Sábado, 20 Enero 2018 09:23

Los factores fundamentales

Los factores fundamentales

Como una experiencia de la cual hay que aprender, guarda la memoria nacional que solamente en los años 40 del siglo XX fue fraguada en nuestro país una voluntad colectiva para luchar por el poder y concretar un gobierno con vocación social y en pro de la justicia. Luego, todos los intentos han sido en vano. Para entonces, cientos de miles, tal vez millones de connacionales, sintieron el vibrar de sus fibras más íntimas al identificar sin medias luces a los culpables de su situación, pero también al percibir la posibilidad de un triunfo de los pobres sobre la oligarquía apropiadora de las riquezas nacionales, excluyendo de sus beneficios a la mayoría.

 

En esa experiencia, corta pero ejemplar, Gaitán logró poner sobre el tablero de la lucha política a dos actores que se batían como enemigos enconados, no sólo como contrarios: ¡Pueblo, contra la oligarquía! De esa manera, la gente sentía que la política había retomado su sentido más profundo: propiciar la cristalización del bien común, del interés general, y de ahí su disposición a seguir las orientaciones de aquel vigoroso dirigente político.


El momento crucial de tal movilización nacional fue interrumpido con el asesinato del líder, quien por distintos motivos no tuvo la capacidad suficiente para estimular y conformar una conducción colectiva del proceso que estaba liderando.

 

Tras su asesinato, se desató un huracán de violencia oficial contra un pueblo dispuesto a vengar a su líder. Era una violencia institucional por la cual nunca pagaron condena alguna sus promotores y facilitadores, enterrados al final de sus vidas como insignes figuras de la nación. Nada más manipulador de la memoria colectiva y de la realidad vivida y padecida por millones de connacionales.

 

Luego de esa experiencia, varios proyectos políticos de corte alternativo intentaron conectarse con el sentir nacional y erigirse en opción para el cambio, pero ninguna hasta hoy ha logrado su cometido. Ninguna consiguió fraguar una voluntad colectiva. Hasta hoy, cuando diversidad de organizaciones pretenden alcanzar ese sitial de honor, en un reto inmenso que, para quienes desde el presente miran el futuro, demanda cambios sustanciales en sus matrices políticas e ideológicas, pues, con las armaduras que vienen trajeados, no es posible sintonía alguna con las mayorías que alguna vez vibraron al agitar de Gaitán: ¡Pueblo, contra la oligarquía!

 

Los cambios por dar son varios, el primero de los cuales debe partir de refundar el sentido y el propósito de la política. No es para menos. Insertos en una revolución tecnocientífica de hondo espectro (la tercera), y una revolución industiral (la cuarta, en la segunda mitad del siglo XX vivimos la tercera), revoluciones que afectan nuestras formas de ver y conocer, de comprender y asumir la vida cotidiana, los relacionamientos sociales, el mundo del trabajo, los imaginarios sociales, las formas de comunicar e informar, las de consumo, las de transporte, las de control social, las formas de hacer la guerra, el medio ambiente, la producción de alimentos, el sentido mismo de la ciencia y la forma de abocarla, etcétera), no es posible que, en medio de tal magnitud de cambios, la política no termine conmocionada y afectada en sus bases más profundas, en lo que hasta ahora fue su sentido y sus propósitos: el gobierno y el Estado, la administración de la vida de los seres humanos y su cuidado, soportado todo ello sobre la división naturaleza-seres humanos.

 

Precisamente por los cambios en curso, por la necesidad evidente de superar esa separación con la naturaleza que viene desde hace tantos siglos y que a la humanidad le significó creerse el centro del universo, convencida de que podía hacer con la naturaleza y en ella todo aquello que pretendiera. El precio de tal ficción le aprieta hoy su pecho como pesado yunque, con factores de incontrolable contaminación ambiental, cambio climático, y otra infinidad de factores que ponen en riesgo la propia supervivencia de la especie humana y del planeta Tierra.

 

De ahí que una política de nuevo tipo, que de verdad esté por el cambio y la justicia, tenga hoy como misión fundamental la defensa de la vida de los seres humanos, así como del conjunto de especies que habitan en este planeta, y la casa que habitan –la naturaleza misma. Propósito tras el cual puede retomar y valerse del Estado pero no limitarse ni someterse al mismo, despertando y potenciando de manera sustancial un conjunto de relacionamientos humanos que proyecten la solidaridad a toda prueba en la especie humana y entre ésta y las demás formas de vida que puedan existir aquí o más allá de este planeta. Estamos, pues, con esta política, ante el final del antropocentrismo y, de su mano, ante el despliegue de una profunda revolución cultural en todos los órdenes hasta ahora conocidos, soporte indiscutible de una transformación política sistémica o de un simple cambio de gobierno.

 

Nueva realidad de la política que nos demanda, si de verdad queremos acercarnos a una comprensión de la misión que ahora le compete como fundamental, el estudio y el entendimiento de las bases de la vida misma, a saber: la ecología, la biología y las ciencias de la salud, y de manera supeditada la economía, la filosofía y otras áreas del saber que hasta ahora soportaron el quehacer político, entendido como administración del gobierno y el Estado.

 

Dejando a un lado el centralismo estatal, y con éste el Derecho, las leyes y toda aquella gramática que le da soporte, la política se debe situar en lo cotidiano de los seres humanos, buscando en formas garantizar la vida, la propia y la de las demás especies, propósito que va unido a una definición fundamental: que sea en dignidad. Para lo cual es indispensable socializar no sólo el trabajo sino, además, los ingresos, los saberes, la administración de la cosa pública. Es decir, una vez más queda claro que el poder no puede residir en pocas manos y menos en las de aquellos que lo apetecen para su beneficio. El ejercicio de la administración y la garantía de la vida deben ser asunto y responsabilidad del conjunto social –dejando de ser asunto de supuestos especialistas–, para lo cual ahora los dirigentes no pueden simplemente mandar sino que deben saber obedecer.

 

Nueva comprensión de la política que en nuestro país se encuentra con un escollo: una generación de dirigentes y activistas políticos está de salida por ley biológica, generación que no logra romper con la concepción que iluminó sus luchas, y de ahí que sigan enfrascados en la batalla por el Estado y el gobierno como eje de sus cotidianidades, facilitando de esa manera el control de la oligarquía sobre las mayorías, pues las disputas políticas se dan en el terreno elegido y decidido por quienes detentan el poder, bajo sus reglas y todo tipo de consideraciones interpuestas por los mismos.

 

Una generación que sale y otra que llega, pero sin una politización de nuevo tipo sino bebiendo sobre viejos idearios y referentes que la amarran y que desvían sus esfuerzos en un horizonte donde no es posible que obtengan triunfos de largo aliento. Nueva generación de activistas y líderes políticos que tiene ante sí, y como reto sustancial, al igual que Gaitán, construir en Colombia una voluntad colectiva, una unidad social, plural y dinámica, soportada en la recuperación de las particularidades y fortalezas regionales que caracterizan y son visibles en todas y cada uno de los territorios que integran este país, emprendiendo desde allí, a partir de tal sintonía, el reto de encarar la recuperación del sentido del bien común.

