Manifestación reclamando justicia para la activista Berta Cáceres.

 

Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y multinacionales “que se les permita trabajar en un entorno más seguro”

 

Defender la tierra sale caro en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para que en los dos últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 activistas proDerechos Humanos, buena parte de ellos ambientalistas, en 22 países.

“Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios”, explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y reclamar que desde los gobiernos “se les permita trabajar en un entorno más seguro”.

El informe distribuido a los parlamentarios, que recuerda cómo “hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración” de la ONU que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como “agentes del cambio”, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor “y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias”, considera “esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación”.

 

Agresiones en nombre de otras empresas

 

Sin embargo, la batería de 28 medidas que promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a “implementar procesos adecuados de diligencia debida” para “garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades” afectados por sus actividades o las de “sus filiales, subcontratistas o proveedores”.

La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con “violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas”.

 

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El activista, Gustavo Castro (primero por la derecha), compareció en las Cortes de Aragón con los representantes de Amnistía Internacional Miguel Ángel Bases y Luis Ángel Muñoz para presentar la campaña ‘Valientes’.

 

El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres y que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. “El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar de imputarme”, apunta.

“No se ha querido investigar e ir más allá, hacia los autores intelectuales”, explica, en referencia al ‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la presa a la que se oponía la comunidad Ienca, cuyo territorio iba a ser inundado, con Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.

 

El 95% de los crímenes quedan impunes


El 95% de los crímenes contra ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en el mundo quedan impunes, según las estimaciones de AI, que también admite que la cifra oficial de 427 víctimas queda restringida a las documentadas. La cifra real de asesinatos es mucho mayor.

“La historia no nos da muchas expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia”, anota Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que esto no quede impune”.

“Es paradójico que la misma policía vaya persiguiendo y asesinando a los defensores”, anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados en los últimos siete años en ese país; “cinco de ellos con medidas de la comisión interamericana”, recalca.

“Cada vez más gobiernos atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con fuerza excesiva”, refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña Valientes, que describe a esos activistas como “personas que tratan de defender los derechos de otros y que se oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas”.

 

“La persecución contra las mujeres es terrible”


El grueso de esos conflictos en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han declarado una moratoria para frenarlas.

“Este modelo de extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población”, explica Castro, para quien “a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de la calidad de vida de nuestro planeta”.

Castro llama la atención sobre el hecho de que “los feminicidios están aumentando de una manera impresionante” en la represión de los movimientos sociales en Latinoamérica. “La persecución contra las mujeres es terrible, porque eso minimiza e incide en la concienciación social”, apunta. “Ya no hay ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas –añade-. Saben que con eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua”

 

 

Publicado enSociedad
Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

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Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239
Domingo, 24 Septiembre 2017 07:42

La Amazonia a subasta

Amazonia Brasileña

 

Brasil y la sangrienta guerra por la tierra.

 

La situación de inestabilidad política, con el presidente acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente al pulmón del mundo.

Tiene el tamaño de toda la Unión Europea. Ocupa un total de 550 millones de hectáreas, con 390.000 millones de árboles y 25 millones de personas que la habitan. Una de cada cinco especies de fauna en el mundo proviene de ese territorio. El “pulmón de Brasil”, lo llaman, también se puede decir que del planeta. La Amazonia hoy es un órgano dañado. Tan sólo en 2016 se perdieron 8 mil quilómetros cuadrados de selva, un 30 por ciento más que en el año anterior. El nivel máximo de deforestación de la última década. Como si cada hora desaparecieran 128 campos de fútbol.

A finales de agosto volvió a sufrir otro golpe, una vez más del gobierno brasileño. El Ejecutivo de Michel Temer, de la mano del Congreso y de la bancada ruralista que lo controla, puso sobre la mesa un decreto presidencial para privatizar la Reserva Natural de Cobre y Asociados (Renca). Este territorio, del tamaño de Dinamarca (47 mil quilómetros cuadrados), situado en la zona amazónica entre los estados de Pará y Amapá, además de ser un terreno rico en minerales también contiene diversos parques naturales y reservas indígenas. Lo que antes era propiedad del Estado, ahora Temer decidió abrirlo a la explotación de empresas privadas extranjeras.

La noticia llegó hace tres semanas, pero las multinacionales canadienses lo sabían desde hacía cinco meses, cuando el ministro de Minas y Energía brasileño, Fernando Coelho Filho, se lo comunicó a diversos empresarios de ese país del norte. La medida cayó como un balde de agua fría entre los ecologistas, que ven como se han acumulado los retrocesos en materia ambiental en el último año. Intelectuales, actores y modelos, como Gisele Bündchen, lanzaron una campaña en las redes sociales y consiguieron 800 mil firmas para que el presidente revocara el decreto. El 30 de agosto el juez del distrito federal, Ronaldo Spanholo, lo suspendió al considerar que la Constitución no permite que el gobierno tome una decisión de este tipo sin debate previo en el Congreso. Ante las críticas y la presión judicial Temer anunció que suspendía los efectos del decreto durante 120 días para llevar a cabo “un amplio debate” con grupos ambientalistas. Por ahora no ha llamado a nadie.

 
TIERRA POR VOTOS.

 

El decreto sobre el Renca es la gota que colma un vaso que hace tiempo está a punto de derramarse. Desde que Temer llegó al gobierno apostó por el agronegocio y rechazó todo lo que oliera a preservación del ambiente, siguiendo las órdenes de los congresistas ruralistas que lo llevaron al poder cuando votaron a favor delimpeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff.

La bancada del agronegocio representa el 44 por ciento de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, y se siente legitimada para plantear exigencias fundamentalmente por dos razones. La primera es que el sector agropecuario supone el 23 por ciento del Pib del país y el 55 por ciento de las exportaciones. La segunda, y quizás la más importante, es la lealtad y el apoyo que le ha dado a Temer, convirtiéndose en el principal aliado del presidente, en un momento en que los escándalos de corrupción también arrasan con las alianzas políticas. Ellos son la llave de la gobernabilidad. El último bastión del Ejecutivo.

Algunas de las prioridades de esta bancada son no sólo mantener sus tierras sino acumular más territorio, reducir hasta la mínima expresión las reservas indígenas, regularizar grandes superficies invadidas por terratenientes, derogar las leyes laborales del campo –legisladores ruralistas llegaron a sugerir que los campesinos no tuvieran salario y trabajaran a cambio de vivienda y comida– y deforestar lo que sea necesario para consolidar la extracción y la exportación de materia prima como base económica. Por eso no es de extrañar que el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, sea uno de los principales exportadores de soja del país y haya recibido hasta en dos ocasiones el premio Motosierra de Oro de Greenpeace, por los estragos que han causado sus plantaciones en la Amazonia.


