Ejemplar condena ratifica que jóvenes de Soacha asesinados no eran delincuentes ni combatientes

 

El juzgado primero penal especializado de Cundinamarca condenó a penas entre los 37 y los 52 años a 21 militares como coautores de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir, que rodearon los asesinatos de los jóvenes de Soacha Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 26 de enero de 2008, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto del mismo año.

El fallo también declaró la prescripción del delito de falsedad ideológica en documento público.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, representa en este caso a la madre del joven Diego Alberto Tamayo Carcerá, Idalí Garcerá, cuyo homicidio y desaparición forzada se produjo junto con el de los dos jóvenes Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio, cuando fueron reclutados en el municipio de Soacha en el mes de agosto de 2008 y conducidos mediante engaños a Ocaña, Norte de Santander donde fueron asesinados y presentados como integrantes de una estructura paramilitar. La misma suerte habían corrido los jóvenes Julio César Mesa Vargas y Johnatan Orlando Soto Bermúdez en enero de ese año.

Aunque en un principio los dos casos, el de enero y el de agosto, se investigaron por aparte, en septiembre de 2011 se acumularon por solicitud de la representación de las víctimas, al establecerse que se trataba de hechos similares y que involucraban a integrantes de la misma unidad militar, esto es, a la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander, a la cual pertenecían los 21 implicados.

Sobre la responsabilidad del coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, Jefe de Operaciones de la Brigada Móvil No. 15 y máximo responsable identificado, la jueza estableció que planeó y coordinó todos los aspectos de los crímenes juzgados. Su vinculación se dio a través del Teniente Sandro Pérez, integrante del B2 del Batallón, quien le sugirió recurrir a esta práctica para presentar resultados operacionales, le indicó que el costo era de un millón de pesos por cada persona reclutada y que la unidad militar se debía encargar del armamento. A partir de entonces, Rincón Amado tuvo pleno conocimiento y control de toda la estructura criminal, incluso de los civiles reclutadores.

Durante la lectura del contenido del fallo cuyo sentido se había dado a conocer en noviembre de 2016, la jueza primera ratificó el carácter de crimen de lesa humanidad por tratarse de hechos cometidos en el contexto de un ataque dirigido contra una multiplicidad de personas, es decir generalizado, además de sistemático, es decir como parte de un plan criminal cuidadosamente organizado con el fin de asesinar personas para reportar resultados operacionales positivos.

La jueza añadió en su fallo que en estos crímenes existió un móvil discriminatorio ya que las víctimas eran hombres jóvenes entre los 16 y 25 años de edad, de origen humilde, marginados, con escasos recursos económicos y algunos con problemas de drogadicción, en contextos de vulnerabilidad social que los hacían susceptibles de ser atraídos por ofertas económicas o laborales.

La condena también inhabilita durante 20 años a los militares implicados para ejercer cargos y funciones públicas, y exhorta al Ministerio de Defensa a publicar la Sentencia, realizar un acto público para resarcir el buen nombre de los jóvenes asesinados quienes fueron presentados como integrantes de organizaciones delincuenciales, así como a erigir un monumento en honor a las víctimas para que la sociedad no olvide lo ocurrido. Todas estas medidas, una vez quede en firme la sentencia.

La declaratoria de crimen de lesa humanidad y las medidas de reparación simbólica admitidas dentro de la sentencia, fueron solicitadas por el Cajar y respaldadas por los demás abogados, la Fiscalía y la Procuraduría. La petición de reconocer los hechos como crimen de lesa humanidad se basó en la decisión que tomó en agosto de 2013 el Tribunal Superior de Cundinamarca frente a la desaparición forzada y el homicidio de Fair Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, otra de las madres de Soacha.

El fallo, cuya lectura tomó ocho horas y media, estableció también la existencia del delito de concierto para delinquir, es decir, de un acuerdo de voluntades para cometer delitos, y un aparato organizado de poder dentro de la institución castrense, que en alianza con personas civiles, se repartía las tareas de reclutamiento, traslado, asesinato, alteración de la escena del crimen y construcción de falsos reportes para presentarlos como bajas en combate.

Con los hechos ocurridos en enero y agosto se determinó la existencia de un modus operandi detrás de estas y otras ejecuciones. En este sentido, la jueza recalcó dentro del contexto de la época, la alerta de salubridad emitida por medicina legal ante la aparición de un número inusitado de cadáveres en la inmediaciones de Ocaña que debieron ser enterrados en el cementerio municipal Las Lisas.

La defensa, por su parte, argumentó que las muertes de los jóvenes se produjeron durante combates, que se encontraban en uso de sus funciones legales, que su actuación se basó en documentos de inteligencia que identificaron a las víctimas como delincuentes, y que toda la documentación militar se ajustó a la legalidad.

Sin embargo con el fallo quedó demostrada la irregularidad en la documentación donde, por ejemplo, hay discrepancias entre las coordenadas que están en el informe del supuesto combate y los lugares donde realmente se encontraba la tropa. O en el caso de Diego Tamayo, quien presentaba una herida en una rodilla, debajo de la cual no se encontraron rastros de sangre al momento del levantamiento del cadáver.

Los principales testigos del proceso fueron los reclutadores Alexander Carretero, Pedro Gámez, Edith Palomino y Dairo Palomino Ballesteros quienes se encargaron de todo este proceder tanto en Bogotá como en Norte de Santander, y corroboraron las acusaciones, a partir del conocimiento que tuvieron de todas las circunstancias, responsabilidades, montos pagados y autorías de los crímenes.

