Mueren siete palestinos en Gaza por disparos del Ejército israelí


Entre las víctimas hay dos menores de 12 y 14 años alcanzados por munición real

 

Siete palestinos han muerto este viernes por fuego israelí en diferentes protestas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel en las que, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Salud de la Franja, 210 personas fueron hospitalizadas, 90 con heridas de bala. Según esas mismas fuentes, entre las víctimas hay dos niños, Nasser Msabbih de 12 años y Mohamed al-Houm de 14, alcanzados por proyectiles en la cabeza y en el pecho respectivamente

Desde hace seis meses los palestinos se manifiestan los viernes en la valla fronteriza con Israel. Durante toda la semana se han producido altercados entre los militares israelíes y grupos de jóvenes palestinos pero, según un comunicado hecho público el viernes por el Ejército israelí, en la protesta de este viernes han participado unas 20.000 personas que en algunos lugares han alcanzado el perímetro fronterizo y lanzado a los soldados “granadas y artefactos explosivos” además de quemar neumáticos. Unos hechos frente a los que los militares aseguran haber actuado “de acuerdo con los procedimientos operativos estándar”.


El Ejército reconoce haber bombardeado este viernes hasta en dos ocasiones posiciones del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), en una jornada en la que los manifestantes llegaron a derribar una sección de la valla fronteriza y provocaron hasta 16 incendios en el lado israelí. Los incidentes más violentos se produjeron en las inmediaciones del paso fronterizo de Karni, en el noreste de la Franja y en las inmediaciones de Jan Yunes, en el sureste del territorio palestino. Después de semanas de relativa calma —según fuentes palestinas, fruto de una tregua alcanzada entre Israel y Hamás bajo los auspicios de Egipto para evitar una escalada de violencia— los palestinos han vuelto a reeditar las protestas masivas en la frontera, en el marco de la Gran Marcha de Retorno, para reivindicar el derecho a regresar de todos los refugiados palestinos. Al menos 190 manifestantes han muerto desde que comenzasen las protestas el pasado 30 de marzo.


Según varios analistas locales, el rebrote de violencia obedece a los intentos de Hamás de intensificar la presión sobre Israel y Egipto para que terminen con el bloqueo que sufre el territorio mediterráneo palestino desde más de una década. Según los datos hechos públicos esta semana por el Banco Mundial, la economía de Gaza “cae en picado” con más de la mitad de la población en paro, una preocupante cifra que alcanza el 70% entre los jóvenes.


Las medidas de presión de la Autoridad Palestina para doblegar a Hamás y que le entregue el control de la franja de Gaza, en los términos del acuerdo alcanzado hace casi un año, tampoco ayudan. Las idas y venidas de representantes egipcios a Gaza y Ramala para tratar de poner fin a las diferencias entre unos y otros no han dado sus frutos y las advertencias del presidente palestino, Mahmud Abbas, en su discurso del pasado jueves en la Asamblea General de la ONU no han sido bien recibidas por los partidarios de los islamistas. Las palabras del líder palestino —que derivó en Hamás toda la responsabilidad de lo que suceda en Gaza si no cumplen con lo pactado— no fueron bien recibidas en la Franja donde, inmediatamente después del discurso presidencial, surgieron multitudinarias protestas. Jóvenes palestinos que enarbolaban pancartas con las palabras "Abbas no" sobre la imagen del presidente, quemaron la foto del rais en las calles de Gaza y gritaron consignas pidiendo su dimisión.

 

Por Lourdes Baeza
Jerusalén 28 SEP 2018 - 14:56 COT

 

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En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
Sábado, 28 Julio 2018 09:48

Interrogantes y escenarios

Interrogantes y escenarios

Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.

 

Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.

 

Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.

 

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.

 

De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.

 

En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre–­ son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.

 

Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.

 

En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.

 

El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?

 

La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.

 

Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.

 

Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.

 

En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.

 

Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!

 

1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.

Publicado enEdición Nº248
Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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Se suspende el diálogo en Nicaragua por falta de consenso: Episcopado

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció este miércoles la suspensión del diálogo nacional entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, debido a la falta de avances.


Dado que hoy (miércoles) no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los obispos de la Conferencia Episcopal, mediadores y testigos del diálogo nacional, lamentamos vernos obligados a suspender esta mesa plenaria, señaló la CEN en un comunicado emitido luego de la tercera ronda de conversaciones.


