Domingo, 07 Marzo 2010 08:03

Matar a un monseñor

Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.

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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.

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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.

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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.

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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.

Por Santiago O’Donnell

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Bogotá, 16 de febrero. Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el contexto de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, según la fiscalía, cifra que es muy superior según denuncias de las víctimas a organismo independientes y que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.

Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, unos 4 mil 112 ex miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los 80 y su desmovilización a partir de 2003.

Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30 mil muertos y desaparecidos, y muy por encima de la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

Suman más de 30 mil los muertos por esos grupos ultraderechistas: la fiscalía de Colombia.

Asesinatos confesados por paramilitares, a la altura de ex dictaduras del cono sur.

Las matanzas, casi iguales a las de la Argentina de Videla y por encima de las de Pinochet en Chile.

Unos 32 mil desmovilizados gozan de beneficios y protección de ley promovida por Álvaro Uribe.



Las autoridades verifican la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios, explicó a Afp una fuente del organismo.

Una ley promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.

La fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 85 matanzas, mil 437 reclutamientos de menores, 2 mil 520 desapariciones forzadas, 2 mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 33 secuestros.

"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Alvaro Villarraga.

"Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto", enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación, quien dirige la Fundación Cultura Democrática.

Hasta diciembre, la fiscalía verificó la existencia de 485 masacres –la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque–, mil 93 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.

La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los miembros de las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.

Unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos humanitarios han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.

En particular, Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó hacia Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.

Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los de narcotráfico.

En este contexto, la fiscalía reportó que el ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría, Pipa, a quien se atribuye unos 2 mil 500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá.

Mientras, el ex fiscal Rodrigo Miranda acusó al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la muerte de tres presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, el 27 de enero.

El ex fiscal superior especial de Panamá en el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), dijo que el incidente en áreas limítrofes se deriva de los "acuerdos secretos" entre Martinelli y Uribe.
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Hace 20 años un hombre negro era asesinado, su sangre regada por las calles de Oakland no resultaba novedad para los miembros de la comunidad. Se había hecho tan usual los ajustes de cuentas, la venganza por drogas, la violencia entre hermanos. ¿Pero que había detrás de esa bala que acabo con su vida? ¿Cuál era su trágico significado? No era simplemente un muerto más, era la simbolización de la derrota de los sueños. Esos mismos que se atragantaron en las porfías de la historia controlada por los poderosos. Ellos se sobaban las manos, al fin lo habían conseguido, no sólo acabar con la revolución, sino que también con su mito, y la encarnación de este. Aquel hombre se llamaba Huey Newton.

El mismo que fue declarado un “peligro a la seguridad nacional de EEUU”, el mismo que fundó uno de los más importantes grupos revolucionarios de la oleada que azotó al mundo en los años 60, el Partido Pantera Negra. Heredero del pensamiento de Malcolm X, el partido se transformó en una organización que fue capaz de hacer una política creativa, no ya desde los principios no violentos defendidos por Martin Luther King Jr., sino que desde la perspectiva de la autodefensa como derecho legítimo de una comunidad para resguardar su seguridad y garantizar su pleno desarrollo como hombres y mujeres libres. Las panteras entendían que la no violencia había muerto con el Dr. King. No había nada que esperar de la sociedad racista norteamericana. La realidad era muy cruda como para no verla, los abusos, la represión, la violencia policial por el sólo hecho de ser negros, la respuesta ya no podía ser más la sumisión.

Sorprendente las panteras se constituyeron como un grupo armado ¡dentro de la legalidad! Utilizando ese “sagrado” derecho constitucional a portar armas (propio de la enferma sociedad norteamericana), enfrentaron a los policías que una y otra vez asechaban las comunidades. Con las panteras, el deleite de golpear negros sólo por el hecho de serlo no sería el mismo, desde entonces un policía lo pensaría dos veces, sino su vida estaría en riesgo. Así la primera intervención pública del grupo fue para proteger a un hermano de una brutal paliza. De repente los policías agresores, atónitos observaban como se acercaban unos muchachos, vestidos en cuero, una boina, y un ¡fusil en los brazos!, preguntaron atemorizados “¿Esas armas están cargadas?” ante lo cual Huey respondió “¡Eso no te importa cerdo racista!”. La dignidad desde entonces jamás volvería a ser pisoteada tan fácil, eran las panteras que entraban en la escena de la historia.

Pero no sólo fueron un grupo de autodefensa, buscaron mucho más allá. Plantearon la opresión de los negros en relación con el sistema capitalista, como resultado de este, el racismo no podía ser un fenómeno aislado, tenía que ser comprendido desde el comienzo por la transformación del hombre en mercancía, en paria, en su negación de tal. Por ello miraron hacia el marxismo, hacia las revoluciones que estaban en curso, muy en particular cubana, que había logrado lo tan anhelado por los negros, rebelarse. Las panteras pudieron ver finalmente a los negros como lo que son, un caso particular de colonialismo, fueron pues un grupo político revolucionario del tercer mundo, incrustado en la realidad del primero. Nutriéndose de Fanon y Mao, sin ser calco y copia, sino expresión concreta y real de la situación que les toco vivir. ¿Cómo explicar sino el concepto de black power? Las panteras fueron las madres intelectuales de aquel, entendiéndolo como la autogestión y el autogobierno de la comunidad. Y no sólo eso, fueron capaces de llevarlo a la práctica. El ejemplo más patento de ello, los desayunos infantiles, que mucho esfuerzo y sacrificio significaron a sus militantes, los cuales muchas veces tenían que dejar de desayunar por favorecer a un niño pobre. La calidad moral de una pantera se transformaba en algo admirable, el hombre nuevo se podía aunque fuese un poquito, verse caminar por la calles de los ghettos norteamericanos.

