Sábado, 24 Octubre 2020 05:36

La puñalada

La puñalada

Los medios globales y su abandono de Julian Assange

 

Mientras se lo juzga para ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión, la suerte del periodista australiano brilla por su ausencia en las portadas de los principales periódicos de alcance mundial. Detrás de ese silencio asoma una política de complicidades que hiere de muerte la noción misma de periodismo.

El 4 de enero se sabrá la suerte de Julian Assange. Ese día, en Londres, la Justicia británica decidirá finalmente si concede o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje. Si así fuera, si los jueces de Su Majestad consideraran que la demanda es pertinente y la condena a la que podría ser sometido al otro lado del Atlántico no es «desproporcionada» o incompatible con el «respeto a los derechos humanos», el casi quincuagenario australiano podría pasar el resto de su vida en la cárcel: los cargos que se le imputan en Estados Unidos le valdrían una condena de 175 años.

Julian Assange está detenido en una cárcel de alta seguridad inglesa desde abril de 2019, en condiciones denunciadas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas como análogas a la tortura. Los siete años anteriores los pasó en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012, cuando en Quito gobernaba Rafael Correa. Assange era reclamado entonces por la Justicia sueca debido a acusaciones de violación que terminaron siendo abandonadas por su endeblez (véase «Operaciónmasacre», Brecha, 7-II-20). Él ya temía que la demanda sueca fuera parte de un plan para entregarlo –tras una breve escala judicial en Estocolmo– a Estados Unidos. La llegada al gobierno de Ecuador, en 2017, de Lenín Moreno, que acabó alineado con Washington, supuso el descenso del australiano a los infiernos: primero le hicieron la vida imposible en la embajada, luego le sacaron la protección. La Policía inglesa lo detuvo apenas pudo traspasar la puerta del local diplomático. En Washington, el gobierno de Donald Trump se refregó las manos (lo mismo habría hecho Hillary Clinton de haber ganado las elecciones de 2016): por fin podría darle su merecido a este «espía», acusado fundamentalmente de haber revelado, desde 2010, cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán; entre ellos, pruebas de asesinatos cometidos por las fuerzas estadounidenses en el marco de conflictos en los que los aliados de la superpotencia también están implicados. Desde Wikileaks, Assange había hecho eso y mucho más: denunció tramas de corrupción y enjuagues múltiples de multinacionales y fue de los primeros en advertir sobre la magnitud a la que llegaría el ahora llamado capitalismo de vigilancia.

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A pocos parece interesarles hoy la suerte del australiano. Como otros célebres «lanzadores de alertas» (whistleblowers), del tipo de Edward Snowden y Chelsea Manning, Assange se ha quedado solo. Medios de prensa que gran lucro obtuvieron en su momento, cuando el fundador de Wikileaks los eligió a ellos para difundir sus filtraciones (The Guardian, El País de Madrid, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre otros), le han soltado la mano. Poco y nada se puede leer en esos diarios o semanarios –que, en su mayoría, pasan por progresistas– sobre las condiciones de detención de Assange en la prisión de alta seguridad de Belsmarch o sobre el propio proceso de extradición, cuyas irregularidades y los peligros que estas representan para el derecho a la información han denunciado abogados, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios independientes. Abundan, en cambio, en esas publicaciones progres, los relatos sobre el «vedetismo» y el «narcisismo» del australiano, sus aventuras sexuales, sus «excesos», su «afán de poder», su «decadencia».

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En una nota publicada originalmente en Counter Punch (rebelión.org difundió su versión española en dos partes, el 2 y el 3 de octubre, bajo el título «¿Por qué The Guardian guarda silencio?»), el periodista británico Jonathan Cook sostiene que, cuando Assange concedió a esos medios la exclusiva de sus filtraciones, ya era consciente de que en algún momento podría ser víctima de una puñalada trapera. Si había habido un acuerdo entre Wikileaks y esas publicaciones era porque circunstancialmente ambos ganaban. Pero, en verdad, poco los unía. Cook recuerda que cuando Barack Obama lanzó, en 2011, su ofensiva contra Assange, al que denunció en función de una draconiana ley de espionaje que data de 1917, la estrategia estadounidense estaba basada en crear una brecha entre el fundador de Wikileaks y los medios liberales que habían colaborado con él. Nada tenían que temer esos medios ni sus periodistas: habían obrado de buena fe, decían por entonces los abogados de la Casa Blanca. Assange, en cambio, no era un periodista, apenas un espía que pretendía dañar a Estados Unidos.

