Miércoles, 20 Abril 2011 18:52

¿En qué va el caso de los niños de Tame?

Tras el asesinato de la doctora Gloria Gaona, jueza que conocía el caso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanitos, hechos ocurridos en octubre de 2010 en el municipio de Tame, José Álvaro Torres, padre de Jenny, Jimmy y Jefferson, recibió amenazas contra su vida y la de su núcleo familiar, lo cual lo obligó de nuevo a desplazarse y solicitar protección. Fue trasladado a Bogotá. Entre tanto, los abogados de las víctimas, quienes el mismo día del asesinato de la jueza también recibieron llamadas intimidatorias, solicitan a la Corte Suprema de Justicia que el proceso sea radicado en la capital del país para darle continuidad al juicio y evitar más hechos que atenten contra la justicia.

El 22 de marzo de 2011, pasadas las 8 de la mañana, cuando faltaban nueve días para que se reanudara la audiencia preparatoria que había sido suspendida luego de que la jueza Gaona advirtiera maniobras dilatorias por parte de la defensa del subteniente Muñoz, acusado de violar a dos menores de edad y luego asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, la jueza fue asesinada por un sicario en pleno corazón de Saravena. El homicida se acercó a pie y luego huyó en moto, tras dispararle sin piedad en la cabeza a la jueza cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
 
El hecho conmocionó al país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura reaccionaron repudiando el atentado contra una mujer consagrada a impartir justicia y que en ese momento llevaba el delicado caso del subteniente del Ejército que en octubre de 2010, cuando sucedieron los hechos, comandaba la cuadrilla Buitres 2, adscrita a la Brigada Móvil 5.

Sin duda, uno de los más afectados por el asesinato de la jueza fue el propio José Álvaro Torres, quien en ese momento residía en Saravena. “Me mataron a la juez”, llamó preocupado a informarles a sus abogados sobre la noticia que corría por el aire. “Yo nunca crucé palabra directamente con la jueza, pero si agradecí mucho que durante la última audiencia que hubo, que no pudimos terminar, ella le llamó la atención a la defensa y regañó a las abogadas por renunciar en la mitad de la audiencia, eso fue importante porque uno como familia de las víctimas se siente como si estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y viéndole la cara al asesino de mis hijos sin que nada pase. Ese día la mamá de los niños, que era la primera vez que iba, se desmayó porque le afectó mucho ver al militar que abusó de la niña y quien mató a nuestros tres hijos porque para nosotros fue él”, dice acongojado don José Álvaro.

Las autoridades también descalificaron el hecho. Desde el Vicepresidente de la república, pasando por senadores y el Ministro del Interior, altos funcionarios salieron al paso y en diferentes escenarios públicos y medios de comunicación condenaron lo sucedido, al tiempo que reclamaron celeridad y todo el peso de la ley para aclarar y condenar la muerte la jueza. De inmediato se iniciaron las investigaciones y se ofrecieron recompensas para identificar al asesino, de quien sólo se tiene su retrato hablado.

Independientemente de las ‘razones’ que tuvo el asesino, el proceso se ha visto afectado y la reanudación de la audiencia preparatoria, programada para el 31 de marzo, no se realizó. Tras la polémica generada por el eco que los medios de comunicación les dieron a los cuestionamientos que la jueza Gaona hizo de la Defensoría Militar (Demil), encargada de la defensa del subteniente Muñoz, aún no es claro si ellos continuarán con el proceso, pues públicamente se ha dicho que en sus estatutos está prohibido defender a personas acusadas de delitos sexuales.

El Juzgado de Saravena fue trasladado a Arauca y con él sus procesos, incluido el caso de los niños de Tame. El pasado 11 de abril fue respondida favorablemente la solicitud de Humanidad Vigente –organización que acompaña a las víctimas en este caso–, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, para que el proceso fuera radicado en Bogotá, ya que es un lugar donde con mayor seguridad se les pueden brindar garantías judiciales y de seguridad a los funcionarios de justicia y las familias involucradas, los posibles testigos e incluso los abogados que participan en el caso.

Dice la comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 8 de abril se decidió, tal como lo alegara Humanidad Vigente, que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos, lo cual ha dado lugar a las denuncias correspondientes” y “debido a la situación de orden público imperante en esa parte del territorio colombiano, el gobierno nacional ordenó el traslado del padre de las víctimas a la ciudad de Bogotá a fin de garantizar su vida; que la secretaria del juzgado se encuentra protegida y que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado del despacho a la ciudad de Arauca, sin duda alguna tienen la virtualidad para alterar la competencia por poner en grave riesgo la función de administrar justicia y la seguridad e integridad de los demás intervinientes”.

A la espera

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reinicien las audiencias, el señor José Álvaro Torres y los padres de la otra niña que fue víctima de violencia sexual por parte del militar, y cuyo testimonio fue el que finalmente facilitó la identificación y captura del subteniente Raúl Muñoz Linares, los familiares y las comunidades del distrito de Flor Amarillo esperan que, tal como lo advirtió la jueza Gaona, no haya lugar a vencimiento de términos y el militar implicado no quede en libertad, que se dé continuidad al proceso penal, a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, y se hagan efectivos sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación integral.


Datos claves del caso


  • Al militar se le acusa de doble acceso carnal violento en menor de edad: una fue Jenny Torres, de 14 años, la niña que además fue masacrada con sus hermanitos el 14 de octubre de 2010; la otra niña, de la que por seguridad se reserva el nombre, fue violada por el subteniente Muñoz Linares el 2 de octubre y en ese momento ella tenía 13 años
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  • El otro delito imputado dentro del mismo proceso es el de triple homicidio de Jenny, Jimmy y Jefferson, bajo varias circunstancias agravantes, entre otras la de sevicia. En este punto es importante aclarar que es un solo proceso, por lo cual la defensa del militar Muñoz Linares debe actuar por los dos delitos y no sólo por homicidio.
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  • El subteniente Raúl Muñoz Linares no ha aceptado su responsabilidad en ninguno de los delitos imputados. En su declaración, el militar señala que tuvo relaciones sexuales consentidas con las dos niñas, lo que no significa aceptación del cargo.
Publicado enEdición 168
Soacha, Cundinamarca, 16 de junio. El grupo se autonombra las mamitas de Soacha. Crían a sus respectivas proles con unos cuantos pesos, grandes carencias y mucha enjundia. Desde que la larga era de la violencia colombiana les arrebató a sus hijos, algunas revolucionaron sus vidas y ahora son activistas por los derechos humanos. En las horas pico, el trayecto de Soacha al centro de Bogotá en metrobús puede tomar hasta dos horas. Pero cada miércoles hacen este recorrido, ya es el día en que sin falta se instala la galería de la memoria, plantón que organiza el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) frente a la céntrica Plaza Santander.

De paso aprovechan para salir de cacería a los puestos de libros usados. Apartando centavos del flaco presupuesto familiar se han hecho de una respetable hemeroteca de publicaciones, donde, de manera aislada, pero constante, se relatan las miles de historias canallas –como les llama el periodista español José Manuel Martín Medem– que componen el balance del uribismo.

