Sábado, 28 Marzo 2020 06:55

El irresistible retorno de los militares

El irresistible retorno de los militares

Bolsonaro en la cuerda floja

“Bolsonaro no gobierna más y Brasil vive una desobediencia civil”, escribió el columnista Merval Pereira en la edición del 26 de marzo del diario O Globo. No es cualquier periodista ni cualquier medio. Perteneciente a la cadena Globo, O Globo es el diario de mayor circulación de Brasil y Pereira es uno de los periodistas más cercanos a la familia Marinho, propietaria de la cadena.

 O Globo apoyó el golpe de Estado de 1964, mantuvo estrechos lazos con todos los gobiernos militares y fue opositor al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Por eso, sus críticas a Bolsonaro pueden tomarse como un termómetro de lo que piensa el gran empresariado brasileño.

En rigor, el aún presidente de Brasil, o “antipresidente” como lo bautizó la periodista Eliane Brum, nunca tuvo una posición confortable.

Desde los primeros meses de 2019, apenas asumió la presidencia, fue el vice Hamilton Mourao, ex general de línea dura, el encargado de zurcir los desgarros diplomáticos que provocaba la incontrolable verborrea de Bolsonaro.

Pereira sostiene que el presidente “está aislado por propia elección”. En efecto, rompió con su propio partido, el PSL, con el que llegó al gobierno, con el Congreso, con todos los gobernadores y, por si fuera poco, con el principal cliente comercial de Brasil, China.

Pero el dato más novedoso, disparado directamente por la banalidad en el manejo por el presidente de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, es lo que Pereira denomina como “un movimiento de desobediencia civil instalado en el país”.

A mediados de marzo comenzó una cadena ininterrumpida de cacerolazos en las mayores ciudades, en respuesta a la minimización presidencial de los impactos del coronavirus.

Bolsonaro dijo que la crisis “pasará en breve”, que es apenas “un resfriadito” y que no ve motivo para cerrar las escuelas pues el impacto principal es con los mayores de 60 años.

Más bruto aún: “El brasileño bucea en las alcantarillas y no le pasa nada”.

Fue un golpe al mentón a la credibilidad de las clases medias urbanas en la ciencia, en las recomendaciones de aislamiento social de la OMS y en lo que vienen haciendo los gobiernos del mundo.

El ruido de las cacerolas

En Sao Paulo, por ejemplo, los cacerolazos se produjeron en los mismos barrios de clase media donde Bolsonaro obtuvo casi un 80 por ciento de los votos 18 meses atrás.

A mi modo de ver, los cacerolazos alertaron a la mayoría del empresariado, a los grandes medios y a un sector de las fuerzas armadas, sobre la gravedad de la situación.

Incluso un medio tan conservador como O Estado de Sao Paulo, cercano a las fuerzas armadas, editorializó el mismo 26 marzo, en tono incendiario: “El presidente parece desear ardientemente la confrontación –con los gobernadores, con el Congreso, con los medios y hasta con miembros de su propio gobierno ̶ para crear un clima favorable a soluciones autoritarias”.

El diario llama a los brasileños a “desconsiderar totalmente lo que dice el jefe de Estado”, en particular su insólito llamado a romper la cuarentena y volver a la “normalidad”. Se especula con que puede llegar a disolver el Congreso e instalar un gobierno dictatorial.

Un día antes, el martes 25, el diario Valor Económico, portavoz de los intereses financieros e industriales, vinculado a Folha de Sao Paulo, el otro gran medio brasileño, publicó una columna titulada “Carta de renuncia”, firmada por la periodista María Cristina Fernández.

En ella aparece un dato fundamental. Se estaría articulando una “salida elegante” de Bolsonaro, en la que estarían de acuerdo incluso los militares, a cambio de la amnistía a sus hijos, Carlos, Eduardo y Flavio, conocidos como 01, 02 y 03.

Asoma un general

Los tres pueden ser acusados por diversos delitos ante la justicia, incluso del asesinato de Marielle Franco, por el estrecho contacto que Flavio tenía con los asesinos (El País, 9 de febrero de 2020).

El gran vencedor de esta pulseada sería el vice Mourao, quien días atrás tomó distancia de las declaraciones del presidente sobre el coronavirus, y de ese modo quedó en posición de convertirse en su sustituto.

Una de las claves la dio el gobernador de Goiás, Ronaldo Caidado, del derechista DEM, un aliado de primera hora del presidente que ahora lo acusa de irresponsable y de “lavarse las manos responsabilizando a otras personas por un colapso económico”.

“Un estadista tiene que tener coraje suficiente para asumir las dificultades”, sentenció Caiado.

Es exactamente el perfil de Mourao. Férreo defensor de la dictadura militar (1964-1985), Mourao fue separado del Comando Militar del Sur, uno de los más poderosos del país, por las críticas públicas que hizo en 2015 al gobierno de Rousseff.

En 2017, cuando gobernaba Michel Temer, pidió una “intervención militar” que acabase con la corrupción de la clase política en Brasil (La Nación, 6 de agosto de 2018).