 

No es poca cosa, pues, tras este propósito, hay que confrontar y derrotar al neoliberalismo, y con ello rescatar el sentido y el valor de lo público, de lo colectivo, a la par de poner en tela de juicio la preponderancia del individualismo como vía para construir lo social –todo un contrasentido. Para así avanzar, hay que tallar de nuevo –ahora con todos y no a partir de un líder, como sucedió en los años 40 del anterior siglo– una voluntad general que, sabiendo identificar a los enemigos de hoy, logre desatar la pasión de las gentes para que, con su movilización, arrinconen a quienes hicieron de la política un negocio de familias que dio al traste con la felicidad de millones de compatriotas, no solo ahora sino también en el curso de muchas décadas, tantas como los dos siglos de vida republicana con que contamos.

 

De acuerdo a todos los signos e indicativos desprendidos del actual orden de cosas, el centro de esa acción por construir la indispensable voluntad colectiva descansa en la necesidad de confrontar la contracción vivida por la democracia (que, para el caso colombiano, nunca hemos vivido a plenitud), ideario de libertad izado, como se recordará, por los capitalistas hace ya dos siglos largos y que ahora, agotado como propósito, no pueden hacer realidad en tanto ni igualdad ni libertad ni fraternidad son ya posibles en el sistema capitalista; tampoco la justicia y otros propósitos básicos del orden social que esté por el respeto a la vida.

 

No es para menos, pues, como producto de las revoluciones tecnocientífica e industrial en curso, y como efecto de la financiarización que afecta al tejido social, la concentración de la riqueza y del poder le dan paso al autoritarismo como medio para que las minorías protejan el poder usurpado a las mayorías, así como los privilegios con que se embriagan cada día. No es casual, por tanto, que de la democracia no quede sino el letrero, ah..., y el rito electoral de cada tanto, el que básicamente ya nada decide, ya que lo trascendente para cada sociedad lo resuelven, en lo fundamental, los poderes realmente existentes en otras instancias ­–como los organismos multilaterales– que ya están por encima de la soberanía nacional.

 

Por tanto, retomar la divisa de la democracia, directa, radical, plena, como bandera colectiva para darle soporte a la tríada igualdad, libertad, fraternidad (leída como solidaridad), a la justicia, así como al conjunto de derechos humanos conquistados que sintetizan los básicos de que hay que gozar para vivir en dignidad, es el mayor de los retos que tienen quienes se disponen a la lucha contra la oligarquía y por darle cimiento a un país de iguales. Para ello, para sintonizarse con el país nacional, con aquel que vibró con Gaitán, es necesario salir a todos los rincones del territorio nacional (como lo propusimos en el editorial de noviembre pasado) para conversar con los de a pie, para escuchar sus razones y sus sueños, sus posibilidades y sus disposiciones, para con ello y entre todos dibujar el país que necesitamos y queremos, país por hacer realidad en las próximas décadas, dejando atrás no cien sino doscientos años de soledad, propiciados así por quienes, servidos de la violencia oficial, han llevado a millones de compatriotas a la infelicidad.

 

En la lucha por venir, serán ellos y sólo ellos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, quienes dibujen con sus manos y sus piernas, con sus bocas y sus sentidos, con sus luchas, la democracia que requerimos, valiéndose para ello de talleres, debates de todo tipo, asambleas de diverso tamaño, protestas, bloqueos, etcétera, moldeando poco a poco la voluntad colectiva que se requiere para enfrentar y superar a quienes siempre han visto en la mayoría a sus enemigos, tratándolos como tales en infinidad de circunstancias y contextos.

 

Pensar que alguna organización o conjunto de organizaciones puede afrontar y concretar este reto, sin propiciar que en el centro de su acción estén las mayorías, potenciando para ello, para que ellas mismas sean quienes lideren y las organizaciones las que acompañen (manden obedeciendo), es todo un despropósito que no da cuenta del mismo sentido de una política de verdad renovada.

 

El reto es inmenso, así como las tareas por acometer. El propósito no da espera......

Publicado enEdición Nº242

 

Cuatro son los integrantes de la organización Nación Wayúu que han sido víctimas de amenazas y dos han sido asesinados por defender los territorios pertenecientes las comunidades ancestrales de los intereses de las empresas en la Guajira o porque han denunciado la posible corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Regional Guajira.

“Por denuncias contra el ICBF, hemos recibido amenazas, y también por denuncias contra El Cerrejón donde hemos pedido compensaciones”, señala José Silva, vocero de Nación Wayúu, quien agrega que la sede del ICBF de la Guajira sigue “adjudicando los contratos según sus conveniencias sin contar con la Consulta Previa de las comunidades afectadas”, mientras que la única respuesta que han recibido son amenazas.

 
AMENAZAS Y ASESINATOS

 

Tras las amenazas algunos han desistido de las denuncias, mientras otros han preferido resistir. De acuerdo con la organización, son cerca de siete líderes los que han sido amenazados e incluso asesinados. José Silva ya fue víctima de un atentado cuando iba con su familia hacia su comunidad indígena. Su carro fue impactado con un disparo de arma de fuego en uno de los vidrios laterales. En otra ocasión el mismo líder fue capturado de manera ilegal el municipio de Manaure, luego de notificar a unas autoridades tradicionales la admisión de una tutela en contra de ICBF.

Otra de las víctimas es María del Rosario Ruíz, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena KATSALIAMANA, también Ever Epieyue e Isilia Pimienta, luego de haber radicado en el Tribunal Superior de Riohacha un Incidente de Desacato a una acción de tutela que el movimiento ganó en contra del ICBF Regional Guajira, mediante la cual ordenaban llevar a cabo la Consulta Previa en las Comunidades indígenas para el ingreso de los operadores.

La alerta es máxima, debido a que también han asesinado a líderes de esa comunidad. Rafael Lubo Aguilar quien fue ultimado al parecer por haber denunciado actos de corrupción en la educación. La docente Juana Almazo Uriana, fue hallada muerta en zona rural de Manaure. Las autoridades aún investigan si su deceso se produjo luego de una fuerte denuncia que formuló en el municipio de Uribía donde realizaba labores como educadora.

 
LA RESPUESTA DEL ICBF

 

Según el comunicado de Nación Wayúu, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer Consulta Previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos pero ninguna ha sido acatada por la institución, que se defiende asegurando que se trata de un ente autónomo al que no aplica la consulta previa.

Cabe recordar, que para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando en los territorios afro y de la comunidad Wayúu, fueron desvinculadas sin razón alguna, como asegura la denuncia, con el fin “de darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira. Dicho ingreso no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos”.

 

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Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).

 

170 defensores de los Derechos Humanos y reclamantes de tierras fueron asesinados durante 2017 en medio de una impunidad generalizada

 

Paradójicamente, la cifra de muertes de líderes sociales aumentó más de un 45 % el pasado año respecto a 2016, después de la aplicación de los acuerdos de Paz con la principal guerrilla colombiana, las FARC, que desarmaron, desmovilizaron y concentraron a sus efectivos según los acuerdos suscritos en La Habana. Prácticamente cada dos días caía durante 2017 un activista social bajo las balas de los sicarios, principalmente en las regiones del Cauca, Nariño y Antioquia.

