La diplomacia de EU, Rusia y China ha evitado una guerra nuclear en la península coreana

 

Son pocas las buenas noticias, como el plausible diálogo de las dos Corea bajo el espíritu olímpico de invierno, en medio del profundo caos global provocado por la decadencia de EU y el clásico llenado de sus vacíos geoestratégicos por Rusia y China (https://goo.gl/CuAiv3).

Vale la pena escuchar las declaraciones de los tres mandatarios supremos del planeta en referencia a la distensión de las dos Corea y al arranque de sus negociaciones después de dos años de parálisis –curiosamente: un año que correspondió a Obama y otro a Trump.

Llama profundamente la atención que los geoestrategas chinos y rusos admitan en forma realista el rol primordial de EU que, por lo menos, no ha torpedeado el espectacular acercamiento entre Pyongyang y Seúl, cuya reunión desembocó en varios notables acuerdos: la participación de Norcorea en los Juegos Olímpicos del 9 de febrero en Sudcorea a 38 kilómetros de la transfrontera; el aplazamiento de los ejercicios militares conjuntos de Sudcorea y EU; y el cese de pruebas nucleares y misilísticas de Norcorea.

A juicio de Wang Sheng –profesor de la Universidad Jilin– “Norcorea siguió el objetivo de probar armas nucleares y misiles como moneda de cambio (bargaining chip) para forzar a EU a negociar” (https://goo.gl/Uf5t8U).

Wang Sheng aduce que Norcorea, atrapada en un aislamiento diplomático bajo durezas económicas, busca mejorar las relaciones con Sudcorea para obtener beneficios economicos. A su juicio, la suspensión del desarrollo nuclear armamentista de Sudcorea evita el riesgo de una guerra de EU.

Wang Sheng alaba el “éxito de la política del lúcido mandatario sudcoreano Moon Jae-in de cooperación pacífica con Norcorea y comenta que el resultado del diálogo intercoreano debe ser visto como la versión experimental del congelamiento por otro congelamiento –que justamente impulsaron China y Rusia.

En su novena llamada por teléfono al presidente sudcoreano –quien a sus 64 años ha resultado un estupendo estadista–, Trump manifestó estar abierto a charlas directas (¡mega-super-sic!) con Norcorea en el momento apropiado, bajo las circunstancias adecuadas.

El mandatario sudcoreano también expresó su disposición a reunirse con su homólogo norcoreano cuando se cumplan las condiciones.

Dejo de lado las amenazas de The Wall Street Journal (08/01/18) y la estrategia de nariz sangrienta de golpes militares limitados contra Norcorea por EU.

Por su parte, el mandarín chino Xi Jinping también habló por teléfono con el presidente Sudcoreano y expresó su pleno apoyo al diálogo intercoreano, así como a su reconciliación y cooperación (https://goo.gl/imMKS5).

El zar Vlady Putin afirmó que el mandatario norcoreano Kim Jong-un obviamente (sic) ganó este round y comentó que Kim era un político hábil y maduro” a sus 34 años.

A juicio del zar Vlady –uno de los máximos geoestrategas del siglo XXI junto al mandarín Xi Jinping–, Kim Jong-un completó su objetivo estratégico: posee el arma nuclear, tiene misiles de alcance global (¡mega-súper-sic!), hasta de 13 mil kilómetros que pueden alcanzar casi cualquier punto del planeta. Putin refirió además que el mandatario norcoreano desea tranquilizar la situación.

El zar Vlady es todavía más hábil al puntualizar los alcances misilísticos de Norcorea, sin citar obviamente a Estados Unidos (https://goo.gl/9iPYWq).

Quizá la muy capaz diplomacia rusa, que sabe calibrar los alcances misilísticos retóricos de Trump, haya aconsejado al juvenil mandatario norcoreano de que había llegado el tiempo de negociar con sus hermanos de Sudcorea, lo cual puso en desventaja las fanfarronadas de Trump, quien había amenazado borrar de la faz de la tierra a Norcorea.

Cada vez se asienta más la deliberada doble personalidad disociativa de Trump –quien un día opera como el bondadoso doctor Jekyll y otro día como un transformado maldito Hyde después de haber ingerido su poción bélica–, para confundir a su contraparte cuando estira la liga al máximo para negociar en óptimas condiciones y luego ceder en el punto idóneo después de haber obtenido un mínimo de concesiones, de acuerdo a su manual El Arte de Negociar (https://goo.gl/ZPtDvR).

Después de haber recibido a la primer ministro de Noruega Erna Solberg, Trump declaró sorprendentemente que colaborar con países, sea Rusia, (sic) o China (sic) o India (nótese la secuencia), o cualquiera de los países que rodean este mundo, es una muy buena cosa. No es una mala cosa.

Dejo de lado el primitivismo lingüístico de Trump, pero no deja de inquietar su perturbador maniqueísmo donde no caben ni matices ni sutilezas.

El analista Jin Xiangdong, de la Universidad Xiamen, arguye que para la erradicación total de las tensiones en la península coreana se requiere la voluntad de EU que no está interesado en acabar con las tensiones: “ninguna de las partes desea iniciar una guerra, incluyendo EU. Sin embargo, la paz (sic) en la península coreana no se encuentra en la agenda de Washington, puesto que, en ese caso, EU perdería el pretexto de consolidación con sus aliados, Sudcorea y Japón, contra China, por lo que no habría justificación alguna para la presencia de EU en Sudcorea, además de que EU perdería un inmenso mercado de venta de armas si se resuelve la crisis (https://goo.gl/ZREXWd)”.

Tal es el flagrante caso de la venta del sistema misilístico balístico de defensa (THAAD, por sus siglas en inglés) por EU a Sudcorea, obligada a comprar por mil millones de dólares.

Cada crisis candente y/o mayúscula, como el contencioso de la península coreana, tiene su propia resolución y sus propios actores, en diferentes sincronías y circunstancias geopolíticas.

A reserva de conocer los detalles que empujaron a dialogar a las dos Corea, dada la situación imperante de caos global que legó Obama y que exacerbó Trump,

Es notorio que la participación in extremis de China y Rusia evitaron que Trump apretara el botón nuclear que alardeó ser de mayor tamaño que el de su contrincante retórico de Norcorea.

Insisto: pese a las jeremiadas de Trump, todavía no emprende la guerra que ha marcado en fechas recientes a cada presidente de EU.

El peligro de una guerra con sello trumpiano es probable que se deba a dos consideraciones: las fuertes presiones de su yerno talmúdico Jared Kushner, ligado al eje de Bibi Netanyahu/Sheldon Adelson, para librar una guerra contra Irán; y la descomposición doméstica que le obligue a buscar una justificación bélica para sortear tanto la elección de noviembre como sus avatares judiciales y legislativos (https://goo.gl/CXVEoi).

La “colaboración (Trump dixit)” de las tres superpotencias –EU/Rusia/China– ha llevado a la distensión (détente) en la península coreana y puede servir de modelo de aplicación en otros frentes cuando y donde colisionen sus intereses, en sus esferas de influencia.

Queda enterrado el difunto formato hexapartita cuando la bilateralidad de las negociaciones entre las dos Coreas han sido lubricadas por el esquema tripolar, donde quedó marginada la belicosa Japón.

Hasta hoy la diplomacia tripolar de EU/Rusia/China ha evitado una guerra nuclear en la península coreana.

 

AlfredoJalife.com

Twitter: @AlfredoJalifeR_

Facebook: AlfredoJalife

Vk: id254048037

 

Publicado enPolítica
Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, junto a un vehículo militar en Raqa, en el norte de Siria, el pasado mes de octubre.

 

Erdogan afirma que podría atacar en cualquier momento a milicias aliadas de Washington

 

La tensión entre Estados Unidos, Turquía y Rusia a causa de la guerra en Siria suma enteros por momentos. El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, reaccionó con evidente descontento y amenazas de lanzar una ofensiva militar al anuncio de que la coalición internacional contra el ISIS instruirá una fuerza militar con combatientes kurdos en el norte de Siria. Erdogan ha acusado a EEUU de estar “creando un Ejército terrorista” en su frontera meridional y ha advertido de que podría atacar las regiones sirias en manos de milicias kurdas aliadas de Washington. El régimen sirio ha criticado la iniciativa y Rusia ha sostenido, por boca de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, que estos planes confirman que EEUU tiene una política destinada a la fragmentación de Siria.

