma genérica a aspectos que en el mismo tono y con parecido contenido lanza casi a diario, el periodista Mario David García (la persona que ha reconocido haber realizado la grabación en su oficina) en su programa radial; y que expresan la fijación de grupos de la derecha más conservadora en contra de casi cualquier acción del Gobierno que encabeza el presidente Colom y en particular en contra de los programas sociales que está implementando.
 
La reacción social que está produciendo este grave hecho es de repudio generalizado, y a la mayoría de personas les importa muy poco que las acusaciones que contiene el video sean sustentadas o no, lo que de forma natural ha producido consternación y rechazo es la predicción de su muerte y que ésta se haya producido de la forma deleznable que usan los sicarios que lamentablemente están actuando con tanta libertad en Guatemala.
 
La reacción que el Gobierno ha tenido no ha sido la más afortunada, de nuevo pareciera que algo falla en los círculos cercanos al presidente, pero ni el tono, la forma ni el contenido de sus declaraciones son del tipo que la gente espera o necesita. A pesar de que los hechos que se han ido revelando aportan muchos elementos para sospechar que muchas cosas raras pasaron alrededor de esta situación, y que podrían haber otros actores que no salen a la luz todavía; el equipo del presidente Colom debiera considerar que la percepción que se genera en la sociedad es un hecho concreto, más allá que sea fundamentada en la realidad o no, en una situación como ésta la forma es tan importante como el contenido.
 
La situación de debilidad en que el video y el asesinato han colocado al Gobierno puede tener efectos desastrosos para la gobernabilidad del país, y estos efectos negativos pueden ir bastante más lejos del presidente Colom y su entorno más cercano. Bien dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades; pero el rumbo que tome el país, aún si éste se encamina a un abismo no parece estar en las contemplaciones de sus más fuertes detractores.
 
La voz de serenidad la está tratando de imponer el director de la Cicig, Carlos Castresana, institución y persona que luego de irracional oposición de las ultraderechas, afortunadamente han terminado siendo de lo más confiable y respetable en el país, referidos al tema de la justicia. La acción más coherente del gobierno ha sido pedir que sea la Cicig la que realice las investigaciones sobre las acusaciones del abogado Rosenberg.
 
Y en ese sentido, en una especie de vorágine, se han ido revelando varios elementos que para un criterio tan agudo como el de Castresana seguramente tendrán vital importancia. Para sólo mencionar uno, sería muy importante conocer en qué circunstancias fue grabado y cuantas personas tuvieron conocimiento de la existencia del video, antes de ser cometido el asesinato, y cuáles pueden ser las responsabilidades por el manejo del mismo.
 
Hoy mismo, en el programa de entrevistas de Emisoras Unidas, Carlos Castresana ha tratado de aportar serenidad y ha llamado a la calma. Es esperanzador que un tan fuerte crítico de la actuación del Ministerio Público, haya dicho que “hasta ahora el papel del MP ha sido impecable, desde que se produjo el levantamiento del cadáver, cuando no lo sea, yo lo diré”. Castresana también llamó a la serenidad, y pidió tiempo para crear las condiciones y  todo mundo juegue con las reglas.
 
En buena medida el futuro de la gobernabilidad del país está en la posibilidad de que la Cicig puede desarrollar una investigación exitosa, y los antecedentes de su director permiten esperar que, sean quienes sean los responsables de los tres asesinatos, éstos serán denunciados y procesados (pero esto no puede significar que nosotros, la sociedad de este país, no asumamos los niveles de responsabilidad que nos corresponden). Sin embargo, hay que considerar que varios grupos con intereses inconfesados no están interesados en la verdad, ni en que se haga justicia, sino en generar el caso y sacar provecho.
 
 
- Enrique Álvarez es Director del servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM.
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El asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg dio pie a que los sectores golpistas de siempre desataran en la nación centroamericana una ofensiva cuyo fin declarado es ponerle término al gobierno del presidente Alvaro Colom, quien lleva poco más de un año en el cargo y que ha tomado medidas tanto para combatir la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, como para disminuir la lacerante desigualdad social y económica.

Se dirá que el abogado Rosenberg grabó un video en el que señalaba que lo iban a matar y responsabilizaba de ello al presidente de la república, a su esposa y a algunos colaboradores del mandatario. Cuando lo asesinaron el video fue profusamente difundido y los señalados como presuntos asesinos fueron puestos en la picota pública sin que se planteara una pregunta fundamental ¿es concebible que alguien que cree que lo van a matar no haga nada por evitarlo sino que se limite a esperar a que el hecho ocurra porque ha dejado un video acusatorio que supuestamente será su carta de triunfo cuando ya esté muerto?

En esos términos le hice la pregunta a varios psicólogos, los que coincidieron en que esa actitud podía ser consecuencia de un manejo perverso sobre una persona que estuviera enfrentando algún problema. Con el paso de los días surgieron otras informaciones en la prensa guatemalteca, relacionadas con el asesinato del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, por el cual Rosenberg, que era su abogado, también responsabilizó al gobierno.

