Jueves, 28 Abril 2016 08:02

El final está cerca

El final está cerca

Las noticias que se transmiten cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de la catástrofe ecológica que vive Nicaragua dan la idea de que estamos hablando de un país del pasado. De una naturaleza exuberante que fue y de la que sólo van quedando vestigios desolados: cauces secos de ríos de los que se alzan nubes de polvo, y son más de 30 los que se han secado; el emblemático río San Juan, caudal de nuestra historia que ahora se puede atravesar a pie en ciertos trechos; el Gran Lago de Nicaragua que se agosta, humedales que ahora son inhóspitos suelos cuarteados.

 

La desidia dice, con su irresponsable voz de siempre, que la sequía es cíclica, que apenas termine el fenómeno adverso de El Niño todo volverá a la normalidad; los ríos serán de nuevo caudalosos, se nutrirá otra vez el manto freático y rebosarán de agua los pozos ahora secos; y, como consuelo final, que esta es una anomalía meteorológica que afecta no sólo a Nicaragua, sino que trastorna al mundo entero.

 

Pero el ojo tuerto que contempla la calamidad de esta manera necesitaría del otro para ver cómo avanza la masiva destrucción de los bosques. La reserva de Bosawás, por ejemplo, declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco, está siendo exterminada. Junto con la del río Plátano de Honduras, al otro lado de la frontera, comparte un territorio de bosque tropical húmedo y nuboso, originalmente de 50 mil kilómetros cuadrados, segundo en extensión en el continente americano después de la selva amazónica.

 

Bosawás, según el ambientalista Camilo de Castro, desde 1987 ha perdido 580 mil hectáreas, de las que 280 mil han sido depredadas en los pasados 10 años, como consecuencias de las constantes invasiones de colonos que destruyen la selva para plantar granos básicos o convertir el terreno en pastos para ganado. Anualmente se talan 42 mil hectáreas en la reserva, lo cual augura su extinción.

 

Extraer las maderas preciosas de Bosawás, caoba, cedro, prohibido por la ley, es el brillante negocio de mafias invisibles, así como también vender por adelantado las tierras selváticas a los colonos para que tumben los árboles, extendiéndoles títulos de propiedad falsos. Los suelos, que no son apropiados para sembrar maíz o frijol se agotan muy pronto y entonces sigue la penetración para arrasar más bosque. Lo mismo sucede con la otra gran reserva de 3 mil kilómetros cuadrados, la de río Indio-río Maíz, al sur del país, y vecina al río San Juan, ese por el que iban a transitar los barcos de uno a otro océano y que ahora puede atravesarse a pie.

 

En un diario de Managua leo una crónica acerca del puerto de montaña de El Hormiguero, surgido de la nada, y descrito como la puerta de entrada al corazón herido de Bosawás. Allí los colonos llegan en pipantes a través del río Wany, que surca la reserva, a vender sus cosechas a los comerciantes o a cambiarlas en trueque por agroquímicos, sal, azúcar, ropa, botas y demás productos de primera necesidad. Decenas de poblados seguirán surgiendo como éste mientras más selva siga siendo destruida, y lo que parecen alegres señales de pujanza económica, sólo lo son de muerte de la verdadera riqueza.

 

Las comunidades indígenas, tanto al norte como al sur del Caribe, son habitantes de esas selvas agredidas. En su cultura ancestral ven a la naturaleza de otra manera, como verdadera madre. Los árboles y las fuentes de agua son parte esencial de su propia existencia y el bosque no puede tener dueños particulares. Este choque cultural entre mestizos del Pacífico y etnias del Caribe, misquitos, mayagnas, creoles y ramas, se convierte en un choque entre lucro y conservación, y ha devenido en agresiones armadas con muertos, desaparecidos y secuestrados y quema y destrucción de poblados. Hay una llama encendida allí, que puede llegar a desatar una conflagración.


El país está siendo destruido por la irresponsabilidad y el desatino y por el apetito del enriquecimiento ilícito, y ha dejado de ser el mismo en su riqueza natural y en su equilibrio ecológico. Bastan los mapas satelitales para saberlo; del verde hemos pasado al marrón. Eso no lo ven los tuertos.

 

Pero también hay tuertos de los dos ojos. El empresario chino Wang Ying sigue empecinado en la construcción del canal interoceánico, y su demiurgo Bill Wild, que dirige por telepatía todas las operaciones desde Hong Kong, dice desde allá con cara impasible: “Estamos revisando aún más el balance de agua de nuestro canal... estamos más convencidos de que el canal sí va a tener suficiente agua para su operación”. Y agrega, con cómica sabiduría: En este proceso se están generando aún más diseños y optimizaciones nuevas que nos ayudan a reducir aún más la necesidad de agua.

 

El canal pretende atravesar el Gran Lago de Nicaragua, de por sí tan somero que su profundidad promedio es de 12 metros, y ahora el agua se ha retirado de sus costas a tal punto que las embarcaciones tienen dificultades para atracar. Nadie quita que pronto haya trechos que, igual que en el río San Juan, se podrán atravesar a pie. Quizás entonces lo que convenga a Wang Ying sea construir una carretera interoceánica y no un canal.

 

Si algo se ha ganado frente a esta debacle es que la conciencia ecológica ha avanzado, sobre todo entre los jóvenes, convencidos de que hay que hacer algo por detener la catástrofe. Un campesino explicaba con perfección didáctica en la televisión hace unos días, delante de su maizal desolado, lo que la mortandad de árboles tenía que ver con la falta de lluvia. Eso me lleva a pensar, me decía un amigo, que dentro de 30 años también otro campesino como éste hablará con la misma convicción de lo que la desigualdad económica y la falta de oportunidades tienen que ver con su pobreza.

 

Masatepe, abril 2016

 


sergioramirez.com
Facebook: escritorsergioramirez
Twitter: sergioramirezm
Instagram: sergioramirezmercado

Publicado enInternacional
Lunes, 25 Abril 2016 15:30

La emboscada

La emboscada

Cruzada de interrogantes arrancó la fase pública de la negociación de paz entre el gobierno nacional y el Eln. ¿Será este el último, el capítulo final del conflicto armado?

Con sesiones realizadas en Ecuador, Venezuela y Brasil para redondear este paso, necesitaron dos años de conversaciones privadas. Discusión que les tomó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 30 de marzo mismo, cuando las dos partes anunciaron en Caracas acerca de su común acuerdo. Sin embargo, y con sorpresa, la agenda acordada no tuvo ni un minuto de armonía.