Mire esto, dice Luz Marina Bernal. Me extiende un viejo ejemplar de la revista Semana. Ahí está el relato del soldado Luis Esteban Montes, del 31 Batallón de Infantería en La Guajira. Una noche oscura, de tormenta, le encargaron la custodia de un joven al que llevaron engañado al campamento en plena selva. Al amanecer debía matarlo para reportarlo como falso positivo. Le ofreció un cigarro al sentenciado. A la luz del cerillo se dio cuenta de que era su hermano Leonardo. Intentó salvarlo, suplicó ante sus superiores que no lo mataran y nada pudo hacer. Entonces habló, denunció el asesinato. De castigo fue confinado a un lejano campamento militar en Rionegro, obligado a recoger la basura como única misión.

Cómo se regó el escándalo

Las mamitas de Soacha han aprendido a conocer la entraña de su Colombia feroz. Según los informes de la reciente misión del relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, a mediados del año pasado conoció de primera mano historias muy similares a ésta en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Vichada. Es decir, el asesinato a sangre fría como práctica institucional del ejército en toda la extensión territorial. Movice cuenta con 2 mil 567 expedientes integrados.

Existe una flagrante tolerancia (del gobierno) con respecto a estos crímenes, sostiene Alston en su informe.

A diferencia de los miles de casos de falsos positivos anteriores, invisibilizados por los medios de comunicación y encubiertos por las autoridades, los de Soacha estallaron en los medios con toda su carga de escándalo.

Fue pura casualidad: en otoño de 2008, justo cuando los exultantes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, bebían todavía las glorias de sus dos golpes maestros: la Operación Jaque Mate para liberar a la francocolombiana Ingrid Betancourt y a tres agentes de inteligencia estadunidenses secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el bombardeo al campamento de Sucumbíos, en Ecuador.

Cuatro familias procedentes de Soacha estaban en la antesala de la morgue de Ocaña. Les acababan de confirmar que los cadáveres encontrados eran de sus hijos. Un periodista local pasó por ahí, vio la escena, se acercó, indagó. Publicó la noticia. Los datos se acumularon. Sumando dos más dos, la prensa nacional finalmente puso al descubierto el caso de los falsos positivos.

El 23 de septiembre de 2008 el caso de Soacha estaba en todos los noticieros. Uribe, siempre a la ofensiva, cuestionó directamente a las víctimas: esos muchachos –dijo en cadena nacional– no salieron con el propósito de recoger café; iban con propósitos delincuenciales.

Luz Marina y su marido venían llegando del cementerio, después de depositar ahí los restos de su hijo, empeñando y vendiendo hasta lo que no tenían para darle a su hijo un descanso digno. Prendieron el televisor justo en el momento en el que hablaba Uribe. Sentí una humillación tan grande como no se puede imaginar. Fueron esas ofensas lo que nos activó como madres a todas. Ahí, en ese momento, nos decidimos a luchar por la verdad.

Impunidad en todo su esplendor

Se presentaron las denuncias que tuvieron eco inusitado. Bajo presión, en noviembre el presidente accedió a dar de baja a 27 oficiales, entre ellos a su general estrella, Mario Montoya, ejecutor de la perfecta Operación Jaque Mate. Lo mandó de embajador a República Dominicana. Dos generales más, cuatro coroneles y varios oficiales de rango medio también salieron de las filas del ejército, cobijados por los halagos presidenciales. Nunca pisaron siquiera un juzgado. El analista Felipe Zuleta calificó esta medida de un fuerte blindaje para el presidente y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Solamente una veintena de oficiales de bajo rango y soldados fueron apresados. En el juicio del caso de Fair Leonardo Porras, quizá el más llamativo por su discapacidad mental, fueron presentados ante el fiscal seis militares. Se probó paso a paso su secuestro, su asesinato, el montaje de una escena de falso combate, la siembra de una pistola y casquillos de bala que no correspondían por su calibre, el robo de sus documentos. Se demostró en su totalidad el concierto para asesinar a sangre fría.

Los expedientes son una radiografía de cómo funciona esta maquinaria de muerte. Para llevar con engaños a los jóvenes a los puestos militares convertidos en trampas, actúa una red de reclutadores. Forman parte de los cerca de 750 mil civiles que colaboran con espionaje, delaciones y favores ilícitos al aparato de la seguridad pública. Su tarea también incluye proporcionar material bélico (generalmente ya inservible) para la fabricación de la escena del falso combate.

Los reclutados para el sacrificio son entregados a otro grupo de soldados profesionales adscritos a la división S-2 de inteligencia militar. Ellos son los encargados de asesinarlos e inhumarlos como NN. Luego entran en acción cuadros superiores, que colaboran en los montajes, la aprobación de las necropsias y los reportes falsos, la validación de inspecciones trucadas y, desde luego, el pago de los servicios a toda la cadena de producción. Esto se hace con el presupuesto de Washington para el Plan Colombia, según logró investigar Martin Medem, autor del libro Colombia feroz.

Instaladas las audiencias, empezaron las tácticas dilatorias. Un día un abogado tenía que ir al dentista. En cinco ocasiones otro justificó su ausencia del juzgado por fallecimiento de su madre. Así transcurrió el plazo de 214 días como máximo para emitir un fallo. Dos años después del hallazgo, todos fueron liberados. La prensa dio cobertura a la fiesta que organizó el Ejército para agasajar a los exonerados: banquete, globos, aromaterapia, manicure, rifas.

La impunidad en su esplendor.

“Pero esto aquí no termina –afirma Luz Marina Bernal– ahora vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

Por Blanche Petrich/ II y última
Enviada
Publicado enColombia
Viernes, 28 Mayo 2010 15:23

Johnny Silva A. Asesinato impune

El 22 de septiembre de 2005 fue asesinado
el estudiante de 5º semestre de Química Johnny Silva Aranguren.
El asesinato se ejecutó dentro del campus de la Universidad del Valle,
a manos de policías del Esmad, bajo órdenes del coronel Jesús Antonio Gómez Méndez.
El operativo contó con la autorización del secretario de gobierno Miguel Yusti para que ingresaran al establecimiento estudiantil.

Recordar. No olvidar. Aquel día arremetieron contra los estudiantes, y en un hecho de terrorismo estatal los policías, ni cortos ni perezosos, armados y camuflados desde tempranas horas, ubicados en sitios estratégicos, podían asesinar a cualquier persona dentro del establecimiento.

El asesinato fue premeditado, pues la luz eléctrica la apagaron a las 6: 30 p.m., para de inmediato disparar contra la humanidad del indefenso –que, con problemas motrices, no pudo correr. Todo esto con el beneplácito del presidente Álvaro Uribe Vélez: “pues el TLC hay que firmarlo cueste lo que cueste”, así lo hizo saber a la opinión pública (“Primer muerto por el TLC”, tituló la revista Semana).