Los obispos sugieren, asimismo, “la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con la finalidad de que logren un consenso para superar este impasse”.


El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, tuiteó que fue imposible seguir adelante con el diálogo, pues ni siquiera se pudo fijar la agenda para buscar la democratización del país. Los obispos lo dejamos claro desde el inicio; el objetivo del diálogo era allanar el camino de la democratización, señaló.


El comunicado de la Conferencia Episcopal detalla que durante la sesión del miércoles, los delegados del gobierno sometieron a votación una propuesta de tres puntos que no logró consenso.


La propuesta incluía la suspensión inmediata de todos los bloqueos carreteros, el cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga y garantizar los empleos de todos los nicaragüenses.


La Alianza Cívica, por su parte, expuso una propuesta de varios puntos, que tampoco obtuvo consenso, centrada en una agenda de exigencias democratizadoras y en la creación de un mecanismo internacional que investigue los hechos de violencia de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Poco antes, el Episcopado había propuesto adelantar la convocatoria a elecciones presidenciales a la brevedad, lo que el gobierno consideró una ruta hacia un golpe de Estado.


La CIDH, que emitió 15 recomendaciones al gobierno, encontró una situación más grave de lo esperado tras su visita a Nicaragua, sacudida por más de un mes de protestas antigubernamentales que dejaron 76 muertos, dijeron integrantes del ente autónomo de la OEA en Washington.

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Estudiantes nicaragüenses exigen que comisión mundial indague asesinatos

Estudiantes nicaragüenses exigieron este sábado la conformación de una comisión internacional que investigue y castigue a los responsables de los asesinatos durante las protestas de semanas recientes como condición para comenzar el diálogo, informaron representantes.

Existe la cifra no oficial de 43 decesos durante las protestas, pero organizaciones humanitarias han calculado el número en 58 y hasta 63.

La comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión, señalaron los alumnos en una declaración pública. Además, exigieron que dicha comisión sea independiente, creíble y cuente con respaldo internacional para llevar acabo su labor.

Human Rights Watch instó el viernes pasado a la Organización de Estados Americanos a convocar de urgencia a su consejo permanente para presionar al gobierno nicaragüense a que permita que las pesquisas las lleve a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero siete días después de anunciado el diálogo por el presidente Daniel Ortega, no existe una agenda de temas a tratar ni fecha ni datos de quiénes serán los participantes en el encuentro. Ello, mientras el país sigue conmocionado por el aumento diario del balance de muertos durante las movilizaciones.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos había documentados 43 fallecimientos, mientras el gobierno sólo informó de 10. Aún se intentan verificar los datos con diversas fuentes, indicó CNN.

Una reforma al sistema de pensiones que establecía un aumento a las cuotas de trabajadores y empresas afiliadas al seguro social detonó las violentas protestas, iniciadas el 18 de abril por estudiantes universitarios. Éstas se extendieron luego a otros sectores sociales nicaragüenses. Debido a las movilizaciones, el gobierno revocó la medida el domingo 22 y llamó a un diálogo para discutir un nuevo proyecto.

A las negociaciones fueron invitados la Iglesia católica y el sector privado, que solicitaron incluir a los alumnos.

Ante el reclamo de justicia por las víctimas de la represión, entidades del Estado, como el Ministerio Público, el Parlamento y la estatal comisión de derechos humanos dieron a conocer el comienzo de investigaciones.

Ese anuncio de las instituciones ligadas al gobierno provocó reacciones de rechazo en otros sectores. La Asamblea Nacional no está conformando una comisión de la verdad, sino una comisión de la mentira. No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos. No aceptamos un diálogo cerrado y a espaldas de la ciudadanía, expresó el dirigente estudiantil Víctor Cuadra.

En tanto, una multitudinaria manifestación pacífica comenzó ayer al mediodía en Managua, convocada por las iglesias católica y evangélica, para orar por la paz, ante las violentas protestas antigubernamentales de la semana anterior.

Centenares de campesinos opositores a la construcción de un canal interoceánico, en la zona sureste de país, se sumaron a la marcha, segunda que se realiza en la capital en el marco de las protestas que estallaron hace 10 días.