Los defensores de Assange optaron entonces por la contraria: Assange no sólo era periodista, sino que practicaba el periodismo del bueno, ese que deja al desnudo las manipulaciones y el accionar ilegal de los poderosos del mundo. El propio fundador de Wikileaks afirmaba en una entrevista que concedió a su compatriota Mark Davis en 2011: «Si he conspirado para cometer espionaje, todos los otros medios de comunicación y sus principales periodistas también han conspirado para cometer espionaje». «Lo que hace falta es tener un frente unido en este asunto», agregaba, invitando a quienes habían sido sus socios a seguir con la colaboración. Pero no hubo tal frente: convocado por el Ministerio de Justicia estadounidense, el editor de The New York TimesBill Keller dijo que su diario se había limitado a obrar como receptor pasivo de la documentación enviada por Wikileaks. Era una falsedad (todos los medios que recibieron las filtraciones las ordenaron y «trabajaron»), pero marcaba lo que sería, de ahí en más, la actitud de las publicaciones liberales en este asunto. Aun así, destaca Cook, el gobierno de Obama no encontró la manera de imputar a Assange sin, al mismo tiempo, perjudicar a medios tradicionalmente aliados del Partido Demócrata, como el propio Times y The Washington Post, y a sus principales plumas. Debió, entonces, abandonar esa línea.

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La estrategia desplegada actualmente por los abogados estadounidenses es la opuesta: reconocen explícitamente la condición de periodista de Assange y, tal como lo advertía él mismo años atrás, al hacerlo lanzan una advertencia contra todos los periodistas que intenten, de lejos o de cerca, seguir el camino de los wikileakeros: corren el riesgo de ser imputados por espionaje allí donde se encuentren. De este cambio de línea, que se produjo durante el juicio de extradición que se sigue en Londres y que supone una amenaza para la profesión periodística como tal, ni una línea se publicó en aquellos grandes medios que buen partido sacaron de su colaboración de antaño con Wikileaks, denuncia Cook. En Gran Bretaña, The Guardian ha obrado, de hecho, como punta de lanza de las acusaciones contra Assange.

Durante el proceso, investigadores independientes han denunciado «prácticas desleales» de los editores del venerado matutino británico, así como de otros medios asociados. Entre las principales acusaciones estadounidenses contra Assange, se afirma que en la documentación que filtró aparecían los nombres de agentes secretos que por su culpa corrieron el riesgo de ser asesinados y que el australiano era muy poco cuidadoso en su forma de operar. David Leigh, editor de The Guardian que trabajó con Assange en 2011, hizo esa misma afirmación en un libro que publicó aquel año junto con otro periodista del mismo diario, Luke Harding: Wikileaks: Inside Assange’s War on Secrecy. Christian Grothoff, experto en informática de la Universidad de Berna; John Goetz, periodista de Der Spiegel; Nicky Hager, periodista de investigación neozelandés, y John Sloboda, profesor y miembro del Iraq Body Count (un proyecto que contabiliza los muertos de la guerra de Irak),relataron, en cambio, que fueron «sus socios mediáticos» –en especial Leigh– quienes presionaron a Assange para que les brindara las sumamente engorrosas contraseñas que utilizaba para encriptar la documentación.

Grothoff, Goetz, Hager y Sloboda colaboraron con el australiano en eliminar nombres en los cables a filtrar. «Assange podía llegar a ser exasperante en su minuciosidad […]. En esa época me irritaba mucho su obsesión por recordarnos constantemente que debíamos asegurarnos, que necesitábamos encriptarlo todo, que teníamos que usar chats encriptados. Yo creía que era un insensato y que estaba paranoico, pero luego el procedimiento se convirtió en la práctica periodística normalizada», dijo, por ejemplo, Goetz en una de las recientes audiencias de extradición. En su libro, Leigh reveló una de las contraseñas generadas con esa metodología y «ese escandaloso error de The Guardian abrió la puerta para que cualquier servicio de seguridad del mundo penetrara en los documentos una vez que pudieron crackear la sofisticada fórmula de Assange para idear claves», indica Cook. «Gran parte del furor provocado por la supuesta incapacidad de Assange de proteger los nombres en los documentos filtrados por él publicados –lo que ahora es el núcleo del caso de extradición– viene del papel que jugó Leigh en el sabotaje del trabajo de Wikileaks. Assange debió realizar una operación de control de daños debido a la incompetencia de Leigh, la que lo obligó a publicar los documentos a toda prisa, para que cualquiera que estuviera preocupado por si era nombrado en los documentos pudiera saberlo antes de que servicios de seguridad hostiles lo identificaran», añade.

