Mujeres salvadoreñas en el Monumento a la Memoria en San Salvador.

 

La norma impedía la investigación, procesamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil

 

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró el miércoles inválida la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. La norma impedía la investigación, procesamiento y sanción de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1980-1992).


El fallo de la CSJ establece que la amnistía es contraria a la protección de los derechos fundamentales, porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a esos derechos.


Durante la guerra civil salvadoreña se ocasionaron cerca de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, la mayoría civiles. El conflicto provocó también una diáspora de un millón de refugiados. La mayoría se marchó a distintas ciudades de Estados Unidos, en especial a Los Ángeles, Texas y Washington.


“Este es el primer paso que llevará a El Salvador a la verdadera reconciliación; para que las instituciones funcionen y que se lleve a la justicia a quienes cometan delitos, independientemente de quienes sean”, afirmó el abogado Benjamín Cuéllar, uno de los abanderados en la lucha por declarar nula la Amnistía de 1993. Por otro lado, el general David Mungía Payés, apuntó que “declarar la inconstitucionalidad” no debería convertirse en una “cacería de brujas”. La Fuerza Armada tendrá ahora la obligación de abrir sus archivos, hasta ahora vedados a las víctimas, sobre sus operaciones en la contienda bélica.
El fallo judicial de la Sala indica además que “los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían. Todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales”.


Crímenes que conmovieron al mundo como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han juzgado al ampararse los jueces en la citada amnistía de 1993.


La Sala también establece que la citada amnistía reviste la inconstitucionalidad debido a que “contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues obstaculiza e impide una forma de reparación o remedio que la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sí garantizan en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales”.


En declaraciones a periodistas en Washington, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, aseguró que la Fiscalía “respeta” la sentencia y que la “cumplirá” con lo que le corresponda hacer, aunque subrayó que todavía no ha recibido una notificación oficial del texto, informa Silvia Ayuso.


“Nosotros respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia”, sostuvo Meléndez. “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a cumplir nuestras atribuciones constitucionales”, adelantó al término de un viaje de trabajo a Washington en el que acompañó al canciller, Hugo Martínez, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde. Ninguno de estos altos funcionarios quiso pronunciarse sobre el fallo, argumentando que no habían podido estudiarla aún. Meléndez también se mostró cauto, aunque subrayó que la sentencia demuestra que “los órganos del Estado están funcionando”.


“La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, está emitiendo sentencias de alguna manera fuertes y directas sobre algunos temas. Otras entidades que nos consideramos independientes estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo las cosas de conformidad a la ley”, insistió.

 

 

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Valle del Cocora-Quindio

 

 

En la memoria de los pueblos


Hacia el año 2013 se realizó el Primer Paro Agrario, en ese trayecto un grupo de campesinos, líderes sociales y comuneros del departamento del Quindío asistieron con su presencia en el sitio denominado a la altura de Calarcá. Este encuentro geográfico y político permitió una gran participación y un derrotero para ir construyendo escenarios de vida. Se inicia la constitución de la Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindío (Astracaquin), quien bajo una reflexión colectiva sobre el territorio, participación, educación y política han gestado un trabajo organizativo alrededor de temas que tiene que ver sustancialmente con las implementaciones de un modelo neoliberal y sus cauces guerreristas :


-La población indígena, campesina víctimas del conflicto y la guerra que se ha propiciado en el Quindío,
-El tema de la mega-minería en el Quindío, donde la AngloGold Ashanti está detrás de la concesión minera en el municipio de Salento, bajo 3.142 has, poniendo en riesgo la palma de cera, símbolo nacional de Colombia que hace parte del Valle de Cocora, donde hace parte de un segmento del Parque Nacional Natural Los Nevados. El municipio de Salento provee de agua a los municipios de Circasia en un 70%, también a Armenia, Calarcá, La Tebaida.
-La penetración y la explotación agroindustrial de la compañía multinacional Smurfitt Kappa Carton Colombia a los territorios, básicamente en la microcuenca “Las Pizarras” que abastece el acueducto de Pijao,
- El gran deterioro y desequilibrio urbanístico que se ha gestado en el departamento del Quindío,
-La implementación de la Zidres en contravía a lo acordado en la mesa de dialogo de la Habana sobre las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC)
- La implementación represiva del Código Nacional de Policía, bajo una ley de gran dispositivo represor que va en contravía de la vida de cada uno de los colombianos y de la protesta social como mecanismo de expresión democrática.