El gobierno cubano emitió este sábado una declaración oficial que respalda al presidente de Nicaragua y apoya el diálogo en la nación centroamericana.

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Día de luto y temor para los palestinos de Gaza

Pese a la indignación por la matanza, el temor pareció pesar más, y unas pocas decenas de personas se acercaron al campamento levantado a lo largo de distintos tramos de la frontera con Israel para reanudar protestas y hubo 10 heridos.

 

Los palestinos de la Franja de Gaza enterraron ayer a sus muertos, un día después de que una gran manifestación terminara con 16 personas asesinadas por el Ejército israelí en el día más sangriento en la región desde 2014. Ayer, hubo más heridos en un nuevo enfrentamiento en la frontera.


Pese a la indignación por la matanza, el temor pareció pesar más, y unas pocas decenas de personas se acercaron al campamento levantado a lo largo de distintos tramos de la frontera con Israel para reanudar protestas que los palestinos pretenden prolongar durante seis semanas. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que las vidas de 10 personas que sufrieron heridas no están en riesgo.


Miles de residentes de la franja participaron de los funerales de 14 de los muertos –los otros dos fueron enterrados el viernes mismo–, algunos de ellos con banderas palestinas y al grito de “¡Venganza, venganza!”. El grupo islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, dijo que cinco de los muertos eran integrantes de su organización que estaban participando, según afirmaron, de eventos populares lado a lado de la gente.


“¿Dónde están, árabes? ¿Dónde están, musulmanes?”, clamaban los familiares en uno de los funerales, llamando al mundo árabe e islámico a intervenir.


Los entierros se celebraron en coincidencia con una huelga general tanto en la región como en los territorios de Cisjordania, que están separados de Gaza por Israel. Jóvenes palestinos tiraron piedras a soldados en la ciudad cisjordana de Hebrón, y hubo una protesta similar en la cercana localidad de Naplusa, informó el Ejército israelí.


Ayer, Israel defendió las acciones realizadas por sus soldados el viernes, cuando tropas abrieron fuego contra palestinos que se separaron de la protesta principal cerca de las carpas –donde había decenas de miles de personas– y se aproximaron a la fortificada valla que encierra a la Franja de Gaza. El Ejército israelí dijo que disparó sólo cuando fue necesario defenderse de quienes arrojaron piedras, bombas incendiarias y neumáticos rodantes prendidos fuego contra los soldados. También denunció intentos de dañar la valla y de infiltrarse en Israel, y hasta un intento de ataque a tiros contra soldados que no causó víctimas.


En contraste, los palestinos acusaron a Israel de uso desproporcionado de la fuerza, y grupos de derechos humanos cuestionaron la utilización de munición real contra los manifestantes.


Además de los 16 muertos, más de 1.400 personas sufrieron heridas o trastornos, 758 de ellas por balas de plomo, y el resto por balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos, según el Ministerio de Salud de Gaza. No hubo víctimas entre las fuerzas israelíes.


La Franja de Gaza se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez mayor, exacerbada por el bloqueo impuesto por Israel y Egipto desde que Hamas llegó al poder hace más de una década. “Lo que pasó ayer es una muestra de la rabia de los palestinos, sobre todo de la gente de Gaza, ante un mundo que ignora su situación a nivel nacional y humanitario”, señaló el politólogo Mechemar Abu Sada, de la Universidad Al Azhar de Gaza. “Lo ocurrido el viernes puede repetirse el día de la Nakba (15 de mayo), y entonces puede volverse más violento”, advirtió.


El presidente palestino, Mahmud Abbas, declaró un día de duelo y dijo en un discurso que Israel debe hacerse responsable de cada muerte. “El gran número de mártires y de gente herida en una manifestación pacífica y popular muestra que la comunidad internacional debe intervenir para suministrar protección al pueblo palestino”, señaló.


Del otro lado de la Franja, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu felicitó el sábado al ejército, según dijo, por haber protegido las fronteras del país tras la manifestación del viernes. “Muy bien por nuestros soldados”, escribió en un comunicado. “Israel actuó con firmeza y con determinación para proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos”, agregó Netanyahu.


