Colombia. Cuatro informes sobre víctimas, paramilitarismo y criminalidad estatal

Un proceso de desmovilización ficticio, la extradición de jefes paramilitares y la estigmatización de las víctimas y sus representantes, no han sido suficientes para acallar las voces de quienes proclaman la necesidad por develar las verdades sobre el conflicto armado en Colombia, las mismas que comprometen a las elites como sus artífices y promulgadoras. La persistencia de agrupaciones paramilitares que desarrollan actividades contrainsurgentes en 31 departamentos y 400 municipios del país, 168 agresiones contra dirigentes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice– desde junio del 2013 y tres asesinatos durante el 2015, son el testimonio de que persiste su voluntad de exterminio contra organizaciones sociales. Informes detallan la situación.

 

El 14 de octubre tuvo lugar en la Casa España, ubicada en el céntrico parque de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, el lanzamiento de cuatro publicaciones presentadas por tres organizaciones integrantes del Movice, quien a su vez representa alrededor de 200 organizaciones –organizadas a través de 22 capítulos regionales– de víctimas de la violación de los derechos humanos. La presentación tuvo lugar en el evento denominado "El desmonte de las estructuras criminales y la protección de las víctimas de crímenes de Estado: una obligación del Estado colombiano para la construcción de la paz".

 

Los informes "Protección de las víctimas de crímenes de Estado como un imperativo para la paz" y "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" fueron presentados por el Movice, mientras que el Libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas" y el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las victimas", fueron presentados por La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

 

Aura Díaz, Directora Nacional de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) e integrante del Movice, fue la encargada de instalar el evento con la lectura de un comunicado que promulgaba: "Urge garantizar la protección de las víctimas y el desmonte efectivo de la criminalidad estatal para lograr una paz estable y duradera". Dicho comunicado presentado a la opinión pública puso de manifiesto la remanencia de estructuras criminales al interior del Estado y el poco e inefectivo desmonte de los grupos paramilitares que siguen ejerciendo la violencia y la victimización en amplias zonas del país.

 

Las constantes agresiones contra el Área de Protecciones del Movice, provenientes de grupos como Los rastrojos, Los urabeños, Aguilas negras, Amigos del pueblo, entre otras, corroboran esta hipótesis. Desde agosto del 2013 y hasta junio del presente año se han presentado 168 agresiones contra integrantes del Movice. Solo durante el primer semestre del 2015 tres de sus integrantes han sido asesinados: en enero ocurrió la desaparición forzada y posterior asesinato de Carlos Alberto Pedraza en Bogotá, el 7 de abril el líder indígena Fernando Salazar Campo fue asesinado en Caldas, y durante los últimos días de mayo se presentó el asesinato de Alex Fabian Carvajalino integrante del capítulo de Norte de Santander.

 

De acuerdo a los organizadores del evento, los informes fueron pensados para entender la realidad colombiana desde la mediana duración, permitiendo mirar hacía el pasado en la historia de las víctimas de la violencia estatal, así como la naturaleza mafiosa y criminal innata al Estado colombiano. Una de las grandes preguntas que plantean los informes es de manera precisa ¿cómo va desmantelarse la criminalidad estatal? Los informes también pretenden contribuir al esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la violencia, a modificar su imagen de víctima de la infiltración del paramilitarismo por la visión de un Estado que ha usado sistemáticamente el paramilitarismo como estrategia para sembrar el terror, tercerizar la guerra y auspiciar cada momento de acomodación económica del país desde mediados del siglo XX.

 

El informe "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" habla de cómo los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez impulsaron cierres simbólicos con los cuales lograron fundamentar la percepción de que los paramilitares, en efecto, se desmovilizaron y sus víctimas fueron satisfechas con la verdad, la justicia y la reparación, así como del exitoso proceso de restitución de tierras con los que están regresando las propiedades usurpadas durante el ejercicio de la violencia.

 

El informe llama la atención respecto a la posibilidad de que el proceso de paz no busque superar las causas sociales y políticas que dieron origen al conflicto, "[...] sino la imposición de un relato que busca legalizar el despojo, asegurar el acceso a recursos todavía no explotados y garantizar una seguridad jurídica y política para los inversionistas nacionales y extranjeros profundizando, de esta manera, las contradicciones sociales, políticas y económicas que dieron origen al conflicto armado". La evasión de la responsabilidad del Estado a través de la promulgación de una Ley de punto final para indultar a los máximos responsables de la criminalidad del Estado deja de ser procedente en el escenario de la reconciliación y de la paz.

 

Franklin Castañeda, miembro del Cspp fue el encargado de presentar el libro: "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe recoge algunos aprendizajes de la actividad de litigio coordinado por tres organizaciones (Cajar, Cspp, Comisión Intereclesial de justicia y Paz) sobre casos emblemáticos relacionados con el desmonte real de las estructuras paramilitares en sus dimensiones jurídicas, así como en la participación efectiva de las víctimas y la actividad investigativa que se siguió en cada uno de los nueve casos seleccionados.

 

Refiriéndose al libro Castañeda expresó: "Lo primero que vamos a encontrar es un análisis sobre el paramilitarismo, cuál ha sido la historia del paramilitarismo en Colombia, muchos dirán están lloviendo sobre mojado, más o menos puede ser cierto, sobre eso se ha hablado bastante, pero la razón por la cual vamos a hablar del paramilitarismo que conocíamos hasta la época de la desmovilización –entre el 2002 y el 2005– es para poder caracterizar el funcionamiento del paramilitarismo más allá de sus denominaciones y poder comparar el funcionamiento del neo paramilitarismo con lo que ha sido el paramilitarismo históricamente, y poder decir si lo que tenemos hoy es paramilitarismo o es delincuencia común, como se pretende decir".

 

En la segunda parte del informe se encuentra una narración sobre la actividad de litigio de las tres organizaciones, y en la tercera se encuentran las recomendaciones pertinentes al proceso de diálogo en La Habana.

 

El libro presentado por Castañeda documenta tres cierres simbólicos propiciados por el Estado colombiano donde el paramilitarismo fue dado por terminado. El primero de ellos se remonta al año 1989 cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965 y la Ley 84 de 1968, marco jurídico que posibilitó a los civiles ser armados y entrenados por parte de las Fuerzas Militares para acompañarlas en labores de restablecimiento del orden público. El segundo cierre simbólico ocurre en el año 1997 cuando la misma Corte declara inconstitucional a las Convivir, creadas y reglamentadas a través de decretos a finales del año 1994. El tercer cierre simbólico alude al marco jurídico para la paz creado por la ley 975 de 2002 que propició el proceso de desmovilización y reintegración de las autodefensas hasta el 2005. Aunque el paramilitarismo ha sido suprimido legalmente en estas tres oportunidades no ha dejado de existir, generando violencia y victimización en 31 departamentos y cerca de 400 municipios del país.

 

El libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas", sostiene como hipótesis central que la recurrencia del fenómeno paramilitar, que ha pretendido ser velado con los cierres simbólicos relacionados, da cuenta de un fenómeno complejo que no ha sido correctamente interpretado. En palabras de Castañeda: "[...] un fenómeno que tiene origen en las elites, que a su vez hicieron las leyes que permitieron el funcionamiento junto al Estado (de grupos paramilitares) y que se enriquecieron coordinando sus labores con esos paramilitares. Esas elites nunca han sido tocadas en Colombia [...] mientras no se judicialice ni se ataquen claramente a las élites nacionales y regionales que financian el paramilitarismo, que son la madre real de las ideas políticas del paramilitarismo, no vamos a avanzar en un proceso de desestructuración de estas bandas. Mientras la impunidad contra el fenómeno sea generalizada en Colombia, no vamos a poder avanzar".

 

Una de las recomendaciones más importantes de la publicación tiene que ver con el fortalecimiento del aparato de justicia ordinaria, más allá del aparto de justicia transicional que se encargará de procesar a los guerrilleros desmovilizados. Si no se fortalece el sistema de justicia, conservará sus debilidades y seguirá favoreciendo la impunidad cuando el aparato de justicia transicional haya dejado de operar.

 

El tercer informe "La Protección de víctimas de crímenes de Estado como imperativo para la paz" presentado por el Movice fue realizado con el esfuerzo y apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos que integran la organización. En su introducción hace una reflexión sobre el momento histórico en que nace el movimiento de víctimas hacía el año 2005 y su surgimiento como reacción ante la ola de impunidad generada por la Ley 975 de 2002. El Movice Fue pensado como plataforma de lucha contra la impunidad y a favor de los derechos de las víctimas que, por entonces, se creía iba a ser muy necesario para enfrentar la nueva oleada de violencia producida por organizaciones paramilitares en recomposición producto de un proceso desmovilización ficticio. No se equivocaron.

 

El informe exhibe dos ejemplos concretos de la doctrina de seguridad en nuestros días: la operación estimulada, orquestada desde el DAS, para mostrar que la marcha por la dignidad de las víctimas del 6 de marzo del 2008 era organizada por la guerrilla; el segundo ejemplo corresponde a la estigmatización por parte del director de la Policía hacia los abogados del Movice, representantes legales de los estudiantes y funcionarios del Distrito capturados del 8 de julio del 2015 en la ciudad de Bogotá y señalados de pertenecer a una estructura urbana del Eln. Dos ejemplos de una política de estigmatización facilitada por el Estado colombiano que propicia, de esta manera, los señalamientos y estimagtizaciones, poniendo en riesgo la integridad física y la vida, de víctimas y defensores de derechos humanos.

 

El informe del Movice hace un diagnóstico de la situación humanitaria actual de sus capítulos de Valle del Cauca, Sucre, Magdalena Medio y Bogotá, de las amenazas y vulneraciones en contra de los integrantes de éste Movimiento en cada uno de estos departamentos entre los años 2013 y 2015. La situación que evidencia la publicación es alarmante porque muestra que aún prosiguen con frecuencia las desapariciones, asesinatos y amenazas en contra de los integrantes del Movice, aunadas a la manifiesta voluntad del Estado de no proporcionarles protección.

 

Una de las conclusiones fundamentales del informe es la siguiente: "La protección de derechos humanos en Colombia ha sido un derecho negado por el Estado colombiano. No sólo porque no ha intervenido de manera efectiva para proteger y prevenir hechos que vulneran la ida e integridad de las personas, sino también porque ha instaurado un modelo social que, desde su propia lógica, es injusto, desigual y viola sistemáticamente los derechos humanos. En ese sentido, los avances en materia de protección logrados hasta el momento han sido, principalmente, el resultado de la lucha del movimiento por los derechos humanos".

 

El informe finaliza con una lista de exigencias para la protección integral de los defensores de derechos humanos: protección que no se limita a la seguridad física, pues el Estado debe ser capaz –a través de todas sus instituciones (no solo la Unidad Nacional de Protección)– de impedir que se vulnere su seguridad; la protección no sebe der un negocio privado, la protección debe responder a necesidades humanas y estar guiada a superar la situación de vulnerabilidad; el modelo de protección colectiva debe ser implementado.