INVASIÓN LEGAL.


Algunos de sus deseos se han hecho realidad y otros parecen estar cada vez más cerca de cumplirse. El pasado mes de julio se aprobó una ley que legaliza las invasiones de grandes áreas de tierra y terrenos que estén dentro de parques nacionales que se ubiquen en zonas urbanas. La legalización de tierra ocupada, que en un principio se podría entender como un guiño a las peticiones del Movimiento Sin Tierra (Mst), en realidad responde a los intereses de medianos y grandes terratenientes del campo, ya que afecta a invasiones de terreno de más de 2.500 hectáreas que pertenecen al Estado, que el gobierno vendería y regularizaría por un precio más bajo que el del mercado.

Uno de los principales miedos de los ecologistas es que el Ejecutivo haga cada vez más laxa la protección ambiental. Eso fue lo que sucedió con la Selva Nacional Jamanxim, un área de 350 mil hectáreas que según un proyecto que se tramita en el Senado perdería una parte de su categorización para preservarla ambientalmente y se abriría a la explotación agropecuaria y minera. “Lo que vemos todos los días es que el Congreso está buscando la manera de eliminar los derechos de las unidades de conservación que tiene Brasil. Ofrece tierra para deforestar y no le importa qué tipo de terreno sea, su codicia no tiene límites”, señaló aBrecha Michel de Souza, coordinador de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza (Wwf, por sus siglas en inglés).


CAMPO VIOLENTO.


Las leyes que amparan la legalización de tierras para los grandes terratenientes provocaron que el pasado año fuera el más violento de la última década en el campo brasileño. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (Cpt), en 2016 se cometieron 61 asesinatos relacionados con la disputa agraria, y ya hay 939 áreas rojas en conflicto por ese motivo. La Cpt acusa directamente a la bancada ruralista de haber presionado a Temer para que acabara con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que se encargaba de mediar en este tipo de conflictos. Ya no hay mediación, impera la ley del más fuerte.

En esta guerra los indígenas, además de ser el eslabón más débil, también son la diana sobre la que tiran sus flechas los ruralistas. La bancada del agronegocio ha conseguido que la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo encargado de proteger y demarcar áreas indígenas, pierda esa potestad para entregársela a los congresistas, que ya no basarán sus decisiones en criterios antropológicos sino económicos. En el Senado está en marcha la aprobación de una ley que cambia los mecanismos de demarcación y que si se aprobara podría acabar con la supervivencia de 70 por ciento de los indígenas brasileños. Además de los que ya mueren asesinados por los garimpeiros del oro, como sucedió el pasado mes de agosto, cuando mataron a diez indígenas de una tribu no contactada.

La situación de inestabilidad política, con el jefe del Ejecutivo acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente a la Amazonia y a otras áreas que necesitan ser preservadas. Pero la bancada ruralista es la que tiene el poder de evitar que el Congreso apruebe la investigación del mandatario en el Tribunal Supremo. Así que para mantenerse vivo, Temer no duda en subastar la Amazonia y lo que queda de un país que hace meses tiene colgado el cartel de “Se vende”.

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Colombia. ¿Ni un muerto más? Amanecerá y veremos

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos [1], y sobre el asesinato de 17 personas entre desmovilizados y familiares de la FARC, han suscitado revuelo entre distintos sectores sociales y medios de comunicación masiva. No es para menos. El fantasma del genocidio de la Unión Patriótica (UP) ronda sobre un proceso de negociación que ya tiene a la guerrillerada desarmada y aprestándose para dar la lucha política dentro del marco que impone nuestra legalidad.


Al respecto, la respuesta del Gobierno y de agentes del Estado como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, ha sido inapropiada y en no pocos casos evasiva, pues se ha limitado, sin muchos argumentos, a rechazar el carácter sistemático de estos asesinatos y agresiones e, inclusive, a sugerir que estas muertes no tienen que ver con la actividad social y política de las víctimas.


Con esa postura, pareciera como si eso de asesinar a líderes sociales y políticos fuera un hecho ajeno a nuestra historia reciente y pasada, cuando aún no hemos salido del asombro causado por el genocidio de la UP y de cientos de líderes sociales y políticos que han caído por el pecado de luchar por sus derechos y de reclamar el derecho a una vida digna.


Pero precisamente el carácter sistemático radica en la permanencia de un modus operandi de sectores autoritarios incrustados hace rato en el aparato del Estado, que les ha permitido la defensa, en nada democrática, de sus intereses, consistente en considerar la eliminación de los opositores. Los mismos son defensores de la democracia restringida y de un orden en el que el Estado de derecho es una anomalía, por eso han sido gestores y defensores de actuar sin escrúpulos, utilizando todas las formas de lucha: desde el estigma y la amenaza hasta el asesinato si es necesario. Este modus operandi es ese animus contrainsurgente del que hemos hecho referencia y que sectores importantes de la sociedad avalan.


Esta manera de ver las cosas se ha visto fundamentada teóricamente por lecturas desarrolladas en la época de la guerra fría por EE. UU. y por visiones clericales de sectores importantes de las iglesias, particularmente de la iglesia católica, que han visto en cualquier reclamo social el fantasma del comunismo, cuando no el castro-chavismo según estigma reciente. Todo aquel que habla de derechos o que simplemente se plantea una sociedad más incluyente, hace parte de esa amenaza que tiene como referente el modelo de sociedad de Cuba y Venezuela.


Con el fin del conflicto armado entre la organización insurgente FARC-EP y el Estado colombiano ocurrido con la desmovilización y entrega de armas, se cierra de alguna manera la tercera fase de la guerra de baja intensidad propia de la estrategia de seguridad nacional en tanto, después de ofensiva militar, política y psicológica que debilitó profundamente al oponente, en este caso las FARC, lo obligó a modificar sus aspiraciones y a una negociación política de dicho conflicto.


Pero este proceso de pactación que ha ilusionado a muchos y que en la actualidad se adentra en su etapa más compleja: el concretar los cambios pactados, pero que también ha activado la intolerancia y el odio de no pocos, ha dejado sueltos no pocos cabos. Tal vez el más importante, ese animus contrainsurgente del que se ha hecho mención, cuya elite inspiradora ha tenido la habilidad para que buena parte de la sociedad lo haga propio.