 


Resistencia y avances sobre el territorio


“El movimiento campesino al servicio de los campesinos y no de los terratenientes”
Líder popular Quindiano- Astracaquin

 

El día 9 de Julio en Armenia se llevó a cabo bajo la convocatoria de Astracaquin: Asociación de Trabajadores Campesinos Sin Tierra del Quindíoel: “Pre-encuentro de campesinos Víctimas e Indígenas en el Departamento del Quindío –en la ciudad de Armenia”– allí se permitió trabajar en reflexión colectiva diversos temas como territorio, educación y política:


Astracaquin, ha venido configurando temas sociales bajo un gran debate con la comunidad en los diversos territorios del Quindío. En este evento del 9 de julio Astracaquin, configuró de manera participativa bajo una gran propuesta colectiva con la población campesina de los municipios de Buenavista, Montenegro, Calarcá, Charalá, Palogordo, Quimbaya, Circasia , Finlandia y con presencia de población de algunos barrios de Armenia, como un grupo de indígenas de la etnia Embera Chami de desplazados. Así de manera gradual, organizada y reflexiva la comunidad realizó un pronunciamiento el día 9 de julio sobre los siguientes temas como continuación del trabajo:


1-Se solicita a la Mesa de diálogos de La Habana, se conceda una audiencia a una delegación de campesinos del departamento del Quindío encabezados por líderes de Génova y la Tebaida.
2- Apoyo a la consulta popular contra la Mega-minería en el departamento del Quindío.
3- Continuar la organización e impulsar la Cumbre social y popular del Quindío- 2016
4- Fortalecer el Cabildo Abierto sobre el tema del incumplimiento institucional a las víctimas de la población en el departamento del Quindío.


La Declaración de los puntos anteriores dados por Astracaquin, como organización colectiva, muestran el gran compromiso alrededor de los asuntos que están afectando a la población y bajo temas de gran sensibilidad territorial que afectan el departamento del Quindío. Ello permite que se avance de manera organizada y se abra un debate y se continué bajo una gran reflexión para hacer validar los derechos de los territorios y de una población que aún no sale de las graves injusticias sociales en que se encuentra sumergida por el gran trazo del modelo neoliberal y las tenazas ideológicas fascistas que de manera soterrada viajan por la cordillera Central.

 

 

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La Guerra de Irak y las mentiras en que se basó siguen generando polémica

 

Esta semana se dio a conocer un devastador informe sobre la activa participación del Reino Unido en la invasión y ocupación de Irak, al mismo tiempo que continúan buscándose entre los escombros los cuerpos de las personas fallecidas en el peor atentado suicida con camión bomba que ha tenido lugar en Bagdad desde el inicio de aquella funesta guerra en el año 2003. El documento se conoce como “el informe Chilcot”, por su principal investigador y autor, Sir John Chilcot. La investigación fue encomendada en el año 2009 por el entonces primer ministro Gordon Brown. Chilcot dio a conocer el informe de 6.000 páginas el miércoles por la mañana, tras siete años de trabajo. El informe ofrece una larga lista de críticas al ex primer ministro Tony Blair y su gabinete al dejar al descubierto de qué manera se exageró la amenaza que suponían las presuntas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, así como la inquebrantable lealtad que Blair demostró al presidente George W. Bush. “Ahora resulta claro que las políticas sobre Irak se elaboraron sobre la base de información de inteligencia y valoraciones infundadas que no fueron contrastadas”, afirma Chilcot en el comunicado que acompañó la publicación del informe.

 

Un memorando incluido en el informe, enviado por Blair a Bush en julio de 2002, meses antes de la invasión, comienza con la siguiente promesa hecha por Blair a Bush: “Estaré contigo, pase lo que pase". Muchas personas, entre ellas referentes parlamentarios del propio Partido Laborista, piden que Blair sea llevado a juicio por crímenes de guerra. Mientras el Reino Unido, sumido aún en un caos político a consecuencia del referéndum que derivó en el brexit, reacciona al informe Chilcot, la población de Bagdad no se repone aún del atentado del sábado. La cifra de víctimas fatales del atentado se ha incrementado hasta alcanzar las 250. George W. Bush expresó sin ningún atisbo de arrepentimiento a través de un portavoz que “sigue creyendo que el mundo entero esta mejor sin Saddam Hussein en el poder”. Según trascendió, al momento de realizar estas declaraciones, Bush recibía a veteranos heridos en su rancho de Texas.

