Fin de la era del dólar hegemónico, según Stephen Roach

De todos los factores que EU ostenta todavía como la otrora superpotencia unipolar –que ahora tiene que compartir las esferas de influencia con China y Rusia en los ámbitos geoeconómico y militar–, su omnipotente dólar se mantiene como su máximo poderío cuando ni China, con su renminbi/yuan, ni Rusia, con su valetudinario rublo, aparecen aún en el radar geofinanciero. En el seno del cada vez más disfuncional FMI, el dólar estadunidense –porque existen otros "dólares" desde Canadá hasta Singapur– es la reina de sus divisas que conforman los Derechos Especiales de Giro pentapartitas junto con el euro, el renminbi/yuan, el yen japonés y la libra esterlina. A un nivel del intercambio global de divisas, el dólar aún constituye 61 por ciento, seguido por el euro (20.5) –quedando muy atrás el yen nipón (5.7) y la libra esterlina (4.6) (https://bit.ly/36D33Ip).

Mucho se maneja que las decapitaciones del iraquí Saddam Hussein y del libio Muammar Gaddafi se debieron a su "osadía" de haber pretendido trasmutar la venta de hidrocarburos de dólares a euros. Hace ya buen tiempo Martin Feldstein –ex jefe de consejeros del Consejo Económico con Ronald Reagan y miembro del macabro globalista/monetarista "Grupo de los 30"– aboga por una devaluación controlada del dólar (https://bit.ly/3lmYXbk): un poco en similitud al Acuerdo Plaza, con el fin de estimular las exportaciones de EU que han periclitado frente al asombroso ascenso de China.

En este tenor, Stephen Roach –ex economista jefe en Asia del banco de inversiones Morgan Stanley, con sede en Nueva York, y autor de Desbalanceados: la codependencia entre EU y China (https://amzn.to/3nskDVI)– advierte sobre "el fin del privilegio exorbitante (sic) del dólar" y de su “probable desplome (sic) dado el colapso (sic) en los ahorros domésticos de EU y su brecha del déficit de cuenta corriente ( Financial Times, 4/10/20)”. Roach se da el lujo de calcular en forma cualitativa que el desplome sería de "un máximo de 35 por ciento (¡supermegasic!) a finales de 2021".

Llama la atención que tal megadevaluación sea más "estructural" que personal, independientemente de quién triunfe en la presidencia de EU entre Trump y Biden, a quienes ni siquiera cita. Roach sentencia que "era un accidente (sic) que debía ocurrir", aunque "la explosión en el déficit gubernamental relativa al Covid sea la fuente inmediata del problema", cuando el "delgado colchón" de la tasa neta de ahorro doméstico "dejó a EU vulnerable (sic) a cualquier choque, no se diga al Covid": al pasar de 2.9 por ciento del ingreso nacional bruto de 2011 a 2019 (¡ocho años!) constituyó "menos que la mitad de 7 por ciento de 1960 (sic) a 2005 (¡45 años!)".

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el déficit federal calculado para 2020 se encuentra en 16 por ciento del PIB, que retrocederá a 8.6 por ciento en 2021 (https://bit.ly/3lllQMA). Según Roach, las "implicaciones serán ominosas (sic) para el futuro de EU", ya que "sin ningún ahorro del empréstito superavitario del exterior, el crecimiento se torna imposible (sic)", lo cual seguirá erosionando en forma gradual el "privilegio especial del dólar" como la “divisa de reserva dominante (https://bit.ly/2HV9Keu)”.

Así, los prestamistas foráneos exigirán "concesiones" que se gestan en dos formas: en "ajustes a la divisa y/o a las tasas de interés".

Juzga que "el canal de la tasa de interés ha sido cerrado en forma efectiva", por lo que el "ajuste será forzado (sic) mediante un dólar débil" cuando la Reserva Federal "ha prometido conservar su política de tasas de interés cercanas a cero por varios años más". Vaticina que las alternativas al "otrora invencible dólar" son el renminbi/yuan, oro (se le olvidó la plata mexicana) y las criptodivisas, al unísono del hoy "devaluado" euro que ha empezado a ser estimulado por una política fiscal paneuropea de 858 mil millones de dólares (https://bit.ly/2F7dSqV).

¿Qué advendrá del peso mexicano que pertenece a la "zona dólar"? ¿Se podrá desacoplar el "México de la 4T" del dólar, con su T-MEC a cuestas?

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Ren Zhengfei (derecha), junto al jefe de estado chino Xi Jinping. El régimen está comprometido en la lucha por conquistar las redes 5G de todo el planeta. Los vínculos entre la empresa y el Ejército Chino son históricos (PA Images)

La compañía tecnológica lanza sus redes en el mundo de la mano de la diplomacia del régimen. Cómo el COVID-19 podría servirle a la corporación para extender el tendido de su 5G

 

Hace poco más de un año se hacía referencia a una realidad fácil de probar que hoy parece más vigente que nunca: Huawei es el brazo tecnológico que utiliza el régimen chino -y su ejército- para su expansión definitiva. Huawei es China. No su pueblo, sino su estado. Y Beijing parece destinada a proteger y promover los negocios estratégicos de la nación y las redes de su diamante más valioso hasta el final. Incluso, está dispuesta a mezclar armas con smartphones, como podría estar sucediendo en India.

Su vecino, también potencia nuclear, ha colocado en un paréntesis la posibilidad de utilizar la red 5G que la diplomacia china está empujando a fuerza de bullying en todos los continentes. Es muy probable que Nueva Delhi decline de ella por la desconfianza que le genera dejar en manos del Partido Comunista Chino (PCC) su información más sensible. Las dudas entre los asesores de Narendra Modi surgieron mucho antes de que tropas chinas violaran límites fronterizos y mataran a soldados indios, lo que provocó una creciente tensión en los Himalayas.

A partir de ese enfrentamiento trágico, India decidió bloquear decenas de aplicaciones cuyos datos tenían un flujo directo hacia Beijing y se mostró más decidida a frenar el avance del 5G tanto de Huawei como de ZTE, la otra empresa que ofrecen como alternativa las embajadas chinas de todo el mundo.

Pero al acecho militar contra India también se suma la propaganda psicológica. Cada día los órganos informativos del régimen de Xi Jinping dedican líneas para alertar sobre las graves consecuencias que tendría para la economía de Modi decidir por una red europea de 5G. Se refieren a Nokia. Global Times, uno de los periódicos del PCC, señala a diario que no inclinarse por Huawei provocaría daños severos en las finanzas de la nación.

En sus líneas, el diario orgánico pretende estimular fibras sensibles, algo recurrente en la cada vez más extendida “diplomacia del Wolf Warrior” que impone el régimen. En ella se muestra víctima de una creciente tendencia “anti-China”. En su última alusión a Huawei, el medio del PCC juega con ese arma: “Impulsada por una ola de sentimiento anti-China luego del fatal choque entre las tropas fronterizas de los dos países en junio, India ha impuesto una serie de restricciones y prohibiciones absolutas a las empresas e inversiones chinas”, dice el editorial.

El periódico sigue y pone en primer plano las consecuencias generadas por el COVID-19: “Bajo el impacto de la pandemia, la economía de la India se ha enfrentado a grandes dificultades, y el boicot irracional a las aplicaciones e inversiones chinas solo ha empeorado su economía. En la actualidad, reparar las relaciones entre China e India y corregir las desviaciones anteriores es lo que más necesita la India”.

Pero Nueva Delhi no es el único gobierno en Asia que está en vías de bloquear a la compañía paraestatal china para su tendido. El de Japón también lo evalúa: se sumaría así a grandes potencias que no quieren ver comprometidos sus datos -de seguridad nacional y militar, pero también de sus ciudadanos-. Las grandes democracias asiáticas desconfían -con razón- del control que tendrá Beijing sobre esa información si deja sus antenas bajo el poder de Xi y su ejército.

El motivo de tal desconfianza emerge de un simple hecho que no puede ser negado ni por las empresas ni por las autoridades: las leyes chinas obligan a las compañías de capital local a aceptar a un miembro del PCC en su directorio. Este integrante tendrá a su disposición toda la información que pretenda de los clientes de la corporación de la que forma parte. Esto rige tanto para una firma tecnológica como para una que realice dragados de ríos, administre puertos o comercialice granos de soja.

Pero Beijing cuenta con otros métodos para golpear las mesas de negociaciones cuando pretende algo. Luego de la crisis sanitaria y económica desatada como consecuencia de la pandemia por coronavirus, varios países impulsaron campañas para que se realice una investigación independiente de la administración que hizo el régimen del brote en Wuhan.

Australia fue una de ellas: en respuesta, Xi Jinping sacudió el comercio entre ambos países como primera embestida. Scott Morrison, primer ministro australiano, no dio marcha atrás y continúa en su postura. Otro detalle: tampoco aceptará que Huawei haga el tendido que comprometería sus comunicaciones confidenciales con otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

La desconfianza es sobre todo, de seguridad. Desde su génesis, Huawei está signada por su impronta militar. Su fundador, Ren Zhengfei fue miembro del Ejército Popular de Liberación (PLA) durante décadas. En 1978 se unió al Partido Comunista. En la fuerza, trabajó siempre en el área de innovación y ciencia, su gran pasión, donde se destacó hasta que cumplió su ciclo. En 1982 se radicó en la provincia de Shenzhen, cerca del mayor centro financiero de Asia, Hong Kong. Cinco años después concretaría su sueño al fundar la corporación tecnológica más importante del continente.

Pero el amor de Ren por el ejército no mutó y la colaboración fue permanente entre ambos actores. De acuerdo con una investigación hecha por Bloomberg, el acuerdo involucra investigaciones en las que participan empleados de la corporación y uniformados. “Durante la última década los trabajadores de Huawei han formado equipo con miembros de varios órganos del Ejército Popular de Liberación en al menos diez emprendimientos de investigación que abarcan desde inteligencia artificial hasta comunicaciones por radio", advierte el medio. Ese vínculo continúa imperturbable. Huawei es China. O más preciso: Huawei es el régimen chino y el Ejército chino.

En ese contexto, América Latina no escapa al complejo escenario post-coronavirus. Beijing extendió hasta esta región su “diplomacia de las mascarillas” para lavar la precaria imagen que su gobierno había cosechado por la pobre administración que hizo de la epidemia de COVID-19 cuando el mundo poco sabía sobre síntomas y consecuencias de una cepa mortal similar al SARS que estaba gestándose un año atrás en la importante provincia de Hubei. Xi Jinping prefirió silenciar a quienes advertían sobre el brote e informar tarde a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El resto es historia en desarrollo.