La resistencia de la elite gobernante a reconocer la existencia de una fuerza armada ilegal como el paramilitarismo afín a los intereses de sectores económicos, principalmente agrarios y de ultraderecha, sectores que hoy encabezan la oposición más acérrima contra el proceso de negociación con las FARC y que aspiran a tomarse el poder el año entrante “para volver trizas” el acuerdo de paz [2], como lo ha hecho público uno de sus voceros, no deja de despertar muchísimas inquietudes sobre lo que ocurrirá en el posconflicto, sobre todo, cuando a la vez afloran todo tipo de inercias estatales en identificar y desactivar a quienes desde hace rato son los responsables de esos asesinatos selectivos de los líderes sociales [3]. Inercias que no dejan de ser sospechosas cuando en otros casos, que son de su conveniencia, la celeridad es la regla, demostrándose de que existe la experticia para eficaces y oportunos si se lo proponen.


Respecto de lo dicho antes, resulta ilustrador el siguiente cuadro:


Agresiones, asesinatos y atentados a defensores(as) de derechos humanos período 2009-2017 [4]

Año Agresiones  Asesinatos Atentados
Periodo 2002-2008 610 60  17
 2009 177 32 17
 2010 174 32 10
 2011 239 49 17
 2012 357 69 50
 2013 366 78 39
 2014 626 55 41
2015 682 63 35
2016 481 80 49
2017* 193 20 19


Fuente: Programa Somos Defensores. Datos a marzo de 2017.


Como puede desprenderse de un análisis juicioso de estos datos, ciertamente nunca dejaremos de sorprendernos ante la práctica del asesinato político como forma de lucha por el poder, pero no estamos sobre nada nuevo. Lo más relevante de estos datos es el hecho de que estemos frente a una nueva espiral de asesinatos selectivos y de agresiones a líderes sociales, que además coincida con el inicio de las negociaciones de La Habana en el año 2012. Con el dato del 2002 al 2008 se quiere indicar que todo esto viene de mucho más atrás y que si no se da cuenta de un período mayor es porque el registro sistemático de estos hechos abominables es más bien reciente.


Esta espiral corresponde a un período particular en el que se presentaron circunstancias que tocaron temas muy sensibles. Además, encendieron las alarmas asuntos como la decisión del gobierno de liderar una ley de víctimas con el trasfondo de la restitución de tierras y su posterior decisión, de implementarla; la iniciación de un proceso de negociación con las FARC que implicaba no sólo darle estatus político sino también comprometerse con unas transformaciones en temas muy sensibles como la reforma estructural al agro, la democratización del Estado y la posibilidad de una justicia no manipulable, que se ocupara de las responsabilidades de los actores directos e indirectos de la guerra.


Un acercamiento contextual al problema permite encontrar relaciones y por consiguiente explicaciones que no serían posibles cuando se toman los hechos aislados, como parece ser la tónica de la fiscalía actual, que en eso de borrón y cuenta nueva pareciera alejarse del propósito del anterior fiscal de darle al análisis de contexto un lugar destacado, sobre todo en el modus operandi del que nos ocupamos, pues se trata de develar el modo de estructurarse las lógicas de poder nacionales que tienen sus correlatos en todas las escalas territoriales.


Omitir este acercamiento contextual es continuar con la idea equivocada de que con la estrategia de las “capturas de alto valor”, se va a acabar con un problema que está más allá de quien opera de manera directa la agresión. Por ello, la mayor fuente de impunidad se encuentra acá: no resultaría muy complicado capturar al autor material —aunque esto ni siquiera ocurre en la mayoría de los casos—, pero hoy si parece muy difícil identificar en las distintas escalas territoriales, pero sobre sobre todo en la municipal, a aquellos en quienes recae la autoría intelectual y establecer a que intereses económicos o políticos responden estas acciones. A esto último no se quiere llegar por razones que son obvias. De allí el miedo a una justicia imparcial e inclusive a una comisión de la verdad como la que se acordó en La Habana.


Planteadas las cosas de esta manera, para la ultraderecha son muchos los intereses en juego y por ello pusieron a jugar su acumulado político, su poder económico y, por qué no, su poder militar. Hasta ahora lograron ganar en el plebiscito y han logrado cambios importantes en los acuerdos como por ejemplo llenar de prerrogativas a los militares y, con su estrategia mediática, han logrado mantener el acuerdo en un lugar de legitimidad muy bajo.
Que sean los campesinos —sobre todo los reclamantes de tierra— y los defensores del proceso de paz, quienes han caído víctimas de las balas, corrobora este enfoque analítico.


Firmado el acuerdo de La Habana y desmovilizada las FARC, la alarma no puede ser menos, pues no habría ninguna razón para pensar que esta estrategia de vieja data no sea utilizada e intensificada. Más aún, estaba prevista. La llegada de las FARC a la lucha política legal, los cambios que pudiera generar en el agro y sobre todo en la propiedad de la tierra con la implementación del numeral uno de los acuerdos, sobre reforma rural integral, y la posibilidad de que la reforma política y electoral permita que nuevas fuerzas políticas le disputen el poder a esa elite tacaña y excluyente como es la colombiana, viene movilizando y articulando las fuerzas más oscuras de la sociedad en torno a un objetivo central: como volver inane el pacto de negociación con la insurgencia y para ello, como lo ha sido desde que le cerraron el paso a Gaitán, a las tímidas reformas de Lleras Restrepo y al espíritu garantista de la Constitución del 91. Sin duda no vacilarán en acudir a todas las formas de lucha incluido el asesinato político.


Ha reafirmado el presidente Santos ante estos hechos que no puede haber un muerto más y menos impunidad [5]. La pregunta es: ¿Hay la voluntad y el juego político para ello? Las dudas son inmensas, sobre todo porque llegar a esto implicaría resolver muchas cosas [6] y es irrisorio lo que pueda hacer un presidente sin capital político y con el sol a sus espaldas. Habida cuenta del panorama político para el año entrante en donde puntean los enemigos del proceso, las incertidumbres se acentúan y las alarmas deberían encenderse para quienes podrían intentar alternativas para frenar las aspiraciones de aquellos que quieren volver añicos un pacto que en términos reales sólo pretende dar un paso en nada profundo pero importante en la democratización de la sociedad.


El asunto deja varias preguntas: ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la élite constituida como bloque en el poder se pellizquen? ¿El Acuerdo de La Habana sólo será poco más que una desmovilización de la insurgencia o superaremos estas amenazas y podremos dar el salto a una sociedad que de algún modo se humanice y deje atrás la barbarie y la indignidad? ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la élite constituida como bloque en el poder se sacudan? ¿Podremos incubar en la sociedad sentimientos constructivos que neutralicen tanto odio, útil por décadas a los que viven de la guerra, para que por fin veamos en la diferencia una oportunidad y no una amenaza? Amanecerá y veremos.