En cuanto a Harding, el coautor del libro de Leigh, fue quien hace un par de años difundió, en el propio The Guardian, una serie de «revelaciones» –que luego se comprobaron falsas– sobre supuestas reuniones de Assange con enviados del gobierno de Trump y agentes rusos, que habrían tenido lugar mientras el australiano estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La tesis de The Guardian, así como de The New York Times y The Washington Post, es que fue para apuntalar la elección de Trump que Wikileaks filtró en 2016 el contenido de reuniones de la dirección demócrata en las que se perjudicaba al socialista Bernie Sanders y se favorecía a Hillary Clinton. Cook recuerda que, de la misma forma que los dos diarios estadounidenses operaron abiertamente en favor de Clinton en aquella interna partidaria (la misma Clinton que, según se reveló en 2016, llegó a barajar la posibilidad de eliminar a Assange con un dron), The Guardian hizo todo lo que estuvo a su alcance para sabotear al socialista Jeremy Corbyn, a quien asoció con el antisemitismo y tildó de «populista de izquierdas» cuando este dirigía el laborismo británico.

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En la entrevista de 2011 con Mark Davis, Assange se refería a sus «socios mediáticos» en estos términos: «Lo que mueve a un diario como The Guardian y The New York Times no son sus valores éticos, sino su mercado. En Reino Unido ese mercado es el de los “liberales educados”. […] El periódico no es un reflejo de los valores de la gente que forma esa institución, sino un reflejo de la demanda del mercado». Cook aporta, en su nota de CounterPunch, su propia reflexión: La indiferencia de los grandes medios de comunicación ante el juicio a Assange «pone de manifiesto que practican muy poco el tipo de periodismo que supone una amenaza para los intereses empresariales y del Estado y que desafía al poder real. No sufrirán la suerte de Assange porque no pretenden hacer el periodismo en el que se especializaron Assange y Wikileaks». En Estados Unidos, medios como The New York Times y The Washington Post «reflejan los mismos defectos que los partidos Demócrata y Republicano», piensa el británico: «Celebran el capitalismo globalizado basado en el consumo, favorecen una política insostenible de crecimiento infinito en un planeta finito e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y esquilmadoras de recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y los partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente, porque están integrados en la misma estructura de poder». Wikileaks, en cambio, «nos ha permitido contemplar al poder en bruto, desnudo, antes de que se vista de traje y corbata, se engomine el cabello y esconda el cuchillo».

Por Daniel Gatti
23 octubre, 2020

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Terminó la fase de alegatos en el juicio contra Julian Assange

La justicia inglesa decidirá el 4 de enero si otorga su extradición a EE.UU.

Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. 

 

Terminó la fase de alegatos en el juicio de extradición contra el creador de WikiLeaks Julian Assange. Sólo resta esperar la resolución de la jueza Vanessa Baraitser que dará su veredicto el 4 de enero. Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. Cualquier de las partes podrá apelar la resolución de la magistrada en instancias superiores. Durante todo ese proceso, que puede llevar años, el periodista seguirá en prisión preventiva. De ser extraditado el activista podría recibir una condena de 175 años de cárcel. En las cuatro semanas que duró el proceso la defensa sostuvo que se trata de un juicio político.

Tal como se esperaba la magistrada rechazó el pedido de los abogados de Assange para que se le otorgarle la libertad condicional. Asimismo Baraitser rehusó aplazar el proceso a fin de dar más tiempo a la defensa a presentar pruebas adicionales, como ya hizo al inicio de esta segunda fase del juicio, que había sido puesto en mayo por la pandemia. La magistrada fijó la fecha de su dictamen al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey.

La fiscalía estadounidense había presentado 18 cargos contra Assange, de los cuales 17 son por violar la Ley de espionaje de 1917. En concreto lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. WikiLeaks publicó documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Los mismos revelaron crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidas por EEUU, así como la injerencia de la Casa Blanca en las políticas internas de decenas de países.