 

Danilo Rueda fue el encargado de presentar el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe integra el resultado de un trabajo coordinado por dos de las organizaciones fundadores del Movice, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En el informe se comenta: "El proyecto nació como respuesta a la extradición a los Estados Unidos de América, EEUU, en mayo del 2008 de 14 jefes paramilitares postulados de la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, acontecimiento que generó gran preocupación en sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Para el MOVICE, las extradiciones eran "otra maniobra para la impunidad" debido a que se interpretaba como una exportación de la verdad."

 

El informe prosigue: "Fue en este contexto que la CIJP y la CCAJAR solicitaron la colaboración de PCS para desarrollar una iniciativa que visibilizaría la situación de las víctimas afectadas por la extradición; animaría la colaboración de los paramilitares extraditados con las víctimas; e incidiría ante los dos gobiernos a favor de mayor acceso a los extraditados y mayor colaboración judicial en función del desmantelamiento de las redes y estructuras que había sostenido la actuación de los paramilitares".

 

Danilo Rueda comenta: "Dos miembros del Senado y la Cámara de la República, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, se dieron a la tarea de crear en el Congreso de la República, en el 2009, una comisión accidental para conocer qué había pasado un año después con la extradición de los catorce ex comandantes paramilitares. A partir de eso hubo una invitación de Piedad Córdoba al Movice para ser parte de la comisión accidental, pero esto generó una discusión interna en el Movice, [...] en el caso nuestro se pensaba que hablar con los paramilitares era legitimarlos aún en la condición de estar encerrados entre unos barrotes [...]". Con esto se propició, lo que Rueda denomina una "ruptura epistemológica" que posibilitó tener elementos de prueba judicial e histórica para comprender lo que había sucedido en el país, se abrió la puerta para la creación de informes como el presentado.

 

El informe presentado documenta el caso de la extradición de los jefes paramilitares hacía los Estados Unidos como un intento del Gobierno para sembrar la impunidad e impedir que se conocieran las verdades que pudieran contar estos jefes, así como los esfuerzos de las víctimas para establecer contacto directo e impulsar los mecanismos en Colombia que permitiesen que la verdad finalmente fuera conocida. En el informe se comenta: "Se ha podido observar directamente la ausencia de procedimientos para facilitar el acceso de las víctimas y sus representantes a los extraditados, en función del ejercicio de su derecho de ser sujeto procesal, rol que no se reconoce en el sistema penal estadounidense. Se ha experimentado el gran costo económico de intentar acceder a los extraditados, la incertidumbre que acompañaba cada esfuerzo, y la total falta de voluntad del Departamento de Justicia de EEUU de escuchar la posición de las víctimas colombianas, siendo la única excepción la Sección de Derechos Humanos y Judicializaciones Especiales".

 

Las recomendaciones que se efectúan en el documento "[...] tienen como objetivo contribuir a asegurar la garantía de no repetición para víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas en el marco del conflicto armado interno o no. En este sentido son relevantes para el contexto actual en el cual persiste el conflicto armado interno y para un futuro sin conflicto armado pero en el cual puedan persistir graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, si no se logra el desmantelamiento completo del fenómeno paramilitar o por otras causas".

 

Una serie importante de recomendaciones, son dirigidas a los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y a las víctimas y sus representantes, con una cita textual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su documento Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia del 26 de mayo del 2010:

 

"La extradición no debe "favorecer, procurar o asegurar la impunidad" [...] el Estado colombiano está obligado de "adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos [. . .] comparezcan ante la justicia".

 

Los informes aquí comentados, merecen la pena que todas las organizaciones sociales del país los tengan en cuenta, los estudien y compartan con sus integrantes, retomando sus lecciones y recomendaciones, para que entre el conjunto de la sociedad colombiana se obligue al Estado a que de cuente de los fenómenos de violencia e impunidad aquí retomados y denunciados.

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El encuentro Santos - Timochenko y las llaves de la paz

El 23 de septiembre de 2015 será recordado como el principio del fin de la confrontación que durante más de cinco décadas protagonizaron el Estado colombiano y las Farc. Su entendimiento en términos de justicia abre la puerta al cese definitivo de la confrontación entre estas dos actores, pues era el último de los temas álgidos que debían ser evacuados. Crecen las expectativas en el país sobre el proceso que avanza hacia la firma de un acuerdo final entre el Gobierno y la insurgencia. Se escuchan pocas voces de rechazo y muchas de expectante animosidad por el proceso de La Habana. ¿Estamos ante el inicio del fin del conflicto?

 

Un encuentro histórico

 

Más de catorce años tuvieron que pasar para que el jefe del Estado colombiano y el de las Farc volvieran a estrechar sus manos. Esta vez no ocurrió en medio de la selva, ni en una porción despejada del territorio nacional, no, esta vez tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana el día 23 de septiembre frente a una expectante audiencia de televidentes y medios de comunicación que esperaban buenas noticias sobre el desenvolvimiento del proceso de paz llevado a cabo desde hace tres años por el Gobierno y las Farc en Cuba. Las buenas noticias llegaron con el apretón de manos propiciado por Raúl Castro quien, a pesar de la reticencia del mandatario colombiano, generó con mucha habilidad el tan anhelado gesto con el jefe máximo de las Farc Rodrigo Londoño conocido como Timochenko.

El presidente Santos realizó una escala en La Habana en su trayecto hacía la ONU en Nueva York a la que se llevó un importante rédito político producto de los acuerdos alcanzados en la isla: por una parte oxigenó el proceso de paz, mejoró considerablemente su imagen y la credibilidad de la opinión pública nacional e internacional respecto al mismo. En reunión privada con el jefe de las Farc y Raúl Castro fueron acordados límites precisos al proceso de paz: el 23 de marzo del 2016 será la fecha máxima para firmar el acuerdo final y antes de sesenta días las Farc deberán iniciar el proceso de dejación de armas. En la rueda de prensa, ante la mirada expectante de millones de televidentes leyeron un comunicado firmado por los jefes de las delegaciones oficiales de la Mesa de trabajo, los garantes internacionales, Raúl Castro y los jefes del Gobierno e insurgencia.

El encuentro se gestó días después de que el jefe del equipo de negociación de las Farc Iván Márquez anunciara el 17 de septiembre, en rueda de prensa, que los equipos de negociación estaban a las puertas de un entendimiento sobre el componente de justicia, sin lugar a duda una de las temáticas que más tensiones habían generado en el proceso por la latente posibilidad de que los guerrilleros de las Farc fueron sometidos a pagar altas condenas de cárcel como resultado de los delitos cometidos en el desarrollo de la guerra, después de su eventual desarme y desmovilización. Márquez subrayó la importancia de este hecho debido a que podría crear un ambiente óptimo para que fueran suscritos los convenios restantes al proceso de paz.

 

Jurisdicción especial para la Paz

 

El comunicado conjunto Nº 60 "Sobre el acuerdo y de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz", fue el insumo exhibido en la jornada. En él, tanto el Gobierno como las Farc: "[...] reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas." A su vez anuncia la creación de una Jurisdicción Especial Para la Paz que va a contar con las Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz que se encargará de juzgar a los guerrilleros y asegurarse de "[...] acabar con la impunidad, obtener la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

El acuerdo pactado en La Habana anuncia que al termino de las hostilidades el Estado otorgará la amnistía más amplia posible sobre los delitos políticos y conexos, para lo cual una ley de amnistía será la que precisará el alcance de la conexidad . Sin embargo algunos delitos tipificados en la legislación nacional no serán objetos de amnistía o indultos, entre ellos se encuentran los de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra –como el desplazamiento y la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, la tortura–, delitos que serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es importante subrayar lo que ha pasado intencionalmente desapercibido por los medios de comunicación: el quinto punto del comunicado conjunto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz dice que ésta tendrá competencias respecto a todos los actores que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los "agentes del Estado", sobre sus delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más representativos. Sin embargo, en medios escritos y audiovisuales periodistas y analistas siguen sesgando el debate proclamando el sometimiento exclusivo de las Farc a esta jurisdicción, omitiendo el nada despreciable hecho de que cobija un número de actores mucho más amplio, en el que seguramente podrán encontrarse policías, militares, políticos, empresarios y terratenientes que muchas verdades deberán contar al país.

Quienes reconozcan la responsabilidad y digan la verdad respecto a delitos graves cometidos en el conflicto armado serán juzgados por los Tribunales especiales y tendrán que enfrentarse a "sanciones" entre cinco y ocho años con medidas de restricción de libertades y derechos, sanciones que deben satisfacer los derechos de las víctimas, consolidar la paz y desarrollar una función restaurativa y reparadora del daño causado. Quienes reconozcan tardíamente su responsabilidad serán sancionados con penas de prisión entre 5 y 8 años, en condiciones ordinarias. Quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad, y su culpabilidad sea demostrada, serán condenados a penas de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias. Para acceder a los tratamientos especiales contemplados en la Jurisdicción de Paz es necesario contar la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En su décimo punto, el acuerdo contempla la transformación de las Farc en un movimiento político legal que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que sean acordados. De esta manera culmina el documento presentado en La Habana y legitimado por las rubricas de guerrilleros, integrantes del Gobierno y delegados internacionales. Se presume que el documento presentado es el resumen de un documento más amplio que se espera sea revelado en las próximas semanas en los que se detallen las características específicas de las instancias y procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

La importancia de los acuerdos

 

Los acuerdos sobre justicia y juzgamiento de los actores del conflicto representan un importante paso adelante en el proceso de conversaciones con las Farc. El camino queda despejado para que sea abordado con la mayor presteza el último de los puntos previstos en la agenda de la mesa de Conversaciones de La Habana, el de las víctimas, y sean definidas las condiciones objetivas para que tenga inicio el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración –DDR– de las Farc, colocando así punto final a un conflicto de cerca de 60 años entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

En la ya larga negociación en curso en La Habana, es un logro significativo haber propiciado las condiciones específicas para la creación de una Jurisdicción Especial capaz de superar la resistencia incólume de las Farc para someterse al sistema judicial imperante. Era poco viable que los negociadores de la guerrilla aceptaran ser juzgados por los tribunales ordinarios, pues ello no solo los expondría a altas condenas, sino que en términos políticos y simbólicos representaría su sometimiento factico a la autoridad del Estado colombiano, a un sistema judicial que ha condenado, por múltiples sindicaciones a cada uno de los miembros de su dirigencia, a un promedio de cien años, mientras que las condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policía han sido impuestas de forma general a mandos medios y mayoritariamente a tropa.