 

Mientras que las fuerzas británicas perdieron a 179 de sus miembros a lo largo de toda la guerra, las fuerzas estadounidenses tuvieron 4.502 bajas (siete de las cuales sucedieron en 2016). A la invasión y posterior ocupación se destinaron miles de millones de dólares, y se destinarán miles de millones más para el cuidado de por vida de los veteranos heridos y emocionalmente afectados. Sin embargo, la mayor e incalculable pérdida es la que ha sufrido el pueblo iraquí. Como lo demuestra este reciente y devastador atentado, la guerra en Irak no ha llegado a su fin. Se han llevado a cabo varias iniciativas para contabilizar la cifra de víctimas fatales de la guerra. El más bajo de estos estimativos ubica la cifra entre 160.000 y 180.000 fallecidos. Algunos estudios sostienen que el número de víctimas es varias veces mayor. Resulta imposible determinar la cifra exacta, pero el efecto en la población de Irak ha sido devastador y los daños se harán sentir por generaciones.

 

El pronunciamiento británico fue claro: “Nuestros ejércitos no llegan a sus ciudades o a sus tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores”. Sin embargo, estas palabras no fueron expresadas en 2003, sino en 1917. La guerra arrasaba Europa y la Marina Británica dependía ampliamente del petróleo proveniente de Irak y el Golfo Pérsico. Como sostiene el detallado anexo histórico que acompaña al informe Chilcot: “Para asegurar ese petróleo para Gran Bretaña, en la primavera de 1914, el Primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, adquirió para el Gobierno Británico el 51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company o Compañía de Petróleos Anglo-Persa”. Y fue así como todo un siglo de ocupación, explotación, represión, violencia y dolor se ha grabado a fuego en la vida de los iraquíes y en la historia de Irak.

 

Para Sami Ramadani todo esto es más que historia. Ramadani nació en Irak pero vive en Londres desde que se convirtió en un exiliado del régimen de Saddam Hussein. Durante mucho tiempo se ha dedicado ha impulsar el movimiento contra la invasión y la ocupación de Irak, pero también contra las devastadoras sanciones que las precedieron. Poco después de que el informe Chilcot fuera dado a conocer, Sami Ramadani dijo en “Democracy Now!”: “Irak, como sociedad, como Estado, fue destrozado de la manera más cruel desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, con tácticas como la llamada de ‘conmoción y pavor’ y con crímenes en masa a una escala indescriptible. El verdadero objetivo no era sacar al dictador, sino controlar Irak. Y al no poder controlarlo, lo destruyeron, al igual que están haciendo con Libia, con Siria y demás. Esto entra en esa escala. Pero la peor de las tragedias es la pérdida de vidas”.

 

Un año después de la invasión, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de Radio y Televisión en Washington, D.C., el presidente Bush bromeó ante los cientos de periodistas presentes en la cena: "Esas armas de destrucción masiva tienen que estar por aquí, en alguna parte. Nop, por allá no hay armas. Puede que estén aquí debajo". Imágenes de Bush en el Despacho Oval, en cuclillas, buscando armas de destrucción masiva bajo los muebles, acompañaron la comedia cotidiana de aquellos días. En tiempos en que los miembros fallecidos del Ejército de Estados Unidos eran retornados a la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en donde estaba prohibido tomar fotografías de las bolsas en que se transportaban los cuerpos, y en que los cadáveres de los iraquíes se amontonaban en las calles y las morgues, la conducta de Bush resulta incomprensible. La guerra no es broma. Tras el informe Chilcot, debería emprenderse una iniciativa seria para que personas como Bush o Blair rindan cuentas por la muerte y la destrucción que siguen teniendo lugar en Irak y en otras partes del mundo.

 

 

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Sábado, 09 Julio 2016 08:41

Vuelan un templo chiíta iraquí

Policías iraquíes inspeccionan los escombros del mausoleo después del ataque suicida del Estado Islámico.
 Tras negarse a mostrar sus documentos a la entrada del santuario, dos atacantes detonaron sus cinturones explosivos. El tercero lanzó dos granadas al patio interior de la mezquita, que estaba lleno de gente, antes de hacerse detonar también.