Como respuesta, la maquinaria productiva china se puso en movimiento y su industria de insumos médicos floreció. Ofreció elementos de protección para trabajadores de la salud de todo el mundo, mascarillas de dudosa calidad y todo cuanto pudiera hacerse para provocar una amnesia conveniente en sus detractores. Los gobiernos receptores debían agradecer al gran líder chino por su generosidad. Y pagar en efectivo, desde luego.

Sin embargo, no todo se reduce a cubrebocas N95 o trajes descartables para médicos y enfermeros. El cimbronazo, además de sanitario, fue (es) económico. Esa conmoción en los números se siente muchísimo más en aquellas naciones pobres, con instituciones débiles y gobiernos voraces, con leyes laborales pretéritas y una fuerza trabajadora informal como principal motor económico. Allí Beijing también agudiza su diplomacia.

El régimen de Xi olfatea que entre esos países necesitados de la región está la Argentina. El gobierno kirchnerista está decidido a hacer más fluida esa relación carnal. En tiempos de Tinder, pareciera ser un match perfecto para la Casa Rosada. A la entrega de soberanía en el sur patagónico -donde una base militar china instaló antenas de observación y no permite inspección alguna por parte de funcionarios argentinos-, ahora se está en vías de “yuanizar” la economía local.

Para ese dudoso beneficio -advierten los delegados del régimen- Huawei tendrá que tener un lugar de privilegio en el tendido del 5G: esa es una de las condiciones que China busca imponer en Buenos Aires. El deterioro de las finanzas argentinas es el mejor recurso que tiene Beijing para hacer pie en América Latina. Un pie a medias: en Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil podría tenerlo más difícil.

5 de Octubre de 2020

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Sábado, 03 Octubre 2020 05:33

La fractura tecnológica ya está aquí

La fractura tecnológica ya está aquí

El mundo no solo se está dividiendo por diferencias políticas, sino por un régimen de comercio internacional que no fue diseñado para un mundo de software, datos e inteligencia artificial. El conflicto entre Estados Unidos y China por la megaempresa Huawei lo confirma claramente.

 

El régimen de comercio internacional que tenemos, expresado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos, no es de este mundo. Fue diseñado para un mundo de autos, acero y productos textiles y no para uno de datos, software e inteligencia artificial. Ya está sujeto a intensas presiones por el ascenso de China y el rechazo a la hiperglobalización, y es totalmente inadecuado para enfrentar los tres grandes desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

El primero se vincula a la geopolítica y la seguridad nacional. Las tecnologías digitales permiten a potencias extranjeras infiltrarse en redes industriales, hacer ciberespionaje y manipular las redes sociales. Rusia está acusada de usar noticias falsas y manipulación de redes sociales para interferir en elecciones en Estados Unidos y otros países occidentales. En tanto, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones a la megaempresa china Huawei, por temor a que sus vínculos con el gobierno chino conviertan sus equipos de telecomunicaciones en una amenaza para la seguridad.

El segundo desafío está vinculado con la privacidad. Las plataformas de Internet pueden reunir enormes cantidades de datos sobre lo que hace la gente dentro y fuera de la red, y el uso de esa información está sujeto a regulaciones más estrictas en algunos países que en otros. En la Unión Europea, por ejemplo, las empresas que no protejan los datos de residentes del bloque se exponen a multas.

El tercer desafío es económico. Las nuevas tecnologías dan una ventaja competitiva a grandes empresas, que pueden acumular un enorme poder mundial de mercado. Las economías de escala y de gama junto a los efectos de red pueden generar situaciones monopólicas; en tanto, políticas mercantilistas y otras prácticas gubernamentales pueden llevar a que algunas empresas obtengan ventajas aparentemente injustas. Por ejemplo, gracias a la vigilancia estatal, las empresas chinas han podido acumular cantidades ingentes de datos, lo que a su vez les permitió obtener una posición dominante en el mercado mundial de tecnologías de reconocimiento facial.

Una respuesta habitual a estos desafíos es pedir más coordinación internacional y normas globales. La cooperación transnacional en regulación y defensa de la competencia debería permitir la creación de nuevos estándares y mecanismos de fiscalización; y allí donde una respuesta realmente global no sea posible (lo que puede ocurrir, por ejemplo, por las profundas divergencias que hay entre países autoritarios y democráticos en materia de privacidad) aun así las democracias pueden cooperar entre ellas y elaborar normas conjuntas.

Los beneficios de una normativa común son claros, ya que en su ausencia, prácticas como la localización de datos, las normas sobre uso de nubes locales y la discriminación en favor de empresas nacionales líderes crean ineficiencias económicas, en la medida en que segmentan los mercados nacionales. Reducen los beneficios del comercio e impiden a las empresas cosechar los beneficios de las economías de escala. Y los gobiernos están en riesgo constante de que sus regulaciones no sean eficaces frente a empresas que operan desde jurisdicciones con reglas más laxas.

Pero en un mundo donde las preferencias de los países son diferentes, la aplicación de normas internacionales (incluso cuando es viable) resulta ineficiente en un sentido más amplio. Todo orden global debe hacer equilibrio entre los beneficios del comercio internacional (que son máximos cuando las regulaciones están armonizadas) y los beneficios de la diversidad regulatoria (que son máximos cuando cada gobierno nacional es totalmente libre de hacer lo que quiera). La fragilidad manifiesta de la hiperglobalización se debe en parte a que las autoridades priorizaron las ventajas del comercio sobre los beneficios de la diversidad regulatoria, un error que no hay que repetir con las nuevas tecnologías.

De hecho, los principios que deben guiarnos en relación con esas tecnologías son los mismos que se aplican a ámbitos tradicionales. Está bien que los países definan sus propios criterios regulatorios y requisitos de seguridad nacional; y pueden hacer lo que sea necesario para defender esos criterios y la seguridad nacional, incluso aplicar restricciones al comercio y la inversión. Pero ningún país tiene derecho a internacionalizar sus criterios e imponer regulaciones a otros países.

¿Cómo se aplicarían estos principios a Huawei? El gobierno de Estados Unidos le impidió comprar empresas estadounidenses, restringió sus operaciones en Estados Unidos, inició procedimientos legales contra la gerencia superior de la empresa, presionó a gobiernos extranjeros para que no trabajen con ella y, hace poco, prohibió a las empresas estadounidenses vender chips a la cadena de suministro de Huawei en todo el mundo.

No hay muchas pruebas de que Huawei haya espiado al servicio del gobierno chino, pero eso no quiere decir que no lo haga en el futuro. Expertos occidentales que examinaron el software de Huawei no han podido desestimar esa posibilidad. No es imposible que la opacidad de las prácticas corporativas en China invisibilice vínculos entre Huawei y el gobierno de su país.

En estas circunstancias, hay motivos de seguridad nacional razonables para que Estados Unidos (o cualquier otro país) restrinja las operaciones de Huawei dentro de su territorio; y otros países (incluida China) no tienen derecho a criticar esa decisión.

Pero la prohibición de exportar componentes estadounidenses no parece tan justificable por razones de seguridad nacional como prohibir operaciones de Huawei dentro de Estados Unidos. Si las operaciones de Huawei fuera de Estados Unidos suponen riesgos para la seguridad de otros países, nadie mejor que los respectivos gobiernos para evaluarlos y decidir si corresponde impedir esas actividades.

Además, la prohibición impuesta por Estados Unidos genera graves repercusiones económicas en otros países, que incluyen importantes efectos adversos para empresas nacionales de telecomunicaciones como BT, Deutsche Telekom, Swisscom y otras, en no menos de 170 países, que usan kits y hardware de Huawei. Tal vez las más afectadas sean las naciones africanas pobres que son muy dependientes de su oferta de equipos a precios competitivos.

En síntesis, Estados Unidos tiene todo el derecho a impedir a Huawei el acceso a su mercado, pero que intente internacionalizar sus prohibiciones internas carece de legitimidad.

El caso de Huawei es preanuncio de un mundo de interacciones complejas entre la seguridad nacional, la privacidad y la economía. La gobernanza global y el multilateralismo no siempre funcionarán, por una variedad de razones. A lo sumo, podemos aspirar a que surja un mosaico regulatorio basado en normas de procedimiento claras que permitan a los países proteger sus intereses nacionales principales sin exportar sus problemas a otros. Podemos diseñar activamente ese entramado o terminar, nos guste o no, con una versión caótica, menos eficiente y más peligrosa.

Fuente: Project Syndicate

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China-UE: la alianza que puede cambiar el mundo

Las relaciones entre China y la Unión Europea serán claves en el diseño de un nuevo orden mundial no centrado en EEUU.

 

Para China una alianza estratégica con Europa, con un papel destacado de Rusia, le permitirá darle todo su sentido a la Ruta de la Seda. Para una Europa a la deriva, puede ayudarla a reposicionarse como el centro político-económico global que supo ser.

Aunque la cumbre virtual realizada el pasado 14 de septiembre, en la que participaron el presidente Xi Jinping, la canciller Ángela Merkel, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, decidió "acelerar las negociaciones sobre el acuerdo de inversiones entre China y la UE y cerrar el acuerdo durante este año", el camino está plagado de espinas.

La importancia que ambas partes concedieron a la cumbre se reflejó en la participación directa del presidente chino y de la canciller alemana, ésta porque su país ejerce la presidencia rotativa de la UE.

Ambas partes llegaron a la cumbre en medio de tensiones y dificultades. Para China la guerra comercial con EEUU, la crisis en la frontera con India, las tensiones con Taiwán y Australia, dibujan un panorama complejo, a lo que deben sumarse las diferencias que mantiene con Bruselas en asuntos económicos, políticos y diplomáticos.

La UE, por su parte, ha sido definida por un think tank europeo como "un barco a la deriva sin utensilios de navegación", por su "incapacidad total de previsión" y por la inexistencia de "los instrumentos operacionales" para resolver sus problemas a nivel interno e internacional. En efecto, la Comisión Europea tiene enormes dificultades para definir una política común ante la mayoría de los desafíos actuales.

Por el lado de China, la nota reinante es el optimismo, por lo menos en las declaraciones públicas. Global Times editorializó luego de la cumbre, que a pesar de las "diferencias ideológicas" existentes, "las dos partes continúan ampliando su cooperación e interacciones". El tono de la prensa china es que las relaciones económicas marchan muy bien, y que las diferencias se concentran en derechos humanos y "los asuntos relacionados con Xinjiang y el Tíbet, y la ley de seguridad nacional de Hong Kong".