La organización guerrillera ha argumentado en múltiples oportunidades que el proceso llevado a cabo se trata de un armisticio y no de una rendición incondicional como ha exigido a gritos la ultraderecha colombiana, representada por Álvaro Uribe, sus aliados y el Procurador General de la Nación, a quienes los acuerdos en términos de justicia no les satisficieron. Su arquetipo de proceso de paz implica que la guerrilla se arrodille delante del país, pida perdón al Estado, a empresarios, terratenientes y a Dios, que extiendan las piernas para recibir con resignación los grilletes que deberán llevar por el resto de sus vidas. Condiciones poco probables de aceptar por una organización insurgente diezmada pero no derrotada, con capacidad militar, fuentes de financiación y dominio territorial de amplias zonas del país.

Su modelo de proceso de paz se traduce en la prolongación indefinida de la guerra. Así lo han entendido amplios sectores, incluyendo algunos de las agremiaciones más importantes del país, en cuyas direcciones se encuentran antiguos alfiles del uribismo como José Felix Lafaurie quien desde la dirección de Fedegan dijo al salir de una reunión con representantes del Gobierno: "Ningún empresario del campo tiene que temer con lo que se está discutiendo en La Habana, porque se está permitiendo que haya una transformación de mayor eficiencia en la utilización del campo" . Similar actitud fue asumida por el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el presidente de la Sac Rafael Mejía, y Julián Domínguez presidente de Confecamaras, quienes se mostraron dispuestos a colaborar con el proceso de reintegración de los excombatientes una vez haya culminado el proceso de negociación . El uribismo está condenado al aislamiento.

Aunque el camino es bastante esperanzador, aún no puede cantarse victoria. Los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc en La Habana deben ser refrendados en el Congreso de La República institución que debe ungir en legalidad la apuesta por la paz. La legitimidad absoluta de la paz será otorgada cuando a la legislatura se sume la aprobación de los colombianos y colombianas quienes en esta oportunidad es posible que deban concurrir de manera obligatoria a las urnas para decidir si aprueban o no la implementación de los acuerdos. Solo entonces podrá hacerse efectivo el acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno.

Algunos cuestionamientos sobre el proceso de paz versan sobre la amplitud de las políticas de reparación a víctimas y el proceso de Verdad, Justicia y Reparación que tenga lugar en el marco del proceso de paz con las Farc. Es claro que la totalidad de las víctimas en Colombia no pueden reducirse al enfrentamiento entre el Estado y la organización guerrillera, pues dos actores más, el paramilitarismo –creación y aliado incondicional del establecimiento– y el narcotráfico han dejado una huella de sangre y dolor en los últimos cuarenta años en el país, ¿quién responderá por estos muertos?, ¿quién contará la verdad?, ¿cómo serán reparadas estas víctimas?, son algunas de las preguntas que no encuentran respuestas en el proceso que se lleva a cabo en la isla caribeá, cuyo abordaje sugeriría nada menos que un juicio generalizado al esblecimiento colombiano en el que seguramente tendrían muchas cosas que contar las oligarquías nacionales y regionales, miembros de los principales grupos financieros y económicos del país.

 

La paz nos beneficia a todos

 

Para el 2016 el presupuesto del Gobierno Nacional destinado a gastos en defensa y seguridad equivale a 30 billones de pesos, apenas un billón de pesos menos que los recursos destinados a la educación en Colombia, país en el que se asigna mucho más dinero al sostenimiento de una guerra del destinado a gastos públicos como el trabajo, la protección social, la salud, vivienda, el desarrollo de ciencia y tecnología. Silenciar los fusiles, disminuir un enorme contingente de más de 500.000 hombres en armas (casi cuatro veces el de las Fuerzas Armadas de Brasil, para defender un territorio 7.5 más pequeño), disminuir el gasto en armamento y municiones, puede permitir la reinversión de los recursos del Estado en el crecimiento y la modernización de la infraestructura, incrementando considerablemente el gasto público en sectores como la educación y la salud que afronta graves crisis desde hace dos décadas.

No es solo cuestión de dinero, se trata de menos sufrimiento, menos sangre y dolor en Colombia. El segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia, publicado el 25 de septiembre por Cerac, proporciona cifras alentadoras, al documentar la reducción de la violencia llevándola a niveles de victimización no observados desde el año de 1974. Para el observatorio, desde el año de 1984 no existía un cese de la confrontación tan efectivo, lo que refleja que las medidas de desescalamiento están siendo efectivas y se han cumplido por parte del Gobierno como de las Farc.

Durante el último mes no se registraron acciones violentas por parte de las Farc, y tuvo lugar una reducción total de la ofensiva de la Fuerza Pública contra esta guerrilla en términos de bombardeos contra sus campamentos. Solo fueron registrados dos combates entre las partes (Caquetá y Meta), "Este nivel de confrontación supone una reducción del 80% frente al promedio mensual de combates durante todos los periodos en los que las Farc realizaron ceses unilaterales del fuego (10 combates) y del 91% frente a períodos fuera del cese (23 combates)".

La paz también trae beneficios a empresarios y a inversionistas que están situando sus miradas en los recursos naturales que se encuentran en espacios de ocupación y conflicto armado en las regiones. Si bien esto es real, la experiencia de países como Guatemala ilustra la necesidad de implementar medidas de todo tipo para evitar que la explotación intensiva de estos recursos genere impactos sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones que en ocasiones habitan el territorio, siendo las legítimas dueñas de tales recursos. No puede darse por terminado un conflicto prolijo en victimizaciones para que se abra la puerta a la entrada de corporaciones y empresas extranjeras dedicadas a la explotación de recursos naturales para que produzcan nuevas muertes, desplazamientos, dolores.

La paz nos beneficia a todos, es compromiso de todos. Tenemos la responsabilidad histórica de generar movimientos de presión para que sean implementados los acuerdos pactados y para que no empiecen a generarse condiciones propicias para el surgimiento de nuevos conflictos, nuevas violencias. Tenemos que ser capaces de hacer para nuestros hijos un país mejor del que recibimos de nuestros padres.


Recuadro

Imágenes del Segundo reporte de monitoreo mensual de medidas de desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. CERAC, 21 de septiembre del 2015

 

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Adjetivos que se profieren como balas: los medios de comunicación y el conflicto fronterizo con Venezuela

Luego de ser testigos durante una larga semana de la literal lluvia de adjetivos en que han sido convertidas las columnas de prensa de los diarios del país, no queda duda que, parafraseando un conocido adagio: "lo primero que muere en los conflictos fronterizos con Venezuela es cualquier asomo de sindéresis". Si bien, nuestros "opinadores" no son muy ahorrativos en el uso de calificativos, como tampoco son pródigos en el sustento de sus afirmaciones, esas características brotan exacerbadas, casi hasta la caricatura, cuando de referirse a los vecinos venezolanos es de lo que tratan.

Las disputas con Venezuela no son nuevas, como los medios masivos de comunicación lo quieren hacer creer a las nuevas generaciones. No las inventó Chávez y las heredó Maduro, con el interés de alterar nuestro "idílico" transcurrir, tal y como lo dejan deslizar la gran mayoría de columnistas. Basta repasar en nuestra no muy lejana historia para comprender que los hechos y las declaraciones oficiales en este último impasse parecen un juego de niños si hacemos comparaciones con lo que sucedió en agosto de 1987, cuando la corbeta de la Armada de Colombia A.R.C entró en aguas que los venezolanos consideran suyas y los gobiernos colombianos estiman en disputa. El presidente venezolano de la época, Jaime Lusinchi, que nada tuvo que ver con bolivarianismo alguno, y siempre militó en Acción Democrática, uno de los dos partidos tradicionales, ordenó la movilización de 100 mil soldados a la frontera, acción que también fue respondida por el presidente colombiano Virgilio Barco, con el envío de tropas y del Submarino ARC Tayrona en defensa de la corbeta. Ante la amenaza del bombardeo a las naves colombianas por parte de la fuerza aérea venezolana, el gobierno de Barco las retiró luego de la mediación de la OEA. Hoy, esa acción hubiera sido calificada, por no pocos, de cobardía y traición.

No es lo mismo dirán algunos, pues en aquella época de lo que se trataba era de unos cuantos kilómetros cuadrados de áreas marinas y ahora el punto está en la dignidad de nuestros compatriotas deportados. Pues bien, si eso es lo que ha encendido el ánimo de nuestros comunicadores, sería bueno preguntarnos cuántos de ellos han reaccionado con la misma virulencia frente a los múltiples casos de desplazamiento interno masivo que en la actualidad nos sitúa como uno de los primeros países en el vergonzoso ranking de las expulsiones internas −más de cuatro millones de personas según algunas estimaciones−. ¿No se han burlado acaso algunos individuos como José Obdulio Gaviria de la situación, aduciendo que en Colombia no ha habido desplazamiento interno sino migración voluntaria? ¿Realmente es la prensa oficial tan sensible a las migraciones forzadas como hoy lo auto-declara?

 

¿Son sólo disculpas?

 

Brillan por su ausencia los análisis respecto a los motivos que esgrime el gobierno venezolano para el cierre de la frontera. La divulgación de un video en el que un sujeto identificado como José Pérez Venta, asesino confeso de una de sus copartidarias, en el que declara que sus actividades de oposición tuvieron, entre otras, fuentes de financiación colombiana, fue descalificado, sin más, por nuestros comunicadores, como "un falso positivo de Maduro". Esos mismos periodistas, que cuando intentan mostrarse equilibrados, luego de adjetivar al presidente venezolano, para empatar, aluden a Uribe con algunos epítetos, no se preguntan, ni le preguntan a éste último si su relación con Lorent Saleh, militante de la oposición venezolana, extraditado desde Colombia, y a quien le encontraron fotografías en las que luce camuflado y exhibe armas largas, es en realidad un protegido suyo. Como tampoco la prensa ha hecho referencia a las declaraciones que dio el actual senador y expresidente, luego que Pérez Venta −subordinado de Saleh−, lo acusara de ser financiador de hechos violentos en Venezuela, y en las que afirmó: "maduro no me va a intimidar, y seguiré apoyando a la oposición", pues acá cabe el interrogante de si tal apoyo es lícito cuando esa oposición es armada. Pues, no parece coherente que la prensa colombiana sea radicalmente crítica de cualquier asistencia extranjera a la guerrilla colombiana y favorable al apoyo que un movimiento político del país (máxime si es dirigido por un expresidente de la república) da a la oposición armada de una nación vecina. Además, si sobre las verdaderas causas detonantes de la crisis, el argumento generalizado del periodismo colombiano es que el gobierno de Venezuela busca desviar la atención de su situación económica y política, en el caso de Uribe ¿de lo que se trata no es de distraer a la opinión acerca de la responsabilidad que le puede caber en las muertes de decenas de personas, cuyos cadáveres yacen en la Escombrera? Sobre este punto los comunicadores evitaron rezar y pecar para empatar.