Las investigaciones de los tres crímenes no están en manos del gobierno, sino que a petición de éste las realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad, organismo que depende de Naciones Unidas. A pocos días de iniciado el trabajo de esta Comisión, la prensa guatemalteca, que pertenece casi en su totalidad a la oposición, informó que se indagaba la existencia de una relación entre el abogado Rosenberg y Marjorie Mussa, asunto que no se volvió a mencionar.

Pero en Guatemala circulan varias versiones sobre lo sucedido y en ellas se afirma que la relación existía, que la señora Mussa se había separado o se separaría de su esposo y que su padre se oponía abiertamente a ello. A eso se agrega que los informes periciales indicarían que el objetivo del ataque de que fueron objeto los Mussa era solamente el empresario y que su hija recibió una bala que, al desviarse, le habría causado la muerte.

En ese contexto se formulan varias preguntas, una de ellas es quien quería matar a Khalil Mussa y la otra de qué manera la muerte de Marjorie Mussa pudo afectar al abogado Rosenberg, que sufría el trastorno bipolar desde su juventud, y hacerlo susceptible a un manejo perverso, del cual los principales sospechosos son el que grabó el video y el que lo distribuyó. La Comisión Internacional Contra la Impunidad determinará la efectividad de estas informaciones.

La violencia

Desde el derrocamiento del gobierno progresista del general Jacobo Arbenz en 1954, la violencia y la corrupción se han enseñoreado en Guatemala. Hay que recordar que el derrocamiento de Arbenz fue propiciado por el entonces presidente estadunidense Dwight Eisenhower, como respuesta a la aplicación de la ley de reforma agraria que expropió tierras de la United Fruit, lo que se consideró una amenaza a los intereses estadunidenses y Eisenhower declaró “La cortina de hierro cae sobre Guatemala”.

Junto con esa cortina cayeron sobre Guatemala la violencia, la discriminación y las matanzas que han afectado a la mayoritaria población indígena. Las dictaduras corruptas y violadoras de los derechos humanos que han dejado decenas de miles de muertos, facilitaron el ingreso y la instalación en ese país del narcotráfico. Como consecuencia, los grupos empresariales, el poder judicial, las policías e incluso el ejército también están contaminados.

Esta situación se ha dejado sentir además en el medio político, de ahí que aunque en 1985, con la elección del democratacristiamo Vinicio Cerezo como presidente se inaugurara el período de lo que se ha denominado la nueva democracia, los males persistan. A Cerezo lo sucedieron mandatarios ligados al poder militar de las anteriores dictaduras y aunque a algunos de ellos se los ha juzgado por sus crímenes y sus latrocinios, nada había cambiado hasta la elección de Alvaro Colom el año pasado.

Se calcula que más de cinco mil guatemaltecos son asesinados al año y que casi la totalidad de esos crímenes queda en la impunidad. Los narcotraficantes actúan al estilo de los colombianos, conviviendo con los campesinos del sector en que han sentado sus reales y ayudándolos económicamente. Y a las acciones del crimen organizado se agregan los manejos de los grupos empresariales que usan los organismos del Estado para su beneficio.

Colom

Alvaro Colom es un socialdemócrata que lidera la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, partido que lo postuló a la presidencia el año pasado. Fue un opositor activo a las pasadas dictaduras y es sobrino de Manuel Colom Arguetta, que fue una de las figuras más destacadas, nacional e internacionalmente, en la lucha por la democracia. Por eso fue asesinado en los años setenta.

En su gestión de gobierno, Colom se ha topado con la realidad que hemos descrito y a la que hay que agregar la gran pobreza que existe en el país. También tuvo que enfrentar el aislamiento internacional y ha desarrollado una política destinada a abrir relaciones y a ampliar los horizontes en busca del desarrollo. En lo interno ha puesto el acento en combatir la exclusión social.

Con ese propósito puso en práctica el Programa de Cohesión Social, para terminar con la exclusión, discriminación represión y asesinatos de la población rural e indígena. Ha buscado sanear la función pública y ha destituido a mas de 500 funcionarios, limpieza que también ha realizado en el ejército llamando a retiro a mas de mil jefes militares. Esto le ha significado grandes enemistades, especialmente entre los empresarios y los militares retirados que son los que lideran la oposición.

Lo sucedido en el Banrural es un claro ejemplo y eso lleva al caso Mussa, ya que Colom nombró a Khalil Mussa como presidente de ese banco, pero éste nunca pudo asumir el cargo debido a la oposición de los empresarios cafetaleros que también son parte del Banrural, donde hay una situación que tendrá que ser parte de las investigaciones en curso.