Lo más preocupante es la posición de la Fiscalía especializada en derechos humanos, la número 41 de Cali. Cuando les pregunté por las medidas de aseguramiento a tales asesinos y cínicamente me respondieron que en una previa reunión habían decidido no dictar aseguramiento, porque no les iban a tirar la carrera a esos policías porque ellos van en ascenso, que los perdone y espere a la justicia divina. Y entonces, ¿qué pasa con las 38 pruebas que tiene la Fiscalía? ¿Para qué se hizo este trabajo? Y uno de los interrogantes que todos queremos despejar. ¿Quién apagó la luz? Ni la Universidad del Valle ni la Fiscalía responden. Exigimos una respuesta.

Wilman Silva,
Padre de Johnny Silva Aranguren
Publicado enEdición 157
Investigación penal por la participación de los directivos de la multinacional Drummond Jean Jakim, Garry Drummond, Agusto Jiménez y Alfredo Araujo, en el asesinato de los sindicalistas de Sintramienergética, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, ordenó a la Fiscalía General de la nación el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El fallo se produce, luego de dos años que el presidente Álvaro Uribe celebrara la absolución de la empresa por una corte de Estados Unidos, en un discurso pronunciado en el marco de la celebración de los 184 años de la Armada Nacional, en el que dijo que “El fallo de la justicia de Estados Unidos, librando de responsabilidad a la empresa carbonera Drummond en el asesinato de Sindicalistas en el departamento del Cesar es el comienzo del desmonte de falsos testimonios y montajes jurídicos para mancillar el honor de la Patria”

El juzgado así mismo estableció no solo indagar la participación del coronel Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad de servicios de la Mina Drummond y del medio hermano del ex-procurador Edgardo Maya, Jaime Blanco Maya, representante legal de la empresa industrial de Servicios y Alimentos –ISA-, sino condenar a 30 años de prisión a Jairo de Jesús Charris Castro por el delito de homicidio agravado de los sindicalistas mencionados.

La sentencia reviste gran importancia, por cuanto además de ser la primera condena que se produce por el asesinato de los sindicalistas de la Drummond, ordena investigar penalmente a los directivos de la empresa en Colombia, entre ellos su presidente Augusto Jiménez, y Alfredo Araujo, representante de la empresa carbonera frente a la comunidad, y quien es primo de Álvaro Araujo, senador encarcelado por parapolítica en el año 2008.

En este punto es necesario recordar que el ex jefe de informática del Das, Rafael García, aseguró en una de sus declaraciones que estuvo presente en una reunión, en la cual, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, con el fin de “eliminar obstáculos sindicales”.

Los sindicalistas Valmore Locarno y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente de Sintramienérgetica fueron asesinados el 12 de marzo de 2001 en jurisdicción del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según distintas pruebas allegadas al proceso, que fueron contundentes para que juzgado tomara las decisiones del fallo, los sindicalistas venían siendo amenazados por los paramilitares de la zona, desde tiempo atrás e incluso, sus nombres habían aparecido en varios panfletos que circularon en la región, en la que señalaban de guerrilleros a todos los sindicalistas.

Pero además, señala el juzgado, la junta directiva de Sintraminergética por esos días, estaba “ejerciendo presión ante la multinacional Drummond para que se cambiara o mejorara el servicio de alimentación que se prestaba en el Casino de la Loma, por parte de la empresa industrial de Servicios y Alimentos – ISA, representada por Jaime Blanco Maya”.

De ahí que, afirma el juzgado “ no se puede perder de vista que la causa de la muerte violenta del presidente y del vicepresidente de la Drummond, se encuentra inescindiblemente ligada a la lucha sindical por lograr el mejoramiento de un servicio de primera y sensible necesidad, al punto que si no se llegaba a un arreglo o solución distinta, la amenaza de cese de actividades como mecanismo de presión, era inminente.”
El juzgado también tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el hoy condenado Jairo de Jesús Charris, quien para entonces laboraba en el Casino a ordenes de ISA, y que en audiencia pública afirmó que “lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato, según se acordó en al reunión del 6 de marzo anterior en la que participó Jaime Blanco y Jean Hakin, uno de los directivos de la empresa”

Pero fueron las declaraciones del confeso paramilitar Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, las que más incidieron para que el juzgado tomara la decisión de investigar directamente a Jaime Blanco, ya que en una de las audiencias afirmó que fue éste quien solicitó a Oscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, comandante paramilitar de la zona, que “solucionara de raíz el problema del presidente y vicepresidente del sindicato, quienes le habían hecho la vida imposible para quitarle el contrato de alimentación”

Testimonio que complementa el guardaespaldas de Tolemaida, Alcides Manuel Mattos Tabares alias el “Samario”, quien además de reconocer las reuniones que mantenía su jefe con Jaime Blanco, afirma en audiencia pública que la persona que ese día dirigió el operativo fue Adinael, comandante urbano del frente Juan Andrés Álvarez, operativo en que participó igualmente José Aristides Peinado, que de trabajar con Blanco pasó a la organización paramilitar en el año 2001.

Para el juzgado es claro que “de esta manera queda probatoriamente identificado, sin equívocos, que efectivamente fue la organización paramilitar AUC la que destacó el personal que cumpliría el cometido de dar muerte a los sindicalistas, pero con colaboración del personal que tenía conocimiento de las personas que encarnaban la condición del presidente y vicepresidente de Sintraminérgetica.

Ese día, aproximadamente a las seis de la tarde, los paramilitares que se movilizaban en una camioneta Ford de color lobo verde y vidrios polarizados, luego de interceptar el bus e identificar a los sindicalistas, dispararon a Valmore, y se llevan retenido a Víctor Hugo, quien horas más tarde aparece igualmente asesinado.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo es un paso más en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, en casos, como este, de multinacionales que fueron, y siguen siendo las financiadoras de grupos paramilitares en Colombia.
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Sábado, 04 Julio 2009 10:38

Juan Manuel Santos con orden de captura

Sorpresa. Librada solicitud de captura en contra del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El requerimiento procede del Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Ecuador, dirigido por el juez Daniel Méndez.

La investigación que culminó en esta orden procede del ataque al campamento de las farc, el 1 de marzo de 2008, en Angostura, Ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas el ciudadano de aquel país, Franklin Aisalla. El ataque fue presuntamente ordenado, coordinado y dirigido por el exministro Santos. El proceso es impulsado por el agente fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien acusó a Santos. Ahora la justicia ecuatoriana cuenta con 90 días para emitir su dictamen acusatorio o absolutorio.

De acuerdo al fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, la extradicción del exministro puede solicitarse para juzgarlo porque “se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó a 25 personas”. Enfatizó, asimismo, que el Ecuador va “a respetar el derecho penal internacional. Se cometió un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado. Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión”.

El jueves, el jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Álex Vargas, confirmó que la boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la Interpol –a quien se le notificó el viernes- para que se busque al ex funcionario colombiano.

