Nicolás Maduro: "Pretenden crear un conflicto con Colombia" 

El presidente Nicolás Maduro finalizó la alocución al frente de la reunión del Consejo de Defensa de la Nación denunciando la existencia de una amenaza y escalada militar contra el país. “Tenemos las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para crear un conflicto armado entre Colombia y Venezuela”.

La reunión del lunes a la noche se dio luego de un día de alta tensión diplomática. En primer lugar, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, presentó pruebas de cómo fueron falsificados y difundidos a través de la prensa colombiana, en particular la revista Semana, documentos para intentar acusar al gobierno venezolano de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el sector de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) que regresó a la lucha armada.

Luego, en horas de la tarde, tuvo lugar una rueda de prensa del canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el Rodríguez, donde fue convocado el cuerpo diplomático acredito en el país, para darles “información precisa de los actos terroristas que desde la República de Colombia se planifican bajo el amparo del gobierno neogranadino”.

Fue en horas de la noche que Maduro se reunió con el Consejo de Defensa de la Nación, donde participaron representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todos sus niveles, de los poderes públicos, y el gabinete nacional.

“He entregado como jefe de Estado al Consejo de Defensa de la Nación la conducción colectiva de esta coyuntura de amenaza real, de violencia, de conflicto armado y de ataque de parte del gobierno guerrerista y criminal de Colombia”, afirmó el mandatario, siguiendo, explicó, el artículo 232 de la Constitución.

Durante la alocución denunció los diferentes actos encubiertos -42 acciones en tres meses, detalló- que se han venido realizando desde el gobierno de Colombia. Una de ellas ha sido y es el intento de “captación de oficiales y suboficiales venezolanos con la intención de atacar el sistema de defensa aéreo y misilítstico venezolano, apoyados por un grupo de venezolanos”.

El presidente venezolano también se refirió a la alerta naranja decretada días atrás y el inicio de los las operaciones fronterizas “Venezuela soberanía y paz” que se llevarán adelante desde este martes 10 de septiembre hasta el 28 del mes.

“A poner a punto todo el sistema de defensa nacional, afinar todos los mecanismos del despliegue de la capacidad militar de nuestro país para poner a punto la defensa terrestre, antiaérea, la defensa integral del territorio nacional”, afirmó Maduro.

De esta manera la tensión entre ambos países alcanzó su punto máximo desde la nueva escalada que inició el 29 de agosto. Ese día un sector de las FARC anunció su regreso a la lucha armada, lo que fue seguido por la acusación del presidente Iván Duque hacia Venezuela al afirmar que el gobierno de Maduro les brindaba apoyo dentro de su territorio.

Dos días después, el 31 de agosto, Jorge Rodríguez había denunciado la detención de quien iba a detonar explosivos en puntos céntricos de Caracas, y la presencia de tres centros de entrenamiento militar en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde, explicó, fue entrenado, junto a otras personas, y enviado al país.

No fue la primera vez que el gobierno venezolano denunció la presencia de centros de formación militar en Colombia para atentar contra Venezuela: el caso anterior había sido con el intento de asesinato del presidente Maduro el ocho de agosto del 2018.

El escenario actual se enmarca dentro de una nueva ofensiva en el intento de derrocamiento del presidente Maduro. Las declaraciones han venido en escalada en las últimas semanas, en particular desde el decreto firmado por Donald Trump el 6 de agosto para agudizar el bloqueo económico y financiero, lo que trajo, en consecuencia, la decisión de Maduro de suspender las negociaciones en Barbados.

En ese contexto, y con un cuadro de desmovilización de la oposición a nivel nacional, tomó fuerza la variable Colombia en el esquema de asedio al gobierno venezolano. Iván Duque no se pronunció el lunes acerca de las declaraciones hechas desde el Palacio de Miraflores.

Por último, el lunes también tuvieron lugar tres hechos relevantes. En primer lugar, el informe leído por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que reiteró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, a la vez que reconoció el impacto negativo del bloqueo y la violencia opositora.

En segundo lugar, tuvieron lugar las palabras de Elliot Abrams, enviado especial norteamericano para el caso venezolano, quien, desde Bruselas, acusó a la Unión Europea de no tomar mayores sanciones contra el gobierno de Maduro y de ser permisiva con sus dirigentes.

Por último, se supo que la Organización de Estados Americanos -de la cual el gobierno venezolano se retiró- debatirá el próximo miércoles el pedido hecho por el autoproclamado Juan Guaidó de que se active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una carta que pone sobre la mesa la posibilidad de conformar una coalición internacional contra Venezuela.

Queda por delante la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar el 27 de este mes, y será un nuevo escenario de la confrontación diplomática. Los tiempos han vuelto a acelerarse.


Colombia-Venezuela, ¿tan sólo tambores de guerra?

Álvaro Verzi Rangel

Estrategia.la

Los analistas venezolanos, colombianos e internacionales coinciden en que ven como muy remota la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela, aunque el tono guerrero de algunos altos funcionarios colombianos y el reciente anuncio de Nicolás Maduro de desplegar un sistema de misiles antiaéreos y ordenar ejercicios militares en la frontera, dan lugar a temer por la paz regional.

Las amenazas de guerra no son nuevas en la historia de ambos países, surgidos de la misma raíz de la Gran Colombia. Muchas veces sirvieron para distraer la atención de los problemas internos.

Por un lado sirve para invisibilizar las conversaciones entre gobierno y oposición venezolanos que adelantan con auspicio noruego y por el otro, ocultar el juicio que se le sigue al expresidente colombiano Álvaro Uribe, en momentos en que se larga la campaña electoral para gobernadores y alcaldes,

Funcionarios colombianos tienden a desestimar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (venezolanas) –sus equipos y armamentos no han recibido mantenimiento ni se adaptan a una confrontación con su vecino del sur y oeste, dicen- y agregan una especulación con tufo a fakenew a la ecuación explosiva: la supuesta alianza de disidencias y guerrillas colombianas con el gobierno de Caracas

A principios de semana, denunciando una «escalada guerrerista» desde el país vecino, Maduro volvió a elevar el tono contra el gobierno del ultraderechista Iván Duque, a quien suele acusar de estar detrás de planes de Estados Unidos para derrocarlo, asesinarlo o desencadenar hechos de violencia en Venezuela.

