La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enColombia
La paz como un negocio:  la política de obras por impuestos

¿Cómo funciona la figura de obras por impuestos y cuáles son sus implicaciones en términos económicos, ambientales y de interés público para las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por el conflicto?

 

La palabra negocio se forma de la palabra latina “nec” “otium”, que significa negación del ocio y fomento de actividades útiles y rentables. El proceso de paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y las Farc fue el resultado de una cruda represión (seguridad democrática) que agobió a la guerrilla, una guerra política que le redujo su espacio social, para llegar a una paciente negociación (solución pacífica de diferendos) que, paradójicamente se constituye hoy en buen caldo de cultivo para rentables negocios (confianza inversionista).

 

Una reforma para el bolsillo empresarial

 

Con la Reforma Tributaria aprobada en el 2016 se abona el camino para la financiación de los Acuerdos de Paz, particularmente para los proyectos que serán aprobados en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los que tienen como principal fuente de financiación la cooperación internacional, los créditos de la banca multilateral y la inversión pública a manos de empresas privadas por medio de la figura de obras por impuestos.

 

Con más de 600 proyectos viabilizados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la construcción de vías, acueducto y alcantarillado, educación y energía, entre otros, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, es importante saber qué son y qué implican las obras por impuestos.

 

¿Qué son las obras por impuestos?

 

El mecanismo de obras por impuestos se instaura en la Reforma Tributaria del 2016 (Parte XI, art. 235-238). La norma es precisa: permite a empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zomac (las cuales hoy compaginan con los 170 municipios priorizados para la ejecución de Pdets). Así, las grandes empresas nacionales e internacionales, entre ellas las empresas mineras y petroleras según el decreto 883 del 26 de mayo del 2017, podrán pagar el 50% de sus impuestos en obras para los 344 municipios más afectados por el conflicto armado.

 

Y así procedieron. Sin rubor alguno, la multinacional cementera de origen mexicano Cemex afirma en el periódico La República haber participado “en el diseño del programa (de obras por impuestos)”, de lo cual espera que su participación aumente no sólo en las vías 4G, en los programas de obras por impuestos (tanto como contratistas y como constructores), sino también en otros proyectos en el marco de la firma del acuerdo de paz como Ecovía y las vías terciarias para la paz.

 

Ahora bien, previo al artículo de obras por impuestos, la Reforma Tributaria –Ley 1819 del 2016– en el artículo 237 dispone que las medianas y grandes empresas que ubiquen sus actividades en las Zomac durante los años 2017–2021 tendrán que pagar sólo el 50 por ciento de la tarifa general de impuesto sobre la renta; por ejemplo, si la tarifa del impuesto a la renta es de 30 por ciento, ahora la tarifa de las empresas que se ubiquen en Zomac será de 15 por ciento y dentro de este porcentaje pagará el 7.5 por ciento bajo la modalidad de obras por impuestos, y lo restante en dinero. Todo esto, sin tener en cuenta las deducciones y excepciones de las que ya gozan las empresas. Excelente negocio.

 

En el marco de este programa, las empresas dividen la inversión que hacen a cargo de sus impuestos en dos grandes rubros: el primero corresponde al valor de los estudios previos para el proyecto y los demás que sean necesarios durante la ejecución del mismo (esto incluye costos administrativos, de pre-factibilidad y de diagnóstico); el segundo, al valor de la ejecución del proyecto (contratación y auditoría).

 

La reducción de los costos de preparación del proyecto y seguimiento implica una reducción de entre un 13-18 por ciento de la inversión total en obras por impuestos. Como consecuencia, los costos de estudios previos y de seguimiento del proyecto serán asumidos por el Estado, dentro de los cuales se encuentra el pago de una “gerencia del proyecto” al que la empresa interesada le asigna un sueldo.

 

En términos de contratación, las empresas podrán subcontratar directamente por medio de licitación privada abierta, lo que genera una preocupación en torno a la transparencia en la contratación, pues si bien el concurso es abierto, es casi imposible conocer los montos, los beneficiarios de los contratos y realizar seguimiento a los mismos. Lo anterior es un retroceso en los modelos de transparencia que promueven desde plataformas gubernamentales como Colombia compra eficiente o el Portal único de contratación (Secop).

 

Creado el mecanismo, hubo un boom de empresas interesadas en desarrollar obras por impuestos, entre ellas El Cerrejón –que quiere ampliar las redes de acueducto en Riohacha–, o Poligrow –que quiere mejorar la infraestructura Eléctrica en Mapiripán–, empresas muy cuestionadas en estos territorios, y que dejan muchos cuestionamientos sobre los impactos de estas obras en su imagen.

 

De manera adicional, surgen dudas sobre la capacidad de las entidades de control para supervisar las inversiones, la posibilidad de controlar sobrecostos, desvíos de recursos, relación entre contratista y ejecutor, etcétera. Todo esto no sólo es un reto para el principio de transparencia en la inversión, sino que convierte a las empresas en los “jefes” de la ejecución de recursos públicos, pues son impuestos que dejaran de ingresar a las arcas del Estado.

 

Llegados a este punto, existe una inconsistencia con la naturaleza pública de la inversión, pues según la Ley 1819 de 2016 (inciso tres, del artículo 238) la contratación de obras por impuestos se rige bajo la legislación privada; no obstante, ni la obra ni los recursos son privados, pues cada una de éstas se hará con cargo a los impuestos, en contraprestación de beneficios tributarios. Por tanto, existe una prevalencia de la naturaleza del contratista y no de la obra.

 

Según Cemex, “Estamos en conversaciones con algunas entidades para aterrizar los proyectos específicos. Estábamos esperando que se dieran las reglas claras, y eso nos motiva a ser los primeros en poner una obra por impuestos” (La República, 27 de noviembre del 2017). La contratación sin licitación pública puede convertirse en una cuestión de “conversaciones con algunas entidades públicas” y no en un mecanismo transparente de elección del mejor postor.

 

Para empresas del sector de la construcción esto es en definitiva un gana-gana, pues no sólo pagan menos impuestos, sino que pueden contratar a sus filiales y así auto-contratarse, pues aún no hay norma que lo prohíba, ni capacidad que lo vigile.

 

Otro de los grandes interesados en participar en el modelo de obras por impuestos es el sector petrolero, quien ve en este modelo una oportunidad para la legitimación del sector, como lo afirma Rafael Hertz, vicepresidente de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleos. De igual forma, según Semana.com, el mecanismo de obras por impuestos “permite a los empresarios mejorar su reputación justo cuando se realizan consultas populares en medio del creciente inconformismo hacia actividades como la minería y el petróleo”.

 

De esta forma, los impuestos que deben pagar las empresas se convierten en un tipo de propaganda, y en algunos casos de chantaje para las comunidades que se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Se termina de perder, de esta forma, todo el sentido de la inversión pública en las obras contratadas con cargo a los impuestos, convirtiéndose en una dádiva benevolente del sector privado que, entre otras cosas, sirve para “contrarrestar” los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

 

Retroceso democrático en medio de la paz

 

Una relectura de dos grandes luminarias de la historia y de la economía, respectivamente (Tilly, 1985) y (Olson, 2001), permite recrear, críticamente, las ultimas décadas de la historia colombiana, hasta llegar al proceso de paz y la política de obras por impuestos.


El origen y consolidación del Estado en Colombia ha sido tan violento y sombrío como en Europa y otras partes del mundo: los gobernantes primigenios fueron violentos, criminales.

 

En Colombia, los criminales nómadas (que saqueaban y violentaban a una población, para luego huir), proliferaron como guerrillas y paramilitares, y aún existen en el país como mutaciones de la guerrilla, restos del paramilitarismo, y bandas criminales. Todo esto pese al proceso de paz.

 

Los criminales estacionarios (que con el cobro de onerosos tributos y otras extorsiones, se quedaban asentados en un territorio para suministrar servicios de seguridad privada), se impusieron en algunas zonas del territorio nacional, en las tres décadas recientes, como paramilitares y guerrillas consolidadas en forma de para-estados que gobernaban en ciertos municipios del país.

 

Como lo plantean Olson y Tilly en los libros referenciados, el Estado moderno se originó en la violencia y en la criminalidad. Lo que posibilitó la democracia fue, justamente, la ciudadanía activa (movimientos sociales y acción colectiva) para poner freno a los Estados, mediante Constituciones, elecciones democráticas, rendición de cuentas y diversas formas de control ciudadano sobre los gobernantes.

 

En Colombia, a pesar de la movilización social y de la Constitución del 91, no se ha logrado un avance significativo hacia la democracia. En los últimos treinta años se ha reeditado la guerra que podemos leer en autores como Rulfo, en su historia Pedro Páramo: mientras los señoritos de la capital y los activistas con buena prosa redactaban derechos y deberes, en los campos y en los márgenes de la ciudad, por las vías de hecho, señores de la guerra hicieron la ley y orden a imagen y semejanza de sus intereses.

 

La reciente política tributaria de obras por impuestos, además de ser claramente neoliberal –al expandir los mercados y permitir que las tributaciones para los ricos sean negociables–, marcha en contravía de la democracia. Los territorios antes ocupados por bandidos errantes y luego por bandidos estacionarios, ahora son dominados, gracias a la confianza inversionista, por opulentos caballeros de los negocios.

 

De prosperar tal iniciativa, los más opulentos empresarios que promueven perjudiciales economías extractivas, podrán transformarse en unos gobernantes locales, con licencia para hacer obras compatibles con sus intereses privados, y para legitimar su acción. Las obras que hagan estos caballeros de los negocios rentables podrán ser tan perjudiciales como los desmanes ocasionados por los señores de la guerra pues, a diferencia de los Estados modernos democráticos, las empresas privadas y los bandidos no están sujetos a rendición de cuentas alguna.