Reacción política


Una vez hecha pública la orden judicial, se conoció la reacción del Gobierno colombiano. Por un lado anunció la conformación de un equipo jurídico para atender la decisión judicial, al tiempo que mantiene el pasaporte diplomático de Santos. Por el otro, desplegó una fuerte arremetida política acusando al juez ecuatoriano de ser aliado del “terrorismo internacional”.
El tono de las declaraciones siguieron subiendo, y el viernes el presidente Uribe criticó a la comunidad internacional por guardar silencio ante el ataque de que es objeto Colombia, un ataque similar “…a un golpe de Estado”, “esto es un ataque del terrorismo contra toda Colombia…”, recalcó una y otra vez.

Respuesta desmedida que trata de sacarle provecho político electoral al lío judicial, al colocar como “víctima del terrorismo” al exministro, que como se sabe, es una de las cartas del Uribismo en caso de que Uribe no logre superar todos los escollos que enfrenta para liderar la nueva reelección.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, precisó que  “no es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”.

La Interpol


La orden avanza, pero será en París, en la dirección de la Interpol, donde se decidirá si la misma se transforma en Circular Roja.

Mientras esto sucede el lío judicial proseguirá y el debate sobre la legalidad o no de la doctrina del ataque preventivo, el respeto a la vida y la inviobilidad de la territorialidad de cada país, o soberanía nacional, tomarán un lugar importante. Como se sabe, la falta de garantías sobre el particular son algunos de los elementos que han impedido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
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Pese al lenguage diplomático y respetuoso que usa el señor Alston para referirse a los agentes del Estado colombiano que le atendieron, en su mayoría duramente cuestionados por su descarada responsabilidad en crímenes horrendos, y también pese a la mención innecesaria que hace Alston sobre el accionar de la insurgencia, tal vez para imprimirle mayor tinte de neutralidad a su pre-informe, sus palabras constituyen un paso decisivo hacia la profundización de la denuncia e investigación del régimen para-uribista que azota llena de desgracia a la Colombia más pobre e ignorada.

Pre-Informe dePhilip Alston, relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales.


Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009


He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).

Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave. También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla


Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad


La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales


A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares. Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno


La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos


La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas


Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
Publicado enColombia
Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)


El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.
    
La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.

Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.

Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2    Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3    Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4    Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).


Publicado enEdición 146
Aunque los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional sede Bogotá aún sean un mito, sin duda alguna significan el punto de quiebre del movimiento estudiantil, y la inicial implementación de reformas para este centro de estudios y para el conjunto de la educación pública colombiana.

Corrían los 80, época turbulenta. Los movimientos insurgentes estaban en su apogeo. El Gobierno lo sabe y endurece la respuesta: el país se militariza, surge el MAS, los narcotraficantes ganan espacio, el paramilitarismo muestra sus primeros rostros, la tortura y las desapariciones son norma cotidiana

La Universidad Nacional (UN) no es ajena a esta dinámica. Aunque ya existía una malla que la separaba del resto de la ciudad, los estudiantes estaban en continuo diálogo con ese país de barrios y veredas; de fábricas, almacenes y empresas, o desempleado y en lucha por el pan diario. La Universidad era centro de debate, proposición y lucha, esta última centrada en la defensa de lo público, que para esta época aún quedaba, pero los estudiantes y profesores de entonces tenían otra visión. Su compromiso no era exclusivamente la defensa de la educación y la universidad pública sino con todo un pueblo. Para muchos, su proyecto de vida era lograr una revolución.

Por entonces ya asomaba la privatización de la educación por el neo- liberalismo, que hacía sus primeros pinos aquí y se afianzaba en el Cono Sur. En este marco el 16 de mayo de 1984 es una fecha culminante. Dolía la pérdida de Jesús Humberto León Patiño, estudiante de Odontología, poeta, líder y luchador por el bienestar estudiantil, torturado y asesinado en Cali el 9. Había indignación. Además de la muerte de “Chucho”, se agregaban las del profesor de economía Alberto Álava Montenegro (20 de agosto de 1982), la desaparición de los hermanos García y los hermanos Sanjuán1, y Yesid González (7 de octubre de 1983), entre otros. El rector Fernando Sánchez Torres, quien como el presidente Belisario Betancur había llegado con tono conciliador, usaría otras tácticas. Sánchez acudía a cierres preventivos, desalojo de las residencias estudiantiles, con amenazas de militarización y expulsiones2. Asimismo, el recorte de presupuesto en la UN llevó a disminuir servicios básicos, práctica docente, investigación, extensión, dotación de bibliotecas, reducción de la planta de profesores, deterioro de equipos3.

Los estudiantes dieron a conocer su inconformidad con movilizaciones, tomas pacíficas (iglesia de Lourdes, Cruz Roja…), pidiendo el reintegro de estudiantes expulsados y libertad de detenidos, la no militarización del campus, cumplimiento del Acuerdo 046 de 1983 sobre cogobierno en residencias, reapertura de la U, etcétera4. Así llegó el fatídico 16 de mayo de 1984 (ver recuadro).

Oleada de reformas

Tras los hechos de mayo de 1984, la UN fue cerrada por casi un año. Reabierta en abril de 1985, llegaron los estudiantes a culminar el semestre truncado en 1984, pero las cosas eran distintas. Se vio una U ajena, diferente. El silencio era su dueña. Muchos no volvieron pero otros lo hicieron en silencio. Las paredes eran totalmente blancas. La cafetería, un polideportivo. No funcionaban las residencias. Todo era confusión y desconcierto para quienes habían conocido una U beligerante, con propuestas de cambio social, político y económico en el país. La Rectoría también había cambiado: estaba Marco Palacios, primer encargado de ejecutar reformas académicas, administrativas y estructurales que harían de la UN otra realidad.

Las principales reformas tuvieron que ver con Bienestar Estudiantil, que funcionó hasta 1984 con el servicio, aunque deficiente, de cafetería. Se hablaba de pérdidas económicas y se decidió su cierre definitivo, sumado al de las residencias desde fines de los 70, retomadas y recuperadas varias veces por los estudiantes hasta su clausura definitiva en mayo de 1984.

“El nuevo sistema de bienestar universitario que el Consejo Superior ha estructurado dentro la concepción del “nuevo orden” contempla: asistencia económica en forma de préstamos condonables, servicio médico asistencial, asistencia social (ayudas psicológicas, de sociólogos, etcétera), asistencia académica (consejerías, comités de carrera, etcétera), programa de actividades culturales y deportivas”5.

Con esas políticas se dio comienzo a una universidad en que los de menos recursos o de provincia debían buscar sus medios de vivienda y alimentación, lo que limitó sus posibilidades de estudio. Lo conocido como bienestar estudiantil –a partir de ahora Bienestar Universitario– fue reemplazado por “préstamo-beca de un salario mínimo para los más necesitados, y de medio salario mínimo para los menos”. La represión tomó forma: ya no sólo la fuerza pública entraba a ejercer acciones; se había dispuesto una reforzada vigilancia, motorizada, con mayor presencia, y equipos de comunicación y armas de fuego “para preservar el orden y la normalidad”.