«En los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano, captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano», indicó Maduro en una cadena de radio y televisión.

“Colombia no será jamás un país agresor, y si llegáramos a ser agredidos, que Dios quiera que esa hipótesis jamás se produzca, pues sabemos que también tendríamos no solamente nuestra capacidad de defensa sino la reacción de nuestros aliados en la comunidad internacional”, afirmó la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

El Gobierno colombiano, reveló Ramírez, busca activar todos los mecanismos a nivel hemisférico para evitar cualquier tipo de agresión armada. “Colombia está activando todos los instrumentos que existen en la región para evitar cualquier tipo de acción militar y cualquier tipo de provocación”, apuntó.

Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, calificó como una “distracción” las acusaciones de Nicolás Maduro sobre Colombia. “La clásica estrategia del enemigo externo, el enemigo interno, el enemigo anterior, antes le echaban la culpa a la Cuarta República, a los bachaqueros, a la guerra económica, ahora la culpa es de un país hermano”, dijo Guaidó, quien reiteró que trabajará de la “mano con el gobierno colombiano” para dar con el paradero de los disidentes de la Farc.

Este último pico de tensión –que trasciende la guerra de micrófonos que tiene varias décadas- comenzó a finales de agosto cuando Duque acusó sin prueba alguna al gobierno venezolano de dar «albergue» y «apoyo» a un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que, liderado por Iván Márquez, anunció su rearme.

En respuesta, Maduro decretó una alerta en la frontera común de 2.200 kilómetros y convocó ejercicios castrenses en esa zona entre el 10 y el 28 de septiembre, y el despliegue de un sistema de misiles terrestres y antiaéreos. Asimismo, acusó a Colombia de estar armando y entrenando paramilitares para llevar a cabo en Venezuela atentados contra altos personajes de su entorno.

Duque, acosado por una grave crisis económica, ética y social, bajó el tono y descartó una intervención militar en Venezuela asegurando que «Colombia no agrede a nadie».

‘Guerra’ fue una de las palabras que más se repitió en los medios hegemónicos de comunicación colombiana esta semana, mientras la paz y la esperanza continúan siendo reiterativas en los discursos del pueblo. Las organizaciones sociales, sectores y comunidades no han dejado de preguntarse por la construcción de la paz en los territorios.

Han pasado casi tres años desde que las Farc-EP y el gobierno firmaron en La Habana el Acuerdo de Paz, pero la realidad diaria en las regiones y las ciudades es preocupante: miltarización, persecusión, estigmatización, y hostigamiento continuo; el asesinato sistemático de líderes sociales, la incursión de proyectos extractivistas que atentan contra la naturaleza y las comunidades, el incremento del índice de desempleo; el desplazamiento, tanto al interior del país como hacia el exterior.

Alberto Castilla, senador colombiano de la bancada alternativa, señaló que la diferencia entre la paz que plantea la burguesía y la que planean las comunidades es de carácter estructural; para éstas la paz no se limita a la entrega de las armas o a los Acuerdos logrados con las insurgencias.

“Está bien que haya una negociación del conflicto armado, pero no dejar reducido el concepto de paz a esa situación, sino generar todo lo que signifique mejores condiciones para la población colombiana y ahí si podríamos tener el concepto de paz”, aseguró Castilla. Todo ello, junto al incumplimiento del Acuerdo de Paz, son algunos de los elementos que evidencian que el silencio de los fusiles no es equivalente a la paz.

Las especulaciones guerreristas

La revista colombiana Semana, especuló que Maduro estaría instrumentalizando a estos grupos insurgentes para desestabilizar al gobierno colombiano y estos estarían suministrando información de inteligencia sobre posibles blancos, en especial estructuras energéticas y de seguridad colombianos.

La revista afirmó, en base a supuestos documentos secretos de inteligencia, que el gobierno venezolano tiene las coordenadas y la descripción de decenas de edificios claves para Colombia, incluyendo sedes gubernamentales, militares e infraestructura civil. En los documentos -titulados “Zamora” y “Centauro negro”-, las fuerzas militares del venezolanas diseñaban un plan de defensa ante una supuesta invasión imperialista de Estados Unidos desde Colombia, dice Semana.

Rubén Sánchez, profesor de ciencias políticas y gobierno de la colombiana Universidad del Rosario, descarta completamente ese escenario “porque el problema que tiene Maduro es interno, con su país, su población, la oposición. Además tiene unos aliados que no le pueden ayudar: Rusia está lejos y a China no le interesa. Viendo las condiciones objetivas sería una estupidez”, dijo al diario bogotano El Tiempo.

La analista venezolana Collete Capriles disiente con los colombianos y alerta que el ejército venezolano tiene gran poder de fuego: “ Es muy “respetable” militarmente, como lo reconoció el jefe del Comando Sur hace unas semanas”, dijo, tras reseñar que las declaraciones de ambas partes han ido más bien en la dirección de bajar la tensión.

Capriles también analiza el lado colombiano, dentro de la polarización política que vive el país: estos tambores de guerra “benefician a quienes no quieren una solución negociada a la crisis venezolana. Al menos son esos grupos lo que con más alegría abrazan la hipótesis bélica».

Desde la oposición antichavista se señala que Maduro no tiene cómo sostener una guerra porque no tiene logística, no tiene recursos financieros, y su población está carente de lo más elemental, sobre todo en la frontera. “Todo esto forma parte de la típica reacción chavista de ‘huir hacia adelante’ para hacer creer que están dispuestos a todo, pero en el fondo están pidiendo a Dios que no los tomen en serio”, apuntó Luis Salamanca, docente de la Universidad Central de Venezuela.

Por su parte, el dirigente chavista Pedro Carreño señaló que “Colombia, cual Caín de América, queriendo matar a sus hermanos, se ha prestado para constituirse en un portaaviones de Estados Unidos, de manera tal que desde allí se avance en ataques directos hacia Venezuela”. “Hay que aclarar que aquí hay un plan perverso, criminal y macabro para satanizar, estigmatizar y criminalizar al pueblo y al gobierno de manera tal de generar visiones subjetivas para una escalada de agresiones que termine con el control total de nuestro territorio”, agregó.