Respecto al contrabando, un noticiero de televisión mostró un camión que logró atravesar la frontera hacía nuestro país, cargado de productos subsidiados en Venezuela. Las preguntas al conductor se dirigieron a resaltar que el vehículo no hubiera podido salir de la nación vecina sin el pago de sobornos a las autoridades, pero, los interrogantes de porque podía entrar a Colombia sin permisos de importación ni facturas fueron esquivados. Si la corrupción campea en los dos lados, eso obliga a reconocer que en realidad existe un problema bilateral que es lo que los comunicadores no pueden ver. Desde el mundo blindado de sus oficinas, pontifican como si el país fuera el Dorado de todas las virtudes.

 

La "indignación" de nuestros comunicadores

 

Al comienzo de la crisis, forzar un paralelo entre la situación de nuestra frontera con Venezuela y los trágicos sucesos de los migrantes en el Mediterráneo fue un recurso justificativo de la vehemencia. Sin embargo, el uso de los símiles hizo agua rápidamente pues obligaba a reconocer que en una analogía de ese tipo, el papel de nuestros compatriotas es equivalente al de libios, sirios, kurdos o gambianos, y el del gobierno venezolano al de Ángela Merkel o David Cameron. Este último, por ejemplo, impulsa una ley que autoriza la confiscación de los salarios de los migrantes indocumentados y penaliza con cárcel a quienes les den alojo. Pues bien, si lo que la prensa busca es descalificar a Maduro a través de comparaciones, debería caricaturizarle con leyendas como ¡no sea como Cameron! Paralelo imposible en la mente de nuestros periodistas convencionales, no sólo por prejuicios clasistas, que les impide colocar en un mismo plano a un miembro de la élite inglesa y un mandatario del llamado tercer mundo, sino porque los miembros de los grupos medios pseudo-intelectualizados siempre han tenido su corazón en el mundo anglosajón, que asocian con lo ideal.

Ante la imposibilidad de negar que Colombia es un expulsor inveterado de connacionales, y que cinco millones de compatriotas han tenido que migrar al vecino país, el recurso fue convertir ese hecho en acausal. Un columnista literato, luego de la consabida lluvia de adjetivos, trae a colación un personaje de una de sus novelas, una anciana migrante a Venezuela que dice: "no sé qué me trajo por aquí donde todo es igual a lo de allá, solo que distinto, porque una siente que es forastera", intentando demostrar con la cita que la huida a la nación vecina no obedece a la violencia o a la falta de oportunidades en Colombia, sino a impulsos inexplicables sin causas objetivas.

El colérico lenguaje que sigue inundando las columnas de los periódicos colombianos, ha sido justificado, en no pocas ocasiones, por la "ira e intenso dolor" que, dicen nuestros comunicadores, experimentaban en el momento de redactar sus escritos. Y entonces se vuelve más fácil entender por qué, en nuestra cotidianidad, la disputa entre por ejemplo un pasajero y un conductor de un vehículo público termina con la muerte de uno de los dos, luego que han discutido y alguno ha dudado de la "pureza" de la santa madre del otro, provocándole "ira e intenso dolor". Eufemismo que busca velar nuestra intolerancia y que está generalizándose en la redacción de los periódicos y los informes de la radio y la televisión.

 

La democracia que deseamos a nuestros vecinos

 

Juan Manuel Santos reconocía en alocución presidencial, que en la OEA el país había sido derrotado en su pretensión de darle estatus de multilateral a las disputas fronterizas entre Colombia y Venezuela, pero, que no iba a cejar en su empeño de involucrar a la comunidad de naciones en la disputa, exteriorizando esa característica tan marcada de nuestras élites de actuar como un menor de edad, altamente dependiente, que busca siempre que sean las potencias o los organismos multinacionales los que solucionen los problemas que les atañen. Los inefables procurador y fiscal, haciendo pose de rígidos jurisconsultos anuncian pomposamente demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, buscando un juicio a Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad, en un gesto que suena ridículo en el momento mismo en que el mundo muestra su conmoción por la foto del cadáver del niño migrante sirio Aylan Kurdi, tirado en una playa. Las comparaciones son odiosas, más cuando se trata de tragedias humanas, pero igualar las imágenes de nuestros compatriotas atravesando una quebrada vadeable con los ahogamientos masivos en el Mediterráneo, no cabe más que en la cabeza de nuestros dirigentes y ahora en la de los "guías de opinión".

Nuestros opinadores también han sido reiterativos en que nuestras disputas fronterizas tendrán fin cuando en Venezuela sea depuesto el "régimen chavista" y regrese la "democracia", pues bien, si repasaran el conato de enfrentamiento más grave que hemos tenido, y al que aludíamos al comienzo, encontrarían que Jaime Lusinchi, un "demócrata" según los cánones de nuestro periodismo, afrontaba en el momento del conflicto con Colombia, acusaciones de corrupción y abusos de poder, y que Blanca Ibáñez, secretaria privada de la presidencia, señalada de sostener una relación extra-marital con el presidente, era a su vez acusada de asignar contratos sin requisitos y promover ascensos en las fuerzas militares, ignorando los méritos. La Masacre de Yumare ejecutada por ese gobierno, en la que fueron asesinados, el 8 de mayo de 1986 −un año antes del impase con Colombia−, nueve dirigentes sociales que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en una anticipación de los "falsos positivos" colombianos, ¿es uno de los hechos estimulantes que hace suspirar y luchar a Uribe por el regreso de la "democracia" a Venezuela? ¿También, son sucesos como ese, los que hacen repetir a nuestros comunicadores que no tendremos entendimiento con nuestros vecinos si no los gobierna Acción Democrática o el Partido Socialcristiano, más conocido como Copei?

Pongámonos serios, y si en realidad queremos "vengarnos" de los venezolanos construyamos un país que no obligue a nuestros connacionales a huir al exterior, y que por sus condiciones de paz, equidad y oportunidades haga que los cinco millones de colombianos que hoy residen en Venezuela, busquen desesperadamente regresar. Pero, para eso, una condición ineludible es que seamos capaces de mirarnos al espejo, que desarrollemos pensamiento crítico y reflexivo y que erradiquemos el negacionismo frente a nuestra realidad.

Publicado enColombia
Sábado, 29 Agosto 2015 11:28

Magdalena Medio, 13 años después

Magdalena Medio, 13 años después

Las inversiones de capital en la región del Magdalena Medio, en el contexto de una rigurosa crisis ambiental y social, con el control de estructuras neo-paramilitares enquistadas en el dominio de la tierra y el Estado local, amparado para ello en la complicidad del Estado nacional y los medios de comunicación, merecen una revisión constante. En efecto, el conflicto armado tiene intencionalidades económicas aún no esclarecidas, que en escenarios de diálogos entre el Estado y los grupos insurgentes, son un factor determinante.

 

En este contexto, la salida al conflicto armado, pasa, entre otros factores, por el esclarecimiento de las responsabilidades que tienen los grupos económicos y sus empresas en la reproducción de un modelo desarrollado en medio de la guerra y consolidado a partir de violaciones masivas a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en extensos territorios del país.

 

El territorio

 

La región del Magdalena Medio1, es una zona de conexión entre el Caribe y el interior del país. Por allí transitan buena parte de las mercancías que circulan entre los centros urbanos del interior (Bogotá, Santander, Antioquia) y las rutas marítimas del comercio globalizado, para potenciar lo cual están en desarrollo varios proyectos de infraestructura: La ruta del Sol, la hidrovía del Magdalena, El puerto de Barrancabermeja, los puertos de Gamarra, y varias conexiones férreas entre las que está el proyecto del Ferrocarril del Carare.

 

En paralelo, están en proceso fuertes transformaciones en la estructura productiva de la región. La "agroindustria" se expande de manera notoria, sobresaliendo los cultivos de palma africana y ganadería. Por ejemplo, la palma ha pasado de 80.000 hectáreas en la primera década del dos mil a casi 140.000 en la actualidad, con perspectivas de aumentar a 300.000 hectáreas para la próxima década, lo que demanda profundizar las transformaciones de la estructura social, ambiental, económica y política regional.

 

Las notorias inversiones de capital dirigidas hacia esta región no son comprensibles si al margen quedan tres factores centrales: 1) la extracción de recursos naturales, 2) el control y transformación del uso de la tierra y, 3) la hegemonía del proyecto político paramilitar en la región.

 

1) La extracción de recursos naturales. En este aspecto hay que valorar la potencial expansión de la explotación de recursos naturales, como el carbón y otros minerales, en las montañas de la Cordillera Oriental (Cundinamarca, Boyacá, santanderes), cuyo principal obstáculo operativo son los altos costos de transporte desde los yacimientos hasta los buques de embarque en el Caribe (70 US/ton)2. También existe la actividad extractiva petrolera y los potenciales yacimientos de hidrocarburos, que con la tecnología del fracking, poseen la capacidad de seguir transformando la región3.

 

Este factor está sujeto a la coyuntura de precios internacionales de minerales y petróleo –materia prima esencial de los circuitos económicos globales–, cuyo precio por barril aumentó desde 40 dólares en el año 2004 a 140 en el año 2008, fluctuando alrededor de los 90 hasta mediados del 20144. En contraste, a finales del 2014 e inicios del 2015, se observa un notable descenso en el precio internacional de las materias primas, entre las que –por ejemplo el petróleo– cayó hasta los 49 dólares por barril en enero de 2015. A la par, los precios de la onza de oro, por ejemplo, descienden hasta 1.194 dólares, precios comparables con la crisis financiera del año 2008, desestimulando las inversiones en los proyectos extractivos. No obstante, la tendencia mundial de agotamiento de materias primas, más su creciente demanda (por el incremento de la población y su mayor demanda en Asia), permite pensar que los precios tendrán un crecimiento paulatino y sostenido en el tiempo.

 

2) Control y transformación del uso de la tierra. En Colombia, 8,6 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas en los últimos veinte años. En este contexto, todos los departamentos con coordenadas en la región del Magdalena Medio registran un notable incremento del indicador de concentración de tierra (Gini)5. Se encuentran casos, como el de La Dorada (Caldas) donde el Gini de tierras pasó de 0,639 en 2000 a 0,740 en 2009 o en Yondó (Antioquia) aumentó de 0,641 a 0,696. La concentración de tierras se ha apalancado en proyectos agroindustriales, especialmente de palma africana y la ganadería extensiva.

 

3) La hegemonía del proyecto político paramilitar en la región. No es posible entender el mapa político de la región sin considerar la masiva ola de violaciones a los derechos humanos, en particular el desplazamiento forzado que azotó la región por décadas, una de cuyas consecuencias más notorias ha sido la concentración criminal de la tierra, el establecimiento de estructuras mafiosas en el Estado a nivel regional6, y el debilitamiento de los movimientos sociales7.