Es evidente que Pekín busca orillar las importantes diferencias en el terreno económico, que la presidenta de la Comisión Europea, von den Leyen, destacó como un aspecto en el que "queda mucho, mucho por hacer".

Xi solicitó a la UE adherirse a la coexistencia pacífica, el multilateralismo, el diálogo y la apertura, comparando las diferencias en las relaciones entre Pekín y Bruselas con el antagonismo existente con EEUU. No obstante, la parte europea se empeñó en exigir la eliminación de las barreras a las inversiones europeas, un mayor acceso al mercado del dragón, sobre todo en áreas reservadas para las empresas chinas.

Respecto al acceso a los mercados chinos para las empresas europeas, la comisaria destacó que "no se trata de quedar a medias, se trata de reequilibrar la asimetría y de la apertura de nuestros respectivos mercados", por lo que "China tiene que convencernos de que vale la pena tener un acuerdo de inversión".

En esa dirección, South China Morning Post recordó que el lenguaje y el tono de la parte europea "continúa girando hacia una nueva era, en la que la competencia y la rivalidad están pasando a primer plano, y las áreas de asociación parecen limitadas y difíciles". La excepción, como destaca el medio, fue la canciller alemana Merkel, que se mostró confiada en que continúen los progresos en la relación bilateral.

El acuerdo de inversiones se viene negociando desde hace siete años. El trato igualitario para sus empresas que demanda la UE, está centrado en tres puntos, según Pepe Escobar:

  1. las telecomunicaciones;
  2. el mercado de automóviles que debería estar completamente abierto;
  3. la competencia desleal.

Según Europa, del acero chino por las cuantiosas subvenciones estatales.

Aunque China es un socio comercial vital para Alemania, la Federación de Industrias viene señalando que el dragón es, además de un socio, "un competidor sistémico", en particular por el papel que juega el Estado en apoyo de sus empresas. Sin embargo, Escobar estima que la principal dificultad estriba en la cuestión de los derechos humanos en Xinjiang que, a mi modo de ver, se utiliza por la UE como una forma de presión para abrir el mercado chino, al igual que el diferendo sobre Hong Kong.

La esperanza de firmar el acuerdo de inversiones antes de fin de año no parece nada sencilla, ya que las diferencias siguen siendo importantes y la UE no se va a conformar con cambios menores a la situación actual.

Por otro lado, la fuerte presión de EEUU sobre Europa en el contencioso con Huawei, así como con Alemania en torno al gasoducto Nord Stream 2, han conseguido debilitar la posición europea y abrir brechas entre sus socios. Como señala un artículo de opinión de Global Times, "la mayoría de los países europeos esperan maniobrar en la competencia entre las dos partes [China y la UE] para mejorar la influencia y la autonomía estratégica del Europa".

Llegados a este punto, creo que todas las partes tienen algo importante para perder si no se llega a un acuerdo de inversiones y a una alianza estratégica de larga duración. Menos EEUU que ganaría con una ruptura.

Para Europa, que sus empresas puedan acceder al mercado chino, además de una demanda razonable, representa una oportunidad para remontar la aguda crisis que viven sectores enteros de la industria y los servicios como consecuencia de la pandemia de coronavirus, además de las ya mencionadas dificultades que tiene la UE para proyectarse como potencia independiente en el escenario global.

Para China, el mercado europeo es vital, por dos razones. El principal proyecto estratégico chino, la Ruta de la Seda, establece un vínculo marítimo y terrestre para el intercambio comercial con el viejo continente, un mercado del que la industria del dragón no puede prescindir, por volumen y calidad de su consumo.

Además, la tecnología europea, que siempre fue apreciada y deseada por las grandes empresas y el Estado chinos, cobra una relevancia especial durante la presente guerra con EEUU, que tiene su punto nodal en las tecnologías.

Rusia también se verá beneficiada de una alianza entre a la UE y China, en parte porque secciones de la Ruta de la Seda pasan por su territorio, pero además porque empujaría a Europa cada vez más hacia el Este, poniendo distancias mayores con EEUU.

En el peor de los casos, si la alianza UE-China tropezara, el imperio decadente de Wall Street y el Pentágono tendría una sobrevida, con mejores condiciones para estirar su agonía. Todos los actores globales saben perfectamente lo que está en juego: el diseño de un orden pos-EEUU, que se acelerará después de la pandem

17:45 GMT 16.09.2020(actualizada a las 18:34 GMT 16.09.2020) URL corto

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Sábado, 05 Septiembre 2020 06:04

El retador

El retador

La creciente presencia china en América Latina

 

Mientras desplaza a Estados Unidos como la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial, China incursiona también en su “patio trasero”. No sólo se ha encumbrado como primer comprador de buena parte de los países latinoamericanos, sino que además ofrece a la región sendos acuerdos en sectores de alto valor agregado. Todo esto, mientras hace gala de un pragmatismo desconocido para su rival.

¡Sonreí, te están filmando! Si estás leyendo este artículo en algún lugar público de Montevideo, mirá a tus alrededores, pues es altamente probable que una cámara de seguridad te esté grabando. En 2008 el Ministerio del Interior uruguayo firmó un acuerdo por 12 millones de dólares con ZTE, una sociedad china de tecnología, para dotar el país de un plan de seguridad basado en infraestructuras de transmisión de datos, tecnología VoIP, cámaras en los centros públicos de la capital (el estadio Centenario, el Centro, los parques, entre otros) y los centros de detención en Canelones y Maldonado, y un sistema de reconocimiento facial en los puntos de migración. Otros acuerdos similares entre Montevideo y Beijing han sido firmados en los últimos años.

El caso uruguayo es apenas una parte de la iniciativa china de construir smart cities (ciudades inteligentes), «estrategias de planificación urbanística relacionadas con la innovación y las tecnologías de la comunicación para mejorar la vida de los ciudadanos», de acuerdo con Simone Pieranni, periodista de Il Manifesto y autor del libro  Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). «China se afirmó como uno de los proveedores mundiales de proyectos de smart cities», explicó a Brecha Pieranni, quien en 2019 visitó Terminus, una empresa china que vende soluciones para ciudades y edificios residenciales y que ya realizó 6.891 proyectos de smart cities en China, involucrando a una población de 8 millones de personas.

Terminus promete construir ciudades inteligentes con «carreteras residenciales bordeadas de una exuberante vegetación, donde las gotas del rocío se deslizan desde las hojas más altas de los árboles hasta los tejados cargados de paneles solares, y luego hasta su lugar de descanso final en la hierba», contó Pieranni. «Hay un latido del corazón, no sólo en la naturaleza circundante, sino también en las estructuras mismas. Cuando la luz del sol llega a las casas, las ventanas de los dormitorios ajustan su opacidad para permitir que la luz natural despierte a los residentes adormilados. Una vez que la luz ha llenado la habitación, un ama de casa virtual llamada Titán selecciona tu desayuno, combina tu atuendo con el clima y presenta un itinerario completo para tu día utilizando una solución de transporte inteligente. Después del desayuno, subís a tu vehículo inteligente y totalmente automatizado y comenzás tu viaje interurbano a la ciudad explorando las noticias del mercado global, ¡recomendadas por un algoritmo, por supuesto!», añadió. Pero sospecha de este mundo eficiente y sustentable: «¿Quién podrá pagar para vivir en estas ciudades? La sustentabilidad ambiental de las smart cities se alimenta de la explotación de los recursos naturales, como el litio y el cobalto para las baterías, que dejan una gran huella ambiental. Una minoría vivirá en ciudades sustentables; la gran mayoría, en lugares contaminados».

Lo cierto es que el dragón ya no es la fábrica global de copias de mala calidad. En la actualidad es el país que crea el marco tecnológico en el cual los demás tienen que conformarse. ¿Un ejemplo? En China, la aplicación Wechat, que permite hacer cualquier transacción sin usar efectivo, registró 1.200 millones de transacciones diarias en 2018.  Mark Zuckenberg, fundador de Facebook y estudiante de mandarín, observa de cerca el modelo de Wechat y en junio lanzó en Brasil un experimento para transferir plata por Whatsapp, una aplicación de su propiedad.

DE LA TIERRA A LA LUNA

Este ascenso chino a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial ha ido en detrimento de quien hasta ahora ocupaba ese rol: Estados Unidos. Y esa rivalidad no parece desenvolverse de un modo muy pacífico. Según la periodista y sinóloga de la Universidad de Venecia Giada Messetti: «En los próximos diez o 15 años se crearán dos sistemas de Internet, uno guiado por los estadounidenses y otro, por los chinos». La disputa entre China y Estados Unidos por acaparar Internet registró un nuevo capítulo el 6 de agosto, con el decreto del presidente Donald Trump que obliga a la empresa de tecnología Bytedance a vender sus acciones de la red social Tiktok en Estados Unidos, por razones, según Washington, «de seguridad nacional». Pero la gran batalla del momento es la del 5G (véase «Bajo los ojos del dragón», Brecha 26-VI-20). La avanzada china –a través de Huawei, principalmente– tiene uno de sus frentes en el mercado de usuarios de celulares de América Latina. La pregunta abierta es: ¿qué harán los gobiernos de esta región?

La presencia china en América Latina se ha fortalecido durante las últimas décadas, principalmente a través del comercio de materias primas y manufacturas. Beijing es un socio comercial de primer nivel desde hace años: ha derrocado a Europa y ha alcanzado a Estados Unidos. Si en 1998 las exportaciones chinas a América Latina representaban sólo el 3,7 por ciento de las de Estados Unidos, en 2018 pasaron a representar el 59,1 por ciento (Banco Mundial, 2020). Estos datos toman en cuenta a México, a cuya economía –organizada en torno al mercado estadounidense– Washington no tiene la menor intención de dejar escapar, como lo demuestra la cláusula contenida en el T-MEC que implica que si uno de los Estados socios firma un acuerdo comercial con un país «sin economía de mercado» –léase China–, los otros dos miembros pueden abandonar el tratado. Si nos fijamos únicamente en la balanza comercial al sur del Canal de Panamá, el bote ya se inclina a favor de Beijing: en 2018 China comerciaba con América del Sur por más de 200.000 millones de dólares y superaba a Estados Unidos. La región es la respuesta a la demanda de materias primas chinas: soja de Brasil, Argentina y Uruguay; litio y cobre de Chile; petróleo de Venezuela y Ecuador.