 

A su gusto

 

El neoliberal Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, afirma que el modelo de obras por impuestos, y demás deducciones creadas en la Reforma Tributaria, han sido pensadas más como nuevos “incentivos tributarios para acelerar la producción petrolera” que como una solución para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, el optimista Ministro del posconflicto, Rafael Pardo (Pardo, 2018), afirma que: “si este esquema hubiera existido hace 25 años en Colombia, otra sería la realidad de regiones como La Guajira, Arauca, Casanare o Meta, que han tenido empresas con gran desarrollo, que han pagado muchísimos impuestos de renta y que las obras no se han visto en esas regiones”.

 

Lo anterior no implica que las empresas privadas no puedan participar en la financiación de obras para las zonas más afectadas por el conflicto armado; sin embargo, es necesario desarrollarlas sin perder el carácter público de la inversión y la distribución equitativa de las cargas pues, tal como se dio en la reforma, el Estado asume muchos riesgos.

 

No queda de más decir que es necesario hacer veeduría y vigilancia a las inversiones privadas, teniendo siempre presente que los impuestos como las obras son públicas, es decir, de todos los colombianos. El postconflicto no tiene marca.

 


 

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte (COLEF - México), Politóloga de la Universidad del Rosario, Consultora de la Ong Asociación Ambiente y Sociedad. Autora del libro Caquetá Amazónico: entre la resistencia y el petróleo, Censat-Agua Viva.

 

Publicado enEdición Nº244
El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Sábado, 25 Noviembre 2017 07:54

Voto cantado en Honduras

Propaganda electoral de Hernández y del PN en Tegucigalpa.

 

Desde Tegucigalpa

Inconstitucionalidad como antesala y peligro de fraude para lo que viene. Así llega Honduras a las elecciones presidenciales de este domingo. Gracias a la aprobación del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tan mayoritaria para el oficialismo como el propio Congreso, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, irá por una hazaña que la Constitución prohíbe en un artículo pétreo: la reelección. “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”, dice el artículo 4 que ni cosquillas le hizo a esta nueva forma de democracia que fue gestando Honduras desde el golpe de Estado de 2009, año a partir del cual ha sido más fácil crear las trampas para las leyes.

La estrategia de la trampa para la ley es la columna vertebral de un proyecto de país que para seguir en marcha requiere de la continuidad del Partido Nacional a cargo del poder ejecutivo. De esto, de hechos que ocurren a pesar de que las leyes digan lo contrario, conocen las 46 comunidades garífunas de Honduras. Este domingo también votarán, muchos de ellos con la convicción de que no sirve para nada.

La alerta roja de la segunda mitad de octubre llegó a la costa caribe de Honduras con lluvias torrenciales que pusieron en riesgo el cultivo y la pesca, acaso las dos actividades principales de la economía y la subsistencia en la región. En las comunidades de por sí ya falta trabajo y estas lluvias vinieron a ser, sin metáforas, las aguas que rebalsaron todo.

Decir que en las comunidades garífunas hay poco trabajo es relativo. Trabajo hay, el problema es que hay principalmente para los extranjeros. Las playas de arenas claras de la costa caribe son cercadas cuando el capital foráneo llega seducido por el gobierno para impulsar, con más facilidades que exigencias, el desarrollo de la economía con hoteles y todo lo que necesita el turismo a su alrededor. Desde el 2013 el gobierno impulsa el más ambicioso programa capitalista de libre mercado: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Son ciudades modelos, proyectos que en la teoría procuran la participación de ciudadanos de a pie para el crecimiento de una región, pero en la práctica dan lugar a la apropiación de tierras por parte de grandes empresas.

El garífuna, que es negro, tiene su propia lengua, baila sus propias danzas, tiene su gastronomía típica, no cuenta con un currículum satisfactorio para los empresarios que buscan otros colores, otros sonidos, otros tonos. La lenguas, danzas, comidas, cantos y todo lo nativo y ancestral, serán para estos proyectos cosas del pasado. La segregación como base del racismo: de no llegar a la costa caribe resulta difícil creer que en el país hay al menos nueve etnias distintas.

Los garífunas corresponden a una etnia descendiente de africanos y aborígenes del Caribe que convivieron a partir de 1635, cuando dos barcos que venían desde África hacia el continente americano naufragaron hasta la isla San Vicente. Los negros y los arahuacos confluyeron costumbres y culturas, forjaron el idioma que todavía hoy se habla, y pasaron los años hasta que una invasión británica provocó la deportación de miles de negros que naufragaron hasta llegar a Jamaica y la costa de Honduras principalmente.

Dato más o dato menos, esa es la historia que el garífuna promedio cuenta. Alguno la romantiza un poco más y jura que el naufragio inicial surgió a partir de que los negros se revelaron y torcieron el rumbo del barco que los llevaba como esclavos a algún lugar del continente. Esa parte de la historia también edulcora la virtud de resistencia y fortaleza que los garífunas suelen presumir, a veces con razón.

“Las comunidades estamos preocupadas porque hay muchas leyes encaminadas al despojo”, dice Geovany Bernárdez, miembro de la Coordinación General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Bernárdez va al grano. Dice que hay “políticas estratégicamente destinadas a desaparecer las comunidades”.

El reclamo de OFRANEH se basa en la adhesión del Estado hondureño al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989. Dice muchas cosas el convenio: en cuanto al tema territorios procura la participación activa de los pueblos indígenas en programas de desarrollo nacional que los afecten directamente, como así también prohíbe, con aviso de sanción para quien no cumpla, el despojo de las comunidades de las tierras que ocupan históricamente. Para los garífunas nada de eso se cumple.

Las comunidades no se oponen por el solo hecho de oponerse. “Estamos de acuerdo con el turismo pero desde la cosmovisión de los pueblos”, dice Bernárdez y cuenta cómo se dan estos procesos: “Vienen cadenas hoteleras, donde trabajan los mismos inversores y a la comunidad solo le permiten bailar punta por un sueldo miserable de 20 dólares”. El punta es un baile típico en el que los bailarines se mueven de pies a cabeza al ritmo de las percusiones. Es parte de esa cultura que atraviesa a la comunidad y quieren ofrecer al turismo. “Queremos un turismo en el que nosotros podamos promocionar lo que somos y no que otros hagan dinero con nosotros. Deben consultarnos qué turismo queremos, tenemos la capacidad, tenemos la cultura”, dice Bernárdez. Además, naturalmente, se oponen al despojo de las tierras en las que crecieron las generaciones pasadas y hoy lo hacen las actuales: los niños y niñas juegan y bailan, los adultos trabajan, en playas que podrían ser privatizadas.

La comunidad de El Triunfo de la Cruz fue la primera en elevar un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de la CIDH, de octubre de 2015, demanda al Estado hondureño el deber de darle a la comunidad el título de propiedad colectiva de los terrenos en peligro de despojo. El plazo era de dos años, que ya pasaron sin avances más que un poco de reticencia por parte del Estado al momento de seguir entregando tierras.

Lo que perciben los garífunas es ese plan destinado a “desaparecer las comunidades” del que habla Bernárdez. No solo quedan afuera del desarrollo económico. También son atacados para que dejen sus tierras. Las comunidades de la costa caribe sufrieron el “amarillamiento letal” del coco en una intoxicación de las plantaciones que se sospecha fue intencional con el fin de atacar un elemento básico de la vida garífuna: comen coco, curan con coco, se hidratan con coco y trabajan con coco. En OFRANEH, referentes de los procesos de resistencia de distintas comunidades fueron procesados cuando se negaron a retirarse de sus tierras ahora privadas. En tanto, sigue faltando trabajo, salud y educación como derechos básicos para la permanencia de la comunidad, que empieza a creer, muchas veces en vano, en la migración como camino para salir adelante. Por eso los garífunas hablan del tercer despojo: primero los sacaron de África, después de San Vicente, y ahora de Honduras y las tierras que habitan hace más de doscientos años.

 

Publicado enInternacional
La minga y el trabajo comunal, por todo el mundo

“La unión nos hace fuertes, y el individuo es importante como parte de un todo.” Evaristo Nugkuag Ikanan, aguaruna. 

 

“Debemos trabajar de forma colectiva porque ahí es donde radica nuestro poder y, ademas, actuar así resulta ventajoso”. Tanien Ashini, innu.

 

Para los penan, la peor ofensa social se denomina sihun, que significa no saber compartir. Los yanomami creen que un cazador enfermará si consume su propia caza: el egoísmo es la peor falta. En la vasta estepa de Mongolia, es de mala educación llamar a la puerta y los visitantes simplemente deben entrar y hacer uso de ella de manera libre. Los saharauis erguibat también mantienen siempre la puerta abierta.

Para el pueblo pigmeo bakola de Gabón, el ébola es el “ezanga”. Los ezanga son monstruos o malos espíritus con forma humana que devoran los órganos de las personas que no comparten sus cosas con los demás. Además, los ezanga podían convertir a las personas en simios u otros animales.El ébola se transmite cuando se come carne de un animal infectado, normalmente un mono o un murciélago, en zonas aisladas donde no hay carne fresca para compartir.

En realidad, por todo el mundo abundan creencias de este tipo, y por eso existen antiguos y tradicionales sistemas de trabajo comunitario y redes de apoyo y solidaridad, sin esperar nada a cambio más que el bien de todos. 
“Occidente” no es un caso aparte: está el auzolan en el País Vasco, la prestación asturiana andecha, la tornajeira gallega, el tornallom valenciano, tornajornal en Catalunya, geravuelta en algunas zonas de Salamanca, tornapeón en Extremadura y zonas de Andalucía, ir de vereda o las hacenderas en Castilla, o el coor o meitheal irlandés. En el uso moderno, por ejemplo, un meitheal podría ser un grupo de vecinos y amigos invitados para ayudar a decorar una casa a cambio de comida y bebida.