La situación es tan preocupante al inicio de este 2018, que el propio Secretario General de la ONU, António Guterres acaba de alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en estas zonas de Colombia, en un momento en el que el propio Consejo tiene desplegado en el país un destacamento de asesores civiles y militares para el seguimiento del fin del conflicto. Guterres acaba de pasar el fin de semana en Colombia, con el tema de los asesinatos de líderes sociales como punto de la agenda con el Presidente Santos, junto al proceso de paz con la superviviente guerrilla del ELN.

El enviado de la Unión Europea para el proceso de paz colombiano, Eamon Gilmore, también ha pedido que el Gobierno "presione para que se tomen en serio los asesinatos y que la Fiscalía cree una Unidad especializada dedicada a esclarecerlos y combatirlos". Se estima que la impunidad en estos crímenes supera el 87 %, si se tiene en cuenta lo sucedido con los 458 que se produjeron hasta 2016.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos emitió en los pasados días un Decreto de "Alertas tempranas" para la prevención de asesinatos y atentados contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así como la activación, de acuerdo con las autoridades locales, de "rutas de protección individual y colectiva".

Analistas de Organizaciones no Gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y sectores próximos al Gobierno coinciden en que el Estado no ha sabido gestionar las consecuencias del proceso de desmovilización de las FARC, de forma que, de los territorios que ha abandonado la guerrilla durante el pasado año ,se han adueñado las bandas criminales y el paramilitarismo ante la ausencia de las autoridades estatales. Según editorializaba días pasados el diario El Espectador: "El Estado ha sido incapaz de suplir los vacías de gobernabilidad dejados por las FARC".

Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González: "El incremento de homicidios (contra líderes sociales) obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos (minería ilegal, cultivos ilícitos), la mayoría utilizando sicarios con armas de fuego y en las zonas donde anteriormente las FARC habían regulado las relaciones sociales imponiendo su autoridad".

Por su parte, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que las causas de los asesinatos de líderes sociales están relacionadas "con su estigmatización, la defensa de los territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería o la agroindustria y las reclamaciones sobre la propiedad de las tierras". También pueden estar relacionadas en algunos casos con la denuncia de abusos en la actuación de la fuerza pública. Esa parece ser la causa de uno de los últimos atentados mortales, el que sufrió el pasado diciembre José Jairo Cortés, líder de la zona rural de Tumaco y que había expresado críticas contra la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales por parte de los policías antidisturbios que ocasionaron la masacre de siete campesinos.

La pasada semana, la organización especializada Front Line Defender difundió su informe de 2017 sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos en el mundo. El 67 % se produjo por la defensa de la tierra, el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. De los casos registrados, el 30% se produjo en Colombia, el país 'líder', seguido por México y Filipinas, y solo precedido por Brasil.

 

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Sábado, 06 Enero 2018 07:55

Basta de mujeres muertas y maquilladas

Basta de mujeres muertas y maquilladas

 

“Stop FemaleDeath in Advertisement” (“Basta de mujeres muertas en la publicidad”) se llama la página web creada por la estudiante de Diseño Visual del Beckmars College of Design de Estocolmo, Lisa Hageby, para concentrar allí imágenes de marcas de productos de lujo, cuyas campañas se basan en la estetización del femicidio y la banalización de las vejaciones que diariamente ocurren contra miles de mujeres reales. En esa cúspide simbólica que siempre ha sido para la cultura de masas occidental el mundo de la alta moda, el de la exclusividad por excelencia, un mundo al que acceden pocos miles de mujeres en el mundo, pero que expande sus ondas luminosas en formas de tendencias hacia abajo –en revistas, productos de tocador y perfumería–, ahí mismo, muchas grandes marcas tallan su “transgresión”, que desde hace unos años es mostrar mujeres muertas pero con un buen par de zapatos puestos.

Las imágenes de esa página la dejan a una boquiabierta. Porque cada pieza es un texto de comunicación de un impacto feroz, revulsivo, de realización impecable y una estética que a una le repugna pero sin embargo le permite percibir, oler la fascinación que causan esas mujeres hermosas y muertas, definitivamente derrotadas, en otras mujeres y hombres que no verán un femicidio ni una tortura ni una violación en el aviso, sino audacia y carácter de época.

En su blog, a fines de diciembre, la activista feminista y escritora dominicana Rosario Sánchez reprodujo un artículo escrito un año antes, en el que pasaba revista a algunas de las imágenes de la página creada por Hageby. Su nota comenzaba describiendo una fotografía grandiosa, tomada en las escalinatas de la Opera Garnier de París. Hay una mujer caída. No se sabe si está muerta o desvanecida. Como sea, es una mujer de voluntad ausente, que es la mujer que emerge de esta ola simbólica. El aviso vende un vestido. Un vestido que cubre un cuerpo inerte.

“Otra imagen nos muestra una mujer cuyas piernas cuelgan del baúl de un carro –escribe Sánchez–. Tal como en la otra fotografía, no sabemos si está muerta o inconsciente pero deducimos que, si no la han asesinado todavía, pues la van a asesinar en un instante ya que apoyado en el baúl del carro se encuentra un hombre con una pala excavando un hoyo en el desierto. Nos están vendiendo zapatos Jimmy Choo”.

La siguiente que describe es la de Chloé, y en una primera mirada remite a la Ofelia de Hamlet ahogada. “La actriz esta pálida como la cera. Sus labios con labial rojo pero sus ojos están cerrados y su entrecejo fruncido; tiene cara de dolor y está sumergida en el agua”. De la pasividad inenarrable de la cara blanca y jovencísima de la modelo de Chloé, Sánchez pasa en su blog a otra foto, ya mucho más sumergida en esta tendencia patriarcal estetizante, en la que lo primero que se ve es “sangre en las paredes y en el piso. En el suelo yace tendida una mujer en posición indefensa. También ella tiene sangre por todo el cuerpo, pero ojo, quien estilizó la sesión de fotos y la comisionó, se preocupó en que la actriz fuera fotografiada muerta, sí, pero en braga y en sostén, con medias hasta los muslos y tacones altos”.

Hay mujeres fuera de foco porque lo que está en foco es el arma que les apunta a la cabeza. Hay mujeres inequívocamente muertas que ostentan el agujero del disparo en la frente. Pero el efecto es como estar frente a una cosa, a una muñeca de cera, porque el aviso logra que el rojo de las sábanas de seda se incorpore, con la belleza de sus reflejos, al marco rojo sangre literal. Porque también la muerte está estetizada (y en este punto se diría que esta tendencia no se dirige sólo a naturalizar los femicidios, sino a través de ellos a la muerte en general). Aun después de recibir el disparo en la frente, la modelo yace semidesnuda, perfectamente peinada y maquillada. El aviso, uno de los primeros que se desprendió de la alta moda y lleva la carga simbólica hacia otros sectores sociales, vende un video juego. El título es “Preciosamente ejecutada”.