Pero en los últimos años el comercio sino-latinoamericano se ha extendido más allá de los productos básicos y ha incluido de forma creciente los sectores de alto valor agregado. Acuerdos de cooperación en el ámbito tecnológico y científico han permitido a Bolivia, Ecuador y Venezuela lanzar satélites espaciales y han estimulado la investigación astronómica de Chile gracias a proyectos financiados por el Centro  Sudamericano para la  Astronomía de la Academia de Ciencias de China. Hablando de estrellas, cabe mencionar la estación espacial china en Neuquén, en la Patagonia argentina, un pied-à-terre del Ejército chino en el hemisferio austral, que ha contribuido a la exploración del lado más lejano de la luna y al desarrollo de Beidou, la alternativa made in China al GPS, presentada internacionalmente a comienzos de agosto. En muchas capitales de la región –Montevideo, Santiago de Chile, La Habana, San Pablo y Buenos Aires– ya circulan buses eléctricos fabricados con capitales chinos. El año pasado el consorcio APCA Transmetro, formado por dos empresas chinas, ganó la licitación pública para construir el largamente proyectado metro de Bogotá.

RELACIONES SUR-SUR

En 2003 cuatro países del sur global –Brasil, India, China y Sudáfrica– constituyeron, junto con Rusia, el grupo BRICS, con el fin proclamado de construir un mundo multipolar. El objetivo fue parcialmente logrado con el surgimiento del foro G20 y con nuevas instituciones financieras alternativas al Fondo Monetario Internacional, como el Nuevo Banco de Desarrollo. Fue en ese marco que se profundizó la relación entre dos miembros del grupo, China y Brasil. Durante el largo ciclo de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) (2003-2016), se buscó «construir un nuevo estatus internacional para Brasil, en el marco de las relaciones sur-sur y de una mayor autonomía de Washington», dijo a Brecha Daniel Cardoso, profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa y experto en política exterior brasileña. «Se trató de un cambio estructural en la política exterior brasileña. [Luiz Inácio] Lula da Silva fue el primero en apostar por una relación estratégica con los países del sur del mundo durante la postdictadura», agregó.

En ese camino, Lula encontró en China un socio de primer nivel, con el que compartía un discurso en materia de política económica alternativo al neoliberal: para resultar ganadores en la globalización, ambos consideraban crucial la participación del Estado en la economía. Entre 2000 y 2011 el comercio bilateral sino-brasileño creció 3.200 por ciento y llegó a totalizar 78.000 millones de dólares en 2014. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, en 2001, se acompañó con una estrategia de la industria brasileña de aumento de sus exportaciones de minerales, combustibles y productos agrícolas a Beijing. En 2012 las relaciones políticas entre ambos países se elevaron al nivel de asociación estratégica global. Según nos explicó Cardoso, la relación se basó en la interdependencia de ambas economías (China es el primer socio comercial de Brasil), los objetivos compartidos (la reforma del esquema de gobernanza global) y los cambios en la estructura política internacional (la aparición del BRICS y su estrategia para un mundo multipolar).

La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia cambió las prioridades de Brasil. China sigue siendo un socio imprescindible, sobre todo en cuanto al comercio y la inversión extranjera. En la campaña electoral de 2018, Bolsonaro atacó a China en varias ocasiones y llegó a afirmar que el gigante asiático compraba Brasil y no a Brasil. Una vez elegido presidente, el excapitán tuvo, sin embargo, que moderar sus acusaciones de colonialismo. Pero, aunque la relación económica bilateral no está en discusión, se puede observar un efecto Bolsonaro en el ámbito político. El Brasil actual apuesta a acceder al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –el club de los países más desarrollados– y reorientar su política exterior hacia Washington. Al menos formalmente, Bolsonaro cuida la relación con el BRICS. Sin embargo, «las discusiones en la última cumbre fueron más superficiales, especialmente en temas de seguridad, por temor a que Brasil filtre información sensible de Estados Unidos. Estas señales de desconfianza amenazan la fuerza del BRICS como actor político. Bolsonaro tiene una relación con Beijing que no es política, sino económica. Ya no hay estrategias compartidas, como en la época del PT», concluyó Cardoso.

CRÉDITO Y TECNOLOGÍA POR PETRÓLEO

En Venezuela, China juega un papel protagónico y toca un nervio sensible de Estados Unidos, cuyos intentos de derrocar a Nicolás Maduro se han estancado. Beijing apoya al gobierno en funciones, pero lo hace desde una posición pragmática más que ideológica. Las relaciones sino-venezolanas se basan en un elemento fundamental: el petróleo. El vínculo se consolidó durante las presidencias de Hugo Chávez (1999-2013), cuando Venezuela fue el primer país de la región en suscribir un pacto estratégico de desarrollo con Beijing. En 2001, para celebrar la firma del pacto en el Palacio de Miraflores, el presidente chino, Jiang Zemin, y Chávez cantaron, junto con Julio Iglesias, el bolero «Solamente una vez». La inversión china en Venezuela –la más alta de la región– se caracteriza por el crecimiento de su mano de obra en ese país: en 2013 había 400 mil chinos en Venezuela. La cooperación entre ZTE y empresas venezolanas permitió la creación, en 2009, de Vergatario, el primer teléfono celular desarrollado en el país caribeño y, en 2016, la del llamado carnet de la patria, un documento tecnológico de identidad que permite acceder a servicios públicos y ayudas del Estado, al tiempo que abastece una base de datos nacional.

El desarrollo del carnet venezolano estuvo inspirado en el más complejo y ambicioso sistema de puntuación social con el que China experimenta desde 2018, que apunta a establecer un registro digital unificado de todos sus ciudadanos, lo que le permite al gobierno hacerles un seguimiento en tiempo real y evaluarlos de acuerdo a su «confiabilidad». El sistema, aún en la etapa de prueba, ha sido criticado por Human Rights Watch y varios gobiernos occidentales. También en una línea crítica, Giorgio Cuscito, editor de la revista italiana de geopolítica Limes, afirmó que, a través de acuerdos como los firmados por ZTE con Venezuela, Beijing busca testear su tecnología de monitoreo de la población más allá de sus fronteras nacionales (Limes, 16-IV-19).

En 2007, en tanto, nació el fondo conjunto China-Venezuela, basado en la emisión de crédito a cambio de petróleo y construcción de infraestructura. Por ese medio Venezuela recibió 67.200 millones de dólares. Hasta el momento, sólo ha devuelto la mitad, lo que explica la preocupación de Beijing por la inestabilidad venezolana, que podría volverse una trampa crediticia. China también ha garantizado cuantiosos préstamos a otros países de la región, que han superado los del Banco Mundial y los del Banco Interamericano de Desarrollo, a menudo reembolsados con materias primas, como en el caso de Ecuador y sus envíos de petróleo al dragón.

PARANOIA VS. PRAGMATISMO

En el largo plazo, la posición china en Venezuela puede contrapesar los intereses de Estados Unidos en Asia, así que las relaciones con Caracas tienen un valor no solamente económico, sino también geopolítico en el juego de ajedrez entre Washington y Beijing. El caso muestra, además, las diferencias entre China y Estados Unidos en su relacionamiento con América Latina. Según la doctrina Monroe, América Latina es el patio trasero de Washington, una zona de influencia exclusiva donde no se acepta la interferencia de otras potencias globales. Esto se ha traducido históricamente en una postura paranoica con respecto a la región, una fuente constante de preocupación, por la que se han justificado intervenciones directas –como las decenas de invasiones a México, Centroamérica y el Caribe–, embargos, planes de desestabilización y apoyo a golpes de Estado, y esquemas represivos –como el Plan Cóndor–. En los últimos tiempos, sin embargo, Estados Unidos no ha tenido una agenda política clara y específica para la región. El último intento, la apertura de Barack Obama a Cuba, fue bloqueado por Trump.

China, en cambio, tiene una postura mucho más pragmática con respecto a América Latina: se relaciona con comodidad tanto con el gobierno bolivariano de Caracas como con el neoliberal chileno. No se entromete en asuntos de política interna. Sin embargo, también busca el consenso popular. Así como Hollywood sirvió para difundir los mitos estadounidenses durante la Guerra Fría, el soft power chino quiere usar el fútbol para presentar una imagen positiva del país en el mundo. Mientras a clubes de Europa –como el Inter de Milán y el Atlético de Madrid– llegan nuevos propietarios chinos, en las camisetas de la selección de Panamá, Alianza Lima y Club América se destaca el logo de Huawei. China tiene como principal objetivo en este terreno celebrar el Mundial 2030, el del centenario, en el celeste imperio.

Por Federico Nastasi

4 septiembre, 2020

Publicado enEconomía
Sábado, 05 Septiembre 2020 05:42

El gasoducto incómodo

Un tramo del Nord Stream 2 durante su construcción en Lubmin en marzo del 2019: cada tramo de tubería mide 12 metros (TOBIAS SCHWARZ / AFP)

La dureza alemana con Rusia por el caso Navalni choca con su economía

 

Pronunciar frases contundentes suele resultar más sencillo que materializar su tránsito hacia actos concretos, y en ese incómodo escenario se encuentra Alemania desde que el miércoles su canciller, Angela Merkel, exigió al Gobierno ruso respuestas sobre el envenenamiento del opositor Alexéi Navalni, hospitalizado en Berlín. Ese día, el Ejecutivo notificó que un laboratorio militar alemán había hallado “pruebas inequívocas” de que Navalni fue envenenado con el agente neurotóxico Novichok. Merkel anunció que, con los socios de la UE y los aliados de la OTAN, su país buscaría una “respuesta común adecuada”.

En contraste con la dureza de esta iniciativa política de condena alemana a Rusia, en el mar Báltico se está ultimando la construcción del gran proyecto ruso-alemán Nord Stream 2, un gigantesco gasoducto que enviará más gas natural de Rusia a Alemania. En la localidad costera de Lubmin existe ya desde el 2012 una conexión gasística germano-rusa, el Nord Stream 1, y cuando el segundo gasoducto esté terminado, sumando ambos el gigante energético estatal ruso Gazprom podrá inyectar 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año en el mercado europeo.