En medio de la crisis, el Comandante del Ejército, general Edson Leal Pujol, publicó un video dirigido a los militares en el que asegura que el combate al coronavirus “puede ser tal vez la tarea más importante de nuestra generación”.

Mirar hacia atrás para mirar hacia adelante

Militares que en la década de 1960 consideraron que su principal tarea era el combate al comunismo, se prestan ahora a retornar al poder con la excusa, igualmente precaria, de “salvar al pueblo y a Brasil”.

Si la crisis política se encaminara hacia un gobierno presidido por el general Mourao, estaríamos ante una paradoja: 35 años de democracia electoral desembocaron en el retorno completo de las fuerzas armadas al gobierno, que ya cuentan con más de cien de los suyos en los escalones más altos de la administración.

Sería algo así como un “gobierno militar democrático” para gestionar un “Estado policial digital”, un modelo que se está probando exitoso para los intereses del 1 por ciento más rico durante esta crisis sistémica.

El desafío, y el problema, es que Brasil suele marcar tendencias en el continente.

Los trabajadores y los sectores populares deberemos re-aprender a luchar en condiciones de represión, control policial-militar de la sociedad y de precariedad material en la vida cotidiana.

Un retorno a la década de 1960, cuando organizarse implicaba riesgos que sólo podían afrontarse con fraternidad, solidaridad e integridad ética.

Por Raúl Zibechi27 | 03 | 2020, 14:31

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Por el coronavirus se postergan las elecciones en Bolivia

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia anunció la postergación de las elecciones presidenciales del 3 de mayo a causa del avance del coronavirus, que en ese país registró 19 casos hasta el momento. La nueva fecha no fue anunciada porque, según especificó la resolución, se consensuará con todos los partidos políticos.

La medida fue tomada a solo 24 horas de que comience a regir en ese país la cuarentena obligatoria, dispuesta por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y en momentos en que el Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente depuesto Evo Morales, analizaba qué postura adoptar sobre los comicios en un plenario celebrado en La Paz.

El presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que lo que aceleró la resolución fue la cuarentena obligatoria por 14 días para frenar la propagación del COVID-19. En diálogo con agencias internacionales, el funcionario aclaró que la nueva fecha para elegir al sucesor de Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra salga de un diálogo con las principales fuerzas políticas en base a criterios de “imparcialidad”, para no beneficiar ni perjudicar a ninguna de ellas.

"Criterios técnicos y científicos sólidos", dijo y anticipó que el Parlamento de ese país deberá hacer formalmente una nueva convocatoria. "Sabremos resistir el embate de la pandemia y también organizaremos un proceso electoral limpio y transparente", remarcó Romero.

Antes de conocerse la decisión del TSE, Evo Morales -quien reside en la Argentina- había anticipado que el MAS llevaría a ese diálogo una propuesta de unidad de la oposición, acompañada de un reclamo de un plan de emergencia enfocado no sólo en la sanidad sino fundamentalmente en la economía, como forma de lograr la unidad para enfrentar esta epidemia global, porque, aseguró, “la pandemia no tiene color ni ideología”.

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien lidera las encuestas de intención de voto, encabezaba hoy la reunión partidaria que se celebraba en La Paz.

Morales anticipó la postura de su partido: “Antes que estalle esta pandemia, la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión”, aseveró y aseguró que “permanentemente se comenta en la sede del gobierno en La Paz que va a haber autogolpe, que Áñez le va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta”, de modo que “esta pandemia les llega como anillo al dedo”, agregó Morales.

No obstante, puntualizó que “todos los bolivianos y las bolivianas tenemos la obligación de atender y aplicar las recomendaciones de los expertos, de los científicos nacionales e internacionales, que sienten que es importante el adiestramiento social preventivo y obligatorio, porque menos circulación, menos traslados, menos contacto es menos contagio”.

“Tenemos la obligación primera de salvar la vida, como de defender la vida. Seguramente será esto lo que nuestros compañeros reunidos van a plantear mañana. Pero no solamente poder sumarnos a la cuarentena sin una propuestas de una emergencia alimenticia, económica y social”, anticipó.

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:41

Estado de sitio

Estado de sitio

"El ambiente de este país es bélico, se siente en la calle", me dice Mónica González, la periodista chilena ganadora del premio a la excelencia García Márquez, que ha venido a Managua para participar como jurado de los premios de periodismo que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y le sobra razón.

La ceremonia se ha celebrado bajo acoso, con escuadrones de policías antimotines apostados en las afueras del local, y los invitados entrando de a poco, escondiéndose de las cámaras de los teléfonos celulares de los oficiales de policía, o de los agentes de civil.

El número de fuerzas policiales ha aumentado en más de 5 mil efectivos desde que estalló en abril de 2018 la rebelión popular que congregaba cada día a centenares de miles en las calles, sobre todo jóvenes, reclamando un cambio democrático.

Hoy, tras la ola de represión que dejó al menos 500 muertos, más de 2 mil heridos, cerca de un millar de presos políticos y unos 65 mil exiliados, la decisión del régimen es paralizar a la gente. No sólo que no salga a manifestarse, sino que quienes están anotados como peligrosos, o quienes organizan las demostraciones, ni siquiera puedan salir de sus casas. Casa por cárcel.