 

Notas

[1] INFORME ESPECIAL DE RIESGO: “VIOLENCIA Y AMENAZAS CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS”. Defensoría del pueblo. Marzo 30 de 2017

[2] Telesur. 7 de mayo de 2017. “El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC que es una claudicación y que no puede subsistir”, dijo el derechista colombiano durante la Convención Nacional de esa formación política liderada por el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. http://www.telesurtv.net/news/Fernando-Londono-llama-a-acabar-maldito-acuerdo-con-FARC-EP-20170507-0016.html

[3] Basta ya: “Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres pequeñas son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado. Estas modalidades configuran una violencia de alta frecuencia y baja intensidad, y hacen parte de las estrategias de invisibilización, ocultamiento o silenciamiento empleadas por los actores armados. De hecho, fueron precisamente estas modalidades que poco trascendieron en el plano nacional, pero que tuvieron un alto impacto en el ámbito local, las que invadieron de manera duradera la cotidianidad de las víctimas.


Los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen.

[4] Uno de los grandes problemas en el comportamiento estadístico de agresiones y atentados a defensores radica, como ocurre el seguimiento a los homicidios en general, en que no hay coincidencia en los criterios que se tienen para caracterizar estos hechos. Por esos los datos varía enormemente entre lo que, por ejemplo, señala la oficina da alto comisionado de Naciones Unidas, el gobierno y las organizaciones sociales. Sin embargo, estas diferencias en nada pueden soslayar la gravedad de esta realidad.

[5] “Condeno de la manera más enérgica todos los atentados de los que han sido víctimas líderes sociales. No vamos a dejar ningún caso en la impunidad” http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/02-2017-ningun-asesinato-de-lideres-sociales-quedara-impune-santos

[6] Ese animus contrainsurgente del cual hemos hecho referencia y que ha calado de manera importante en la sociedad no se resuelve, -si esto fuera posible-, sólo con colocar tras las rejas a algunos paramilitares, agentes del estado o inclusive empresarios. Esto implicaría cambios significativos en el aparato militar, en la justicia y tal vez la posibilidad de que un bloque en el poder distinto a los que tradicionalmente se han sido sus beneficiarios, lidere cambios más profundos en el Estado y, sobre todo, practique unos nuevos códigos morales para el ejercicio del poder.

*IPC

Publicado enColombia
Domingo, 16 Julio 2017 06:25

La matanza de líderes sociales

La matanza de líderes sociales

A José Yimer Cartagena Úsuga lo mataron entre la noche del martes 10 y la madrugada del 11 de enero en la región de Urabá. Su cuerpo fue agujereado por más de 30 puñaladas y tenía visibles signos de tortura. Más de 40 dirigentes sociales han sido masacrados en los últimos siete meses en Colombia, sin que del tema se hable a nivel internacional.

 

Con 30 años de edad, Yimer era vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) e integraba el movimiento político Marcha Patriótica, en el departamento de Córdoba. En sus últimos meses de vida andaba motivando a los campesinos de la zona a dejar los cultivos ilícitos y a integrarse a los programas de sustitución que ha venido promoviendo el gobierno nacional en distintas zonas del país. Pero también, dicen sus compañeros de Asodecas, se encontraba haciendo pedagogía del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, tras 52 años de guerra. “Era una persona muy entregada al trabajo social, muy atento al cambio del país y de su comunidad. Su muerte fue para nosotros, como asociación, un golpe muy duro”, dice su compañero Luis Carlos Suárez, coordinador de Asodecas.


José viajaba desde un sector conocido como El Cerro hasta el casco urbano de Carepa cuando fue abordado por un grupo de hombres armados que lo obligaron a subirse a una camioneta blanca de alta cilindrada. Los mismos hombres le advirtieron a la comunidad no mencionar ni una sola palabra de lo que habían visto.
Un día después sus familiares debieron ir hasta la morgue del pueblo a reconocer el cadáver.


¿Quién lo asesinó y por qué? ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia tras la firma del acuerdo de paz? ¿Es este un fenómeno sistemático o una simple coincidencia, en un país agobiado por múltiples conflictos y acostumbrado a ver caer, asesinados, a defensores de derechos humanos, profesores, alcaldes, ministros, e incluso a candidatos presidenciales? Estas preguntas se las han venido haciendo en los últimos meses defensores de derechos humanos, analistas, periodistas e investigadores, a raíz de la muerte de José Yimer y de 41 líderes más que, según el medio independiente Generación Paz, han sido asesinados entre el 2 de diciembre de 2016 y el 1 de julio del presente año.


¿De dónde vienen las balas y qué intereses hay de por medio para acabar con la vida de representantes de pequeñas organizaciones rurales, muchas de ellas ubicadas en las antiguas zonas de influencia de las Farc, que luego de entregar sus armas se preparan para reintegrarse a la vida civil?


Son muchas preguntas sobre un asunto complejo para un país como Colombia, que aunque transita hacia el posconflicto con la entrega reciente por parte de las Farc de más de 7 mil armas a las Naciones Unidas y la desmovilización de igual número de hombres de ese grupo, aún es escenario de combates en selvas y montañas, donde operan el Ejército de Liberación Nacional (Eln) –con cerca de 2.500 hombres, según estimaciones oficiales– y varias disidencias de antiguos grupos paramilitares, desmovilizados hace una década por el gobierno de Álvaro Uribe y que ahora se conocen con los nombres de El Clan del Golfo y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.


REACOMODO.

“No hay un actor único”, es la primera respuesta que ofrece el investigador social Max Yuri Gil, quien lleva varios años descifrando las imbricadas redes del conflicto armado en Colombia. Podría decirse, explica, que se debe fundamentalmente a disputas de tipo territorial asociadas a la llegada de nuevas organizaciones a los territorios abandonados por las Farc. Se trata de grupos paramilitares o “grupos posdesmovilización”, como prefiere llamarlos la Onu, que estarían disputándose estos territorios, caracterizados por economías ilegales donde predominan los cultivos de coca, la minería ilegal y la tala de bosques. “Eso ha generado una gran disputa por los recursos, y cuando las Farc abandonan estas áreas empieza a producirse un reacomodo, un reordenamiento que ha costado la vida de una parte de estos líderes”, explica el académico. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos ha defendido la postura de que en el país no existen grupos paramilitares sino bandas criminales que actúan sin mayor articulación. “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en el país hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común organizada”, dijo en enero pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.


Las declaraciones de Villegas han sido rebatidas por instituciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que en un informe publicado en mayo (“El paramilitarismo en Colombia sí existe”) atribuye a paramilitares 550 hechos violentos ocurridos en 2016, entre los que se encuentran asesinatos, desapariciones y torturas. Esta cifra, destaca el informe, “demuestra que continúa la guerra sucia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda”.
El Ministerio de Defensa insiste en que aquí no hay paramilitares, pero se comportan como tales, apunta Max Yuri Gil. “Lo que pasa es que la particularidad del paramilitarismo colombiano es que desde hace muchos años está muy permeado por el narcotráfico, y eso ofrece una especie de turbulencia”, agrega.