 

 

Apenas cinco días después de que un atentado suicida matara a casi 300 personas en Bagdad, un mausoleo chiita fue escenario ayer de un sangriento ataque en la localidad de Balad. Provocó al menos 40 muertos y más de 70 heridos, elevando así la espiral de violencia que envuelve al convulsionado país árabe.

 

El ataque tuvo como centro el mausoleo de imán Said Mohamed bin Ali, lugar sagrado para los chiitas, comunidad que está en el foco de los yihadistas del Estado Islámico (EI), pertenecientes a la rama sunnita del Islam, que ya reivindicaron la matanza. Los tres asaltantes estaban disfrazados con el uniforme de la milicia progubernamental chiita Multitud Popular y viajaban a bordo de los vehículos que suele emplear este grupo que apoya a las autoridades de Bagdad en la lucha contra el EI. Pero tras negarse a mostrar sus documentos de identidad a la entrada del santuario, dos de ellos detonaron sus cinturones explosivos.

 

El tercero lanzó dos granadas de mano al patio interior de la mezquita, que estaba lleno de gente, antes de hacerse detonar también.

 

La agencia de noticias Amaq, cercana al EI, confirmó que el ataque fue perpetrado por dos hombres y una mujer identificada como Umm Yada al Ansaria, lo cual es poco frecuente en las acciones de la organización radical.

 

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, destituyó ayer a funcionarios de seguridad de alto rango tras aquel atentado. Según informó la televisión estatal Al Arabiya, el jefe de Gobierno relevó a Abdul Amir al Shammari como jefe de operaciones de Bagdad y a otros funcionarios de seguridad y de inteligencia de la ciudad. Las autoridades de la provincia de Saladino decretaron un toque de queda en Balad y otras ciudades de la región y el influyente clérigo chiita Muqtada al Sader ordenó a su milicia ir a Balad a proteger el santuario y a sus fieles. Por su parte, el consejo de jeques tribales de Saladino condenó el ataque, pidió a la población que no permita a aquellos que desean separar al pueblo iraquí alcanzar sus fines e instó a la unidad de los habitantes de Balad.

 

El ataque se produce tras el atentado que mató a 292 personas el domingo pasado en un popular barrio comercial de Bagdad, según datos del Ministerio de Sanidad, uno de los peores desde el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003. La bomba estalló en el barrio de Al Karada pocos días antes del fin del Ramadán.

 

El santuario del imán Said Mohamed bin Ali es venerado por la rama duodécima del islam chiita y los fieles lo visitan en estos días coincidiendo con la festividad del Aid al Fitr, con la que culmina el mes sagrado del Ramadán. Este es un lugar de peregrinación destacado en Irak, al que suelen acudir los chiitas de todo el territorio iraquí y también desde otros países. El EI considera que los chiitas son herejes que no siguen el verdadero islam y ha atentado en numerosas ocasiones contra barrios o mezquitas de seguidores de esa rama.

 

Las fuerzas del Gobierno iraquí, dominado por chiitas, declararon la “liberación total” de Faluya, en el oeste del país, pero el EI sigue teniendo bajo control Mosul, la segunda mayor ciudad del país. El grupo radical no consiguió conquistar la localidad de Balad cuando irrumpió en la provincia de Saladino, al norte de Bagdad, y ocupó amplias áreas de la misma en 2014. Las fuerzas iraquíes expulsaron a los yihadistas de la mayor parte de los territorios que controlaban en Saladino hace alrededor de un año y medio, pero el grupo sigue presente en la zona y ha perpetrado recientemente varios ataques contra civiles y uniformados.

 

 

 

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La OTAN desplegará soldados en Polonia, Lituania, Letonia y Estonia

 

Varsovia.

 

Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aprobaron este viernes, durante una cumbre en la capital polaca, el despliegue de mil efectivos estadunidenses en Polonia y la misma cantidad en Lituania, Letonia y Estonia, ante las amenazas territoriales de Rusia.


Durante el encuentro, el primer ministro británico, David Cameron, afirmó que Reino Unido no tendrá un papel menor en el mundo luego de que salga de la Unión Europea (UE).


Los batallones serán robustos, multinacionales y se desplegarán el año próximo de manera rotativa, indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.


Demuestran la fortaleza del lazo transatlántico y dejan en claro que un ataque contra un aliado sería considerado una agresión contra la alianza entera, subrayó.