No obstante el enemigo era gigante, nada menos que ¡el imperio más grande de la historia!, que vio en las panteras una amenaza que tenía que ser abortada cuanto antes. Para ello el FBI desarrolló un especial plan de inteligencia, COINTELPRO (que también fue usado contra independentistas puertorriqueños), que tuvo por objeto acabar con las panteras, y no sólo eso, sino que también enfermar de crisis terminal las comunidades negras, el caldo de cultivo de nuevos rebeldes no se podía permitir. Para lo primero se usaron técnicas de represión, montajes judiciales, presos políticos que se hacían pasar por “comunes”, y sobretodo la división del partido en base a la infiltración, y al agitamiento interno usando informaciones falsas, que terminarían por quebrar a las panteras en mil pedazos. Lo segundo consistió en el internamiento del negocio del narcotráfico a escala gigantesca en las comunidades negras, era necesario disciplinarlas al costo que fuera, y si implicaba la muerte en vida de ellas no importaba pues eso no iba en contra de la “seguridad nacional” sino que al contrario, la protegía.

La vida de Huey, fue pues la historia de las panteras y de sus hermanos negros de las comunidades. De rebelde y organizador, de haber pasado por las cárceles del imperio,y deleitar el sabor de la libertad, pasó (luego de su exilio en Cuba) a ser uno más del ghetto, pero aquel ya no era el mismo, ya no habían desayunos infantiles, ya no había autodefensa. El black power se veía lejano o lo que es peor, se había olvidado. Los gángsters, los dealers, y la droga se apoderaron de las comunidades, las mismas que en Oakland habían visto nacer la esperanza de las panteras, vieron caer al hombre que otrora se había convertido en su encarnación más genuina. Todo por un poco de crack que había robado. Una vez muerto no tuvo más consuelo que una rosa con el mensaje “A Huey, por los primeros años”.

Por Juan Pablo Carrillo Ramos
Rebelión

Fuente original: http://pensar-rebelde.blogspot.com/2009/08/huey-por-los-primeros-anos.html

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Miércoles, 17 Junio 2009 06:25

Guatemala: aflora estructura paramilitar

Guatemala, 16 de junio. Transcurrido un mes de la llamada “crisis de mayo”, desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: “Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”, los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de “irreparable daño a la democracia” de este país, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado.

En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión política se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herede- ras de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en día han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. “Fuerzas ocultas”, las llama la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crímenes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).

En un país en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados –el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg– dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.

Por un lado, la Guatemala de los canches (los no indígenas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital), que por unos días vivieron la ilusión de que podrían bajar del poder a Álvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.

En la provincia del país, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raíz india, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que “los de la capital” pretendían quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva.

“Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad”, asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

El golpe de Estado no es opción

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado en un país cuyo pasado está marcado por estas fracturas fue la principal defensa de Colom en los días más agitados de la crisis. Algunas opiniones consideran que sólo fue una pantalla discursiva.

“¿Otro golpe en Guatemala, hoy en día? No, ¿con qué? Sería inaceptable para la comunidad internacional”, se opina en medios políticos y diplomáticos.

Claudia Samayoa agrega: “Sí fue un golpe a la gobernabilidad. Pero no llegó a tener poder suficiente para poner en riesgo a las instituciones”.

Ésta es una cronología elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser “el mandadero de los empresarios”, como habían sido la mayoría de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no había llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.
Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los países donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB. Como punto de comparación, México, que no es un paraíso de equidad fiscal, tiene una recaudación de 18 por ciento del PIB.

La plebeya igualada

Además, nombró a su cónyuge Sandra Torres al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). Desde ahí la mujer ha proyectado su liderazgo para lanzarse en las próximas elecciones, siguiendo el rastro de la ambición de otras esposas de mandatarios, algunas frustradas, otras exitosas y unas más en prospecto (Hillary Clinton, Marta Sahagún, Cristina Fernández, Rosario Murillo).

Gustavo Porras, que fue guerrillero en los años setenta y representante del gobierno durante los diálogos de paz en los noventa, admite que es difícil de explicar “el furor” que levanta doña Sandra, vista por la clase dominante como “la plebeya igualada, imagen viviente de lo que más odia una burguesía con pretensiones aristocráticas”, y caracterizada por su “imprudencia verbal” al divulgar sus obras sociales “como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo XXI”.

Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textilero y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.

Después de una primera invitación y en medio de una trama de corrupción que hasta estos días no se ha aclarado, la oferta fue retirada. Musa y su hija fueron asesinados el 13 de abril.

Su abogado, Rosenberg, tenía una relación sentimental con la hija. Estaba casado con Alejandra de Angoitia, pariente de los Azcárraga de Televisa. Había prestado servicios a la embajada mexicana.

Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David García, de que también su vida corría peligro y que debía dejar testimonio de ello.

Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.

La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El CACIF se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia.

Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadunidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA.