“Las fuerzas armadas turcas resolverán el problema de Afrin y Manbij [regiones sirias controladas por los kurdos]. Los preparativos están ya completados. La operación puede comenzar en cualquier momento”, dijo el presidente Erdogan en un discurso en la capital turca. Esta nueva fuerza de seguridad fronteriza será desplegada a lo largo del valle del Éufrates, colindante con las fronteras turca e iraquí, y estará integrada en un 50% por veteranos de las Fuerzas Democráticas Sirias [FDS, unas milicias kurdas y árabes entrenadas por Estados Unidos]. El remanente de 15.000 combatientes está siendo reclutado sobre el terreno.

Thomas F. Vale, oficial de asuntos públicos de la coalición internacional que lidera Washington, precisó al anunciar la creación de la fuerza en una en una entrevista con The Defense Post que “actualmente hay aproximadamente 230 individuos en los entrenamientos inaugurales de las BSF, con el objetivo de crear una fuerza final de aproximadamente 30.000”. También confirmó la colaboración con las FDS para crear y entrenar el grupo.

 

1516023277 048986 1516045443 sumario normal recorte1

Con el ISIS prácticamente derrotado en Siria, la nueva fueza de seguridad fronteriza estará a cargo de monitorear la zona para evitar posibles embestidas por parte de varios miles de yihadistas desperdigados en las zonas desérticas al este de Siria que podrían reagruparse para contraatacar a las milicias kurdas del FDS. “El reclutamiento se está llevando a cabo con el fin de batir una fuerza que refleje la población a la que sirve, tanto desde la perspectiva del género como étnica”, precisó Veale. Por lo que los reclutas kurdos operarán en la región norte fronteriza con Turquía, mientras que los árabes lo harán en los territorios de la zona oriental del Éufrates donde predomina el sistema tribal árabe.

“La idea es reformatear las FDS en esta nueva fuerza para incluir un mayor porcentaje de árabes y así evitar el rechazo que ha provocado la presencia de los kurdos del YPG [Las Unidades de Protección Popular kurdas por sus siglas en kurdo] en las zonas que han arrebatado al ISIS”, valora al teléfono y desde Estambul el analista sirio Nawar Oliver. “Miembros de las tribus locales y con gran poder social, como la Bagara, están siendo incluidas”, acota.

El cantón kurdo de Afrin, situado en la esquina noroccidental de Siria y fronterizo con Turquía, está geográficamente separado del resto de territorio sirio controlado por las Unidades de Protección Popular (YPG), principal milicia kurdo-siria dentro del contingente de las Fuerzas Sirias Democráticas (SDF), aliado de EEUU. De hecho, entre los territorios controlados por las milicias kurdas hay una franja de unos 100 kilómetros de amplitud ocupada por efectivos de la operación Escudo del Eufrates, constituida por facciones rebeldes sirias con apoyo de tropas turcas desde que éstas penetraron en el país en agosto de 2016.

Al sur de Afrin se halla la provincia de Idlib, controlada en buena medida por rebeldes islamistas y donde desde finales del año pasado Turquía también mantiene presencia militar, por lo que el pequeño cantón kurdo se halla prácticamente rodeado por fuerzas turcas o favorables a Ankara, a excepción de una pequeña lengua de terreno controlada por el Ejército regular sirio. Manbij, por su parte, también está controlada por las YPG y se halla al oeste del río Éufrates, hasta cuya orilla oriental han llegado las fuerzas de la operación patrocinada por Turquía.

Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, se refirió al asunto en su rueda de prensa anual, en Moscu. “Las actividades que observamos ahora muestran que EEUU no quiere mantener la integridad territorial de Siria”. “A grandes rasgos, esto supone el aislamiento de un enorme territorio a lo largo de la frontera con Turquía e Irán”, continuó el ministro. “Este territorio es controlado ahora por Fuerzas Democráticas Sirias, pero allí hay unas relaciones muy complicadas entre los kurdos y los árabes”, explicó Lavrov. “Nosotros y nuestros colegas de Turquía e Irán, al igual que muchos otros, esperamos que EEUU nos dé una explicación detallada”, señalo el ministro ruso, según el cual decisiones como la mencionada se toman sin ningún fundamento derivado de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o de acuerdos logrados en las conversaciones de Ginebra.

Desde hace meses, Turquía ha acumulado tanques y soldados en la frontera con Siria y los ataques de la artillería contra las posiciones kurdas han sido constantes, respondidos en ocasiones desde el lado sirio de la frontera. “Les estamos golpeando con obuses y continuaremos haciéndolo. ¿Qué queréis que hagamos, retirarnos a nuestros refugios y esperar a que golpeéis vosotros?”, advirtió Erdogan: “Ya os avisamos [a EEUU] que este tipo de organizaciones terroristas deberían ser destruidas. No podemos aceptar que intentéis destruir el Daesh [el ISIS] mediante otra organización terrorista. Si queréis un socio estratégico, debéis cooperar con nosotros”. Turquía y EEUU son miembros de la OTAN. Al Gobierno turco le enerva profundamente que Estados Unidos dé apoyo táctico, armas, vehículos blindados y entrenamiento a estas milicias kurdo-sirias, puesto que colaboran estrechamente con el PKK, un grupo también kurdo considerado terrorista por diversos países, entre ellos Estados Unidos, y que actúa dentro de Turquía con atentados indiscriminados y ataques a las fuerzas de seguridad.

 

Publicado enPolítica
EEUU fabrica un nuevo aliado para mantener su intervención en Siria

 

Estados Unidos no ha dado por terminada su intervención en la guerra de Siria, a pesar de la práctica desaparición del ISIS en el norte del país. Todo lo contrario, el Pentágono pretende ocupar las zonas fronterizas con la vecina Turquía en lo que supone de hecho una partición de Siria con independencia de los acontecimientos futuros de la guerra civil.

El objetivo es formar una nueva fuerza de unos 30.000 hombres, según ha confirmado un portavoz militar a AFP. La mitad de ellos pertenecería a la SDF, la milicia kurdo-árabe que dominan los kurdos de la YPG y que fue básica, con el apoyo aéreo norteamericano, en la derrota del ISIS en el norte del país y en la provincia de Raqqa. El entrenamiento ya ha empezado con 320 miembros de esa milicia.

Conscientes de que una fuerza exclusivamente kurda tendría problemas en zonas del norte de Siria habitadas por árabes, donde las consideran extranjeros, los militares norteamericanos sugirieron en su momento al YPG que formara una coalición más amplia a la que se llamó Fuerzas Democráticas de Siria (SDF en sus siglas en inglés).

Los nombres son importantes. A esta nueva fuerza pagada por EEUU se le llamará en inglés Syrian Border Security Force para darle una apariencia oficial.

El plan prevé que sean fuerzas kurdas las que controlen las zonas fronterizas con Turquía y que sean otras árabes las que se ocupen del valle del Éufrates. Según esos cálculos, faltan 15.000 combatientes por reclutar, que bien podrían salir de los grupos insurgentes sirios financiados por EEUU, o lo que quede de ellos.

Oficialmente, la razón aducida es impedir el regreso de ISIS a esas zonas, pero no se puede ocultar que se busca también que el Gobierno sirio no pueda extender su autoridad hasta el norte en el caso de que consiga acabar con los insurgentes sirios que resisten en la provincia de Idlib.

El secretario de Defensa, James Mattis, ya dijo que EEUU, que cuenta con más de 2.000 soldados en Siria, se quedará en el país “tanto tiempo como sea necesario”, lo que bien podría traducirse en unos cuantos años.