Tal como viene ocurriendo desde el inicio del juicio decenas de personas se reunieron a las puertas del tribunal londinense para reclamar la libertad de Assange. Allí la esposa del periodista remarcó la gravedad de este proceso legal. “EEUU dice que puede llevar a cualquier periodista de cualquier parte del mundo a juicio en su territorio si no le gusta lo que están publicando”, señaló Moris. A su vez indicó que el gobierno norteamericano no pudo probar que algún informante de la Casa Blanca haya sido agredido tras las publicaciones de WikiLeaks. “Se cometieron crímenes terribles en Irak y Afganistán. Se cometieron crímenes terribles en la Bahía de Guantánamo. Los autores de esos delitos no están en la cárcel. Julian sí", indicó Moris.

Por su parte el actual director de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson sostuvo que este juicio marcará un antes y después en nuestra civilización. “Estas cuatro semanas oímos decenas de testigos, periodistas, académicos, intelectuales, que dejaron expuestas las mentiras que se presentaron contra Julian Assange. (…) Detrás de esas mentiras quedó la verdad: este es un juicio contra el periodismo. Es sobre el futuro del periodismo de lo que estamos hablando”, sostuvo Hrafnsson. Respecto a los crímenes revelados por WikiLeaks, el director del sitio sostuvo que eran indispensables para llegar a la verdad. "No podemos cambiar el pasado, pero necesitamos saber la verdad sobre lo que ocurrió. Si Assange es extraditado seguiremos en la oscuridad. No podemos permitir que eso pase", indicó el periodista.

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El juicio contra Julian Assange impacta en el periodismo

Se estrenó el documental "Guerra contra el periodismo. El caso de Julian Assange"

Estados Unidos dejó expuesto cuáles son sus límites a la libertad de expresión tras la persecución judicial al creador de WikiLeaks. “Al criminalizar la publicación de información clasificada están atentando contra el periodismo de investigación”, dijo el documentalista Juan Passarelli. 

 

Las publicaciones que hizo WikiLeaks en 2010 dejó expuestos cuáles son para Estados Unidos los límites a la libertad de expresión. El sitio creado por Julian Assange reveló crímenes de guerra y permitió dar a luz atrocidades que de otra manera no hubiéramos conocido. Sin embargo hoy Assange está sentado en el banquillo de los acusados. La justicia de Inglaterra debe decidir si concede o no su extradición a EEUU. Juan Passarelli, director de cine que trabajó diez años junto al periodista australiano, acaba de publicar el documental “Guerra contra el periodismo: El caso de Julian Assange”. Allí sostiene que el juicio contra el creador de WikiLeaks representa el fin del periodismo tal como los conocemos. “Al criminalizar recibir y publicar información clasificada EEUU está atentando contra todo el periodismo de investigación”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

“Assange hizo enojar el Imperio”

El documental de Passarelli bien podría parecer una película de ciencia ficción. Expone una trama que vimos cientos de veces en argumentos hollywoodenses: persecución, espionaje y traición. Allí radica la fuerza de su relato. Sin embargo cuenta una historia real: la persecución a un periodista luego de haber revelado los secretos de la mayor potencia mundial. Las consecuencias están a la vista. Desde hace casi un año y medio Assange se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra. Antes había pasado siete años como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Su caso sentó un precedente que está cambiando el periodismo. Esa es la idea fuerza que desarrolla el documental de Passarelli. “Decir que un periodista que reveló crímenes de guerra es un espía enemigo, como hace el gobierno norteamericano, es algo muy serio para cualquier trabajador de prensa alrededor del mundo”, sostuvo el realizador.

De los 18 cargos presentados contra Assange, 17 son por violar la Ley de espionaje de EEUU. La Justicia de ese país lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning, que confesó ser la fuente de los archivos reservados. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. Todas estas acusaciones fueron por publicar documentos secretos sobre la las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Passarelli explicó que estas revelaciones dejaron al descubierto crímenes gravísimos. “Hay torturas a niños, asesinatos de población civil inocente y ejecuciones a sangre fría. En un caso se ve cómo luego de cometer estos crímenes los militares piden que un avión bombardero pase a destruir la evidencia de lo que acaba de ocurrir”, informó el realizador. Además explicó que el creador de WikiLeaks está pagando las consecuencias de haber hecho pública esta información. “Assange está siendo perseguido por un Estado enojado de que hayan revelado sus crímenes”, sostuvo el periodista.