El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.

por, Blanche Petrich/ I
 

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Después de casi 36 años de silencio, José Paredes, uno de los soldados que ejecutó en septiembre de 1973 al cantautor y director teatral Víctor Jara, prisionero de los militares golpistas, confesó su participación y fue sometido a proceso y detenido como presunto autor del homicidio por orden del juez Juan Fuentes, quien investiga el caso. Paredes, que entonces con 18 años cumplía el servicio militar, integró el pelotón que acribilló con 44 disparos al autor de El cigarrito y Manifiesto, dos de las canciones de Jara que se han transformado en universales e interpretan artistas de la talla de Serrat, Sabina y Silvio Rodríguez, entre otros.

Paredes estaba detenido junto con otro ex conscripto desde el viernes y había confesado su participación a la policía. Al ir a declarar el lunes ante el magistrado quiso retractarse, pero este resolvió procesarlo. Sus declaraciones comenzaron a desenredar una investigación que el juez Fuentes quiso cerrar con un solo procesado, el coronel Mario Manríquez, director del campo de prisioneros improvisado por los militares en el Estadio Chile, y fue reabierta por presión de los querellantes, quienes hicieron un llamado público a que se entregaran más antecedentes y pidieron 90 nuevas diligencias.

La clave para acercase a los autores directos la tenían los ex conscriptos que hacían la mili y fueron enviados a custodiar a los más de 5.000 partidarios del derrocado gobierno del presidente Salvador Allende detenidos en las graderías del Estadio Chile, un recinto cercano al palacio de La Moneda.

Paredes cumplía el servicio militar en el regimiento Tejas Verdes, cuyo jefe era Manuel Contreras, quien después fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet.

El regimiento envió dos secciones desde el puerto de San Antonio a custodiar a los prisioneros, que en Santiago los militares dejaron primero en el Estadio Chile y después, cuando ya no cabían en ese recinto techado, en el Estadio Nacional, el mayor campo de fútbol del país. Jara fue detenido al día siguiente del golpe militar junto con otros 600 estudiantes y académicos de la Universidad Técnica del Estado que quisieron resistir desarmados el golpe militar.

Recibió un tratamiento brutal en el estadio. Militante comunista, era uno de los símbolos culturales de la experiencia socialista de Allende. Los soldados rompieron a culatazos sus manos, lo golpearon y dejaron sin alimentos ni agua. Otros prisioneros lo ayudaron, pero su suerte ya estaba decidida.

Un subteniente jugó a la ruleta rusa con un revólver en la sien del cantautor y le dio el primer disparo mortal en los subterráneos del estadio. Después ordenó a Paredes y otros conscriptos disparar al cuerpo, que convulsionaba agónico, para rematarlo, según su relato, narrado por el Centro de Investigación Periodística. Detrás presenciaba la escena el oficial Nelson Haase, a cargo de los interrogatorios en ese recinto y que después se incorporó a la DINA.

Catorce prisioneros corrieron la misma suerte de Jara ese día. El cuerpo del cantautor fue arrojado después en la calle y su viuda, Joan Jara, lo pudo rescatar de la morgue entre cientos de víctimas, gracias a la valentía de un funcionario del servicio de identificación que lo reconoció y fue a avisarle a su domicilio.

El nombre de Haase surgió por primera vez en relación con el caso de Jara. En la DINA tuvo labores operativas y hoy, con 62 años, es propietario de una empresa de muebles y decoraciones. En declaraciones al diario La Nación negó haber estado en el Estadio Chile y dijo que en la fecha del crimen se encontraba en el sur del país.

El juez ordenó a la policía determinar la participación de Haase y pidió nuevas diligencias. La justicia busca identificar a un oficial conocido como El Príncipe, a quien los prisioneros describieron como rubio, alto y de voz enérgica, y que fue quien más se ensañó con Jara.

Joan Jara, la viuda del cantautor, sostuvo que "la justicia se acerca a la verdad" y recordó que su querella original fue contra Pinochet. "Acá hay otros culpables. Son la gente que mandó disparar y torturar".

Para el abogado querellante Nelson Caucoto, donde "hubo acción de un conscripto hay la orden de un oficial y deben ser tratados con el máximo rigor de la ley, porque los soldados sólo fueron la carne de cañón".

Albañil, jardinero y camarero de un restaurante en San Sebastián, un balneario a cien kilómetros de la capital, Paredes alegó que "yo sólo era un pelao nomás" cuando era trasladado a la cárcel de alta seguridad y pidió "buscar los altos mandos".

Por, MANUEL DÉLANO - Santiago - 27/05/2009
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Lunes, 18 Mayo 2009 06:40

Dos marchas, dos Guatemalas

Siete días pasaron desde el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien acusó a través de un video post mortem al presidente Alvaro Colom y a su entorno más cercano de su muerte y desató una crisis política en el país centroamericano. La tensión se acumuló durante toda la semana y ayer más de 50 mil personas coparon las calles de la capital divididas en dos marchas distintas. Una, a favor del presidente de centroizquierda y en defensa de la democracia frente a lo que denuncian como intentos de desestabilización por parte de la oposición, y otra, unida bajo el reclamo de justicia y esclarecimiento del crimen en la cual también se pidió la renuncia del mandatario.

La Plaza Constitución, frente a la Casa de Gobierno, albergó a unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país en defensa del oficialismo. La convocatoria fue lanzada por el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, según el diputado Juan Alfaro, uno de sus organizadores, el respaldo del pueblo a Alvaro Colom fue masivo.

Con pancartas en las manos luciendo imágenes del presidente Colom, decenas de miles le manifestaron su apoyo al jefe de Estado. “Colom, amigo, el pueblo está contigo” y “Alvaro, presidente amigo, Guatemala entera está contigo”, fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse entre este grupo de gente.