Si hay un país que considera este paso una declaración hostil es Turquía, que ya ha comenzado a tomar medidas para dificultarlo. Ankara afirma que nunca permitirá una presencia permanente del YPG al otro lado de su frontera. Considera a ese grupo una extensión del PKK, el grupo armado kurdo de Turquía, catalogado como grupo terrorista por EEUU, la Unión Europea y Turquía.

El miércoles, el Ministerio turco de Exteriores convocó al encargado de negocios de la embajada de EEUU en Ankara al conocer las primeras noticias de estos planes. Tras hacerse públicos, el portavoz de Erdogan emitió un comunicado con el que acusaba a Washington de “intentar legitimar y reforzar al grupo terrorista YPD mientras debería poner fin al apoyo que le presta”.

Pero no es en el campo de las declaraciones o de los movimientos diplomáticos donde Turquía tiene la oportunidad de contraatacar. En realidad, ya lo ha hecho.

 

Captura de pantalla 2018 01 15 a las 0.09.05

 

El sábado, el Ejército turco atacó con artillería desde el sur de Turquía varios objetivos relacionados con el YPD en la provincia de Afrin, en el noroeste de Siria, después de que Erdogan anunciara que habrá una operación militar en el norte de Siria “a menos que los terroristas abandonen las provincias de Afrin y Manbyi en una semana”.

Entre agosto de 2016 y marzo de 2017, Turquía realizó una incursión terrestre en el norte de Siria dentro de las operaciones contra ISIS para ocupar dos poblaciones. Pero el objetivo real era impedir que las fuerzas del YPG desplegadas en distintos puntos pudieran unirse y extender su control de la zona norte. Según la versión militar, los turcos perdieron 70 soldados, un precio alto que el Gobierno estaba dispuesto a pagar para alcanzar su objetivo.

Sin presencia del ISIS sobre el terreno, la rivalidad entre EEUU y Turquía, aliados en la OTAN, ya no tiene ninguna pantalla en la que ocultarse. La Administración de Trump ha decidido convertir en permanente su presencia en Siria y el apoyo a los kurdos del YPG iniciado en la época de Obama. Para Ankara, sólo son terroristas. Washington los ve como el aliado a sueldo de conveniencia para que ISIS no vuelva a aparecer y para que Asad nunca pueda volver a controlar toda Siria, incluso aunque gane la guerra. Porque la guerra continuará de otras formas, en algunos casos con protagonistas idénticos.

 

 

Publicado enPolítica
EU 2018 y 2020 ¿Otra guerra electorera?

 

Hoy no es novedad el vínculo de la diplomacia de fuerza desplegada por el régimen de alta militarización de Trump contra Irán, Corea del Norte y Venezuela, y los comicios legislativos de 2018 en que los republicanos se juegan el control del Senado, de la Cámara de Representantes y las presidenciales de 2020. Gestar una guerra de agresión, electorera, como vimos en la relección de Bush/Cheney, todo un crimen de lesa humanidad, ha sido ingrediente usado por candidatos y mandatarios de Estados Unidos en pos de la Casa Blanca. Con la geopolitización de las relaciones económicas internacionales, entre los principales precipitantes de guerra mundial (A. Milward, 1986) Trump busca repetir aquello de que ante una amenaza externa la población se adhiere al presidente con alto efecto electoral, máxime en una economía permanente de guerra a la que le es esencial la movilización de recursos humanos y materiales contra enemigos internos o externos, reales o fabricados. (Sobre los costos y corrupción del sistema ver: Marcus Raskin y G. D. Squires “America’s Warfare Welfare State”, The Nation octubre 2012).

Sin embargo, cuando esto ocurre en un contexto de estancamiento secular con pobreza al alza, magna desigualdad salarial, económico-social y bajo creciente oligarquización del poder, la agresión de clase y la unilateralidad bélica es un coctel de alto riesgo doméstico y externo. Según estudio del Centro Stanford sobre Pobreza e inequidad, en los pasados 30 años la inequidad salarial en Estados Unidos se acercaba en 2011 al nivel extremo prevaleciente antes de la Gran Depresión, mientras la diferencia entre el sueldo de los gerentes y el sueldo promedio de un trabajador industrial o de producción pasó de 24 veces en 1965 a 185 veces en 2009. La concentración de la riqueza familiar se intensificó desde los años 1980. El 10 por ciento más rico en 1983 controlaba 68.2 por ciento de la riqueza total de Estados Unidos. Ya en 2007 ese control pasó a 73.1 por ciento. La inequidad siguió en aumento por género, raza, edad y educación.

El empeoramiento de la desigualdad con Trump a poco menos de un año en el poder no sólo es notable, sino que también alienta el rechazo de su base electoral al crecer la disonancia cognoscitiva ( Festinger 1957) entre las arengas del magnate-candidato en pro de trabajadores y clase media y la inequidad del magnate-presidente cuya política fiscal agrede en los hechos a las familias de ingreso bajo y medio.

Para Bernie Sanders, quien en 2016 movilizó 46 por ciento del voto presidencial demócrata, el recorte de impuestos recién aprobado por el Senado “es una victoria para los mil-millonarios y un desastre para la población de Estados Unidos”. En entrevista transmitida por CNN Jack Tapper dijo a Sanders: “entiendo que usted no está de acuerdo con la nueva ley y ya que según el Tax Policy Center en 2018 esa ley otorgará recortes impositivos a 91 por ciento de los estadunidenses de ingresos medios ¿no es eso bueno?” Sanders respondió: “Si, desde luego que eso es bueno. Pero debieron haber hecho recortes impositivos permanentes. Lo que hicieron los republicanos fue hacer recortes impositivos permanentes para las grandes corporaciones mientras los recortes temporales fueron para la clase media”.

Citando al Tax Policy Center aludido por Tapper, Sanders le recordó que según esa fuente “al final de 10 años 83 por ciento de los beneficios irán en favor del uno por ciento de mayores ingresos y 60 por ciento de los beneficios van hacia un décimo de ese uno por ciento: En 10 años más de 80 millones de estadunidenses estarán pagando más en impuestos y como resultado de esta legislación más de 13 millones habrán perdido su seguro de salud (health insurance), los deducibles subirán y tendremos un déficit adicional de un billón 400 mil millones (1.4 trillion) de dólares como resultado de esta ley y Paul Ryan (vocero de la mayoría republicana en la cámara baja) andará por ahí diciendo: ‘debemos realizar recortes a los seguros de salud y médicos’. Para responder a su pregunta, ¿debemos hacer recortes según las necesidades de la clase media?’ sí debimos. Pero en esta legislación la masa de los beneficios es para las grandes y lucrativas corporaciones y para los mil-millonarios”.

Como se muestra en estudios del economista Mark Weisbrot del Center for Economic and Policy Research, Washington DC, los recetarios del FMI, para la población, sea de la Eurozona o de América Latina, fracasan. Son guerra de clase. En México, con un medio paramilitar alimentado por Estados Unidos y la NRA con armas de asalto, el recetario fondista (alza a tortillas y gasolinas) es materia de alto peligro. Ya la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito recordó que hay unas 6 mil 700 ventas de armas a lo largo de la frontera con México, fuente de un torrente anual de unas 730 mil armas ilegales. También en Estados Unidos el clasismo de Trump y las ventas de la NRA gestan alta explosividad. Montar otro crimen de lesa humanidad para revertir costos electorales es gasolina lanzada a un planeta en llamas.

 

jsaxef.blogspot.com

Facebook: JohnSaxeF

 

Publicado enPolítica
¿Noche de paz? En el mundo hay más de 40 conflictos armados activos

Las religiones predican paz, pero la Tierra está en guerra permanente. Muchas de ellas, por choques de creencias y defensas fundamentalistas de dogmas de fe. En los conflictos armados, más o menos activos o larvados, aunque todos sin declaración oficial de cese de hostilidades o procesos de desarme sellados, hay 67 países involucrados y 775 movimientos insurgentes.