La Sentencia estableció también sin lugar a dudas, el arraigo de los cinco jóvenes en el municipio de Soacha, es decir que habitaban en este municipio y que fueron alejados de su ámbito familiar y social para desaparecerlos y asesinarlos. El despacho rescató su lugar de origen, su ámbito familiar e hizo un recorrido por su historia de vida, lo que en sí mismo constituye un acto de dignificación de su memoria. También estableció que no hacían parte de ninguna organización o estructura criminal que operara en el departamento de Norte de Santander donde aparecieron muertos y enterrados como NN, dos días después de haber sido vistos por última vez en Soacha.

Frente al intento de la defensa de los militares de volver a dilatar la diligencia invocando la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la jueza primera fue enfática en que dicha jurisdicción no ha sido creada así como tampoco las instancias que deberían dirimir los conflictos de competencias y la naturaleza de estos hechos, si se trata o no, de hechos del conflicto armado. También que suspender el proceso significaría negar el derecho a la pronta administración de justicia a las víctimas y someter a incertidumbre a todas las partes. La jueza explicó que su decisión no impide que cuando se creen las instancias de la Jurisdicción Especial y el Sistema Integral en su conjunto, los condenados puedan interponer los recursos que consideren necesarios ante dichas instancias.

Ya la semana anterior, el Juez noveno de control de garantías, que adelanta el caso de otros tres jóvenes de Soacha asesinados en las mismas circunstancias se había declarado impedido para imputar el mismo Coronel Gabriel Rincón Armando y otros militares, por conflicto de competencias con la JEP. Esta decisión, abiertamente ilegal y contraria a los derechos de las víctimas, causó el rechazo de las organizaciones de derechos humanos y un enérgico comunicado de Human Rights Watch.

 

Militares condenados

 

Homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez el 26 de enero de 2008, y de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional José Orlando González Ceballos - 52 años
• Soldado profesional Kevis Jiménez Escalante - 49 años
• Soldado Profesional Luis Alirio López - 49 años
• Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín 48 años
• Sargento Medardo Ríos Díaz 45 años
• Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas - 48 años

Homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez el 26 de enero de 2008

• Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado - 46 años
• Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa - 46 años
• Cabo Manuel Zorrilla Gámez - 49 años
• Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo - 46 años

Homicidio agravado desaparición forzada y concierto para delinquir de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, asesinados el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional Nixon Cubides Cuesta - 48 años
• Mauricio Cuniche Delgadillo - 48 años
• José Adolfo Fernández Ramírez - 48 años

Homicidio Agravado de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, el 25 de agosto de 2008

• Soldado Profesional Ferney Gijalba Flor - 37 años
• Soldado Profesional Eider Andrés Guerrero Andrade - 37 años
• SLP Geiner Fuertes Billermo - 37 años
• SLP Pedro Johan Hernández Malagón - 37 años
• SLP Juan Ramón Marín Ramírez - 37 años
• Soldado Profesional Ricardo Eliud González Gómez - 37 años
• Soldado Profesional John Anderson Díaz Ortega - 37 años
• Cabo Ricardo Coronado Martínez - 37 años

 

 

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Lunes, 27 Marzo 2017 07:04

Enemigos (para nuestra compañera)

Periodistas de Guadalajara expresaron ayer su indignación por el asesinato de reporteros en el país. El más reciente es el de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Un grito imperó en el mitin: no nos callarán

 

Los que se atreven a enfrentar la mentira, la corrupción, la impunidad, los abusos y la violencia del poder y sus redes de complicidad siempre son enemigos de los que dependen de la oscuridad para su poder y sus intereses.

El saldo mortífero mundial de los dedicados a revelar verdades a la sociedad asciende a más de mil 234 desde 1992, según las cifras más recientes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), donde México ocupa el lugar 11 entre los países más mortíferos para periodistas (https://cpj.org/killed/).

Según otro conteo, el de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 2 mil periodistas han perdido la vida por su trabajo entre 1990 y 2016; México es el tercer país más mortífero para informadores al contabilizar más de 120 asesinatos. Una de las conclusiones recurrentes de nuestros informes es que se registran muchos más asesinatos en situaciones de paz que en países golpeados por la guerra, algo que tiene que ver en gran media con que los periodistas son víctimas de los barones del crimen organizado y de funcionarios corruptos, afirmó Anthony Bellanger, secretario general de la FIP. Subrayó que la impunidad es un agente catalizador de la violencia contra periodistas. (www.ifj.org/fileadmin/documents/ 25_Report_Final_sreads_web.pdf)

Hoy día, reporta el CPJ, existen 259 periodistas encarcelados en el mundo, una cifra sin precedente desde 1990, cuando la organización empezó a registrar ese dato. https://cpj.org/2016/12/a-record-number-of-journalists-are-in-jail-cpj-cen.php

No somos cifras. Tenemos nombre y apellido, por ejemplo, Miroslava Breach.

A veces rehusar ser anónimos es justo lo que nos puede costar mucho, hasta la vida. Más que todo, los que tienen un compromiso con el periodismo de conciencia ante el poder –esa búsqueda constante de notas que sirven a la autodeterminación de los ciudadanos, eso de contar qué nos pasa, de intentar revelar toda mentira– rehúsan quedarse callados o portarse bien. Pero los buenos periodistas (aunque hay algunas excepciones notables, para bien y para mal) nunca desean ser noticia, y, opino yo, casi nunca deben de usar el yo; son las voces de los demás las que cuentan, las que hay que contar, esa voz colectiva ante el poder exclusivo.

En tiempos recientes a los periodistas nos han vuelto noticia, y demasiadas veces en nota roja. Declaran que somos enemigos, a veces nos amenazan, a veces nos encarcelan, a veces nos matan. Y eso no se limita a países como México o Turquía o Irak, sino aquí mismo.