Un vocero militar israelí aseguró que los eventos de ayer no fueron una manifestación de protesta sino lo que calificó como una actividad terrorista organizada. El portavoz acusó a Hamas de estar detrás de lo ocurrido, al tiempo que amenazó con medidas militares más duras. “Si esto continúa, no tendremos otra opción que responder dentro de la Franja de Gaza contra blancos terroristas que, entendemos, están detrás de estos eventos”, agregó el general Ronen Manelis en declaraciones a periodistas, informó la cadena BBC. Un video grabado por un camarógrafo palestino y publicado por mediso israelíes muestra a un joven palestino de 18 años disparado por la espalda mientras huía de la zona fronteriza. Por el momento, el Ejército israelí no comentó las imágenes, informó el portal israelí Ynet.


La protesta de seis semanas comenzó el Día de la Tierra, cuando los palestinos conmemoran la muerte de seis árabes desarmados en Israel en 1976. Las protestas continuarán hasta que Estados Unidos abra su nueva embajada en Jerusalén, el 4 de mayo, una medida que causó indignación entre los palestinos, que quieren que el sector oriental de la ciudad, que Israel ocupó y se anexó, sea la capital de su futuro Estado. El 14 de mayo, además, se cumplen 70 años de la creación de Israel, un evento que los palestinos califican de Nakba (catástrofe), y que conmemoran al día siguiente. En la fecha se recuerda a los más de 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus casas en la guerra que se desató con la creación de Israel, en 1948, entre el nuevo Estado y sus vecinos árabes.

 

Artículo

Gran Marcha del retorno el ejército de Israel mata a 16 palestinos en el primer día protesta en Gaza

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Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Jueves, 08 Febrero 2018 15:21

Los factores fundamentales

Los factores fundamentales

Como una experiencia de la cual hay que aprender, guarda la memoria nacional que solamente en los años 40 del siglo XX fue fraguada en nuestro país una voluntad colectiva para luchar por el poder y concretar un gobierno con vocación social y en pro de la justicia. Luego, todos los intentos han sido en vano. Para entonces, cientos de miles, tal vez millones de connacionales, sintieron el vibrar de sus fibras más íntimas al identificar sin medias luces a los culpables de su situación, pero también al percibir la posibilidad de un triunfo de los pobres sobre la oligarquía apropiadora de las riquezas nacionales, excluyendo de sus beneficios a la mayoría.

 

En esa experiencia, corta pero ejemplar, Gaitán logró poner sobre el tablero de la lucha política a dos actores que se batían como enemigos enconados, no sólo como contrarios: ¡Pueblo, contra la oligarquía! De esa manera, la gente sentía que la política había retomado su sentido más profundo: propiciar la cristalización del bien común, del interés general, y de ahí su disposición a seguir las orientaciones de aquel vigoroso dirigente político.


El momento crucial de tal movilización nacional fue interrumpido con el asesinato del líder, quien por distintos motivos no tuvo la capacidad suficiente para estimular y conformar una conducción colectiva del proceso que estaba liderando.

 

Tras su asesinato, se desató un huracán de violencia oficial contra un pueblo dispuesto a vengar a su líder. Era una violencia institucional por la cual nunca pagaron condena alguna sus promotores y facilitadores, enterrados al final de sus vidas como insignes figuras de la nación. Nada más manipulador de la memoria colectiva y de la realidad vivida y padecida por millones de connacionales.

 

Luego de esa experiencia, varios proyectos políticos de corte alternativo intentaron conectarse con el sentir nacional y erigirse en opción para el cambio, pero ninguna hasta hoy ha logrado su cometido. Ninguna consiguió fraguar una voluntad colectiva. Hasta hoy, cuando diversidad de organizaciones pretenden alcanzar ese sitial de honor, en un reto inmenso que, para quienes desde el presente miran el futuro, demanda cambios sustanciales en sus matrices políticas e ideológicas, pues, con las armaduras que vienen trajeados, no es posible sintonía alguna con las mayorías que alguna vez vibraron al agitar de Gaitán: ¡Pueblo, contra la oligarquía!