Espionaje en la embajada de Ecuador

La película muestra que Assange fue espiado durante buena parte de su estadía en la embajada de Ecuador. Las autoridades diplomáticas de ese país habían avalado conectar un sistema de cámaras a cargo de la empresa española UC Global, dirigida por David Morales. Trabajadores de esta compañía les revelaron a los abogados de Assange que habían colocado cámaras y micrófonos secretos en todo el edificio. “Julian siempre pensó que podría estar siendo espiado. Entonces se reunía con sus abogados en el baño de mujeres. Abría las canillas y hablaba bajito con ellos. Pero había un micrófono escondido en una caja. Toda esa información llegó a la CIA”, explicó Passarelli.

Las imágenes de Assange siendo detenido el 11 de abril de 2019 recorrieron el mundo. En ese momento ya estaba en el gobierno el actual presidente de Ecuador Lenín Moreno. Para Passarelli el mandatario entregó a Assange a cambio de un préstamo del FMI. “El vicepresidente de EEUU, Mike Pence y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, habían viajado en diferentes ocasiones para visitar a Moreno. Ahora sabemos que vendieron a Julian a cambio de un préstamo de cuatro mil millones del FMI”, señaló el documentalista. 

La razón de ser de WikiLeaks

Assange expuso la idea filosófica detrás de WikiLeaks en una clase que brindó en 2010. Allí el periodista había afirmado que las teorías políticas están en crisis ya que abordan una realidad incompleta, de la que les falta información vital. “Hasta que no conozcamos las estructuras básicas de nuestras instituciones, (...) penetrando en la enorme cantidad de información existente, ¿cómo podremos hacer un diagnóstico?, ¿cómo podremos establecer el camino a seguir?”, reflexionó el creador de WikiLeaks. Y siguió: “Nuestra primera tarea es crear un tipo de herencia intelectual que nos permita saber dónde estamos. Y una vez que eso ocurra podremos tener la esperanza de establecer el rumbo hacia una dirección diferente. Hasta que eso pase creo que las teorías políticas, en mayor o menor grado, están en quiebra”, afirmó Assange. Pasarrelli abonó esta teoría. “Sino sabemos qué hacen los gobiernos en nuestro nombre, no podemos tomar una decisión informada sobre quién debería ser nuestro próximo líder. El periodismo pretende darnos esa información, y contra él se está librando una guerra”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

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Cientos de periodistas de America Latina pidieron la intervención de la OEA ante los ataques de Nayib Bukele a la prensa

Con la Fundación Gabo como articuladora, se envió una carta a Edison Lanza en la que solicitan un “monitoreo” al presidente salvadoreño. El mandatario usó la cadena nacional para apuntar contra el periódico digital ‘El Faro’, entre otros medios

 

La Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, pidieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “actuación urgente” por el “ataque” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.

En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los firmantes solicitaron al organismo internacional que “monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo”.

Igualmente lo instaron a que “exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión”, así como que “anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador”.

La carta fue suscrita por periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Fundación Gabo hizo la función de articuladora en esta petición a la CIDH porque El Faro “es uno de los medios de mayor prestigio en el continente”, al que en 2016 le otorgó el Premio de Excelencia.

El caso de El Faro

El presidente salvadoreño dijo la semana pasada durante una intervención en cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda supuestamente investiga a El Faro por “lavado de dinero”.

Un día después, El Faro publicó que “Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018”, pero que no le ha notificado a sus representantes que enfrentan dicha investigación.

Bukele también acusó a otros medios salvadoreños de mentir y atacar a su Gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado.

Al respecto, los firmantes señalaron que es de “suma gravedad” que Bukele “utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos”.

Denuncias incómodas

“Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el Gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la Administración Bukele con grupos ilegales”, agregaron.

Esto en referencia a una publicación en la que El Faro señala que el Gobierno de Bukele mantiene negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para sostener una baja en las cifras de homicidios y obtener votos para el partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar del presidente.

El mandatario negó en la referida cadena de medios, que se extendió por unas dos horas, que existan dichas negociaciones.

“En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro”, añaden los firmantes.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes “el grave deterioro” de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el Gobierno.

30 de Septiembre de 2020

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El juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa 

El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a Estados Unidos, donde la administración Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.

Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.

Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.

Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.

Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.

Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.

La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.

Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.