Otro año que vivimos peligrosamente... con más de una cuarentena de conflictos armados a lo largo y ancho del planeta. Algunos de larga duración, como el del Sáhara Occidental, con entre 14.000 y 21.000 muertos, que inició las hostilidades en 1970. O el colombiano, que aún mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad con las FARC, el ELN, los paramilitares y los capos de la droga y sus poderosos cárteles, y que se inició allá por 1964 y ha acabado con la vida de más de 220.000 personas desde entonces. Pero también el de la República del Congo y que, a día de hoy, tiene al Ejército en una ofensiva en la región sureña de Katanga para combatir al movimiento rebelde e independentista Mai-Mai y que sólo desde 1997, año a partir del cual la contabilización de las víctimas se elabora con rigor objetivo, ha dejado más de 2.700 víctimas mortales.


Las más longevas de las confrontaciones bélicas no respetan continentes. Ni sistemas políticos. También han estado activas largas décadas, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales por conseguir algún tipo de armisticio. Cuatro de los más representativos siguen con la llama del enfrentamiento encendida. El conflicto palestino-israelí colisiona, desde 1948 -es decir, desde el instante mismo de la proclamación del Estado hebreo- la defensa del territorio, principio en el que asienta la doctrina de Tel Aviv, con la búsqueda del reconocimiento mundial a la creación de un Estado palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Más de 120.000 personas han perdido la vida desde entonces.


En este escalafón hay que mencionar la guerra declarada y abierta entre las dos Coreas. A cuenta del paralelo 38, una superficie de 160 millas de largo y 2,5 de ancho que sigue siendo uno de los puntos más conflictivos del planeta desde la conflagración que duró entre 1950 y 1953 y que dividió en dos la península coreana. Más de 900 muertos. Una tensión permanente que guarda muchas similitudes con Cachemira. En este caso, entre Pakistán, India y grupos rebeldes que, desde 1947, reivindican este territorio al borde del Himalaya, entre los dos gigantes asiáticos, que conservan sus rencillas desde su segregación. Entre 47.000 y 100.000 muertos, según las fuentes que se consulten. ¿Demasiadas? No parece, si se tiene en cuenta que no ha pasado ni un sólo día, desde esa lejana fecha, en el que no haya habido algún intercambio de disparos.


El cuarto en discordia afecta a Indonesia, donde aún persisten ataques esporádicos a lo largo de la llamada Línea, entre movimientos separatistas indígenas de la Papúa indonesa y de la Papúa Occidental, que ocupan la mitad de Nueva Guinea, y que ha costado la vida, desde 1969, a unas 100.000 personas.

 

El centro de investigación IRIN -originariamente, Integrated Regional Information Network- que, durante 17 años, hasta enero de 2015, perteneció a la estructura de Naciones Unidas y que, a partir de esa fecha, se auto-declara organización independiente dedicada a la información y el análisis de los conflictos bélicos asegura que, en 2017, hay más de cuarenta hostilidades activas en todo el mundo, que involucran, en mayor o menor medida, a 67 países, para un total de 775 grupos rebeldes armados, bien sean milicias, guerrillas o movimientos anarquistas, separatistas o terroristas. De ellos, África sufre el mayor número de embestidas. Nada menos que 29 de sus naciones, con 240 movimientos. Le sigue Asia, con 16 países y 171 grupos, Europa -10 Estados y 81 facciones- y Oriente Próximo, con 7 países, pero con una cifra más que notable de insurgencia activa: 253 organizaciones. América ha soltado lastre de manera extraordinaria: 6 naciones y 27 movimientos insurrectos, la práctica totalidad de ellos, cárteles de narcotráfico.


De todos ellos, 43 obtienen el tratamiento oficial de conflicto de origen independentista: 21 en Asia y 12 en Europa.


Sin embargo, también hay conflictos olvidados. Alejados de los focos de atención mediática de guerras como la de Irak, Siria, Afganistán o Ucrania. Aunque sean pasajeros en el tiempo. Estos son diez de esas guerras abiertas sin apenas repercusión internacional. Muchos de ellos pueden considerarse conflictos larvados. En estado latente. Otros, mantienen una intensidad oscilante, según los años. Pero todos están en activo y conservan su capacidad de destrucción.


10.- Guerra civil de Somalia


Estado creado en 1960, colapsó en 1991 cuando el presidente Siad Barre fue depuesto de sus funciones. Sin gobierno, el país fue presa de grupos insurgentes y señores de la guerra durante varios años. Un Ejecutivo débil y muy variopinto en su configuración política logró formarse en 2000. Fue un intento baldío de controlar el país. Hasta que, en 2012 se celebraron las primeras elecciones desde 1967.


El nuevo gabinete que salió de las urnas intentó estabilizar Somalia, pero su misión se ha visto permanentemente violentada por las acciones de grupos insurgentes que se relacionan con Al-Shabab y Al-Qaeda. Tropas estadounidenses entraron en 2007 en el país en otro intento de instaurar la paz, pero los movimientos armados lo impidieron.


9.- Guerra de Darfur


No news, good news? En este caso, la premisa no se cumple. Darfur continúa siendo atacado por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas. El año 2016 fue especialmente sangriento para la población civil. Hasta el punto de que, además, Naciones Unidas estima que la región soportó el desplazamiento de más de 190.000 personas. Las fuerzas de pacificación de la ONU han sido asediadas por el Ejército sudanés, que se ha hecho con el control de la zona. Más de 2,6 millones de personas han tenido que trasladarse para evitar los efectos de la guerra. Y la lucha continúa.


8.- Guerra civil de Myanmar


Antes conocido como Burma. En guerra desde hace décadas. La contienda civil se inició en 1948. Desde el golpe militar de 1962, varios grupos armados se oponen al control militar del poder. Hay numerosos grupos étnicos que combaten por ser el movimiento dominante que se enfrente al gobierno militar. Desde el Ejército Arakan de Liberación, al Ejército Chin Nacional o el Kachin. Pero hay una docena. Todo pretende crear el caos en Myanmar. Un acuerdo de cese el fuego fue firmado por la cúpula armada del gobierno y varios de los grupos insurgentes en 2016. Sin embargo, tres de ellos se negaron a rubricar el tratado y mantienen activas las hostilidades. En los últimos tiempos, estos movimientos tuvieron fricciones en la frontera china. No hay visos de que pueda pararse tampoco esta guerra de más de siete décadas.


7.- Guerra civil de Sudán del Sur


El último estado en nacer tampoco ha tenido un parto incruento. Desde diciembre de 2013, más de 50.000 personas han perdido la vida en este conflicto nacional que también cuenta con 1,6 millones de desplazados. A pesar de que hay cerca de 14.000 cascos azules que han tratado de impedirlo. En un intento de acabar con la guerra civil, el presidente Salva Kiir firmó un acuerdo de paz con el líder rebelde Machar en 2015 por el que hacía a este último vicepresidente. Pero en 2016 la violencia rompió el trato y todo intento posterior de restablecer la estabilidad. Pese a que Machar abandonó el país, Sudán del Sur sigue en pie de guerra. Está, incluso, en una nueva escalada, con aumento del número de muertos y la reducción a casi la mitad (7.500) de efectivos de la ONU.


6.- La insurgencia en el Norte del Cáucaso


Esta región rusa ha protagonizado una violencia habitual desde hace dos décadas. A pesar de que se ha reducido el número de muertos en los últimos dos años. Pero, aun así, varios grupos insurgentes se han unido al Estado Islámico, que han realizado emboscadas contra el Ejército de Rusia. Oficialmente, el Kremlin dice haber cesado sus actividades de contra-terrorismo en el área pero, extraoficialmente, las escaramuzas y los ataques continúan rompiendo el frágil equilibrio en la región, que delimita con los mares Negro, Azov y Caspio.


5.- La Guerra de la Cabinda, en Angola


Conocida también como la Guerra Civil de Angola o la Guerra olvidada de Angola. Región rica en petróleo, varios líderes insurgentes han intentado la separación del resto del estado y acceder así a la fuente de riqueza del oro negro. El gobierno angoleño ha repelido todos los intentos, la mayor parte de ellos, cruentos. En 2009, las autoridades del país declararon acabada la guerra; sin embargo, las hostilidades son frecuentes. Y los intentos de la autoproclamada República de Cabinda de conseguir el reconocimiento exterior a una hipotética independencia, también. Tan sólo Francia lo ha hecho. Para el resto del mundo, Cabinda pertenece a Angola.