Ahora, partidos de la oposición como Alianza 90/los Verdes y el centrista FDP, pero también algunos dirigentes de los partidos de la coalición de Gobierno (conservadores y socialdemócratas), presionan a Merkel para que dé carpetazo al gasoducto como respuesta a Moscú por el caso Nalvani. “Este abierto intento de asesinato a través de estructuras de tipo mafioso del Kremlin no sólo debería preocuparnos, sino que necesita tener consecuencias reales”, dijo Karin Göring-Eckardt, cojefa del grupo parlamentario ecologista. “Tras el envenenamiento de Navalni necesitamos una respuesta europea fuerte, que Putin entienda; la UE debería decidir de modo conjunto parar el Nord Stream 2”, tuiteó el democristiano Norbert Röttgen, presidente del comité de Asuntos Exteriores del Bundestag y uno de los aspirantes a liderar el partido.

Otra cuestión es que lo que reclaman sea factible. “Toda la actual discusión política sobre el Nord Stream 2 no es realista si de lo que se habla es de pararlo, porque hay demasiadas empresas europeas en el consorcio y el gasoducto está casi terminado –sostiene Carlo Masala, catedrático de Política Internacional de la Universidad de la Bundeswehr (ejército) en Munich–. Pero no se puede descartar que haya una moratoria temporal”.

El proyecto Nord Stream 2 supone unos 8.400 millones de euros financiados por un consorcio liderado por Gazprom que incluye a cinco empresas europeas: las alemanas Uniper /E.ON y Wintershall (filial de BASF), la anglo-neerlandesa Shell, la austriaca OMV y la francesa Engie. Los rusos desembolsan la mitad de esta cantidad, y el resto a razón de unos 950 millones cada uno. Y en efecto, el nuevo gasoducto de doble tubería (también el Nord Stream 1 es doble) está casi acabado; quedan apenas 150 kilómetros de tuberías de acero recubierto de hormigón por colocar en el fondo marino. Cuando esté listo, serán en total 1.230 kilómetros de conexión bajo el agua entre la bahía de Narva, en el oblast de Leningrado, y Lubmin, en la costa alemana del Báltico.

Si el gasoducto genera división en la propia Alemania, en muchos países es visto hace tiempo como una muestra de cooperación selectiva con Rusia en aras del beneficio económico. Para más inri, preside el consejo de administración de Nord Stream –y de la petrolera rusa Rosneft– el excanciller socialdemócrata Gerhard Schröder, fichado para tal fin por el propio presidente ruso, Vladímir Putin, de quien el alemán se declara gran amigo.

El calado geopolítico del monumental proyecto se aprecia en la inquietud que genera en los países del Este, sobre todo Polonia, y en los recelos que despierta también en la Europa occidental. Al tiempo, el gasoducto báltico emerge como una herramienta de Putin para aislar a Ucrania, tradicional país de tránsito de gas ruso hacia Europa.

De hecho, desde la anexión de Crimea por Putin en marzo del 2014 y el conflicto en el este ucraniano (Donbás) con rebeldes prorrusos apoyados por Moscú, las relaciones germano-rusas han estado sometidas a gran tensión. Alemania fue uno de los principales impulsores de la política de sanciones de la UE, y Merkel ha respaldado siempre esta estrategia de contención.

Pero la realidad al completo es más poliédrica. “La política exterior alemana, así como las empresas y la sociedad civil, a menudo se ven a sí mismas como un puente entre Occidente y Rusia, y mantienen una amplia gama de contactos, o actúan como intermediarios”, explica la politóloga Sarah Pagung, especialista en relaciones germano-rusas del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP), un instituto independiente de investigación en Berlín. Sin embargo, alerta Pagung, “este enfoque está dando paso cada vez más a una política de crítica y, a veces, de confrontación”.

Y el caso Navalni ha zarandeado los equilibrios. La presencia en el organismo del opositor envenenado del agente nervioso Novichok, desarrollado en los años setenta del siglo pasado por la entonces Unión Soviética, “no prueba la participación de actores estatales rusos, pero es un fuerte indicador”, dice Sarah Pagung. Según la politóloga, “ahora el Gobierno alemán tendrá que dar continuidad con hechos concretos a su fuerte reacción verbal, si no quiere volverse inverosímil”.

Cortar el Nord Stream 2 sería una acción extrema, y “en vista de que el gasoducto está ya completo en más del 90%, y las cinco empresas europeas participantes, entre ellas dos empresas alemanas, han invertido 5.000 millones de euros, es bastante improbable una salida alemana del proyecto”, dice Pagung. Ella ve más probable que el Gobierno alemán opte por otro tipo de conductas, como congelación de cuentas bancarias o restricciones a los viajes.

“Nuestra opinión es que el Nord Stream 2 debe ser terminado; no creo que sea apropiado relacionar este proyecto operado por empresas con la cuestión de Navalni”, sentenció el pasado 28 de agosto la canciller Merkel en su tradicional rueda de prensa de verano. Para entonces, el opositor ruso llevaba casi una semana ingresado en coma en el hospital berlinés Charité.

El politólogo Carlo Masala recuerda que “en realidad en el Gobierno federal están casi todos en contra del proyecto, y sólo la Cancillería y el Ministerio de Economía se aferran a él”. Masala llama a fijarse en el respaldo al Nord Stream 2 de la socialdemócrata Manuela Schwesig, presidenta de Mecklemburgo-Antepomerania. En ese land con costa báltica se halla el punto de llegada a Alemania del gasoducto.

María-Paz López, Berlín. Corresponsal

05/09/2020 00:52| Actualizado a 05/09/2020 02:17

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México se coloca como el mayor socio comercial de EU

El valor total del comercio entre México y Estados Unidos ascendió a más de 290 mil millones de dólares entre enero y julio, con lo que México se situó como el primer socio comercial de dicho país, informó la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en la red social Twitter.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el periodo referido, el comercio entre México y Estados Unidos fue de 290 mil 600 millones de dólares, lo que representó 14 por ciento de las transacciones de comercio exterior de Estados Unidos.

Enseguida se colocó Canadá, cuyas operaciones comerciales con Estados Unidos fueron por 288 mil 500 millones de dólares, 13.9 por ciento del total.

En el tercer sitio se ubicó la relación comercial con China, la cual totalizó 280 mil 400 millones de dólares, equivalente a 13.5 por ciento.

Para el mes de julio, las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 29 mil 87 millones de dólares, mientras las importaciones fueron por 18 mil 448 millones de dólares, lo que significó un superávit histórico de 10 mil 639 millones de dólares.

Déficit de EU en su nivel más alto desde 2008

En tanto, el déficit comercial de Estados Unidos aumentó en julio a su nivel más alto desde 2008 ante un incremento récord en las importaciones, lo que sugiere que el comercio podría ser un lastre para el crecimiento económico en el tercer trimestre.

De acuerdo con el Departamento de Comercio, la brecha comercial se amplió 18.9 por ciento a 63 mil 600 millones. Economistas consultados por Reuters habían previsto un déficit de 58 mil millones de dólares.

Las exportaciones subieron 8.1 por ciento a 168 mil 100 millones y las importaciones aumentaron 10.9 por ciento a 231 mil 700 millones.

Pese a que el comercio ha retomado fuerza “sigue por debajo de los niveles de antes de la pandemia, lo que refleja el impacto continuo del Covid-19, en la medida que muchos negocios continúan operando de forma limitada o cerraron completamente y el movimiento de viajeros transfronterizos sigue restringido”, indicó el Departamento de Comercio.

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magen: AFP

Facebook, Microsoft y Amazon, más ricos

 

Los 12 multimillonarios más relevantes de Wall Street, entre los que figuran los fundadores de Amazon, Microsoft y Facebook -Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg respectivamente-, alcanzaron por primera vez en la historia una riqueza combinada de 13 cifras, es decir, más de un billón de dólares de patrimonio y un 40 % más que cuando comenzó el coronavirus.

Según una investigación del Institute for Policy Studies (IPS)  un "think tank"progresista con sede en Washington, el pasado 13 de agosto los 12 magnates más ricos alcanzaron una riqueza total de 1,01 billones de dólares.

"Esto es simplemente demasiado poder económico y político en manos de 12 personas, así como un hito inquietante en la historia de la concentración de riqueza y poder en Estados Unidos. Desde el punto de vista de una sociedad democrática, esto representa un grupo de doce oligarcas o una docena de déspotas", opinó el "think tank".

Bezos quedó en primer lugar, con una fortuna de más de 195 mil millones de dólares; seguido de Gates, con 121.000 millones; Zuckerberg, 99.500 millones; el fundador de Berkshire Hathaway, Warren Buffet, con 80.000 millones; el de Tesla, Elon Musk, con 73.000 millones; el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, con 71.000 millones; el fundador de Oracle, Larry Ellison, con 67.400 millones; y los ideólogos de Google, Larry Page y Sergey Brin, con 67.400 y 65.600 millones respectivamente.

Desde el 18 de marzo, fecha aproximada del inicio de la pandemia en Estados Unidos, estos "oligarcas" han visto cómo su fortuna combinada aumentaba en unos 283.000 millones de dólares.

El que más creció fue Musk, cuya firma tuvo un fulgurante ascenso en Wall Street en el último año y, especialmente, tras el "crash" bursátil del mercado que se produjo entre marzo y abril. Este año, Tesla se revalorizó un 351 %. 

Según cálculos del IPS, la fortuna de Musk pasó de estar valorada en 24.600 millones de dólares en marzo a unos 73.000 millones en agosto, un aumento del 197 %.

Le sigue Bezos, que consiguió aumentar su riqueza un 68 % y que este año se embolsó unos 7.200 millones de dólares en efectivo tras llevar a cabo dos ventas masivas de acciones de su compañía, o Zuckerberg, cuyo patrimonio se revalorizó un 75 %.

El único de los 12 miembros de la lista que no pudo aumentar su riqueza es Warren Buffett, que se encuentra 2.000 millones de dólares por debajo de su fortuna de 2019.

A juicio del "think tank", la filantropía que practican muchos de estos multimillonarios "no es la respuesta" porque se ha convertido "en otra extensión del poder y de los intereses privados".

El Instituto pone de ejemplo la iniciativa "Giving Pledge", iniciada por Buffet y Gates y que consistía en donar la mitad de la riqueza antes de su muerte. Sin embargo, desde que comenzó la iniciativa hace 10 años, la riqueza combinada de los participantes, entre los que también se encuentran Zuckerberg, Ellison y Musk, se duplicó.

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Las razones del acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel

El triunfo del statu quo

 

Ambos países ya poseen importantes contactos de inteligencia y un considerable comercio de armamento. La verdadera explicación del acuerdo, que dejó de lado a los palestinos, hay que buscarla en la preocupación conjunta frente a los nuevos polos de poder regional: Irán y el eje Turquía-Qatar.