*Copresidentes de AssangeDefense.org

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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China expulsa a los periodistas estadounidenses de cinco medios

El acto supone una represalia por las restricciones que EE UU impuso a medios estatales chinos en febrero

China expulsará a los periodistas de nacionalidad estadounidense de cinco medios de ese país: The New York Times, TheWashington Post, The Wall Street Journal, Voice of America y Time. La medida se ha dado a conocer en un comunicado del Ministerio de Exteriores emitido al filo de la medianoche (hora local, ocho horas menos en España), en medio de un deterioro drástico de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Los periodistas tendrán que reportarse en el plazo de cuatro días al Ministerio de Exteriores y entregar sus pases de prensa antes de 10 días. Dado que la validez de los visados para los reporteros extranjeros está vinculada a contar con ese pase, la medida implica la expulsión.

La decisión es de una dureza sin precedentes, por la cantidad de expulsados y por prohibir que puedan trabajar en Macao o Hong Kong, territorios con leyes distintas a las chinas.

El comunicado indica que se trata de una represalia contra la decisión de Estados Unidos, el pasado 19 febrero, de imponer medidas restrictivas a las corresponsalías de varios medios estatales chinos en su territorio, al considerarlos un brazo de la propaganda oficial de su país.

Al día siguiente de aquel anuncio estadounidense, Pekín declaró la expulsión de tres periodistas del Wall Street Journal, con el argumento de que este diario económico había publicado días atrás un artículo de opinión con un titular racista.

El comunicado de esta medianoche también declara a los medios castigados como entidades oficiales estadounidenses, controladas por el Gobierno en Washington. Los cinco tendrán que declarar por escrito toda la información que dispongan sobre su personal, financiación y propiedades en suelo chino.

Las medidas “son completamente necesarias y recíprocas y China se ve obligada a tomarlas como respuesta a la opresión poco razonable que los medios chinos experimentan en Estados Unidos. Son una autodefensa legítima y justificada en cualquier sentido. Lo que Estados Unidos ha hecho es atacar exclusivamente medios chinos, y por tanto ha estado motivado por una mentalidad de la Guerra Fría y la parcialidad ideológica”.

El anuncio llega en un mal momento de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19. El secretario de Estado, Mike Pompeo, convocó la semana pasada al embajador chino en la capital estadounidense para pedir explicaciones después de que un portavoz del Ministerio de Exteriores chino promoviera en Twitter ―red social prohibida en China― la teoría de que el virus pudo llegar a Wuhan, donde se detectaron los primeros casos, traído por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el propio Pompeo han irritado a Pekín al referirse en varias ocasiones al patógeno como “virus chino” o “virus de Wuhan”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 17 mar 2020 - 14:28COT

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El caso Assange y la muerte del periodismo

Terminó la primera etapa del juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks. Si el gobierno norteamericano logra su cometido, Julián Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber informado al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de civiles y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. La condena sería un claro mensaje mafioso a todos los periodistas que se atrevan a denunciar al poder.

“Cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa”, aseguró en una reciente entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1).

Esta semana terminó la primera etapa del juicio por el pedido de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hizo sobre Julián Assange. Como estaba previsto, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó el fin a esta primera parte que será retomada el 18 de mayo.

Mientras espera el desenlace del juicio, Assange deberá continuar en la cárcel de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad que es conocida como “El Guatánamo británico” (en alusión a la centro de detención ilegal que Estados Unidos mantiene en territorio usurpado a Cuba).

En Belmarsh, Assange permanece en condición de aislamiento y con derecho solo a dos visitas sociales al mes, puede ver la luz del sol solamente una hora por día, no interactúa con otros detenidos y es sometido a toda clase de humillaciones y torturas psicológicas.

Cabe recordar que hasta abril del 2019 el fundador de WikiLeaks permanecía como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres pero, a pesar de que Assange había obtenido la ciudadanía ecuatoriana, de que la embajada es considerado territorio soberano de ese país y de que la Constitución de Ecuador prohíbe extraditar a sus ciudadanos, el presidente Lenín Moreno autorizó que las fuerzas de seguridad británicas entraran a la sede diplomática y se llevaran por la fuerza al periodista.