La prensa bogotana especula sobre un apoyo ruso al gobierno de Caracas y señala que la guerra híbrida no necesariamente emplea aviones de combate polivalente Sukhoi SU-30 o tanques pesados T-72, sino que se vale de nuevas formas de tecnología y de patrones de relacionamiento sociales, actuando en los espacios radioeléctrico y digital, buscando aliados en el país objetivo, y explotando sus contradicciones y conflictos sociopolíticos.

Mientras, embajadores de la Unión Europea instaron al gobierno de Nicolás Maduro y al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a que regresen al diálogo impulsado por Noruega para poner fin a la profunda crisis que encara Venezuela. Tras un encuentro del cuerpo diplomático con Guaidó, el embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, señaló que «hay que negociar, discutir y reanudar el proceso de Oslo, de la mediación de Noruega».

¿Serán tan sólo tambores de guerra haciendo ruido para invisibilizar la realidad? En eso, los medios hegemónicos colombianos y las agencias noticiosas internacionales que difunden estas especies, tienen un largo historial de azuzar conflictos en su prédica de terrorismo mediático.

 Por Álvaro Verzi Rangel es Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Domingo, 01 Septiembre 2019 06:04

Pico de tensión entre Colombia y Venezuela

Pico de tensión entre Colombia y Venezuela

El presidente colombiano había afirmado que la  “banda de narcoterroristas” de las Farc, cuenta “con el apoyo de la dictadura de Maduro”.

 

La relación entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia ha dado nuevos pasos de enfrentamiento esta semana. La primera acusación vino por parte de Iván Duque luego del anuncio del regreso a las armas por parte de un sector de las FARC. El presidente afirmó que el grupo, a quien calificó “banda de narcoterroristas”, cuenta “con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”.

En respuesta a las acusaciones del presidente, el gobierno venezolano emitió un comunicado para rechazar de los señalamientos. “Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas, su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el cumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano”.

No es la primera vez que el gobierno colombiano acusa al de Venezuela de dejar operar a las fuerzas insurgentes en su territorio, en particular al ELN. A esa matriz se había sumado el señalamiento de que Iván Márquez y Jesús Santrich -presentes en el centro del video difundido para anunciar el regreso a las armas- estaban en el vecino país.

El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció intenciones de guerra detrás de las acusaciones de Iván Duque: “El problema político que enfrenta Colombia, no puede ni debe derivar en una confrontación militar. Exhortamos a no buscar excusas ni pretextos con falsos positivos para intentar violar nuestra soberanía territorial, bien sea por fuerzas convencionales como por grupos irregulares”.

En ese contexto, el día sábado, el ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, denunció el funcionamiento de tres campamentos de preparación armada en Colombia, donde se preparan las acciones terroristas contra el gobierno y la sociedad venezolana.

Afirmó que uno se sitúa en la ciudad de Maicao, a 2,5 kilómetros de la frontera, otro en Río Acha, y el tercero en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los dos primeros son, explicó, de entrenamiento para uso de explosivos, y el tercero de entrenamiento militar. Allí se “entrenan más de 200 personas para acciones paramilitares, terroristas, asesinatos selectivos, y agresión en la frontera”, denunció Jorge Rodríguez.

“¿Qué vas a hacer Iván Duque?” afirmó el ministro de comunicación al exhortar al presidente de Colombia a que desmonte los centros de entrenamiento de los cual, explicó, es cómplice.

Rodríguez explicó que los servicios venezolanos lograron confirmar la existencia de los centros luego de desarticular tres acciones con explosivo. Las dos primeras iban a ocurrir el 17 de agosto, al detonar explosivos cargados de C4 frente la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales y un edificio del barrio 23 de Enero, bastión chavista. El tercero iba a darse a finales de agosto, con la detonación de un explosivo en el Palacio de Justicia de Caracas, situado en una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad.

“Todo esto forma parte de un plan que tenía su culminación en los próximos quince, pensaban perpetrar acciones de mayor magnitud en contra del pueblo de Venezuela y el presidente de la república”, detalló Jorge Rodríguez.

Las acusaciones cruzadas regresan así a su punto de mayor tensión desde el 23 de febrero, cuando el gobierno colombiano abrió dos puentes internacionales para intentar ingresar camiones y manifestantes por la fuerza en territorio venezolano. La noche siguiente había tenido lugar un ataque de un grupo de 60 paramilitares a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana a pocos kilómetros del puente internacional.

No es la primera vez que el gobierno venezolano acusa al de Colombia de ser parte activa en los intentos de derrocamiento de Nicolás Maduro. En agosto del 2018, Venezuela señaló que los autores del intento de asesinato del presidente se habían entrando en un campamento en Colombia, más exactamente en Chinácota. Desde allí también habrían traído los drones que cargaron los explosivos para realizar la acción.

La escalada ocurre en un momento de crisis de la oposición venezolana, que ha perdido su capacidad de movilización y de generar expectativa. Sus iniciativas se redujeron en las últimas semanas, al igual que su impacto mediático tanto nacional como internacional.

El escenario internacional tuvo en contrapartida dos noticias centrales. La primera, de orden similar al que enfrentan Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. La segunda, política, con el reconocimiento de la existencia de diálogos directamente entre el gobierno norteamericano y el venezolano.

Esto último se dio luego de que Maduro decidiera retirarse de la mesa de diálogo con la oposición en Barbados, debido al nuevo paso de acciones unilaterales de Estados Unidos. La confirmación de canales de diálogo entre ambos gobiernos evidenció que la resolución del conflicto pasa por un acuerdo con el gobierno norteamericano, real decisor, financista y articulador del intento de derrocamiento de Maduro.

La posibilidad de ese acuerdo todavía aparece lejana en un juego trancado. EE.UU. afirma que no está dispuesto a una negociación que no implique la salida del presidente venezolano antes mismo de unas elecciones. En cuanto al gobierno de Maduro, una de las exigencias es el retiro del bloqueo contra el país.

¿Cómo operará la nueva escalada entre Venezuela y Colombia en este contexto? El gobierno venezolano ha denunciado en varias oportunidades los laberintos de guerra que se preparan desde el país vecino. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció que presentará pruebas en Naciones Unidas sobre “la protección y amparo de Iván Duque a grupos terroristas y armados en Colombia para, con su anuencia, atentar contra nuestro orden constitucional”. 