Mientras tanto, la oposición quiere imponer la renuncia de Colom, pero parece haberse topado con la reacción popular. Las marchas del domingo pasado fueron favorables al gobierno. Los opositores trataron de disminuirla diciendo que los manifestantes habían llegado en buses contratados para ese objeto. Y no podía ser de otra manera, Colom ganó las elecciones con los votos de las provincias, ahí está su mayor apoyo.

Pero la oposición no logró movilizar a los capitalinos porque en los sectores medios y populares Colom ha tenido un avance importante y observadores políticos que han visitado el país señalan que se debe a dos cosas, a que la gente percibe a su gobierno como el gobierno de los pobres y a su respuesta a las demandas de renuncia. Aludiendo a la sede del gobierno, el mandatario declaró ”Yo de esta casa sólo me voy muerto”.

Y esa afirmación ha hecho pensar también a los opositores.

Por, Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.
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El ministro de Interior del Gobierno en la franja de Gaza, Said Siam, considerado uno de los responsables más importantes del movimiento islamista Hamás, ha muerto hoy en un bombardeo de la aviación israelí sobre un edificio de tres plantas, que se vino abajo tras el ataque, han confirmado fuentes palestinas y de Israel. Siam tenía a su cargo la coordinación de unos 13.000 policías y miembros de seguridad de Hamás, muchos de los cuales están combatiendo a los soldados israelíes en esta ofensiva.

Junto a Siam también han perdido la vida su hijo y su hermano, Salah Abu Sharah, responsable de la seguridad de Hamás, mientras otras 20 personas han resultado heridas de gravedad en el ataque. Según el Ejército israelí, sus tropas también han cercado la vivienda de Mahmud al-Zahar, máximo ideólogo de Hamás en Gaza, quien permanece en paradero desconocido.

Este bombardeo forma parte de la ofensiva que ha continuado hoy Israel sobre la franja y que esta mañana ha resultado en un ataque a la sede de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria para los refugiados palestinos, en Gaza. Bombas israelíes han caído sobre el complejo de la agencia, hiriendo al menos a tres personas y destruyendo "todos los alimentos" que almacenaba. El complejo bombardeado alberga también un centro de formación en el que estaban refugiadas 700 personas. UNRWA, que ya tuvo que suspender sus actividades la semana pasada por la muerte de un camionero que conducía uno de sus camiones, ha expresado su protesta contra estas acciones "desmedidas", dado que el ejército israelí tiene las coordenadas de sus centros y conocen de antemano sus actividades. Israel ha pedido perdón a la ONU por el ataque y sostiene que milicianos palestinos atacaron a los soldados israelíes desde allí.

Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA en España, ha informado de una situación "caótica" en la sede de la agencia en Gaza tras el ataque. El bombardeo se ha producido a las 10 de la mañana y ha incendiando algunas instalaciones del complejo, por ejemplo el centro de formación, en el que se refugiaban 700 personas. Según UNRWA, "dos disparos de artillería y tres bombas de fósforo blanco" han caído en el complejo. El bombardeo ha provocado un incendio en los almacenes, "llenos de provisiones, alimentos y otros", destruyéndolos, y en el centro de formación. Añade Martí que dentro del recinto había varios camiones de combustible, listos para el reparto que efectúan diariamente, con el consiguiente peligro de incendio, informa Javier Salvatierra.

Poco después del ataque, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha pedido disculpas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por el "gran error" cometido por los militares. Horas después, el primer ministro, Ehud Olmert, ha asegurado que sus soldados "fueron atacados desde ese lugar". En cualquier caso, ha reiterado las diculpas por "las tristes consecuencias". Ban, que se encuentra de visita en la región para tratar de alcanzar un alto el fuego , había expresado antes su "enérgica protesta y rabia" a los ministros de Defensa y Exteriores y pedido una "completa explicación". A la condena por el ataque se ha sumado la UE -que ha expresado su "consternación"-, así como los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido. El presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, ha criticado, por su parte, este ataque que, as u juicio, evidencia "desprecio" hacia las leyes internacionales.

Tanques en la ciudad de Gaza

A la espera de dar una respuesta al plan egipcio de paz, aceptado ayer con condiciones por Hamás , Israel prosigue la ofensiva contra la franja. De hecho, la ha intensificado esta noche. Además de los bombardeos, tanques israelíes se han adentrado en la ciudad de Gaza por el sur, por lo que miles de palestinos han emprendido la huida por las calles. Al menos 15 palestinos han muerto en los ataques de hoy, según fuentes médicas palestinas. El número de palestinos muertos por la ofensiva ha superado ya el millar , por 13 israelíes -3 civiles y 10 soldados.

Los proyectiles israelíes han alcanzado también un edificio en el centro de la ciudad de Gaza el que tienen sus sedes varios medios de comunicación, entre otros la agencia Reuters. Un proyectil israelí ha impactado en el piso 13 de la torre Al Shuruq y dos periodistas han resultado heridos. Periodistas de Reuters han informado de que no tenían constancia de la presencia de hombres armados en las inmediaciones. El hospital Al Quds también ha sido alcanzado.