Según el presidente Santos, el Acuerdo Marco tiene “[…] una naturaleza muy distinta del proceso de La Habana […]. En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados, punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el Eln medidas que contribuyan a la construcción de la paz”.

Tanto el prolongado diálogo exploratorio y confidencial, como el cara y sello lanzado en las palabras de Santos, revelan que la llegada a un acuerdo temático no fue sencillo ni pudo fijar plazos. Al final, cada una de las partes cedió notoriamente en algo. Por parte del Gobierno es evidente. Concedió al no incluir en la agenda el tema del narcotráfico, ante el cual su contraparte reiteró que no debía de estar incluido como tema por dirimir, pues no hace parte de sus prácticas ni líneas de financiación; pero también cedió en la metodología base de esta negociación. En concreto, en el punto 2...d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía”.

Tal punto resulta consecuente y sin sorpresa, dados los énfasis que caracterizaron a cada uno de los distintos momentos de negociación, entre el gobierno nacional y el Eln, a lo largo de las últimas décadas. Metodología en la cual esta organización guerrillera siempre insistió: el ingrediente de una participación activa de la sociedad, para el logro de la solución política. De alguna manera y sin importar la denominación, recalcan que la comunidad discuta con el Gobierno. Que presente urgencias. Y defina desde su ángulo, las deudas y prioridades económicas, sociales, ambientales, etcétera. Con este método e instrumento, los alzados en armas avalan dichas decisiones y sentires. Según su entender, “las armas al servicio de la sociedad”.

¿Por qué admitió esta metodología la delegación gubernamental, aferrada como está a defender los privilegios? No es clara la respuesta. La inclusión de este aspecto deja la puerta abierta a una negociación con discusión acerca de cualquier tema. Si la sociedad con papel de actor define las prioridades y afanes que más preocupan, resulta contradictorio con el estribillo que una y otra vez repiten desde las altas esferas: “Desde el principio hemos dejado en claro al Eln –tal como lo hicimos con las Farc– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político. Ni del régimen de propiedad privada. Mucho menos, temas relacionados con la doctrina militar o de nuestra fuerza pública”.

Entonces, si para la comunidad de Arauca o del Cauca o cualquiera otra el afán y necesidad es su reclamo por reformar el régimen económico o transformar la doctrina de las Fuerzas Armadas o temas similares, ¿qué haría el Gobierno? Es obvio que surgiría al punto una barricada que pone distancia entre las partes. Abierta en temas, la negociación dilata tiempos. ¿Cómo resolver tal obstáculo? La respuesta llegará con el paso de los meses. ¿Están dispuestos Santos y el establecimiento a reformar el contenido no reformable de sus intereses: la estructura económica de expoliación y de negocios? ¿La insurgencia está dispuesta a silenciar sus armas con parodias de participación de la sociedad o sin conseguir su más importante enunciado de la Agenda.

No fue casual, por tanto, que el tono y los puntos de la agenda firmada desataran una agria discusión entre el Presidente y la cabeza de esta negociación, Frank Pearl. Desacuerdo hasta el punto que motivó una inicial renuncia de Pearl al frente de la delegación gubernamental. Las formalidades del momento mantuvieron el cargo. ¿Hasta cuándo aguantará?

La Agenda abierta con el Eln toca otros aspectos, y no de manera fácil. Por ejemplo, las armas: “[…] se construirá un acuerdo sobre las armas del Eln para ponerle fin al conflicto armado”. No constituye referencia, está exenta la fórmula dejación que no es entrega, y que al Gobierno le costó pestañas y acomodo. ¡Qué presión tiene! ¿Por qué aceptó este tenor de acuerdos la parte gubernamental? El interrogante hay que plantearlo una y otra vez.

La duda conlleva o puede derivar una respuesta de acrecentamiento del conflicto, de represión y de persecución a la oposición insumisa: arreciar éste con grados de aceptación en sectores de opinión. En fin, de una ofensiva militar/paramilitar con un efecto de exigencia y radicalización de la estructura armada en negociación, o apuntada contra las comunidades donde el Eln tiene aceptación.

Si así fuera –y ojalá que no–, la paz no estará tan cerca. Tan a corta distancia, como repite el discurso del poder por todos los medios oficiosos. Maniobra de poder con factores de violencia militar-paramilitar, que repercutiría y puede extenderse al conjunto de las Farc y las organizaciones sociales que están localizadas en sus territorios de influencia. Con sus retoños, y sucedida como fue la parainstitucionalización 1992-2010 (desde el aquí estoy y aquí me quedo de Samper, que mantuvo al general Bedoya), es un avatar no extraño en la deriva actual que no es de paz blanquísima. Con sepelios, organizaciones sociales y algunos entornos políticos de oposición, ya levantan voces de protesta. De indignación, por el permanente asesinato de sus líderes o de activistas de base. Realidad macabra.

Quizás es por este tipo de ítems en el guion acordado que el presidente Santos extendió una emboscada con discurso a la contraparte guerrillera. Texto que pronunció el mismo día en que informó el comienzo de conversaciones públicas. Como se puede recordar, en la intervención presidencial Santos aseguró que “...no es lo mismo que La Habana [...] Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el Eln mientras mantenga personas secuestradas”. Mal augurio.

La negociación pública entre el gobierno nacional y el Eln arrancó con una emboscada a micrófono abierto. No de otra manera se puede calificar la puntualización desplegada por el presidente Santos. ¿Está de sobra Frank Pearl? Si el punto al respecto del secuestro ‒con todo su valor y polémica ante la libertad personal y ante la vida‒ es un irrenunciable para la parte oficial, ¿por qué no lo planteó de este tamaño durante los dos años previos al anuncio del 30 de marzo? ¿Por qué esperar y marcar la diferencia hasta el propio momento de la positiva noticia de otra Mesa? ¿Borrar con el codo las firmas de Pearl, José Noé Ríos y el general (r) Herrera Verbel? Sabida y supuesta una negociación en medio de las hostilidades, ¿presionar a su contraparte de inmediato ‒con argumento de conflicto, de separación‒ para que aparezca ante el país como la culpable de que el diálogo no prospere?