Sus viviendas son cercadas por pelotones de agentes que no les permiten dirigirse a sus trabajos, ni proveerse de alimentos. Se puede ver en los videos que las propias víctimas, o sus vecinos, filman, y que son trasmitidos por las redes sociales. Las protestas, hechas con valentía, la invocación de los preceptos constitucionales, son recibidos con oídos sordos.

Manifestarse, porque la voluntad de hacerlo lejos de extinguirse se exacerba, se ha convertido en toda una guerra de la pulga que se libra a diario. Ante cada demostración anunciada, el despliegue policial se vuelve grotesco por la desproporción: hasta 20 transportes repletos de fuerzas antimotines y de policías de línea, muchos de ellos recién reclutados, y tan jóvenes como los manifestantes a los que tienen órdenes de reprimir.

Una de las últimas veces, cuando los protestantes corrieron a refugiarse con sus banderas de Nicaragua en un centro comercial, los escuadrones de antimotines, marchando de cuatro en fondo, como una tropa de ocupación, penetraron por los corredores, ahuyentando a su paso a compradores y paseantes, hasta el patio de comidas, que hicieron desalojar de todos sus clientes mientras buscaban a los muchachos, confundidos entre la gente.

Cada rotonda está constantemente vigilada por contingentes armados, porque son consideradas probables lugares de concentración de manifestantes, lo mismo que las afueras de la catedral y los demás templos católicos. Después de que el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, acogiera a un grupo de madres en huelga de hambre, y después que ellas, tras el acoso, decidieron salir, quedaron cortadas la energía y el agua potable. La represión tiene también el color de la venganza.

Un país no puede vivir de manera permanente en una situación de asfixia, ni bajo la pretensión de imponer el miedo y el silencio como regla de autoridad, o como castigo, ni se puede enjaular a los ciudadanos en sus propias casas cada día, ni llevarlos de manera recurrente a los centros de detención, ni fotografiar cada uno de sus movimientos, ni despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar lo que escriben o archivan en sus redes sociales.

La pretensión, que desborda ya el absurdo, es perseguir no sólo al que sale a la calle con una bandera, sino averiguar lo que opina y lo que opinan sus amigos, qué piensan del régimen, de qué manera se ríen en sus memes y mensajes del poder que busca controlar todo. Hasta que un día se les ocurra decretar un apagón digital, porque entrar en todas las conciencias es una tarea imposible, aún para el Gran Hermano o la Gran Hermana.

No es viable la vida social en un país donde todos los ciudadanos son tratados como sospechosos de ser enemigos públicos, sospechosos de apartarse del canon de rígida conducta política dictado por el régimen. Enemigos de la verdad oficial que es la verdad única, que no admite el menor grito de protesta, ni el menor desdén, ni la menor sonrisa de burla. La aspiración suprema del poder es entonces el silencio absoluto, la conformidad sin resquicios.

Se supone que hay elecciones para el año que viene. ¿Es posible elegir, con la gente encerrada en sus casas, sin derecho a manifestarse en las calles, sin acudir a mítines electorales en las plazas públicas, o aquellos que acudieran perseguidos por subversivos?

¿Sin que los medios de comunicación aún confiscados sean devueltos a sus dueños, con periodistas apaleados y despojados de sus cámaras y grabadoras, y con policías armados de teléfonos celulares fotografiando a los votantes en las urnas, o, aún más probable, patrullas policiales o turbas garrote en mano impidiendo votar?

¿Elecciones bajo estado de sitio, y, además, bajo las mismas reglas del juego, con el tribunal electoral bajo el control del partido oficial, y los votos contados de antemano?

Es una buena pregunta para la comunidad internacional. Porque de esta manera, estaríamos aún más lejos de la paz y de la democracia.

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La Duma abre la vía a que Putin pueda seguir en el poder hasta 2036

La propuesta de reforma, que debe avalar el Constitucional y aprobarse en consulta popular, permitirá al líder ruso volver a presentarse a presidente

La comentada transición era en realidad poner a cero el contador presidencial de Vladímir Putin. En medio de una turbulencia política y económica mundial, el Parlamento ruso ha dado otra sacudida al avalar con una abrumadora mayoría una opción que permitiría al líder ruso volver a ser presidente. En una propuesta inesperada pero muy coreografiada, la diputada Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética y primera mujer en el espacio, abrió la vía al sugerir este martes eliminar las restricciones del líder ruso para volver a concurrir a unas elecciones tras el fin de su mandato en 2024. De hacerlo y ganarlas, podría seguir así en el poder hasta 2036. Durante una comparecencia urgente e imprevista en la Duma estatal y citando la necesidad de la estabilidad del país, el líder ruso mostró sus cartas y respaldó la idea. Una presidencia “fuerte" es "absolutamente necesaria para Rusia”, ha recalcado Putin. “La situación económica y de seguridad actual nos recuerda esto una vez más”, remachó.