 

Los cambios por dar son varios, el primero de los cuales debe partir de refundar el sentido y el propósito de la política. No es para menos. Insertos en una revolución tecnocientífica de hondo espectro (la tercera), y una revolución industiral (la cuarta, en la segunda mitad del siglo XX vivimos la tercera), revoluciones que afectan nuestras formas de ver y conocer, de comprender y asumir la vida cotidiana, los relacionamientos sociales, el mundo del trabajo, los imaginarios sociales, las formas de comunicar e informar, las de consumo, las de transporte, las de control social, las formas de hacer la guerra, el medio ambiente, la producción de alimentos, el sentido mismo de la ciencia y la forma de abocarla, etcétera), no es posible que, en medio de tal magnitud de cambios, la política no termine conmocionada y afectada en sus bases más profundas, en lo que hasta ahora fue su sentido y sus propósitos: el gobierno y el Estado, la administración de la vida de los seres humanos y su cuidado, soportado todo ello sobre la división naturaleza-seres humanos.

 

Precisamente por los cambios en curso, por la necesidad evidente de superar esa separación con la naturaleza que viene desde hace tantos siglos y que a la humanidad le significó creerse el centro del universo, convencida de que podía hacer con la naturaleza y en ella todo aquello que pretendiera. El precio de tal ficción le aprieta hoy su pecho como pesado yunque, con factores de incontrolable contaminación ambiental, cambio climático, y otra infinidad de factores que ponen en riesgo la propia supervivencia de la especie humana y del planeta Tierra.

 

De ahí que una política de nuevo tipo, que de verdad esté por el cambio y la justicia, tenga hoy como misión fundamental la defensa de la vida de los seres humanos, así como del conjunto de especies que habitan en este planeta, y la casa que habitan –la naturaleza misma. Propósito tras el cual puede retomar y valerse del Estado pero no limitarse ni someterse al mismo, despertando y potenciando de manera sustancial un conjunto de relacionamientos humanos que proyecten la solidaridad a toda prueba en la especie humana y entre ésta y las demás formas de vida que puedan existir aquí o más allá de este planeta. Estamos, pues, con esta política, ante el final del antropocentrismo y, de su mano, ante el despliegue de una profunda revolución cultural en todos los órdenes hasta ahora conocidos, soporte indiscutible de una transformación política sistémica o de un simple cambio de gobierno.

 

Nueva realidad de la política que nos demanda, si de verdad queremos acercarnos a una comprensión de la misión que ahora le compete como fundamental, el estudio y el entendimiento de las bases de la vida misma, a saber: la ecología, la biología y las ciencias de la salud, y de manera supeditada la economía, la filosofía y otras áreas del saber que hasta ahora soportaron el quehacer político, entendido como administración del gobierno y el Estado.

 

Dejando a un lado el centralismo estatal, y con éste el Derecho, las leyes y toda aquella gramática que le da soporte, la política se debe situar en lo cotidiano de los seres humanos, buscando en formas garantizar la vida, la propia y la de las demás especies, propósito que va unido a una definición fundamental: que sea en dignidad. Para lo cual es indispensable socializar no sólo el trabajo sino, además, los ingresos, los saberes, la administración de la cosa pública. Es decir, una vez más queda claro que el poder no puede residir en pocas manos y menos en las de aquellos que lo apetecen para su beneficio. El ejercicio de la administración y la garantía de la vida deben ser asunto y responsabilidad del conjunto social –dejando de ser asunto de supuestos especialistas–, para lo cual ahora los dirigentes no pueden simplemente mandar sino que deben saber obedecer.

 

Nueva comprensión de la política que en nuestro país se encuentra con un escollo: una generación de dirigentes y activistas políticos está de salida por ley biológica, generación que no logra romper con la concepción que iluminó sus luchas, y de ahí que sigan enfrascados en la batalla por el Estado y el gobierno como eje de sus cotidianidades, facilitando de esa manera el control de la oligarquía sobre las mayorías, pues las disputas políticas se dan en el terreno elegido y decidido por quienes detentan el poder, bajo sus reglas y todo tipo de consideraciones interpuestas por los mismos.