Los antecedentes de negociación sostenida con las Farc enseñan, y saltan a la vista, que el Presidente maniobra de manera constante, que no desaprovecha ocasión para tratar de poner a su contrario a la defensiva. En la pretensión de que aparezca ante el país como sin voluntad real de paz. Ganar la ventaja es una de las esencias del arte de la negociación. Pero llevada de manera errada puede desatar un efecto contrario. ¿Habrá logrado la emboscada el efecto pretendido en la Casa de Nariño?

Publicado enEdición Nº223
Sábado, 23 Abril 2016 07:07

Cerca de 400.000 muertos y contando

Así quedó la ciudad de Homs después de un ataque aéreo la semana pasada.
ES EL COSTO HUMANO DEL CONFLICTO ARMADO EN SIRIA, SEGUN EL MEDIADOR DE LA ONU

“Las partes tienen una urgencia honesta en intentar lograr un acuerdo histórico”, aseguró el enviado especial de la ONU en Ginebra, donde se desarrollan las negociaciones entre los sirios.

 

Las partes beligerantes en Siria tienen voluntad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a una guerra que dura más de cinco años y ha causado 400.000 muertos porque no ven posible un triunfo militar, afirmó ayer el mediador de la ONU, Staffan de Mistura. “Las partes tienen una urgencia honesta en intentar y lograr un acuerdo histórico”, aseguró el enviado especial de la ONU en una rueda de prensa en Ginebra, donde se desarrolla la tercera ronda de conversaciones entre los sirios.

 

De Mistura hizo estas declaraciones pese a la marcha entre jueves y viernes de la mayoría de los componentes de la delegación opositora, que decidió suspender su participación en las conversaciones en protesta por las infracciones del régimen a la tregua, vigente desde febrero, y la falta de acceso humanitario a áreas sitiadas militarmente.

 

El mediador explicó que ambos bandos desean un acuerdo por dos razones. “La primera es que todos están de acuerdo en una decisión que no es fácil, que es hablar sólo de transición política. La segunda es que hay una clara sensación entre las partes de que ninguno de ellos obtendrá una victoria militar y que es tiempo de hablar”, precisó.

 

No obstante, reconoció que para impulsar el diálogo se necesita del empuje de la veintena de países que forman el Grupo Internacional de Apoyo para Siria, coordinado por Estados Unidos, Rusia y la ONU. “Ciertamente necesitamos una nueva reunión del Grupo de Apoyo a nivel ministerial porque una mesa de tres patas es siempre frágil, por definición”, consideró.

 

Una de las patas de las negociaciones será un avance en el reparto de ayuda humanitaria, mientras que la segunda sería un reforzamiento del cese de las hostilidades y la tercera, la cuestión de la transición política. A su juicio, cuando uno de estos tres factores está en dificultades se puede solucionar, pero cuando los tres lo están se requiere que el resto de países involucrado en el conflicto intervengan.

 

En los últimos días “se han detectado tendencias preocupantes sobre el terreno”, subrayó De Mistura, en referencia a las infracciones del alto el fuego. No obstante, destacó que la tregua sigue en efecto y que ninguna de las partes ha renunciado a ella o la ha deslegitimado, “pero está en grandes problemas si no se actúa rápidamente”.

 

El cumplimiento del alto el fuego es vital para la continuación del diálogo, ya que es uno de los motivos principales por los que la oposición resolvió el lunes pasado posponer su participación formal en el mismo. Pese a esta decisión, De Mistura reveló que desde entonces han mantenido reuniones “profundas de tipo técnico” con los opositores, lo que le ha permitido obtener un mejor entendimiento sobre su visión de una transición política, en la que la oposición aboga por la creación de un órgano de gobierno interino. Mientras, con la delegación gubernamental, que se espera que permanezca en Ginebra hasta el día 27, el enviado especial ha tratado de conocer más a fondo su propuesta de constituir “un gobierno de base amplia”.

 

“Queremos saber si esto va a ser cosmético o real y cómo va a ser para la oposición”, indicó. Sea como fuere, el conflicto sirio ha causado ya en sus cinco años unos 400.000 muertos, según su “propio análisis” dijo De Mistura. Precisó que sus estimaciones se basan en la cifra de fallecidos directos en combates o ataques, a las que se sumarían los heridos que perdieron la vida posteriormente, y los que han perecido por falta de atención médica y los desaparecidos. “Creo que no estamos lejos de los 400.000 muertos”, afirmó. “No tengo pruebas de ello, creo que nadie las puede tener, pero creo que no se puede seguir hablando de 250.000 muertos”, dijo el diplomático sueco-italiano.

 

Mientras el proceso sigue hasta el miércoles, un grupo de “seis o siete personas” de la delegación opositora se quedará en Ginebra sin tomar parte en las negociaciones, confirmó a EFE el portavoz de la opositora Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), Monzer Majús. “Hoy no hemos mantenido ninguna consulta con ningún representante de la ONU, ni tampoco está previsto durante el fin de semana”, indicó Majús, quien descartó una posible reincorporación de la delegación de la oposición a las conversaciones antes del término de su tercera ronda. Por su parte, se espera que la delegación del gobierno se reúna de nuevo con De Mistura el próximo lunes en la sede de la ONU, tras la sesión que mantuvieron ayer y en la que abordaron el acceso humanitario.

 

 

Publicado enInternacional
Repercusiones del intervencionismo occidental: el terrorismo hace metástasis en África

Catherine Shakdam, una experta en Oriente Medio, explica las consecuencias del intervencionismo humanitario en Libia y su alarmante influencia en los procesos de radicalización en el continente africano.

El 'niño abandonado' del intervencionismo occidental, Libia, continua luchando contra sus pesadillas: terrorismo, inestabilidad política y migración masiva. Catherine Shakdam, una analista política especialista en Oriente Medio, aborda los temas difíciles de la actualidad libia en un artículo especial para RT. La prognosis de Shakdam es inquietante, ya que Libia puede convertirse en la base de partida para la propagación del terrorismo en el resto de África.