 

El lenguaje empleado en el comunicado del Likud –el partido gobernante israelí– para saludar el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel con el fin de establecer plenas relaciones diplomáticas lo decía todo: el arreglo es «paz por paz» y «el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue comprometido con Eretz Israel». La noción «paz por paz» era un tiro por elevación contra las fórmulas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el campo de la paz israelí plasmadas en la resolución 242, la cual insta al estado hebreo a abandonar los territorios conquistados durante la guerra de los Seis Días de 1967 y, a cambio de dicha retirada, conseguir una paz duradera con sus vecinos. En cuanto a «Eretz Israel», el mismo es toda una declaración de principios territoriales del primer ministro israelí y su partido. Significa «Tierra de Israel» y se refiere a la actual extensión del Estado de Israel junto al territorio de Cisjordania (por lo menos).

La declaración del Likud –que ha dominado la escena política del estado por 32 de los últimos 43 años– no es nueva y replica su propia plataforma electoral de 1999 (vigente y nunca alterada): «El Gobierno de Israel rechaza rotundamente el establecimiento de un estado árabe palestino al oeste del río Jordán», «las comunidades judías de Judea, Samaria [el nombre bíblico con el que los judíos se refieren a Cisjordania] y Gaza son la realización de los valores sionistas» y «el asentamiento es una expresión clara del derecho inexpugnable del pueblo judío a la ‘Tierra de Israel’».

El jueves 13 de agosto Israel y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un arreglo negociado por Washington para normalizar las relaciones entre los dos países. No es un tratado de paz como los firmados por Israel con Egipto en 1979 y con Jordania en 1994 –dos países con los cuales los israelíes tuvieron importantes conflictos bélicos– ni tiene su pasada significancia. El acuerdo con Egipto puso fin a una disputa bélica con el ejército más poderoso y grande del mundo árabe y el firmado con Jordania terminó con la preocupación israelí sobre la defensa de su límite más extenso y poroso.

Lo que ahora consiguió realmente Israel con el «Acuerdo Abraham» es una hoja de ruta para normalizar lazos con un Estado del golfo con el que nunca vivió una conflagración y con el que ya posee importantes contactos de inteligencia además de un considerable comercio de armamento y productos de seguridad que asciende a los mil millones de dólares por año. En pocas palabras: ambos pusieron arriba de la mesa lo que ya venía sucediendo debajo de ella.

El argumento público esgrimido por los emiratíes para negociar con Israel es que el acuerdo logró comprometer a este último a suspender (no cancelar) los anunciados planes de anexión de parte de Cisjordania. Lo cierto es que la cuestión de la anexión (que nunca se materializó tanto por la ambivalencia estadunidense como por las propias dudas de Netanyahu) es la excusa perfecta para que Emiratos Árabes Unidos se atreva a tomar una decisión pendiente desde hace tiempo. Asimismo, Donald Trump se anota un importante triunfo diplomático –previo a las elecciones presidenciales de noviembre– como no tuvo otro en sus cuatro años de gestión. Y por último, pero no por eso menos importante, Netanyahu consigue, en un complicado contexto interno, lo que no logró ningún líder israelí antes que él: reconocimiento árabe sin que la cuestión palestina esté en el tablero de negociación (en el acuerdo con Egipto se contemplaba una «autonomía» palestina y el firmado con Jordania vinculaba diferentes artículos del tratado al proceso de paz israelí-palestino).

La verdadera explicación del por qué del acuerdo hay que buscarla en la preocupación conjunta de emiratíes e israelíes ante nuevos polos de poder regional: Irán y el eje Turquía-Qatar. Del Irán chiíta les preocupa su avance sobre Medio Oriente y de Turquía-Qatar la activa promoción del islamismo político junto a sus intervenciones en la región. Es pertinente recordar que luego de la Primavera Árabe de 2011 se articularon dos claros bandos como consecuencia de los levantamientos ciudadanos: Turquía y Qatar, que consideraron que se venía un cambio inexorable hacia el islamismo que era mejor tratar de conducir que repeler; y Emiratos Árabes y Arabia Saudita que vieron a ese movimiento como un hecho desestabilizador para la región y sus sistemas de gobierno. Estos últimos no solo creyeron que el mundo árabe no estaba preparado para una democracia que pavimentaría el acceso al poder de los islamistas, sino también reafirmaron su idea de que los dictadores locales (dispuestos a usar todo su poder represivo) eran la última línea de defensa para detener al islamismo y la inestabilidad en la zona.

El importante apoyo emiratí al golpe de estado en Egipto en 2013 contra el gobierno democrático de la Hermandad Musulmana fue la primera acción de una disputa que se extiende hasta hoy y que incluyó tanto la intervención en Yemen en 2015 como el bloqueo contra Qatar en 2017. Un claro ejemplo de esta disputa se pudo observar cuando el viernes pasado el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció que estaba considerando retirar su embajador de Emiratos Árabes Unidos por el arreglo con Israel. Lo que pareció no recordar el mandamás de Turquía –a pesar de que los contactos con los israelíes vienen deteriorándose desde la guerra en Gaza de 2009 y el incidente naval con el Navi Narmara un año después– es que su país fue el primero de la región en reconocer al estado judío y que aún hoy conserva con él relaciones comerciales y diplomáticas.

Detrás de toda la movida en Emiratos Árabes Unidos está la mente del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed, quien maneja todos los hilos en la actual confederación de los antiguos Estados Truciales. Los numerosos oficiales estadunidenses que han cultivado una importante relación de confianza con MBZ (como se lo conoce a Bin Zayed) lo consideran el verdadero estratega detrás del bloque de las monarquías árabes del Golfo que integra junto al príncipe heredero saudí, el mediático Mohammed Bin Salman.

MBZ es también el responsable de haber reformado de raíz las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con una poderosísima fuerza aérea. Incluso MBZ se atrevió a dar una demostración de su audacia cuando rompió el embargo armamentístico de la ONU sobre Libia para empezar a armar militarmente al general Khalifa Haftar (un mini Gadafi en proceso) en su cruzada contra el gobierno islamista reconocido por la comunidad internacional. A la vez, también dio sobradas muestras de su independencia al desestimar todos los pedidos estadounidenses de poner fin a su conflicto con Qatar, territorio donde se encuentra la más importante base aérea de Estados Unidos en la zona.

Mientras «Bibi» Netanyahu consigue escapar de una anexión de la que nunca estuvo muy convencido –la cual podía perjudicar a Israel más que beneficiarlo– y Abu Dabi logra conformar un bloque de poder de cara a un posible cambio en la administración estadounidense, los que volvieron a ser olvidados son los palestinos. En ninguna parte del arreglo figura referencia alguna al establecimiento de un Estado palestino o a la no construcción de asentamientos en territorio palestino en el marco de una ocupación cuestionada por la amplia mayoría de la comunidad internacional.

Emiratos Árabes Unidos simplemente premió y normalizó el statu quo israelí. Precisamente, el statu quo siempre ha sido la opción preferida por las fuerzas políticas de Israel. Sus ventajas siempre han estado claras: no es necesario retirarse o anexar Cisjordania sino mantener la situación actual bajo la cual una población judía privilegiada vive entre una mayoría palestina sin derechos civiles.

En este marco, sostener el statu quo es probablemente la opción más racional para los israelíes: los que sufren como resultado de la ocupación son los palestinos (y hasta son ellos mismos los que realizan la mayor parte del trabajo policial en Cisjordania, al mismo tiempo que diversos países extranjeros asumen la carga económica de la ocupación). Asimismo, año a año, Israel mejora su posición en el mundo y la región sin necesidad de lograr una solución al conflicto territorial con los palestinos o realizar concesiones: en 2017, Trump premió a los israelíes con el establecimiento de la embajada estadounidense en la disputada Jerusalén y hoy un rico país del Golfo establece relaciones con ellos solo por abstenerse temporalmente de cometer otra violación al derecho internacional.

Mucho se ha escrito estos días argumentando que al «mundo árabe» ya no le importa el futuro de los palestinos, pero esta subestimación contiene un error de raíz: el «mundo árabe» no se compone solo de los dictadores que lo controlan a base de mano dura y represión. La única solución a largo plazo para que Israel reclame su lugar en un Medio Oriente siempre convulsionado –que seguro nos traerá más de una sorpresa en el futuro– es lograr la aceptación de las poblaciones locales. Un propósito imposible si los palestinos no consiguen su autodeterminación.

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La COVID-19 podría cambiar totalmente la geopolítica

O cambia todo (o no cambia nada)

No confío en Vd.

No se lo tome como algo personal. No me importa que sea amigo o extraño. No me importa su identidad o su ideología política, dónde trabaja ni si trabaja, si usa mascarilla o lleva pistola.

No confío en Vd. porque es, de momento, un posible portador de un virus mortal. ¿No tiene ningún síntoma? Quizás sea un superpropagador asintomático. Aunque me muestre los resultados negativos de su prueba, seguiré teniendo dudas. No tengo ni idea de lo que ha estado haciendo desde que le tomaron la muestra y recibió los resultados. Además, ¿podemos confiar de verdad en que la prueba es precisa?

Francamente, Vd. no debería confiar en mí por las mismas razones. Ni siquiera estoy seguro de poder confiar en mí mismo. ¿Acaso no me toqué la cara en el supermercado después de palpar los aguacates?

Estoy aprendiendo a vivir con esta desconfianza. Me mantengo alejado de otras personas. Estoy usando mascarilla. Me estoy lavando las manos. No estoy acudiendo a los bares.

Sin embargo, no estoy seguro de que la sociedad pueda vivir con este nivel de cosas. Afrontemos la realidad: la confianza hace girar el mundo. Las protestas estallan cuando se viola nuestra fe en las personas o en las instituciones: cuando no podemos confiar en la policía (#BlackLivesMatter), cuando no podemos confiar en los colegas varones (#MeToo), cuando no podemos confiar en que el sistema económico actúe con un mínimo de justicia (#OccupyWallStreet), o cuando no podemos confiar en que nuestro gobierno haga algo correctamente (#notmypresident).

Todo esto arroja ahora un asesino silencioso y oculto en esta mezcla combustible de desconfianza, ira y consternación. Es suficiente para desgarrar un país, para lanzar un vecino contra otro vecino y a un gobernador contra otro gobernador, para precipitar una guerra civil entre enmascarados y desenmascarados.