Según el periodista Juan Diego Restrepo, las balas que están asesinando a líderes sociales y a defensores de derechos humanos vienen de diversos sectores. Entre ellos destaca los grupos de narcotraficantes con intereses en algunas regiones estratégicas. Pero también están los dueños de amplias extensiones de tierra que han sido afectados por los procesos recientes de restitución. Restrepo tampoco descarta el accionar de grupos guerrilleros, como el Eln y algunas disidencias de las Farc, que prefirieron huir de los acuerdos antes que apostar a la vía pacífica.


El tema del narcotráfico resulta fundamental para entender el conflicto colombiano durante las últimas tres décadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que los grupos ilegales se han alimentado de él para financiar sus acciones. Así lo argumentan los distintos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo creado bajo la ley de víctimas y restitución de tierras (1.448), de 2011, con el objetivo de reconstruir la memoria de la guerra en el país.


Este no es un tema menor, sobre todo cuando se sabe que Colombia encabeza la lista de los países con mayor producción de coca, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las últimas cifras sobre el crecimiento de este cultivo en el país indican que la cantidad de hectáreas sembradas pasó de 160 mil, en 2015, a 188 mil en 2016, un crecimiento del 13 por ciento

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En cuanto al proceso de restitución de tierras, el asunto no es de menor importancia si se entiende que éste ha sido determinante en el conflicto armado interno. En las últimas tres décadas miles de campesinos han debido abandonar sus parcelas, que han sido usurpadas. La ley 1.448 busca generar las condiciones propicias para reparar a las víctimas y devolver la tierra a quienes por derecho propio son sus poseedores. Pero antes de que la ley demostrara resultados efectivos, los campesinos recibieron amenazas y empezaron a ser asesinados. Ser “reclamante de tierras” en Colombia también se ha convertido en un factor de persecución y asesinato. “Dada la complejidad de los territorios, es necesario pensar que no hay un interés común nacional, sino que hay unas agendas territorializadas que impactan a diversos actores que desde la legalidad ven en el asesinato una manera de intimidar y acallar voces tan importantes como las de los líderes sociales”, reflexiona Juan Diego Restrepo.


Otro asunto que influye notoriamente, dice Max Yuri Gil, es que el acuerdo de paz con las Farc ofrece un conjunto de transformaciones democráticas que empiezan a llegar a los territorios. “Digamos que hay una especie de reordenamiento de la competencia por los poderes locales, y creo que hay sectores que están tratando de diezmar las bases sociales de las Farc de cara a una competencia electoral futura.”


ASESINATOS SISTEMÁTICOS.

Un tema que ha estado en el debate durante los últimos meses entre el gobierno y diversos actores sociales y académicos es si la muerte violenta de líderes sociales puede considerarse sistemática o si por el contrario son simplemente acciones no planificadas de los actores ilegales. En marzo pasado, durante la sesión 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el gobierno advirtió que era prematuro declarar la muerte violenta de líderes sociales como una acción sistemática. Esas afirmaciones se dieron dos meses después de que el ministro de Defensa dijera que estos asesinatos están más relacionados con el crimen organizado y que no hay evidencias suficientes para sugerir la existencia de elementos comunes. “Hay asesinatos, pero no son sistemáticos. Si lo fueran sería el primero en aceptarlo”, apuntó Villegas.


Para Max Yuri Gil, en cambio, no hay ninguna duda de la sistematicidad de estas acciones. Por ello considera que la discusión propuesta por el ministro de Defensa pertenece más al campo retórico y jurídico que al de la realidad.


Una línea similar plantea Andrés Suárez, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, para quien el problema radica en que se está convirtiendo un problema político, como es la muerte violenta de líderes sociales, en un asunto jurídico. “Si yo empiezo a buscar que se cumpla desde lo jurídico la condición de un ataque sistemático o generalizado, puedo encontrar las razones para decir que no tengo elementos suficientes. Este planteamiento ayuda a bajarle el perfil al tema y eso favorece el accionar de los actores”, dice. Suárez plantea la necesidad de hacer un análisis político del tema. “Desde 2012 hasta la fecha tenemos ataques recurrentes contra líderes sociales, en un contexto donde la violencia se ha reducido, pero la que afecta a los líderes está subiendo. Segundo, un ataque sistemático también se puede leer por patrones que uno encuentra. Por ejemplo, a quién se ataca de manera permanente. Y tercero, cuando hablamos de patrones sistemáticos, a veces imaginamos que están orquestados desde el nivel central, y resulta que los planes para que algo sea sistemático también pueden ser regionales”, señala el académico, y llama la atención sobre la necesidad de abrir la perspectiva para poder entender y visibilizar las estrategias de los perpetradores de estos crímenes.


El periodista Juan Diego Restrepo tampoco duda de la sistematicidad de estos homicidios. “Que hayan matado a 30 o 35 líderes sociales en lo que va del año tiene que estar diciendo algo al respecto de cómo son miradas y cómo son analizadas sus actuaciones”, observa.


El defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera, subraya a su vez que la información obtenida por su entidad “revela que estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas, al tener un número significativo de víctimas pertenecientes a grupos de características semejantes, y sucedidas en un mismo período y espacio geográfico”. Entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de este año, la Defensoría del Pueblo relevó 156 asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.


NADA NUEVO.

Si bien estos asesinatos han aumentado sobre todo desde 2012, cuando arrancaron las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc, atentar contra líderes de la sociedad civil siempre ha sido parte de la estrategia de los actores armados ilegales. Sólo entre 2005 y 2015 el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria contabilizó el asesinato de 500 dirigentes campesinos. El Observatorio, del que hacen parte varias universidades colombianas, advierte que a pesar de las últimas desmovilizaciones de organizaciones armadas, el fenómeno no ha disminuido y, por el contrario, tiende a aumentar. También destaca que estas acciones están asociadas a grupos herederos de las estructuras paramilitares presentes en los territorios, aunque pone bajo la lupa que más de la mitad de los asesinatos (58 por ciento) hayan sido perpetrados por “agentes desconocidos”.


En este escenario también hay que recordar la masacre de buena parte de los militantes de la Unión Patriótica (UP), el partido de izquierda que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en 1984. El asesinato de dos de sus candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de siete de sus congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y de por lo menos 3 mil de sus militantes llevó a que 32 años después el Estado reconociera este hecho como un genocidio político. “El exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido”, admitió en setiembre de 2016 el presidente Santos frente a un grupo de sobrevivientes de la UP. Y admitió que “el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”.