Las consecuencias destructivas del 'intervencionismo humanitario'


El coronel Muammar Gaddafi, con su línea política bastante controvertida, tuvo que renunciar al poder, escribe Shakdam. Sin embargo, enfatiza que el pueblo libio tenía derecho a decidir la suerte de su líder y elegir el destino de su país.
Mientras tanto, la intervención de la OTAN no dejó al país la menor posibilidad de realizar un traspaso pacífico de poderes de acuerdo con la ley. En vez de aplicar medidas equilibradas, prefirieron el 'intervencionismo humanitario' que sumergió al país en el caos de una lucha entre diferentes tribus e islamistas radicales, tipo Estado Islámico y Al Qaeda.
En el transcurso del conflicto, Occidente aprovecha la incertidumbre y extrae ventajas financieras, estableciendo una nueva forma de neocolonialismo en territorio libio, explica la experta. Aunque casi todas las industrias de las economías occidentales sufrieron duros golpes durante reciente crisis, el sector militar y el de defensa lograron evitar la recesión.

¿Cuál será el siguiente?


La inestabilidad en Libia le hace el juego a terroristas y radicales, que podrían extender su influencia a lo largo de África, es decir, en el territorio más cercano a Europa.


Shakdam dice que África ya sufre la radicalización islamista, y lo que está por llegar es la propagación del Estado Islámico en el continente. Tomamos en cuenta las numerosas filas yihadistas: unas 30.000 personas, de ellos 7.000 libios, y millones de dólares que gana el EI con el comercio ilegal y ya tenemos una idea del poder del que dispone para echar raíces en África.
Otra posible operación de la OTAN llevará a la "segunda colonización de África" y a un aumento drástico del flujo migratorio. Y el punto de destino para estos refugiados será de nuevo el continente europeo.


Será que tal vez, se pregunta la experta, la resolución de la crisis en Siria, con una participación crucial rusa, pueda dar alguna lección de cómo se lucha de forma exitosa contra el terrorismo, respecto a la diplomacia equilibrada y la prevención de los conflictos en vez de su creación.

Publicado enInternacional
Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

 

Formato: 17 x 24 cm, 140 páginas, Edición: 2016
P.V.P:$27.000  ISBN:978-958-8926-16-2

 

Reseña:

En pocos países del mundo persisten las formas políticas impuestas con la Guerra Frria.En Colombia, uno de ellos, es lugar común que los modos de operación de la fuerza pública respondan al contexto , las políticas y las doctrinas contrainsurgentes,desprendidas de este estado especial de confrontación entre las potencias por el dominio del mundo.Esta realidad nacional es un obstaculo para la consolidación de la democracia, que de persistir puede dificultar aún más la construcción de la paz luego de la eventual firma de acuerdos finales entre el Gobierno y la insurgencia armada.

Este ensayo analiza el papel de las Fuerzas Militares y de la Policia en las negociaciones del conflicto armado, abiertas en Colombia desde comienzos de los años 80, así como los principales desafios que estas instituciones enfrentan de cara a un hipótetico posacuerdo.Una de las principales tareas de la sociedad para afrontar tal escenarió será la de exigir y encarar una reforma estructural de estas instituciones, a fin de romper con dicho legado.

 

Tienda Virtual:http://www.desdeabajo.info/libreria-virtual.html

 


Informes-Pedidos:

 

Transv 22 N 53D-42. Int 102 (Bogotá)

Carrera 48 N 59-52 Of. 105 (Medellín)

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (todas las ciudades)

Teléfonos: 345 18 08 / 217 89 92 (Bogotà y otras ciudades) / 291 09 69 ( Medellìn)

Whatsapp: 3204835609

Facebook : http://bit.ly/2bwXbER

 

 

El fin del conflicto armado y la Fuerza Pública en Colombia

A comienzos del mes de diciembre, el Ministerio de Defensa presentó "La Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018", el documento presenta el escenario y objetivos del Sector Seguridad de cara al fin del conflicto armado.

A lo largo del proceso de diálogo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc, la posibilidad que estén negociando temas relacionados con la fuerza pública ha sido un rumor recurrente, que ha servido para atizar las críticas de opositores al proceso y frente a los cuales, los voceros oficiales del establecimiento han tenido que aclarar que en la medida en que no es un tema parte de la agenda de diálogo no se abordará en la negociación. Asimismo, en el marco de la negociación, el apoyo por parte de los militares y policías constituye un tema de preocupación en la medida en que ciertos sectores han buscado la instrumentalización de esta Institución para obstaculizar el diálogo. Teniendo en cuenta que el conflicto armado ha sido un factor transversal en la agenda política y de seguridad y defensa en Colombia desde mediados del siglo XX. ¿qué cambios tendrá la Fuerza Pública en un escenario de posacuerdo? ¿Cuáles son las transformaciones necesarias en el sector seguridad para avanzar en la construcción de paz?


Aunque no es un tema que esté contemplado en el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" firmado por el Gobierno y las Farc, es necesario considerar las transformaciones que el fin del conflicto armado supondría para la seguridad y defensa. Ya que, ante este hipotético escenario, es claro que las instituciones propias de este sector tendrán un cambio en sus roles, misiones y doctrina, con el objetivo de preparar sus estructuras para cumplir con un nuevo rol en la construcción de la paz. La lucha contrainsurgente ha condicionado la política de consolidación institucional del Estado colombiano, las misiones, la doctrina, los diseños institucionales y capacidades de la fuerza pública –Fuerzas armadas y de Policía–, constituyéndose en factor decisivo en más de una contienda electoral, e incluso, ha impactado en la seguridad regional y la política exterior de nuestro país.

Binkerhoff (2005) identifica tres dimensiones claves de reforma: legitimidad, seguridad y eficiencia. Los cambios en la seguridad y defensa no solamente impactan la dimensión de la seguridad sino que también están vinculados con la reconstitución de la legitimidad. Así, otros temas que requieren atención en este punto son la estructura y funcionamiento del sistema judicial y la política criminal. Este autor también señala que los aparatos de seguridad del Estado pueden convertirse en un 'palo en la rueda' para la superación de la violencia y la construcción de paz si no hay una gestión y un proceso de reformas adecuados.

A propósito de estos cambios, a finales de 1990 desde el mundo de la cooperación internacional se acuño el concepto de Reforma al Sector Seguridad RSS, el cual hace referencia a la transformación del sistema de seguridad, incluyendo todos los actores y sus roles, responsabilidades y acciones, de tal manera que sean administrados y operen de una manera más consistente con las normas democráticas y los principios de buena gobernanza. La RSS no se circunscribe solamente a la fuerza pública, sino que involucra a todas las instituciones encargadas del control y la supervisión de estos cuerpos armados y a las instituciones de justicia. Para Schultze-Kraft (2012) la RSS enfatiza en que los cambios de los cuerpos de seguridad y las instituciones vinculadas deben tener como fin el afianzamiento de la democracia y no el afianzamiento de los intereses corporativos, institucionales y/o políticos de la fuerza pública.