Los tanques israelíes, que ya estaban posicionados al norte y al sur de la ciudad, han penetrado por el barrio de Tel al Hawa, al sur, disparando sobre supuestos objetivos de Hamás, el movimiento islamista que domina la franja. Un residente en Gaza ha contado a Juan Miguel Muñoz que los ataques de esta noche han sido los más intensos desde que comenzó la ofensiva el pasado 27 de diciembre y que miles de personas huyen de los tanques ya en calles céntricas de la ciudad.

Cierre de Cisjordania durante 48 horas

Este jueves el Ministerio de Defensa israelí ha decidido imponer un "cierre general" en el territorio palestino ocupado de Cisjordania por motivos de seguridad, que se prolongará durante 48 horas. "De acuerdo con evaluaciones de seguridad se pondrá en marcha un cierre general en Judea y Samaria nombres bíblicos para Cisjordania)", informa un comunicado difundido por el Ejército israelí. El cierre se prolongará desde las a las 22.59 hora peninsular española (21.59 GMT) y se levantará el sábado 17 de enero a las 23.59.


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Miércoles, 20 Abril 2011 18:52

¿En qué va el caso de los niños de Tame?

Tras el asesinato de la doctora Gloria Gaona, jueza que conocía el caso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanitos, hechos ocurridos en octubre de 2010 en el municipio de Tame, José Álvaro Torres, padre de Jenny, Jimmy y Jefferson, recibió amenazas contra su vida y la de su núcleo familiar, lo cual lo obligó de nuevo a desplazarse y solicitar protección. Fue trasladado a Bogotá. Entre tanto, los abogados de las víctimas, quienes el mismo día del asesinato de la jueza también recibieron llamadas intimidatorias, solicitan a la Corte Suprema de Justicia que el proceso sea radicado en la capital del país para darle continuidad al juicio y evitar más hechos que atenten contra la justicia.

El 22 de marzo de 2011, pasadas las 8 de la mañana, cuando faltaban nueve días para que se reanudara la audiencia preparatoria que había sido suspendida luego de que la jueza Gaona advirtiera maniobras dilatorias por parte de la defensa del subteniente Muñoz, acusado de violar a dos menores de edad y luego asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, la jueza fue asesinada por un sicario en pleno corazón de Saravena. El homicida se acercó a pie y luego huyó en moto, tras dispararle sin piedad en la cabeza a la jueza cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
 
El hecho conmocionó al país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura reaccionaron repudiando el atentado contra una mujer consagrada a impartir justicia y que en ese momento llevaba el delicado caso del subteniente del Ejército que en octubre de 2010, cuando sucedieron los hechos, comandaba la cuadrilla Buitres 2, adscrita a la Brigada Móvil 5.

Sin duda, uno de los más afectados por el asesinato de la jueza fue el propio José Álvaro Torres, quien en ese momento residía en Saravena. “Me mataron a la juez”, llamó preocupado a informarles a sus abogados sobre la noticia que corría por el aire. “Yo nunca crucé palabra directamente con la jueza, pero si agradecí mucho que durante la última audiencia que hubo, que no pudimos terminar, ella le llamó la atención a la defensa y regañó a las abogadas por renunciar en la mitad de la audiencia, eso fue importante porque uno como familia de las víctimas se siente como si estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y viéndole la cara al asesino de mis hijos sin que nada pase. Ese día la mamá de los niños, que era la primera vez que iba, se desmayó porque le afectó mucho ver al militar que abusó de la niña y quien mató a nuestros tres hijos porque para nosotros fue él”, dice acongojado don José Álvaro.

Las autoridades también descalificaron el hecho. Desde el Vicepresidente de la república, pasando por senadores y el Ministro del Interior, altos funcionarios salieron al paso y en diferentes escenarios públicos y medios de comunicación condenaron lo sucedido, al tiempo que reclamaron celeridad y todo el peso de la ley para aclarar y condenar la muerte la jueza. De inmediato se iniciaron las investigaciones y se ofrecieron recompensas para identificar al asesino, de quien sólo se tiene su retrato hablado.

Independientemente de las ‘razones’ que tuvo el asesino, el proceso se ha visto afectado y la reanudación de la audiencia preparatoria, programada para el 31 de marzo, no se realizó. Tras la polémica generada por el eco que los medios de comunicación les dieron a los cuestionamientos que la jueza Gaona hizo de la Defensoría Militar (Demil), encargada de la defensa del subteniente Muñoz, aún no es claro si ellos continuarán con el proceso, pues públicamente se ha dicho que en sus estatutos está prohibido defender a personas acusadas de delitos sexuales.