4.- La Guerra del terror en Egipto


El grupo terrorista Walayat Sinai lleva atacando las instituciones egipcias desde 2005, aunque la intensidad de sus actos ha experimentado numerosos altibajos. En los últimos tiempos declara una alianza con el Estado Islámico. Su objetivo declarado es el gobierno egipcio, pero las víctimas han sido, mayoritariamente, civiles. Las autoridades de El Cairo han intensificado las reacciones contra Walayat Sinai. Amnistía Internacional ha mostrado una creciente preocupación por la desaparición misteriosa de supuestos terroristas de esta organización en manos del gobierno lo que, a su juicio, dificulta las negociaciones de paz.


3.- La Guerra híbrida de África


Empezó en Mozambique, pero se extendió por África central y meridional hasta naciones como Zambia, Angola o Malawi. Inicialmente, surgió entre el gobierno mozambiqueño y RENAMO, el movimiento de resistencia nacional del país. La violencia se intensificó en 2013 y las tenciones siguen abiertas. De hecho, otro grupo, FRELIMO, el llamado Frente de Liberación, es el que tiene el control actual en la región. Entre ambos movimientos hay una lucha sin cuartel. El gobierno de Mozambique, una de los poderes económicos del subcontinente africano, teme la extensión del conflicto a otras latitudes si interviene de forma más directa.


2.- Tensiones militares en el Mar de China Oriental


Durante meses, Japón y China han elevado el tono por la hegemonía en el Mar de China Oriental. Ambos han incrementado, además, su presencia militar en la zona. Y se han producido algunas escaramuzas. China ha ampliado recientemente su flota naval y el número y la afluencia de sus patrulleras en las aguas internacionales. También Japón ha incrementado a más de 500 vuelos directos la frecuencia de sus incursiones aéreas. En disputa, las islas Senkaku/Diaoyu, que fueron reclamadas por Japón desde 1895. China reaccionó en los setenta del siglo pasado solicitando la soberanía sobre nueve de las islas de este micro-archipiélago. Japón echó más leña al fuego en 2012, cuando su gobierno adquirió tres islas de manos privadas.


1.- El conflicto de Nagorno-Karabaj


La violación del cese el fuego en abril de 2016 muestra que las tensiones por la disputa de las fronteras de esta región limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán están lejos de remitir. Con un 95% de población armenia, de culto cristiano ortodoxo, el territorio pertenece a Azervaiyán, con unos habitantes mayoritariamente musulmanes. Tras el colapso de la Unión Soviética, iniciaron las hostilidades, en guerra abierta. A comienzos de los noventa, la región declaró su independencia. Desde el acuerdo de paz de 1994 las violaciones del acuerdo han sido frecuentes. Y violentos. Cinco soldados azeríes fueron asesinados por separatistas armenios en febrero de 2017 durante una batalla fronteriza entre ambas fuerzas.

 

Fuera de este decálogo, hay otro conflicto, el de Yemen, que no sólo se podría encuadrar dentro de las contiendas bélicas semi-olvidadas. También es otro ejemplo de control de información y de opacidad. Sobre todo, desde que Arabia Saudí se hizo con la comandancia militar de la alianza del Golfo. Sin olvidar su capacidad para extender las tensiones a toda la región, otra de las más convulsas, ya de por sí, del planeta. Porque Riad ha gastado sumas ingentes de dinero en esta guerra, hasta descuadrar un presupuesto que habitaba en el superávit por los petrodólares, que también está utilizando para hostigar a su enemigo, Irán.


Yemen sufre una guerra civil que es un auténtico collage: luchas tribales, movimientos yihadistas y grupos que, sencillamente, luchan por la supervivencia. Pero, por encima de todo, lo que está en juego es la hegemonía del wahabismo saudí (suní) y la milicia chií Huthi, apoyada por Teherán. Naciones Unidas cree que tres cuartas partes de sus 28 millones de habitantes precisan de algún tipo de ayuda humanitaria. Su economía está colapsada y la esperanza de vida de la gente resulta una quimera. Por si fuera poco, a comienzos de diciembre, se hizo oficial el asesinato de Abdalá Saleh, el ex presidente del país y antiguo aliado rebelde. Probablemente a manos huthies, que le consideraban un traidor, según fuentes saudíes.


El último Global Peace Index, del Institute for Economics and Peace, que incluye datos de 2015, ya revelaba que eran malos tiempos para la paz. Durante ese año, el número de muertes en combate había sido el más alto de los últimos 25 años, debido a los altos niveles de intensidad terrorista y a la mayor oleada de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. La violencia, dice el estudio, tiene un alto coste. Nada menos que de 13,6 billones de dólares, si se mide en poder de capacidad de compra. Más que la economía de China a precios actuales del mercado. O cinco dólares por persona y día, si pagáramos todos los habitantes del planeta. U once veces el montante de la Inversión Extranjera Directa (FDI, según sus siglas en inglés) que fluye cada ejercicio económico por el mundo. Sólo en 2015.


Su versión de 2017 reconoce una ligera mejoría, que queda en stand by ante el creciente gasto militar de las grandes potencias. Estos son los cinco países que, a juicio de este barómetro, de reconocido prestigio internacional, lograron los mejores y peores resultados en los exámenes sobre pacificación de sus territorios.

Publicado enInternacional
"Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, sostuvo ayer el ex general bosnio-croata, tras lo cual ingirió una sustancia venenosa en plena sesión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

 

La Haya.

Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, afirmó este miércoles el ex general bosnio-croata, de 72 años, para de inmediato ingerir veneno, luego de escuchar su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia (1992-1995).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), instalado en La Haya, suspendió en ese momento la sesión. Los magistrados daban lectura a las condenas en contra de seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, entre ellos Praljak.

Uno de los seis acusados (Praljak), murió en el hospital HMC. Bebió un líquido y enfermó rápidamente, confirmó Nenad Golcevski, vocero del TPIY, que no mencionó el nombre del suicida.

Praljak era custodiado por guardias del tribunal, por lo que no queda claro qué tipo de sustancia ingirió, cómo la adquirió e introdujo a la sala fuertemente vigilada. Su abogada, Natasa Favo Ivanovic, aseguró que ingirió veneno, pero no dio más detalles.

Carmel Agius, presidente de esta corte, corroboró que la policía holandesa abrió una investigación por este hecho y parte de las instalaciones del tribunal quedarán resguardadas. La audiencia se reanudó más tarde y los cinco croatas restantes escucharon la ratificación de sus sentencias de entre 10 a 25 años de cárcel.

Uno de los principales condenados es el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, quien recibió 25 años de prisión por el traslado de poblaciones musulmanas y por haber perpetrado asesinatos, violaciones y destrucción de propiedades para crear la gran Croacia.

Los veredictos de este miércoles eran los últimos del TPIY tras 24 años de trabajo en los que sentenció a los principales responsables por los crímenes perpetrados durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, que causó más de 100 mil muertos y dejó 2.2 millones de desplazados. Una semana antes se había dictado cadena perpetua al ex militar serbio-bosnio Ratko Mladic por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

 

Publicado enInternacional
Rex Tillerson este miércoles en el departamento de Estado. MICHAEL REYNOLDS

 

Las posibilidades de un acuerdo en el conflicto israelí-palestino impulsado por la mediación del Gobierno de Donald Trump se redujeron drásticamente este fin de semana. La Casa Blanca amenazó con cerrar la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington y las autoridades palestinas advirtieron de que la medida supondría la ruptura de la relación bilateral. Trump mostró al llegar a la presidencia una cercanía a Israel mucho mayor que la de su antecesor, Barack Obama, aunque luego fue moderando su postura. El proyecto de lograr la paz en Oriente Medio, que le ha encomendado a su yerno, el treintañero Jared Kushner, está lejos.