El discurso de las directivas cambió: ahora se hablaba de “excelencia académica”, lo que llevó a una reestructuración estatutaria para cumplir con las reformas en el mayor centro de educación superior del país. Bajo este discurso se acomodó el lenguaje empresarial a la institución académica; partiendo de la ‘excelencia’, se hablaría de “eficiencia”, como una empresa privada, para conseguir el paso a particulares de la UN, hecho que hoy, 25 años después, es cada vez más claro y cercano.

Contradictoriamente, mientras se hablaba de criterios de “excelencia académica” por la administración universitaria, en la práctica este concepto era cada vez más lo contrario: deficiencia docente; problemas de laboratorios, bibliotecas y salones; reducción de prácticas académicas y salidas de campo. Asimismo, el autoritarismo del rector y su administración se caracterizó (1985-1988 y 2004-2005) por el modo como se tomaban decisiones en lo concerniente a la vida universitaria, sin consultar con la comunidad, utilizando lo que fuera para reprimir y acallar la protesta o la simple inquietud de los estamentos. También, en dar tratamiento de orden público a la inconformidad, y en decretar decisiones, además de destinar recursos a obras inoperantes, como el puente vehicular en la entrada de la Calle 45 o prometer la construcción de un salón de esgrima, una pista de patinaje y un hospital, que hoy después de 25 años no se ven y no se verán.

Reformas, unas y otras, asentadas en las políticas de reacomodación económica global, que superan las fronteras y se dictaminan por organismos multilaterales (FMI, BM, OMC) y los países que los controlan, propias del neoliberalismo planteado desde mediados del siglo XX y puestas en práctica desde finales de los 70. Políticas que llevan al dominio de la “mano invisible” del mercado sobre los aspectos de la vida social, en cuya visión desaparece teóricamente la concepción de sociedad y pasa a cumplir un papel mucho más importante el individuo; allí se plantea la competitividad basada en la promoción de incentivos personales, para que cada uno dispute con fiereza las ‘oportunidades’ del establecimiento o los sectores dominantes del capital. Bajo criterios de costo-beneficio para justificar las políticas públicas en lo económico, lo social y lo cultural, que le quitan la responsabilidad social al Estado, dejándolo como simple árbitro de las relaciones de mercado, bajo la premisa de que aquél es ineficiente y corrupto.

La política privatizadora pretenderá acaparar instituciones y entidades, la universidad entre ellas: entra en el juego del mercado, poniendo en discusión conceptos como el de autonomía, confundida con el de autofinanciación, ligado a recortes presupuestales y que conllevan políticas de autosostenibilidad económico-financiera de la U, optando por vender bienes y servicios para cubrir gastos, de la mano de otras políticas: flexibilización laboral, pago por horas, desmantelamiento de la seguridad social, no pago de horas extras. También tiene un objetivo, el mismo del capital: acumular y generar riqueza, ¿para quién y bajo qué costo? Para ello se requiere mano de obra medianamente calificada, y superespecialización del conocimiento. Por eso se privilegia el posgrado, en detrimento del pregrado, filtrando así el número de quienes tienen acceso al conocimiento y la calidad, por un lado, y por otro la masificación de la formación técnico-tecnológica, al servicio de la empresa privada, nacional o transnacional, y no de la población que lo necesita: la mayoría excluida y empobrecida, limitada a un precario acceso al conocimiento, al servicio de terceros, mientras sólo deben propender por su simple subsistencia y su reproducción como mano de obra barata.

Para tal efecto, es decir, la consecución de recursos propios por la universidad, además de la venta de bienes y servicios y la tercerización laboral, la UN empieza a filtrar, no tan evidentemente, la admisión de nuevos estudiantes, escogiendo a quienes puedan cubrir un mayor costo en la matrícula y desechando a los venidos de clases populares y de provincia que necesiten, en una u otra forma, ayuda para subsistir. Esto tiene una relación directa con el nivel académico de los bachilleres, con más egresados de colegios públicos quizá, mientras los de colegios privados ofrecen, además de notables diferencias económicas, una diferencia en el nivel formativo. Así se apunta a dos aspectos: por un lado, se logra la autofinanciación mediante las matrículas, y por otro, y debido a las evidentes diferencias de formación de quienes ingresan en la UN, se hacen, sin caer en generalizaciones, a estudiantes más obedientes, menos críticos y que no se manifiesten ni alteren el orden y la normalidad del centro educativo (que tal vez no lo necesitan), que vayan simplemente a estudiar, cumplan con lo necesario en términos académicos, y no pongan problemas en lo disciplinario, además de que embellezcan el campus.

¿Y ahora, qué?

No debemos perder de vista los hechos que atraviesan la historia de la UN, que, así presente desaciertos del movimiento estudiantil, es evidente que detrás de toda política que se implanta hay intereses de grupos económicos y clases sociales que tienen sus propias finalidades y no ahorran esfuerzos para lograrlas.

Es hora, 25 años después, de volver a preguntarnos dónde estamos, hacia dónde nos está llevando este sistema y si somos capaces, hoy como estudiantes y mañana trabajadores (los que tengan suerte), o desempleados con título (si pueden pagar los semestres), de darle un giro a la historia de la U y del país y la sociedad, y desde allí volver a constituir, si alguna vez existió, esa universidad crítica con el sistema, con preguntas y cuestionamientos pero también con propuestas y ganas de luchar por nuestros sueños, seguro de lo que la sociedad necesita. Para que la memoria de quienes entregaron su vida no quede en el olvido, y sus muertes no queden impunes.

1    http://www.humanas.unal.edu.co/prensaestudiantil/memorial/la_verdad_de_una_masacre1.htm.
2    Comunicado 001 de los Estudiantes de la Universidad Nacional al pueblo colombiano, abril de 1984, Centro Cultural Policarpa, Bogotá, D.E., Prensa Estudiantil.
3    ibíd.
4    Desalojo pacífico de la U, sin cierre, El Tiempo, 6 de abril de 1984.
5    Monografía trabajadoras sociales, 1986.
*    Fotografías: Felipe Castro y archivo Universidad Nacional.

Recuadro

La verdad de una masacre1


La muerte de Chucho2 no podía quedar impune como tantas [...] En este país a la gente no sólo la matan en las universidades; también en un callejón oscuro; la dinamitan amarrada a un poste en un barrio popular, o amanece tirada, amordazada, en cualquier potrero. Alberto Álava fue asesinado en la puerta de su casa; los hermanos García y los hermanos Sanjuán no se sabe dónde [...]. Algunos decidieron realizar un acto político para reivindicar su lucha, su vida.

Ese 16 amaneció triste, en los ojos llanto, en los pechos ira, al llegar a desayunar en cada mesa un poema y una flor, el uno por la ira, el otro por el llanto, y unos ojos que nos miran, nos vigilan, son muchos ojos que allanan nuestra cotidianidad; al salir de la cafetería, una compañera me abraza y llora: era su mejor amigo, hacía tan poco que habían hablado, cuántas cosas construyeron, cuántas discusiones, cuántas sonrisas.