Con el simbolismo teatral propio de las grandes ocasiones, la excosmonauta Tereshkova lanzó la propuesta que podría conducir a un quinto mandato (no consecutivo) de Vladímir Putin. “Hay que estipular todo de manera franca, abierta y pública: o eliminar el límite de mandatos presidenciales en la Constitución; o, si la situación lo requiere y, sobre todo, la gente lo quiere, introducir en la ley una posibilidad para que un presidente actual vuelva a ser reelegido para el puesto, ya conforme a la renovada Constitución”, declaró la diputada de Rusia Unida, el partido del Gobierno, durante una sesión rápida en la Cámara baja que debatía las enmiendas a la ley fundamental. "Dada su enorme autoridad, esto sería un factor estabilizador para nuestra sociedad”, dijo firmemente Tereshkova, que lucía en la solapa la medalla de heroína de la Unión Soviética. Con la ley actual, un presidente no puede permanecer en el cargo más de dos mandatos (seis más seis años) y Putin debería dejar su sillón del Kremlin en 2024.

La trascendental propuesta de Tereshkova ha causado un cortocircuito en la Duma, controlada por el Kremlin. Casi dos horas después, en una comparecencia histórica y sorpresiva, el líder ruso acudió a la Cámara baja para recoger el guante y dejó entrever por primera vez en semanas su libro de jugadas. Putin, de 67 años y que lleva dos décadas en el poder entre sus años de presidente y de primer ministro, no abrazó la idea de eliminar los límites presidenciales, pero sí de poner su propio contador a cero. “Sería posible si la población vota por ello, pero se requerirá la decisión del Tribunal Constitucional. Y si es aceptado por los rusos”, ha deslizado Putin, que recibió una gran ovación de los diputados.

Con una enorme mayoría, los legisladores han sacado adelante el paquete de enmiendas a la Constitución, que dibuja un país más conservador y nacionalista. Además, con 380 votos a favor y 44 en contra (de la facción del Partido Comunista) de los 445 escaños ocupados, los diputados de la Duma avalaron también la propuesta de último minuto que allanaría el camino para que Putin vuelva a concurrir a unas elecciones presidenciales en 2024 y se perpetué en el cargo hasta 2036. Tendría 83 años. Sería un presidente con nuevas capacidades, según la reformada Constitución propuesta por él mismo, y más posibilidad de intervenir en los mecanismos de funcionamiento de las instituciones del Estado, explica el experto en Derecho Constitucional Ilyá Shablinski, de la Escuela Superior de Economía.

La votación en segunda lectura, que este martes preveía ser un mero trámite para ordenar el caudal de enmiendas propuestas por el líder ruso, por el grupo de expertos que el mismo Putin designó y por algunos legisladores de la Duma, descubrió una nueva posibilidad para un escenario que los analistas llevaban meses apuntando y desmenuzando: que la gran reforma constitucional propuesta por Putin tiene como objetivo permitirle perpetuarse en el poder.

Las enmiendas deben pasar ahora una tercera lectura --previsiblemente mañana miércoles-- y recibir el aval del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos votarán sí o no a todo el paquete --que incluye importantes ganchos, como que las pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza-- el próximo 22 de abril en una consulta popular cuyo mecanismo aún está poco claro.

“Todos entienden perfectamente que dentro del país, desafortunadamente, todavía tenemos mucha vulnerabilidad”, ha dicho Putin ante la Duma (Parlamento) en un discurso teóricamente imprevisto pero que parecía muy elaborado y sincronizado. “La estabilidad debe ser la prioridad”, ha insistido el líder ruso en un momento en el que la economía rusa pasa por un importante bache, con la caída del precio del petróleo y el rublo en sus niveles más bajos desde 2014. Un varapalo derivado de la guerra del crudo y de la zozobra en los mercados por el temor al coronavirus, que se ha sumado a la recesión derivada de las sanciones económicas impuestas a Rusia hace seis años por anexionarse la península ucrania de Crimea, que está causando estragos en los bolsillos de la ciudadanía.

Desde que el mandatario propuso enmendar la Constitución el pasado enero --el mayor cambio político y legislativo desde los años noventa-- se había especulado sobre cómo se desarrollaría la maniobra para permitir a Putin conservar influencia. Los analistas y gran parte de la oposición apostaban por que permanecería al frente de un Consejo de Estado renovado y mucho más poderoso. Ahora, vistas sus cartas, parece que su apuesta era algo más simple: volver a presentarse a unas elecciones presidenciales y quedarse en el Kremlin.

Sin sucesión ni transición

Con la maniobra “estratégica” de hoy, apunta la politóloga Tatyana Stanovaya, Putin no solo elimina todo el rumor y el debate sobre su sucesión; además, deja muchas expectativas. “Si piensa en la historia, como ha mencionado, le gustaría limitar los mandatos de cualquier presidente. Pero cuando se trata de él, quiere tener más espacio y más opciones para elegir cualquier escenario que desee”, señala Stanovaya, directora de la firma de análisis R.Politik. Aunque el líder ruso no destapó si volverá a concurrir dentro de cuatro años. “Estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas más, al menos hasta 2024. Luego, ya veremos”, dijo.