La mayoría de los que corearon durante toda la mañana su adhesión al oficialismo fueron indígenas y comunidades enteras de campesinos llegados a la Capital desde el interior del país y sus zonas rurales; allí es donde la pobreza registra sus índices más altos en Guatemala; no obstante, es también en esas zonas, según informes de diversas ONG, donde se concentró la mayor parte de la ayuda y los programas sociales del gobierno durante los dos años de su gestión.

Como contracara, y a poco más de un kilómetro de distancia, unas 15.000 personas, en su mayoría sectores de clase media y clase alta, se vistieron de blanco y marcharon hacia Plaza Italia, frente a la Alcaldía capitalina, reclamando el esclarecimiento del asesinato del abogado Rosenberg, en un país donde el 98 por ciento de los asesinatos queda sin resolver y las muertes violentas alcanzan 17 por día.

Sin embargo, al tiempo que muchos clamaban por justicia, un sector pedía directamente la renuncia del presidente. No estamos pidiendo que se destituya al presidente ni organizamos un golpe de Estado ni queremos una revolución”, precisó Oscar Díaz, uno de los jóvenes que organizaron la marcha en contra del presidente a través de foros de Internet. “Sólo queremos justicia”, agregó.

Pero el accionar de algunos grupos en las calles pareció desmentirlo: varios grupos de manifestantes pedían a gritos la renuncia de Colom o bien un juicio para desaforarlo y así permitir que se investiguen las acusaciones del abogado. Para ello, no se quedaron quietos: un grupo de voluntarios anunció ayer que había recogido más de 30 mil firmas –del millón que se necesitan– para pedir el juicio político en contra de Alvaro Colom.

Ana Isabel Mata Castillo, una ama de casa que estuvo en la marcha opositora, quiso diferenciarse de aquellos que pedían la cabeza del mandatario y aclaró que ella salió a las calles únicamente por la violencia que se vive en su país y por el fin de la impunidad. “Aquí no estamos por la renuncia del presidente; aquí estamos luchando por todos, por los choferes que matan, por la gente a la que roban en los autobuses del servicio público. Estamos luchando por toda Guatemala”, explicó la mujer.

En su video grabado tres días antes de morir, el abogado Rodrigo Rosenberg señaló como eventuales responsables de su muerte al presidente Alvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos. De acuerdo con la versión del abogado, él habría descubierto una red de corrupción al más alto nivel en el Estado que estaría desviando fondos públicos a través de un banco estatal para programas sociales inexistentes.
 

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Domingo, 17 Mayo 2009 06:52

El crimen que hace temblar a un país

Dura apenas 18 minutos, pero ese vídeo sobrecogedor ha generado la peor crisis política de la democracia guatemalteca. Sus ecos resuenan por todo el planeta. "Buenas tardes, me llamo Rodrigo Rosenberg Marzano, y lamentablemente, si usted está viendo u oyendo este mensaje, es porque fui asesinado". Y sí, cuando el mundo vio la grabación, el lunes pasado, ese hombre moreno y encorbatado era un cadáver con tres balazos, uno de ellos en su frente despejada. Lo habían matado la víspera, mientras paseaba en bicicleta, convencido de que era inútil pretender escapar al destino. Un destino, auguró, que había sido sentenciado por el presidente de la República, Álvaro Colom, y su círculo más cercano.

Quienes lo conocían dicen que Rosenberg había sido siempre algo fatalista, un rasgo que desentonaba en ese catedrático de 47 años, brillante y vital, graduado en Cambridge y Harvard y con una fama inmejorable. A Rosenberg le desesperaba ver a Guatemala secuestrada por el crimen organizado y la corrupción. Luchaba por adecentar el país que iban a heredar sus cuatro hijos.

Su vida dio un vuelco el 14 de abril, cuando cuatro sujetos acribillaron a Khalil Musa, un empresario del sector textil, y a su hija, Marjorie. Los Musa eran clientes suyos. Y nadie en su entorno oculta que Rodrigo, divorciado dos veces, estaba enamorado de Marjorie. Rosenberg se lanzó a investigar. Se negaba a que sus amigos fueran "una estadística más" en ese 98% de asesinatos impunes.

"Estaba convencido de que lo iban a matar". El periodista Mario David García, presentador del programa Hablando Claro, de Emisoras Unidas, recibió la visita de Rosenberg el miércoles 6 de mayo. "Me entregó un documento para que lo difundiera si algo le pasaba. Le dije que no tenía sentido que yo lo leyera. Entonces propuso que lo grabáramos, en audio y en vídeo. Volvió al día siguiente, a las 17.30. Monté mi cámara casera en un trípode, y Rodrigo me ayudó a poner como fondo un viejo cobertor azul que uso para proteger la fotocopiadora. Yo pensé que iba a leer el texto, pero lo deja de lado y empieza a hablar como se ve: no hay un solo corte. Es mente y corazón en acción".