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 Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. CAMILO ROZO

El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva cincuenta años en Colombia y ha visto las mutaciones y las distintas formas en que la población ha padecido a varios grupos armados. Christoph Harnisch (Suiza, 1958), su actual delegado, lleva cinco en el país y alerta sobre un nuevo escenario de mayor complejidad.

El diplomático, que fue intermediario neutral en las negociaciones en La Habana a solicitud del Gobierno de Colombia y las Farc, habla con EL PAÍS sobre las actuales dimensiones del conflicto; del aumento de un 300 por ciento de las víctimas de artefactos explosivos improvisados, que pasó de 57 en el 2017 a 221 en 2018, sobre su preocupación por cómo los migrantes venezolanos son aún más vulnerables en medio del conflicto y de los desafíos de la búsqueda de desaparecidos.

 

Pregunta. ¿Cuál es la situación del conflicto armado después del acuerdo de paz? ¿Se mantiene o ha empeorado?

Respuesta. El CICR nunca ha utilizado la palabra posconflicto. La realidad de muchos países en conflictos no se puede resumir en estas categorías intelectuales, es mucho más compleja. Y nunca hay que olvidar que la idea fundamental de este acuerdo de paz fue que la paz no es la firma, es construir algo durante años y años y años. Por eso nosotros siempre preferimos utilizar el término pos acuerdo. Ya sabíamos que solamente un acuerdo con una parte, con las FARC, pero no con la otra, iba a ser una paz parcial. Entendemos y entendíamos que había un interés político de proyectar una imagen de un país en paz, lo cual sería muy bueno. Ahora, lo que hemos visto con presencia en el terreno nos muestra otra realidad. Había esperanza en muchas de esas zonas muy dejadas por años y no hubo estabilización. Y en esas zonas hubo una situación peligrosa que es el desarrollo de lo que es ilegal. Esto afectó la población civil.


P. ¿Cuáles son las violaciones que más les preocupan?

R. No es que el CICR quiera ser ave de mal agüero, son simplemente observaciones que hacemos. Hay intimidación, amenazas, restricción de movilidad, artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos. Eso no quiere decir, como me critican algunos: ¡ah entonces para usted la paz no fue útil! La paz fue muy útil, pero hay que reconocer una realidad para muchas personas que están en estas zonas. Vemos con preocupación también el desplazamiento individual por razones de amenazas. Son las mismas violaciones al DIH del pasado.

 

P. ¿Por qué habla de cinco conflictos armados actualmente?

R. Hemos visto que están presentes las mismas prácticas de control social del pasado, en las que se les dice a los campesinos si pueden trabajar o no. Y en las zonas donde hubo voluntad de cambiar cultivos ilícitos por lícitos se presentó un choque entre los campesinos y los grupos que tienen la posibilidad de influenciar de manera negativa a la población. Para nosotros, el enfoque no es jurídico sino humanitario. Por eso hablamos de cinco conflictos.

 

P. ¿Cuáles son y cómo operan?

R. Primero, está el actor con el que hubo negociaciones de paz, (la guerrilla) del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahí vimos fortalecimiento en regiones como Chocó, Nariño, Cauca y Catatumbo. El segundo conflicto armado es con la estructura del Clan del golfo. Muchas veces dicen, bueno ellos no tienen una motivación ideológica, para nosotros eso no es un criterio, lo importante es que esos grupos están en terreno y afectan a la población civil. El tercero, es el EPL (Ejército Popular de Liberación), que es una estructura que en el 2016 estaba bastante débil y se fortaleció desde 2017. En cuarto lugar está la situación que ocurrió en la última fase de La Habana. Algunos de las FARC, concretamente del Frente 1, 7 y 40. En este, hemos tenido largos meses de análisis. ¿Qué es esto, en términos jurídicos? Porque las Farc ya fue un grupo insurgente que no se puede llamar un grupo armado. Ahí la prensa inventó el término disidencias o grupos residuales. Para complicar todo, hubo enfrentamientos entre el ELN y el EPL, y así hicieron el quinto conflicto armado.

 

P. ¿Todos atravesados por la coca?

R. Lo que pasó después del inicio de 2017 es que estos grupos se habían preparado para lo que venía después de la eliminación en la geografía militar de las Farc y ahí vimos un reagrupamiento y la pelea por el dinero rápido o las economías ilegales, no solo coca sino también la minería ilegal. Un campesino que quiere cambiar de la coca al café, a la yuca, no puede hacerlo en muchas zonas porque si lo intenta tiene problemas con estos grupos, o bandas, que en algunos casos son pequeños.

 

P. Es decir, lo mismo del pasado pero con grupos dispersos

R. Lo nuevo en Colombia es que no hay una dimensión nacional en el conflicto armado, hay micro regiones con dinámicas que no tienen mucho que ver unas con otras. Es una situación más compleja en donde la pregunta fundamental es cómo proteger a las poblaciones y neutralizar las economías ilegales. Ese es el gran dilema del Estado colombiano, y no depende de un gobierno. Además, el pasado era más sencillo en términos de análisis: todo mundo conocía los frentes, bloques, comandantes de las Farc; hoy pasa eso con el ELN, pero el tema se complica en las fronteras. Hay una fragmentación, un análisis mucho más difícil de lo que son esos grupos, los civiles muchas veces nos dicen que no saben quiénes son. Y eso es muy diferente del pasado. Entonces estamos entrando en una nueva cara del conflicto, la cara de estos grupos es más difícil.

 

P. La atención está en las disidencias, ¿pero cuáles son los que afectan más a la población?

R. Todos utilizan artefactos explosivos improvisados y sus peleas para la reorganización de rutas ponen en riesgo la población. El efecto es el confinamiento, accidentes, heridos, y este es el aspecto más triste porque afecta a los niños, a los campesinos. En Colombia siempre se habló de reclutamiento forzado de menores; hoy estos grupos no utilizan la fuerza sino el dinero. Es una nueva dimensión. Esas dinámicas ponen en contradicciones muy duras a las familias por la pobreza en la que se encuentran.