La oposición, sin representación en el Parlamento, que lleva semanas hablando de “golpe de Estado”, ha cargado este martes contra el nuevo escenario que dibujan estos cambios y prepara una movilización para protestar contra la propuesta. “Para qué retorcer las cosas o seguir dándole vueltas si podemos nombrar zar a Putin”, ha ironizado el bloguero opositor Alexéi Navalni en las redes sociales. Al caer la noche, cerca de la Duma estatal y de espaldas al Kremlin, decenas de ciudadanos se reunieron para protestar contra una iniciativa que consideran contraria a la ley fundamental en forma de los “piquetes solitarios”, una fórmula para sortear la limitación impuesta en Rusia a las protestas no autorizadas que ya se ha convertido en tradicional. Las protestas numerosas lo tendrán aún más difícil que habitualmente en una ciudad con restricciones debido a la epidemia de coronavirus. Este martes, pese a que hay una veintena de casos declarados oficialmente, la alcaldía de Moscú prohibió eventos con más de 5.000 participantes hasta el 10 de abril. Mientras, la votación popular sobre la reforma de la Constitución sigue adelante.

Putin llevaba meses descartando públicamente una vía que le permitiese permanecer en el Kremlin. Incluso el pasado enero, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial le pidió que se quedara en la presidencia, el mandatario lo descartó aludiendo que no deseaba una “regresión a los tiempos de la Unión Soviética”. “Debo admitir que [esa observación] no fue correcta, porque durante los tiempos de la URSS no hubo elecciones; todo se decidió en secreto o como resultado de algunos procedimientos o intrigas internas del partido”, ha dicho Putin este martes en la Duma. “Ahora la situación es completamente diferente, necesitamos ir a las urnas”, ha rematado. Si los cambios esbozados este martes se consolidan y Putin fuera reelegido en 2024, permanecería 18 años seguidos en el poder y, como mínimo 24 en total. Cumpliendo el espíritu que, como apuntó hace unos días, percibe para el cargo: “No solo un trabajo sino un destino”.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 10 Mar 2020 - 14:37COT

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Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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Lunes, 10 Febrero 2020 06:29

Peligro

Peligro

Dos frases autobiográficas resumen el peligro político que enfrenta Estados Unidos y el mundo en este año electoral. "Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y disparar a alguien y no perdería ningún votante. Es increíble", declaró en Iowa el entonces candidato presidencial Trump hace casi exactamente cuatro años. En julio del año pasado declaró que, de acuerdo con la Constitución, "tengo el derecho de hacer lo que quiera como presidente".

Ambas frases indican que el jefe del régimen estadunidense tiene una idea profundamente cínica, pero a la vez precisa, hasta ahora, de sus seguidores; y, segundo, que considera que él es el Estado, algo que comparte con todos los tiranos de la historia.

Veamos: después de meses de investigaciones y un juicio político que comprobó que el presidente repetidamente violó la Constitución y, según sus acusadores, traicionó al país y después encubrió todo eso, no sólo fue exonerado, sino que su nivel de aprobación popular llegó a su punto más alto desde que llegó a la Casa Blanca hace tres años. No sólo no perdió ningún votante, parece que después de "disparar" contra la Constitución, ahora tiene más.

Y sus bases están de acuerdo en que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Recuerda la frase célebre de Nixon en la era Watergate, cuando afirmó: "cuando el presidente hace algo, no es ilegal". Pero Nixon fue obligado a renunciar. Trump está en camino a su relección.

Noam Chomsky comentó que se puede argumentar que Trump "es el criminal más peligroso en la historia de la humanidad". Señala que Hitler era el principal candidato para ese "honor", pero que ese "no estaba dedicado con fervor a destruir las posibilidades de la vida humana organizada en la Tierra en un futuro no tan distante... Trump sí. Y aquellos que piensan que él no sabe lo que está haciendo, no se han fijado muy de cerca", afirmó en entrevista con Truthout.

¿Cómo se ha llegado a este punto? Una de las razones principales –entre varias– es que el bufón peligroso y su equipo están logrando, por ahora, anular la verdad.

El uso de redes sociales por el equipo de Trump ilustra cómo el manejo del universo digital por cualquiera en el poder representa uno de los grandes peligros para una sociedad democrática. Apenas al comenzar el ciclo electoral, su campaña de relección ya ha gastado casi el doble que el total combinado de todo el elenco de los nueve principales aspirantes demócratas en Facebook y Google; un nivel sin precedente, reporta Axios.

Un reportaje en The Atlantic sobre lo que llama "la campaña de desinformación de mil millones de dólares" para la relección de Trump, describe una estrategia parecida a la desplegada por líderes derechistas en el mundo, quienes usan las redes sociales para confundir el debate, y en lugar de silenciar a los disidentes los suprimen a través de volumen, o sea, "censura mediante ruido". Junto a ello continúa la ofensiva contra los medios de comunicación con el objetivo de debilitarlos, tal como se ha hecho desde el inicio de esta presidencia que los ha calificado de "enemigos del pueblo" (https://www.theatlantic.com/ magazine/archive/2020/03/ the-2020-disinformation-war/605530/).