El Juzgado de Saravena fue trasladado a Arauca y con él sus procesos, incluido el caso de los niños de Tame. El pasado 11 de abril fue respondida favorablemente la solicitud de Humanidad Vigente –organización que acompaña a las víctimas en este caso–, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, para que el proceso fuera radicado en Bogotá, ya que es un lugar donde con mayor seguridad se les pueden brindar garantías judiciales y de seguridad a los funcionarios de justicia y las familias involucradas, los posibles testigos e incluso los abogados que participan en el caso.

Dice la comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 8 de abril se decidió, tal como lo alegara Humanidad Vigente, que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos, lo cual ha dado lugar a las denuncias correspondientes” y “debido a la situación de orden público imperante en esa parte del territorio colombiano, el gobierno nacional ordenó el traslado del padre de las víctimas a la ciudad de Bogotá a fin de garantizar su vida; que la secretaria del juzgado se encuentra protegida y que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado del despacho a la ciudad de Arauca, sin duda alguna tienen la virtualidad para alterar la competencia por poner en grave riesgo la función de administrar justicia y la seguridad e integridad de los demás intervinientes”.

A la espera

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reinicien las audiencias, el señor José Álvaro Torres y los padres de la otra niña que fue víctima de violencia sexual por parte del militar, y cuyo testimonio fue el que finalmente facilitó la identificación y captura del subteniente Raúl Muñoz Linares, los familiares y las comunidades del distrito de Flor Amarillo esperan que, tal como lo advirtió la jueza Gaona, no haya lugar a vencimiento de términos y el militar implicado no quede en libertad, que se dé continuidad al proceso penal, a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, y se hagan efectivos sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación integral.


Datos claves del caso


  • Al militar se le acusa de doble acceso carnal violento en menor de edad: una fue Jenny Torres, de 14 años, la niña que además fue masacrada con sus hermanitos el 14 de octubre de 2010; la otra niña, de la que por seguridad se reserva el nombre, fue violada por el subteniente Muñoz Linares el 2 de octubre y en ese momento ella tenía 13 años
  •  
  • El otro delito imputado dentro del mismo proceso es el de triple homicidio de Jenny, Jimmy y Jefferson, bajo varias circunstancias agravantes, entre otras la de sevicia. En este punto es importante aclarar que es un solo proceso, por lo cual la defensa del militar Muñoz Linares debe actuar por los dos delitos y no sólo por homicidio.
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  • El subteniente Raúl Muñoz Linares no ha aceptado su responsabilidad en ninguno de los delitos imputados. En su declaración, el militar señala que tuvo relaciones sexuales consentidas con las dos niñas, lo que no significa aceptación del cargo.
Publicado enEdición 168
Soacha, Cundinamarca, 16 de junio. El grupo se autonombra las mamitas de Soacha. Crían a sus respectivas proles con unos cuantos pesos, grandes carencias y mucha enjundia. Desde que la larga era de la violencia colombiana les arrebató a sus hijos, algunas revolucionaron sus vidas y ahora son activistas por los derechos humanos. En las horas pico, el trayecto de Soacha al centro de Bogotá en metrobús puede tomar hasta dos horas. Pero cada miércoles hacen este recorrido, ya es el día en que sin falta se instala la galería de la memoria, plantón que organiza el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) frente a la céntrica Plaza Santander.

De paso aprovechan para salir de cacería a los puestos de libros usados. Apartando centavos del flaco presupuesto familiar se han hecho de una respetable hemeroteca de publicaciones, donde, de manera aislada, pero constante, se relatan las miles de historias canallas –como les llama el periodista español José Manuel Martín Medem– que componen el balance del uribismo.

Mire esto, dice Luz Marina Bernal. Me extiende un viejo ejemplar de la revista Semana. Ahí está el relato del soldado Luis Esteban Montes, del 31 Batallón de Infantería en La Guajira. Una noche oscura, de tormenta, le encargaron la custodia de un joven al que llevaron engañado al campamento en plena selva. Al amanecer debía matarlo para reportarlo como falso positivo. Le ofreció un cigarro al sentenciado. A la luz del cerillo se dio cuenta de que era su hermano Leonardo. Intentó salvarlo, suplicó ante sus superiores que no lo mataran y nada pudo hacer. Entonces habló, denunció el asesinato. De castigo fue confinado a un lejano campamento militar en Rionegro, obligado a recoger la basura como única misión.

Cómo se regó el escándalo

Las mamitas de Soacha han aprendido a conocer la entraña de su Colombia feroz. Según los informes de la reciente misión del relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, a mediados del año pasado conoció de primera mano historias muy similares a ésta en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Vichada. Es decir, el asesinato a sangre fría como práctica institucional del ejército en toda la extensión territorial. Movice cuenta con 2 mil 567 expedientes integrados.

Existe una flagrante tolerancia (del gobierno) con respecto a estos crímenes, sostiene Alston en su informe.

A diferencia de los miles de casos de falsos positivos anteriores, invisibilizados por los medios de comunicación y encubiertos por las autoridades, los de Soacha estallaron en los medios con toda su carga de escándalo.