 

P. ¿Cómo ha sido la respuesta del actual gobierno?

R. Es un poco temprano para evaluar los éxitos y las dificultades. Con todas las críticas que se pueden hacer, es mucho más complejo que en el pasado. El del ELN y las Farc fue un conflicto muy tradicional. Diría que la respuesta debe ser con esfuerzos muy contextualizados. No se puede hacer un plan nacional que implemente de la misma manera en todo el país, porque el Catatumbo, Nariño o Chocó son totalmente diferentes. Cabe destacar muy claramente que no es responsabilidad de un solo gobierno. La situación fue compleja ya en 2017, no es una acusación al gobierno que no hace suficiente. Lo que sí es que se necesitan respuestas. La gente nos dice, es importante que ustedes vengan, para ver lo que pasa, pero no es suficiente.

 

P. Ha insistido en poner el foco en los desaparecidos

R. En el marco del acuerdo de paz se habló de la necesidad de dar recursos para los más de 80 mil desaparecidos, o tal vez más, y hoy lo que nosotros sabemos es que siguen desapareciendo personas por el conflicto armado. Desaparece una persona cada cuatro días.

 

P. Se esperaba que el pos acuerdo permitiera a acceder a información para encontrar desaparecidos.

R. Estamos trabajando fuerte en eso. Para este tema es importante que tengamos la información más actualizada sobre sitios de entierro, no solo de combatientes, sino de civiles. Hubo resultados buenos en 2017 y 2018. Ahora hay ciertos miedos de hablar de estos temas.

 

P. ¿Por qué?

R. Primero, muchos de los exguerrilleros se dispersaron; también hay temor a palabras como inseguridad jurídica, y claramente lo que pasó a nivel nacional (se refiere a la fuga del excomandante de las Farc, Jesús Santrich) impactó a estas personas. Tercero, los primeros casos de asesinatos de ex Farc.

 

P. Usted había alertado por falta de presupuesto en la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas

R. Apoyar la Unidad de Búsqueda debe ser un objetivo estratégico, porque tendrá el papel de encontrar, con una organización extrajudicial y humanitaria, los desaparecidos durante al menos 30 años. El primer punto positivo es que existe y tiene recursos pero no son suficientes. La Comunidad Internacional ayuda de manera eficaz, lo que hace falta es la voluntad del Estado de priorizar esto y no simplemente decir nosotros tenemos dudas sobre ese sistema integral. No, en este tema de los desaparecidos no debe existir polarización. Todo el mundo está de acuerdo en que esta es la tarea de la sociedad colombiana de los próximos años y entonces hay que darle apoyo a la Unidad. Entendemos las dificultades del presupuesto, pero presupuestos traducen voluntad.

 

P. Pero con un gobierno que no creía en la existencia del conflicto armado, ¿sí habrá interés de encontrar los desaparecidos? Eso mostraría las dimensiones de lo que pasó.

R. Ese debate sobre conflicto armado nunca ha sido útil. Estas situaciones necesitan un fondo político, pero claramente si detrás de este debate hay una voluntad de no implementar, eso sería lamentable. No sé si estamos en esa situación, pienso que no, pero hay unos elementos de duda que tendrían que ser esclarecidos. Se sabe muy bien que los gobiernos siempre quieren disimular con el tema de los desaparecidos porque es doloroso para toda la sociedad y entendemos que ahí hay opiniones divergentes. Lo que hay que aprender es que tenemos una Unidad de Búsqueda que forma parte del sistema integral y eso es un logro inmenso.

 

*Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, habla de su preocupación por el escenario de violencia que vive el país.

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 El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en mayo de 2018 en Moscú. Mikhail Pochuyev Mikhail Pochuyev/TASS

El viceministro de Exteriores ruso asegura que el Kremlin asesora e interactúa continuamente con el Gobierno de Maduro

 

 

Tras años de alianza, y con Venezuela sumida en una profunda crisis económica, social y política, Rusia no ve a Caracas, y a Nicolás Maduro, como un socio necesitado. “Creo que somos iguales en esta alianza”, asegura Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores de Rusia.

 “Venezuela se ha convertido en uno de nuestros socios más importantes, no solo estratégicos sino también aliados”, insiste. Riabkov (Moscú, 59 años), un peso pesado de la política exterior rusa, visitará Caracas la semana que viene para asistir a la reunión de países no alineados. Un viaje de agenda, afirma Riabkov, pero que se ha percibido desde fuera, también, como una muestra de apoyo al Gobierno de Maduro.

“Apreciamos sinceramente cómo nuestros amigos venezolanos nos apoyan en un amplio abanico de temas, desde cómo votan con nosotros en varias resoluciones en la Asamblea general de la ONU; hasta en cómo debemos dirigir lo que espero sea una resistencia internacional más unificada a las sanciones extraterritoriales de EE UU”, apunta en una entrevista, en una de las grises salas del histórico edificio de Exteriores en Moscú.

Rusia, segundo acreedor del país latinoamericano —tras China— se ha convertido en uno de los principales apoyos de Maduro, ahora que más de 50 países —entre ellos EE UU y la mayoría de los europeos— han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado el pasado enero. Rusia lleva meses acusando a Washington de maniobrar para desestabilizar el país latinoamericano.

“Interactuamos continuamente con Venezuela no solo brindando ayuda económica por la situación difícil que vive; también asesorando y compartiendo consejos”, asegura Riabkov. Moscú y Caracas tienen importantes acuerdos en el sector de los hidrocarburos y la energía; también en el de la minería. Además, Rusia, con una potente industria de defensa, ha vendido desde 2001 armas a Venezuela y mantiene con el país latinoamericano “acuerdos de cooperación técnica militar”. Pactos “transparentes, configurados en términos muy precisos” tanto dentro de la legislación rusa como de la internacional, defiende Riabkov, responsable ministerial de las relaciones con América.

Moscú envió a un centenar de militares a Venezuela para “asesorar” al Ejército venezolano, un envío que alimentó las suspicacias de la comunidad internacional. Además, varias informaciones apuntan que también empresas privadas rusas han enviado paramilitares a Venezuela, algo que el Kremlin siempre ha negado de manera rotunda. “Damos servicio al equipo que fue adquirido por Venezuela a lo largo de los años”, señala el viceministro ruso. “Ningún suministro de equipo militar ruso a Venezuela constituyó en ningún momento un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región”, recalca.

Riabkov defiende esos acuerdos y asegura que el enfoque de Rusia es “tremendamente responsable”, y que hay disposiciones que “evitan radicalmente” que el material que suministra a Caracas “acabe en manos de personas que no están suficientemente controladas por los Gobiernos de la región”.