El pueblo Todmorden en Inglaterra utilizó el trabajo comunitario de toda la comunidad para plantar verduras, frutas y hierbas útiles en cada trozo de terreno disponible. 70 espacios públicos y una red de 280 voluntarios, y todo el mundo (incluidos los turistas) pueden servirse gratis y a placer cuando llega la hora de la cosecha. Incluso el hospital dispone de un jardín de hierbas medicinales. “Vivíamos en un pueblo sin nada especial, como cualquier otro, abatido por la crisis y por el desempleo”, recuerda la cofundadora Pam Warhurst. “Lo que hemos logrado ha sido no sólo reverdecer nuestras calles, y poner a cultivar a la policía y a los bomberos. Lo más importante ha sido si acaso reactivar el poder la comunidad, y demostrar que juntos podemos”.

Andernach, una población de unos 30.000 habitantes al norte del estado alemán de Renania-Palatinado. “Los políticos se oponían: temían que los espacios verdes se echasen a perder o se deterioraran, tenían miedo al vandalismo, y al rechazo de la ciudadanía” recuerda el impulsor de esta idea Lutz Kosack. Hoy, los cultivos cubren ya 8.000 metros cuadrados del centro y unas 13 hectáreas a las afueras. Algunas localidades como las germanas Minden, Kassel o Waldkirch, o la austriaca Kirchberg y Wagram, ya se están volviendo también ciudades comestibles.

Talkoot, de Finlandia, es una expresión para la reunión de amigos y vecinos para realizar una tarea. El mismo término y en aproximadamente el mismo contexto se utiliza en Estonia (talgu), en Letonia (talka o talkot) y en Lituania (talka o talkauti). Es el equivalente cultural del trabajo comunitario en una aldea, aunque adaptado a las condiciones de Finlandia, donde tradicionalmente la mayoría de las familias vivían en granjas aisladas, muchas veces a millas de distancia del pueblo más cercano.

Dugnad es un término noruego para el trabajo voluntario realizado en conjunto con otras personas. La participación en un dugnad suele ir seguida de una comida común, servido por el anfitrión. En las zonas urbanas, se identifica con la limpieza de primavera al aire libre y la jardinería. Ocurren más ampliamente en las zonas remotas y rurales. La palabra noruega Dugnadsånd es traducible como el espíritu de la voluntad de trabajar juntos por una mejor comunidad.

El término Guanxi (relaciones) de China consiste en una red de relaciones y contactos entre personas, que cooperan entre sí e intercambian favores, y que se consolida a través del respeto, la lealtad y la confiabilidad. Un pequeño ejemplo es el hecho de que aunque China sea tan extenso como Estados Unidos, tiene un solo huso horario. Es la importancia de mantenerse sincronizados.

Con esta idea general de la filosofía china se entiende la prosperidad de los negocios chinos. Respeto, autoridad, rectitud, lealtad, piedad filial y el deber de reciprocidad. En el proyecto confuciano, la persona buena es la que siempre intenta ser mejor. “Una barra de hierro, a fuerza de ser afilada, puede convertirse en una aguja”, dice un proverbio chino: nada se consigue sin paciencia, constancia y empeño, incluyendo los negocios. De esta manera se consigue ser alguien con prestigio, alguien con mianzi (rostro). Pero este prestigio se consigue únicamente a través del guanxi, las relaciones sociales. Así, se crean redes de apoyo y solidaridad previas a las relaciones de mercado, basada en el don y en la confianza, no en el contrato. 

Gotong-royong es una concepción de la sociabilidad familiar de Indonesia y Malasia. Clifford Geertz habla de “un enorme inventario de instituciones muy específicas y a menudo muy complejas para efectuar la cooperación en el trabajo, la política y las relaciones personales por igual, [...] rukun (ajuste mutuo), gotong-royong (trabajo conjunto de las cargas), tolong-menolong (asistencia recíproca)”.

En “El parentesco en Bali”, Clifford y Hildred Geertz escriben: “El término genérico para cualquier grupo organizado en Bali es seka, que significa literalmente “ser como uno”. El término se aplica a todos estos grupos que se han descrito: consejo de una aldea a la que generalmente se le llama seka banjar; varios grupos de templos referidos como el seka de ese templo; la sociedad de riego es conocida como seka subak; así de continuo. En un seka, todos los miembros tienen idénticos derechos y deberes, con independencia de su posición de estatus. [...] las decisiones son tomadas unánimamente en una reunión de toda la totalidad, y el líder es nominal e inautorizado, ya que la seka no es parte de una gran organización, sino que existe independientemente, libre de otros vínculos o influencias”.

El antropólogo Robert A. Hahn escribe que “la cultura javanesa está estratificada por la clase social y por el nivel de adhesión al Islam. [...] La cultura javanesa tradicional no hace hincapié en la riqueza material. [...] Es el respeto a aquellos que contribuyen al bienestar del pueblo en general sobre su beneficio personal. Y el espíritu de royong-gotong, o el voluntariado, se promueve como un valor cultural”.

Moyai significa literalmente “amarre de embarcaciones en conjunto”, y naoshi significa reparar algo. Moyai naoshi es el término para hablar de trabajo comunitario en Japón, y viene de la trágica historia de Minamata, un pueblo pesquero japonés que contaba con una gran industria llamada Chisso Corporation. Chisso había estado arrojando, de forma oculta, grandes cantidades de mercurio a una bahía cercana desde 1932. Cada vez más personas sufrían de envenenamiento con metilmercurio al consumir pescados contaminados, sufriendo un mal neurológico muy grave. Aún después de que se supiera la negligencia de esta empresa, los pacientes sufrieron el ostracismo por sus comunidades porque se temía contagio y porque esta corporación era la que mantenía a la mayor parte de la población. Los residentes se dividieron uno contra el otro, hasta que recordaron la importancia de moyai naoshi para la reconstrucción de Minamata.

Bayanihan es un término filipino tomado de la palabra bayan, en referencia a una nación, país, ciudad o comunidad. El bayanihan se refiere a un espíritu de unidad comunal o esfuerzo para lograr un objetivo particular. Es una tradición comunal en la que sus miembros ayudan a una familia que se muda para el transporte de la casa a una ubicación específica. El proceso implica, literalmente, llevar la casa a su nueva ubicación. Esto se hace poniendo palos de bambú para levantar los pilares de la tierra y llevar toda la casa encima a cuestas. La tradición también cuenta con una pequeña fiesta organizada por la familia para expresar gratitud a los voluntarios. Bayanihan también ha sido adoptada para referirse a un esfuerzo civil local para resolver los problemas comunales. El concepto está relacionado con damayan (“para ayudarnos unos a otros”).

Las ar gzhas, son canciones de trabajo realizadas durante la construcción de las casas en el Tibet. El Arka (piedra caliza triturada) es laboriosamente compactada por equipos de trabajadores que sellan el suelo con sus pies y apisonan con un largo palo (bogto). Esto normalmente se realiza en grupos: los trabajadores se alinean en filas y se mueven un paso adelante, un paso atrás, al mismo tiempo, golpeando el suelo rítmicamente con la bogto. Estos movimientos rítmicos se acompañan de canciones.

Shramadama, en Sri Lanka, es hacer partícipe a toda la comunidad en un trabajo, no sólo de manera física sino también espiritual.


En Latinoamérica también entienden que el trabajo duro no está reñido con el buen vivir. La filosofía de la Suma Qamaña de Bolivia, que se podría traducir como “buen (con) vivir”, es la sociedad buena para todos en armonía con los otros y con la naturaleza (la Pacha Mama). Por eso, la manera de expresar regularmente que alguien es ‘pobre’, es waxcha (o waqcha, en quechua), que literalmente significa ‘huérfano, abandonado’.

Los precolombinos ya utilizaban la minka, mingako o minga (del quechua minccacuni “solicitar ayuda prometiendo algo”), que hoy los pueblos indígenas de la cordillera andina usan todavía. El ayni es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu o aillu (una comunidad que trabaja con propiedad colectiva). Como un banco del tiempo. Lo más común es intercambiar trabajos en labores agrícolas, pastoreo, cocina o en la construcción de casas. El caso más llamativo de minga es el del puente peruano de Q’eswachaka, el último puente colgante hecho exclusivamente de fibras vegetales y que se ha regenerado por más de cinco siglos. Y es que cerca de mil personas de comunidades diferentes (Huinchiri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y Pelcaro) se reúnen anualmente en su renovación.

Mutirão es el mismo sistema pero de origen tupí que se usa en Brasil, el trabajo comunitario para la construcción civil de casas populares en la que todos son beneficiarios y se prestan ayuda con un sistema rotativo y sin jerarquía. Se usa mucho para acciones colectivas no remuneradas como limpieza de parques, calles, escuelas… Para esta práctica de acción comunal existen muchos sinónimos: muxirão, muxirã, muxirom, muquirão, putirão, putirom, putirum, pixurum, ponxirão, punxirão o puxirum.