El objetivo final, al parecer, es desorientar con mentira y engaño perfectamente diseñados para que toda verdad se vuelva dudosa. O sea, como Hannah Arendt lo resumió en 1953 analizando el surgimiento del fascismo europeo, donde “el sujeto ideal de un Estado totalitario… son gente para la cual la distinción entre hecho y ficción (eso es, la realidad de experiencia) y la distinción entre la verdadero y lo falso (eso es, las normas de pensamiento) ya no existen”.

Frente a esto, todo depende de la intolerancia necesaria –tanto dentro como fuera del país– a este peligro, y del creciente movimiento de resistencia estadunidense para rescatar el futuro inmediato, el cual necesita más que nunca (y aunque no se le ocurra solicitarlo) la solidaridad internacional.

https://open.spotify.com/track/ 2K8xtU4cnUgZS9apymp5tk?si= FFv9htGgTbS0JUF5mgHg-A; https://youtu.be/FKCmyiljKo0

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Sábado, 01 Febrero 2020 07:00

Corrupción a la medida de Occidente

Corrupción a la medida de Occidente

Heredero de Agostinho Neto, primer presidente de la Angola emancipada, José Eduardo dos Santos, su sucesor, estuvo la friolera de casi tres décadas en el poder. La petrolera estatal Sonangol, responsable del 94 por ciento de las exportaciones angoleñas, es el pilar de la economía del país y del régimen nacido con la independencia de Portugal, en 1975, de la mano del Movimiento Popular para la Liberación de Angola.

Sonangol fue también la empresa que le permitió a la hija mayor de Dos Santos, Isabel, amasar una enorme fortuna: alrededor de 2 mil millones de dólares, que la convirtieron en la mujer más rica de África. En su momento, cuando dirigía los destinos de la petrolera, fue también la más poderosa, aunque su reinado fue breve y finalizó de forma abrupta.

A LA SOMBRA DEL ESTADO. 

Bajo el nombre de Luanda Leaks, 120 profesionales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés) analizaron 715 mil registros financieros y comerciales confidenciales, entregados por la Plataforma de Protección de Denunciantes en África, con sede en París. La investigación fue publicada por 36 medios del mundo, algunos de la talla de The New York Times y The Guardian.

Con profusión de detalles, la investigación revela cómo la hija del “autócrata” Dos Santos se beneficiaba de contratos públicos, incentivos fiscales, licencias de telecomunicaciones y derechos de explotación minera de diamantes, que le permitieron enriquecerse mediante el desvío de fondos públicos.

El informe asegura que Isabel hacía “transferencias de millones de dólares del monopolio estatal de petróleo hacia una empresa de fachada que era controlada por un socio en el paraíso fiscal de Dubái”. En total, Isabel y su esposo, el congoleño Sindika Kongolo, controlaban más de quinientas empresas y subsidiarias en 42 países, entre ellas, 94 compañías localizadas en “jurisdicciones sigilosas”, como Malta, Mauricio y Hong Kong. Esas empresas conseguían jugosos contratos del gobierno de Angola. Entre ellas, estaba la telefónica Unitel, de la que Dos Santos posee el 25 por ciento, que controla el 80 por ciento de la telefonía móvil angoleña, además de emplear a miles de trabajadores.

Buena parte de la riqueza amasada por la hija del exmandatario está invertida en inmuebles, energía y medios de comunicación, y protegida en paraísos fiscales y empresas fantasma, como suelen hacer las grandes fortunas del planeta. Los periodistas cuentan con documentos que acreditan un estilo de vida algo más que lujoso, a expensas del poder estatal: Dos Santos invirtió 2,5 millones de dólares en reformar un dúplex en Lisboa, 50 mil dólares en cortinas y 9.200 dólares en hamacas. Además, es dueña de un yate de 35 millones de dólares.

En 2017, su padre decidió entregar el cargo de presidente a João Lourenço, elegido por él a dedo, para trasladarse a vivir a un barrio amurallado en Barcelona. En tanto, la multimillonaria heredera de 46 años, que vive entre Londres y Dubái, tiene ahora sus activos congelados y Angola reclama su extradición, ya que el nuevo presidente busca legitimarse combatiendo la corrupción.

La cobertura mediática de estas últimas semanas insiste en que Isabel es “la mujer más rica de África”, a pesar de provenir de uno de los países más pobres del mundo. Larry Diamond, acádemico de la Universidad de Stanford, entrevistado por el Icij, se lamenta de que a nivel internacional la corrupción “aumenta el peligro de violencia política y de violaciones a los derechos humanos”.

EL SOSPECHÓMETRO. 

Hay dos hechos que apenas aparecen mencionados en el informe: el pasado colonial de Angola y la presencia de China en el país. Cuando la tardía independencia de Portugal, en 1975, Estados Unidos y el gobierno racista de Sudáfrica apoyaron la guerrilla disidente de Jonas Savimbi, en una larga guerra civil que finalizó recién en 2002.