Quizá no sea casualidad que uno de los clímax de esta estética aberrante provenga de lo más concentrado, del elixir del mundo de la exclusividad, que son las grandes joyerías. Una de las más importantes eligió a una mujer literalmente descuartizada, y en cada trozo de su cuerpo hizo lucir distintas joyas fabulosas. Esto nos dice el centro estético del poder a las mujeres, aunque no nos habla a nosotras. Se podría decir que se trata de una estética de barrio cerrado global, de elite que convive con otros mensajes pero que a través del engranaje complejo de los consentimientos, que en Occidente siempre han hecho su avanzada a través de lo que fue considerado bello, va habilitando, asimilando, absorbiendo una naturalización neopatriarcal. Como sabemos, el patriarcado es un sistema dinámico que va compensando sus fisuras con nuevos contragolpes.

Si bien la página creada por Hageby hoy es un archivo visual del ítem de la violencia de género en la publicidad, no es el único enfoque. Las académicas australianas de la RMIT University, Lauren Gurrieri, Helene Cherrier y Jan-Brace-Govan, han investigado ya hace un par de años el fenómeno de utilizar la violencia contra la mujer como una treta publicitaria más, y concluyen que “representar a las mujeres de manera sexualizada y como seres subyugados fomenta una cultura de la violación en la que tratar a las mujeres de maneras degradantes a través del uso de la violencia es considerado aceptable”.

La dominicana Rosario Sanchéz, en su nota, reflexiona: “No hay herida que el patriarcado nos produzca a las mujeres, que el capitalismo no quiera comercializar y vendérnoslo como ‘art’ o ‘libertad de expresión’ o ‘empoderamiento’”. Así es, en éste y en otros órdenes de avasallamiento simbólico del patriarcado o el corpocapitalismo, que hoy funcionan copulando. Las heridas que provoca el patriarcado son masticadas y escupidas en forma de producto por el mercado. Son heridas jerárquicas. Las produce un tipo de seres humanos sobre otros tipos de seres reducidos a estorbos. Son heridas invisibles, camufladas por la presunta superioridad de unos sobre otros. Heridas maquilladas, como esas modelos que posan haciéndose las muertas; son heridas que el corazón envenenado de un sistema controlado por el dinero busca multiplicar a través del goce. Esa es su sombra moral y es a la vez lo único en lo que puede sostenerse. En sujetos capaces de cosificar al resto, para poder abusar, pisotear, y eliminar a los otros sin la molestia humana del remordimiento.

 

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42 periodistas asesinados en América Latina en 2017

 

En 2017 fueron asesinados 42 trabajadores de prensa en nueve países de América Latina, incluyendo la ejecución de un youtuber de 17 años y la desaparición forzada no aclarada número 27, ambos crímenes acontecidos en México, país que registró 26 asesinatos, el 62 % del total detectado por esta investigación.

 

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Por razones desconocidas esta cifra luctuosa de América Latina y el Caribe es “reducida” a más de la mitad por las ONG dedicadas al “negocio de la libertad de información”. De este modo, la monopólica caja de resonancia de los grandes medios del mundo entero da a conocer menos asesinatos de informadores de los realmente ocurridos en esta región donde no existe ninguna guerra. Para contrarrestar esta funesta desinformación al final se ofrece “La lista contra el olvido”, con los datos elementales, nombres completos, edades, lugares de trabajo, fecha del asesinato, circunstancias del crimen, etc., para mostrar que estas 42 víctimas fueron personas reales... que se desempeñaban como periodistas, fotógrafos, locutores, editores y oficios afines.

Según el orden alfabético de los nombres de los otros ocho países, un asesinato ocurrió en Chile (el primero en más de 30 años, aún sin aclarar), otros dos acontecieron en Colombia, uno en El Salvador, dos en Guatemala, cinco en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Venezuela, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

También hubo centenares de denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato, golpizas, espionaje telefónico del Gobierno de México a los periodistas, amenazas de muerte, además de muchos otros atentados similares en diferentes países de la región, en particular México y Honduras. La muerte a manos de sicarios pagados por la corrupción de la clase política y su principal financista de hoy, el narcotráfico (sin perjuicio de otros poderosos actores del gran delito) elimina sistémicamente a periodistas libres, críticos y éticos. Esta “limpieza permanente” se efectúa con total impunidad, en complicidad con sistemas políticos envilecidos por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no existe ninguna guerra y, teóricamente, reinaría una paz social con crecimiento envidiable en presuntos “países democráticos” supuestamente “emergentes” encaminados al “desarrollo”.

Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países que en realidad padecen bastante anomia social, los periodistas viven estresados porque cualquiera puede ser la próxima víctima, pero el atentado definitivo contra un periodista decente no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados. Los periodistas de Ciudad de México, que no parecían tan afectados por los atentados, denunciaron espionaje telefónico y computacional masivo del Gobierno con tecnología israelí.

El gremio se siente impotente, pero marcha clamando justicia y protección de verdad en diferentes ciudades de México. Los periodistas no pueden formar bandas armadas para autodefenderse y preservar su derecho a la vida, asumiendo un rol que le corresponde a cualquier Estado que se precie de civilizado. En cambio trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales, formales y fácticos.

Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos o desconocer la condición de periodistas y trabajadores de la información de las víctimas, sobre todo cuando se trata de indígenas, reporteros no famosos o sencillos trabajadores no mediáticos del periodismo. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México.

 
Posición de periodistas mexicanos

 

Las organizaciones mexicanas del gremio denunciaron que "criminalizar a los periodistas victimados es la respuesta gubernamental ante la impunidad prevaleciente." Y añadieron: "No hay otro camino más que federalizar los delitos contras las libertades de prensa y expresión".

El 25 de octubre de 2016 la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoamericna de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, y la Asociación Nacional de Locutores "condenaron y denunciaron en forma pública la perversa insistencia de autoridades de recurrir a la criminalización de los periodistas victimados ante su ineficacia o probable complicidad en resolver estos atentados que vulneran directamente a la sociedad puesto que tienen el propósito de socavar las libertades de prensa y expresión y por ende el derecho a la información.

"Tal oprobio ha vuelto a ocurrir con la posición del Gobierno estatal del estado de Veracruz, por cierto la entidad en donde se han cometido más asesinatos contra los comunicadores en los últimos años, con el asesinato del joven colega, Gumaro Pérez Aguilando, puesto que la Fiscalía General de Justicia, al margen de toda ética y en violación al sigilo que obliga la ley sobre todo en la etapa de investigación judicial, no filtró sino decretó que el reportero Gumaro, bien conocido, inclusive más allá de su zona de influencia, no era periodista y lo calificó de “narco”. Esta deplorable actitud del Ministerio Público veracruzano tiene dos aristas al igual de condenables: primero, pretender, en forma errónea cuidar la imagen del gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares con violaciones al debido proceso; y segundo, la demostración plena de que mientras estos crímenes continúen en el ámbito del fuero común seguirán en la más vergonzosa impunidad como también los hemos venido denunciando desde que el fenómeno se ha vuelto exponencial.