En esa grabación estremecedora, Rosenberg explica que la raíz del triple asesinato (el de los Musa y el suyo propio) está en una trama de corrupción en Banrural, entidad mixta que maneja cuantiosos recursos del Estado. El presidente Colom y su secretario privado, Gustavo Alejos, habían invocado el "buen nombre" de Musa para pedirle que se incorporase sin sueldo a la junta directiva de Banrural, y el empresario había aceptado sin imaginar que estaba siendo utilizado en una pugna entre dos bandos que utilizaban el banco para "sus negocios ilegales", entre otros la financiación de "los proyectos fantasma de la señora del presidente y el lavado de dinero del narcotráfico de Gregorio Valdez [constructor, financiador de Colom y uno de los grandes contratistas del Estado]". Según Rosenberg, Valdez y Alejos habían amenazado con "cerrarle la boca". Dice tener pruebas, pero no se fía, como nadie en Guatemala, de un sistema judicial calamitoso.

García hizo una copia del DVD y le dio el original al abogado. "Le insté a que cambiara de estrategia, que acudiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y aireara el caso para protegerse. Quedamos para el lunes a mediodía. Le dije que trajera pruebas documentales, porque sus acusaciones eran muy fuertes. El domingo me desperté con la noticia de su asesinato. Y yo tenía una brasa en las manos".

El lunes, tras una reunión de urgencia, Emisoras Unidas y los tres principales diarios deciden difundir conjuntamente el vídeo. En el funeral, el empresario Luis Mendizábal, amigo de Rosenberg, reparte copias del DVD que le había entregado el abogado. El país se paraliza. Los servidores de Internet se colapsan. Más allá de las acusaciones, el vídeo de Rosenberg es un llamamiento conmovedor a la movilización ciudadana. "No tengo complejo de héroe ni deseo de morir. Pero no podemos seguir igual, viendo cómo están acabando con Guatemala los narcotraficantes, los asesinos y los ladrones".

Acorralado, el socialdemócrata Colom ha tachado el vídeo de montaje y ha señalado a Mario David García, que fue relacionado con una intentona golpista en los ochenta, y a Mendizábal, asesor en temas de seguridad de varios Gobiernos. La lista de "conspiradores" incluye desde el opositor Partido Patriota hasta narcotraficantes y militares de la vieja guardia.

Lejos de funcionarle, esta estrategia ha tenido un efecto bumerán. Los intentos de desviar el tiro y cuestionar a la propia víctima han indignado a una opinión pública saturada de corrupción y violencia. La presión para que el presidente dimita amenaza con generar una crisis institucional. "Para salir limpio de la crisis, Colom debe dejar de respaldarse tras el fantasma de un plan maquiavélico desestabilizador con el que ya aburre", señalaba el escritor Méndez Vides en El Periódico. "El Gobierno tiene que admitir que algo malo ocurre en casa y estar dispuesto a levantar muebles y alfombras hasta dar con quienes ordenaron el crimen".

Tampoco ha ayudado la airada salida de la primera dama: "Es la palabra de un fallecido contra la mía", ha dicho Sandra Torres, una mujer impositiva a la que sus detractores consideran el poder detrás del trono. Torres ha concentrado en sus manos los programas de ayudas sociales del Gobierno, que maneja, dice la oposición, con gran opacidad. "Reparte a troche y moche, en plan Evita, porque quiere suceder al marido en la presidencia", comenta una analista que pide el anonimato. "Una reedición de los Kirchner".

La fiscalía y la comisión designada por la ONU para apoyar a Guatemala en la lucha contra la impunidad (Cicig) no desechan ninguna hipótesis: desde el entorno de Rosenberg hasta el equipo de Colom, o que un tercero conociera la existencia del vídeo y aprovechara para matar al abogado y dar un golpe contundente al Gobierno, como ha ocurrido en otros crímenes de alto impacto en los últimos años. La presencia de la Cicig es la última esperanza de que, esta vez sí, se dé con los asesinos. Mientras, Rosenberg se ha convertido ya en un héroe para millones de conciudadanos.


MAITE RICO - Madrid - 17/05/2009

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En Guatemala estalló una bomba política que ha cimbrado a la sociedad, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, recién había grabado un video en el que acusaba de su posible muerte al Presidente de la República, a su esposa y al Secretario Privado de la Presidencia. La noticia golpeó con fuerza brutal, y en los primeros momentos era muy difícil reaccionar de forma racional. Es muy fuerte ver las imágenes de una persona que le dice a uno: si usted está viendo este video es porque he sido asesinado; y que seguidamente responsabilice de su muerte a altas autoridades del país, termina de anonadar a cualquiera.
 
Esto en medio de tantas penurias económicas como efecto de la crisis mundial, las que todavía no tenemos la posibilidad de dimensionar claramente, y las amenazas que provienen de la epidemia generada por la gripe porcina, que las transnacionales insisten en que nos refiramos a ella con el inocuo nombre de AH1N1, seguramente para no afectar a las poderosas empresas que han industrializado la producción de cerdos en varios países del mundo y que están en el centro de las sospechas del origen del virus.
 
No es posible predecir los efectos negativos que esta demoledora situación creará en el largo plazo a la ya debilitada institucionalidad del país. Aunque también existe la posibilidad de que produzca efectos positivos, esto está condicionado a que sean exitosas las investigaciones que desarrollará la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala de la ONU, Cicig, en un complejo caso que no se limita al asesinato del abogado Rosenberg, ya que él refiere la posibilidad de su muerte a las investigaciones que estaba realizando respecto del repudiable asesinato del industrial Khalil Musa y de su hija Marjorie.
 
Está muy claro que el contenido del video que contiene estas acusaciones, y la versión escrita que Rosenberg dejó firmadas, no contienen datos precisos que puedan concluir que hay clara responsabilidad judicial en los mencionados, a los que hay que agregar al Presidente, Gerente y  un funcionario más del Banco de Desarrollo Rural. Sin embargo esto podría cambiar si los documentos probatorios que Rosenberg afirma entregará, incluyen acusaciones más sustentadas.
 