En México, de origen náhuatl, se conoce como tequio a la faena o trabajo colectivo que todo vecino de un pueblo debe a su comunidad. En el Estado de Oaxaca, el tequio está protegido por una ley estatal. Jacobo Tomás Yescas, zapoteco de Oaxaca, explica el sentido del tequio y la gozona: “Acá estamos acostumbrados al tequio para realizar los trabajos del pueblo todos juntos... Antes se hacía tequio también cuando se hacía un edificio público... En los últimos años quieren quitar la costumbre de hacer el tequio; pero la mayoría no quiere que se quite porque ya están acostumbrados a trabajar así...”, y ¿qué es la gozona? A mi vecino le voy a ver y le digo: “ven a trabajar conmigo porque no tengo ayuda”. Hacemos gozona... Él va conmigo dos, tres días; y ya le repongo yo luego los días que trabajó conmigo... De ese modo, no se contrata a ninguna persona... Somos gente de escasos recursos; entonces, ya con la gozona nos evitamos el dinero... Y así funcionamos unos con otros, cooperamos... Aquí no hay gente contratada: ya con la gozona tenemos, pues; resolvemos los trabajos...”.

El pueblo mexicano rarámuri, que vive en las montañas de Chihuahua, usan el término córima para definir un acto de solidaridad con alguien que lo está pasando mal. No ofrecer córima a alguien que necesita ayuda se considera un incumplimiento a una obligación y una ofensa a la vez. No se trata de caridad dictada por la moral católica, porque el que da limosna mantiene su mano encima de la mano que recibe. En estas sociedades, no hay mano encima de la otra. Simplemente, las manos se entrelazan en un “hoy por ti, mañana por mi”.

Esto es parecido a la tradición de guelaguetza del Estado mexicano de Oaxaca, un “intercambio recíproco de regalos y servicios”. Su práctica se teje alrededor de las relaciones recíprocas que unen a la gente. Un ejemplo es el que cuenta el escritor oaxaqueño Abel Santiago Díaz, sobre un profesor extranjero que, “sorprendido, vio llegar al aula de la escuela que le servía de hospedaje, uno por uno, al pueblo entero, que le llevaba todo lo necesario para su fiesta nupcial: pollos, guajolotes, maíz, fríjol, especias, cartones de cerveza, cajas de refresco, aguardiente, loza, etc. El presidente municipal y su esposa se ofrecieron como padrinos de la ceremonia, llevándole una banda de música de viento por veinticuatro horas consecutivas. Los que no pudieron llevar obsequios por carecer de recursos, le ofrecieron su trabajo: los hombres construían gigantescos toldos de zacate y carrizo y todo lo relacionado con el trabajo pesado. Las mujeres, todo lo concerniente a la cocina”. Eso sí, después uno por uno fueron a su casa a pedirle de vuelta los dones dados para su boda, cuando así lo necesitaban.

Para este tipo de sistemas, también se utilizan los términos “la faena”, “la fajina”, “el trabajo de en medio” y “la mano vuelta”. Con el fin de detectar en el vecino un motivo para la guelaguetza, una carencia o un problema que pueda exigir la atención comunitaria, es necesario pararse a saludar de manera interrogatoria, sobre su salud, trabajo, familia...

“¿Cómo está nuestro maíz?” preguntan los tojolabales cuando se encuentran con un vecino. El maíz, aún estando en tierras del vecino, recibe el cuidado de todos y, por lo tanto, dicen “nuestro”. En tojolabal, el trabajo que sirve a la comunidad es el komon, y representa el trabajo político realizado por las autoridades eligidas por la comunidad. Dichas autoridades, en tojolabal, se llaman ‘a’tijum, trabajadores. Para decir “trabajo” en tojolabal, se dice ‘a’tel, son los trabajos en la milpa y otros trabajos en y a favor de las comunidades. Para el “trabajo asalariado”, se emplea el término “ganar”.
Gadugi en Cherokee significa “trabajar juntos” o “trabajo cooperativo” dentro de una comunidad, para proyectos tales como la recolección de las cosechas o cuidado a los jardines y de los miembros ancianos o enfermos. La palabra Gadugi viene de la palabra para “pan”, que es Gadu. En los últimos años, el gobierno tribal Cherokee Nation ha promovido el concepto de Gadugi.

En Uzbekistán, la Makhalla es una comunidad que tiene su mezquita, su administración autónoma local, su tradición y su cultura. Esta forma de organización vecinal, nacida de los antiguos gremios de artesanos, garantiza la participación colectiva en los acontecimientos más importantes de todas las familias uzbekas: celebraciones de carácter religioso, resolución de conflictos, educación de los niños y reducción de las desigualdades entre los vecinos. Para ello, se conserva la antigua ceremonia de ayuda mutua khashar. Con este método ayudan a construir la casa a todas las familias e incluso a urbanizar el barrio, la calle y la ciudad. La importancia de Makhalla es tan elevada que fue reconocida para la autoadministración local del país. Los pueblos musulmanes también siguen una retahíla larga y cuidadosa en el saludo, preguntando por cada miembro de la familia, por su salud y su trabajo.

Entre el pueblo saharaui erguibat, existía una especie de acto de caridad llamada miniha. Un hombre llamado Ismail explicó a la antropóloga Sophie Caratini lo que significaba este sistema: “No hay pobres entre los erguibat. Si alguien no tiene nada, cada uno le da uno o más animales para que de nuevo tenga la posibilidad de salir adelante; no hay otra solución. Esto todavía se hace hoy. ¡Los erguibat son más socialistas que vosotros!, ¿sabes?”. Hoy, los saharauis refugiados todavía realizan la “tuiza” o trabajo comunitario. Jadiyetu Elmohtar explica que no es únicamente solidaridad bienintencionada, en el desierto es requisito para la superviviencia.

Como modo de reciprocidad, está la hospitalidad islámica, la diyâfa. En Uzbekistán hay un dicho “Mehmon otanda ulugh” (“el invitado es más grande que el padre”). De hecho, el Islam significó la primera globalización del mundo: destruyó las fronteras comerciales y garantizó la seguridad de las personas, de modo que pudiesen trasladarse (y trasladar sus conocimientos y sabiduría) de un lugar a otro sin sufrir daños, protegidos hasta sus últimos pasos y siendo invitados de honor en todos los hogares. Así, comerciaban desde Francia, pasando por Antaki, hasta llegar a Bagdad, para bajar por el Tigris hasta Omán, a India y finalmente a China, y todos estos sitios estaban conectados entre sí sin la menor interrupción.

Naffīr (نفير) es una palabra árabe utilizada en algunas partes de Sudán (incluyendo Kordofán, Darfur, partes de las montañas de Nuba y Kassala) para describir determinados tipos de empresas de trabajo comunal. Se trata de un grupo que recluta a través de las redes familiares, parientes políticos y vecinos de un pueblo, para un propósito en particular, que luego se disuelve cuando se cumple ese propósito. Una alternativa, más reciente, lo describe como “traer a alguien juntos desde el barrio o comunidad para llevar a cabo un determinado proyecto, como la construcción de una casa o la prestación de ayuda durante la temporada de cosecha”. La palabra puede estar relacionada con el término nafr del árabe estándar (نفير) que describe una banda, partido, grupo o tropa, típicamente movilizadas para la guerra.

Asar en Kazajstán es la petición de una familia a familiares, amigos y vecinos para obtener ayuda para realizar un trabajo duro. Al final de la obra, los ayudados presentarán una mesa llena de manjares como agradecimiento. Zhylu se refiere a la tradición asociada a la prestación de asistencia material, moral y financiera a las personas afectadas por catástrofes naturales (incendios, inundaciones, etc.). Todos los vecinos, no sólo los familiares, tienen el deber de ayudar a las víctimas con cualquier aportación: ganado, materiales de construcción, ropa, dinero, etcétera.

Imece es un nombre dado a una colaboración tradicional turca en un pueblo. Por ejemplo, para la organización general de una ceremonia, el lugar, la comida, la construcción y el arreglo de la nueva casa de los recién casados. 


Oceanía no está al margen de estos sistemas. En el pequeño archipiélago Tokelau (Nueva Zelanda) y las islas Cook, los archipiélagos más aislados del mundo, el compartir se convirtió en un auténtico sistema de supervivencia. Maopoopo es el principio rector y se traduce como “una unidad de un propósito común que abarca el cuerpo y el espíritu”. Este espíritu colectivo es cultivado a través de actividades comunitarias que incluyen expediciones de pesca, proyectos de construcción, carga y descarga de los buques, competiciones deportivas, y la música y la danza.

Maopoopo se ejemplifica mejor para el día de hoy a través de la práctica de inati. En días especiales, todos los hombres de las aldeas pescan juntos. A su regreso, se dividen de manera sistemática y ritualmente la captura con todos los clanes familiares de la isla. La pesca fresca se coloca cerca de la playa y se reparte según las necesidades de cada cual.

En Hawai, tiene la laulima (trabajar juntos) para proveer comida para todas las familias. La gente del interior llenaba el ‘umeke ‘ai (recipiente de poi), mientras que la gente de la costa llenaba el ipukai (cuenco de carne/pescado). Juntos mantenían y protegían los recursos para asegurarse de que hubiera sostenibilidad. El romper el kapu o las normas sociales que aseguraban esta sostenibilidad era vergonzoso.

Piliriqatigiinniq / Ikajuqtigiinniq, es el trabajo en común por una causa común, en inuktitut (de los inuit). Los inuit es un nombre común para los distintos pueblos que habitan las regiones árticas de América.

Que el bienestar de uno depende del bienestar de todos lo saben bien en algunas zonas de Sudáfrica. Cuando se desea elogiar a alguien, se le dice que tiene ubuntu, que es una persona que se completa a través de otras. Ello significa que también invitan de modo cotidiano a desconocidos a sus hogares y los niños se crían con la ayuda de toda la comunidad. 

En África Oriental, hay un dicho término similar que se manifiesta en la expresión swahili mtuniwatu que significa “una persona se debe a otras personas”. Harambee es una tradición keniana de eventos de autoayuda de la comunidad, por ejemplo, de recaudación de fondos o de desarrollo actividades. Harambee significa literalmente “tirar todos juntos” en swahili, y es también el lema oficial de Kenia, apareciendo en su escudo de armas.