Fue pura casualidad: en otoño de 2008, justo cuando los exultantes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, bebían todavía las glorias de sus dos golpes maestros: la Operación Jaque Mate para liberar a la francocolombiana Ingrid Betancourt y a tres agentes de inteligencia estadunidenses secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el bombardeo al campamento de Sucumbíos, en Ecuador.

Cuatro familias procedentes de Soacha estaban en la antesala de la morgue de Ocaña. Les acababan de confirmar que los cadáveres encontrados eran de sus hijos. Un periodista local pasó por ahí, vio la escena, se acercó, indagó. Publicó la noticia. Los datos se acumularon. Sumando dos más dos, la prensa nacional finalmente puso al descubierto el caso de los falsos positivos.

El 23 de septiembre de 2008 el caso de Soacha estaba en todos los noticieros. Uribe, siempre a la ofensiva, cuestionó directamente a las víctimas: esos muchachos –dijo en cadena nacional– no salieron con el propósito de recoger café; iban con propósitos delincuenciales.

Luz Marina y su marido venían llegando del cementerio, después de depositar ahí los restos de su hijo, empeñando y vendiendo hasta lo que no tenían para darle a su hijo un descanso digno. Prendieron el televisor justo en el momento en el que hablaba Uribe. Sentí una humillación tan grande como no se puede imaginar. Fueron esas ofensas lo que nos activó como madres a todas. Ahí, en ese momento, nos decidimos a luchar por la verdad.

Impunidad en todo su esplendor

Se presentaron las denuncias que tuvieron eco inusitado. Bajo presión, en noviembre el presidente accedió a dar de baja a 27 oficiales, entre ellos a su general estrella, Mario Montoya, ejecutor de la perfecta Operación Jaque Mate. Lo mandó de embajador a República Dominicana. Dos generales más, cuatro coroneles y varios oficiales de rango medio también salieron de las filas del ejército, cobijados por los halagos presidenciales. Nunca pisaron siquiera un juzgado. El analista Felipe Zuleta calificó esta medida de un fuerte blindaje para el presidente y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Solamente una veintena de oficiales de bajo rango y soldados fueron apresados. En el juicio del caso de Fair Leonardo Porras, quizá el más llamativo por su discapacidad mental, fueron presentados ante el fiscal seis militares. Se probó paso a paso su secuestro, su asesinato, el montaje de una escena de falso combate, la siembra de una pistola y casquillos de bala que no correspondían por su calibre, el robo de sus documentos. Se demostró en su totalidad el concierto para asesinar a sangre fría.

Los expedientes son una radiografía de cómo funciona esta maquinaria de muerte. Para llevar con engaños a los jóvenes a los puestos militares convertidos en trampas, actúa una red de reclutadores. Forman parte de los cerca de 750 mil civiles que colaboran con espionaje, delaciones y favores ilícitos al aparato de la seguridad pública. Su tarea también incluye proporcionar material bélico (generalmente ya inservible) para la fabricación de la escena del falso combate.

Los reclutados para el sacrificio son entregados a otro grupo de soldados profesionales adscritos a la división S-2 de inteligencia militar. Ellos son los encargados de asesinarlos e inhumarlos como NN. Luego entran en acción cuadros superiores, que colaboran en los montajes, la aprobación de las necropsias y los reportes falsos, la validación de inspecciones trucadas y, desde luego, el pago de los servicios a toda la cadena de producción. Esto se hace con el presupuesto de Washington para el Plan Colombia, según logró investigar Martin Medem, autor del libro Colombia feroz.

Instaladas las audiencias, empezaron las tácticas dilatorias. Un día un abogado tenía que ir al dentista. En cinco ocasiones otro justificó su ausencia del juzgado por fallecimiento de su madre. Así transcurrió el plazo de 214 días como máximo para emitir un fallo. Dos años después del hallazgo, todos fueron liberados. La prensa dio cobertura a la fiesta que organizó el Ejército para agasajar a los exonerados: banquete, globos, aromaterapia, manicure, rifas.

La impunidad en su esplendor.

“Pero esto aquí no termina –afirma Luz Marina Bernal– ahora vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

Por Blanche Petrich/ II y última
Enviada
Publicado enColombia
Viernes, 28 Mayo 2010 15:23

Johnny Silva A. Asesinato impune

El 22 de septiembre de 2005 fue asesinado
el estudiante de 5º semestre de Química Johnny Silva Aranguren.
El asesinato se ejecutó dentro del campus de la Universidad del Valle,
a manos de policías del Esmad, bajo órdenes del coronel Jesús Antonio Gómez Méndez.
El operativo contó con la autorización del secretario de gobierno Miguel Yusti para que ingresaran al establecimiento estudiantil.

Recordar. No olvidar. Aquel día arremetieron contra los estudiantes, y en un hecho de terrorismo estatal los policías, ni cortos ni perezosos, armados y camuflados desde tempranas horas, ubicados en sitios estratégicos, podían asesinar a cualquier persona dentro del establecimiento.