 

Estas expansiones se han llevado a cabo en el contexto de una grave conflictividad social, dominada por el control político paramilitar. Uno de los más claros indicadores de este hecho, descansa en las cifras de desplazamiento forzado en la región. Tomando como base la población censada en el 2005, y comparándola con el acumulado de desplazados entre los años 1999-2011 –población desplazada 1999-2011/población censada 2005–, es posible encontrar las dimensiones dramáticas del desplazamiento forzoso. Se encuentran casos entre el 2 por ciento de Puerto Salgar (Cundinamarca), hasta Cantagallo (Bolívar) en el que el equivalente al 119 por ciento de la población censada en el 2005 sufrió expulsión por desplazamiento forzado. En total, entre los años 1999 y 2011, fueron desplazadas 144.274 personas en los municipios de la región, es decir el 20 por ciento de la población censada en el 2005.

 

Por otro lado, los campesinos que quedan se encuentran acorralados entre cultivos de palma y ganadería, controlados por estructuras neo paramilitares que todavía ejercen control territorial de manera velada8. La pérdida de sus medios de vida, el deterioro de las condiciones ambientales que garantizaban su autonomía alimentaria (pesca, caza, leña, materiales de construcción, entre otros), está llevando a comunidades enteras a enfrentarse a la migración forzada por la pérdida de sus medios de vida.

 

Si bien el desplazamiento está determinado por la acción de actores armados, es necesario subrayar que muchas actividades extractivas se llevaron a cabo en estas regiones en medio del conflicto, es el caso de las exploraciones mineras y petroleras9, pero también la siembra de cultivos como palma africana y la potrerización para ganadería. La expansión de las inversiones extractivistas en medio del conflicto, refuerza la afirmación sobre la relación entre actores armados y grupos económicos. Acción violenta que persiste.

 

El narcoparamilitarismo en el año 2015 es una realidad. Indepaz señala en su VIII informe sobre grupos paramilitares 201210, que estas estructuras se han expandido en los últimos años a través de nuevas membresías. De 259 municipios con presencia de grupos paramilitares identificados en el 2008 se pasó a 409 en el año 2012. De los 32 municipios de la cuenca media del Magdalena, se reportan 23 municipios con presencia y actividad de Los Rastrojos, 14 municipios con actividad de Los Urabeños, 7 municipios con actividad de Las Águilas Negras y 3 municipios con actividad de Los Paisas.

 

Dimensiones del uso de la tierra

 

De las dimensiones del uso de la tierra, pueden cuantificarse de manera aproximada los conflictos territoriales. La cuenca media del Magdalena tiene 3,4 millones de hectáreas. Si se suman los actuales uso de la tierra arroja como resultado 3,8 millones. El aumento de la ganadería, la siembra de palma africana y la minería presionan de manera permanente a la cobertura de bosques, el área de ciénagas y a la agricultura minifundista.

 

Al revisar las perspectivas de crecimiento de las principales actividades extractivistas, es posible dimensionar las proporciones del conflicto. En la cuenca de 3,4 millones de hectáreas, los proyectos extractivistas suman 5,1 millones de hectáreas, entre solicitudes mineras (1,8 mill ha), bloques de exploración de hidrocarburos (1,4 mill ha), y aumento de área sembrada de palma africana (300.000 ha), cifras que revelan una clara conflictividad producto de la expansión de las inversiones extractivistas, de las que, seguramente, derivarán nuevos conflictos ambientales y por la apropiación de tierras.

 

Persistente presencia

 

El paramilitarismo no es una estructura militar desmantelada. Es un proyecto político-militar que sigue controlando varias regiones del país. El paramilitarismo, es un fenómeno que abarca no sólo estructuras militares, se relaciona de manera estrecha con las élites políticas regionales, coopta las rentas del Estado a nivel regional y encausa significativas sumas de dinero del narcotráfico para la financiación de grandes proyectos productivos. En el Magdalena Medio hay una coexistencia no suficientemente esclarecida de capitales del lavado, con grandes inversiones especulativas del extractivismo. Es posible pensar en la existencia de sinergias entre estos capitales, que quedarían a nivel de hipótesis ante el control efectivo que ejercen estructuras mafiosas en la región. Realzar, por ahora, que la evidencia más clara de los estragos causados por el modelo extractivista implementado, son las altas proporciones de desplazamiento forzado, desnutrición en la población regional, la concentración de la propiedad de la tierra, el control del Estado a nivel local y la angustiosa crisis ambiental.

 


 

* La investigación completa puede consultarse en cedins.org.
1 En este documento, se entiende la región del magdalena medio se entiende como la correspondiente a la cuenca hidrográfica del río, que empieza en Puerto Salgar Cundinamarca hasta La Gloria en el Cesar. Los límites se circunscriben a las líneas divisorias de aguas. Aunque no puede pasarse por alto que la región tiene fuertes conexiones con otros centros políticos y económicos del país, por lo que el análisis desde la cuenca puede tener claros limitantes.
2 El camino hacia la competitividad del carbón. Jorge Taboada, Gerente de la corporación para el Desarrollo del Ferrocarril del Carare.
3 Magdalena Medio, llamado a liderar producción con "Fracking". Vanguardia.com, 7 de diciembre de 2014.
4 Información obtenida de: charts.kitco.com
5 Cesar: 0,75 (2000), 0,77 (2009); Caldas: 0,87 (2000), 0,88 (2009); Santander: 0,79 (2000), 0,80 (2009).
6 Y refundaron la patria... Claudia López (Editora). Edt. Debate, Bogotá 2010.
7 El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia. Marianne Moor y Jorls van de Sandt. PAX. Junio de 2014.
8 Y refundaron la patria... op. cit.
9 "¿Sólo coincidencias?", periódico desdeabajo Nº 214, Junio 20 - Julio 20 de 2015. "AngloGold Ashanti y El Bloque Central Bolívar: ¿Sólo son coincidencias?" Equipo de investigación sobre territorio y extractivismo. Cedins. 2015.
10 VIII Informe sobre grupos paramilitares. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz–. 2012.
11 Datos tomados de: Deterioro de humedales en el Magdalena Medio: un llamado para su conservación. Fundación Alma, Valentina Garzón y Juan Gutiérrez. Bogotá 2013.

Publicado enEdición Nº 216
Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia

 

"El Gobierno Nacional y las Farc-Ep acuerdan establecer la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Chcv) con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno, y para proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General que están pendientes.

Por lo anterior la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, se enmarca en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito por el Gobierno y las Farc-Ep el 26 de agosto de 2012 y tiene también como marco de referencia la "Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas".

La Comisión contará con doce expertos y dos relatores. Cada uno [...] deberá producir un informe que combine profundidad y concisión.

Los informes deberán tener una extensión máxima, que se definirá por la Mesa en consulta con los expertos, sin perjuicio de la extensión y detalle que tengan los documentos o soportes que quieran adjuntar los expertos. Cada informe, incluyendo el informe síntesis, tratará los siguientes tres puntos:

 

• Los orígenes y las múltiples causas del conflicto;
• Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto; y
• Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población.

 

El Informe Final de la Comisión, del que harán parte tanto el informe síntesis como los informes individuales o colectivos de los expertos, será entregado formalmente a la Mesa y será publicado y difundido ampliamente".

 

 


 

 

Índice

 

 

Introducción conjunta a las dos relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.....13

 

Una lectura múltiple y pluralista de la historia

Eduardo Pizarro Leongómez.....17

 

Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente

Víctor Manuel Moncayo Cruz.....107

 

Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano

Sergio de Zubiría Samper.....197

 

Exclusión, insurrección y crimen

Gustavo Duncan.....249

 

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada

Jairo Estrada Álvarez.....295

 

Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana

Darío Fajardo M......361

 

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos

Javier Giraldo Moreno, S.J.....423

 

Política y guerra sin compasión

Jorge Giraldo Ramírez.....471

 

¿Una historia simple?

Francisco Gutiérrez Sanín.....521

 

Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)

Alfredo Molano Bravo.....565

 

Una lucha armada al servicio del statu quo social y político

Daniel Pécaut.....627

 

Cartografía del conflicto: Pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano

Vicente Torrijos R. .....679

 

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia

Renán Vega Cantor....729

 

Los tres nudos de la guerra colombiana

María Emma Wills Obregón.....813

 

 

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Publicado enCoediciones
Martes, 23 Junio 2015 12:35

¿Hechos o verdad?

Hablar de "verdad" no solamente es complejo sino problemático, pues, pese a que el término pretende referirse a lo que es indiscutible, la aceptación de algo como verdadero requiere consenso. Quizá por ese motivo, el lógico y teórico austro-británico Karl Popper desterró la verificación (búsqueda de la verdad) del campo científico y la sustituyó por la falsabilidad, es decir, la promulgación de afirmaciones siempre provisionales y que, mientras no sean refutadas, pueden considerarse como corroboradas, sin que eso signifique su aceptación definitiva. Las innumerables aristas de la realidad son la razón para que las explicaciones que de ella se dan no deban ser juzgadas, bajo ninguna circunstancia, como inmutables. Es el descubrimiento de factores o perspectivas no tenidas en cuenta previamente lo que enriquece el conocimiento de los fenómenos y los sucesos, que de esa manera asumen una condición dinámica frente a nuestros ojos.

 

La creación de una Comisión de la Verdad (CV) acerca del origen y el desarrollo del actual conflicto armado colombiano ha dado lugar, sin que aún comience a operar, a una serie de reacciones que le auguran un devenir tormentoso. En carta que el jefe insurgente Iván Márquez le dirigió al Procurador el pasado 10 de junio, le dice que la CV no busca la "verdad" del Procurador sino la de las víctimas, incluida la verdad de los muertos, cuyos cuerpos deben hablar a través de los estudios forenses acerca de lo que fue su fin. Y más adelante señala que también se trata de la verdad de lo hecho por el militar, los financistas, los empresarios y dirigentes políticos, en una clara muestra de lo espinoso que será el asunto de las verdades. Ahora, en el espíritu de la carta, lo que allí se quiere enfatizar es que muchos de los actores de la violencia no son reconocidos como tales, porque sus acciones no se interpretan correctamente como causa directa de esa violencia o porque conscientemente se oculta su participación en ella.

 

El asunto se complica aún más si añadimos el elemento de la "construcción de las verdades", pues tenemos que incluir a los medios de comunicación y la academia, que curiosamente no son nombrados por Márquez. Pues, aun limitándonos a la sola divulgación de hechos, es evidente que, cuando en un enfrentamiento abierto entre ejército y guerrilla, por ejemplo, los combatientes muertos del primero son descritos como "asesinados", mientras los de la insurgencia son "abatidos", la 'verdad' que de allí surge es interesada, y mal puede llamarse indisputable. Sin embargo, para los defensores del statu quo no hacer la distinción sería distorsionar lo que consideran la 'verdad'. Pero, ¿cuáles son los hechos en este caso? Acá no cabe duda de que el asunto es el de un enfrentamiento entre individuos armados y preparados para la guerra, por lo cual los muertos de los dos bandos lo son bajo circunstancias iguales que debieran ameritar igual denominación. Pues, bien, es sobre una base descriptiva de los hechos, contemplados a la luz de iguales parámetros, como debe actuar una Comisión que busca un balance de responsabilidades para evitar la repetición del conflicto. Los combatientes tomados prisioneros en los enfrentamientos no pueden ser "secuestrados" si los toma un bando y retenidos si los captura el bando contrario. Igual ocurre con los muertos fuera de combate o las afectaciones a la población civil, vengan de donde vengan.