Después de la independencia de Kenia en 1963, el gobierno adoptó el harambee como un concepto para tirar todos juntos del país y construir una nueva nación. Alentó a las comunidades a trabajar juntos para recaudar fondos para todo tipo de proyectos locales, prometiendo que el gobierno proporcionaría sus costos de inicio. Bajo este sistema, los individuos ricos que deseaban entrar en la política podrían donar grandes cantidades de dinero a las unidades harambee locales, ganando con ello la legitimidad.

Algunas zonas de Haití se reconstruyeron gracias al trabajo comunitario llamado kombit. Un terremoto segó la vida a más de 200.000 personas y dejó sin hogar a millón y medio. Para Michaëlle Jean, enviada especial de Haití en la Unesco, “liberar” al país del asistencialismo de las ONGs era condición imprescindible para devolver al Estado el rol de liderazgo que debía asumir tras la catástrofe. Con el kombit, fue la población la que planteaba problemas por resolver (una plaza comunitaria, un centro cultural o el asfaltado de un segmento de calle) y cada semana hacían turnos de trabajo comunitario.

En Ruanda, la palabra umuganda se puede traducir como “la unión en el propósito común de lograr un resultado”. En la cultura ruandesa tradicional, los miembros de la comunidad pedían ayuda a sus familiares, amigos y vecinos para completar una tarea difícil. Como parte de los esfuerzos por reconstruir Ruanda después de la guerra y cultivar una identidad nacional compartida, el Gobierno de Ruanda se basó en esta tradición para enriquecer y adaptar sus programas de desarrollo a las necesidades y el contexto del país. Hoy en día cerca del 80 por ciento de los ruandeses participan en trabajos comunitarios mensuales. Los últimos sábados de cada mes, de ocho a once de la mañana, la población se aplica a la tarea de adecentar los espacios públicos. La ley contempla sanciones de seis euros para quienes se escaqueen, pero la mayoría de los ruandeses parecen participar de buen grado: la responsabilidad de limpiar ha generado una voluntad decidida de no ensuciar. Los proyectos también incluyen la construcción de escuelas, centros médicos y plantas hidroeléctricas, así como la rehabilitación de los humedales y la creación de parcelas agrícolas altamente productivas.

Entre los Masai, la construcción comunitaria de una casa para una nueva pareja recién casada es todo un ritual. Un grupo de mujeres se afanan en la tarea de mezclar adobe y estiércol, ya que son ellas las que construyen las casas oscuras, bajas y sin ventanas, para evitar los mosquitos.

Los Ndebele viven en la región de Transvaal, Sudáfrica y Zimbawe. Tras la pérdida de la guerra contra los Boers, se trasladaron de sus tradicionales cabañas de ramas, destruidas, a otra zona en la que abundaba el barro, y así comienzan a construir casas de adobe y barro. Sus dibujos eran una reafirmación cultural a la vez que un método de comunicación entre tribus. Los dibujos escondían mensajes que sólo los Ndebele comprendían. Las pinturas son realizadas por las mujeres. Batsiranai, que significa ayudando a otros en la lengua shona, es el término en Zimbabwe.

Los gurunsi son auténticos arquitectos. Sus casas sukhala son construcciones de adobe que se revisten de barro y excrementos y posteriormente son adornadas con motivos abstractos, que las mujeres de la tribu pintan sobre fachadas y muros para después pulirla con ramas. Aunque lo mejor de la construcción no es el acabado, sino el método: las mujeres cantan a ritmo del trabajo, golpeando la mezcla. Después la regenerarán cada cierto tiempo, porque cada una de sus casas está poblada por los espíritus de sus antecesores y, por ello, tratan de preservarlas durante el mayor tiempo posible, pasando de una generación a otra.

El edificio de barro más grande y más antiguo del mundo necesita una capa de lodo cada cierto tiempo. Toda la ciudad de Djenné se une para este evento. Desde la Edad Media, Tombuctú fue un punto de encuentro entre el África negra y los nómadas del desierto, tuaregs, árabes o bereberes. Gracias a la riqueza generada por el comercio, atrajo a estudiosos y arquitectos, que modelaron con el barro del desierto una de las ciudades más impactantes del planeta. La famosa mezquita de Djingareyber se mantiene en pie 700 años después pese a la decadencia de la ciudad, y no es casualidad. Toda la ciudad lo regenera año tras año. 

 

*http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.co/2014/02/la-palabra-camina-la-minga-transforma.html

 

Fuentes:

 

http://www.waterisrising.com/content/tokelau 

http://www.lahaine.org/est_espanol.php/tequio_gozona_guelaguetza 

http://www.lanacion.com.ar/1672766-huaxi-el-pujante-pueblo-de-china-donde-todos-viven-como-millonarios 

http://tectonicablog.com/?p=53049 

http://sumakkawsay.files.wordpress.com/2009/06/albo_sumaqamana.pdf 

http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/06/la-cultura-del-auzolan.pdf 

http://www.lapatilla.com/site/2012/07/10/comenzo-la-destruccion-de-la-mayor-mezquita-en-mali/ 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/24/actualidad/1356352274_604236.html 

http://elpais.com/elpais/2013/10/09/eps/1381323026_969117.html 

Somos uno: un homenaje a los pueblos indígenas. Joanna Eede. 

http://www.elcorreodelsol.com/articulo/el-pueblo-mas-comestible-del-mundo 

http://www.elciudadano.cl/2011/01/05/jorge-moraga-antropologo-%C2%ABlas-redes-de-apoyo-y-solidaridad-explican-el-gran-exito-de-los-chinos-fuera-de-su-pais%C2%BB/ 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/carne-cruda/ 

http://blogs.elpais.com/seres-urbanos/2015/01/la-reconstrucci%C3%B3n-de-hait%C3%AD-cinco-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-del-terremoto.html 

http://www.ecoavant.com/es/notices/2015/01/la-ciudad-comestible-2240.php 

http://uzbekistan-travel.com/index.php/es/costumbres-y-tradiciones/140-2013-05-01-10-08-25 

http://www.ideal.es/sociedad/201507/01/pasar-limpio-20150629122042.html 

Clifford Geertz. Conocimiento local: ensayo sobre la interpretación de las culturas.https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1983-conocimiento-local.pdf

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140806/54412801559/ebola-epidemia-panico.html

 

 

Martes, 26 Septiembre 2017 15:31

Con licencia para explotar y matar

Con licencia para explotar y matar

A medida que el negocio de explotación de la naturaleza aumenta, el asesinato de quienes se oponen a esta realidad se expande por todo el mundo. Un modelo que no se detiene ante sus efectos sobre el medio ambiente ni ante los intereses y derechos de comunidades locales. Una fórmula que se repite en varios países. Promesas inversionistas, gobiernos corruptos, criminalización de la defensa local del territroio y el ambiente, y la muerte de líderes sociales. Este es el modelo de desarrollo que nos quieren imponer.

“Defender la tierra”, así se titula el más reciente informe de Global Witness, una Ong dedicada a sistematizar las agresiones sufridas por los defensores del medio ambiente y de tierras comunitarias. Allí confirma que “el año pasado en el mundo, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, siendo el año con mayores muertes registradas [...]. Esta tendencia no está sólo creciendo, se expande, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países”1. Sus estadísticas relacionan que desde 2010 y hasta el 2017, casi se completan 1.000 asesinatos.

 

Entre los países más peligrosos para quienes legítimamente se empoderan para oponerse a los grandes megaproyectos y monocultivos aparecen Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, India, República del Congo y, obviamente, Colombia.

 

Violencia soterrada y abierta

 

El capitalismo es un modelo depredador, su afán de lucro no mide consecuencias ante la explotación. Desarrollo que mata, ese es el rostro que siempre ha tenido. Ahora que no funciona la eterna e incumplida promesa del “desarrollo” y el “bienestar colectivo”, es cada vez más común el uso de la fuerza para imponer proyectos extractivos, saltándose el derecho comunitario y colectivo a la consulta previa.

 

Uso de la fuerza y desconocimiento de derechos que no pasa impune; las comunidades, conscientes del peligro que corren sus territorios activa su legítima defensa, se movilizan, denuncian, encontrando como respuesta gubernamental la criminalización de sus liderazgos locales y de la misma protesta. Caen sobre ella, entonces, arbitrariedades, abusos y homicidios por parte del capital voraz. La metáfora histórica colonial de civilizado vs salvaje, sigue viva. El 60 por ciento de estos homicidios recaen sobre comunidades indígenas, hermanos mayores que luchan contra la idea de progreso.


Es una lucha desigual. La “incapacidad” estatal para garantizar los derechos y bienestar colectivo, se pasa por la faja la soberanía local, facilitando así que empresas nacionales y extranjeras impongan sus intereses. Lo que ilustran las estadísticas, es que son numerosos los procesos anómalos de consulta, que no son libres, ni previas, ni suficientemente informadas, ni logran el consentimiento colectivo. Los gobiernos presentan, cada vez más, acusaciones penales falsas contra activistas, sometiéndolos, a padecer allanamientos policiales, detenciones ilícitas, multas y encarcelamientos. La resistencia social termina convertida en delito penal.

 

Periscopio

 

Los Estados Unidos no registran muertes de defensores, pero su tarea cada vez es más obstaculizada y criminalizada, como denuncian sus comunidades indígenas, opuestas al fracking, a la construcción de oleoductos y a los monocultivos. Las leyes van en contra de la protesta, ilegalizándola; así lo constata el informe en cuestión, el mismo que registra alarmantes casos en África (República del Congo), donde los asesinatos afectan de manera notable a los guardabosques. En Asia (India), con grandes proyectos mineros y de tala de bosques, el mecanismo de violencia procede a través de una policía cada vez más vendida, lo cual la convierte en el cuarto lugar más mortal para los defensores del planeta.