En Estados Unidos el presidente Trump ha declarado a todo periodista que no se subordine a sus mentiras y engaños como enemigo del pueblo. Desde el inicio de su campaña presidencial con sus llamados a sus bases a atacar a los medios no alineados, generó un clima tan peligroso que varios periodistas de algunos de los grandes medios nacionales tuvieron que contratar seguridad privada para acompañarlos a cubrir al candidato. Como presidente no ha dejado de atacar a periodistas, y a sus medios, por nombre y apellido, cada vez que se atreven a criticarlo o publicar información que lo daña. En la retórica, esto supera lo que los periodistas enfrentaron durante la peor época de Richard Nixon en los años 70, o del macartismo en los 50. Esto apenas empieza, y las consecuencias pueden ser peligrosas no sólo para los periodistas, sino para lo que se llama democracia.

El presidente anterior hablaba más bonito y afirmaba que era el campeón de la libertad de expresión y la transparencia, pero en los hechos persiguió a los que se atrevieron a divulgar secretos oficiales al público por los medios. De hecho, Obama promovió más casos –ocho incluido Edward Snowden, el más conocido– según la Ley de Espionaje de 1917 contra filtradores y periodistas que el total (tres) de todos sus antecesores. (Vale recordar que esa ley se aplicó a disidentes de la Primera Guerra Mundial, tanto al líder socialista y candidato presidencial Eugene Debe, quien fue encarcelado, como a inmigrantes alemanes que eran sospechosos sólo por su origen nacional, entre otros).

Un reporte del CPJ en 2013 concluyó que el gobierno de Obama ha sido el más agresivo en control de información en tiempos modernos. El ex editor Leonard Downie, quien encabezó la investigación, escribió que “la guerra de este gobierno contra filtraciones y otros esfuerzos para controlar la información son los más agresivos que he visto desde el gobierno de Nixon, cuando yo era uno de los editores involucrados en la investigación de Watergate por el Washington Post”. Aunque Obama se comprometió a hacer el gobierno más transparente, la editora pública del Times, Margaret Sullivan, afirmó: está resultando ser el gobierno de secretos sin precedente y de ataques sin precedente contra la prensa libre. (https://cpj.org/reports/2013/10/obama-and-the-press-us-leaks-surveillance-post-911.php).

Joel Simon, director ejecutivo del CPJ escribió el mes pasado en el New York Times que los ataques incesantes (de Trump) contra los medios de noticias están dañando la democracia estadunidense. Advirtió que el ataque de Trump contra el uso de fuentes anónimas mina el trabajo de periodistas que reportan notas delicadas en ambientes represivos y peligrosos, desde Irak hasta México, donde la protección de fuentes es asunto de vida o muerte.

Nos tocó ser noticia la semana pasada. Nuestra compañera ya no puede reportar las verdades que descubría ni sumarse con todos en su periódico dedicados a la misión básica de informar al público para que ese público decida actuar o no ante la realidad que vivimos. Ahora a ese público, o sea, a todos nosotros, nos toca responder. Tenemos que decidir si esto que nos duele tanto hoy día sólo se vuelve en una cifra más en esa espantosa lista de inmensa tristeza, o si defendemos de manera colectiva a los que se atreven a ser enemigos. Esta casa, y en buena medida lo que dice ser, o debería ser, democracia en cualquier parte de este planeta, dependen de nuestra respuesta.

 

 

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Una manifestante sostiene una foto de la activista por los derechos ambientales Berta Cáceres durante una marcha para conmemorar el primer aniversario de su asesinato, en Tegucigalpa, Honduras, el 1 de marzo de 2017.

 

Brasil es el país donde se producen más asesinatos de activistas y Honduras se considera el lugar más peligroso para ejercer el activismo, según recoge el informe 'El precio del activismo'. Las mujeres son las principales víctimas de estos crímenes.

 

Los activistas ambientales están indefensos. Así lo asegura la organización Greenpeace, que, en un informe titulado el Precio del activismo, destaca que los últimos años han asesinado a más de 340 activistas medioambientales y de derechos humanos, lo que supone una muerte cada poco más de dos días. La ONG subraya que estas cifras revelan la indefensión global a la que se enfrentan aquellos que luchan por defender sus tierras.

América Latina es la región donde más asesinatos se producen: en 2015 fueron asesinados 185 activistas, y 122 fueron en América Latina, de acuerdo con el informe de Global Witness En terreno peligroso, que Greenpeace recoge en su estudio.

La mayoría de asesinatos se producen en la industria minera y extractiva, con 42 asesinatos, seguidos de la agroindustria, la tala de madera , las presas hidroeléctricas y la caza furtiva.

"Los datos son escalofriantes, y para 2016 esperamos una tendencia al alza, lo cual es terrible. América Latina es el país donde la situación es más grave" denuncia Laura Furones, portavoz de Global Witness.

La corrupción política que sacude los pueblos es el principal motor de estas muertes. Según las ONG's los gobiernos tienen una gran responsabilidad. "Los asesinatos suceden porque estamos conviviendo con proyectos que son impuestos y las comunidades se ven abocadas a protestar por la invasión de tierras" afirma Laura Furones.

Además, las organizaciones señalan que la falta de consulta por parte de las instituciones a los pueblos sobre que quieren hacer con sus tierras son otro de los problemas. Las empresas imponen acuerdos y negociaciones con grandes empresas que explotan los territorios a los pueblos, sin tener en cuenta a quienes viven de esas tierras y de esta forma se desatan numerosos conflictos.

Asimismo, desde las ONG's señalan a la impunidad de los gobiernos y las autoridades judiciales como la base de esta problemática. "Hoy en día seguimos viviendo la impunidad del crimen, vemos como los autores tanto intelectuales como materiales del crimen siguen impunes y esto abre la puerta a que se siga atentando contra luchadores y activistas" señala Laura Zúñiga hija de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada el año pasado.

Honduras es el país que tiene el riesgo más alto del mundo, está considerado el país menos desarrollado y más pobre de Latinoamérica. La situación de empobrecimiento afecta especialmente a la población rural, mientras que,según ha denuncia Global Witness, las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos nocivos para el medioambiente.