Esos problemas solo se multiplican a nivel global donde la desconfianza impregna ya el sistema: conflictos militares, guerras comerciales, luchas contra la migración y la corrupción. Por supuesto, también ha habido suficiente confianza para mantener en marcha la economía global, las negociaciones de los diplomáticos, el funcionamiento de las organizaciones internacionales, evitando así que el planeta se salga de control. Pero la pandemia puede sacar de su eje todo ese mundo conocido.

Soy muy consciente del debate en curso entre las facciones del “no mucho” y “todo”. Una vez que una vacuna lo elimine de nuestro sistema, el coronavirus podría no tener un efecto duradero en nuestro mundo. Incluso sin vacuna, las personas no pueden esperar para volver a la vida normal saltando a las piscinas, yendo al cine, asistiendo a fiestas, incluso en Estados Unidos, donde los casos continúan aumentando de forma espectacular. La epidemia de gripe de 1918-1919, que se cree mató al menos a 50 millones de personas, no cambió fundamentalmente la vida cotidiana, aparte de impulsar la medicina alternativa y socializada. Esa gripe salió de nuestra mente hacia la historia y, por supuesto, igual podría ocurrir con la COVID-19.

O bien, al igual que la peste negra en el siglo XIV separó el mundo medieval de todo lo que siguió, esta pandemia podría trazar un antes y un después en nuestra historia. Imaginemos que este nuevo virus sigue circulando y volviendo a circular, que nadie adquiere inmunidad permanente, que se convierte en una nueva y desagradable adición a la estación fría, excepto que solo mata a un par de personas de cada cien que lo contraen. Esta nueva normalidad sería ciertamente mejor que si el virus del Ébola, con una tasa de mortalidad del 50% si no se trata, se convirtiera en un riesgo perenne en todas partes. Pero incluso con una tasa de mortalidad de un dígito bajo, la COVID-19 lo cambiaría necesariamente todo.

Los medios de comunicación están llenos de especulaciones sobre cómo será el futuro con una pandemia periódica. El fin del teatro y de los deportes de espectadores. La institucionalización del aprendizaje a distancia. La muerte de oficinas y locales comerciales.

Pero echemos un vistazo un poco más allá, a un panorama más amplio. Consideremos por un momento el impacto de esta nueva potente desconfianza en las relaciones internacionales.

El futuro del Estado-nación

Digamos que vive en un país donde el gobierno respondió de manera rápida y competente ante la COVID-19. Supongamos que su gobierno estableció un sistema confiable de pruebas, rastreo de contactos y cuarentena. O que cerró la economía por un período doloroso pero corto, o que su sistema de pruebas fue tan bueno que ni siquiera necesitó cerrar del todo. En este momento, su vida estará volviendo a una apariencia de normalidad.

Es afortunado.

El resto de nosotros vivimos en Estados Unidos. O en Brasil. O en Rusia. O e la India. En estos países los gobiernos han demostrado ser incapaces de cumplir la función más importante del Estado: proteger la vida de sus ciudadanos. Si bien la mayor parte de Europa y gran parte de Asia oriental han suprimido la pandemia lo suficiente como para poder poner en marcha sus economías, la COVID-19 continúa fuera de control en aquellas partes del mundo que, miren qué coincidencia, también están dirigidas por electos autócratas de derechas.

En estos países dirigidos por incompetentes, los ciudadanos tienen muy buenas razones para desconfiar de sus gobiernos. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración Trump hizo una chapuza en la cuestión de las pruebas, fracasó a la hora de coordinar los cerramientos, eliminó la supervisión de los rescates financieros y presionó para reabrir la economía a pesar de las objeciones de los expertos en salud pública. En la última señal de demencia precoz de la administración Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, declaró este mes que “la ciencia no debería interponerse” en la reapertura de las escuelas en otoño.

Los votantes, por supuesto, podrían expulsar a Trump en noviembre y, suponiendo que realmente abandone la Casa Blanca, recuperar cierta cordura en los asuntos públicos. Pero la pandemia está contribuyendo a erosionar de forma abrumadora la confianza en las instituciones nacionales. Incluso antes de que el virus atacara, en su Barómetro de Confianza 2018, la firma de relaciones públicas Edelman registró una caída sin precedentes en la confianza pública relacionada con… ¿qué más?… la elección de Trump. “El colapso de la confianza en Estados Unidos se debe a una espectacular falta de fe en el gobierno, que cayó 14 puntos, al 33%, entre la población en general”, señaló el informe. «Las instituciones restantes de negocios, medios de comunicación y ONG también experimentaron caídas de 10 a 20 puntos”.

Y no le sorprenderá saber que la situación no había mostrado signos de mejora para 2020, con los ciudadanos estadounidenses desconfiando aún más en las instituciones de su país que sus homólogos en Brasil, Italia o la India.

Esa pérdida institucional de fe refleja una tendencia a más largo plazo. Según la última encuesta Gallup, solo el 11% de los estadounidenses confía ahora en el Congreso, el 23% en las grandes empresas y los periódicos, el 24% en el sistema de justicia penal, el 29% en el sistema de escuelas públicas, el 36% en el sistema médico y el 38% en la presidencia. La única institución en la que confía una mayoría significativa de los estadounidenses -consideren esto una ironía, dadas las interminables guerras de Estados Unidos en el siglo XXI- es en el ejército (73%). La parte verdaderamente aterradora es que esas cifras se han mantenido constantes, con pequeñas variaciones, con dos administraciones muy diferentes durante la última década.

¿Hasta dónde deba caer el índice de confianza de un país antes de que deje de ser un país? Los comentaristas ya se han pasado diez años discutiendo la polarización del electorado estadounidense. Se ha derramado mucha tinta sobre el impacto de las redes sociales en la creación de cámaras de resonancia política. Han pasado 25 años desde que el politólogo Robert Putnam observó que los estadounidenses estaban “jugando a los bolos en solitario” (es decir, ya no participaban en actividades grupales o asuntos comunitarios como lo hicieron las generaciones anteriores).

El coronavirus ha demostrado, por lo general, ser un importante multiplicador de la fuerza de esas tendencias al hacer que las reuniones espontáneas de personas de mentalidad diferente sean cada vez menos probables. Sospecho que soy alguien típico. Evito a los peatones, ciclistas y otros corredores cuando salgo a correr. No voy a las cafeterías. No me pongo a hablar con personas en la fila del supermercado. Claro, estoy mucho tiempo metido en Zoom, pero casi siempre es con personas que ya conozco y con las que estoy de acuerdo.

En estas circunstancias, ¿cómo superaremos las enormes brechas de percepción ahora evidentes en este país para lograr lo que constituyen los entendimientos básicos más profundos que requiere un Estado-nación? ¿Perderán los estadounidenses la fe por completo en las elecciones, los periódicos, los hospitales y el transporte público, dejando así totalmente de ser ciudadanos?

La confianza es el combustible que hace funcionar esas instituciones. Y parece que perdimos el pico de la confianza hace mucho tiempo y que podríamos estar en un trineo de la COVID-19 yendo cuesta abajo a toda velocidad.

La globalización se desmorona

La economía global también se basa en la confianza: en las transacciones financieras, en la seguridad de las condiciones del lugar de trabajo, en el transporte de mercancías a larga distancia y en las expectativas del consumidor de que el producto comprado cumpla lo que anuncia.

Para causar el colapso en la línea de ensamblaje global, la COVID-19 no tuvo que introducir dudas en cada paso de esta cadena de suministro (aunque, al final, eso fue lo que hizo). Solo tuvo que cortar un eslabón: el lugar de trabajo. Cuando el Gobierno chino cerró las fábricas a principios de 2020 para contener la pandemia, lo que provocó una disminución del 17% en las exportaciones en enero y febrero en comparación con el año anterior, las empresas de todo el mundo se enfrentaron repentinamente a una escasez crítica de recambios de cochecomponentes de teléfonos inteligentes y otros bienes clave.

El lugar de trabajo demostró ser un eslabón débil en la cadena de suministro global por otra razón: el coste. La mano de obra ha sido tradicionalmente el principal gasto en la manufactura, lo cual, desde la década de 1990, llevó a las corporaciones a externalizar el trabajo a lugares más baratos como México, China y Vietnam. Desde entonces, sin embargo, la línea de ensamblaje global ha cambiado y, como explica la consultora McKinsey, “actualmente, más del 80% del comercio mundial de bienes [ya no es] de un país de bajos salarios a un país de altos salarios”.

La centralidad de la mano de obra en la ubicación de la fabricación se había visto erosionada por el crecimiento de la automatización, que, según los economistas, tiende a aumentar durante las recesiones. De hecho, tanto la inteligencia artificial como la robotización iban ya en ascenso incluso antes del impacto de la pandemia. En 2030 hasta 20 millones de puestos de trabajo en todo el mundo serán ocupados por robots. El Banco Mundial estima que, con el tiempo, reemplazarán a un sorprendente 85% de los empleos en Etiopía, 77% en China y 72% en Tailandia.

Luego tenemos los costes ambientales de esa misma línea de ensamblaje global. El transporte de carga contribuye con el 7% al 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, siendo el transporte aéreo la vía contaminante más intensa de carbono. (Agreguen a eso, por supuesto, la huella que dejan de carbono las propias fábricas).

Si todo eso no consigue cambiar la opinión de los directores ejecutivos sobre los beneficios de la globalización, entonces quizá las consideraciones de seguridad nacional pudieran hacerlo. La pandemia expuso la vulnerabilidad de los países en términos de productos básicos. Debido a que China es responsable de producir más respiradores, máscaras quirúrgicas y prendas protectoras que el resto del mundo combinado, los países comenzaron a entrar en pánico cuando la COVID-19 golpeó por primera vez, porque ya no tenían suficiente capacidad nacional para producir las herramientas básicas para lidiar ellos mismos con la propagación pandemia. Lo mismo se aplica a las medicinas esenciales. Por ejemplo, Estados Unidos dejó de producir penicilina en 2004.

La amenaza de infección, la propagación de la automatización, el impacto ambiental, el riesgo de un control extranjero: la línea de ensamblaje global ya no parece tener mucho sentido. ¿Por qué no trasladar la fabricación de vuelta a casa, a una “fábrica oscura” que está totalmente automatizada, no necesite luces, calefacción o aire acondicionado y esté prácticamente a prueba de pandemias?