 

Una generación que sale y otra que llega, pero sin una politización de nuevo tipo sino bebiendo sobre viejos idearios y referentes que la amarran y que desvían sus esfuerzos en un horizonte donde no es posible que obtengan triunfos de largo aliento. Nueva generación de activistas y líderes políticos que tiene ante sí, y como reto sustancial, al igual que Gaitán, construir en Colombia una voluntad colectiva, una unidad social, plural y dinámica, soportada en la recuperación de las particularidades y fortalezas regionales que caracterizan y son visibles en todas y cada uno de los territorios que integran este país, emprendiendo desde allí, a partir de tal sintonía, el reto de encarar la recuperación del sentido del bien común.

 

No es poca cosa, pues, tras este propósito, hay que confrontar y derrotar al neoliberalismo, y con ello rescatar el sentido y el valor de lo público, de lo colectivo, a la par de poner en tela de juicio la preponderancia del individualismo como vía para construir lo social –todo un contrasentido. Para así avanzar, hay que tallar de nuevo –ahora con todos y no a partir de un líder, como sucedió en los años 40 del anterior siglo– una voluntad general que, sabiendo identificar a los enemigos de hoy, logre desatar la pasión de las gentes para que, con su movilización, arrinconen a quienes hicieron de la política un negocio de familias que dio al traste con la felicidad de millones de compatriotas, no solo ahora sino también en el curso de muchas décadas, tantas como los dos siglos de vida republicana con que contamos.

 

De acuerdo a todos los signos e indicativos desprendidos del actual orden de cosas, el centro de esa acción por construir la indispensable voluntad colectiva descansa en la necesidad de confrontar la contracción vivida por la democracia (que, para el caso colombiano, nunca hemos vivido a plenitud), ideario de libertad izado, como se recordará, por los capitalistas hace ya dos siglos largos y que ahora, agotado como propósito, no pueden hacer realidad en tanto ni igualdad ni libertad ni fraternidad son ya posibles en el sistema capitalista; tampoco la justicia y otros propósitos básicos del orden social que esté por el respeto a la vida.

 

No es para menos, pues, como producto de las revoluciones tecnocientífica e industrial en curso, y como efecto de la financiarización que afecta al tejido social, la concentración de la riqueza y del poder le dan paso al autoritarismo como medio para que las minorías protejan el poder usurpado a las mayorías, así como los privilegios con que se embriagan cada día. No es casual, por tanto, que de la democracia no quede sino el letrero, ah..., y el rito electoral de cada tanto, el que básicamente ya nada decide, ya que lo trascendente para cada sociedad lo resuelven, en lo fundamental, los poderes realmente existentes en otras instancias ­–como los organismos multilaterales– que ya están por encima de la soberanía nacional.

 

Por tanto, retomar la divisa de la democracia, directa, radical, plena, como bandera colectiva para darle soporte a la tríada igualdad, libertad, fraternidad (leída como solidaridad), a la justicia, así como al conjunto de derechos humanos conquistados que sintetizan los básicos de que hay que gozar para vivir en dignidad, es el mayor de los retos que tienen quienes se disponen a la lucha contra la oligarquía y por darle cimiento a un país de iguales. Para ello, para sintonizarse con el país nacional, con aquel que vibró con Gaitán, es necesario salir a todos los rincones del territorio nacional (como lo propusimos en el editorial de noviembre pasado) para conversar con los de a pie, para escuchar sus razones y sus sueños, sus posibilidades y sus disposiciones, para con ello y entre todos dibujar el país que necesitamos y queremos, país por hacer realidad en las próximas décadas, dejando atrás no cien sino doscientos años de soledad, propiciados así por quienes, servidos de la violencia oficial, han llevado a millones de compatriotas a la infelicidad.

 

En la lucha por venir, serán ellos y sólo ellos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, quienes dibujen con sus manos y sus piernas, con sus bocas y sus sentidos, con sus luchas, la democracia que requerimos, valiéndose para ello de talleres, debates de todo tipo, asambleas de diverso tamaño, protestas, bloqueos, etcétera, moldeando poco a poco la voluntad colectiva que se requiere para enfrentar y superar a quienes siempre han visto en la mayoría a sus enemigos, tratándolos como tales en infinidad de circunstancias y contextos.

 

Pensar que alguna organización o conjunto de organizaciones puede afrontar y concretar este reto, sin propiciar que en el centro de su acción estén las mayorías, potenciando para ello, para que ellas mismas sean quienes lideren y las organizaciones las que acompañen (manden obedeciendo), es todo un despropósito que no da cuenta del mismo sentido de una política de verdad renovada.