"No existe otro camino para avanzar en la justicia pronta y expedita de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, que la FEDERALIZACIÓN de los mismos; la iniciativa de ley existe, fue un trabajo de la Comisión Especial respectiva de la Cámara de Diputados y su Consejo externo de la sociedad civil en la que el gremio organizado participó y se comprometió con toda firmeza. Es de apreciarse que los medios de la llamada gran prensa e innumerables colegas se han unido a esta condena contra la frívola y grave posición de la Fiscalía veracruzana con su actitud de sentenciar “a bote pronto” al colega masacrado, Gumaro Pérez Aguilando, como no periodista y narco. Esta postura oficial lo ubica como otro crimen que yacerá como todos los demás en la inaceptable impunidad."

 

Lista contra el olvido

 

Esta es la nómina de los 42 periodistas asesinados en América Latina en 2017. A los datos personales se añadió información sobre su especialidad, lugar de trabajo y situación laboral:

 

Chile

Marco Álvarez Valenzuela, periodista de 59 años, fue asesinado al mediodía del 4 de diciembre en el balneario chileno de Cartagena, 111 km al oeste de la capital chilena. Dos desconocidos le propinaron seis puñaladas a metros de su trabajo, el Museo Vicente Huidobro.

 

Colombia

María Efigenia Vásquez Astudillo, de 37 años, periodista radiofónica indígena de la emisora Renacer Coconuco, fue asesinada a tiros el domingo 8 de octubre por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), violento grupo de choque de la Policía que desalojó a un grupo indígena kokonkco que reclama tierras ancestrales en Coconuco, departamento del Cauca, suroeste de Colombia.

Elmer Agudelo Vidales, de 55 años, reportero gráfico y corresponsal en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, por más de diez años de los diario El País y Q Hubo de Cali fue asesinado el domingo 27 de julio cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio El Sembrador, informaron medios de prensa colombianos y europeos.

 

El Salvador

Samuel Jonathan Rivas, de 28 años, camarógrafo del Canal 21 Megavisión, fue asesinado a tiros en Ilopango, a 10 km de la capital San Salvador, el jueves 16 de noviembre.

 

Guatemala

Manuel Salvador Trujillo Villagrán, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149,5 de la carretera local.

Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, locutora de la emisora cristiana Génesis 99.5 FM, poetisa y estudiante universitaria, fue encontrada muerta el 5 de febrero en el río Samalá, departamento de Quetzaltenango, occidente del país, según reportó Cerigua en mayo.

 

Honduras

Carlos Oveniel Lara Domínguez, reconocido camarógrafo de televisión de Nueva Arcadia, La Entrada, departamento occidental de Copán (noreste de Honduras), fue asesinado por sicarios el 23 de octubre. Según el organismo estatal de derechos humanos en Honduras asesinaron a 73 periodista,desde 2003.

Osmin Antonio España Chávez, de 50 años, director de un programa de televisión del Canal 80 del departamento de Copán, occidente de Honduras, fue asesinado el miércoles 4 de octubre en la barriada Santa Rosa por cuatro sicarios.

Carlos William Flores, periodista del Canal local 22, fue asesinado por sicarios el 13 de septiembre en el departamento de Cortés, cerca de la frontera con Guatemala.

Víctor Fúnez, de 41 años, presentador del programa ‘Informe Nocturno’ del Canal 45, fue acribillado el 15 de junio en La Ceiba, al norte de Tegucigalpa.

Igor Abisaí Padilla Chávez, de 37 años, periodista de TV, fue asesinado a balazos el martes 17 de enero en San Pedro de Sula, norte de Honduras. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció que "estos crímenes buscan desgarrar el tejido social".

 

México
 

Juan Jaimes Jaimes, periodista, locutor y docente y músico, desapareció por secuestro el 6 de junio de 2017. Llamado “Jonny Jaimes” era muy conocido por sus programas periodísticos y artísticos en "La Transmisora 92.9 FM" de Tlatlaya, Estado de México. Ésta es la desaparición forzada sin aclarar número 27 en México.

Luis Abraham González Contreras, fotógrafo de 31 años, desaparecido desde el 19 de diciembre fue hallado en un basurero de Chelem, Yucatán, informó Fapermex, la organización de los periodistas de México. "El cuerpo se encontró desmembrado en bolsas de plástico", explicó el dirigente Teodoro Rentería.

Gumaro Pérez Águilando, de 35 años, reportero, especialista en temas de seguridad, fue ejecutado el martes 19 de diciembre de 2017 en una escuela primaria de Acayucan, en el sur del estado Veracruz, donde asistía a un festival navideño en que participaba su hijo.

Juan Luis Lagunas Rosales, de 17 años, conocido youtuber de narco-temas del llamado Canal El Pirata de Culiacán, estado Sinaloa, fue asesinado al menos con 15 balazos la noche del 18 de diciembre en un bar de Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco. Medios atribuyen su asesinato a elementos del emergente cartel de Jalisco llamado New Generation, capitaneado por Nemesio Ocegera Cervantes, “El Mencho”, hoy uno de los principales narcotraficantes de México, considerado líder del cártel de Jalisco.

Cecilia Méndez, de 61 años, conductora de un programa de radio, fue asesinada el 16 de octubre en Guadalajara, estado de Jalisco, cuando un sicario le disparó a la cabeza mientras ella conducía su automóvil.

Ernesto Martínez Moreno, de 57 años, secretario general del Club de Periodistas de Acapulco, fue asesinado a balazos el 12 de octubre en Taxco, Guerrero, cuando se encontraba a las puertas de su casa en el centro de esa ciudad.

Edgar Daniel Esqueda Castro, de 23 años, fotoperiodista secuestrado por presuntos policía el 5 de octubre de 2017 en San Luis Potosí (400 km al norte de Ciudad de México), apareció asesinado la madrugada del 6 de octubre en la vía ferroviaria México-Laredo.

Javier Lucero, camarógrafo free-lance del desaparecido canal 10 de la Paz, Baja California, fue asesinado por sicarios el 30 de septiembre. Había recibido amenazas.

Juan Carlos Hernández Ríos, de 29 años, fotoperiodista del sitio de noticias La Bandera Noticias, fue asesinado la noche del martes 5 de septiembre por sicarios que lo aguardaban cuando llegó a su hogar en el municipio de Yuriria, estado de Guanajuato, según reportes de la prensa mexicana.

Cándido Ríos Vásquez murió acribillado el martes 22 de agosto en Covarrubias Hueyapan de Ocampo, en el sur de estado Veracruz, cerca de las viejas capitales petroleras de Coatzacoalcos y MinatRíos, según informa la prensa local e internacional, que lamentablemente omite la edad del trabajador de prensa asesinado.

Luciano Rivera Delgado fue asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del lunes 31 de julio en la localidad Playas de Rosarito, en el norteño estado mexicano de Baja California, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJBC) de ese estado. Rivera era conductor del noticiario CNR Noticias Canal 54 y dirigía la revista “Dictamen”, donde publicaba noticias sobre Rosarito y Tijuana.