El Departamento de Estado de EE UU ha advertido de que una legislación aprobada por el Congreso podía impedirle renovar la autorización de esta oficina diplomática ubicada en la capital estadounidense si sus líderes reclaman que la Corte Penal Internacional procese a los israelíes por crímenes contra los palestinos. Y el pasado septiembre, en plena asamblea general de Naciones Unidas, el líder palestino, Mahmud Abbas, reclamó al tribunal que abriera la investigación para juzgar a las autoridades del país hebreo.

El secretario general de OLP, Saeb Erekat, que además es el jefe negociador, advirtió de que el cierre de la oficina llevaría a la suspensión de las relaciones con EE UU. "Si cierran la misión [diplomática], suspenderemos todas las comunicaciones con esta Administración norteamericana", declaró Erekat en un mensaje de vídeo difundido en Twitter. Erekat consideró "muy desafortunada” lo que consideró una “presión política a la que ha sucumbido la Administración americana por parte del Gobierno Netanyahu, en un momento en el que intentamos alcanzar un acuerdo definitivo". "Esos pasos puede socavar todo el proceso de paz", recalcó, según las declaraciones recogidas por France Presse.

Washington espera algún movimiento por parte de los palestinos. Fuentes del Departamento de Estado citadas por la prensa estadounidense dejaron claro que el cierre de la misión puede revertirse en el plazo de 90 días, según marca la ley, si los palestinos comienzan “negociaciones serias y directas” con Israel. La Administración de Trump sostiene que esta medida no supone ninguna suspensión de contacto ni tiene por qué entorpecer el objetivo del proceso de paz, pero el Gobierno de Abbas ha dejado que no pasará por alto lo que ve como una afrenta en toda regla.

Estados Unidos no reconoce el estado palestino, pero en 1994 permitió la apertura de esta oficina de la OLP, la organización política que representa a los palestinos, con el fin de facilitar el diálogo. En 2011, Obama tomó la controvertida decisión de dejarles ondear la bandera en el edificio. El departamento que dirige Rex Tillerson no ha precisado si la no renovación del permiso significará el desalojo del edificio y la suspensión de toda actividad o si solo se trata del cierre de la misión al público.

Trump se ha comprometido en varias ocasiones a hacer todo lo posible para lograr la paz en Oriente Medio, pero no hay una hoja de ruta clara no una confianza en el proceso. En la campaña electoral, el republicano se significó con una promesa electoral muy polémica, el traslado de la embajada de EE UU de Tel Aviv a Jerusalén, lo que implica el reconocimiento de la ciudad como capital israelí, cuando se trata de un territorio disputado. El pasado junio, tras seis meses en la Casa Blanca, rectificó con el fin de favorecer las negociaciones. Y en su primera reunión con el primer ministro israelí en Washington, se marcó distancias con la llamada solución de los dos estados, es decir, con la creación de un estado palestino. "Un Estado o dos Estados. Aceptaré lo que acuerden", dijo. En su viaje por Oriente Medio, en mayo, se mostró más cercano con Abbas. “He tenido un encuentro con el presidente palestino Abbas y puedo decir que está listo para la paz. Tras una reunión con mi buen amigo Benjamín, también puedo decir que tiende la mano a la paz. Pero hacer la paz no será fácil”, apuntó.

 

Publicado enInternacional
Guerrilleros de las Farc pasan el tiempo en un campamento transitorio.

 

Enrique Santiago es asesor jurídico de las FARC y una de las figuras fundamentales para la consecución del acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en Colombia.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

 

Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.

De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.

 

5a0ea8c15bc3f.r 1511084883577.0 42 2334 1245

Enrique Santiago, una de las figuras clave para la consecución del acuerdo definitivo de paz.

 

La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?

Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.

 

¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?

Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.

 

¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?

Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.

 

El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?

Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.

 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.

El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.

 

5968f0fe10413

Militantes de las FARC en Cali, Colombia /REUTERS

 

¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?

Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.

 

¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?

Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.

 

Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?

Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.

 

¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?

El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.

 

¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?

El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.

 

¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?

Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.

 

¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?

Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor. El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.

 

Publicado enColombia
Erdogan acusa a Estados Unidos de financiar al Estado Islámico

 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó este viernes a Estados Unidos (EE.UU.) de financiar a los integrantes de la organización terrorista autoproclamada Estado Islámico (Daesh en árabe).

Señaló además que Washington incumplió la promesa dada a Ankara de retirar las fuerzas de autodefensa de los kurdos sirios (PYD) de las regiones sirias que queden liberadas de los terroristas.

“Estados Unidos nos ha decepcionado mucho, dijo que lucha contra Daesh pero en realidad le dio un montón de dólares (...), ha violado los acuerdos conseguidos en Manbiy y en Al Raqa los acuerdos conseguidos (...), nos prometió que no quedaría ningún miembro de PYD, pero no lo cumplió, ha cambiado la Administración en EEUU pero todo queda igual que antes”, dijo Erdogan, cita Sputnik.

Durante su intervención en Ankara, capital de Turquía en una reunión del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, señaló que los ciudadanos de Turquía a menudo se preguntan ¿qué está haciendo EEUU en Siria y para qué tiene 11 bases en este país del que lo separan 12.000 kilómetros?

“Estamos luchando tanto contra Daesh como contra el PYD y vemos bien que los guiones que viene realizado EEUU no responden a las relaciones de aliados”, subrayó.

Ankara califica a PYD como una organización terrorista ligada al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), prohibido en Turquía.

Turquía, que junto a Rusia e Irán son los países garantes de las conversaciones por la paz siria en Astaná, está envuelto activamente en la lucha contra Daesh en la República Árabe, especialmente en la ciudad de Idlib.

 

(Con información de AVN)

 

 

Publicado enInternacional
Domingo, 12 Noviembre 2017 07:22

Después del Estado Islámico

Un miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias, en el barrio occidental de Daraiya, Al Raqa

 

Tras la caída de Al Raqa, en Siria.

 

La “capital” de la organización yihadista cayó finalmente tras meses de ofensiva militar. El dominio brutal del EI llega a su fin, pero una mirada militarista no permite ver que los factores políticos, sociales y económicos que dieron origen al temido grupo siguen vigentes. La marginación, el neoliberalismo y el autoritarismo se conjugaron en Siria e Irak para empedrar el camino de la yihad.

Un campo de ruinas junto al Éufrates. Así luce hoy la ciudad de Al Raqa. No hay más que escombros hasta donde alcanza la vista, mujeres y hombres cansados, algunos en uniforme de guerra, otros en harapos y, cada tanto, se oye el estallido lejano de alguna granada olvidada en la última batalla. Las imágenes de la anunciada victoria contra el Estado Islámico (EI) contrastan con el triunfalismo de Occidente.

“Juntas, nuestras fuerzas han liberado la totalidad de Al Raqa”, anunció el 21 de octubre pasado el presidente estadounidense, Donald Trump. La capital de la organización yihadista cayó finalmente tras cuatro meses de ofensiva de las Fuerzas Democráticas Sirias, con apoyo aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos. El dominio brutal del grupo EI, que llegó a extenderse por un territorio del tamaño de Gran Bretaña, llega a su fin a un precio no menos brutal.

En la Segunda Guerra Mundial, la infame victoria aliada en Dresde supuso la destrucción de más del 80 por ciento de esa ciudad. La liberación de Al Raqa vino acompañada de una destrucción de similar magnitud y de más de 3 mil “bajas civiles”. Quien comparó la ciudad alemana y la siria hace pocos días fue el Ministerio de Defensa ruso: una pasada de factura a Washington que no alcanza a redimir la destrucción reciente causada en Alepo por las bombas de Rusia y su aliado local.

El atroz sacrificio de los pueblos sirio e iraquí ha generado heroicos resultados bélicos. Uno tras otro, el EI ha perdido sus principales bastiones: Ramadi, Mosul, Al Raqa, Deir Ezzor. La bestia negra del “califato” agoniza. “La derrota militar elimina de forma clara su dimensión territorial”, señaló a Brecha Rami Khoury, profesor de la Universidad Americana de Beirut y miembro del Instituto Issam Fares. El grupo ya no puede reclamarse como Estado y eso es un golpe frontal a su discurso de reclutamiento: “Al no tener un territorio que controlar, ya no pueden afirmar que son el nuevo califato o que gobiernan una sociedad musulmana perfecta”, sostuvo Khoury.