¿Reto? ¿Sueño? Bien sea uno u otro, es claro que el fin del conflicto interno armado supone un cambio en la agenda de seguridad del país, debido a la desaparición de la principal amenaza a la seguridad nacional. Ello daría lugar a la re-comprensión tanto de misiones convencionales (la defensa nacional exterior y la seguridad pública, urbana y rural) como no convencionales (narcotráfico, operaciones internacionales y desarrollo nacional). En este sentido, las reformas en materia de presupuesto, profesionalización, modernización, tamaño de los cuerpos de seguridad y los cambios en la doctrina –agrupadas para la etiqueta de reforma o reconversión militar– son claves.

 

La Política de Seguridad y Defensa

 

La perspectiva por parte del Estado colombiano sobre las reformas al sector seguridad en el marco del proceso de paz ha tenido un cambio desde el inicio del diálogo hasta la actualidad. Inicialmente, el discurso se caracterizó por señalar la ausencia de una necesidad de cambio sustancial. Sin embargo, especialmente en el último año, diversos pronunciamientos tanto de miembros del Gobierno como de la Fuerza Pública han reconocido la necesidad de desarrollar reformas de cara al nuevo escenario. Por ejemplo, en un foro académico realizado en el mes de septiembre de 2015 el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, anunció una revisión de la doctrina militar* y el Ministerio de Defensa acaba de publicar la "Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015-2018", documento que busca establecer directrices para lo que será el futuro del sector en el contexto posterior a los acuerdos de paz.

La Política de Seguridad queda enmarcada en un escenario de terminación del conflicto, construcción y mantenimiento de la paz y establece como ámbitos de acción la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. El contexto descrito en el documento resalta la importancia de las nuevas amenazas, su carácter trasnacional y la necesidad de discutir sobre las misiones y la división clásica entre seguridad y defensa y fuerzas militares y de policía. Aunque de manera tradicional, los militares han enfocado su labor en las tareas de defensa y no en la seguridad interna, en el caso de Colombia se encuentra una excepcionalidad histórica que ha llevado a que estas se encuentren enfocadas en misiones de carácter interno. Dada la dinámica actual de las amenazas (donde la separación de lo interno y externo no es clara), el documento sugiere que el "posconflicto" no llevaría al establecimiento de esa división, sino a un reformulación de las misiones, donde la dimensión interna seguirá prevaleciendo.

A propósito del ámbito misional, el posacuerdo es un escenario propio para la Policía Nacional dado que las amenazas que constituyen la agenda de seguridad no tienen un carácter militar. Sin embargo, es necesario el fortalecimiento de las capacidades policiales de acuerdo a las realidades propias de cada territorio. Uno de los mayores desafíos es fortalecer la presencia policial y el desarrollo de capacidades en los contextos rurales. En un período inicial, las fuerzas militares apoyarían con la garantía de una presencia estatal en todo el territorio –lo cual debe ir acompañado del establecimiento y fortalecimiento de la institucionalidad estatal–, no obstante, es la Policía la que debería consolidar su presencia de manera progresiva. Este proceso lleva a un replanteamiento en la cantidad de hombres requeridos a mediano y largo plazo, mientras que la cantidad de miembros de las Fuerzas Militares –sobre todo ejército– descendería, habría un incremento en la cantidad de policías.

En este sentido, el documento de la Política de Seguridad no plantea una disminución de la tropa ni del presupuesto dedicado al sector seguridad, lo que mantiene la constante con documentos oficiales anteriores sobre el tema; por ejemplo, en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y publicado en el 2005, se indica que aunque está planeada la finalización del conflicto armado interno, el pie de fuerza militar total no disminuirá. Por su parte, el texto de la Política aquí retomado habla de un rebalanceo en la distribución del gasto y de las fuerzas, pero no una reducción en ninguno de los dos. Ahora bien, la secuencia de estas reformas es un aspecto muy importante, una reducción drástica y acelerada de la fuerza pública podría generar problemas para garantizar la seguridad y la presencia estatal, lo que crearía oportunidades para el fortalecimiento de actores armados no estatales y otras problemáticas de seguridad. Respecto al presupuesto, es necesario considerar la sostenibilidad del gasto en seguridad y defensa y una disminución progresiva en tanto la violencia y las fuentes de amenaza disminuyan.

 

La doctrina

 

Aunque la discusión sobre misiones, tropa y presupuesto son fundamentales a la hora de pensar en las transformaciones del sector seguridad, un tema esencial y particularmente difícil de lograr es el cambio de doctrina, el que implica una transformación en las percepciones que las FF.AA. mismas poseen sobre sus funciones, misión, interacción con la sociedad, etcétera, así como en su estructura organizativa.

Según Vela (2002) "El carácter de matriz axiológica que la doctrina posee le otorga el carácter de cimiento de todo esfuerzo de redefinición de las relaciones entre sociedad, Estado y fuerzas armadas. Al grado que Paul Zagorsky, considera que los procesos de reconversión militar concluyen en el momento en que se alcanza un verdadero cambio doctrinal: es decir, la internalización de nuevos valores y normas consonantes con el contexto democrático" (p. 13). La lucha contrainsurgente ha estado en la base de la matriz doctrinaria de la fuerza pública, persiste así una visión que enfatiza en el 'enemigo interno' como principal amenaza a la seguridad, y que ha llevado a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a considerar cualquier manifestación de oposición, crítica o protesta, como expresión de la insurgencia. En aras de contribuir a la construcción de paz y el fortalecimiento democrático es necesario un cambio en los valores de la fuerza pública donde los supuestos propios de la guerra fría y la idea del 'enemigo interno' desaparezcan.

Por otra parte, para ser efectiva, la reforma al sector seguridad no puede limitarse a los cambios en las FF.MM. y de Policía, sino que debe considerar una reforma del sector justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, las características del régimen político, las prioridades del tipo de reforma que los contextos particulares demarcan, o el resultado estratégico –en términos de actores y recursos de poder–, pueden constituir serias limitantes para adelantar una reforma de esta naturaleza y profundidad. No obstante, las experiencias internacionales evidencian que una reforma limitada puede suponer un serio obstáculo en los procesos de construcción de paz, fortalecimiento democrático y superación de la violencia.