Edwin Rivera Paz, de 28 años, hondureño refugiado en México, e4x director del programa periodístico “Los Verduleros”, que se transmite en San Pedro Sula, Honduras, fue acribillado el 9 de julio en el Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz, pese a estar protegido por Naciones Unidas, informaron las organizaciones del gremio periodístico de México, Fapermex y otras.

Pablo Martín Obregón, reportero, vocero del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y ex corresponsal de Televisa en Chilpancingo y Acapulco, estado Guerrero, apareció muerto el 27 de junio en casa de una hermana. Las causas no fueron informadas por su familia.

Alejandro Zepeda Ortiz, de 27 años, camarógrafo del noticiario Núcleo Televisivo, que se transmite en el canal TVN de Ocosingo, estado Chiapas, el 26 de junio fue encontrado colgando de una viga en los estudios donde se trasmite el programa de noticias.

Salvador Adame Pardo, de 45 años, desaparecido desde el 18 de mayo de 2017 en Nueva Italia, Tierra Caliente, Michoacán, fue identificado a partir de restos calcinados según información policíaca difundida el 26 de junio.

Marcela de Jesús Natalia de la Cruz, de 54 años, locutora indígena de la etnia muzga de la Costa Chica del estado Guerrero, fue acribillada el 3 de junio en la cabecera municipal de Ometepec, cuando salía de su turno de locución en la Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

Erik Ernesto Bolio López, de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado el 29 de abril en un autobús de transporte urbano en la ciudad de Puebla.

Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años, reportero del semanario El Costeño de Autlán, fue abatido a balazos la tarde del lunes 15 de mayo en Autlán de Navarro, estado de Jalisco, al oeste del territorio de México, mientras se desplazaba en automóvil con su madre, Sonia Córdova Oceguera, subdirectora comercial de la revista donde laboraba el joven asesinado.

Javier Valdez Cárdenas, de 50 años, galardonado periodista y escritor, corresponsal del diario La Jornada y redactor del semanario estadal Ríodoce, fue asesinado por un pistolero al mediodía del lunes 15 de mayo en el centro de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de su trabajo, según reportan Felap-México, Fapermex y otras organizaciones del gremio periodístico.

Filiberto Álvarez Landeros, de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla , fue asesinado por sicarios la noche de l 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares .

Juan José Roldán Ávila, de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola.

Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años, reportero de la sección policial del blog Colectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa.

Miroslava Breach Veducea, de 54 años, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue asesinada el jueves 23 de marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Según los periodistas mexicanos (Felap-México, Fapermex y otras organizaciones), con este asesinado suman 264 los homicidios cometidos desde 1983 por los enemigos de las libertades de prensa y expresión y sus esbirros. Éste ha sido el único asesinado aclarado con la captura de autores materiales e intelectuales.

Ricardo Monlui Cabrera, de 57 años, director de El Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia.

Cecilio Pineda Birto, de 39 años, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero.

Carlos Alberto García Martínez, de 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, fue asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, Colima, junto a su amigo de 18 años Hernán García Carranza.

 

Perú

Julio César Moisés Mesco, de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje.

José Feliciano Yactayo Rodríguez, de 55 años, periodista de televisión, natural de Huara, visto por última vez en el distrito limeño de San Luis y denunciado como desaparecido el 25 de febrero, fue encontrado mutilado el 3 de marzo dentro de una maleta en Andahuasi, 139 kilómetros al norte de Lima.

 
República Dominicana

Luis Manuel Medina Pérez, locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitían el programa informativo Milenio Caliente.

Leónidas Antonio Evangelista Martínez, periodista y director de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, fue asesinado junto con Medina Pérez.

 

Venezuela:

Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, “rostro” de la farándula venezolana, fue asesinado a tiros en las afueras de su domicilio en Caracas la madrugada del 15 de enero.

 

Nota:

Ciap-Felap registra todos los atentados a trabajadores de prensa de los que tenga conocimiento, procurando datos completos sobre identidad, edad, lugar y circunstancias del asesin ato, pero no tiene capacidad para hacer un seguimiento judicial de los móviles específicos de cada caso, ni verificar las interpretaciones, explicaciones o pseudo “investigaciones policíacas científicas”, a modo de ejemplo bastante frecuentes en las fuentes oficiales mexicanas. (Ernesto Carmona, presidente de Ciap-Felap).

 

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Rueda de prensa

Veinticinco líderes y lideresas sociales del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño amenazados de muerte y familiares de líderes que han sido asesinados, se reunieron en Bogotá para exigir garantías y poder retornar a sus territorios. Aseguran que detrás de los asesinatos, hay intereses de empresarios que han ocupado sus tierras y que a finales de los 90, los despojaron y desplazaron de sus tierras.

 

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los líderes sociales “están amenazados de muerte por una estrategia determinada por empresarios vinculados a la criminalidad en la región, que han sido señalados en diferentes instancias judiciales”. Recordaron que en menos de 10 días fueron asesinados dos líderes de la región, Mario Castaño y Hernán Bedoya.

 

DETRÁS DE LOS ASESINATOS Y LAS AMENAZAS, HAY INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS


Estos líderes llevan más de 20 años luchando por retornar y proteger su territorio. En repetidas ocasiones han manifestado que debido a las denuncias que han realizado han atentado contra su integridad, “nos han quitado la vida”, afirmaron. Ellos y ellas han dicho que son los empresarios palmeros, ganaderos, plataneros, mineros y bananeros los que se apropiaron del territorio. Asimismo, manifiestan una complicidad de la fuerza pública, instituciones gubernamentales y representantes de empresas como la Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, con la que se enfrentó toda su vida Mario Castaño.

 

Los líderes asesinados habían denunciado las actuaciones de mala fe de empresarios y representantes de empresas como Baldoyno Mosquera Palacios, Javier Restrepo y Juan Guillermo González, de quienes los integrantes de las comunidades han recibido amenazas directas de muerte. “¿Cuándo nos van a escuchar?”, se preguntan las personas.

 

En ese mismo sentido indican que desde 1997 ha existido una estrategia para tomar los territorios que les pertenece a las comunidades. Indicaron que “el Gobierno Nacional se ha encargado de tergiversar la realidad, dice que son ajustes de cuentas entre empresarios contra la comunidad, pero ¿qué cuentas tenemos nosotros con los empresarios? Ninguna”. Ante los medios de comunicación reiteraron que en esa región hay poderes políticos y económicos “muy poderosos que están acabando con la vida de quienes reclaman los derechos”.

 

PARAMILITARES Y FUERZA PÚBLICA PROTEGEN A LOS EMPRESARIOS


Ante el anuncio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sobre el cese al fuego unilateral, los líderes del Bajo Atrato y Urabá indicaron que “es una medida que llena de esperanza”, pero que los autores intelectuales de los asesinatos son estructuras armadas contratas directamente por empresarios, “que están pagando para que nos maten”.

 

Además, han denunciado que pese a las directrices dadas desde los altos mandos de las AGC, los integrantes de bajo mando de esa estructura operan como sicarios en el territorio. “Por 300.000 o 500.000 pesos matan a cualquiera”, expresan.