 

El enfrentamiento que tuvo lugar entre el columnista León Valencia y Miguel Gómez Martínez en el programa Voces RCN, ampliamente reseñado por los medios, y motivado por el señalamiento que León Valencia hizo de la familia Gómez como partícipes de la violencia, es un buen ejemplo de lo que significa develar sucesos que puedan ampliar la comprensión del conflicto, ya que, desde el ejercicio de la política, casos como los de Laureano Gómez y su hijo Álvaro Gómez Hurtado –a quienes León Valencia se refería en la discusión–, para citar tan solo un ejemplo, no han sido suficientemente dimensionados, pese a que del segundo se conoce su persistencia en el Senado en denominar "repúblicas independientes" a poblaciones de campesinos que buscaban tierra donde asentarse, y que Gómez Hurtado invitaba a destruir. El caricaturista Héctor Osuna, bajo el seudónimo de Lorenzo Madrigal, conservador laureanista, en su columna del 7 de junio en el diario El Espectador terció en la polémica, y, luego de calificar como insolente la opinión de León Valencia sobre los Gómez, afirmó con tono de advertencia que "la paz de Santos estará en vilo, si lo que se pretende es unificar la verdad y la memoria históricas por acuerdo con los rebeldes y como decreto para historiadores", expresando el sentimiento de los más conservadores en su nula disposición a reconocer que las razones que esgrime el otro puedan ser conmensurables con las suyas, y menos asumir responsabilidad alguna en el conflicto.

 

El negacionismo histórico es una característica de las élites criollas, legitimadas con una historiografía mediocre y dulzona que, salvo las excepciones de siempre, hasta el día de hoy ha sido panegírica y complaciente. ¿Cuál es el peso de la ausencia de un inventario riguroso de los hechos en nuestra persistente forma violenta de relacionarnos? Parece que no es despreciable, puesto que, siempre que han tenido lugar procesos de paz significativos, la búsqueda de una explicación estructural de las causas ha sido sentida como una necesidad perentoria para evitar la repetición de la tragedia.

 

El 27 de mayo de 1958, mediante el Decreto 0942, se creó la Comisión Nacional de Investigación de las Causas Actuales de la Violencia (el nombre completo del actual organismo es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición), que, pese a un trabajo ingente y unas esperanzadoras recomendaciones, ve apenas una breve paz de cinco años, luego de los cuales estalla de nuevo el conflicto armado que ya sobrepasa el medio siglo de existencia. Negarse a entender las necesidades de grupos acorralados por el hambre y la ausencia de derechos, y, lo que es peor, negarse luego a aceptar que son esas necesidades la causa de las rebeliones armadas, se convirtió en el alimento de una espiral que no ha parado de crecer.

 

¿Puede alguien creer seriamente que sin diálogo se puede alcanzar en Colombia un silenciamiento de los fusiles? La respuesta es no, pero, para nuestro pesar, los guerreros de escritorio estiman que unos litros de sangre adicionales pueden llevarlos a la mesa con ventaja, y claman por empujar la confrontación un poco más, bajo la creencia de que el enemigo está debilitándose. A las élites y sus guardaespaldas intelectuales les parece inconcebible que de un acuerdo de paz surja un cuestionamiento a su quehacer histórico, y se niegan a aceptar responsabilidades. El trabajo de la pasada Comisión Histórica del Conflicto, que terminó convertida en una colcha de retazos en razón de las visiones mutuamente excluyentes de las diversas interpretaciones, es una muestra de la obcecación que acompaña las reflexiones sobre nuestro devenir como sociedad. La intolerancia de las visiones convencionales (¿oficiosas?) no fuera tan problemática si no se constituyera en una línea roja trazada como muro de defensa.

 

Si referirnos a la verdad es problemático porque, entre otras cosas, ésta lleva adosada siempre la carga de la valoración emocional, hablemos modestamente de hechos y de sus principales protagonistas. Respondámonos, quizá tan solo con las frías cifras y la simple enumeración, con una corta lista de interrogantes como: ¿Cuántas fuerzas armadas paraestatales han sido creadas en nuestra historia y por quiénes? ¿Cuántos miembros de la cúpula del ejército han participado en ejecuciones extrajudiciales, antes incluso que fueran denominadas con el eufemismo de "falsos positivos"? ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de esas ejecuciones luego que se emitiera la directiva de premios por "las bajas provocadas al enemigo"? ¿Quiénes han sido los 'inversionistas' privados de la guerra y cuánto el monto de su 'inversión'? ¿Cuáles patrimonios han surgido directamente del despojo? ¿Cuáles columnas de periódico o programas de radio o televisión son los que más gritos de ¡mátenlos! han emitido?

 

Dar respuesta a interrogantes de ese tipo tal vez nos ayude más que el propósito pomposo de "establecer la verdad" por parte de una Comisión para la que, dados los antagonismos ideológicos, es un imposible; y quizá nos evite la discusión inmediata sobre las justificaciones y el contexto de los acontecimientos, que debe ser una tarea permanente de todos.

 

Simplifiquemos la misión de los comisionados, garanticemos de alguna manera sus resultados y asegurémonos de que el caudal de hechos conocidos aumenta para que las generaciones futuras estén en condiciones de saber lo que no les conviene. No. No se trata de una discusión semántica para diferenciar hechos de verdades, se trata precisamente de no caer en discusiones bizantinas que hasta ahora les han permitido a muchos eludir su participación como agentes activos de nuestro cruento discurrir.

Publicado enEdición Nº 214
Domingo, 14 Junio 2015 06:36

No hay que tenerle miedo a la verdad

No hay que tenerle miedo a la verdad

Verdad, convivencia y no repetición: esas tres palabras resumen el propósito de la Comisión que la semana pasada acordamos en La Habana. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición "hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz", como establecimos el Gobierno y las FARC, y por tanto es sólo una pieza de un sistema en construcción. Pero es un buen comienzo. Nada nos han pedido las víctimas con tanto fervor como eso: conocer la verdad.


Verdad significa en primer lugar esclarecimiento. Es mucho lo que ya sabemos en Colombia, pero aún hay temas que permanecen en la penumbra. Entre otros porque las víctimas no han encontrado condiciones para poder hablar (caso de la violencia sexual), o porque los responsables aún no han hablado.


Pero el esclarecimiento tiene que ir más allá. Por eso el mandato de la Comisión indica que se debe mostrar el impacto del conflicto sobre las poblaciones más vulnerables y más golpeadas por cincuenta años de guerra. ¿Cómo fueron afectados las mujeres y los niños; los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes; los sindicalistas y los periodistas; o los ganaderos y los agricultores? Esas son las preguntas que hay que contestar.


Otro capítulo es el esclarecimiento del impacto del conflicto sobre la democracia. Las cifras del Centro de Memoria Histórica señalan que en los últimos treinta años fueron asesinados 175 alcaldes y 543 concejales. Ninguna democracia puede funcionar en el nivel local con esa marea de violencia. Eso es lo que la Comisión tendrá que explicar, para que no vuelva a pasar.


Verdad significa también reconocimiento. Primero, el reconocimiento de las víctimas. Un país en el que más de seis millones de víctimas son vistas con indiferencia es un país en el que cuecen el resentimiento y la indignación. La Comisión tendrá que abrir espacios para que las víctimas hablen y sean reconocidas como lo que son, ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados.
Segundo, el reconocimiento de responsabilidad. En la medida en que cada quien que tuvo responsabilidad en el conflicto dé un paso adelante, ofrezca explicaciones y pida perdón, en esa medida la verdad no será solo conocida, sino aceptada por toda la sociedad.


Y con eso pasamos al segundo propósito de la Comisión: la convivencia. La Comisión tendrá que organizar audiencias en los territorios en las que la combinación de los testimonios de las víctimas, los reconocimientos voluntarios de responsabilidad y la participación de diferentes sectores de la sociedad no solo esclarezcan lo que pasó, sino también rompan las desconfianzas, recompongan las relaciones y fortalezcan el Estado de derecho. De eso se trata la convivencia: de reconocer el pasado para trabajar conjuntamente hacia un futuro común. Y por eso la Comisión tiende un puente entre la justicia y la paz.


¿Cómo poner en marcha programas de desarrollo rural integral en regiones como el Urabá, el sur de Córdoba, Cauca, Arauca o el Caquetá si no se abren espacios para restablecer la confianza entre quienes juntos tendrán que construir la paz?
Por supuesto que, para que se conozca toda la verdad, esos reconocimientos de responsabilidad no pueden dar pie a investigaciones judiciales y por eso, entre otras razones, la Comisión será un organismo estrictamente extrajudicial. Tiene razón el ex presidente Gaviria cuando dice que el proceso de paz no puede dejar vivos "muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra". Esos conflictos se resolverán en los espacios que cree la Comisión.


Todo esto deberá contribuir a la no repetición, que es el propósito además de todos los acuerdos de La Habana: terminar el conflicto y hacer las transformaciones necesarias para que no se repita. Por eso, varios expertos internacionales han celebrado el Acuerdo sobre la Comisión: no solo porque refleja –dicen– las mejores prácticas internacionales, sino por este enfoque práctico y concreto en la convivencia y la no repetición.


No así el Procurador Alejandro Ordóñez, quien en una columna reciente en El Tiempo lanza toda suerte de críticas a la Comisión, en un ejercicio que no deja de sorprender porque nada tiene que ver con la función constitucional del Procurador General de la Nación. Algunas críticas se deben, sin duda, a simples descuidos en la lectura, como por ejemplo decir que las recomendaciones de la Comisión serán vinculantes, cuando el texto del Acuerdo en ninguna parte lo dice. Por el contrario, la posición del Gobierno siempre ha sido que no lo pueden ser, porque una comisión de la verdad no es un órgano legislativo.


El Procurador en su exaltación no ahorra improperios. Dice, por ejemplo, que los miembros de la reciente Comisión Histórica –un esfuerzo de naturaleza muy distinta a esta Comisión– "obedeció a un guión predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia". ¿A quién se le ocurre que unos distinguidos profesores de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, EAFIT, el EHESS de París, "obedecieron a un guión predeterminado"? Uno puede no estar de acuerdo con ellos, pero tampoco hay necesidad de insultarlos.