* "He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal y total de toda la doctrina militar, para lo cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos, sino de fuerzas de la OTAN e instituciones fundamentales en el manejo de normas de conflictos armados" (El Tiempo, 2015).
** Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Referencias

 

Brinkerhoff, D. (2005) "Rebuilding governance in failed stantes and post-conflict societies: Core concepts and cross-cutting themes", en: Public Administration and Development 25, pp. 3-14.
Schultze-Kraft, M. (2012). "La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz". En: Angelika Rettberg (ed.), Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 405-433.
Vela, M. (2002) Informe final de investigación Sociedad, Estado y fuerzas armadas en Centroamérica. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. PNUD y Flacso-Guatemala: Ciudad de Guatemala.

Publicado enEdición Nº220
Asesinan en Colombia a una líder de las víctimas del conflicto armado

Ofelia Mosquera, una de las líderes de víctimas del conflicto armado en Colombia, que además trabajaba para la Organización Internacional de Migraciones (OIM), fue asesinada en el departamento del Chocó, informó este martes la fiscalía, que anunció la apertura de una investigación para esclarecer el crimen, que se suma a las decenas de homicidios, amenazas y atentados contra líderes sociales en 2015 en el país.

Mosquera, quien "laboraba en la OIM, además de trabajar en la implementación de la ley de víctimas", fue encontrada muerta la madrugada del sábado en el municipio de Acandí, "con dos impactos de bala en la cabeza", aunque la fiscalía no precisó si el crimen está relacionado con su labor.

Acandí es parte de la convulsionada región de Urabá, que comprende los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, en el noroeste del país. En esa zona actúa la banda de origen paramilitar Clan Úsuga (también conocida como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas), así como el guerrillero Ejército de Liberación Nacional.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en negociaciones de paz con el principal grupo insurgente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), promulgó en 2011 la ley 1448, o ley de víctimas, que contempla reparar a los afectados por el conflicto armado que lleva más de 50 años.

En la lucha armada interna han muerto unas 220 mil personas.

Publicado enColombia
La implementación de la paz: más difícil que el acuerdo

Una voz autorizada

Jean Arnault fue comisionado por Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, para representarlo en la mesa de La Habana. Este alto funcionario es un experto en misiones de paz y en implementación de acuerdos que ponen fin a conflictos armados.

Sobre la base de los casos de Guatemala y El Salvador, Arnault recoge su experiencia en un interesante documento sobre los riesgos que suelen correr estos acuerdos en el momento de darles cumplimiento. Ahora que Colombia parece estar muy cerca de la firma, resulta pertinente repasar sus conclusiones.

 

Dos escuelas


Arnault empieza por señalar que hay dos escuelas en la interpretación de los acuerdos de paz: la constitutiva y la instrumental.

-Para la primera, los acuerdos definen por entero el proceso, de modo que los textos deben estar bien redactados y utilizar con precisión las palabras para evitar divergencias en la interpretación. Todas las reformas requeridas para consolidar la paz deben estar previstas y la agenda para realizarlos debe ser minuciosa.

-La escuela instrumental concibe los acuerdos como un elemento más dentro de un conjunto de factores que facilitan la transición de la guerra a la paz. Los defectos de redacción, las imprecisiones terminológicas y las lagunas del texto pueden irse corrigiendo sobre la marcha, siempre que se mantengan el compromiso de las partes y el empuje necesario para llevar a buen término la transición.

Si uno se atiene a los comentarios informales y a las anécdotas del proceso de La Habana, encuentra que su metodología responde a la concepción constitutiva. Según Enrique Santos, la sola redacción del acuerdo inicial implicó discusiones exasperantes, inscritas en nuestra rancia tradición santanderista. Además, basta constatar la extensión y grado de detalle de los textos para inferir que ellos aspiran a no dejar nada al azar.

Sin duda es mejor tener un acuerdo exhaustivo que uno escueto, siempre y cuando se hayan previsto instancias donde las partes puedan flexibilizar algunos aspectos durante la etapa de implementación. Esta flexibilidad permite reprogramar el ritmo de los cambios y ajustar prioridades para adaptar las metas a las capacidades de las partes y a la coyuntura sociopolítica.

 

Los riesgos


Recaer en el conflicto es el peligro básico que existe durante la fase de ejecución de los acuerdos. Arnault analiza las circunstancias que aumentan la probabilidad de que las partes abandonen su compromiso y retornen a las armas.

El riesgo más usual y benigno es sobreestimar la capacidad de las partes para cumplir los acuerdos, ya porque sean demasiado ambiciosos (magnitud) o porque tomen más tiempo del previsto (oportunidad). Aquí se corre el riesgo de que las partes interpreten la incapacidad de la contraparte como falta de voluntad política, lo cual no es de extrañar, dada la desconfianza que aún conservan los antiguos enemigos militares.

Otro de los peligros es defraudar a la opinión pública, cuyas expectativas suelen ser eufóricas en el momento de firmarse los acuerdos. La lentitud o la nimiedad de los cambios pueden causar frustración y quitarle apoyo político y social al proceso de construcción de paz. Los dos factores críticos para la opinión pública son la seguridad ciudadana y la mejora socioeconómica, y estos no suelen cambiar rápidamente tras la firma del acuerdo.

-En algunos casos la seguridad ciudadana se deteriora después del acuerdo. En el caso de Colombia, ya existe preocupación ante la probabilidad de que los espacios abandonados por las FARC sean copados por otros grupos armados ilegales, particularmente en las zonas productoras de coca. Por eso es crucial que la Policía Nacional y otras instancias del Estado estén preparadas para evitar una nueva usurpación del poder público en los territorios de conflicto.

-Los acuerdos de la Habana son ambiciosos en la aspiración de transformar el sector rural y dar solución al problema de los cultivos ilícitos. Pero para nadie es un secreto que las instituciones rurales son de las más pobres e ineficientes del Estado colombiano. Estas instituciones no solo están siendo reformadas (según dispuso el Plan de Desarrollo 2014-2018) sino que los acuerdos crean otras varias entidades que deben empezar desde cero o a partir de antecedentes nefastos. Y en todo caso la deuda social del Estado con la población rural gravitará como una guillotina sobre el proceso de implementación de los acuerdos.