El asesinato fue premeditado, pues la luz eléctrica la apagaron a las 6: 30 p.m., para de inmediato disparar contra la humanidad del indefenso –que, con problemas motrices, no pudo correr. Todo esto con el beneplácito del presidente Álvaro Uribe Vélez: “pues el TLC hay que firmarlo cueste lo que cueste”, así lo hizo saber a la opinión pública (“Primer muerto por el TLC”, tituló la revista Semana).

Lo más preocupante es la posición de la Fiscalía especializada en derechos humanos, la número 41 de Cali. Cuando les pregunté por las medidas de aseguramiento a tales asesinos y cínicamente me respondieron que en una previa reunión habían decidido no dictar aseguramiento, porque no les iban a tirar la carrera a esos policías porque ellos van en ascenso, que los perdone y espere a la justicia divina. Y entonces, ¿qué pasa con las 38 pruebas que tiene la Fiscalía? ¿Para qué se hizo este trabajo? Y uno de los interrogantes que todos queremos despejar. ¿Quién apagó la luz? Ni la Universidad del Valle ni la Fiscalía responden. Exigimos una respuesta.

Wilman Silva,
Padre de Johnny Silva Aranguren
Publicado enEdición 157
Investigación penal por la participación de los directivos de la multinacional Drummond Jean Jakim, Garry Drummond, Agusto Jiménez y Alfredo Araujo, en el asesinato de los sindicalistas de Sintramienergética, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ordenó a la Fiscalía General de la nación el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El fallo se produce, luego de dos años que el presidente Álvaro Uribe celebrara la absolución de la empresa por una corte de Estados Unidos, en un discurso pronunciado en el marco de la celebración de los 184 años de la Armada Nacional, en el que dijo que “El fallo de la justicia de Estados Unidos, librando de responsabilidad a la empresa carbonera Drummond en el asesinato de Sindicalistas en el departamento del Cesar es el comienzo del desmonte de falsos testimonios y montajes jurídicos para mancillar el honor de la Patria”

El juzgado así mismo estableció no solo indagar la participación del coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad de servicios de la Mina Drummond y del medio hermano del ex-procurador Edgardo Maya, Jaime Blanco Maya, representante legal de la empresa industrial de Servicios y Alimentos –ISA-, sino condenar a 30 años de prisión a Jairo de Jesús Charris Castro por el delito de homicidio agravado de los sindicalistas mencionados.

La sentencia reviste gran importancia, por cuanto además de ser la primera condena que se produce por el asesinato de los sindicalistas de la Drummond, ordena investigar penalmente a los directivos de la empresa en Colombia, entre ellos su presidente Augusto Jiménez, y Alfredo Araujo, representante de la empresa carbonera frente a la comunidad, y quien es primo de Álvaro Araujo, senador encarcelado por parapolítica en el año 2008.

En este punto es necesario recordar que el ex jefe de informática del Das, Rafael García, aseguró en una de sus declaraciones que estuvo presente en una reunión, en la cual, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, con el fin de “eliminar obstáculos sindicales”.

Los sindicalistas Valmore Locarno y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente de Sintramienérgetica fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 en jurisdicción del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según distintas pruebas allegadas al proceso, que fueron contundentes para que juzgado tomara las decisiones del fallo, los sindicalistas venían siendo amenazados por los paramilitares de la zona, desde tiempo atrás e incluso, sus nombres habían aparecido en varios panfletos que circularon en la región, en la que señalaban de guerrilleros a todos los sindicalistas.

Pero además, señala el juzgado, la junta directiva de Sintraminergética por esos días, estaba “ejerciendo presión ante la multinacional Drummond para que se cambiara o mejorara el servicio de alimentación que se prestaba en el Casino de la Loma, por parte de la empresa industrial de Servicios y Alimentos – ISA, representada por Jaime Blanco Maya”.

De ahí que, afirma el juzgado “ no se puede perder de vista que la causa de la muerte violenta del presidente y del vicepresidente de la Drummond, se encuentra inescindiblemente ligada a la lucha sindical por lograr el mejoramiento de un servicio de primera y sensible necesidad, al punto que si no se llegaba a un arreglo o solución distinta, la amenaza de cese de actividades como mecanismo de presión, era inminente.”
El juzgado también tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el hoy condenado Jairo de Jesús Charris, quien para entonces laboraba en el Casino a ordenes de ISA, y que en audiencia pública afirmó que “lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato, según se acordó en al reunión del 6 de marzo anterior en la que participó Jaime Blanco y Jean Hakin, uno de los directivos de la empresa”

Pero fueron las declaraciones del confeso paramilitar Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, las que más incidieron para que el juzgado tomara la decisión de investigar directamente a Jaime Blanco, ya que en una de las audiencias afirmó que fue éste quien solicitó a Oscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, comandante paramilitar de la zona, que “solucionara de raíz el problema del presidente y vicepresidente del sindicato, quienes le habían hecho la vida imposible para quitarle el contrato de alimentación”

Testimonio que complementa el guardaespaldas de Tolemaida, Alcides Manuel Mattos Tabares alias el “Samario”, quien además de reconocer las reuniones que mantenía su jefe con Jaime Blanco, afirma en audiencia pública que la persona que ese día dirigió el operativo fue Adinael, comandante urbano del frente Juan Andrés Álvarez, operativo en que participó igualmente José Aristides Peinado, que de trabajar con Blanco pasó a la organización paramilitar en el año 2001.