 

Por otra parte, les sorprende que aun con la presencia de la Fuerza Pública continúen sucediendo estos asesinatos. En esa línea, aseveraron que el Batallón de selva No. 54, que se encuentra en Llano Rico, acompaña al empresario cuando llega a la comunidad, “el ejército lo cuida cuando se dirige a las tierras que le ha quitado a la comunidad. Los militares lo acompañan a hacer todos los procedimientos ilegales”.

 

“PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN ABSTENERSE DE RECIBIR DINERO DE EMPRESAS INVOLUCRADAS EN ASESINATOS A LÍDERES”


Teniendo presente el inicio de la carrera electoral, los líderes y lideresas fueron enfáticos en manifestar que los políticos, “tienen que dejarnos a los campesinos en nuestras tierras tranquilos”. Afirmaron que la sociedad “no puede seguir eligiendo a los mismos de siempre” y que los partidos políticos debería abstenerse de recibir recursos para sus campaña de las empresas que están comprometidas en el asesinato de líderes.

 

Diferentes organizaciones sociales han instado a los partidos políticos a que actúen de manera transparente para que en el futuro, “no queden atrapados y dirigidos por los intereses de esas empresas”. Finalmente, los líderes exigieron una reunión con Guillermo Rivera, Ministro del Interior y con el vicepresidente Óscar Naranjo, para que se dé una respuesta clara sobre la situación de las tierras y la protección de las comunidades, y “no tengamos que volver a unas exequias nunca más”.

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Un manifestante anónimo se enfrenta a una columna de tanques chinos en la plaza de Tiananmen en junio de 1989.

 

Los telegramas del embajador británico en China en 1989, Alan Donald, revelan la cifra de asesinados en las protestas prodemocráticas

 

Un alto responsable del Gobierno chino reconoció en 1989 que al menos 10.000 personas murieron el 4 de junio de ese año en la matanza de la plaza de Tiananmen, la sangrienta represión de las autoridades contra el movimiento estudiantil prodemocrático, según una serie de cartas del entonces embajador británico, Alan Donald, recientemente desclasificadas y analizadas por el portal de noticias de Hong Kong HK01. Donald envió un día después de la masacre, el 5 de junio, varios telegramas al Ministerio de Exteriores británico. En una de estas misivas, indicó que una persona —cuyo nombre fue eliminado del texto por motivos de seguridad— le trasladó la cifra de estudiantes asesinados, una información que procedía de un miembro anónimo del Consejo de Estado del Gobierno chino.

Estas estimaciones superan en mucho a las cifras más catastróficas de la masacre, como las de la Sociedad de la Cruz Roja de China, que indicó en su día que 2.700 personas habían perdido la vida en la ola de represión, pero se ajustan a las proporcionadas en 2014 por el magacín Next, que citando documentos de la Casa Blanca cifró el número exacto de muertos en 10.454 y los heridos en más de 40.000.

Según la fuente del embajador, los responsables directos de la masacre fueron los integrantes de la división 27 de Sanxhi —"iletrados en un 60% y tachados de primitivos"—. "No se les informó de nada durante 10 días y simplemente se les comunicó que iban a participar en un ejercicio televisado", describió el embajador. El Ejército recibió luz verde para ejecutar la operación la noche del 3 de junio y esta se desarrolló en cuatro fases, con la participación adicional del Ejército de la región de Shenyang.

En total, fueron "27 vehículos acorazados" los que abrieron fuego contra la multitud "antes de arrollarla", escribe Donald. El ataque, además, fue efectuado sin previo aviso. "Los estudiantes habían recibido la información de que tenían orden de abandonar la plaza, pero los acorazados atacaron solo cinco minutos después de que tuvieran conocimiento de ella", según las fuentes del embajador, que describen escenas dantescas. "Los arrollaron una y otra vez hasta que hicieron un 'pastel de carne' con ellos. Los restos fueron recogidos por una excavadora, incinerados y tirados por el desagüe. Cuatro chicas, estudiantes, suplicaron por sus vidas antes de que las cosieran a puñaladas. A 1.000 supervivientes les dijeron que podían escapar antes de acribillarlos con ametralladoras desde posiciones fijas", según la información.

"Los responsables de la masacre acribillaron incluso a una ambulancia del Ejército que iba a evacuar a los heridos, y un oficial del Ejército fue ejecutado por sus propios hombres cuando comenzó a expresar las dudas sobre la operación. Sus subordinados explicaron después que tenían orden de hacerlo o de lo contrario serían ellos mismos los ejecutados", según los informes diplomáticos. En la masacre participaron casi una treintena de francotiradores y todos los militares disparaban con balas explosivas, prohibidas por el derecho internacional.

La explicación de las autoridades chinas fue completamente insuficiente, según las mismas cartas. En un encuentro al que solo acudieron agregados diplomáticos de Canadá y Reino Unido, el jefe político de la 38ª división del Ejército, Li Zhiyun, aseguró que no habían disparado a nadie y que fueron "balas perdidas" las que acabaron con la vida de 200 personas, las muertes recogidas en la estimación oficial.

Además de la masacre, China castigó a miles de personas tras la dura represión de las manifestaciones. Además del millar que envió a la cárcel, muchas más fueron destinadas a campos de trabajos forzados para que fueran reeducados al ser tachados de "contrarrevolucionarios". Actualmente, las familias de las víctimas siguen pidiendo justicia y compensaciones por lo que pasó, pero Pekín continúa silenciando los hechos y sometiendo a vigilancia a activistas y familiares cada vez que se acerca el 4 de junio, día en que los tanques del Ejército chino entraron en las calles de Pekín y acabaron de un plumazo con los sueños de democracia del movimiento estudiantil.

 

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La ONU denuncia el asesinato de más de 100 defensores de los derechos humanos en Colombia en 2017

Naciones Unidas reprende a las autoridades por el clima de estigmatización de los líderes sociales.


Colombia firmó hace un año la paz con las FARC. La guerrilla más antigua de América se desmovilizó, entregó las armas con excepción de grupos minoritarios de disidentes, formó un partido político y concurrirá a las elecciones. Pero el país todavía no ha eliminado la violencia de sus zonas rurales. La mayor señal de la enorme brecha entre el campo y las ciudades es la inseguridad. Y los líderes sociales, el eslabón más débil de un ecosistema donde siguen operando mafias y organizaciones criminales, son las principales víctimas. La ONU denuncia, en un balance difundido este miércoles, que en 2017 fueron asesinados al menos 105 defensores de los derechos humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se muestra “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización” de estos activistas, cuya labor considera “legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”. El organismo, que ha acompañado y verificado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la insurgencia con el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha comprobado hasta el 20 de diciembre 73 asesinatos de líderes locales, 18 de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 muertes durante movilizaciones. El 59% fueron cometidos por sicarios. La oficina, además, está analizado otros 11 casos.

Las agresiones demuestran que la transición de las FARC a la vida civil ha dejado un “vacío de poder” en las zonas tradicionalmente ocupadas por la guerrilla. El Estado no ha logrado aún hacerse con el pleno control de muchos territorios, lo que en un país eminentemente rural supone una oportunidad por los cárteles de narcotraficantes y otros grupos armados. La ONU señala “contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”. El blanco de estas organizaciones son, principalmente, los miembros de las comunidades que tratan de “denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas”, “reivindicar derechos propios o colectivos” y “apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz”.