 

Las restricciones políticas


Estas restricciones políticas son mucho más graves para la suerte del proceso de paz que la sobreestimación de la capacidad de las partes. Según Arnault las restricciones son:

1. La moderación de los acuerdos. Los acuerdos solo pueden contener un punto medio es decir, un compromiso entre las posiciones iniciales de las partes.

Si recordamos el discurso de Iván Márquez en Oslo y los muchos inamovibles del discurso de Santos al comenzar el proceso, es palpable la distancia entre esas posiciones iniciales y los acuerdos que han sido anunciados. Ese territorio de compromiso repele a las facciones extremistas que se encuentran en ambos lados del espectro, afianzadas en la larga duración del conflicto. "Le dieron un cheque en blanco al gobierno", dicen de un lado; "le entregaron el país al castro-chavismo", dicen del otro.

También hay que señalar la existencia en Colombia de una opinión pública urbana poco afectada por el conflicto interno, pero que rechaza la ausencia de cárcel para la guerrilla y la participación en política de los excombatientes. Estos sectores, sin ser políticamente extremistas, van a sentirse incomodos y reticentes ante el acuerdo, lo cual complicaría la refrendación popular.

2. La pérdida de influencia de los líderes de los negociadores. A medida que se avanza en el tránsito de la guerra a la paz, la autoridad de las partes enfrentadas tiende a debilitarse entre sus seguidores. A estos cada vez les resulta más difícil "vender" los modestos logros alcanzados o la necesidad de pagar los "exorbitantes costos" implícitos en los compromisos adquiridos para lograr la paz.

Terminada la confrontación militar disminuye la polarización política, pero esta no es reemplazada por el consenso sino por la multipolaridad. Esto produce dispersión de opiniones y fragmentación de los apoyos políticos y sociales. Así por ejemplo, las tendencias centrífugas de la Unidad Nacional fortalecerán su carácter disolvente.

3. La resistencia activa de los opositores. Contra el trasfondo de la pérdida de poder de los líderes de las partes negociadoras, los opositores van a intensificar su resistencia cuando se intenten aplicar las cláusulas del acuerdo que les producen disgusto. Basta imaginar la posible constitución de las Zonas de Reserva Campesina y la acción resistente del Centro Democrático, tanto en el Congreso como en movilizaciones populares.

4. La disolución del "frente común". Una vez firmado el acuerdo y desvanecido el temor de la guerra, la coalición social y política que apoyó el proceso de paz tenderá a disolverse. Las rivalidades que se pospusieron en aras del acuerdo reaparecerán, erosionando el apoyo al proceso. Por ejemplo, será difícil volver a ver al senador Cepeda coincidiendo con Roy Barrera en las votaciones legislativas. El movimiento del poder
Según Arnault, la fuerza de los extremistas o de los sectores inconformes con los acuerdos crece en las coyunturas electorales. En procura de ciertos votos, los actores políticos pueden llegar a ofrecer la dilatación o suspensión de los acuerdos.

Por ejemplo, la actitud displicente de Vargas Lleras frente al proceso de La Habana puede explicarse por su deseo de evitar la manifiesta desafección del sector inconforme con los acuerdos con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Aunque es posible que para esas fechas persista la euforia por la terminación formal de la guerra –si es que se ha logrado y refrendado- en esa contienda electoral también empezará a construirse la plataforma política de oposición contra la ejecución de los acuerdos de La Habana.

Para un caso como el colombiano, donde una de las partes deriva su poder de la fuerza militar, Arnault menciona otra importante situación de riesgo.

¿Qué ocurrirá con las FARC cuando se desarmen y pierdan su capacidad de intimidación? ¿Tendrán la capacidad de neutralizar las presiones políticas orientadas a incumplir lo acordado en La Habana? ¿Pasarán de ser una conspicua oposición armada a una superflua fuerza política?

Este riesgo se puede conjurar parcialmente con las medidas de favorabilidad política, pero solo el desempeño de las FARC en el terreno electoral, en los cuerpos colegiados y en las entidades territoriales dilucidará el enigma.

 

La verificación


Ya se ha dicho que las FARC y el gobierno aspiran a lograr la verificación del fin del conflicto por parte de Naciones Unidas. Es probable que dicha verificación se extienda al proceso de implementación de corto y mediano plazo.

Este apoyo internacional puede ayudar dentro de los límites que señala Arnault: la ONU puede hacer más costoso el incumplimiento y más satisfactorio el cumplimiento para las partes. Lo que no puede es hacer imposible el incumplimiento ni necesario el cumplimiento.

La racionalidad implícita en el proceso consiste en ante los incumplimientos, la parte afectada pueda encontrar mayor seguridad en las incertidumbres de la guerra que en la desesperanza de una paz sin futuro.

 

Fuente original Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9116-la-implementaci%C3%B3n-de-la-paz-m%C3%A1s-dif%C3%ADcil-que-el-acuerdo.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Acuerdo+de+justicia+para+poner+fin+al+conflicto&utm_campaign=20151222_m128982662_Acuerdo+de+justicia+para+poner+fin+al+conflicto&utm_term=La+implementaci_C3_B3n+de+la+paz_3A+m_C3_A1s+dif_C3_ADcil+que+el+acuerdo 

Publicado enColombia
Martes, 15 Diciembre 2015 08:33

Jardín se viste de cine y de cultura

Jardín se viste de cine y de cultura

El pasado sábado 12 de diciembre se llevó a cabo la inauguración oficial de lo que será el nuevo Festival de Cine de Jardín, en el suroeste antioqueño.

El Festival surge producto de la acción de la recién creada Corporación Antioquia Audiovisual (CAA). Su equipo creativo , el mismo que dio a luz y conservado por quince años uno de los más importantes festivales de cine del país, el de Santa Fe de Antioquia, abre de esta manera las puertas del mundo del séptimo arte, y la cultura en general, al municipio de Jardín, y como efecto inmediato a todo el suroeste antioqueño.


"Nosotros hemos decidido no renunciar a esta vocación naciente que nos hace falta ejercer: seguir haciendo cultura a través del cine [...]" dice Víctor Gaviria, cineasta y fundador de la CAA, el día del lanzamiento a propósito del distanciamiento con las directivas del Festival de Santa Fe de Antioquia. De igual manera, dirigiéndose a toda la comunidad jardineña e invocando el recuerdo de escritores de esta región como Manuel Mejía Vallejo y Gonzalo Arango, presentó públicamente la Corporación, aprovechando para invitar al primer Festival de Cine de Jardín, por efectuarse a partir del 20 de Julio de 2016.