Para el juzgado es claro que “de esta manera queda probatoriamente identificado, sin equívocos, que efectivamente fue la organización paramilitar AUC la que destacó el personal que cumpliría el cometido de dar muerte a los sindicalistas, pero con colaboración del personal que tenía conocimiento de las personas que encarnaban la condición del presidente y vicepresidente de Sintraminérgetica.

Ese día, aproximadamente a las seis de la tarde, los paramilitares que se movilizaban en una camioneta Ford de color lobo verde y vidrios polarizados, luego de interceptar el bus e identificar a los sindicalistas, dispararon a Valmore, y se llevan retenido a Víctor Hugo, quien horas más tarde aparece igualmente asesinado.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo es un paso más en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, en casos, como este, de multinacionales que fueron, y siguen siendo las financiadoras de grupos paramilitares en Colombia.
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Sábado, 04 Julio 2009 10:38

Juan Manuel Santos con orden de captura

Sorpresa. Librada solicitud de captura en contra del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El requerimiento procede del Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Ecuador, dirigido por el juez Daniel Méndez.

La investigación que culminó en esta orden procede del ataque al campamento de las farc, el 1 de marzo de 2008, en Angostura, Ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas el ciudadano de aquel país, Franklin Aisalla. El ataque fue presuntamente ordenado, coordinado y dirigido por el exministro Santos. El proceso es impulsado por el agente fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien acusó a Santos. Ahora la justicia ecuatoriana cuenta con 90 días para emitir su dictamen acusatorio o absolutorio.

De acuerdo al fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, la extradicción del exministro puede solicitarse para juzgarlo porque “se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó a 25 personas”. Enfatizó, asimismo, que el Ecuador va “a respetar el derecho penal internacional. Se cometió un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado. Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión”.

El jueves, el jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Álex Vargas, confirmó que la boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la Interpol –a quien se le notificó el viernes- para que se busque al ex funcionario colombiano.

Reacción política


Una vez hecha pública la orden judicial, se conoció la reacción del Gobierno colombiano. Por un lado anunció la conformación de un equipo jurídico para atender la decisión judicial, al tiempo que mantiene el pasaporte diplomático de Santos. Por el otro, desplegó una fuerte arremetida política acusando al juez ecuatoriano de ser aliado del “terrorismo internacional”.
El tono de las declaraciones siguieron subiendo, y el viernes el presidente Uribe criticó a la comunidad internacional por guardar silencio ante el ataque de que es objeto Colombia, un ataque similar “…a un golpe de Estado”, “esto es un ataque del terrorismo contra toda Colombia…”, recalcó una y otra vez.

Respuesta desmedida que trata de sacarle provecho político electoral al lío judicial, al colocar como “víctima del terrorismo” al exministro, que como se sabe, es una de las cartas del Uribismo en caso de que Uribe no logre superar todos los escollos que enfrenta para liderar la nueva reelección.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, precisó que  “no es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”.

La Interpol


La orden avanza, pero será en París, en la dirección de la Interpol, donde se decidirá si la misma se transforma en Circular Roja.

Mientras esto sucede el lío judicial proseguirá y el debate sobre la legalidad o no de la doctrina del ataque preventivo, el respeto a la vida y la inviobilidad de la territorialidad de cada país, o soberanía nacional, tomarán un lugar importante. Como se sabe, la falta de garantías sobre el particular son algunos de los elementos que han impedido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
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Pese al lenguage diplomático y respetuoso que usa el señor Alston para referirse a los agentes del Estado colombiano que le atendieron, en su mayoría duramente cuestionados por su descarada responsabilidad en crímenes horrendos, y también pese a la mención innecesaria que hace Alston sobre el accionar de la insurgencia, tal vez para imprimirle mayor tinte de neutralidad a su pre-informe, sus palabras constituyen un paso decisivo hacia la profundización de la denuncia e investigación del régimen para-uribista que azota llena de desgracia a la Colombia más pobre e ignorada.

Pre-Informe dePhilip Alston, relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales.


Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009


He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).

Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave. También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla


Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad


La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales


A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares. Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno


La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos


La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas


Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
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Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)


El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.
    
La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.

Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.

Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2    Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3    Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4    Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).


Publicado enEdición 146