10 a.m.: Plaza Che Guevara. Algunas pancartas con la imagen del compañero, del amigo, del hermano, y un poema que intenta recoger sus luchas; el acto político de homenaje se desenvuelve entre poemas, música y recuerdos; cada estudiante se pregunta por qué ante estos crímenes nadie dice nada, alguien dice no saber nada, por qué la prensa calla, por qué la muerte de un obrero, de un campesino, de un maestro, de un estudiante, no son importantes para los jueces, procuradores, ministros, presidentes? Y el acto no era suficiente; para otros, la reivindicación se daba en otros términos, en la calle, para que la gente supiera que sus ojos no quieren seguir viendo que corre la sangre del pueblo.

2 p.m.: Plaza Che. Un bus quemado, testimonio de la lucha contra el TSS, el IVA, la tortura, el asesinato. En la Calle 26 se escuchan tiros dirigidos a compañeros que paraban un bus. Los tiros se siguen escuchando. En la entrada, unos estudiantes lanzan piedras contra el piquete que había disparado. Vuelven a disparar. La gente se tira al piso. “Veo un policía guardando un revólver plateado en la cintura. Ellos ganan la malla y siguen disparando indiscriminadamente, al lado izquierdo un compañero se acerca a la malla, se escucha un disparo, el compa cae al piso. No puedo creer que le hayan disparado a quemarropa, el compañero se retuerce en el piso, al voltearse veo que emana sangre de su estómago, unos muchachos lo alzan de pies y manos, lo llevan a Bienestar” (ver fotos de El Bogotano, 17 de mayo).

¿Quién dio la orden de llegar disparando y tirar a matar? Le dan a otro compañero en la pierna. Los testimonios se repiten, la Procuraduría sabe pero... nada. Una persona con capucha dispara desde el interior de la U, cosa que nos sorprende. Suena una explosión cerca de la policía y ésta entra disparando […] Los estudiantes corren.

El tipo que había disparado desde la U se quita la capucha y empieza a disparar hacía los estudiantes (elementos extraños a la Universidad) mientras los estudiantes corren a refugiarse. Cae un compañero, otro; los compañeros van cayendo. “Un compañero de camiseta verde corre, un policía le dispara una, otra vez, no le da, vuelve a dispararle una y otra vez, como tirando al blanco, hasta que el compañero cae. No sé qué pasará con él, pues tuve que salir corriendo, pues los policías y algunos civiles (policías de civil) ya estaban muy cerca de nosotros”. Peor que entrar disparando, entrar como en una cacería hasta que la presa caiga. Es la policía ‘profesional’ con que cuenta esta adolorida patria. Detrás de la ‘disponible’ entra la patrulla motorizada (y si mi general Delgado Mallarino y mi general Vargas Villegas no lo creen, ahí están las fotos) en un número aproximadamente de 10. Por la Calle 45 entra otro grupo, impidiendo la salida de estudiantes. Es de anotar que dichos motorizados venían sin su acostumbrado chaleco naranja, tal vez para evitar que fuera reconocido su número, pero algunos compas alcanzan a ver el 00 (cero cero) en el casco de algunos, y, como si esto fuera poco, luego mandan entrar al GOES, con su característico uniforme oscuro, siendo esto lo único que reconoce mi general.

Como si fuera un safari, la policía entra a llevarse los cuerpos de los compañeros asesinados por la espalda, a sangre fría (si es que la tienen), a rematar a los heridos. “Vi caer estudiantes heridos cuando corrían hacia residencias femeninas. Cerca de Agronomía, la policía apaleó a alguien y luego de golpearla durante casi un minuto le dieron un tiro” (El Socialista, mayo 24, p. 2) (...).

“Hacia las tres de la tarde de ayer corrían dos estudiantes en medio del pánico general que cundía en la U. Buscaban un sitio de protección y detrás de ellos un piquete de uniformados y tres civiles dispararon a quemarropa a un estudiante que huía. El acompañante de éste, ante tal escena, se detuvo con las manos en alto. Fue aprehendido de inmediato por los mismos policías y golpeado brutalmente. Luego lo obligaron a cargar el cuerpo de su compañero abaleado y lo guiaron hacia la jaula a punta de bolillo. La policía, al levantar el cuerpo del abaleado, le puso en el rostro una capucha del M-19 que la propia policía portaba. Esto fue presenciado por aproximadamente unas 50 personas que a esa hora se escondían en Sociología” (Del comunicado de Odontología, firmado por un grupo de estudiantes)3.

“En vista de mi impotencia para salir corriendo, por una enfermedad que me postró en muletas hace muchos años, opté por tirarme al piso para huir de las balas y logré arrastrarme por el suelo hasta ampararme detrás de una banca de cemento. Quedé como a tres metros de la puerta de acceso a la residencia4 y fue cuando pude escuchar la forma tan violenta como la policía atacaba a los residentes que allí se encontraban. Entraron, según el estruendo que se oían, destruyendo todo, puertas, objetos, y sacando a bolillazos a quienes encontraron a su paso en aquellas piezas. Pude escuchar cuando un militar ordenaba que sacaran ‘a todos esos H.P.’ de allí, y también pude oír cómo al poco tiempo ordenaron que desalojaran la U... Pero la calma no reinó porque momentos después penetraron personas que supongo pertenezcan a organismos secretos del Estado portando pistolas pequeñas, agarrando estudiantes y entregándolos a la fuerza disponible que estaba a la entrada de la 26” (...).

“Recibí el puesto de vigilancia de residencias femeninas a Luis R. sin novedad [...] A las 2:30 la fuerza pública destruyó los vidrios... Luego de los acontecimientos hice un recorrido minucioso en todos los pisos, encontrando las siguientes habitaciones, donde rompieron las chapas: 2069-2067-2018-3038-2034-2033. Las rompió la policía de civil que entró rompiendo la puerta principal con las motos”.

“Vimos cuando unos hombres, casi todos de negro y vestidos deportivamente, entraban armados a residencias femeninas y oímos que golpeaban las puertas y rompían las chapas. Tumbamos las camas y trancamos la puerta, nos encerramos en los armarios. Cuando dejamos de oír ruidos nos asomamos, vimos cuando sacaban encañonadas a varias compañeras”./ “Reconocimos a uno con buzo azul que en la pedrea estaba entre los estudiantes y ahora llevaba un arma apuntándole a una compañera” [...]./ “Un compañero no pudo correr más, lo cogieron y lo tiraron al suelo, le daban patada y bolillo, se le paraban encima y llegó un negro de amarillo y negro (camiseta de rayas) y le dio dos disparos. Gritamos que no lo mataran. Lo llevaron a rastras. No volvimos a verlo” (...).

Otros testimonios

Los abajo firmantes, trabajadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a continuación relatamos los hechos ocurridos el miércoles 16 de los corrientes a eso de las 2:30 a 3:30 p.m.

“En vista de que se oían disparos en el interior de la UN, desde las ventanas del Instituto vimos a un grupo de estudiantes desprovistos de capuchas que se disponían a abandonar los predios por la Calle 47. Cuando ya ganaban la puerta, fueron arremetidos a bala por un grupo de uniformados de negro y policías antimotín que golpeaban indiscriminadamente a los presentes. Se les condujo a unos carros por los uniformados de negro. La policía antimotín penetró en la U” (...).