El viceministro de exteriores acusa a EE UU de difundir la idea de una posible intervención militar para desequilibrar el país. “Nos preocupa una melodía continua de Washington, donde se tiende a hablar de que todas las opciones están sobre la mesa y nada puede excluirse. Eso crea deliberadamente una sensación de incertidumbre, de qué es posible y qué no en términos de la participación de Estados Unidos”, dice.

Para Riabkov, la única posibilidad ahora sobre la mesa es el diálogo. “El Gobierno del presidente Maduro mostró muy buena voluntad”, asegura. “Algunas personas de la oposición mostraron menos inclinación a participar”, añade. Rusia, que participa en el proceso de diálogo noruego, lleva tiempo ofreciéndose como mediador, y a la pregunta de si han conversado con la oposición, incluido Juan Guaidó, elude contestar directamente. “No nos cerramos a mantener ningún contacto. Sin embargo, decir que mantenemos un diálogo o contactos directos sería presentar nuestra postura de manera equivocada”, dice. “Tuvimos contactos, una comunicación de ida y vuelta; con nuestros amigos del Gobierno venezolano y otros, también”, asegura. Pero define el asunto como “muy sensible y delicado”. Y eso, “requiere que no lo hagamos público y trabajemos con discreción”, afirma.

La semana pasada, la ONU, tras una visita a Venezuela de su Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo público un demoledor informe en el que hablaba de graves violaciones; también de violencia y abusos policiales. Un punto que otras organizaciones de derechos civiles y humanitarias ya han denunciado. Riabkov asegura que Rusia sigue de cerca la situación en el país latinoamericano y que ya ha emitido su análisis “en los formatos apropiados, fundamentalmente en Ginebra”. Y acusa a organizaciones, como Naciones Unidas, de falta de neutralidad. “En muchos casos estas estructuras trabajan en el terreno político”, asegura.

“La mejor manera de abordar las posibles inquietudes [sobre los derechos humanos en Venezuela] es el diálogo directo con las autoridades, con el Gobierno. Ellos deben tener derecho a responder, a hablar. Y no debe ser únicamente una calle de un solo sentido con solo críticas y sin consideración a las respuestas y acciones que emprende el Gobierno en esta área”, recalca.

En mayo, Estados Unidos aseguró que había mantenido conversaciones con piezas clave del régimen de Maduro para dejarle caer; y que este tenía planes de abandonar Venezuela pero que Moscú le frenó. Riabkov niega tajantemente “cualquier discusión de ese tipo entre Moscú y Caracas". Y acusa a Washington de “inyectar” en el discurso público “piezas de información que nada tienen que ver con la realidad”. “Vemos un constante flujo desde EE UU que malinterpreta nuestra postura, o incluso que ofrece al público internacional información errónea. Y no solo es una cuestión de evaluación errónea de donde está Rusia, qué hace, o qué quiere. Es un intento de construir una imagen de nuestro país como la del chico malo de la clase”, dice.

Con la llegada de Donald Trump, Moscú manifestó su esperanza de que las relaciones con Washington mejorarían. “Recibimos bien y siempre lo hemos hecho la declaración de Donald Trump de ir junto a Rusia. El problema es que a esta buena intención le sigue muy poca acción”. Riabkov considera que Rusia ha hecho un esfuerzo de acercamiento y lamenta que Washington no haya recogido el guante. “Pero también reconocemos que, dada la atmósfera actual en EE UU y los intentos de jugar el llamado ‘problema ruso’ o ‘injerencia rusa’, como un elemento de su agenda interna, quizá este enfoque sea demasiado ambicioso”. La alternativa, dice, sería encontrar pese a las sanciones algunos puntos en los que avanzar, como en la estabilidad y la seguridad. “También algunos problemas como Siria, Corea del Norte o Afganistán”.

 

Por María R. Sahuquillo

Moscú 9 JUL 2019 - 15:18 COT

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Viernes, 14 Junio 2019 06:09

Estallan dos buques cisterna

Estallan dos buques cisterna

Tensión y acusaciones cruzadas en el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de EE.UU. acusó a Irán del ataque y el ministro de Exteriores iraní calificó el hecho de sospechoso.

 

El ataque a dos buques cisterna en el estrecho de Ormuz –entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán– aumentó las tensiones en la región. El incendio, ayer, de las dos naves (una noruega y una japonesa) llega un mes después de un supuesto sabotaje de cuatro barcos en la misma zona. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, enseguida acusó a Irán de perpetrar el ataque, mientras que el ministro de exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, calificó el hecho como sospechoso. A raíz de estos acontecimientos, el precio del petróleo se disparó. 

El primer incidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana (hora local) a bordo del “Front Altair”, un buque que pertenece al armador noruego Frontline y que navega con bandera de Islas Marshall, en un punto situado a 25 millas náuticas de Bandar-e Jask, una localidad portuaria del sur de Irán. El barco llevaba un cargamento de etanol de Qatar a Taiwan, según informó la agencia oficial iraní IRNA. “Cuando el barco se incendió, 23 tripulantes saltaron al agua y fueron rescatados por un barco cercano y entregados a una unidad de rescate iraní”, indicó el medio. “Una hora después del primer accidente otro barco se incendió a las 9.50 a 28 millas náuticas del puerto”, agregó IRNA. El “Kokuka Courageous”, un buque cisterna que navegaba con rumbo a Tailandia y posteriormente a Singapur bajo bandera panameña, y que pertenece a la empresa japonesa Kokuka Sangyo, sufrió el incidente a unas 30 millas de Jask. Directivos de la firma nipona dijeron en Japón que la embarcación, que transportaba 25.000 toneladas de metanol, recibió un primer impacto a babor. Los tripulantes intentaron apagar un fuego que se había declarado en la sala de máquinas, pero tras un segundo impacto, también a babor, el capitán dio orden de abandonar el buque y sus 21 tripulantes, de nacionalidad filipina, fueron rescatados por la embarcación iraní.

El secretario de Estado estadounidense acusó a Irán de estar detrás de los presuntos ataques. “La valoración del gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos hoy (por ayer) en el golfo de Omán”, sentenció Pompeo en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Departamento de Estado. 