 

En América Latina, en el 60 por ciento de los asesinatos de estos líderes están implicados los bancos, por ser inversionistas en las explotaciones de bosques, aguas y similares. Las muertes registradas durante el 2014 –con un promedio de dos a la semana– sumaron las tres cuartas partes de todos los asesinatos registrados en todo el mundo. Para el 2015, con un total de 122 asesinatos2, la región registró el peor de los años.

 

Resalta de manera preocupante en este informe, los casos de Nicaragua, donde 11 defensores fueron asesinados, convertido así en el país, percapita, más peligroso del mundo. Sólo una de estas muertes no pertenecía a comunidades indígenas centroamericanas. Un genocidio selectivo producto del interés por el canal interoceánico, bajo el dominio de la empresa china Hong Kong Canal Development Group (Hknd), con una concesión de 100 años de operación de un megaproyecto tres veces más grande que el Canal de Panamá, el que implicará el desplazamiento de 120.000 indígenas.

 

En Honduras, los asesinatos ejecutados durante el 2016 se elevaron a 14, crímenes que sumados desde el 2007, y hasta la fecha, alcanzan a 127. Desde el asesinato de Berta Cáceres –3 de marzo de 2016– han consumado otros siete homicidios, transformando a éste en el país más peligroso para el activismo ambiental. Ante estas acusaciones el gobierno presentó acciones legales en contra de Global Witness, apoyado para ello en los voceros de las industrias, básicamente criticando y cuestionando su labor por frenar el desarrollo del país y tener fines conspirativos.

 

mapa p7

 

 

Grafico p6

 

Colombia

 

Datos escandalosos los de estos países vecinos, pero el nuestro no rompe con el crimen en contra de este tipo de activistas sociales: acá el número de asesinados durante el 2016 creció en un 40 por ciento. Los 37 casos conocidos y documentados superan los registrados en Honduras y Nicaragua. Global Witness se pregunta por semejante cifra en tiempos de acuerdos de paz. La “debilidad” estatal es cómplice del poder de grupos locales; 22 de estas muertes son atribuidas a los paramilitares. Y el gobierno insiste en que no existe un fenómeno sistemático.

 

Entre los homicidios más recientes, es necesario recordar que el pasado 17 de enero fue encontrada muerta, apuñalada y baleada, con su esposo, la lideresa de Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –Conpaz– Emilse Manyona, que denunciaba a paramilitares e intereses internacionales mineros y agroindustriales en el Valle del Cauca, en especial en territorio correspondiente al municipio de Buenaventura. Las presiones sobre las comunidades continúan: hace unos meses Jakeline Romero, lideresa de la comunidad Wayuú, comenzó a recibir amenazas por oponerse a la solicitud de las empresas del Cerrejón Glencore BHD Biliton y Anglo American para desviar el río Ranchería.


El capital no atenúa su voracidad. Ahora las comunidades ya no comen el cuento del “desarrollo”, que cual espejo busca deslumbrar. Y entonces, ahora el capital pretende desconocer los mecanismos de participación autónoma local, activando un modelo estatal que busca la criminalización de quienes asumen la legítima defensa de sus territorios. ¡Qué escenario de impunidad para el asesinato sistemático y selectivo de docenas de personas!


Nuestro futuro, colectivo, sin naturaleza ni defensa alguna, es incierto. Futuro envolatado ante un supuesto “desarrollo” que en realidad es destrucción ambiental, violencia contra las comunidades, desplazamiento de miles, sometimiento de los negados de siempre.

 

Estamos ante mundo civilizado que muestra su verdadero y salvaje rostro.

 

1 Global, Witness. (2017) “Defender la tierra. Asesintaos globales a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016” Paág. 6 disponible: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/.
2 Global Witness. (2016) “Entreno peligroso” disponible https://www.globalwitness.org/en/reports/terreno-peligroso/

 


Recuadro


¿Cuál es la causa de los ataques?

 

La lucha entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness. En algunos casos, identificamos a los sectores específicos que las personas defensoras habían o a los que se habían opuesto antes de su asesinato:

 

Sector Total
Minería y petróleo33
Explotación forestal 23
Agroindustria 23
Caza ilegal18
Agua y represas 7
Otros 4

 

 

Publicado enEdición Nº239
Una bienal de arte para soñar y reclamar la ciudad

“El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Necesitamos estar seguros de que podemos vivir con nuestras creaciones. Pero el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos”.

David Harvey
Ciudades rebeldes. 2012

 

La falta de justicia social es el pan de cada día en Bogotá. La capital colombiana figura hoy como una de las ciudades más desiguales del país: su coeficiente Gini (cuanto más cercano a 0 hay mayor igualdad, y cuanto más cercano a 1, mayor desigualdad), cerró el año pasado en 0,498. Adicional a esto, según el último informe de calidad de vida “Bogotá como vamos”, frente a la pobreza monetaria en el 2017, Bogotá vuelve al indicador de hace 5 años: 11,6 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, es decir que de cada 100 hogares a duras penas 11 pueden suplir sus necesidades básicas; y la situación empeora.

 

No obstante, existen habitantes de esta ciudad que a pesar de vivir duramente la crisis en carne propia, le apuestan todo por organizarse desde abajo y actuar colectivamente en el territorio. Acá una de esas experiencias.

 

Lo que sucede en la cuenca alta del río Fucha

 

Sobre los Cerros Orientales, donde se asentó parte de la población migrante producto de la expansión económica del siglo XX y la violencia política de los años 60 y 70 del siglo pasado, se encuentra la cuenca alta del río Fucha, ubicado en la localidad de San Cristóbal, Unidad de Planeación Zonal (UPZ) San Blas, espacio poblado por 5.200 habitantes, distribuidos en 7 barrios: Montecarlo, San Cristóbal Alto, Manila, Gran Colombia, Los Laureles, La Cecilia y Aguas Claras.

 

En la actualidad, sobre este sector de la ciudad existen dos grandes proyectos turísticos y pseudo ambientales: el Parque lineal río Fucha y el Sendero de las Mariposas, impulsados por la actual alcaldía distrital. Proyectos con graves consecuencias, por las reubicaciones que implican, para quienes acá habitan: de los cerca de 2.000 predios en el territorio, ocupados por casas autoconstruidas, con gran valor simbólico y político con historia y memoria de 30 años de lucha y de construir ciudad, una vez tomen forma estos proyectos solo quedarían en pie cerca de 1.000, situación que genera incertidumbre, inseguridad y desconfianza en una comunidad que necesita que le garanticen a todos sus habitantes el derecho a la ciudad y a tener una vivienda digna.

 

Construyendo utopías en el territorio del alto Fucha

 

Corría el año 2013, cuando un grupo de jóvenes en unión con algunos habitantes del sector decidimos conformar la colectiva Huertopía Sembra luna, rescatando la importancia de la agroecología de la mano de algunos principios del feminismo, con un objetivo principal inicial: construir una huerta urbana llamada “Buen Vivir”. ¿Su propósito? Reconocer, junto a la comunidad, el valor de uso de los alimentos y la posibilidad de establecer una soberanía alimentaria para el barrio, además de promover la nueva dimensión de los derechos de la naturaleza y de la convivencia en armonía con la misma.

 

Después de un año de tejer relaciones con el barrio y su gente, decidimos crear una segunda huerta, que denominamos “Huertopía”. La primera intención con ésta era apropiarnos de un lote, fruto de las primeras reubicaciones sufridas por pobladores del barrio, el cual se estaba convirtiendo en un espacio de microtráfico. “Huertopía” se convirtió en el espacio más frecuentado por los niños que vieron en la huerta un espacio de juego, aprendizaje y transformación; espacio en el cual no prima el interés económico pues parte de la cosecha es para quien la trabaja.

 

Tensiones

 

Este proceso de creación y fortalecimiento comunitario ha tenido que pasar por grandes tensiones desde el 2015, a partir del momento en que a varias familias les llega una carta de la Caja de Vivienda Popular informándoles que serían desalojadas en 15 días sino aceptaban el plan de reasentamiento. Este hecho, al tiempo que desató gran indignación, fortaleció nuestra organización, presentando escenarios de movilización y denuncia frente a la política de reasentamiento que principalmente beneficia a los bancos y constructoras encargadas de construir las indignas viviendas de interés prioritario (VIP).

 

Luego de 3 años de exigencias, se expide la resolución de legalización parcial de los barrios Los Laureles y La Cecilia, en ella, según la Secretaria de Ambiente del Distrito se argumenta que los barrios se encuentran afectados por el paso de un hilo de agua denominado drenaje del río Fucha, el cual por su importancia debe ser conservado. Este fue el argumento mediante el cual se justifican reubicaciones de los predios que se encuentran cercanos al drenaje, los cuales están excluidos del proceso de legalización.

 

Con este panorama decidimos salir de trabajar solamente en las huertas, para trabajar por la obtención de los servicios y la legalización total del barrio. Es ésta la razón por la que la comunidad del Alto Fucha decide conformar la Comisión en Defensa del Territorio Fucha, con el fin de emprender acciones legales en demanda de claridades y socialización frente a los diagnósticos de riesgo y desalojo de la comunidad.

 

Dicho proceso generó el fortalecimiento de las discusiones colectivas sobre derecho a la ciudad desde una perspectiva crítica, profundizando en los varios planes que afectan el centro de la ciudad (Ver proyectos), del cual somos cercanos, y el territorio río Fucha, procesos de gentrificación, conurbación, metropolización y megalopolización1, caracterizados por un diseño no participativo que contribuyen a la profundización del patrón de acumulación neoliberal del capital financiero, inmobiliario y hotelero transnacional.