“Pude ver cómo entraron a la U unos civiles que más tarde volvieron a salir con seis estudiantes, mujeres, quienes iban plenamente identificables, sin ninguna clase de capucha, y las metieron en una jaula. También metían a otros de los que estaban allí mirando, diciéndoles: ¿Usted es de la Nacional? ¡Camine! y los encañonaban”.

“Lo agarraron a bolillazos y patadas. Luego lo cogieron por la parte trasera de la pretina del pantalón y lo levantaron sin que el muchacho reaccionara. Mientras tanto, por la avenida venía un civil negro que vestía chaqueta terracota y bluyín junto con otros uniformados. Sacó un revólver o pistola y se acercó al muchacho que estaba caído en el césped y le disparó” (...)5.

1.     Documento publicado en el periódico 16 de Mayo: año 1, Nº 1, julio de 1984. Retomado en revista Suversión N° 563 (1), septiembre de 1993, Bogotá. Editado.
2.     Se refiere a la muerte de Jesús Humberto León Patiño, de sexto semestre de Odontología, torturado y asesinado en Cali el 9 de mayo de 1984 (NE).
3.     Éste, al igual que los testimonios que siguen, fueron firmados y muchos llevan como identificación nombre y cédula. Para esta transcripción, hemos omitido estos nombres por considerar innecesaria su publicación (NE).
4.     Estas residencias estudiantiles ocupaban lo que hoy es el edificio Antonio Nariño. Las residencias femeninas estaban en el edificio Manuel Ancízar (NE).
5.     Si bien se ha respetado al máximo la publicación original, se ha hecho una edición para facilitar la comprensión de los testimonios, y se corrigió uno que otro error de tipografía (en especial adiciones o ausencias de letras en palabras).

Publicado enEdición 146
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC
Publicado enColombia
Octubre 12 – noviembre 24. Cuarenta y tres días que marcan el provenir de los movimientos sociales y de las luchas futuras. Luego de trasegar desde La María (Piendamó) hacia la capital del país, más de 12.000 indígenas que hicieron parte de La minga social y comunera reposan hoy en sus lugares de procedencia pero no descansan, pues, como ellos mismos lo dijeron, la Minga no termina con la movilización; comienza con este nuevo sentido de unidad y resistencia.

Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con la parsimonia que dan las experiencias de la vida, mira el recorrido de esta gesta indígena sin precedentes, que se erige hoy como opción real para la articulación de los distintos sectores organizados del país. Habla sobre la participación de la ONIC en esta iniciativa, los pueblos que participaron y la importancia de la unidad de todos los sectores sociales del país.

Una Minga que se plantea hoy como propuesta concreta de gobernabilidad propia. Prospectiva programática de exigibilidad que encarna las expectativas de la gran mayoría de la sociedad colombiana. Luis Evelis advierte sobre las dificultades que se han presentado desde esta gesta y la participación de los pueblos indígenas asociados a la ONIC.

Julián Carreño: ¿Qué expectativas tenían con la Minga y qué se logró en concreto?
Luis Evelis Andrade: Primero, teníamos como expectativa generar un proceso de afianzamiento de la unidad de los pueblos indígenas. Creo que en parte eso se logró. Segundo, queríamos generar un proceso de relacionamiento y diálogo con muchos otros sectores sociales del país. Incitar a todos estos sectores a que nos pronunciemos en temas fundamentales que afectan a los indígenas, así como a toda la población colombiana, por lo menos a una gran mayoría, como son los derechos humanos, el tema del territorio, la necesidad de una reforma agraria, la revisión de los tratados comerciales, en cuanto también son decisiones que afectarán la soberanía nacional y asimismo a muchos otros sectores en materia de salud, educación, y en el campo laboral a los sindicalistas.

Creemos, de alguna manera, que se logró poner en escena y dar a conocer con mayor claridad la realidad que viven los pueblos indígenas: su territorio, el genocidio, la exclusión, la falta de atención por parte del Estado, además de la grave situación humanitaria que atraviesa por efectos del conflicto armado.

Se logró dejar sentadas las bases para toda una estrategia de unidad del movimiento social y construir una agenda hacia el futuro. Sin embargo, tenemos que reconocer que hubo muchas dificultades en relación al Estado, a pesar de que en alguna de las reuniones los Ministros de comprometieron con las exigencias peticionarias, entre otras invitar al relator de las Naciones Unidas para los derechos fundamentales de los indígenas.

Pero quedó clara la falta de voluntad política por parte del Gobierno para resolver problemas concretos que ya están totalmente documentados, como el tema del territorio, la no asunción de la Declaración de los Derechos Humanos para los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas. El gobierno colombiano continúa negándose a esta responsabilidad y también a asumirla bajo reserva. Como pueblos indígenas, no podemos aceptar reserva alguna porque estos derechos son esenciales para la vida de nuestros pueblos, y para nuestro futuro y nuestra supervivencia.

JC: ¿De los pueblos asociados a la ONIC, cuántos participaron, y en qué actividades en concreto se comprometieron?
LE: Alrededor de unos 50 pueblos de todo el país. Más de 16 organizaciones indígenas del orden regional y local estuvieron presentes en la Minga, marchando y reivindicando, poniendo sobre el tapete diferentes acuerdos que el Estado ha incumplido, a través de los distintos gobiernos, con los pueblos indígenas. Y hay que resaltar que todos estos acuerdos incumplidos son resultado de negociaciones que se han dado, lo que nos permite reiterar que lo que hay aquí es falta de voluntad política por parte del Estado colombiano para resolver problemas.

Las organizaciones quedan motivadas para seguir trabajando con las bases, ante la necesidad de fortalecer la unidad y la capacidad de exigibilidad, pero también la de fortalecer la movilización en el futuro.

JC: ¿Hubo pueblos que no participaron?
LE: Sí. Aquí hay que entender dos cosas. Primero, hay pueblos indígenas que no están asociados a la ONIC, y respetamos sus decisiones, su dinámica. Quizás ellos no ven en este momento la necesidad de movilizarse, de unificarse con otros sectores, a pesar de que padecen la misma problemática. Pero, por otro lado, hay que entender una situación que es real: no todos viven en regiones que les permitan salir a los poblados, como es el caso de la Amazonia y la Orinoquia; otros no tienen condiciones económicas para hacerlo. Y algunos viven el temor de que venir a estas movilizaciones implica su eliminación.
Son elementos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, desde la ONIC, lamentamos que algunas organizaciones no se hayan pronunciado, cuando saben que esta es una realidad que nos afecta a todos.

JC: ¿Cuál es su percepción sobre el efecto de la Minga en el historial de los movimientos sociales colombianos?
LE: Creo que esta Minga está convocando a la unidad, así como en la vida cotidiana nos unimos para ayudar a algún compañero a construir una casa o recoger una cosecha, para luego disfrutar en fiesta. Estamos convocando a todo el pueblo colombiano a que pongamos sobre la mesa nuestros intereses y preocupaciones, y entre todos construyamos un país distinto, en justicia, paz y dignidad. Para ello es necesario revisar el actuar de nuestros movimientos sociales, para que no se dividan por intereses políticos o económicos. Yo digo que se debe tener mucha claridad respecto a un asunto muy importante: ¿hacia dónde vamos?, para no dejarnos confundir por distintas personas, grupos o cuestiones ideológicas, que a veces, en vez de construir la unidad, lo que hacen es separarnos.