Por eso, sin la desafortunada muerte del referido abogado, por cierto una persona notable en algunos ámbitos empresariales y académicos, el video y el contenido de su escrito no tendrían mayor trascendencia. Aunque el tono que usa y las acusaciones que lanza son fuertes, se refiere de forma genérica a aspectos que en el mismo tono y con parecido contenido lanza casi a diario, el periodista Mario David García (la persona que ha reconocido haber realizado la grabación en su oficina) en su programa radial; y que expresan la fijación de grupos de la derecha más conservadora en contra de casi cualquier acción del Gobierno que encabeza el presidente Colom y en particular en contra de los programas sociales que está implementando.
 
La reacción social que está produciendo este grave hecho es de repudio generalizado, y a la mayoría de personas les importa muy poco que las acusaciones que contiene el video sean sustentadas o no, lo que de forma natural ha producido consternación y rechazo es la predicción de su muerte y que ésta se haya producido de la forma deleznable que usan los sicarios que lamentablemente están actuando con tanta libertad en Guatemala.
 
La reacción que el Gobierno ha tenido no ha sido la más afortunada, de nuevo pareciera que algo falla en los círculos cercanos al presidente, pero ni el tono, la forma ni el contenido de sus declaraciones son del tipo que la gente espera o necesita. A pesar de que los hechos que se han ido revelando aportan muchos elementos para sospechar que muchas cosas raras pasaron alrededor de esta situación, y que podrían haber otros actores que no salen a la luz todavía; el equipo del presidente Colom debiera considerar que la percepción que se genera en la sociedad es un hecho concreto, más allá que sea fundamentada en la realidad o no, en una situación como ésta la forma es tan importante como el contenido.
 
La situación de debilidad en que el video y el asesinato han colocado al Gobierno puede tener efectos desastrosos para la gobernabilidad del país, y estos efectos negativos pueden ir bastante más lejos del presidente Colom y su entorno más cercano. Bien dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades; pero el rumbo que tome el país, aún si éste se encamina a un abismo no parece estar en las contemplaciones de sus más fuertes detractores.
 
La voz de serenidad la está tratando de imponer el director de la Cicig, Carlos Castresana, institución y persona que luego de irracional oposición de las ultraderechas, afortunadamente han terminado siendo de lo más confiable y respetable en el país, referidos al tema de la justicia. La acción más coherente del gobierno ha sido pedir que sea la Cicig la que realice las investigaciones sobre las acusaciones del abogado Rosenberg.
 
Y en ese sentido, en una especie de vorágine, se han ido revelando varios elementos que para un criterio tan agudo como el de Castresana seguramente tendrán vital importancia. Para sólo mencionar uno, sería muy importante conocer en qué circunstancias fue grabado y cuantas personas tuvieron conocimiento de la existencia del video, antes de ser cometido el asesinato, y cuáles pueden ser las responsabilidades por el manejo del mismo.
 
Hoy mismo, en el programa de entrevistas de Emisoras Unidas, Carlos Castresana ha tratado de aportar serenidad y ha llamado a la calma. Es esperanzador que un tan fuerte crítico de la actuación del Ministerio Público, haya dicho que “hasta ahora el papel del MP ha sido impecable, desde que se produjo el levantamiento del cadáver, cuando no lo sea, yo lo diré”. Castresana también llamó a la serenidad, y pidió tiempo para crear las condiciones y  todo mundo juegue con las reglas.
 
En buena medida el futuro de la gobernabilidad del país está en la posibilidad de que la Cicig puede desarrollar una investigación exitosa, y los antecedentes de su director permiten esperar que, sean quienes sean los responsables de los tres asesinatos, éstos serán denunciados y procesados (pero esto no puede significar que nosotros, la sociedad de este país, no asumamos los niveles de responsabilidad que nos corresponden). Sin embargo, hay que considerar que varios grupos con intereses inconfesados no están interesados en la verdad, ni en que se haga justicia, sino en generar el caso y sacar provecho.
 
 
- Enrique Álvarez es Director del servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM.
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El asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg dio pie a que los sectores golpistas de siempre desataran en la nación centroamericana una ofensiva cuyo fin declarado es ponerle término al gobierno del presidente Alvaro Colom, quien lleva poco más de un año en el cargo y que ha tomado medidas tanto para combatir la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, como para disminuir la lacerante desigualdad social y económica.

Se dirá que el abogado Rosenberg grabó un video en el que señalaba que lo iban a matar y responsabilizaba de ello al presidente de la república, a su esposa y a algunos colaboradores del mandatario. Cuando lo asesinaron el video fue profusamente difundido y los señalados como presuntos asesinos fueron puestos en la picota pública sin que se planteara una pregunta fundamental ¿es concebible que alguien que cree que lo van a matar no haga nada por evitarlo sino que se limite a esperar a que el hecho ocurra porque ha dejado un video acusatorio que supuestamente será su carta de triunfo cuando ya esté muerto?

En esos términos le hice la pregunta a varios psicólogos, los que coincidieron en que esa actitud podía ser consecuencia de un manejo perverso sobre una persona que estuviera enfrentando algún problema. Con el paso de los días surgieron otras informaciones en la prensa guatemalteca, relacionadas con el asesinato del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, por el cual Rosenberg, que era su abogado, también responsabilizó al gobierno.