 

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Selva amazónica en el estado de Amazonas. REUTERS / Bruno Kelly

 

"En Honduras desde 2009 se han otorgado una serie de concesiones a empresas privadas que atacan los territorios las comunidades indígenas, la militarización de la sociedad es fuerte y tenemos que habitar enfrentándonos a un estado frágil, con empresas cargadas de poder", denuncia Laura Zúñiga.

En este país trabaja el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) para detener la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que podría causar la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas de Honduras. Esta campaña se ha cobrado en el último año la vida de tres activistas: Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía.

Además, Brasil es el país más peligroso para el activismo ambiental con 50 personas asesinadas. El conflicto en este país tiene que ver con el precio de la madera, las comunidades agrícolas están siendo invadidas por plantaciones agrícolas o campamentos madereros ilegales. Según el informe El precio del activismo, presentado por Greenpeace, la tala ilegal está arrasando la selva tropical y se calcula que el 80% de la madera de Brasil es ilegal y representa un 25% de la madera ilegal de los mercados mundiales.

Greenpeace denuncia en su informe que en España se está asistiendo en los últimos años a un retroceso imparable tanto de normativas ambientales como de la restricción del derecho a la libertad de expresión. En los últimos años se están llevando a cabo numerosos proyectos de infraestructuras, construcciones y modificaciones que dan cabida a agresiones medioambientales.

 

El riesgo de ser mujer y activista

 

En los últimos años muchos de estos atentados contra la vida de los activistas se tuvieron su objetivo en mujeres activistas, Ser mujer supone una amenaza constante sobre sus cuerpos, y muchas de las mujeres que luchan por defender sus tierras son estigmatizadas y perseguidas "el poder siempre ataca con más fuerza a las mujeres y a las diversidades" añade Laura Zúñiga.

"En una sociedad militarizada hay una masculinización de la población, el poder sobre los cuerpos de las mujeres se ha incrementado y esto se agrava cuando son luchadoras, porque se intenta criminalizar a las mujeres por el mero hecho de serlo", denuncia la hija de Berta Cáceres.

En estos países muchas son las mujeres encargadas de defender sus tierras y cuidar de sus casas y familias, "los feminicidios van aumentado de una forma escandalosa y esto se ve agravado por la privatización de las tierras" comenta Gustavo Castro, activista mexicano miembro de Amigos de la Tierra

En los últimos años se han asesinado a decenas de mujeres activistas,además de las ya citadas, Berta Cáceres, Nelsón García y Lesbia Yanet Urquía, Mia Manuelita o Wangari Maathai son algunas de las víctimas del terrorismo contra el activismo ambiental.

 

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Una mujer sujeta un cartel en Honduras en protesta por el asesinato de Berta Cáceres. INTI OCON (AFP)

 

El 3 de marzo de 2016 se acabó con la vida de Berta Cáceres, ésta fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca. Unos hombres armados entraron en su casa y la asesinaron, en el momento del asesinato estaba con ella Gustavo Zarca, activista mexicano, que resultó herido, quien denuncia la irregularidad y falta de transparencia con el que se está investigando el tema.

"Las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades e inconsistencia, lo que generó que el gobierna decretase secreto en la investigación, dejándonos fuera de la investigación. En octubre del año pasado le robaron el expediente a la magistrada y tras eso pedimos más transparencia, y participación de la familia y en la investigación. Este asesinato no puede quedar impune" relata Gustavo Zarca.

Este asesinato recibió gran atención mediática y se demandó una investigación internacional independiente del asesinato. "Mi madre se tuvo que enfrentar a la criminilzación que la llevó a la cárcel, a las amenazas durante su vida y al asesinato. Pensar en Berta Cáceres es un símbolo colectivo que representaba un fuerte liderazgo en Honduras, con su asesinato se buscaba acabar con ese símbolo y se atentaba contra nuestra vida y la de planeta" denuncia Laura Zúñiga, hija de la activista.

 

 

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Miércoles, 22 Marzo 2017 07:48

Paz sin más muertes

Fotos con las víctimas de promotores de la paz.

 

El llamado más urgente fue el “desmonte del paramilitarismo” y la protección de los defensores de los derechos humanos, en la aplicación del acuerdo negociado entre las FARC y el gobierno.

 

Desde Medellín

 

Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.

Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.

Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.

La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.

También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.

En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.

Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.

 

 

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Lunes, 13 Marzo 2017 07:11

Cerca de la paz, la violencia no cede

Ruth Alicia López, víctima reiterada y fatal de la violencia.

 

EN LO QUE VA DEL AÑO, 30 DEFENSORES DE LA PAZ FUERON ASESINADOS EN COLOMBIA

 

Desde Medellín

 

”¿Y si me matan?”, empiezan a preguntarse líderes de todo Colombia ante la creciente ola de homicidios a los promotores del Proceso de Paz en territorios apartados del país donde la presencia de grupos ilegales ha sido histórica por el abandono del Estado. La paz negociada en La Habana y firmada en Cartagena y Bogotá les prometió protección para el ejercicio de la política y la oposición, y también iniciar acciones para desarticular el paramilitarismo. Pero, a tres meses de la firma del acuerdo, los avances han sido escasos mientras el baño de sangre se amplía por cada rincón del país llegando incluso a las ciudades.

El pasado 2 de marzo, por primera vez las balas alcanzaron una lideresa social en una ciudad capital desde la firma del acuerdo de Paz. Ruth Alicia López fue asesinada de ocho impactos con silenciador en una comuna popular de Medellín. Víctima de la guerra en tres ocasiones anteriores –desplazada de su natal Urabá, amenazada por paramilitares y detenida sin justa causa por el Estado– esta vez encontró la muerte cuando visitaba a su hermano y madre también líderes en sus convulsionados barrios. Ese mismo día, en Bello, la ciudad vecina de Medellín, fue asesinado un líder de juntas comunales, y dos días más tarde llegó la noticia del homicidio de los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola en la provincia del Meta, llanos orientales.