El responsable de la diplomacia de Estados Unidos justificó, a continuación su acusación: “Por los informes de inteligencia, las armas empleadas, el nivel de conocimiento necesario para ejecutar la operación, los ataques similares contra buques perpetrados por Irán recientemente y el hecho de que ningún grupo rebelde de la zona tiene los recursos para actuar con tal nivel de sofisticación”, aseguró.

El funcionario apuntó, asimismo, que estos son apenas los últimos ejemplos de ataques ejecutados por el gobierno iraní y sus seguidores contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados, y a continuación enumeró todas las agresiones sufridas por su país en la región en los últimos meses de las que hace directamente responsable a Irán. Asimismo, Pompeo recordó cómo Teherán amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz después de que Washington endureciera el embargo contra el petróleo procedente de Irán. El estrecho es una vía marítima clave por donde transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo y cientos de millones de dólares en otras mercancías. Entonces, el funcionario afirmó que con estos ataques Irán pretende cumplir esa promesa. “Si se los considera como un todo, estos ataques sin provocación previa representan una clara amenaza para la paz y la seguridad, una violación patente de la libertad de navegación y una inaceptable campaña para escalar las tensiones por parte de Irán”, afirmó. Pompeo calificó además de insulto el hecho de que unos de los buques atacados sea japonés, un país que se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el canciller iraní hizo hincapié en que el supuesto ataque sucedió mientras el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, estaba reunido con el primer ministro japonés, por lo que calificó al suceso como sospechoso.”Los ataques denunciados contra los petroleros relacionados con Japón ocurrieron mientras el primer ministro Shinzo Abe se reunía con el ayatolá Ali Jameneí para mantener conversaciones extensas y amistosas”, escribió Zarif en su cuenta oficial de Twitter. Por ello, y teniendo en cuenta que algunos países acusaron a Irán de un incidente similar ocurrido el mes pasado, Zarif agregó que el término sospechoso se queda corto para describir lo que ocurrió ayer por la mañana. Abe comenzó el miércoles una visita histórica de dos días a Irán con el objetivo de rebajar la tensión en Oriente Medio, principalmente entre Teherán y Washington.

El incidente de ayer se produjo en un momento de creciente tensión entre ambos países que ha llevado a la Casa Blanca a esgrimir estos ataques como una de las causas que justifican el aumento de la presencia militar estadounidense en la región y la venta de armamento a Arabia Saudita, una transacción que no cuenta con el respaldo del Congreso de Estados Unidos.

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La ex soldado estadunidense Chelsea Manning, ayer al llegar a una corte de Alexandria, en Virginia, donde un juez ordenó su regreso a la cárcel debido a su negativa a declarar, "por cuestión de principios", ante el gran jurado en el caso contra Julian Assange por la filtración de documentos clasificados a Wikileaks.Foto Afp

Ingresa la policía a la embajada de Venezuela en Washington y expulsa a activistas partidarios de Maduro

Nueva York. El gobierno de Donald Trump desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las tinieblas de acciones bélicas para promover cambio el de regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el Congreso y la prensa.

Aquí se intensifican los temores de que el gobierno de Trump provoque una guerra contra Irán, tras la orden del miércoles de desalojar al personal "no esencial" de su embajada en Irak, argumentando supuestas amenazas y acciones iraníes poco precisas y citando imágenes de inteligencia de presuntos misiles colocados en pequeñas embarcaciones en el golfo Pérsico.

Durante las últimas dos semanas Estados Unidos ha incrementado la tensión, alertando sobre potenciales ataques de Irán, enviando equipo militar y naves a la región, filtrando que el Pentágono está contemplando enviar una fuerza hasta de 120 mil soldados a esa zona y amenazando con una respuesta feroz ante cualquier "provocación" de Teherán.

Por ahora Washington no está convenciendo a sus aliados. Esta semana un general británico que es subcomandante de la coalición que combate a ISIS en Irak y Siria enfureció a los estadunidenses al comentar que no existe evidencia de una "creciente amenaza" de Irán. Diplomáticos europeos rehusan, por ahora, sumarse al coro bélico dirigido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton.

De hecho, ayer se divulgó que ni el propio Trump está convencido de lo que impulsan sus subordinados; el New York Times reportó que el comandante en jefe comentó a su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, que no desea un conflicto armado con Irán como resultado de su llamada estrategia de "presión máxima".

Mientras, el gobierno de Trump continuó sus esfuerzos para cambiar el régimen venezolano. El miércoles pasado el Departamento de Seguridad Interna determinó que las "condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación viajando hacia o desde ese país" y con ello el Departamento de Transporte emitió una orden para suspender de inmediato todos los vuelos directos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela.

En Washington, la batalla por la embajada de Venezuela culminó ayer con el ingreso de la policía a esa sede para expulsar a activistas antiguerra que habían residido ahí durante más de un mes con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó tomaran control del edificio. Los antichavistas que han sitiado el inmueble sede corearon "USA, USA", al aplaudir la acción.

Por otro lado, Trump continuó intensificando su guerra comercial contra China, a pesar del repudio y las críticas de inversionistas y granjeros estadunidenses, y el pasado miércoles emitió una orden ejecutiva para prohibir que empresas de telecomunicaciones estadunidenses instalen equipo fabricado en el extranjero (China, sin decirlo) que podrían representar "un riesgo para la seguridad nacional".

En tanto, Trump presentó su nuevo plan para una reforma migratoria –elaborado en parte por el yerno del presidente Jared Kushner– disfrazada para que el presidente pueda proclamase "pro inmigrante", pero que busca sustituir la preferencia para la reunificación de familias, que ha imperado durante décadas, con una para migrantes "capacitados" y "brillantes", y busca limitar aún más el proceso de asilo e incluye más medidas de seguridad (y por supuesto el muro), o sea, de persecución y castigo de los más vulnerables.

El plan –que no aborda qué hacer con los indocumentados en el país, incluidos los dreamers– se interpreta más como un documento diseñado para efectos electorales, ya que tiene casi nula posibilidad de ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, desde la llegada de Trump, la derecha ha librado una renovada ofensiva contra los derechos de la mujer con varios estados promoviendo leyes contra el aborto. El objetivo real de los impulsores de esta ofensiva legislativa a escala estatal –con decenas de iniciativas– es provocar una disputa judicial que llegue a la Suprema Corte, donde esperan, con la mayoría conservadora instalada por Trump, lograr el sueño ultraconservador de revertir un fallo de hace cuatro décadas conocido como Roe v Wade que reconoce el derecho al aborto.