Las investigaciones de los tres crímenes no están en manos del gobierno, sino que a petición de éste las realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad, organismo que depende de Naciones Unidas. A pocos días de iniciado el trabajo de esta Comisión, la prensa guatemalteca, que pertenece casi en su totalidad a la oposición, informó que se indagaba la existencia de una relación entre el abogado Rosenberg y Marjorie Mussa, asunto que no se volvió a mencionar.

Pero en Guatemala circulan varias versiones sobre lo sucedido y en ellas se afirma que la relación existía, que la señora Mussa se había separado o se separaría de su esposo y que su padre se oponía abiertamente a ello. A eso se agrega que los informes periciales indicarían que el objetivo del ataque de que fueron objeto los Mussa era solamente el empresario y que su hija recibió una bala que, al desviarse, le habría causado la muerte.

En ese contexto se formulan varias preguntas, una de ellas es quien quería matar a Khalil Mussa y la otra de qué manera la muerte de Marjorie Mussa pudo afectar al abogado Rosenberg, que sufría el trastorno bipolar desde su juventud, y hacerlo susceptible a un manejo perverso, del cual los principales sospechosos son el que grabó el video y el que lo distribuyó. La Comisión Internacional Contra la Impunidad determinará la efectividad de estas informaciones.

La violencia

Desde el derrocamiento del gobierno progresista del general Jacobo Arbenz en 1954, la violencia y la corrupción se han enseñoreado en Guatemala. Hay que recordar que el derrocamiento de Arbenz fue propiciado por el entonces presidente estadunidense Dwight Eisenhower, como respuesta a la aplicación de la ley de reforma agraria que expropió tierras de la United Fruit, lo que se consideró una amenaza a los intereses estadunidenses y Eisenhower declaró “La cortina de hierro cae sobre Guatemala”.

Junto con esa cortina cayeron sobre Guatemala la violencia, la discriminación y las matanzas que han afectado a la mayoritaria población indígena. Las dictaduras corruptas y violadoras de los derechos humanos que han dejado decenas de miles de muertos, facilitaron el ingreso y la instalación en ese país del narcotráfico. Como consecuencia, los grupos empresariales, el poder judicial, las policías e incluso el ejército también están contaminados.

Esta situación se ha dejado sentir además en el medio político, de ahí que aunque en 1985, con la elección del democratacristiamo Vinicio Cerezo como presidente se inaugurara el período de lo que se ha denominado la nueva democracia, los males persistan. A Cerezo lo sucedieron mandatarios ligados al poder militar de las anteriores dictaduras y aunque a algunos de ellos se los ha juzgado por sus crímenes y sus latrocinios, nada había cambiado hasta la elección de Alvaro Colom el año pasado.

Se calcula que más de cinco mil guatemaltecos son asesinados al año y que casi la totalidad de esos crímenes queda en la impunidad. Los narcotraficantes actúan al estilo de los colombianos, conviviendo con los campesinos del sector en que han sentado sus reales y ayudándolos económicamente. Y a las acciones del crimen organizado se agregan los manejos de los grupos empresariales que usan los organismos del Estado para su beneficio.

Colom

Alvaro Colom es un socialdemócrata que lidera la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, partido que lo postuló a la presidencia el año pasado. Fue un opositor activo a las pasadas dictaduras y es sobrino de Manuel Colom Arguetta, que fue una de las figuras más destacadas, nacional e internacionalmente, en la lucha por la democracia. Por eso fue asesinado en los años setenta.

En su gestión de gobierno, Colom se ha topado con la realidad que hemos descrito y a la que hay que agregar la gran pobreza que existe en el país. También tuvo que enfrentar el aislamiento internacional y ha desarrollado una política destinada a abrir relaciones y a ampliar los horizontes en busca del desarrollo. En lo interno ha puesto el acento en combatir la exclusión social.

Con ese propósito puso en práctica el Programa de Cohesión Social, para terminar con la exclusión, discriminación represión y asesinatos de la población rural e indígena. Ha buscado sanear la función pública y ha destituido a mas de 500 funcionarios, limpieza que también ha realizado en el ejército llamando a retiro a mas de mil jefes militares. Esto le ha significado grandes enemistades, especialmente entre los empresarios y los militares retirados que son los que lideran la oposición.

Lo sucedido en el Banrural es un claro ejemplo y eso lleva al caso Mussa, ya que Colom nombró a Khalil Mussa como presidente de ese banco, pero éste nunca pudo asumir el cargo debido a la oposición de los empresarios cafetaleros que también son parte del Banrural, donde hay una situación que tendrá que ser parte de las investigaciones en curso.

Mientras tanto, la oposición quiere imponer la renuncia de Colom, pero parece haberse topado con la reacción popular. Las marchas del domingo pasado fueron favorables al gobierno. Los opositores trataron de disminuirla diciendo que los manifestantes habían llegado en buses contratados para ese objeto. Y no podía ser de otra manera, Colom ganó las elecciones con los votos de las provincias, ahí está su mayor apoyo.

Pero la oposición no logró movilizar a los capitalinos porque en los sectores medios y populares Colom ha tenido un avance importante y observadores políticos que han visitado el país señalan que se debe a dos cosas, a que la gente percibe a su gobierno como el gobierno de los pobres y a su respuesta a las demandas de renuncia. Aludiendo a la sede del gobierno, el mandatario declaró ”Yo de esta casa sólo me voy muerto”.