 

Todos estos escenarios de socialización y discusión procuran construir una posición barrial y popular en pro de la defensa del territorio Fucha. Con ese mismo objetivo encontramos sobre el camino procesos como Arquitectura expandida, que desde el año 2012 posibilitó un escenario de reunión comunitaria para la Junta de Acción Comunal-JAC del barrio La Cecilia, proceso conocido como La casa de la lluvia de ideas, proceso adscrito en las formas de construcción autónomas –como es el caso de los Ecobarrios en nuestra localidad–, articulado con el Mandato Popular del Centro (MPC), la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales (MCO) en oposición al modelo imperante de ciudad.

 

Frente a la desigual disputa por la ciudad, los sectores populares han dispuesto su organización como la forma de encontrar solución a las problemáticas que las afectan, a la par de demandar el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con quienes habitan la frontera de los Cerros Orientales, los barrios cercanos al centro o ubicados en los sitios donde se realizarán grandes planes o proyectos de renovación urbana.

 

Comunidades Fucha: un laboratorio llamado
Casa lluvia de ideas

 

Reconociendo el contexto de la cuenca alta del Río Fucha y las distintas formas organizativas existentes y posibles en el territorio, se han abierto otras propuestas de construcción colectiva en esta zona de la localidad de San Cristóbal. Es así como se impulsa, a partir de las artes, un espacio de encuentro que nos ha permitido reflexionar más a fondo frente al origen de los conflictos territoriales, los actores involucrados y sus respectivas implicaciones.

 

El laboratorio es en sí, una excusa para el encuentro con diferentes colectivas y organizaciones comunitarias de dentro y de fuera de los barrios del alto Fucha y la localidad; posibilita un encuentro intergeneracional para dar cuenta de las distintas formas de diálogo y construcción de soluciones creativas a necesidades culturales, sociales, ambientales y de comunicación entre los diferentes barrios y el trabajo de las formas de organización en el territorio. Este año hemos desarrollado un espacio de fortalecimiento de la autonomía a partir de la búsqueda del empoderamiento barrial por parte de los habitantes del barrio La Cecilia principalmente y vecinos, con ejercicios como: lecturas de cartografías de sueños, impulso a los proyectos de vida individuales y colectivos, elaboración de libros y fanzines.

 

Se han podido activar, así, esas formas de encuentro barrial poco exploradas, a través de apuestas como “La cumbia del reciclaje”, invitación lúdica2 que nos incitó a reciclar y a transformar la basura en objetos artísticos que tengan un segundo o tercer uso, como la creación de máscaras para una comparsa. De esa manera, como otra forma de resistir al desplazamiento y reasentamiento, empezamos a darle forma a un ecoterritorio cultural. Iniciativa integradora, de la cual salieron actividades como el Cecilazo3, el festival Barrios vivos, Fucha libre4, y la feria de trueque La Cecilia tiene crochet5.

 

El Cecilazo, en particular, representa el primer paso para proyectar lo que posteriormente sería la Primera bienal de arte comunitario, con un ejercicio de muralismo y campeonato de banquitas (en una de las calles con mayor número de casas en amenaza de reubicación) y como forma de dar a conocer el alcance de la Cumbia del reciclaje. El festival Barrios vivos, Fucha libre, fue un acercamiento a otro sector del territorio, afectado por la misma problemática a través de muestras musicales, intervenciones artísticas, talleres y encuentros deportivos, eventos que consolidaron alianzas territoriales.

 

Por otro lado, la feria de trueque La Cecilia tiene crochet, consistió en un ejercicio de acercamiento de la problemática a otros sectores y pobladores de la localidad y la ciudad, de modo que estos otros reconocieron estar afectados por la situación, así no vivieran allí. Otro objetivo logrado fue el de reconocer el trabajo y la participación constante de las mujeres y los niños en la construcción del tejido social. En el marco de esta feria, y como continuidad del ejercicio de reciclaje, se logró obtener más de mil bolsas que se convirtieron en setenta banderines que simbolizan estos espacios de encuentro en los que colectivamente se enlazaron y entrelazaron afectos, sueños y trabajo.

 

El arte como un encuentro para soñar, resistir y construir6

 

La primera bienal (San Cristóbal-2017), nace como un ejercicio de comunicación para la ciudad y el país frente a las problemáticas existentes en la capital, respecto al significado de los Cerros Orientales para la ciudad: uso del suelo, derecho de comunidades campesinas y urbanas a con-vivir en los cerros y la ausencia de garantía de nuestros derechos fundamentales.

 

La bienal surge como iniciativa de proyección de ciudad, a partir de lo que hemos denominado Eco-territorios culturales, propuesta de ciudad donde el arte, el ambiente, lo social, lo comunitario y lo organizacional se enlazan para construir durante casi un mes, de manera constante y continua, un ejercicio de resistencia con actividades para el diálogo, la reflexión y el encuentro cultural entre el arte y la comunidad. Las opiniones de algunos de quienes participaron –artistas y comunidad– refuerzan su validez (Ver Echando raíces).

 

En el marco de esta iniciativa se invitó a un grupo de artistas de la localidad, la ciudad y el país. La misma fue respondida por 27 artistas que desarrollaran intervenciones fijas de muralismo, escultura y gaffiti, cuarenta presentaciones artísticas entre teatro, títeres, músicas populares, rock, danza tradicional, break dance, literatura, narraciones orales, muestras gastronómicas, proyecciones audiovisuales, talleres, todo ello con la participación de los habitantes y las comunidades de los siete barrios del alto Fucha. Este fue un ejercicio de autogestión, solidaridad y apoyo de organizaciones locales así como también la comunidad, quienes a través de donaciones de materiales, préstamos de equipos, espacios, energía y hasta baños, hicieron posible su realización.

 

El camino está abierto, los sueños deben seguir diseñándolo.

 

* Colectivo Arto Arte, Colectiva Huertopía y Colectivo Aitue.
1 Gentrificación: proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado que provoca un aumento de los alquileres o del coste habitacional en estos espacios.
Conurbación: conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo crecimiento las ha puesto en contacto.
Metropolización: concepto geográfico que denota el crecimiento demográfico, espacial y operativo de las metrópolis o grandes ciudades que se caracterizan por su elevada complejidad.
Megalopolización: crecimiento urbano acelerado de las metrópolis, que lleva al contacto del área de influencia de una con las otras, formando conurbaciones de grandes ciudades.
2 Serenata “La Cumbia del Reciclaje” 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eRN9O-ouefY
3 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/fundacion-bogotart-cultural-festivals-making-vibrant-and-trendy-previously-invisible-neighborhood
4 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/fundaci%C3%B3n-bogotart-barrios-vivos-fucha-libre-vibrant-neighborhoods-free-fucha
5 Para conocer más: http://www.worldurbancampaign.org/bogoart-foundation-la-cecilia-has-crochet-fundaci%C3%B3n-bogotart-la-cecilia-tiene-crochet
6 https://es-la.facebook.com/primerabienaldeartecomunitario/

 


 

Recuadro 1


Echando raíces

 

“De este ejercicio, que es como un sueño, se rescata la satisfacción expresada por muchos de los participantes, los cuales consideran que con arte y cultura se pude permanecer en el territorio, que estos aprendizajes pueden seguirse compartiendo y transmitiendo; que la gente de los barrios somos capaces de echar raíces, entablar diálogos, echar a andar procesos. Del mismo modo, la confianza que se revivió entre los habitantes de los barrios se evidenció, gracias al poder comunicarnos y de hacer cosas entre nosotros, con la gente, reuniéndonos, ayudando, colaborando”.

 

“Este país ha sido sometido a la violencia para que no nos vinculemos a procesos sociales, para que los sectores populares no participen. La bienal fue una oportunidad para que la gente se dejara sorprender nuevamente de las cosas, otra forma de sentir la vida, de mostrarle al mundo nuestro entorno y rescatar la riqueza que tenemos en los cerros y en nuestros barrios, nos dio la posibilidad de descubrir talentos de todas las edades, al tiempo que los vimos a todos reunidos por una misma causa. Esperamos haber difundido de una manera creativa y amena la voz de quienes nos encontramos en esta lucha por nuestros derechos: a la ciudad y el derecho a un hábitat digno y quienes también apostamos a soñar, tejer, construir, crear y hacer ciudad desde el juego, el arte, el encuentro, el trabajo y las sonrisas”*.

 

* Apreciaciones casi textuales de la comunidad, artistas y colectivos, enunciadas en reunión de cierre y evaluación del proceso el día 2 de septiembre.

 


 

Recuadro 2

 

Proyectos

 

Entre lo planeado para la reorganización del centro ampliado de Bogotá, existen las siguientes obras:

 

• Proyecto de intervención del CAN y ampliación del Aeropuerto El Dorado.
• Edificio Entre Calles
• Triángulo de Fenicia
• Edificio Donald Trump
• Edificio Los Ministerios
• Proyecto Ciudad Salud

Publicado enEdición Nº239
Lunes, 25 Septiembre 2017 11:14

Nadezhda Kurpskaya: pedagoga y comunista

Nadezhda Kurpskaya: pedagoga y comunista

Brilló con luz propia, pese a lo cual es conocida y recordada como “la mujer de Lenin”, relegada así a una posición subordinada que invisibiliza sus logros durante la revolución rusa. Nadezhda Kurpskaya, se forjó un lugar entre la izquierda de su país como conspiradora, organizadora, dirigente y pedagoga. Aquí una semblanza de su obra.