En una reciente entrevista realizada por Contexto, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez aseguró: “La entrega de Julian Assange constituye la mayor vergüenza diplomática en la historia de mi país. Es un hecho canallesco que quebranta toda norma internacional y la propia constitución ecuatoriana. Empezando por el principio de no devolución, que es sagrado para el derecho de asilo y de refugio. Un asilado no puede ser entregado si hay riesgo sobre su vida y su libertad persiste, y en el caso de Julian Assange esto era más evidente que nunca”.

“En Estados Unidos ya se había develado que había cargos secretos esperando por Julian, lo cual era la razón misma del asilo. Más que un arresto, aquello fue un secuestro. La policía británica ingresó y tuvo que arrastrar a Julian por la fuerza para poder sacarlo. Él, correctamente, se rehusó a salir. No olvidemos que Julian Assange es también ecuatoriano. La constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Prohíbe, además, el ingreso de fuerzas extranjeras a nuestro territorio y la Embajada es jurisdicción ecuatoriana”, sostuvo y agregó: “La entrega de Julian no fue una acción del Ecuador para resolver un problema. Fue un acto criminal, coordinado con mucha antelación con los norteamericanos y con los británicos”.    

Narváez remarcó que la entrega de Assange por parte del gobierno ecuatoriano refleja “el vergonzoso servilismo de Lenín Moreno frente a los Estados Unidos” (2).

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber cometido 18 delitos y por ese motivo requiere la extradición. Si Assange llega a las Cortes norteamericanas podría ser condenado a 175 años de prisión. Sería la primera vez que un periodista es juzgado con la llamada “Ley de Espionaje” de Estados Unidos (de 1917).

El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico y los medios de comunicación que responden a esos intereses quieren justificar la persecución, acoso, tortura y el posible encarcelamiento de por vida de Assange al mostrarlo falsamente como un hacker que habría realizado espionaje y robado información que podría haber afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La realidad es otra. Assange fue y es perseguido, acosado, torturado y posiblemente sea condenado por haber hecho una tarea periodística: buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública.

El fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años por haber denunciado los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y las torturas que Estados Unidos cometió en Afganistán, Irak y en la cárcel clandestina de Guantánamo.

Con la publicación de miles de cables (que Assange no robó ni hackeó, solo permitió que se hicieran públicos desde su plataforma), el creador de WikiLeaks confirmó el entramado que el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia (en especial la CIA) tejen para golpear a todos los gobiernos y líderes populares que se oponen a sus políticas imperiales.

En la citada entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer aseguró que “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

La extradición y la brutal sentencia no serían contra Assange, sino contra todo el periodismo. Conformarían la reafirmación de un mensaje mafioso que el poder en Estados Unidos envía a todos los periodistas que se atrevan a denunciarlo. La libertad de prensa y la libertad expresión morirían con la confirmación de esta condena.

Notas:

(1) Entrevista a Nils Meizer. Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: «Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste» (https://www.eldiario.es/internacional/Relator-ONU-Julian-Assange-condenado_0_999500818.html)

(2) Fidel Narváez: “Assange es perseguido por haber publicado los crímenes de guerra, el espionaje y la invasión a la privacidad que hizo Estados Unidos” (https://www.diariocontexto.com.ar/2020/02/16/fidel-narvaez-assange-es-perseguido-por-haber-publicado-crimenes-de-guerra-espionaje-e-invasion-a-la-privacidad-hechos-por-los-estados-unidos/)

 03/03/2020 

Publicado enSociedad
Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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Cortar Internet durante grandes protestas se convierte en tendencia internacional: el caso de India es un precedente peligroso

- Cuanto más aumenta la conectividad a Internet, más aumentan también los intentos de algunos gobiernos por cortarla

- India es uno de los países que más corta la red, el año pasado se registraron 134 cortes y en Cachemira llevan sin internet 137 días

- Los gobiernos argumentan que controlando las telecomunicaciones defienden el orden público en sus países


El jueves, los usuarios de internet de Nueva Delhi comenzaron a notar que internet dejaba de funcionar. ¿El motivo? Había protestas. Cada vez más gobiernos autoritarios, entre los que toca incluir el de la democracia más habitada del mundo –India cuenta ya con un largo historial en esta lides– saben que la suspensión de los servicios de datos y llamadas son una buena táctica para desarticular la respuesta social en las calles.

El aumento del acceso a internet durante la última década, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha provocado un aumento paralelo de los intentos por controlar la información que transporta. Access Now, un grupo que promueve la libertad en la red, ha recopilado una lista de 75 cortes del servicio en 2016. En 2018 ese tipo de hechos había aumentando a 196.