El problema principal, sin embargo, no es de forma y estilo. Es de fondo y tiene dos partes. Primero, el Procurador pone en duda la imparcialidad de la futura Comisión con el argumento de que las FARC van a "imponer" su voluntad en la selección de los comisionados. Por el contrario, el Acuerdo dice que los comisionados podrán ser postulados por diferentes sectores de la sociedad en un proceso amplio y pluralista. Y serán seleccionados, sobre la base de criterios como "la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, entre otros", por un comité de escogencia de 9 miembros, 6 de los cuales serán escogidos "de común acuerdo" por el Gobierno y las FARC (no tres seleccionados por el Gobierno y tres por las FARC, como algunos han supuesto); 3 más serán delegados de organizaciones que se acuerden en la Mesa. Es decir, si el Gobierno considera que cualquiera de los nombres no ofrece garantías a los colombianos, no lo va a acordar. Así que en ningún caso las FARC van a "imponer" su voluntad.


Segundo, el Procurador insiste en que la Comisión buscará "imponer una verdad oficial que reconoce que la responsabilidad es de toda la sociedad y el Estado. Se quiere culpar a todos para exculpar a las FARC".


Falso. En el Acuerdo las FARC se comprometen "a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión". Y si bien el futuro tratamiento penal que reciban las FARC no hace parte de este Acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que obtengan algún beneficio penal si no cumplen de manera plena con este compromiso.


Otra cosa es que la Comisión oiga también a agentes del Estado y a otros quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, y asigne responsabilidades colectivas. El derecho a la verdad lo tienen todas las víctimas, como debería reconocer la Procuraduría.


Aquí no hay que confundirse. El hecho de que la Comisión oiga a todas las víctimas no quiere decir que nos estemos "igualando": las instituciones del Estado seguirán siendo lo que son, las legítimas portadoras de las armas con un amplio apoyo en la población. Simplemente, cada quien tendrá que responder por lo que hizo, dentro de su propia condición. Los actos recientes de terrorismo de las FARC no hacen sino añadir al largo catálogo de atrocidades por el que tendrán que rendir cuentas.


De lo que se trata al final es de asumir las propias responsabilidades, como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional, para sobre esa base reconocer lo que nunca deberá volver a pasar y así sentar las bases de la convivencia y la no repetición. Esa es la decisión que nos llevará a la paz. No hay que tenerle miedo a la verdad.


Por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz de Colombia

 

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Barrio Nelson Mandela, Cartagena / Youtube Fundación Nuevo Periodismo

La crueldad desatada por el conflicto armado colombiano ha perseguido a Audy Blanco casi sin tregua. Hoy esta mujer de 43 años vive con su familia en el Nelson Mandela, un barrio de desplazados por la violencia situado al suroriente de Cartagena de Indias. Consiguió sobreponerse, al menos en parte, a los delirios de la guerra.


Todavía no había amanecido cuando Audy Blanco y sus cuatro hijos montaron en el camión del lechero con algo de ropa y poca plata. Ocurrió a finales del 98, en Sucre, al norte de Colombia. "Los perros no entran", le dijo el camionero a Jerónimo, el mayor de los hermanos. En ese momento Audy se largó a llorar, por los perros y por todo lo que dejaba en San Onofre, el pueblo donde había crecido, se había enamorado varias veces y convertido en una rebelde sin remedio. "Vea: la primera vez que me escapé de casa tenía 10 años, me fui con una amiga de 16", recuerda. Llegaron a Cartagena de Indias, a dos horas de su pueblo, y allí su amiga consiguió que una señora le enseñara a cocinar y la acogiera, a cambio de que Audy la ayudara a limpiar. Con doña Ignacia aprendió a ser más o menos obediente. Pero regresó a su casa y volvió a huir. Una, dos veces. Y siempre de vuelta a San Onofre, excepto en aquella oportunidad, la de esa madrugada, contra su voluntad.


"Llegaron los paramilitares un mediodía muy caliente", cuenta. Eran diez hombres jóvenes, todos uniformados y bien armados. En ese entonces Audy tenía 26 años y había logrado abrir una "tiendita", un pequeño comercio ubicado entre las primeras casas del pueblo. Le pidieron gaseosas y comenzaron a rodear lentamente la casa. Frente a ella, quien resultó ser el jefe, apodado Danilo, la desafió: "Mire, necesitamos dos voluntarias, y entre esas dos está usted". Audy asintió, sin vacilar, con el miedo metido en el cuerpo. A las 5 de la mañana siguiente la llevaron a un campamento junto a su prima Mirta. Los dos fogones estaban encendidos, los ingredientes y las cacerolas dispuestos a un lado. Durante el correr de las primeras horas del día debían preparar un guisado que consiguiese la aprobación del jefe paramilitar; según el resultado, ambas podrían permanecer a salvo en sus casas. O no.


A una gigantesca olla fueron cayendo en cascada los trozos de carne de res, la cebolla corta y la cebolla larga, las costillas de cerdo, el ají y la pimienta aromática, el cilantro, la mostaza y las patas de gallina. Audy revolvió el caldo durante horas controlada por Danilo y un tal "Memo", un "para" (paramilitar) que no dejaba de guiñarle el ojo. Así transcurrieron unas cinco horas. Ambas pasaron la prueba, se quedaron en el pueblo y cocinaron para los hombres de Danilo. "Yo me sentía atrapada, la cosa no me gustaba, y después fue peor", continúa. Hubo enfrentamientos con la guerrilla, violaciones y decapitaciones. "Una noche Memo llegó a mi casa borracho y abrió la puerta de par en par. Mi marido se fue para el fondo y tuve que enfrentármelo al Memo yo sola." Le dijo que tenía que viajar y el paramilitar lanzó con furia varios tiros al aire, hasta que lo llevaron a rastras los otros borrachos.


Casi a oscuras Audy tomó en brazos al más pequeño de sus hijos, metió en algunas bolsas la ropa que alcanzó a recoger, se despidió de su marido y con sus hijos llegó hasta el camino por donde pasaría el carro del lechero. Se bajaron en una parada de bus, que los dejaría en otra donde tomarían uno que los arrimaría hasta el Nelson Mandela, un barrio situado a una hora del centro histórico de Cartagena de Indias. Allí unos vecinos la ayudaron a dar con la carpa de su hermana, que vivía con su hija y también la madre de Audy.


***


El barrio Nelson Mandela había sido fundado cuatro años antes, en 1994, por desplazados a causa de la violencia generada por el conflicto armado que sigue golpeando a las poblaciones más pobres de este país: negros, indígenas y campesinos. "Mi hermana tenía un lote de tierra, un chambuche (carpa de plástico negro) y el piso de barro. Yo busqué cuatro cajones, unas tablas, armé una cama y ahí dormí con mis cuatro hijos. Cocinábamos con leña, hacíamos las necesidades en bolsas y las enterrábamos. Ahí duré dos años hasta que pude ir haciéndome esta casita." Conoció a Diego, su actual pareja, y nació Melisa, la más pequeña de la familia. Con seis hijos, Audy adoptó a su ahijado de 12 años y decidió criar al pequeño Michael, el nieto de 3. Todos en una casa sostenida por tablones y cubierta por láminas de zinc, donde sólo ella sabe cómo apañárselas.


En el Mandela viven alrededor de 44 mil personas, 80 por ciento de ellas desplazadas por la guerra interna. Son parte de los casi 5,5 millones de colombianos que han sido forzados a buscar un refugio tras huir de sus hogares debido a la violencia. Por vivir bajo estas condiciones, el gobierno le ofreció a Audy una bolsa de alimentos durante los primeros meses y actualmente le entrega un subsidio que no supera los 250 dólares por año. En el barrio hay escuelas dependientes de la ayuda de fundaciones o iglesias, existe un centro de salud fantasma y una red de alcantarillado recientemente estrenada. Los servicios –agua, luz, gas– fueron instalándose y con ellos fueron llegando las facturas desorbitantes (Audy debe pagar por el consumo eléctrico una cantidad similar a la que abonaría en Uruguay, país con la energía eléctrica más costosa de América del Sur). El descabellado abuso de las empresas privadas no desvela al gobierno colombiano, aunque el presidente Juan Manuel Santos no faltó a la cita cuando en el Mandela se encendió la primera lámpara. Su paso duró lo que duran los flashes.


En febrero es temporada seca por estas tierras, el sol del mediodía pega sin clemencia y deja atontados a los perros criollos del Mandela, que parecen todos hijos de la misma perra: tostados, paticortos, larguiruchos y con el hocico puntiagudo. Chocolate, el cachorro de Audy, sólo se distingue del resto porque se ahoga con los nubarrones de polvo que levanta la brisa y tose compulsivamente. La polvareda esconde el verde de los árboles frutales, pero no puede con los rabiosos fucsias y celestes de las fachadas de las casas. "Chau, papacito"; "¿Cómo anda, don Arcadio?"; "¡Cuidado que te caes, que llamo a tu madre!"; "Qué moto tienes, flaquito". Audy no escatima saludos y piropos, anda con una sonrisa sincera y la mirada luminosa de los negros del Caribe colombiano. Es bajita y vigorosa. Su próximo desafío es reforzar la casa, que se torció por los materiales endebles y el paso del tiempo. Ese día compró dos bolsas de cemento. "Con estas dos ya tenemos ocho. Falta menos."
Cuando llevábamos tres días conversando por la mañana y la tarde, por primera vez habló directamente de las conocidas pandillas que de tanto en tanto irrumpen en el barrio, extorsionando a los comerciantes, traficando drogas y también matando. De hecho, el Mandela figura entre los cinco barrios más peligrosos de Cartagena, según el Centro Observatorio y Seguidor del Delito. Y por otro lado están los sicarios, que por temporadas hacen "limpieza social". "Ellos dicen que quieren hacer el bien matando a los pandilleros, pero también son delincuentes. Yo antes no tenía puertas, y fíjese que ahora esto se puso bravo. Había policías, pero ya no están. Si pasa algo, no hay a quién reclamar. Al final siempre somos nosotros los que pagamos cuentas ajenas", comenta casi susurrando mientras cose la mochila de la niña.


En eso pasa el frutero y escogemos las dos mejores papayas. Las comimos y fuimos a ver el huerto donde esta semana empezó a cultivar hortalizas. Jerónimo, el mayor de sus hijos, se va a encargar de mantenerlo. Melisa, la pequeña, llega de la escuela y muestra sus primeras letras manuscritas. En el fondo la ropa ya está seca. Las camisas y vestidos de colores tropicales están casi fundidos por el sol fulminante sobre la pila de ladrillos. Ella los cuenta uno a uno. Parece que Jerónimo le insinuó querer construir y vivir en una segunda planta. Ella le dijo que no, sin peros, que con 25 años ya tiene que buscarse la vida y defenderse solo. En cualquier caso, el grandulón tiene el referente ahí, frente a sus narices.