Desde el llamado DÍA D, cuando inicia la implementación del acuerdo de paz y fue pactado por gobierno y la guerrilla Farc como el 1º de diciembre, han sido asesinados 27 hombres y mujeres que realizaron pedagogía de paz en sus territorios y campaña para ganar el plebiscito que finalmente perdió por el mayoritario voto en las capitales.

Estas personas han sido sobrevivientes del fuego cruzado en sus territorios que se negaron a abandonar para continuar defendiendo sus derechos en los campos, y estaban cumpliendo tareas de organizar las bases sociales en diversos lugares como Chocó, Cauca, Córdoba, Antioquia, Caquetá y Meta. Allí la aplicación de los acuerdos se está tornando difícil por los incumplimientos de gobierno y el avance de tropas paramilitares a los lugares que las Farc desocupó a inicios de año para concentrarse en las Zonas Veredales y Puntos de Normalización.

El panorama de homicidios preocupó a lo largo de 2016, cuando 80 defensores de la paz fueron asesinados en el país de acuerdo con datos consolidados por la ONG Somos Defensores; otros hablan de más de 100. Este año, apenas en dos meses y un poco más, estamos hablando de casi treinta. ¿Es este el comienzo de un nuevo genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica cuando 1500 militantes fueron asesinados? Es la pregunta desde que inició este Proceso de Paz y las muertes a líderes se dispararon.

La Defensoría del Pueblo habla de 500 homicidios a defensores desde 2015. Y, tras la muerte de Ruth Alicia y uno más en Antioquia, produjo una alerta con la siguiente cifras: 120 líderes fueron asesinados en 14 meses (entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017). Es decir, ocho líderes por mes, dos cada semana. “Para quienes apoyaron el Acuerdo de Paz logrado en La Habana e invitaron a respaldarlo en las urnas, su papel se convirtió en un verdadero problema”, reporta la Revista Generación Paz, que lanzó una campaña llamada ¿Y si me matan? basada en cartas e investigaciones para presionar las respuestas de las autoridades frente a la horrenda matanza. Pues el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la Nación han dicho que dichos crímenes no son sistemáticos y que en Colombia no hay paramilitarismo. Las autoridades intentan explicar cada homicidio como situaciones personales, “crímenes pasionales” o venganzas por supuestas cuentas pendientes que, a juicio de los defensores de Derechos Humanos, intentan desviar la atención del verdadero problema: La paz le está costando la vida a los campesinos, afroamericanos e indígenas que se han atrevido a promoverla públicamente.

Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones. Las amenazas en panfletos sigue creciendo también en lugares como Ituango, en Antioquia, donde hay una zona veredal de normalización y las tropas “paras” ya están en las diversas áreas rurales de Ituango, a la par que rodaron papeles amenazantes a líderes sociales, y una decena de familias tuvo que desplazarse. En Chocó, la situación también es preocupante así como en Córdoba y Cauca, donde se dan las mayores cifras de personas asesinadas en el marco de sus liderazgos y este proceso de paz.

José Yilmar, Alberto, Alicia, Emilsen, Fabián, Hernán, Erika, Ángela y otros son para el gobierno nacional apenas nombres en una lista de gente que perdió la vida como miles de colombianos al año. Las investigaciones por sus crímenes no han ni iniciado en muchos casos, y el gobierno no se pone de acuerdo sobre cómo deberá dar con el paradero de los asesinos. Cada caso está en la Fiscalía de su región y no hay unión ni una cabeza para estudiar los patrones nacionales. Santos ha pedido a esta institución que agudice el filo de sus investigadores, pero aclarando que no tiene competencia para darle órdenes a la rama judicial. Entre tanto Policía y Ejército también siguen en silencio. Y la gente levantando la voz al mundo para pedir que salven a la vida de los líderes sociales que son, a la larga, la garantía de una paz verdadera para el país.

 

 

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Entrenamiento militar “Made in USA”

 

El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías.

Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 ¿Qué otros países enviaron también a sus policías a recibir entrenamiento militar a una academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible.

Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”.

En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información”, entre otros.

Ya sabemos de sobra qué entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos que en la lucha contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más civiles. Ya sabemos que son las “operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, infiltración a movimientos sociales, noticias falsas, etc.

Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales países que enviaron más tropas a esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos.

Colombia, que por años ha sido el país que más soldados envía uniformados a formarse a EEUU, entrenó el año 2016 a 862 efectivos más en la Escuela de las Américas. Es lejos, desde años, el número uno en envíos y en violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el año 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada.

En Colombia el conflicto armado dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a las cifras reveladas por el Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”. El 82 % de las víctimas fueron civiles.

El segundo país que más uniformados envió a la Escuela de las Américas a recibir entrenamiento fue Honduras, registrando 261 efectivos el año 2016.

De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, de Global Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”.

El Informe recuerda el asesinato de Berta Cáceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses después el diario El Heraldo de Honduras informó que entre los detenidos por este caso figuran “Un militar activo, dos oficiales retirados y un técnico ambiental”.

De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas. También, el año pasado, un ex soldado hondureño, miembro de las unidades de élite, dijo que había visto el nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló dentro del ejército.

Nada de esto nos puede sorprender porque detrás de las muertes de defensores de derechos humanos, aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas como hechos comunes, se esconde la mano del poder.

Por otro lado, México, donde actualmente se registran las más graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, si bien figura haber enviado 46 uniformados el año 2016 - y en los últimos cinco años 130 efectivos- a la Escuela de las Américas lo cierto es que EEUU está comprometido, por otras vías y acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados y policías.