Comparando ese “genocidio” con la situación actual, Andrés Suárez enfatiza que los militantes de la UP salieron a la escena pública a reivindicar las banderas de su partido, cosa que no hacen los líderes sociales que están siendo asesinados actualmente. “Estamos hablando de un perfil de gente que no ha manifestado necesariamente apuestas de participación política. Se está diciendo, entonces, que ahora no se necesita participar en una contienda electoral para ser potencial víctima: no te organices, ni te quiero ver en reu¬niones en las cuales va a implementarse o se va a materializar el acuerdo de paz...”


Max Yuri Gil reconoce que aunque el asesinato de defensores de derechos humanos y de dirigentes sindicales y campesinos ha sido habitual en el país, las cifras presentes son superiores, y ello está relacionado directamente con la finalización del proceso de paz. “Es evidente que hay un incremento de las acciones ligado al fin del proceso de negociación y a la fase de implementación y transformación de las Farc en partido político”, dice. Juan Restrepo no lo niega, pero observa que “quienes dicen que esto es nuevo no tienen el contexto, no ligan el pasado con el presente, no tienen esa posibilidad de relacionar hechos, territorios, agendas, y eso va invisibilizando situaciones que hablan de una sistematicidad”. Si los asesinatos de este tipo se siguen produciendo sin que el Estado haga nada por prevenirlo, se pregunta, “¿quién en los territorios se va a poner la camiseta de la defensa del proceso de paz? ¿Quién en los territorios va a participar de la implementación, quién lo va a liderar?”.

 

Artículo relacionado

Colombia. Sonidos e intereses de la paz

Carlos Gutiérrez, Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº165, abril de 2017

 

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

 

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
Feminicidio: el castigo a las insumisas

Reexaminar la crisis de las masculinidades patriarcales, en el contexto de una sociedad neoliberal, para entender cómo se pasó en seis décadas, de abusar, manosear y violar a las niñas y jóvenes en el ámbito privado a torturarlas y asesinarlas como una forma de escarmiento.

 

Cuando yo era todavía una niña, entre 1960 y 1970, se nos inculcaba el miedo a los hombres: se nos advertía que tuviéramos cuidado porque podían hacernos daño y que dependía de nosotras, por pequeñitas que estuviésemos, que no nos ocurriera nada malo: el peligro, por supuesto se relacionaba con el sexo y nuestra responsabilidad era ser virtuosas, recatadas, no vestirnos, ni hablar, ni actuar en una forma que desatara ese demonio irrefrenable que ellos tienen entre sus piernas.

 

Compartí, por aquel entonces, juegos con muchas niñas que no hicieron caso de esas advertencias, las más pobres de mi vecindario. Como consecuencia, ellas iniciaron una larga serie de gestaciones a partir de su primera menstruación: se marchitaron antes de haber florecido, ninguna terminó sus estudios primarios, ni el bachillerato y quedaron sometidas a un hombre que las golpeaba y las fue hundiendo en la miseria material y espiritual. Casi en todos los casos, sus hijas y aún sus nietas repitieron esa historia.

 

A pesar de todo, con algunas de ellas seguíamos jugando y correteando durante un buen tiempo de esa niñez trunca. Pero, como una pompa de jabón, su retorno a la irresponsable felicidad de la infancia se desvanecía a las 5 de la tarde cuando se acordaban de sus deberes y corrían a sus miserables viviendas a freír unos patacones, carne o huevo, cocinar de carrera un arroz, porque llegaba “él”, ese ser todopoderoso, dueño de sus corporalidades y sus vidas, a quien ni siquiera se atrevían a llamar por su nombre.

 

A estas chicas, cuando andaban en los retozos amorosos y se metían en los rastrojos con sus compañeros, se las trataba de vagamundas y putas. Pero tan pronto como el resultado de sus “vagamunderías” empezaba a abultar los casi infantiles vientres, en el barrio adquirían una nueva respetabilidad y consideración. Inclusive recolectábamos dinero para ayudarles con ropa y dotación para su hija o hijo por nacer. Estos extraños virajes del sentir colectivo me generaron siempre muchas dudas y cavilaciones.

 

Salí ilesa de esas primeras pruebas. En primer lugar lo atribuyo a mis lecturas: devoraba biografías de Madame Curie, de Juana de Arco y, debió tener mucho peso la más “perniciosa”: la vida de la famosa Catalina la Grande de Rusia con su séquito de amantes, un modelo de feminidad que, por lo prohibido, era sumamente sugestivo, hay que reconocerlo. Una segunda protección era por supuesto, el capital cultural y el apoyo familiar, gracias a los cuales me fui procurando un proyecto de vida en el cual nunca estuvo como prioridad llenarme de hijos e hijas y reproducir el ciclo de la miseria. Un tercer aspecto: gracias a mi mala costumbre de estar metida donde no debía –y recuerden que las niñas y niños pequeños no son tontas ni tontos–, me fui enterando de las muchas desgracias y abusos que padecían aún las señoras “buenas” decentes, trabajadoras, madres abnegadas, casadas por la Iglesia.

 

Y finalmente, la intensa participación comunitaria que empecé a desarrollar con la Junta de Acción Comunal, me introdujo en compromisos y tareas relacionadas con las injusticias sociales y el abandono de nuestra comunidad por parte del Estado. Destaco estos cuatro elementos, porque, quienes nos ocupamos de apoyar las ciudadanías de las niñas pertenecientes a comunidades con menos recursos, hemos concluido que aquellas que incursionan en el liderazgo y ejercicio ciudadano, acceden a un mínimo de capital cultural, tienen como heroínas a mujeres científicas, artistas, pensadoras, leen buena literatura y reconocen las historias de sus ancestras, están más protegidas frente al embarazo adolescente, al matrimonio o unión marital temprana, culminan con éxito sus proyectos educativos y tienen mayor posibilidad de elegir su proyecto de vida con más libertad.

 

Este recuento me permite identificar dos elementos que perviven en la actual cultura cotidiana y se relacionan con los asesinatos brutales de niñas y mujeres: el primero, es que la sociedad descarga sobre las niñas, desde la primera infancia, la responsabilidad de controlar la sexualidad masculina, convirtiéndolos a ellos, que están en las mismas edades (y aún si son mayores que ellas) en potenciales predadores y abusadores sexuales consentidos, tolerados y permitidos por su entorno familiar, el grupo de amistades, el ámbito educativo y el ámbito laboral: el más visible y reciente ejemplo de esta forma de educar a los varones, es el feminicida de Yuliana Samboni, el arquitecto Francisco Noguera Uribe, quien la violó, torturó y asesinó. Luego vendrían Sarita y una lista que por desgracia crece cada día y que incluye también a un varoncito de corta edad. Esas son las muertes visibles. Sin embargo, como denunciaba el periódico El Tiempo el 8 de marzo de 2017, para el año anterior, 6.265 niñas entre 10 y 14 años (el 41,53% de los casos de mujeres víctimas de violencia sexual) y 3.178 niñas entre 5 y 9 años (el 21,07% del total de mujeres víctimas de violencia sexual ) fueron sometidas a este flagelo en el año 2016.