(Esta nota se escribió durante el Taller de Crónicas con Jon Lee Anderson, en el barrio Nelson Mandela, que llevaron a cabo la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Fundación Tenaris Tubocaribe, entre el 2 y el 6 de febrero en Cartagena, Colombia.)

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Sábado, 25 Abril 2015 07:29

Paro general en la Universidad Nacional

Paro general en la Universidad Nacional

Se cumplió hoy el segundo día de paro general del primer centro educativo del país: la Universidad Nacional en su sede central de Bogotá, tras la decisión tomada por la asamblea triestamentaria reunida en el Auditorio León de Greiff, en el sentido de declararse en cese de actividades por término indefinido.

La asamblea triestamentaria, que fue multitudinaria a juzgar por los numerosos reportes en las redes sociales, también se votó una moción de apoyo a magisterio colombiano en su lucha por mejores condicionen laborales, aprobó respaldo a la movilización anunciada por Fecode para el próximo lunes en Bogotá, y un voto de rechazo a la reelección de Ignacio Mantilla como rector de la universidad.

De esta manera los profesores y los estudiantes se suman a la lucha de los trabajadores del centro educativo, quienes desde el 14 de abril pararon sus actividades para exigir mejoras salariales y en los últimos días han mantenido una fuerte agitación con mítines, bloqueos en algunos edificios administrativos, y consignas en contra de la actual administración del centro universitario.

Es de aclarar que el cese indefinido de actividades solo se cumple en el campus central de Bogotá. Las otras sedes de la UNAL en el país están en libertad de participar o no de la protesta, lo cual lo definirán en asambleas que se preparan para los próximos días.

El conflicto laboral actual en la UNAL tiene origen en los paros que durante el 2012 y 2013 convocó y lideró el Comité Pro-Mejora Salarial, que es un frente amplio de trabajadores de la Universidad, no todos pertenecientes a los sindicatos.

Dichos paros tuvieron como objetivo lograr aumentos en la remuneración salarial y recuperar algunos cargos de carrera administrativa. Tras el último de ellos las directivas de la universidad y los trabajadores firmaron unos acuerdos que, según lo señaló en un comunicado el Comité, no han sido cumplidos a cabalidad por la administración de la Universidad. En el comunicado también rechazan lo que llaman la imposición de Ignacio Mantilla como rector.

Según Juan Carlos Arango, vocero del Comité Pro-Mejora Salarial, las directivas de la UNAL fueron las más beneficiadas de los logros obtenidos por el movimiento de los trabajadores. Explicó que el acuerdo consistía en aumentar los salarios más bajos de la Universidad, y que a los funcionarios del nivel directivo, asesores y ejecutivos no se les aumentaría. Sin embargo, según Arango, éstos últimos se quedaron con cerca de $5 mil millones que los trabajadores habían conseguido.

"No solo intentaron acabar con el movimiento a punta de represión, sino que cuando aparecieron los recursos se apoderaron de ellos", agregó.

Otro punto acordado tras la negociación en 2013 fue la revisión de la planta de cargos de carrera administrativa, pero según el vocero del Comité Pro-Mejora Salarial la comisión que debía funcionar para examinar este tema tampoco se creó.

La Universidad desconoce el Comité

Ante este último cese de actividades de los trabajadores, las directivas de la UNAL han salido al pasó, y en declaraciones a los medios de comunicación el vicerrector Jorge Iván Bula dijo que el paro es ilegal y que ellos han honrado los acuerdos pactados en el 2013. Señaló que los sindicatos de la universidad han presentado pliegos de peticiones y que están en negociaciones, por lo que descartó un acercamiento con el Comité Pro-Mejora Salarial pues, según él, los únicos interlocutores válidos son los sindicatos.

A lo que Juan Carlos Arango responde que el Comité es un interlocutor legítimo desde el momento en que, tras los paros realizados en el 2012 y 2013, la Universidad firmó acuerdos con éste.

Por su parte, el rector Ignacio Mantilla dio a conocer una resolución en la cual ordena el descuento de los salarios a todos los trabajadores que participen del paro promovido por el Comité Pro-Mejora Salarial.

Cronología de la asamblea triestamentaria

El jueves 16 de abril se realizó la primera asamblea triestamentaria en la cual los representantes de los profesores, estudiantes y trabajadores acordaron declararse en asamblea permanente a partir 22 de abril.

Tal decisión tuvo varios propósitos. Uno, apoyar las peticiones salariales de los trabajadores y exigir la solución inmediata y dialogada al conflicto laboral; dos, expresar el descontento del estudiantado por la reelección de Ignacio Mantilla como rector de la Universidad; tres, solicitar a la administración de la Universidad no tomar represalias contra los trabajadores que reclaman; y cuatro, exigir a la rectoría cuentas claras sobre los recursos de la UNAL

El lunes 20 de abril un grupo de directivos de la UNAL, en reunión con los trabajadores, propusieron formar una comisión de 9 profesores que se encargaran de mirar cuáles son los puntos incumplidos de los acuerdos del 2013. Pero los trabajadores no aceptaron la propuesta, ya que ésta no surgía de un diálogo directo con la administración de la Universidad.

Los profesores, estudiantes y trabajadores esperan que la administración de la Universidad se siente a dialogar directamente con ellos para aclarar todas las dudas que existen. Como también esperan que los compromisos que se pacten posteriormente no se incumplan.

Publicado 24 de abril de 2015.

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Paz y división de las Fuerzas Armadas.

Resulta necio desconocer la enorme incidencia de las conversaciones de paz adelantadas entre el gobierno de Santos y las Farc en La Habana sobre el funcionamiento del Estado y la sociedad colombiana. Amplios sectores de la nación dan su apoyo creciente a los diálogos como lo confirman recientes encuestas, y grupos retardatarios de naturaleza fascista, hacen hasta lo imposible para sabotear la Mesa de concertación cuyo objetivo es la superación de la cruenta guerra civil colombiana.

Sobre esa fractura matriz se proyectan otras divisiones en diversos ámbitos del país.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas a dicha circunstancia y las tensiones y antagonismos a su interior son un hecho notorio.

Hay militares guerreristas de ultraderecha, seguidores de las fantasías ultramontanas y asesinas de Uribe Vélez, enemigos radicales de la paz y adictos a la violencia que promueven los clanes oligárquicos del bloque de poder.

Hay otros, más civilizados, respetuosos de la constitución y de la legalidad, proclives al diálogo y la solución política del conflicto nacional (Herrera Berbel, Padilla, Samudio, Bonet, García Flores et.al).

Se trata de un hecho saludable, positivo y estimulante, pues es en los aparatos armados del gobierno donde elementos tan inescrupulosos y corruptos como el señor Uribe pescan en río revuelto con las más estrambóticas especulaciones, diatribas y discursos promovidos para inducir la conspiración, el golpismo y el bloqueo a los procesos de democratización del Estado. Desde que está funcionando La Mesa de conversaciones de La Habana, instalada en octubre del 2012, se han conocido distintos episodios orquestados por generales y oficiales para entrabar y dañar su normal funcionamiento. Chuzadas, seguimientos, provocaciones, filtración de coordenadas, violación de la tregua de las Farc, asalto a campamentos guerrilleros, asesinatos de jefes de las Farc, mentiras y demagogia barata de Pinzón el Min defensa y vinculación descarada con las campañas de la ultraderecha, han sido conductas y acciones permanentes y abundantes para bloquear la estrategia de diálogos y consensos alrededor de la agenda pactada entre las partes.

Lo cierto es que en las Fuerzas Armadas colombiana, dada la enorme influencia que en ellas tienen las teorías anticomunistas y fascistas de la Seguridad Nacional, la paz de La Habana no es de buen recibo. Muchos generales y otros oficiales viven de la guerra, hacen fortunas y acumulan privilegios con planes bélicos de violencia y exterminio de los campesinos, indígenas, grupos populares y militantes de la Izquierda. Son muchos los militares involucrados en los "falsos positivos", en masacres, en desapariciones y violaciones de los derechos humanos. Nada de eso tiene que ver con la defensa de una fementida democracia, nada de eso tiene que ver con el bienestar de la sociedad, nada de eso tiene que ver con el progreso y la protección de la ciudadanía, nada de eso tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional como falsamente lo proclama el caballista paramilitar del Ubérrimo y sus mediocres senadores, parlamentarios y parlamentarias.

Siendo que en los cuarteles, en las brigadas, en los comandos policiales, en los aparatos de inteligencia, en la cúpula militar, bulle un ambiente contrario a la paz para aniquilarla, no me parece nada malo que se de la división en las Fuerzas Armadas. Es conveniente para el país que salgan a la luz pública esas divisiones. Para los revolucionarios y marxistas esa debe ser una consecuencia normal de la lucha por cambiar la sociedad en un sentido democrático y socialista. Pues desde siempre, en el capitalismo hay una rémora militarista, reaccionaria y corrupta que envuelve miles de miembros del ejército, que existen y actúan en función de los grupos oligárquicos minoritarios que controlan el régimen político y sus instituciones. Son sus testaferros, son los guardianes de sus riquezas y poderes.

Por supuesto que a estas alturas del proceso de paz ya hay un núcleo de altos oficiales civilistas, respetuosos de la Constitución y del gobierno que no le jalan a la manipulación y a la grotesca deriva uribista. Son militares profesionales, con un sentido adecuado de la política, que han entendido que Colombia debe salir del campo oscuro de la guerra y la destrucción violenta de la sociedad. Son patriotas con otra visión del mundo, tolerantes y pluralistas, partidarios de las reformas sociales, partidarios de una democracia ampliada y diversa como la que se pacto, sin olvidar las salvedades, en el documento consensuado sobre la participación política y las garantías a los integrantes de las Farc y la resistencia campesina revolucionaria que se proponen ingresar a la vida política normal.

Bien que Colombia entera identifique estos enemigos de la paz en los institutos armados y agazapados como dice Otto Morales.

Bien que todos sepamos que hay soldados demócratas jugados con la paz y la superación de la guerra y el conflicto social armado.

Ojala que al abordar el tema del fin del conflicto la depuración de las Fuerzas Armadas permita limpiar las instituciones militares de estas fuerzas retrogradas asociadas con la violencia y la vulneración permanente de los derechos humanos de millones de colombianos.

Nota. La podredumbre de la Justicia Pretel es la misma de todo el Estado liberal oligárquico. Con esa cloaca pestilente que respira corrupción por todos los poros es imposible la paz. Ojala al abordar los ajustes institucionales y las reformas del Estado en el punto del fin del conflicto que se ha previsto en los diálogos de La Habana, se coloquen las bases de cambios profundos que refrende una Asamblea Constituyente soberana y popular cuya convocatoria y reunión es cada día más urgente. Es que el colapso del Estado neoliberal profundiza la crisis orgánica de todo el sistema político de las elites que encarna el señor Santos y su contradictor de ocasión, el jefe de la parapolítica.

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