Un artículo de John Lindsay-Poland, indica que tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los Estados Unidos dieron entrenamiento militar a más de 5700 policías y soldados mexicanos en unas 45 localidades estadounidenses y al menos diez sitios en México durante los últimos dos años, según datos publicados por el Departamento de Estado”.

En México de acuerdo a datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la última década hubo 151.233 asesinatos hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas desaparecidas y la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2420 investigaciones “en trámite” por casos de tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.

La académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser, sin embargo, señala que los “años de guerra” han dejado al menos 213.000 muertos

“Un índice de letalidad en el cual el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere. 12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa”, señaló Dresser.

Pero no sólo Colombia, Honduras y México envían sus tropas a la Escuela de las Américas también lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros.

Sin embargo, no todos envían sus tropas a la Escuela de las Américas, este 2016 no lo volvieron a hacer Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay países que se comprometieron de no seguir enviando a sus soldados ni policías a esta cuestionada institución.

Venezuela, por ejemplo, retiró sus soldados el año 2004 dos años después del intento fallido de golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez donde entre sus cabecillas figuró el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.

Venezuela, como otros países no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que asumiera Hugo Chávez se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que poco o nada se conocieron en Latinoamérica y el mundo.

De acuerdo a la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela, entre los años 1958 y 1998, se registraron 10.071 víctimas de asesinato, torturas y desapariciones por motivos políticos.

Finalmente, la Escuela de las Américas, que hoy se conoce como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés), tiene más de 70 años de existencia, fue fundada en 1946 en Panamá, y por sus aulas han pasado más de 80 mil soldados de toda América Latina a la fecha.

Muchos de sus “graduados” se transformaron en dictadores, torturadores y asesinos y otros guardaron un silencio cómplice cuando sucedían desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender.

 

Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas.

 

http://www.alainet.org/es/articulo/183982

 

 

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© REUTERS/ Jose Miguel Gomez

 

Los siete mil combatientes de las FARC ya se encuentran en las 26 zonas designadas, donde entregarán las armas entre el 1 de marzo y el 1 de junio ante una misión de las Naciones Unidas. Para el mes de mayo las FARC realizarán un congreso para constituir un partido político legal con el que concurrirán a las elecciones.

 

Sin embargo el proceso de paz está siendo hostigado por una cadena interminable de asesinatos de dirigentes sociales. En 2015 fueron 105 asesinatos. En 2016 la cifra trepó a 116 muertos. Desde que el Congreso aprobó la paz el 1 de diciembre pasado, ya son 19 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, entre ellos cinco mujeres. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en cadena radial que los asesinatos de dirigentes sociales "no son sistemáticos" y que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, ofreciendo garantías a los guerrilleros desmovilizados.

Héctor Mondragón, economista y asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes, considera que "para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierras". La historia del siglo XX está marcada a fuego por el latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra, a costa de la expropiación violenta de los campesinos.

"Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra, no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América latina y otras partes del mundo", sostiene Mondragón en referencia a las grandes multinacionales.

Este es el sector que se niega a aceptar la paz y que, en los hechos, está detrás de los más de 200 crímenes contra dirigentes y militantes sociales. El expresidente Álvaro Uribe actúa como el brazo político de las empresas mineras y petroleras, y de los terratenientes que se oponen a la paz. Entre sus objetivos figura neutralizar la 'consulta previa' a las comunidades indígenas y negras para la aprobación de proyectos extractivos, así como la economía campesina, familiar y comunitaria que los acuerdos de paz reconocen debe ser protegida.

Para este poderoso sector, las comunidades son un obstáculo a superar, así como cualquier tipo de asociación campesina, de la que recelan profundamente. Vale recordar que la guerra comenzó, hace más de medio siglo, como lucha por la tierra y que la guerrilla se inició como "autodefensas campesinas" contra las guardias privadas de los terratenientes, mucho antes de convertirse en un ejército guerrillero estructurado.

Un riguroso trabajo de cuatro investigadores de la Universidad de los Andes —Leopoldo Fergusson, Pablo Querubin, Nelson Ruiz y Juan Vargas— titulado 'La verdadera maldición del ganador', muestra que entre 1997 y 2014 el triunfo electoral de fuerzas nuevas de izquierda a nivel local fue respondido con un aumento significativo de la violencia paramilitar en esas zonas. El trabajo fue divulgado semanas atrás y en base a estadísticas consigue mostrar las causas de fondo de la violencia contra la izquierda.

"Mostramos que la elección por un margen estrecho de partidos de izquierda, previamente excluidos del poder local en Colombia, produce un incremento en los ataques violentos de paramilitares, más que triplicando la media. Interpretamos este aumento de la violencia como una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de los grupos tradicionalmente marginados", puede leerse en la investigación.

Constatan además que otros tipos de violencia no cambian con el triunfo de la izquierda, y que los niveles de violencia "no se modifican con la victoria de partidos de derecha en elecciones estrechas". Por eso concluyen que la violencia paramilitar está ligada a la inclusión de partidos de izquierda antes marginalizados y que eso sucede porque las instituciones son débiles, lo que le da una gran desventaja a la izquierda en el terreno electoral.

El domingo 26 de febrero un referendo popular mostró la oposición campesina y ciudadana a las mega-obras que sólo benefician a las grandes empresas. Los habitantes del municipio Cabrera, en Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a las políticas que amenazan el páramo de Sumapaz, el más grande del planeta. Allí se planea construir una represa hidroeléctrica que, según los campesinos que necesitan el agua del río Sumapaz para sus cultivos, vulnera sus derechos como cultivadores.