Berhan Taye, analista de políticas de Access Now, cree que a medida que las protestas sacuden docenas de países por todo el globo, es muy probable que la cifra aumente "mucho".

Iraq ha cortado el acceso a internet en repetidas ocasiones a medida que las protestas han ido expandiéndose por el país. En Etiopía, esos mismos cortes se han convertido en una realidad tan frecuente que están incluso dañando la economía. Una organización de derechos digitales ha calculado que le cuestan al país 4,5 millones de dólares al día. En Venezuela sucede tan a menudo que ya es imposible contarlos. Taye lo compara con un niño que le da al interruptor de la luz una y otra vez cuando tiene miedo de que suceda algo.

Desde la primera ocasión en que India optó por esta táctica, se ha convertido en líder de su aplicación sin rival alguno. Sólo el año pasado se registraron 134 cortes. El 68% de todos los que suceden en el mundo. Esta semana rompió el récord de cualquier gobierno democráticos. En la región de Cachemira, que vive un convulso proceso político, llevan sin internet 137 días.

El apagón ha causado estragos en empresas, servicios médicos o el sistema educativo. Cuando comenzó, los reporteros volaban hasta Nueva Delhi para entregar su material o se acercaban hasta el aeropuerto de Srinagar, capital de Cachemira, donde pedían a pasajeros que llevaran consigo tarjetas de memoria que contenían las imágenes de lo que estaba sucediendo en el estado.

Los gobiernos justifican ese férreo control de las comunicaciones en defensa del orden público. Está claro que la velocidad acelerada a la que la información, sea cierta o no, viaja por la red, comienza a crear problemas. En 2018, India se esforzó para controlar rumores sobre secuestros de niños que viajaban más rápido de lo que las autoridades podían seguir. El resultado fue que al menos 30 personas fueron linchadas a lo largo del país.

Unos meses antes, el gobierno de Sri Lanka bloqueó las redes sociales para limitar la expansión de publicaciones de odio que alimentaban ataques mortales contra la minoría musulmana. El Ministro de información lo justificó diciendo que "el país podía haber estallado en cuestión de horas".

Pero estas medidas, que han comenzado a ponerse en marcha durante crisis puntuales, comienzan a convertirse en moneda de cambio habitual. La táctica, aceptada por la ciudadanía india, cuando se aplica en estados fronterizos como Jammu, Cachemira o Assam, se vuelve contra ellos y se activa también para desactivar protestas en Nueva Delhi o Bangalore.

Estados autoritarios como Rusia o Irán están planeando ya el siguiente paso: Construir "redes soberanas" que pueden desconectarse del resto del mundo cada vez que el gobierno así lo decida o que vivan desconectadas de lo que sucede fuera de sus fronteras como ya sucede con la "gran muralla de internet" que China ha levantado.

Las protestas del pasado noviembre en Irán fueron la excusa perfecta para que su gobierno probara lo que ha dado en llamar "halal.net": una especie de intranet iraní que sigue funcionando aún cuando se desconecta del internet mundial.

El modelo aún no es perfecto. Algunos iraníes se quejaron de múltiples fallos la red de cajeros automáticos y se cayeron las redes de algunos hospitales. Pero  aplicaciones como Snapp, que permiten compartir coche, funcionaron. El presidente iraní Hassan Rouhani, dijo este mes que el servicio propio del país mejorará hasta que "la gente no necesite conectarse a redes extranjeras para saciar sus necesidades".

Muchos gobiernos están interesados en entender como funcionan esos sistemas de control. Taye explica que "los países aprenden los unos de los otros,como funcionan los cortes de internet y como pueden ponerse en marcha".

La aplicación de este tipo de medidas preocupa allá donde pueda suceder pero el de India es uno de los casos paradigmáticos. En un país que se vanagloria de estar llamado a ser una superpotencia democrática, el modo en que controla y amenaza internet, servirá como ejemplo para países menos comprometidos aún con las libertades civiles.

Un editorial publicado esta misma semana por el periódico del estado chino, People's Daily Online, no dejó escapar la posibilidad de llamar la atención sobre el mensaje que lanzan los líderes indios. "Significa que cortar internet durante un estado de emergencia debería ser una práctica estandarizada para los estados soberanos", se afirmaba.

Por Michael Safi

20/12/2019 - 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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