La extraordinaria guerra de Trump contra sus opositores en el Poder Llegislativo continuó escalando a niveles posiblemente sin precedente. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, informó el miércoles al Comité Judicial de la cámara baja que no sólo no cumplirán con las solicitudes de documentos y testimonio, sino que cuestionó la autoridad del Congreso para investigar a Trump, sobre todo en torno a una posible obstrucción de la justicia.

Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, declaró que “la Casa Blanca está recurriendo al argumento desmesurado de que el presidente no puede ser obligado a rendir cuentas… al pueblo estadunidense. Eso es rídiculo”. Otros legisladores indicaron ayer que el presidente, con estas afirmaciones, está cometiendo aún más actos de obstrucción de justicia.

Por último, en un caso relacionado con la guerra contra los medios en este país, ayer un juez ordenó el retorno de Chelsea Manning a prisión después de que, una vez más, ésta declaró que no cooperará con ningún gran jurado y que no claudicará sus principios. En marzo, la ex analista de inteligencia militar, quien fue la fuente de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas de Estados Unidos a Wikileaks en 2010, y quien cumplió siete años de prisión por eso, fue encarcelada dos meses por negarse a testificar sobre sus interacciones con Julian Assange, ahora perseguido por la "justicia" estadunidense.

"¿Habra algún tipo de guerra que Trump no esté por impulsar?", preguntó el cómico y conductor de The Late Show, Stephen Colbert.

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Miércoles, 15 Mayo 2019 06:00

Tucídides, Trump y la guerra con China

Tucídides, Trump y la guerra con China

Entre flotas con portaviones y aranceles de castigo, la administración Trump amenaza a China. Quiere doblegar su poderío económico y frenar su influencia creciente en asuntos internacionales. La República Popular China ya es considerada "adversario" por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y los principales medios de información de ese país repiten a coro el mensaje.

Los tambores de guerra se escuchan, y la evolución de los acontecimientos podría anunciar un conflicto bélico entre China y Estados Unidos en el futuro. El análisis de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso es más relevante que nunca para el análisis de la coyuntura actual. La lección más importante en su obra es que la principal causa de la guerra es el factor emocional: el temor y la desconfianza.

China es percibida como adversario, porque Washington sabe que su supremacía no puede durar para siempre. La economía estadunidense puede todavía ser la más grande del mundo (dependiendo de la métrica), pero no necesariamente es la más fuerte. Su poderío depende, en buena medida, del papel que juega su divisa en el sistema monetario internacional. Sin embargo, el déficit comercial crónico es un claro indicador de algunas debilidades de la economía de Estados Unidos.

Del total de las exportaciones estadunidenses de bienes y servicios, las de manufacturas de alta tecnología (computadoras, aviones, máquinas herramienta y robots industriales, equipo científico, etcétera) representan 20 por ciento del total. A pesar del alto grado de complejidad de estos productos, Estados Unidos ya enfrenta una fuerte competencia internacional en estos rubros. En contraste, las exportaciones de servicios, entre los que se encuentran los servicios financieros, representan 33 por ciento de las exportaciones totales. Es claro que buena parte de esas ventas al exterior de servicios no se llevarían a cabo si el dólar estadunidense no fuera todavía la moneda hegemónica.

La guerra comercial de Trump contra China se inició en febrero de 2017, con aranceles de 30 y 20 por ciento sobre dos categorías de productos. A lo largo de ese año se fueron imponiendo aranceles a muchos otros productos, y China comenzó a responder con medidas compensatorias. Hoy se han interrumpido las conversaciones que se suponía llevarían a un nuevo acuerdo y el conflicto se ha intensificado. Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles de 25 por ciento sobre 200 mil millones de dólares de importaciones chinas, y Pekín ha anunciado que aplicará medidas compensatorias equivalentes.

¿Cuáles son los objetivos de Washington en esta guerra comercial? En el primer año de la guerra comercial el déficit comercial de Estados Unidos con China se incrementó 11 por ciento (pasó de 375 a 419 mil millones de dólares entre 2017 y 2018). Puede que el déficit se reduzca en los años siguientes, pero eso dependerá de muchos factores y también podría acarrear costos para los consumidores y empresas estadunidenses.

Los negociadores de Estados Unidos saben muy bien que el déficit bilateral no se va a reducir de manera significativa y que tampoco van a regresar las empresas que se fueron a China por sus bajos costos de mano de obra. Para ellas todavía quedan por explotar los paisajes demográficos de Vietnam, Cambodia e Indonesia. Entonces, ¿qué busca Washington con su belicosidad comercial?

Un indicio revelador está en las razones por las que la semana pasada se rompieron las negociaciones entre ambos países. Washington ha acusado a Pekín de renegar sobre los acuerdos a los que había llegado hacía meses. Esos convenios tienen más que ver con la política industrial y tecnológica de China, así como su legislación sobre propiedad intelectual. En este terreno, a Estados Unidos le gustaría doblegar al gigante asiático para mantener un predominio tecnológico que cada vez es más precario.

En el año 433 antes de nuestra era, Atenas impuso a la ciudad de Mégara una serie de severas sanciones económicas que amenazaban con asfixiarla. Ese decreto fue determinante y Esparta sintió que confirmaba sus peores temores sobre los designios de los atenienses para incrementar su poderío e influencia. El conflicto se presentó como inevitable y se desató la segunda guerra del Peloponeso, que terminó con la derrota de Atenas en 404 antes de nuestra era. El costo de la guerra fue terrible y Grecia nunca volvió a gozar de la autonomía que tuvo durante la era clásica. Para Tucídides, en su Guerra del Peloponeso, el factor emocional del miedo y la desconfianza fue la "causa más verdadera" de esa terrible guerra.

Hoy, la política de Washington frente a Pekín sigue el mismo derrotero. Miedo y desconfianza. ¿Preferirá Estados Unidos hundir al mundo en un conflicto nuclear antes que perder su hegemonía? Difícil responder, pero una cosa es cierta: la profecía de una guerra se cumplirá si Estados Unidos no abre el espacio que Pekín siente necesitar como potencia emergente. De adversario a enemigo no hay más que un solo paso.

Twitter: @anadaloficial

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Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enColombia
La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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