Mil quinientos de los cuatro mil habitantes del municipio votaron en contra del proyecto. Cabrera es una población rural a poco más de cien kilómetros de Bogotá, una comunidad organizada con una tradición de lucha que se enfrenta ahora al consorcio italiano-español Emgesa-Enel-Endesa, que ya ha provocado daños en otras regiones del país.

El caso sirve como ejemplo de la potencia del campesinado colombiano y de las dificultades que tendrán los proyectos extractivos para imponerse en buena parte del país. En la medida que el presidente Juan Manuel Santos amarró el proceso de paz al desarrollo minero-energético del país, con la expectativa de cuantiosas inversiones multinacionales, los conflictos socio-ambientales están creciendo de modo exponencial.

A las dificultades inherentes a todo proceso de paz, se suman dos incertidumbres mayores. La primera es si la violencia paramilitar seguirá escalando o podrá ser revertida por la suma de iniciativas del Gobierno y de las organizaciones sociales. No será fácil desmontar aparatos que llevan décadas viviendo de la extorsión y el robo, aliados como están con los narcotraficantes.

La segunda es de carácter geopolítico, y consiste en las incertidumbres que genera la presidencia de Donald Trump, poco interesada en comprometerse con un proceso que —a los ojos de la Casa Blanca— no parece reportarle beneficios inmediatos.

 

 

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Implementación de la paz, Constitución y Poder constituyente

 

Como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Estado y las Farc/EP, hace tránsito en el Congreso de la Republica un Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la actual Constitución política.

El trámite legislativo se da en los términos del llamado mecanismo fast track (procedimiento especial) fijado por el Acto Legislativo 01 del 2016 para todos los proyectos de ley y de reforma constitucional necesarios en la implementación de los consensos para terminar el conflicto armado nacional.

El Proyecto a que hacemos referencia dispone lo siguiente:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Como ocurre con los otros instrumentos que se tramitan en el ámbito legislativo relacionados con la paz, la norma a que hacemos referencia es objeto de una descalificación irracional por los sectores de la ultraderecha que se oponen a los cambios necesarios para terminar la violencia y el conflicto armado.

Pretenden que las viejas instituciones vinculadas con la exclusión política, el desconocimiento de la democracia, de la participación, la justicia y la equidad sigan intactas.

Tanto Medellín (http://bit.ly/2mvR71w) como Hernández (http://bit.ly/2mCVUxp ) quieren hacernos creer que el régimen constitucional originado en la Carta de 1991 es perfecto, omitiendo que a su amparo el paramilitarismo alcanzo niveles escalofriantes provocando los más terribles daños a la sociedad con masacres, desaparecidos y millones de desplazados.

Peor, la parapolítica y el autoritarismo violento uribista (2002-2010) no es ajeno a elementos institucionales derivados de tal cuerpo constitucional que poco hizo para extirpar el Estado contrainsurgente impuesto desde los años 60 por las doctrinas anticomunistas del enemigo interno.

Francamente es una ridiculez de Hernández decir que el Acuerdo de paz, por su extensión es inviable e incomprensible, olvidando el descomunal tamaño del texto de la Carta del 91 y las farragosas Sentencias que el redacto como Magistrado de la Corte Constitucional.

Lo que estos dos exponentes de la ultraderecha están reflejando es el pánico al poder constituyente de la resistencia agraira y popular encarnada en las Farc.

Por supuesto, los acuerdos de paz tienen un alto potencial constituyente que el proyecto de Acto legislativo en mención recoge y se despliega en las propias instituciones del Estado oligárquico.

El poder y la practica constituyente propia de la construcción de la paz suponen transformaciones de envergadura en toda la armazón institucional que se valió de la violencia para aplastar las luchas populares por la democracia y la justicia social.

Es lo que no quieren admitir los poderes de la oligarquía terrateniente, burocratica, militar y financiera.

El propio movimiento popular y democrático debe ser consciente de la práctica constituyente que se ha desatado con los diálogos y consensos de paz. Hay que actuar en consecuencia en tales términos.

Hay que potenciar esa práctica constituyente en todos los ámbitos.

Una manera de hacerlo es apoyarse en el trabajo teórico y militante de otras experiencias globales recientes.

En ese sentido resultan pertinentes para la acción política concreta los siguientes textos que pongo a consideración de los lectores y activistas comprometidos con la implementación de la paz. Esclarecen y permiten actuar en la dirección correcta.

Poder constituyente y crisis política.

 

 


Bruce Ackerman, We the People. Fundamentos del constitucionalismo estadounidense. En el siguiente enlace electrónico file:///C:/Users/inter/Downloads/WE-THE-PEOPLE-Vol-1-Bruce-Ackerman.pdf

Antonio Negri. El poder constituyente. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Yw8Thv

Mario Tronti. Política, poder constituyente, clase, revolución. Ver pistas en los siguientes enlaces electrónicos file:///C:/Users/inter/Downloads/Mario%20Tronti,%20Nuestro%20operaismo,%20NLR%2073,%20January-February%202012.pdf

https://www.traficantes.net/libros/la-politica-contra-la-historia

Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra. Biocapitalismo, procesos de gobiernoy movimientos sociales. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2lrd8hj

Nota. Como con las amnistías y los armisticios de los años 50 y 60 del siglo XX, la oligarquía nos repite su viejo esquema de ir acribillando los líderes sociales, populares y de la resistencia agraria. La historia nos aconseja no bajar la guardia ni renunciar a las formas de lucha popular que incluyen la autodefensa y la resistencia guerrillera. Así ocurrió en el sur del Tolima, en el Huila, en el Cauca, en Arauca y en el Carare. A los campesinos y a las masas agrarias no les quedó otra alternativa que acudir a la acción armada para defenderse de los planes de exterminio de los gobiernos oligárquicos (De Rojas pinilla, La Junta de generales, Alberto Lleras y Valencia), el ejército, y sus nacientes grupos paramilitares de “limpios” liberales.