Llegó el momento en el que cada uno, desde su posición, desde su diferencia, aporte a la unidad. Yo creo que ese es el llamado que estamos haciendo. Una crítica que se le ha formulado al movimiento indígena es que está muy sectorizado, que toda nuestra agenda es indigenista. Estamos hablando de temas que son de preocupación para nosotros, pero también para toda la sociedad colombiana, y esperamos que así lo entiendan los demás sectores. Es necesario levantarnos, recomponer nuestro tejido social y fortalecernos como movimiento para buscar cambios. Si no podemos realizar los de carácter sustantivo, en términos de redireccionar los rumbos de este país, sí resulta factible encontrar respuestas a las reivindicaciones esenciales.

JC: Esta Minga reúne a dos organizaciones que son muy fuertes en términos de las resistencias indígenas del país, el CRIC y la ONIC. ¿Cree usted que los sectores organizados de la sociedad colombiana captaron ese mensaje de unidad de la Minga? ¿Cree que ha habido una transformación de lo que usted mismo estaba criticando hace un rato?
LE: Los movimientos sociales saben que es necesaria la unidad. Entre el CRIC y la ONIC hay diferencias en cuanto a los enfoques, pero igualmente el CRIC hace parte de la ONIC, y lo que hemos hechos es sumar todas las voluntades en las distintas regionales. El movimiento indígena está mostrando las diferencias que puede haber en torno a temas o situaciones, que son insoslayables, pero por encima de eso está la urgencia, yo digo el imperativo, de trabajar unidos y definir agendas estratégicas que nos permitan hallar respuestas para todos. Eso es lo que queremos que entiendan los movimientos sociales, y creo que es el interés de muchos sectores sociales que quieren construir propuestas en sus regiones. Lo que pasa es que no son perceptibles. Aquí llegó la hora de unificarnos, pero también de visibilizar lo que todos soñamos y queremos.

JC: En el transcurso de La Minga se habló de la instalación de un Parlamento de los Pueblos, que puede tener lugar el 12 de febrero del 2009. ¿Ha habido algún avance al respecto?
LE: Se viene trabajando y discutiendo con las bases. Yo no lo llamo tanto un parlamento, por lo que implica este término, una cuestión multitudinaria, con mucha elaboración teórica, con una construcción de propuestas. Yo lo llamo un primer encuentro entre los distintos movimientos sociales que permita sentar las bases de un proceso de unidad hacia el futuro y ahora sí –en un tiempo, digo yo, octubre próximo, cuando estemos más preparados en cuanto a logísticos, contenidos, propuestas para nosotros y el país– ir a un parlamento de pueblos.

JC: ¿Qué problemas se han presentado a partir de la Minga? ¿Han recibido amenazas a partir de esta movilización?
LE: Durante la Minga recibimos muchos señalamientos por parte del Gobierno. Ha tachado a los organizadores de terroristas. Nuestros líderes han recibido muchas llamadas y amenazas de muerte. Ha habido seguimiento por vehículos y personas extrañas en las comisiones, en las casas de nuestros dirigentes y en las de los asesores, y queremos llamar la atención en esto. Que se tomen medidas de prevención para evitar que algo trágico ocurra con nuestra gente.

No hemos actuado en la delincuencia, en el marco de la ilegalidad; hemos actuado en la legalidad, poniendo la cara, eso sí, de frente. Queremos responsabilizar al Estado colombiano y su gobierno si algo llega a pasarles a nuestros dirigentes en términos de seguridad, de violación a sus derechos, de la libre movilización. Esa es la situación. Venimos hablando con muchos sectores, y defensores de derechos humanos de nivel nacional e internacional, haciendo un trabajo de incidencia con el cuerpo diplomático para socializar todas las demandas que planteó nuestra Minga, las razones por las cuales la hicimos, pero también para pedirle vigilancia a la comunidad internacional, en términos de nuestra seguridad y nuestra protección.

Al cierra de la edición

Atentado dirigido contra Aida Quinqué: ¿Castigo por la Minga indígena?


La noticia es devastadora. Este martes 16 de diciembre, alrededor de las 4 a.m., se llevó a cabo un atentado dirigido contra la Consejera Mayor del Cric, Aida Quinqué. Suponiendo que ella se desplazaba en el carro destinado a su servicio, cuando éste recorría la carretera entre los municipios de Inza y Totoró, exactamente en el sitio San Pedro de Gabriel López, fuerzas del Ejército descargaron sus armas de dotación oficial, impactando 17 veces en distintas partes el automotor.
Minutos después, Justo Eliseo Peña, general a cargo de la Tercera División del Ejército, confirmaría el hecho, explicando que todo ocurrió por una confusión, pues, a la voz de ‘pare’, el conductor del vehículo no atendió la orden, versión desmentida por Manuel Rosenthal, asesor del tejido de comunicaciones de la ACIN, quien asegura que “no hubo retén ni orden de ‘pare’”.
De otro lado, en entrevista telefónica, Feliciano Valencia, consejero del Cric, precisó que, si bien los disparos son del Ejército, “el directamente responsable de los hechos es el Presidente de la república”.
¿Tiros de la ‘seguridad democrática’?
Los impactos dieron en el blanco pero no cumplieron su cometido, pues en el vehículo, dispuesto para su seguridad, no viajaba la Consejera sino su marido, Edwin Legarda quien siempre le prestaba el servicio de conductor, comunero que lamentablemente murió.
La Consejera, quien fue vocera en la reciente Minga indígena que conmovió al país, dejó un sello indeleble en la misma por sus convicciones, su seguridad y sus contundentes respuestas, en cada una de las cuales quedó la impronta de la nueva dirigencia con que cuentan los pueblos indígenas.
En momentos en que se concretó el atentado, Aida Quinqué viajaba para Tierradentro a participar en la Junta Directiva de la Consejería del Cric, citada para el 16 y 17 de diciembre en el resguardo de Tobaima.
De esta manera se refrenda una vez más, y se hace aún más evidente, la denunciada criminalización a que está sometido todo aquel que levante su voz en Colombia. Ya Luis Evelis, Presidente de la Onic, había anticipado sobre la posibilidad de atentados, responsabilizando por los mismos al establecimiento. (ver págs. 14 – 15).
Pero hay esperanza. La respuesta de la Guardia Indígena, que con prontitud cercó a la unidad militar responsable de los hechos, y la demanda de justicia pronta y certera, siembra el antecedente que no pueden seguir sucediéndose estos hechos en total impunidad. La solución total, como lo han demandado los mismos pueblos indígenas, es que los actores del conflicto despejen los territorios donde viven los pobladores históricos de nuestro país.
La demanda debe ser cumplida.
Publicado enEdición 141