Naciones Unidas, que califica de “muy grave” esta tendencia, lamenta también el comportamiento de las autoridades. “Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno”, afirma el comunicado. “La prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios”, continúa la organización.

 

Críticas a las autoridades


La ONU exige que los representantes públicos cumplan una directiva de la Procuraduría aprobada el pasado mes de junio, que insta a proteger los derechos humanos, investigar las denuncias y abstenerse de conductas que descalifiquen a los activistas. La oficina manifiesta abiertamente, en referencia a algunos políticos, su rechazo a “la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”.

El Ejecutivo ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la violencia contra los líderes sociales, pero hasta ahora ha rechazado tratar este problema como un fenómeno sistemático. No obstante, esta semana el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, admitió “cierto grado de sistematicidad” en estas agresiones y las vinculó a una “eventual presencia de reductos de autodefensas”, es decir, paramilitares.

En las últimas semanas se dieron algunas muestras de los recelos y de la desconfianza de parte de la clase política hacia los defensores de los derechos humanos. Lo recuerda Naciones Unidas: “Miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos [...], lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de derecho”.

No es el único ejemplo. “Otros altos funcionarios públicos”, prosigue la ONU en referencia a unas palabras del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. “Esto”, advierte, “es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.

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Más de 280 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2016, según AI

 

Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo han aumentado los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos: en 2016 fueron asesinados 125 defensores más que el año anterior.

"En lugar de apoyarlos, muchos líderes los ponen en una situación de mayor riesgo con campañas difamatorias, el uso indebido de la justicia penal o presentándolos falsamente como personas opuestas a los intereses nacionales"

 

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que al menos 281 personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en todo el mundo, frente a los 156 del año previo y los 136 de 2015, la mayoría de ellos en América.

"Mientras se continúa atentando contra la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, los Estados están fallando en su obligación de respetar y proteger el derecho a la vida y el derecho a defender los derechos humanos sin miedo a represalias", alerta la ONG.

Según su informe Ataques mortíferos pero evitables: Asesinatos y desapariciones forzadas de aquellos que defienden los derechos humanos, desde 1998 un total de 3.500 activistas fueron asesinados en diferentes partes del globo.

Asimismo, la ONG recuerda que el asesinato es el último eslabón de una serie de ataques previos dirigidos contra estos activistas. "Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante", señala Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de AI.

"En lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales", prosigue.

 

La mitad de asesinatos son de defensores de la tierra

 

Más de tres cuartas partes de los asesinatos de defensores de los derechos humanos cometidos el pasado año tuvieron lugar en América, señala el informe, que recoge datos de la organización Front Line Defenders.

Según informaciones de diferentes ONG y agencias de la ONU recopiladas por AI, en Colombia se registraron 59 muertes y en Brasil 66, en su mayoría de indígenas y activistas que trabajaban en defensa del medio ambiente o los derechos territoriales. Casi la mitad de los asesinatos, el 49%, fueron perpetrados contra personas que trabajaban en asuntos relacionados con la tierra y el medio ambiente.

"En muchas partes de América Latina, donde el acceso a la sanidad y los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente restringido, Amnistía Internacional ha documentado cómo los que defienden tales derechos han sido objeto de campañas de difamación, acoso, persecución injusta, amenazas y ataques físicos", reza el documento difundido este martes en Nueva Delhi.

En cuanto a los periodistas que perdieron la vida por su profesión, el pasado año se registraron 48 asesinatos, una cifra que asciende a 827 al referirse al periodo entre 2006 y 2015, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

AI también muestra su preocupación por los ataques contra el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). "Los defensores LGBTI sufren ataques por quiénes son y también por lo que hacen: pueden ser atacados por su orientación sexual o identidad de género real o percibida, además de por defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad", según el informe.

Así las cosas, la organización, que también alertó de la prevalencia de desapariciones forzosas y maltrato cuando los activistas se encuentran bajo arresto, pidió a los gobiernos que implementen leyes de protección para estas personas.

Además, les pidió que ofrezcan medidas preventivas para los que han sido amenazados, y que lleven ante la Justicia a los autores de los crímenes contra los defensores de los derechos humanos.

 

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El relator especial de las Naciones Unidas, John Knox

 

Asesinatos de activistas no se investigan de forma rápida ni eficiente, asegura.

 

América Latina es un sitio específicamente peligroso para ser ambientalista, sostuvo John Knox, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Entre las causas señala la demanda creciente de recursos naturales, la expansión de la minería y la tala de bosques; la presión es mayor en los países que poseen esos recursos, apuntó.

Detalló que, además, ocurre que quienes viven en las áreas afectadas ya están marginados en su país, tal vez porque son indígenas, aunque también hay comunidades en esa situación como los afrodescendientes. Por último, señaló el fracaso de la ley: Muchas veces los asesinos piensan que no se les va a castigar. Para mí es el factor más importante.

 

Muro fronterizo, letal

 

Sobre la construcción del muro fronterizo propuesto por Donald Trump, confió en que no se erigirá y que hacerlo será un desastre por diversas razones, una de las cuales es ambiental, pues a la biodiversidad y los ecosistemas no les importan las fronteras políticas; el muro puede interferir para que las especies puedan seguir existiendo. Podríamos tener problemas ambientales importantes, en derechos humanos de otras maneras.

Durante el foro Biodiversidad y derechos humanos, retos y desafíos para los estados, organizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otros convocantes, el relator de las Naciones Unidas, quien se encuentra de visita en México, aunque no oficial, por lo que no presentó un panorama de la situación nacional en la materia, se refirió a que los asesinatos de activistas se dan en países donde no se investiga, ni se persigue de manera rápida y eficiente, aunque esto no sólo sucede en temas ambientales.

Ante representantes de movimientos de afectados por megaproyectos, como la presa Las Cruces de la Comisión Federal de Electridiad en Nayarit, dijo que dos defensores ambientales son asesinados cada semana en el mundo, y uno de cada tres pertenece a un grupo indígena. La situación es peor en América Latina y Asia, indicó.

Explicó que tan sólo en 2016 hubo 200 asesinatos, entre ellos el caso de la hondureña Berta Cáceres, y en México, el de Isidro Baldenegro, en enero pasado en la Sierra Tarahumara. También mencionó el caso de Nguyrn Ngoc, en Vietnam, quien fue arrestada y ejecutada por su trabajo informativo en un blog.

Consideró que los países deben hacer lo que puedan para tener las mejores normas. Una ley nunca se debe debilitar; una vez que se ha decidido; por ejemplo para el sector privado no debe retroceder. Indicó que el libro la ley ambiental es muy bueno en muchos países, pero hay una enorme laguna en cuanto a su implementación; los estados no tienen suficientes inspectores, fiscales.

En tanto, Gustavo Alanis, director del Cemda, preguntó cómo se puede garantizar que quienes defienden los derechos humanos no pongan en riesgo su integridad, y señaló que existen riesgos y desafíos.

 

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