 

 

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Colombia: la construcción de la paz cuestionada ante el incremento de la violencia contra líderes sociales

 

En los últimos dos años, cada tres días en promedio, un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado.

En 2015, CERAC contabilizó 105 asesinatos. En 2016 la cifra pudo ser más alta; algunos medios hablaron de 116 muertes. Y sólo desde la aprobación por el Congreso del acuerdo de paz han sido asesinados 17 líderes sociales.

Estas cifras son dolorosas pues detrás de cada muerte hay un drama humano profundo. Y son cifras preocupantes pues podríamos estar repitiendo un patrón, que puede ser resumido así: los esfuerzos por lograr la paz con las guerrillas o por realizar reformas democráticas, cuando son significativos, como sin lugar a dudas lo son el acuerdo con las Farc y las conversaciones con el ELN se han acompañado de un incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales, en general de izquierda.

Muchos estudios han evidenciado este patrón antidemocrático de la democracia colombiana, conforme al cual, las aperturas democráticas y los avances de nuevas fuerzas políticas, en general de izquierda, son violentamente cerrados por un aumento de la violencia contra los líderes sociales desplegada usualmente por grupos paramilitares. El ejemplo más dramático es sin lugar a dudas el genocidio contra la UP. Pero infortunadamente no es el único.

No es posible referenciar todos estos estudios, por lo cual cito solamente el trabajo más reciente de calidad que he leído sobre el tema: el análisis econométrico de Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (La verdadera maldición del ganador) de los Andes, quienes con una rigurosa prueba estadística muestran que, entre 1997 y 2014, la elección de nuevas fuerzas de izquierda a nivel local produjo un incremento significativo de los ataques violentos paramilitares en esas zonas. Los autores concluyen que esto expresa “una reacción de facto de las élites políticas y económicas tradicionales, que buscan compensar el incremento en el poder político de jure de los grupos tradicionalmente marginados”.

Esta trágica historia no puede repetirse. Estos crímenes tienen que ser evitados no sólo por el dolor humano que provocan sino porque están en juego la suerte de la paz y la democracia. No podemos permitir que los avances de la paz y las reformas democráticas que deberían surgir de estos procesos sean bloqueados por el incremento de la violencia contra los líderes sociales. Obviamente corresponde al Estado la principal responsabilidad para prevenir y sancionar esos crímenes. Y por ello son inaceptables ciertas declaraciones de altos funcionarios estatales, como el ministro de Defensa o el fiscal general, que niegan la extensión y gravedad de estos crímenes. Pero este desafío nos interpela también a todos como ciudadanos. Debemos rechazar masiva y enfáticamente la violencia contra los líderes sociales, independientemente de si sus sensibilidades políticas son o no las mismas que las nuestras. Debemos construir un frente político y social vigoroso contra esos crímenes que, por usar el título del informe del grupo de memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano, diga: ¡Basta Ya!

 

 
Estas son las líderes asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz

 

De los 19 líderes sociales asesinados desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc el pasado 1 de diciembre, cinco son mujeres. A pesar de que ellas ejercen distintas formas de liderazgo y representan a diferentes sectores de su comunidad, la muerte las persigue por igual. El ministerio de Defensa ha dicho en varias oportunidades que los atentados contra estos dirigentes sociales, incluidas las mujeres, “no son sistemáticos” y que el paramilitarismo (objeto de casi todas las denuncias) es una cosa del pasado. “No hay paramilitares, así que aceptar eso es darles garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos, pero no son sistemáticos. Si lo fueran, sería el primero en aceptarlo”, dijo el propio ministro, Luis Carlos Villegas, en una cadena radial. Lo cierto sin embargo es que, de manera sistemática o no, están matando a las personas que van a implementar los acuerdos de La Habana en las regiones golpeadas por la violencia. Las mujeres líderes se están convirtiendo en objetivo militar. El portal de noticias PACIFISTA hace un breve retrato de las cinco mujeres, lideresas asesinadas en poco más de dos meses.

Nataly Salas, estudiante, 19 años. El pasado 3 de diciembre, Nataly Salas apareció muerta en una laguna de Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada, según las primeras declaraciones de las autoridades. El 14 de enero, 42 días después del asesinato, su papá, Edwin Salas, le pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones, pues hasta ese momento no había siquiera un sospechoso del asesinato. “No estoy conforme con los que llevan este caso. Siempre que pregunto me dicen que va adelantado, pero hasta el momento no hay capturas”, dijo Salas.

Yaneth Calvache, Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca. A Calvache la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron el pecho, y una, la mandíbula. Aunque miembros de su familia y unos amigos la auxiliaron, murió en el camino al hospital. Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y formaba parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos mejor articulados de la región.

Emilsen Manyoma, defensora de derechos humanos, 31 años. Manyoma y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios. “De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, escribió el diario ‘El Espectador’ días después del fallecimiento de Manyoma. Emilsen era activista política y líder social desde 2005 y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.

Yoryanis Isabel Bernal, indígena wiwa, 43 años. Está líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta donde tuvieron lugar los actos fúnebres. La investigación está en manos del CTI de la Fiscalía. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede, nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dice el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.

Luz Herminia Olarte, líder comunal, 51 años. Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.

 

lideresas colombianas asesinadas

De izquierda a derecha: Emilsen Manyoma, Yoryanis Isabel Bernal y Nataly Salas Ruiz.

 

 

 

Textos publicados originalmente en Pacifista.co y en Dejusticia.org

 

¡Basta Ya!

Estas son las líderesas asesinadas desde que empezó la implementación de los acuerdos de paz: Pacifista Copyright: http://pacifista.co/estas-son-las-lideres-asesinadas-desde-que-empezo-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz/ .

 

 

 

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