Para esta primera citación la temática central versará sobre los posconflictos en el cine del mundo: "El paso de los hermanos sin discordia a la reconciliación". Dice Víctor: "son las películas realizadas en todas las épocas y en todos los lugares, acerca de este momento único de madures de los pueblos". Adicional a las proyecciones se realizarán conversatorios con pensadores, artistas y personas cercanas al tema del posconflicto.


Jardín será la plaza en donde se debatirá, a propósito del cine, el momento histórico en que está sumergida Colombia: "Tiempos de diálogos, reformas y cambios profundos que será, Dios lo quiera, el comienzo de un nuevo país [...]" dice Gaviria, además de valorar el cine y la cultura como medios que permiten aportar a la construcción de un nuevo país. Según él, "un país que debería tener una consigna sencilla: romper el aislamiento, para volver a contactarnos y conocernos".


"El objetivo de este Primer Festival es invitar a los jóvenes de este país a que viajen y conozcan el suroeste antioqueño y Jardín" y, sobre todo, que este sea un encuentro para aprender a convivir: "aprender a disfrutar y no ha desperdiciar las invaluables mieles de convivir, de conversar, de encontrarnos a disfrutar de lo que somos y hemos sido, aprovechar todos los mundos negros y blancos por los que hemos pasado, queriendo y sin querer".


Recuadro


Con motivo del lanzamiento del Festival de Cine de Jardín, se rindió homenaje a Ramiro Meneses. En diálogo entre el cineasta Víctor Gaviria y el poeta Luis Fernando Calderón, sirvió para reconocer su vida y obra. Se conversó de su experiencia en la actuación: en su iniciación como actor natural en la película Rodrigo D No Futuro, además de novelas que lo sacaron a la luz pública como Los victorinos y Vuelo secreto, como también de las diferentes películas de factura más recientes en que ha actuado.


El énfasis de lo dicho permite recordar que más que actor, Ramiro Meneses es un multifacético y talentoso personaje. Además de la actuación, se desempeña como fotógrafo, director de cine, músico y pintor.


Para evidenciar parte de lo hecho por él, se proyectó un cortometraje que dirigió; pasando luego a un toque con su grupo de música y, finalmente, un diálogo con los jóvenes jardineños a propósito de la actuación.

 

Galería de fotos

  xxx 
 xxxx  
 
xxxxx  
 
Publicado enCultura
La Jurisdicción Especial Indígena en el caso Feliciano Valencia


Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho se sorprendería, por su protuberante inconsistencia, con el fallo por medio del cual han condenado a Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca. En el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, ese mismo estudiante tendría que cursar unos dos semestres más para ver lo refinado del aparato político penal judicial colombiano.

El tema de Feliciano puede circunscribirse de manera simple a un conflcito interjurisdiccional, aspecto muy fácil de responder con la ausencia de una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones, la indígena y la ordinaria. Claro, mientras el Congreso legisla Feliciano paga 18 años de cárcel. O se trata de establecer límites a la jurisdicción indígena especialmente al artículo 246 de nuestra Constitución política donde expresamente facultan a los pueblos indígenas a ejercer dicha jurisdicción en sus "territorios". Pero una decisión judicial en sede penal no es quien fija los limites, pues incurririamos en una limitación y esta no puede exceder el ámbito de los límites de los derechos humanos, pues de lo contrario supondría la pura y simple supresión del derecho fundamental de administrar justicia por parte de los pueblos indígenas. Este principio es fundamental e incondicionado; es válido, en consecuencia, incluso para situaciones sociales excepcionales.

Nuestra Corte Constitucional sostiene que la autonomía y la diversidad étnica y cultural tienen carácter de principios constitucionales, para que una limitación de estos principios esté constitucionalmente justificada es necesario que se cumplan dos condiciones: la primera, que la medida sea necesaria para salvaguardar un interés de mayor jerarquía o, lo que es lo mismo, que se fundamente en un principio constitucional de un valor superior al de la autonomía y la diversidad étnica y cultural; la segunda es que, del catálogo de restricciones posibles, se elija el menos gravoso para la autonomía de las comunidades indígenas. De no cumplirse estas condiciones –puntualiza la Corte–, el pluralismo que inspira la Carta Política devendría en ineficaz, tal como lo dijo en la sentencia T-349 de 1996.

Por ello el Estado colombiano debería, de una buena vez, admitir la autonomia y autodeterminación a los pueblos indígenas para el ejercicio de lo que reiteradamente llama la Corte Constitucional derecho fundamental de administrar justicia, eso sí con las cuatro salvedades constitucionales hechas en la jurisprudencia que entenderíamos es el límite. El dilema no es entonces autonomia vs. justicia, como pretenden plantear, el dilema está en los fundamentos de nuestra forma Estado social de derecho, el asunto es pluralismo-monismo.

Este elemento superado en la gramática legal constitucional, vuelve en la práctica como un ejercicio de negación al pluralismo por parte de juristas monistas.

De esta manera, con la decisión tomada por el Tribual Superior de Popayán, en el caso que nos ocupa, estamos frente a un desconocimiento evidente de la capacidad política y legal de ejercer control y jurisdicción por parte de los pueblos indígenas; entendemos lógicamente, que la dinámica cambiante del derecho indígena puede dificultar la labor del operador de justicia estatal formado en clave monista de develar el sentido cultural del castigo en estos pueblos, pues visto desde la orilla occidental, en el mejor de los reproches, debería juzgarse a Feliciano por lesiones personales, pese a que él tampoco le propinó los latigazos al sub-oficial del ejército. Nos queda la pregunta, así planteado el tema, ¿qué intereses valoró este Tribunal como superiores para condenar por "secuestro" a un líder que ejerce el derecho colectivo y fundamental de administrar justicia.

Por su parte, en el caso Miguel Ángel Beltrán todo el país conoce que las pruebas con que fue absuelto, y después condenado el profesor, fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia, no obstante el Procurador General y el juez de segunda instancia hicieron caso omiso de la valoración probatoria del máximo Tribunal. Estamos frente a un Procurador y unos jueces penales imparciales, celosos del positivismo legal monista, o es posible tener la duda "razonable" que me asiste: ¿fallan en Derecho nuestros jueces penales y nuestro Procurador?

* Profesor Universidad Nacional de Colombia.
Septiembre de 2015

Publicado enEdición Nº 218