“Este fenómeno está llegando a una impasse. El EI no perdurará como dominio territorial, ya no tiene geografía ni estructura, ya no será una amenaza militar”, aventuró por su parte Oraib al Rantawi, director del Centro Al Quds de Estudios Políticos, en Jordania. Apenas unos miles de combatientes del grupo resisten en pequeños pueblos y zonas desérticas entre Irak y Siria. Poco más se sabe de su líder, Abu Bakr al Baghdadi, luego de que Rusia lo diera por muerto a mediados de año. ¿Se habrá terminado entonces la pesadilla?

Ni Khoury ni Al Rantawi se muestran tan seguros. En 2009, en plena ocupación y guerra civil en Irak, Barack Obama se jactó de derrotar por completo a la red local de Al Qaeda, que para entonces ya se hacía llamar “Estado Islámico de Irak”. Cinco años más tarde ese grupo se hacía con el control de la segunda ciudad del país y de los principales pozos petroleros a ambos lados de la frontera con Siria.

Hoy los factores políticos, sociales y económicos que dieron origen a la organización Estado Islámico “siguen existiendo, y probablemente empeorarán”, advirtió Khoury. Esa visión es compartida entre los expertos en el tema con los que conversó Brecha. La violencia desplegada por el EI ha sido tan grande, y su impacto traumático tan profundo, que suele obturar la mirada sobre sus causas. Sin embargo éstas están a la vista desde hace varios años, en los hechos que siguieron a la invasión estadounidense de Irak en 2003 y que precipitaron la revolución y la guerra en Siria a partir de 2011. Marginación, neoliberalismo y autoritarismo se conjugaron en ambos países para empedrar el camino de la yihad.

 

EXCLUIDOS Y SALVADORES.


Tras un verano de fuego, vuelve el frío a los campamentos de refugiados. Allí vive gran parte de los 3,6 millones de desplazados internos que, según estima Acnur, hay en Irak. En su mayoría son árabes sunitas que vivían en las provincias del norte y el oeste del país donde desde 2014 gobernó el EI.

Durante la dictadura de Saddam Hussein (1979-2003), sólo ese grupo social podía aspirar a puestos de importancia en el Estado. El resto de las comunidades eran reprimidas de forma sistemática. Al terrorismo estatal se sumó a partir de los años noventa un régimen de sanciones tan duro que, según el entonces coordinador humanitario de la Onu Dennis Halliday, “cumplía con la definición de genocidio”. Golpeado, el tejido social iraquí terminó de saltar en pedazos en 2003 con la invasión de Estados Unidos y sus aliados.

El día que las tropas de ocupación derribaron la estatua de 12 metros de Saddam, en el centro de Bagdad, el Estado entero se fue al piso con ella. Washington realizó una purga de adeptos al tirano que en lugar de paliar la división sectaria la profundizó. Los sunitas fueron expulsados de la administración y remplazados por opositores chiitas y kurdos. En las provincias sunitas el sentimiento de despojo aumentó, mientras los servicios básicos decayeron y la nación se sumió en el caos armado.

Medio millón de personas perdieron la vida a causa de la incursión de Estados Unidos, según publicó diez años más tarde la Universidad de Washington junto al Ministerio de Salud de Irak (Plos Medicine Journal, 15-X-13). La cárcel y la tortura que eran habituales con Saddam continuaron bajo la ocupación extranjera. “La violencia es ahora prácticamente un lugar común en Irak”, dijo a Brecha la experta en política iraquí Loulouwa al Rachid, del Centro de Estudios Internacionales-Sciences Po, de París.

La insistencia sectaria de la política iraquí de los últimos años allanó el camino al yihadismo. Ante la exclusión y la represión política, los árabes sunitas encontraron en el EI una vía para independizarse del Estado iraquí a nivel administrativo y político, sostiene Al Rachid. En un contexto de marginación política, militarización y desempleo masivo, “muchos miembros del EI vieron a su organización como la única que defendía a los musulmanes sunitas”.

La degradación de la trama social iraquí está íntimamente ligada a la ideología del EI. En The Political Theology of Isis (2017), el doctor en estudios islámicos Ahmed Dallal analiza cómo, en lugar del esquema insurgente clásico de Al Qaeda, el nuevo grupo priorizó la construcción de una estructura estatal propia en las áreas donde el Estado nacional, devastado por la invasión extranjera, se había retirado. Además, a diferencia de la vieja guardia, el EI apeló a “una guerra sectaria total” contra los chiitas y otras comunidades, en pos de“eliminar la zona gris, para polarizar a la sociedad y reclutar a los musulmanes marginados”.

La ocupación estadounidense y su legado político y económico conformaron la incubadora perfecta para ese programa. El EI se dedicó a masacrar a los “herejes” chiitas, identificados por muchos con el nuevo régimen impuesto por los ocupantes. A conciencia, alimentó el ciclo de violencia sectaria con sus videos de decapitaciones y ejecuciones en masa. La limpieza étnico-religiosa en las provincias de mayoría sunita llegó a su paroxismo con el genocidio y la esclavización de la minoría kurda yazidí en 2014.


CARROÑEROS.

 

¿Cómo llegaron a ese punto comunidades que coexisten en un mismo territorio desde hace siglos? Según Al Rachid, la violencia sectaria oculta el problema subyacente de “una masiva disfunción socioeconómica que afecta a millones de personas”. Móviles más mundanos que la mera religión colaboraron para que la organización pudiera reclutar pobladores locales. Un sobreviviente del genocidio yazidí contó así a la investigadora la transformación sufrida por sus vecinos sunitas en 2014: “Se convirtieron en salafistas radicales de la noche a la mañana y comenzaron a llamarnos impuros para apoderarse de nuestra propiedad”.

Junto al periodista Peter Harling, Al Rachid recogió ese y otros testimonios en el reportaje “¿Cómo luce la guerra contra el terror?” (Synaps.network, 27-III-17), donde denuncian el sustrato material del conflicto y la falta de soluciones más allá de lo militar: “En un área de Irak que había sido descuidada durante décadas, la toma del poder por el EI se tradujo en una cascada de robos de tierras y pequeños atracos, subvirtiendo jerarquías ya tambaleantes”. Convertidos en profesionales de la violencia, “los reprimidos, los perdedores y los mediocres vieron allí una oportunidad de avanzar”.

En la misma línea, el director del Programa de Estudios de Oriente Medio de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, Bassam Haddad, señaló a Brecha razones socioeconómicas y sociopolíticas estructurales detrás de la expansión del yihadismo. “La cuestión de la marginación sunita, del resentimiento sunita, es un factor importante”, aclaró, pero en su opinión no basta para explicar el ciclo de protestas, represión y guerra civil que permitió al EI instalarse en Siria.

El ciclo de violencia que estalló en ese país en 2011 contribuyó a agravar la situación en Irak, con el que comparte una larga y remota frontera poblada por sunitas pobres y con escasa presencia estatal. El gobierno sirio se replegó de esa zona y priorizó el control de las ciudades principales junto a la costa mediterránea, lo que dio al EI la oportunidad de pegar un salto cualitativo y sentar una base territorial que sería clave en los años siguientes.


NEOLIBERALISMO A LA SIRIA.

 

Pero si bien en Siria los principales cargos del Estado son ocupados por miembros de una pequeña secta chiita, los alauíes –de donde proviene la dinastía presidencial de los Asad–, “la gran mayoría de los sirios no resiente el régimen por una cuestión religiosa”, opinó Haddad. “De hecho, las políticas del gobierno tienen el apoyo de la comunidad empresarial, que en Siria es en gran parte sunita.”