 

El alma de la organización y de las redes conspirativas y clandestinas que desde Europa tomaron forma e hicieron posible que la propaganda sobre la necesidad de la revolución circulara por buena parte de Rusia, fue Nadezhda Krupskaya, quien se ganó las desavenencias de diversidad de emigrados rusos por mantener los hilos de esas redes además de ser la secretaria de prensa bolchevique. Animadversión que en realidad, para muchos, tenía como real alicente el ferreo control que le dio a la lista de colaboradores económicos que facilitaron que gran parte de la propaganda tomara cuerpo efectivo.

 

Estos logros la convirtieron en una de las revolucionarias europeas y rusas más capaces en la técnica de la conspiración, clandestinidad, elaboración y difusión de propaganda clandestina, como cuando organizó la logística conspirativa para que Lenin lograra huir a Finlandia en 1917.

 

También ganó realce por la organización de la Comisión para la Ayuda de los presos políticos rusos.

 

Escritora y pedagoga

 

Nadezhda, profesora de primaria como profesión, nació el 14 de febrero de 1869 en San Petersburgo y murió en Moscú en 1936. “La mujer trabajadora”, su primera obra, tuvo bastante éxito por su contenido pedagógico; desde sus inicios como militante organizó y educó obreros en escuelas nocturnas de alfabetización, algo parecido a lo que hoy se llama educación popular.

 

Sus escritos están recogidos en 84 tomos, una parte de los cuales son su prolífica correspondencia; los demás versan sobre educación en sus diversos matices. Escribió sobre la importancia de las bibliotecas y su organización, sobre los currículos, la organización de las escuelas, la formación de los docentes, la educación para adultos, la educación continuada, las campañas para la eliminación del analfabetismo, sobre la formación de niños y niñas.

 

Es considerada, junto con otras comunistas, como la fundadora de la pedagogía comunista –o marxista-leninista–, y teórica de esa pedagogía. Fue la impulsora de lo que se llamó la autoeducación u auto-orientación en educación.

 

Sobre estos temas, sus tesis parten de sostener que la educación en Rusia debía ser completa o gratuita, universal y sin discriminaciones, para impulsar las libertades civiles y la tolerancia. Consideró que las instituciones educativas no deberían tener el control del Estado central sino solo de los gobiernos locales, por lo cual no debería existir plan nacional de educación sino planes locales, a partir de los problemas concretos de la producción y de la vida social de las comunidades.

 

Impulsó la constitución de los soviets educativos locales, compuestos por la comunidad educativa de los docentes y sus sindicatos. Mejor dicho, órganos de poder en la educación que dieran fuerza y realidad a las tareas de la enseñanza. Propuso cinco grados para primaria y once para la secundaria nocturna, diseñada para obreros campesinos y trabajadores.

 

Decía que para los obreros deberían construirse escuelas unificadas y continuadas en los diferentes grados, para ser abordados en pocos años; tipo de enseñanza que hoy es conocida como educación por ciclos.

 

De acuerdo a su visión, dividió la primaria en inferior y superior; a las escuelas secundarias –de carácter cultural– con énfasis en el idioma ruso o de las nacionalidades. Enfatizó en la conformación de escuelas para estudios técnicos; y propuso prohibir la especialización en los saberes antes de los 16 años.
El núcleo de su propuesta educativa se llamó educación politécnica: la relación entre la teoría y la práctica entre las diferentes ramas de la producción, el trabajo manual y la técnica.

 

Para el desarrollo de estas propuestas, los docentes eran preparados con una visión amplia de la pedagogía y con un acercamiento amplio a las experiencias nacionales y extranjeras.

 

Según Kruspkaya, la educación en general y la politécnica en particular debían partir del principio filosófico de que primero el estudiante siente las emociones, después razona –y logra consciencia– y después aplica dando lugar a hábitos sociales. Es decir, sentir, pensar y actuar. Sus críticos, así como los historiadores de la educación, distorsionaron su enfoque diciendo que para ella lo central era el instinto, pero es claro que una cosa es el instinto y otra el sentir.
Es decir, tres criterios para la “educación social”: 1. los instintos sociales, 2. la conciencia social y, 3. los hábitos sociales.

 

Entre el ideal y la realidad

 

En 1920, después de duros debates, Lenin no aceptó la propuesta de reforma educativa de Kruspkaya y de otros pedagogos, argumentando que en las condiciones políticas, económicas, militares y culturales del momento la centralización estatal de la educación era prioritaria, y a cambio de aplicar el politécnico orientó la preparación acelerada de técnicos con métodos tradicionales para garantizar la reactivación económica. Luego de duros debates Nadezhda aceptó la centralización de la educación por parte del poder central, y también las purgas a los textos y profesores que no aplicaron las orientaciones oficiales. Consideró importante procesar la experiencia de la educación zarista.

 

Debe tenerse en cuenta que al momento de estos virajes Rusia estaba sometida a una dura guerra civil, al “comunismo de guerra” y a la implementación de la NEP (Nueva Política Económica). La educación politécnica, de la cual Lenin también fue defensor, se aplicó durante la “era de Stalin”, del cual Krupskaya fue una de sus asesoras en educación.

 

Cuando vivió en Europa exiliada, Nadhiezda Krupskaya conoció y estudió sobre las bibliotecas de los diferentes países, habló con profesores, visitó escuelas, profundizó sobre las teorías de avanzada en educación y pudo hacer un análisis crítico de esas experiencias, formulando con todo ello una posición científica, con profundo calado marxista, en educación, elaboración que logró sistematizar en su trabajo “Educación pública y democracia”.

 

En honor a su obra, es importante recordar que con sus métodos y planes de estudio, entre 1920-1940, más de 60 millones de adultos aprendieron a leer y escribir en las escuelas primarias, muchos millones de los cuales también participaron de la red de bibliotecas públicas.

 


 

Referencias:
Krupskaya Nadezhda, La educación de la juventud.
Krupskaya N, La educación comunista.
Krupskaya N, “A cerca de la escuela y la educación politécnica”.

 

A cien años de la revolución de octubre vale la pena una mirada a su concepción y practica comunista en la pedagogía soviética, preguntándonos por cuáles de sus ideas pueden hoy ser tenidas en cuenta y cuáles no, en la perspectiva de una nueva educación para una nueva sociedad. (esto no lo incluí pues lo pretendido no se aborda de manera amplia en el escrito, lo que no permite contrastar ni sacar tales conclusiones por parte de quien lea el artículo)

Publicado enEdición Nº239
Sábado, 29 Abril 2017 07:38

Destrucción neta de biodiversidad

Destrucción neta de biodiversidad

 

Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de compensaciones por biodiversidad (biodiversity offsets). Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro megaemprendimiento que implica devastar un territorio, podría compensar la destrucción, supuestamente conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

El concepto de compensaciones por biodiversidad es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como verdes. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de bonos de compensación por biodiversidad, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese predio, como dice la propuesta de ley nombrada.

Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento. Un ejemplo de compensación por biodiversidad que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de compensación. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

Estas compensaciones parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de cero emisiones netas en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser compensadas. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero. Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río, a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda espacio climático para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de compensar para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones. En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que conservar otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de compensación fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

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Policía reprime a manifestantes en reserva india de Dakota del Norte; 167 lesionados

Las protestas contra el polémico oleoducto en construcción en Dakota del Norte, que atraviesa la reserva de agua india Standing Rock, se tornaron violentas la madrugada de este lunes, cuando la policía lanzó gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua helada contra los manifestantes. Los disturbios dejaron 167 heridos, entre ellos tres ancianos de la comunidad siux.

Los manifestantes intentaban mover varios vehículos quemados dejados como barricada por la policía y que bloquean el puente Backwater, en la carretera 1806, desde el 27 de octubre.

La oficina del alguacil del condado de Morton subrayó que los manifestantes provocaron verdaderos "disturbios". Las autoridades calculan que había unos 400 manifestantes.

Según el diario estadunidense Bismark Tribune, que cita la oficina del alguacil, los manifestantes aventaron piedras y pedazos de madera a la policía. El saldo fue de un detenido.

Dallas Goldtooth, activista de Indigenous Enviromental Netwok, confirmó que la policía roció a los manifestantes con agua helada y usó gas lacrimógeno.

"La temperatura era de menos 3 grados en Cannon Ball alrededor de las 9 de la noche", dijo Goldtooth, quien añadió que "el fuego reportado por la policía fue para ayudar a calentar a las personas mojadas".

El activista comentó que "los manifestantes se han sentido frustrados por semanas con la barricada, ya que ha bloqueado el acceso para los servicios de emergencia de quienes se dirigen al sur hacia el campamento y para los activistas que van hacia el norte para protestar contra la construcción cerca del río Misuri", donde la compañía planea excavar bajo el río, el cual se encuentra a kilómetro y medio del puente Backwater.

Para la tribu siux de la reserva india Standing Rock, el oleoducto amenaza sus fuentes de agua potable y varios sitios en donde están enterrados sus ancestros. La población pidió al presidente Barack Obama intervenir para detener esta construcción y ordenar una investigación sobre los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

La semana pasada, para calmar los ánimos, el gobierno estadunidense ordenó la paralización de esta obra, ya que consideró que se requerían mayores análisis y debates sobre el proyecto. El plan del oleoducto de la compañía Energy Transfer Partners despertó en estos meses un movimiento de protesta creciente de las tribus indígenas en Estados Unidos, de los ambientalistas y de los defensores de los derechos de los amerindios.

El proyecto del oleoducto, bautizado Dakota Access Pipeline, atraviesa cuatro estados sobre mil 886 kilómetros para transportar el petróleo que se extrae de Dakota del Norte, en la frontera canadiense, hasta Illinois.

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