 

El reto es inmenso, así como las tareas por acometer. El propósito no da espera......

Publicado enColombia
Una protesta contra la visita de Judith Butler en São Paulo, el 7 de noviembre.

 

Un informe de la ONG Front Line Defenders registra al menos 212 víctimas en la región

 

Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en América Latina, según un informe de la ONG Front Line Defenders, con sede en Dublín (Irlanda). El documento, difundido a principios de mes y presentado la semana pasada en castellano, señala que la mayoría de crímenes en la región corresponde a Colombia y Brasil, que juntos registran 156 víctimas (73,5%). La suma de este tipo de asesinatos en el continente representa más de dos tercios del total mundial registrado por la organización internacional (312).

La particularidad del caso colombiano está en que mientras la guerrilla de las FARC entregó las armas el año anterior como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, las bandas criminales y paramilitares se han desplegado para perseguir y asesinar a líderes sociales, principalmente en las regiones en las que operaba el grupo. Naciones Unidas registra hasta el pasado 20 de diciembre 105 asesinatos de defensores de los derechos humanos en el país sudamericano; el 59% de estos perpetrados por sicarios.

“La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensificó a la par de las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina”, remarca el informe de Front Line Defenders, que cuenta con la ayuda de una red de organizaciones sobre el terreno para recolectar los datos de cada país.

Venezuela es el caso más emblemático entre los enumerados por la organización. El país sudamericano vivió una ola de protestas entre abril y julio contra los ataques del régimen al Parlamento, de mayoría opositora, en la que hubo más de 120 muertos, según la Fiscalía. La ofensiva antidemocrática del régimen de Nicolás Maduro desembocó en el establecimiento, en agosto, de una Asamblea Constituyente conformada únicamente por el chavismo que usurpó las funciones del Parlamento opositor.

“En Brasil se produjo un aumento de la violencia y de la participación [en esta] de las fuerzas de seguridad del Estado”, afirma el documento sobre el segundo país con el mayor número de asesinatos en la región junto a Colombia. “En mayo, 10 defensores pacíficos del derecho a la tierra fueron abatidos a tiros por la policía en Pau-d’Arco [Estado de Pará, en la región amazónica]. Seis semanas después, un testigo de la masacre que se había escondido también fue asesinado”, agrega el texto, que apunta a los activistas en favor de los pueblos indígenas y la defensa de la tierra como las principales víctimas del país.

 
Ola ultraconservadora

 

El informe alerta, sin embargo: “La violencia [...] se ha extendido a otros sectores e incluye ataques en áreas urbanas, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos que trabajan en las favelas de Río de Janeiro o grupos LGBTI en Curitiba”.

Con respecto a este último punto, el diagnóstico de la ONG coincide con el ascenso de una ola ultraconservadora en el gigante sudamericano que incluye intentos de agresión contra la filósofa feminista estadounidense Judith Butler o el boicot de una exposición artística sobre género y diversidad sexual en un museo de Porto Alegre.

Front Line Defenders también llama la atención sobre el caso de México, que a pocos días del fin de 2017 amenazaba con cerrar su año más violento en dos décadas. “El 2017 también fue testigo del mayor número de asesinatos de activistas ambientales y periodistas registrados en [el país] en los últimos años”, subraya el informe. Y agrega: “La aprobación en diciembre de una nueva Ley de Seguridad Interior que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social”.

 
     
     
  
LA REGIÓN MÁS PELIGROSA DEL MUNDO


Asesinatos. 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017 en Latinoamérica, el 67,9% del total global (312), según la ONG Front Line Defenders.

Colombia. Este es el país con el mayor número de víctimas; registraba hasta el pasado 20 de diciembre 105 asesinatos de activistas, según el recuento de las Naciones Unidas.

Disminución. La cifra de 2017 es levemente menor a la de 2016, cuando la organización registró 217 crímenes de este tipo en la región (77,2% de la cifra mundial, 281 asesinatos).

Distribución. En 2016, el número de asesinatos de activistas se repartió así: Colombia (85), Brasil (58), Honduras (33), México (26), Guatemala (12), El Salvador (1), Peru (1) y Venezuela (1).

 

  
     
     

 

 
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