 

El segundo elemento, es la hipervaloración de la maternidad y su imposición como un mecanismo de control y explotación de las mujeres. En la Colombia del siglo XX, como en la del siglo XXI a las niñas, desde su primera infancia, mediante juegos infantiles, se las confina a la función materna y doméstica. La ropa, las palabras, su entorno de crecimiento y desarrollo no las conducen al amor por el deporte, al arte, la política y la ciencia. Al fin de cuentas, para esta sociedad una mujer que no es madre, es una mujer incompleta. De tal manera que las van formando como personas sumisas, subordinadas, pacientes, abnegadas y, sobre todo, dispuestas a despertar el deseo sexual, Se las prepara para ser victimizables.

 

Así, que aunque parezca raro y no precisamente porque a las niñas y jóvenes les haya gustado, desde tiempos inmemoriales muchos tíos, primos, papás y aún hermanos y hermanastros y otros allegados, han manoseado y violado a las niñas y las jóvenes, al abrigo supuestamente protector de la familia patriarcal –enfrente de mamás distraídas o cómplices–. Este siempre fue un secreto entre mujeres, de eso no se hablaba, a algunas les decían que tuvieran paciencia y que no dañaran a su familia. Esta es una realidad. Las que se atrevían a romper el mandato del silencio, sufrían el grave castigo del repudio de sus familias.

 

A pesar de estos maltratos y abusos sexuales, a las niñas y las jóvenes no las asesinaban con la crueldad y sevicia, ni desde tan pequeñas, como ocurre en esta segunda década del siglo en curso.

 

Ante la crisis de las masculinidades patriarcales, se acude al feminicidio

 

Encontrar el factor desencadenante de esta violencia resulta de gran complejidad y de vital importancia. Rita Laura Segato, antropóloga argentina y estudiosa del tema, plantea que las violaciones y agresiones sexuales pretenden castigar a las mujeres por los avances que han conseguido ya que estos ponen en entredicho el control de los varones.

 

En efecto, desde los sesenta, el feminismo, en distintas vertientes y modalidades, ha realizado una lucha contrahegemónica frente a la imposición de una única manera de ser mujer. Las conquistas de los feminismos han obligado al Estado colombiano a comprometerse con la prevención, sanción y eliminación de las violencias contra las mujeres.

 

De tal forma, que en 1981, durante el gobierno de Turbay Ayala, se formuló Ley 051 de 1981, como la primera norma interna mediante la cual el país suscribió la “Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer” (Cedaw por sus siglas en inglés). En 1991, luego de una gran movilización de las organizaciones de mujeres y de los feminismos, se consiguió la inclusión de cuatro artículos en la nueva Constitución Política con base en los cuales se crearon las primeras políticas públicas nacionales e integrales a favor de las mujeres. En ese proceso, se han producido un conjunto de normativas e instituciones, algunas de ellas dedicadas específicamente a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, como la Ley 1257 de 2008 y más recientemente, una política específica para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Hay que advertir que la mayoría de estas normas han quedado convertidas en pura fantasía, como afirmó recientemente una abogada de la Secretaria Distrital de la Mujer: no se cumplen.

 

Además, a pesar del surgimiento de programas y entidades consagradas a promover los derechos de las niñas liderados por las organizaciones y plataformas de mujeres y por la ONU Mujer (el organismo de Naciones Unidas responsable del tema), y aunque se han conquistado derechos, se ha avanzado en el control de la fecundidad y en nuevas formas de ser mujer, el modelo sociosexual propio del patriarcalismo sigue controlando la sexualidad, la capacidad de sentir placer y de dar vida de las mujeres. Todavía sus ciudadanías están constreñidas por el poco control de su corporalidad como primer territorio de decisión, de disfrute y de libertad, y porque viven amenazadas tanto en la vida de familia y pareja, como en los barrios y veredas, en los campos y en las ciudades.

 

Los violadores, como muestran estudios, en ningún caso buscan obtener placer sexual: desean ejercer poder y someter a la víctima, demostrar que pueden hacer lo que quieran con otra persona –mujer casi siempre–, colocada en estado de indefensión. Esto queda muy claro en el caso de seis violadores que recientemente, en las fiestas de San Fermín en España, sometieron a toda clase de vejaciones sexuales a una joven viajera y luego mostraron la “prueba de su virilidad” a través de las redes sociales. Guarda también mucha similitud con los casos de víctimas de violaciones cometidas por grupos de varones que actúan como “manadas” en la India, en México o en Argentina, porque esta forma de violencia no se limita a las fronteras de un país ni de un continente, se ha convertido en una pandemia machista. En Colombia, sin llegar a la violación y al asesinato, estudiantes de la Universidad de los Andes sometieron a una profesora a matoneo por sus opiniones rebeldes y por ser feminista. Ahora, en algunos medios estudiantiles, como en la Universidad Nacional, se tilda de feminazi a las jóvenes o adultas que expresen opinión propia, o exigen ser respetadas.

 

¿Cómo colocarle un dique definitivo a esta realidad prolongada en el tiempo? ¿Cómo lograrlo si sabemos que el violador no es un enfermo mental, ni un desviado sexual y por lo tanto, elevar las penas no resuelve el problema? Para lograrlo, uno de los primeros retos es el de reconceptualizar la violación y el feminicidio, lograr que la sociedad y el Estado reconozcan que este tipo de comportamiento macho hace parte de los mecanismos de control y disciplinamiento de las mujeres que atenten o se salen de las imposiciones de la masculinidad patriarcal y de la heterosexualidad.

 

Este es un reto inmenso que se enfrenta a una carga cultural de siglos, sostenida y legitimada por un sistema social donde el hombre providente, jefe de hogar, quien tenía asegurado el derecho al mejor plato de comida y a su placer sexual, cuando quisiera, como quisiera y por donde quisiera, está en vía de extinción. Al mismo tiempo y como parte de ese modelo social, la crisis del orden sociosexual global, que es patriarcal, capitalista heterocentrado y racializado, solo reconoce como sujetos válidos a quienes tienen determinados niveles de consumo: usan zapatos de marcas costosas, perfumes y ropa cara, carros de alta gama, casas lujosas y por supuesto, tienen hermosas modelos como esposas o compañeras: es el modelo Trump. El patriarca moderno debe pertenecer o buscar parecerse a la etnia hegemónica, despreciar a la gente pobre, a los desplazados e inmigrantes y sobre todo, debe curar el dolor de identidad /subjetividad lastimada, hiriendo a las más vulnerables: las mujeres, las jóvenes y las niñas.