El país quedó devastado y su infraestructura completamente destruida. China se ofreció a “colaborar” en la reconstrucción, sin preguntar por las credenciales del régimen de Dos Santos, ya que le interesaban –y todavía le interesan– el petróleo y las inversiones en África. El pragmatismo chino, de claro tinte neocolonial, benefició al país –y a sus elites–. Angola muestra en la actualidad un importante crecimiento económico, una rápida modernización y una creciente dependencia de las exportaciones de petróleo con destino al dragón.

Además, hoy es la tercera mayor economía en el África subsahariana. Más aun, es el mayor aliado económico y político de China en el continente. “De todo el petróleo importado por China, más del 20 por ciento proviene de África. La mayor parte de estas importaciones se origina en Angola, que, desde la primera década de este siglo, ha figurado como un importante proveedor, sólo superado por Arabia Saudí”, destacan en un trabajo1 de 2017 los economistas Ricardo Ouriques y Amanda Nunes.

Al finalizar la guerra civil, con la asistencia técnica y financiera de China se iniciaron más de cien proyectos de desarrollo en las áreas de energía, agua, salud, educación, telecomunicaciones, pesca y obras públicas. En este escenario, Angola se erige como el principal socio estratégico de China entre los países africanos, puesto que es también uno de los destinos privilegiados de la inversión china directa. También es uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.

Lo que genera inquietud es que este informe del Consorcio de Periodistas, con sede en Washington y París, parece formar parte de la pugna por la hegemonía en África, en la que hoy China parece llevar las de ganar. Aunque el país asiático repite la historia colonial de comprar materias primas y vender productos manufacturados, hay algunos cambios en el modelo de subordinación que llevan a muchos gobiernos africanos a preferir asociarse con el país asiático.

Los préstamos de China, señalan Ouriques y Nunes, a diferencia de los préstamos de organismos internacionales, como los del Fmi y el Banco Mundial, no exigen acordar con las premisas neoliberales del Consenso de Washington. “Sólo les impone la condición de reconocer [el principio de] ‘una sola China’ y desconocer a Taiwán.” Aun así, es penoso que el periodismo de investigación resulte funcional a uno de los imperios.

  1. “Las relaciones entre Angola y China (2000-2014)”, Estudios de Asia y África, México, mayo-agosto de 2017.
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Policías militares registran a un joven en una favela de Río en enero. FABIO TEIXEIRA GETTY

Especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que la letalidad de los agentes y el descenso de los crímenes están desvinculados

 La letalidad policial fue récord en Río de Janeiro en 2019 mientras los delitos tuvieron una caída histórica, tendencia esta última que se extiende al resto de Brasil, uno de los países más violentos del mundo. En el Estado murieron 1.810 personas en intervenciones policiales, la cifra más alta en dos décadas. Los 3.995 asesinados en el mismo tiempo suponen un dato histórico, el menor desde 1991, según datos oficiales del Gobierno estatal. Aunque los políticos partidarios de la mano dura presumen de eficacia, numerosos especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que ambos fenómenos no están vinculados.

Al conocerse el balance anual de la violencia, el gobernador de Río, Wilson Witzel, tuiteó la semana pasada: “Nuestra política de seguridad viene generando resultados positivos mes a mes”. Es el mismo que cuando hacía campaña para el puesto que ostenta hace un año proclamó “la policía va a apuntar a la cabecita y…. fuego” contra los sospechosos armados con fusiles. En sus tuits, Witzel, que fue juez y militar, enumeró las estadísticas, que también reflejan notables caídas de las muertes en robos y de aprensiones de armas. El experto de la Red de Observatorios de la Seguridad Pablo Nunes explica que “es improbable que las variaciones en las tasas de homicidios y muertes por policías estén relacionadas. Cuando analizamos los barrios y ciudades del estado de Río, en la mayoría de los casos, donde aumentaron las muertes policiales aumentaron o se estabilizaron los homicidios y viceversa”.

Ilona Szabó, especialista en seguridad pública, advierte de que “a veces las reducciones de delitos son utilizados para legitimar el abuso de la fuerza. La relación, sin embargo, es falsa”, escribe este miércoles en Folha de S.Paulo. Daniel Cerqueira, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, coincide: “Esa retórica del gobernador es falsa. Estadísticamente no vemos relación”. Añade este experto que, en todo caso, “la violencia policial estimula la violencia en general”.

La caída de los asesinatos a lo largo del año pasado, también el primero del exmilitar Jair Bolsonaro en el poder, se extiende por Brasil en general. Es uno de los datos de los que el ultraderechista más presume y que influye en el reciente aumento de su popularidad en este país que está desde hace años entre los más violentos del mundo, guerras al margen. La experta Szabó alerta de que existen “líderes que están reduciendo problemas complejos a discusiones binarias y reforzando la violencia como solución”. Justo este miércoles el Gobierno ha autorizado que los dueños de armas legales puedan comprar cuatro veces más munición al año que antes.