Y esa afirmación ha hecho pensar también a los opositores.

Por, Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.
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El ministro de Interior del Gobierno en la franja de Gaza, Said Siam, considerado uno de los responsables más importantes del movimiento islamista Hamás, ha muerto hoy en un bombardeo de la aviación israelí sobre un edificio de tres plantas, que se vino abajo tras el ataque, han confirmado fuentes palestinas y de Israel. Siam tenía a su cargo la coordinación de unos 13.000 policías y miembros de seguridad de Hamás, muchos de los cuales están combatiendo a los soldados israelíes en esta ofensiva.

Junto a Siam también han perdido la vida su hijo y su hermano, Salah Abu Sharah, responsable de la seguridad de Hamás, mientras otras 20 personas han resultado heridas de gravedad en el ataque. Según el Ejército israelí, sus tropas también han cercado la vivienda de Mahmud al-Zahar, máximo ideólogo de Hamás en Gaza, quien permanece en paradero desconocido.

Este bombardeo forma parte de la ofensiva que ha continuado hoy Israel sobre la franja y que esta mañana ha resultado en un ataque a la sede de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria para los refugiados palestinos, en Gaza. Bombas israelíes han caído sobre el complejo de la agencia, hiriendo al menos a tres personas y destruyendo "todos los alimentos" que almacenaba. El complejo bombardeado alberga también un centro de formación en el que estaban refugiadas 700 personas. UNRWA, que ya tuvo que suspender sus actividades la semana pasada por la muerte de un camionero que conducía uno de sus camiones, ha expresado su protesta contra estas acciones "desmedidas", dado que el ejército israelí tiene las coordenadas de sus centros y conocen de antemano sus actividades. Israel ha pedido perdón a la ONU por el ataque y sostiene que milicianos palestinos atacaron a los soldados israelíes desde allí.

Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA en España, ha informado de una situación "caótica" en la sede de la agencia en Gaza tras el ataque. El bombardeo se ha producido a las 10 de la mañana y ha incendiando algunas instalaciones del complejo, por ejemplo el centro de formación, en el que se refugiaban 700 personas. Según UNRWA, "dos disparos de artillería y tres bombas de fósforo blanco" han caído en el complejo. El bombardeo ha provocado un incendio en los almacenes, "llenos de provisiones, alimentos y otros", destruyéndolos, y en el centro de formación. Añade Martí que dentro del recinto había varios camiones de combustible, listos para el reparto que efectúan diariamente, con el consiguiente peligro de incendio, informa Javier Salvatierra.

Poco después del ataque, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha pedido disculpas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por el "gran error" cometido por los militares. Horas después, el primer ministro, Ehud Olmert, ha asegurado que sus soldados "fueron atacados desde ese lugar". En cualquier caso, ha reiterado las diculpas por "las tristes consecuencias". Ban, que se encuentra de visita en la región para tratar de alcanzar un alto el fuego , había expresado antes su "enérgica protesta y rabia" a los ministros de Defensa y Exteriores y pedido una "completa explicación". A la condena por el ataque se ha sumado la UE -que ha expresado su "consternación"-, así como los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido. El presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, ha criticado, por su parte, este ataque que, as u juicio, evidencia "desprecio" hacia las leyes internacionales.

Tanques en la ciudad de Gaza

A la espera de dar una respuesta al plan egipcio de paz, aceptado ayer con condiciones por Hamás , Israel prosigue la ofensiva contra la franja. De hecho, la ha intensificado esta noche. Además de los bombardeos, tanques israelíes se han adentrado en la ciudad de Gaza por el sur, por lo que miles de palestinos han emprendido la huida por las calles. Al menos 15 palestinos han muerto en los ataques de hoy, según fuentes médicas palestinas. El número de palestinos muertos por la ofensiva ha superado ya el millar , por 13 israelíes -3 civiles y 10 soldados.

Los proyectiles israelíes han alcanzado también un edificio en el centro de la ciudad de Gaza el que tienen sus sedes varios medios de comunicación, entre otros la agencia Reuters. Un proyectil israelí ha impactado en el piso 13 de la torre Al Shuruq y dos periodistas han resultado heridos. Periodistas de Reuters han informado de que no tenían constancia de la presencia de hombres armados en las inmediaciones. El hospital Al Quds también ha sido alcanzado.

Los tanques israelíes, que ya estaban posicionados al norte y al sur de la ciudad, han penetrado por el barrio de Tel al Hawa, al sur, disparando sobre supuestos objetivos de Hamás, el movimiento islamista que domina la franja. Un residente en Gaza ha contado a Juan Miguel Muñoz que los ataques de esta noche han sido los más intensos desde que comenzó la ofensiva el pasado 27 de diciembre y que miles de personas huyen de los tanques ya en calles céntricas de la ciudad.

Cierre de Cisjordania durante 48 horas

Este jueves el Ministerio de Defensa israelí ha decidido imponer un "cierre general" en el territorio palestino ocupado de Cisjordania por motivos de seguridad, que se prolongará durante 48 horas. "De acuerdo con evaluaciones de seguridad se pondrá en marcha un cierre general en Judea y Samaria nombres bíblicos para Cisjordania)", informa un comunicado difundido por el Ejército israelí. El cierre se prolongará desde las a las 22.59 hora peninsular española (21.59 GMT) y se levantará el sábado 17 de enero a las 23.59.


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