 

Si no lo logra lo llamarán “perdedor”, necesitado de confirmarse ante los otros patriarcas, no le anima el deseo sexual o la búsqueda de placer, sino la decisión de comprarse unos minutos, unas pocas horas de poder, agrediendo, amenazando, chantajeando, violando y matando a las mujeres. Como señala Segato, buscan castigar a las insumisas, a aquellas que se creen libres, para que todas recuerden que deben obedecer el mandato impuesto a las mujeres por el orden global y por cada varón que siente amenazada su masculinidad patriarcal.

 

* Investigadora, cofundadora de la Colectiva Feministas Emancipatorias.

Publicado enEdición Nº235
Guardia Indigena

 

“Desde enero fueron asesinados 25 indígenas”, explica Rafael Coicué, en una ronda de “liberadores” de al Madre Tierra, en las afueras de Santander de Quilichao, donde el llano del valle del Cauca mira hacia las montañas pobladas de comunidades nasa y misak, en una de las regiones más ricas y conflictivas de Colombia.

“La paz –reflexiona Rafael- es para que las multinacionales vivan en paz”. Para los pueblos es más de lo mismo. O peor, ya que los territorios que está abandonando la guerrilla son inmediatamente ocupados por paramilitares que protegen los negocios de la minería y los cultivos de coca, combatiendo y asesinando indios, negros y mestizos que necesitan la tierra para reproducir sus vidas.

Una decena de comuneros y comuneras van desgranando con parsimonia, como si fuera mazorca de maíz, la historia del Proceso de Liberación de la Madre Tierra (Uma Kiwe en nasa), en la que están empeñados. Una historia que tiene sus fechas decisivas: 1971, fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), primera organización nasa-misak; 1991, nueva Constitución de Colombia y, simultáneamente, masacre de El Nilo, que frenó las recuperaciones; 2005, comienzo del Proceso de Liberación que sigue hasta hoy.

La tierra ha sido la demanda central de las comunidades nasa. El CRIC recuperó desde la década de 1979 unas 160.000 hectáreas que se fueron convirtiendo en territorios autogestionados por los cabildos que administran los resguardos reconocidos por el Estado colombiano. Cada hectárea recuperada costó mucha organización, movilizaciones, dolor y sangre, para que las familias puedan vivir con dignidad.

El problema es que el 85% de las tierras indígenas del norte del Cauca, unas 206.00 hectáreas en total, están pobladas por unas 24.200 familias que deben sobrevivir en las tierras cultivables, que son apenas el 15% de ese total, ya que el resto son forestales. Hay familias que tienen apenas una hectárea cuando el promedio debería ser de 13, como mínimo.

El documento “Libertad y Alegría con Uma KIwe”, explica que 250.000 has. de las mejores tierras del valle están sembradas de caña, donde 16 ingenios producen etanol para combustible utilizando 25 millones de litros por segundo, provenientes de más de 30 ríos de la región. “Sólo dejan pobreza y contaminación, porque con el glifosato se fueron los peces”, explican en la ronda.

La minería utiliza casi un millón de has., la tercera parte del departamento. La prospección de petróleo abarca otro medio millón, con lo cual las comunidades quedan arrinconadas en las montañas donde la productividad de la tierra es menor.

Por eso el único camino es la ocupación de las grandes fincas terratenientes. Hasta 1991, explica Rafael, “había mucha formación y concientización, en un trabajo que no era abierto como ahora sino clandestino”. La Constitución incluye decenas de artículos propuestos por los indígenas, pero ninguno se ha desarrollado.

Apenas cinco meses después de aprobada la Constitución que reconoció los derechos de los pueblos, se produjo la masacre de El Nilo, en Caloto, muy cerca de Santander de Quilichao. El 16 de diciembre fueron asesinados por la policía y civiles armados 21 indígenas que ocupaban la haciendo El Nilo, frenando en seco el proceso de recuperación de tierras.

El Estado se comprometió a castigar a los culpables y entregar tierras. No hizo nada de eso. El 13 de abril de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la masacre y denunció que “después de ocho años el Estado no ha investigado, juzgado y sancionado de manera adecuada y eficaz a sus agentes por la responsabilidad penal que les cabe en los hechos de la masacre de Caloto”.

El CRIC y el Estado firmaron 160 acuerdos que no se cumplieron. La institucionalización de los movimientos, promovida por una actitud “negociadora” del gobierno, tuvo dos consecuencias trágicas: entre 1991 y 2005 no se ocuparon tierras, pero los ganaderos y paramilitares realizaron 15 masacres en esos años, con más de 500 muertos.

La masacre de El Naya se produjo en abril de 2001 cerca de Buenos Aires (Cauca). Se calcula que los paramilitares asesinaron a unos 150 indígenas. Recién en 2015 las fuerzas armadas pidieron perdón a un puñado de familiares, porque un juzgado de Popayán encontró que el Ejército había participado en la masacre facilitándole el acceso a 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región de El Naya donde perpetraron la masacre.

En 2005 las comunidades indígenas deciden lanzar el Proceso de Liberación de la Madre Tierra con la toma de La Emperatriz, perteneciente al hacendado que pergeñó la masacre de El Nilo. Pero el proceso de recuperaciones avanza muy lentamente ya que, según los miembros de la ronda, las dos grandes organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN) no se empeñan a fondo en la lucha.

Pero en 2014 se produce un salto significativo con la recuperación de nueve fincas que suman 9.000 hectáreas, en pleno proceso de negociación de la paz entre el Estado y las FARC. Los ocupantes realizan mingas de corte y siembra en las que van rotando a razón de cuarenta familias por turno. En los últimos días fueron asesinados tres comuneros vinculados a las recuperaciones.

Han creado una comisión política con integrantes de cada punto de recuperación, están montando una escuela de formación política, una escuela de comunicación y se proponen realizan un encuentro internacional de procesos de liberación de tierras en Abya Yala, en agosto. Se trata de una nueva generación que ha comenzado a tallar en las luchas, que ya no espera las decisiones de las organizaciones, que se junta por abajo y enfrenta la creciente militarización del mal llamado “posconflicto”.

 

 

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El presidente Santos habla con una guerrillera durante su visita a una zona veredal.

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

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