Río de Janeiro –Estado donde viven 17 millones de brasileños– destaca en el ámbito nacional e internacional por lo mucho que su policía mata. Para hacerse una idea, las 1.810 personas muertas en intervenciones policiales en 2019 suponen más del doble de las 800 personas asesinadas por la organización terrorista ETA en España durante cuatro décadas o la mitad de las víctimas mortales del conflicto de Irlanda del Norte.

Los tiroteos son tan frecuentes en Río de Janeiro que cuatro niños han sido alcanzados por disparos desde que empezó 2020. El último, de cinco años, veía un partidillo de fútbol. Una bala le dio este lunes en la cabeza después de perforar la mano de su padre, que intentaba protegerlo del intercambio de tiros entre policías y criminales. El crío sobrevivió pero está gravísimo. El asunto ha alcanzado tal magnitud que la ONU expresó su preocupación en septiembre pasado. Y también tiene su reflejo en la cultura popular. La telenovela más vista ahora mismo en Brasil Amor de mãe tiene entre sus villanos a un policía corrupto que mata a un policía limpio.

En la comparación nacional las fuerzas de seguridad de Río también destacan, como indica la comparación con São Paulo. La tasa de muertes en el primer Estado a manos de la policía solamente es superior a los perpetrados en São Paulo por criminales y agentes de policía juntos, según el diario Folha. Uno de los factores que lo explica esa diferencia es que el grupo criminal más poderoso de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), prohíbe matar sin autorización en el territorio que domina.

Es muy poco probable que un policía sea denunciado en Brasil por abatir a un sospechoso, mucho menos juzgado o condenado. Ni un solo agente de Río fue llevado ante la justicia en 2019, según una investigación del semanario Época, que analizó los casos de los 195 muertos a manos de la policía en julio, el mes más letal. Revela que se abrieron 151 investigaciones, que 11 casos han sido archivados y que no encontraron información sobre otros 19. La revista descubrió que los informes policiales muestran un patrón: incursiones en favelas de patrullas de entre 2 y 6 policías con fusiles para reprimir el tráfico de drogas, son atacados, responden, registran el lugar, localizan a la víctima y la trasladan al hospital. Resalta Época que en el 60% de los casos los agentes no regresaron al lugar del suceso a investigar. La inmensa mayoría de las víctimas de violencia policial son varones, negros, pobres de favela.

El profesor Cerqueira recalca que las muertes violentas vienen disminuyendo en Río de Janeiro desde 2003 con la única excepción del bienio 2016-2017, cuando se registró un repunte coincidiendo con el declive socio-económico generalizado que vivió la ciudad tras los Juegos Olímpicos.

Por NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR

São Paulo 29 ENE 2020 - 17:16 COT

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Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

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Sábado, 25 Enero 2020 05:57

Por la vía rápida

Por la vía rápida
Apenas el presidente Vladimir Putin mencionó, en su mensaje ante los miembros del Parlamento ruso, la conveniencia de hacer enmiendas a la Constitución, la Cámara Baja aprobó en lo general la iniciativa de reforma constitucional del Kremlin que modifica 22 artículos y crea las bases para que él procure continuar gobernando después de 2024, cuando concluya su cuarto y último (de acuerdo con la actual Carta Magna) mandato en la presidencia.

Sorprendidos todos, se discute aquí qué era menos esperado para comenzar el año: si las propuestas de Putin para poner de cabeza el sistema político o la celeridad con que quiere llevar a cabo el cambio cardinal. ¿Por qué ahora?, tomando en cuenta que le quedan cuatro años como presidente.

Por ello, la reforma de Putin plantea –salvo su obvio deseo de perpetuarse en el poder– más preguntas que respuestas. Y las prisas escapan a toda lógica: para qué crear un grupo de 75 incondicionales –sólo 11 expertos en derecho– para supuestamente analizar las iniciativas y, antes de que ese conjunto de comparsas diera una sola opinión, mandar el borrador a la Cámara Baja. ¿Qué se puede esperar de una Asamblea Constituyente que no habrá y de un referéndum que no lo será, sino una simple votación popular a saber bajo qué reglas?

La reforma constitucional urgente, sólo se explica con que es insostenible el mito de la popularidad de Putin, mientras crecen los riesgos que el malestar de la población implica para las elecciones legislativas del otoño del año siguiente.

Putin quiere dejar resuelto su futuro –y el de los privilegiados magnates de su entorno– al margen de los resultados que arrojen las urnas. Porque, a diferencia de lo que ofreció para reforzar el Parlamento, sus enmiendas buscan sólo ampliar las facultades del Presidente (para los 4 años que le quedan) y convierten al Consejo de Estado, ahora simple órgano consultivo, en la máxima instancia de poder, si así lo establece la ley aún por promulgar.

En suma, antes de las legislativas de 2021, Putin quiere tener todas las riendas del poder para decidir conforme a los resultados de la votación. Sin embargo, ese intento de resolver por la vía rápida su futuro como gobernante, puede quedarse en papel mojado, ya que la última palabra la tienen no sus operadores políticos, sino los rusos.

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