Desde luego que la actual pandemia no implicará el fin de la globalización. Las corporaciones, como señala el informe de McKinsey, seguirán encontrando razones convincentes para reubicar la fabricación y los servicios en el extranjero, incluido el “acceso a mano de obra cualificada o recursos naturales, la proximidad a los consumidores y la calidad de la infraestructura”. Los consumidores seguirán queriendo piñas en invierno y teléfonos inteligentes baratos. Pero los capitalistas que miran el resultado final, en combinación con los nacionalistas al estilo Trump que insisten en que el capital regrese a casa, desmontarán cada vez más lo que todos dábamos por sentado como globalización.

La economía mundial no va sencillamente a desaparecer. Después de todo, la agricultura ha persistido en la era moderna. Solo que emplea un segmento cada vez menor de la fuerza laboral. Es probable que ocurra lo mismo con el comercio mundial en una era de pandemia. En la primera parte del siglo pasado, la mano de obra excedente ya no era necesaria en las granjas y emigraba a las ciudades para trabajar en las fábricas. La pregunta ahora es: ¿qué pasará con todos esos trabajadores que ya no se necesitan en las líneas de ensamblaje global?

Ni la comunidad internacional ni el libre mercado tienen preparada una respuesta, pero los populistas autoritarios sí: impedir que todos esos trabajadores desplazados emigren.

Un mundo amurallado

Desde el momento en que descendió por la escalera mecánica de la Torre Trump hacia la carrera presidencial, el empeño de Donald Trump por precintar la frontera de Estados Unidos con México ha constituido su posición política característica. Ese “muro grande, gordo y hermoso” suyo puede ser simplista, antiinmigrante, xenófobo y desconfiado del mundo -y puede que nunca llegue a completarse-, pero, desafortunadamente, no ha estado solo en su obsesión por los muros.

Israel fue pionero en la construcción moderna de muros a mediados de la década de 1990 para aislar a los palestinos en la Franja de Gaza, que fue seguido por una barrera de 710 kilómetros de largo para aislar a Cisjordania. En 2005, respondiendo a una ola de migrantes que escapaban de las guerras y la pobreza en el norte de África y Oriente Medio, Hungría construyó nuevos baluartes a lo largo de sus fronteras del sur para mantener fuera a los desesperados. Bulgaria, Grecia, Eslovenia y Croacia han hecho lo mismo. India ha cercado la región de Cachemira desde Pakistán. Arabia Saudí ha construido una barrera de mil kilómetros a lo largo de su frontera con Iraq.

En 1989 había alrededor de una docena de muros importantes separando países, incluido el Muro de Berlín, que pronto caería. Hoy, ese número ha crecido hasta llegar a 70.

En este contexto, el nuevo coronavirus resultó ser un regalo caído del cielo para los nacionalistas de todo el mundo que creen que si las buenas cercas hacen buenos vecinos, lo mejor de todo es una gran muralla. Más de 135 países agregaron nuevas restricciones en sus fronteras después del brote. Europa restableció las fronteras internas del espacio Schengen por primera vez en 25 años y también cerró las externas. Algunos países, en particular Japón y Nueva Zelanda, prácticamente se amurallaron.

Aunque la pandemia está atenuándose en ciertas partes del mundo, muchas de esas nuevas restricciones fronterizas siguen vigentes. Si quiere viajar a Europa este verano, solo puede hacerlo si pertenece a uno de la docena de países que figuran en una lista aprobada por la Unión Europea (y eso no incluye a los estadounidenses). Nueva Zelanda ha tenido solo un puñado de casos en los últimos meses (con un máximo de cuatro casos nuevos el 27 de junio), pero sus fronteras permanecen cerradas prácticamente para todos. Incluso está fuera de cualquier posibilidad, por ahora, una “burbuja de viaje” con la cercana Australia. Japón ha prohibido la entrada a personas de 129 países, incluido Estados Unidos, pero existe una exención para los soldados estadounidenses que viajan a bases militares estadounidenses. Un reciente brote de coronavirus en tales guarniciones en la isla de Okinawa bien podría hacer que Tokio endureciera aún más sus ya estrictas reglas.

Y esas restricciones fronterizas son en potencia solo el comienzo. Hasta ahora, la pandemia ha desatado un espíritu de sálvese quien pueda: desde restricciones a la exportación de productos esenciales, hasta una competencia febril para desarrollar primero una vacuna. Las Naciones Unidas han hecho varios llamamientos para una mayor cooperación internacional, su secretario general incluso urgió un “alto el fuego global” entre las partes en conflicto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó organizar una respuesta global al virus en su reunión anual. Sin embargo, la administración Trump anunció de inmediato que se retiraría de la OMS, muy pocos combatientes observaron un alto el fuego COVID-19, y no hay una respuesta internacional coordinada a la pandemia fuera de la comunidad de científicos que comparten investigaciones.

Entonces, ¿será este el futuro: cada país transformado en una comunidad cerrada? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el sentimiento de internacionalismo en un mundo amurallado?

Reconstruir la confianza

Los conservadores solían burlarse de la izquierda por su inclinación al relativismo, por argumentar que todo depende del contexto. “Si me preguntas cuál es el mayor problema en Estados Unidos, no voy a decirte que la deuda, el déficit, las estadísticas, la economía”, dijo el expresidente republicano de la Cámara de Representantes Paul Ryan en 2011, “te diré que es relativismo moral”. Érase una vez que la derecha arremetió contra los deconstruccionistas que hacían hincapié en la interpretación de los hechos.

¿Qué hacer, entonces, con el Partido Republicano hoy? Muchos de sus líderes, incluido el presidente, no creen en la ciencia, ya sea sobre el cambio climático o la COVID-19. Muchos de ellos abrazan las teorías de la conspiración más locas y algunos candidatos actuales al Congreso incluso creen, a través de la teoría de conspiración de extrema derecha QAnon, que una camarilla de abusadores de niños satánicos en Hollywood, el Partido Demócrata y varias organizaciones internacionales controlan el mundo. En julio, Donald Trump logró el dudoso hito de decir más de 20.000 mentiras durante su mandato como presidente. En otras palabras, hablando de relativismo, el Partido Republicano ha depositado su confianza en un hombre desconectado de la realidad.

Y luego apareció esa pandemia como un líquido inflamable sobre un incendio forestal. La conflagración resultante de la desconfianza amenaza con extenderse fuera de control hasta que no quede nada, ni el Estado-nación, ni la economía global, ni la comunidad internacional.

En esta era de pandemia, un incendio en algún lugar es un incendio en todas partes, ya que al virus no le importan las fronteras. Pero la clave para restaurar la confianza debe comenzar donde el déficit de confianza ha crecido más y ese lugar es sin duda Estados Unidos. No solo los estadounidenses han perdido la fe en sus propias instituciones, sino que, al parecer, también todos los demás. Desde 2016 ha habido una caída del 50% en la confianza del mundo en Estados Unidos, la mayor caída jamás registrada en la encuesta de los mejores países de US News and World Report.

Y la razón por la que Estados Unidos tiene el peor historial en la lucha con el coronavirus es bastante simple: Donald Trump. Es el líder de una proporción cada vez menor de público que sigue creyendo que el coronavirus es un engaño o que se niega a cumplir con las precauciones básicas para evitar su propagación. Un presidente malhechor que se niega a exigir el uso de mascarillas (incluso después de colocarse oficialmente una para su feed de Twitter) inspira a una minoría maleante que pone en riesgo a la mayoría.

Para restaurar la confianza en el sistema público de salud y la gobernanza de este país debe comenzarse con un sistema competente de pruebas, rastreo de contactos y cuarentena. Sin embargo, la administración Trump se niega aún a dar este paso necesario. Los republicanos del Senado han presionado para que se dediquen 25.000 millones a ayudar a establecer sistemas de pruebas y rastreo a nivel estatal, pero el presidente quiere ahora eliminar incluso esta modesta cantidad del presupuesto (junto con los fondos adicionales para las agencias gubernamentales encargadas de abordar la pandemia).

Los estadounidenses desconfían cada vez más de sus instituciones porque un número creciente de nosotros creemos que cada vez obtenemos menos beneficios de ellos. Por lo general, la administración Trump ha hecho todo lo posible para empeorar las cosas de manera desastrosa; solo recientemente, en medio de la pandemia y con millones de desempleados, exigió que la Corte Suprema eliminara el seguro médico proporcionado por la Ley de Atención Médica Asequible de la administración Obama. La mayor parte de los fondos de estímulo aprobados por el Congreso se destinó a personas y corporaciones adineradas, y los hombres del presidente ni siquiera ejercieron la debida diligencia para evitar que casi 1.400 millones de dólares en cheques de estímulo se enviaran por correo a personas fallecidas.

La próxima administración (suponiendo que haya una) tendrá que hacer un trabajo de limpieza masiva que restaure una fe de cualquier tipo en un sistema tan desigual y roto. Después de abordar la crisis aguda de la pandemia, tendrá que demostrar que el Estado de derecho está nuevamente funcionando. La prueba más espectacular sería, por supuesto, empurar a Donald Trump y a sus facilitadores más cercanos. Han violado tantas leyes que la confianza en el sistema legal se debilitará aún más a menos que sean juzgados y castigados por sus delitos, incluida su disposición a sacrificar vidas estadounidenses en cantidades asombrosas en pos de la reelección del Donald.

En 1996 Bill Clinton habló de construir un puente hacia el siglo XXI. Dos décadas después de este siglo, Donald Trump ha derribado eficazmente ese puente y lo ha reemplazado con un muro (aún en gran parte sin construir) que recuerda las fortificaciones de la Edad Media. La COVID-19 solo ha reforzado la paranoia insular de este presidente y sus seguidores. El camino de vuelta a la confianza, tanto a nivel nacional como internacional, será difícil. Habrá monstruos que combatir en el camino. Pero al final, es posible que recuperemos este país, creemos una economía global justa y sostenible y reconstruyamos la comunidad internacional.

Vds. y yo podemos hacer esto. Juntos.

Créanme.

 

Por John Feffer* | 10/08/2020

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

*John Feffer, colaborador habitual de TomDispatch, es autor de la novela distópica Splinterlands (publicada por Dispatch Books) y director de Foreign Policy in Focus en el Institute for Policy Studies. Su última novela es Frostlands (Haymarket Books), segundo volumen de su serie Splinterlands.

Fuente:https://www.tomdispatch.com/post/176733/tomgram%3A_john_feffer%2C_the_no-trust_world/#more

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