Al margen de su religión, la elite sunita, representante del gran capital urbano, ha permanecido fiel al régimen durante todo el conflicto sirio. “Al que le gusten los negocios debe aceptar las políticas oficiales”, dijo una vez el magnate sunita Abdul Rahman al Attar, quien ha hecho fortuna como socio preferencial del Estado.

Esas políticas apuntaron a lo largo de los años a favorecer un “capitalismo de amigos”, en el que las elites de las distintas sectas se benefician de la protección estatal de sus negocios y se mantienen entrelazadas a través de vínculos financieros y familiares, un fenómeno analizado por Haddad en trabajos como Syria’s State Bourgeoisie. An Organic Backbone For The Regime(2012).

“Toda la burguesía se ha beneficiado de las mismas dinámicas económicas durante las últimas décadas, invariablemente a expensas de la mayoría de los sirios, e incluso a expensas del Estado mismo”, afirma allí el autor. La creciente liberalización económica profundizó esas dinámicas, sobre todo desde 2004, cuando el presidente Bashar al Asad impulsó una serie de reformas bajo el sugestivo nombre de “economía social de mercado”.

Así vio sus resultados el veterano corresponsal británico Patrick Cockburn: “En los años anteriores a la revuelta siria, el centro de Damasco había sido tomado por tiendas y restaurantes inteligentes, mientras que la mayoría de los sirios veía estancarse sus salarios ante el aumento de los precios. Los agricultores, arruinados por cuatro años de sequía, se mudaban a las barriadas en las afueras de las ciudades. La Onu informó que entre 2 y 3 millones de sirios vivían en la ‘pobreza extrema’. Las pequeñas empresas manufactureras cerraban por las importaciones baratas de Turquía y China” (El retorno de la yihad, 2014).

Mientras la revista Forbes aplaudía el crecimiento de la inversión extranjera directa y el aumento del Pbi, la desigualdad se disparaba. En el vecino Irak, la segunda reserva mundial de petróleo había vuelto a manos trasnacionales a punta de fusiles. El virrey colonial impuesto por Washington en 2003, Paul Bremer, dejó claro que “pasar las ineficientes empresas estatales a manos privadas es esencial para la recuperación económica de Irak”, y concitaba el aplauso de Exxon Mobile, General Motors y Hsbc.

La terapia de shock a la iraquí, que en pocas semanas expulsó del Estado a medio millón de funcionarios, sólo podía imponerse mediante la guerra, el exterminio y la división sectaria. En Siria la privatización fue más moderada, paulatina y controlada por la elite política local, lo que no impidió que sus resultados más desagradables saltaran al primer plano a comienzos de la década actual.

 

BIEN ARMADOS.

 

Para entonces el pueblo sirio tenía motivos de sobra para rebelarse. Pero no era el único al que le molestaba esa situación. A poco de comenzar la represión a las protestas, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Estados Unidos enviaron armas a grupos islamistas que rápidamente reclutaron apoyos entre los damnificados por la “economía social de mercado”. Deseosos de ser ellos y no la elite local los que controlaran las riendas de la “apertura económica”, los capitales extranjeros fomentaron la yihadización de la protesta, según confesó a la televisión de Qatar el entonces primer ministro y canciller de ese país, Hamad bin Jassim bin Jaber al Zani.

“Represión local y autoritarismo, intervención internacional económica y militar, y su resultado invariable: diversas formas de subdesarrollo”, así resumió Haddad los factores que posibilitaron la aparición y el crecimiento de una organización tan violenta que muchos no se logran explicar sino a través de complejas teorías conspirativas. Al fin y al cabo, en parajes más cercanos los mismos factores dieron origen al sadismo organizado en las redes de narcotráfico y paramilitarismo.

“Las raíces profundas del yihadismo todavía están presentes, no se ha hecho nada para eliminarlas”, concuerda Al Rachid. En el caso iraquí, “ni el gobierno ni Estados Unidos parecen interesados en solucionar estos problemas, sino más bien en mantener un enfoque militar de la situación”. En julio, sobre las ruinas de la ciudad iraquí de Mosul el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, proclamó el colapso del EI, pero el futuro no parece muy promisorio. Al Rachid señala que entre el 40 y el 50 por ciento de los niños iraquíes en edad escolar no está en el sistema educativo y que, a pesar de la derrota del “califato”, la situación en el país sigue siendo de “militarización, fragmentación y un Estado que se desvanece”.


TRISTE POSGUERRA.

 

La misma concepción neoliberal de las últimas décadas es la que dirige los intentos de reconstrucción de Irak. Los fondos para esa tarea están diluidos en una infinidad de Ong que “establecen sus propias prioridades, desde la conservación de sitios patrimoniales, rehabilitación de infraestructura, desminado, apoyo psicológico, derechos de las minorías, mediación y reconciliación, hasta protección Lgbt y derecho penal internacional”, constatan Al Rachid y Harling. “Lo que puede parecer, a simple vista, un enfoque holístico de una crisis multifacética, se asemeja en la práctica a una antigua fábula griega: un círculo del infierno donde los sufrientes reciben todos las bondades de la tierra en cantidades tan triviales que apenas sirven para acrecentar su dolor”.

La falta de coordinación es acompañada por la arbitrariedad de las autoridades, que deportan familias enteras “por estar vagamente asociadas con el EI, a través de un familiar acusado de haberse unido al movimiento, por ejemplo”. “A las víctimas de la violencia a menudo se les niega documentación indispensable, como certificados de nacimiento o defunción, en el supuesto de que son ‘hijos de terroristas’” (Synaps.network, 27-III-17).

En el caso sirio, Haddad cree que el régimen de Al Asad, que ha logrado recuperar el control sobre la mayor parte del país, no usa su capacidad para lidiar con los factores que produjeron el resentimiento social, ya sea entre quienes terminaron uniéndose al EI o a otros grupos similares. “En realidad, sólo tiene la intención de eliminar estas amenazas con un enfoque militar”, sostuvo. En su opinión, no es probable que el régimen logre generar estabilidad sin imponerse de una manera represiva y coercitiva, “lo que reproduciría los mismos problemas”.

Según Khoury, “la gran base de descontento y desesperación humana todavía está presente, y continuará impulsando a las personas en busca de una sociedad mejor”, incluso aunque la falta de alternativas haga pensar a algunos que la encontrarán a través de grupos como el EI. El analista tampoco cree que las potencias extranjeras puedan solucionar esta situación: “La evidencia que tenemos de su comportamiento en los últimos 30 o 40 años es que no van a entender estas cosas y no van a cambiar sus políticas. No hay señales de eso ni en Estados Unidos ni en Rusia”.

Es ineludible la construcción de una posguerra con mayor inclusión y justicia social, consideró en tanto Al Rantawi, para quien si no hay mayor apertura y representación en los sistemas políticos locales, “siempre habrá una oportunidad para que surjan otros EI, o incluso grupos todavía más brutales”. Además, agregó que los actores regionales e internacionales “deberían dejar de jugar la carta del terrorismo islamista: el EI nunca habría sido tan poderoso sin el apoyo logístico y financiero de algunos de esos actores y la vista gorda de otros”.

La acotación viene muy a cuento en estos días, cuando la prensa conservadora estadounidense informa que ante la indiferencia mostrada por la Casa Blanca, Arabia Saudita está “estudiando una solicitud” para financiar la reconstrucción de Al Raqa, “a cambio de influencia entre las tribus locales”(Fox News 25-X-17). Se trata del mismo país que dio órdenes directas a grupos yihadistas sirios durante la guerra civil, de acuerdo a documentos de la Nsa revelados por Edward Snowden la última semana.

El destino de Al Raqa es ahora una incógnita. Hace 12 siglos, desde esa misma ciudad, el califa Harún al Rashid envió a Occidente un regalo legendario: una enorme clepsidra, con 12 jinetes de bronce que marcaban el paso de las horas. Cuentan que a su destinatario, el rey franco Carlomagno, lo horrorizó ese artefacto desconocido. Los últimos tres años Al Raqa exportó al mundo otro tipo de horrores, imágenes de violencia que quizá también reflejan el paso del tiempo. Un tiempo cruel de injusticia y opresión.

 

Publicado enInternacional