Estados Unidos dirigirá el batallón en Polonia, Alemania en Lituania, Canadá en Letonia y Reino Unido en Estonia, añadió Stoltenberg.


Polonia y los países bálticos limitan con Rusia, y desde que estalló la crisis en Ucrania se sienten amenazados por su poderoso vecino.


Los jefes de Estado de la OTAN comenzaron ayer una cumbre de dos días en Varsovia para formalizar su decisión de rearmarse en el este de Europa e intentan evitar la confrontación con Rusia, que se siente amenazada por esa medida.


Además de los batallones, el comando y control del sistema de defensa antimisiles en Europa, otro punto controvertido para Moscú, fue entregado a la OTAN por Estados Unidos durante el encuentro.


El sistema de defensa antimisiles, cuyo mando central está en Rammstein, Alemania, está listo para ser utilizado en la protección de Europa. Hasta el momento lo integran una estación antimisiles en Rumania, cuatro barcos estacionados en el sur de España y un sistema de radares en Turquía.


La alianza subrayó que este escudo antimisiles no está dirigido contra Rusia, aunque Moscú lo critica duramente y ya amenazó con adoptar medidas. Entre 2010 y 2013 la OTAN aún negociaba con Rusia la posibilidad de cooperar en este escudo.

 

 

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Fin del conflicto, el cese bilateral al fuego y de hostilidades

Entre el gobierno y las Farc, se ha llegado a un acuerdo que prácticamente consolida el fin de la guerra y el conflicto social y armado.


El fin del conflicto incluye el cese bilateral del fuego y de hostilidades, las garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo ultraderechista y sus sucesores regionales y la refrendación del pacto final.


Dada la magnitud de lo consensuado, y sin hacer a un lado su integralidad, lo que conviene, en principio es examinar los detalles del corazón de este paso.


Me refiero al Cese bilateral del fuego y hostilidades.


Dicho esquema tiene hondas repercusiones porque, de hecho, implica la extinción de la insurgencia agraria como cuerpo guerrillero y la transformación de la estructura, funcionamiento y operación de las Fuerzas Militares del Estado oligárquico colombiano. Por encima de documentos y discursos, las Fuerzas Armadas y policiales deberán ser impactadas radicalmente en su organización, distribución, papel y tareas, que hasta la firma de este acuerdo, se focalizaban en operaciones contrainsurgentes anticomunistas y contrarrevolucionarias, contando con el apoyo del paramilitarismo financiado por los grandes poderes económicos, políticos y sociales prevalentes en el régimen político.


Las zonas de ubicación de los destacamentos guerrilleros y la dejación de las armas son los dos núcleos básicos del Cese al fuego y de hostilidades bilaterales.


El objetivo principal del acuerdo consiste en la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el Cese al fuego y de hostilidades bilateral/CFHBD, incluyendo la afectación a la población.


Veamos en detalle estos dos aspectos.


Zonas de ubicación.


Zonas Veredales Transitorias de Normalización.


El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos (ver mapa Comunicado).

 


Zonas veredales


Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias.


Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.


El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.


Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los(as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y dejación de las armas/DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.


Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La ubicación de los campamentos dentro de las zonas se hará de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función.


En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.


Zonas de seguridad


Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada zona.


A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades tácticas de combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.


Dejación de las armas


Se trata de un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos.


La dejación de las armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.


Con la firma del Acuerdo final inicia el proceso de dejación de las armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante.


Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.


El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.


Monitoreo y verificación


El acuerdo crea un Mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional.

 


Comunicado de prensa - Ministerio de Defensa Nacional


24 de junio de 2016

 

 

El Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que dentro de los acuerdos anunciados el día de ayer en La Habana (Cuba) se incluye el establecimiento de 23 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) cuyo objeto es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la Organización de las Naciones Unidas - ONU.

Estas zonas son veredas o fracciones de veredas. La vereda es la más pequeña subdivisión en la estructura administrativa territorial colombiana. Tales fracciones veredales están localizadas en la jurisdicción de los siguientes 22 municipios en 12 departamentos:

 

Cesar: La Paz
Norte de Santander: Tibú
Antioquia: Remedios, Ituango, Dabeiba
Tolima: Planadas, Villarica
Cauca: Buenos Aires, Caldono
Nariño: Policarpa, Tumaco
Putumayo: Puerto Asis
Caquetá: Montañita, Cartagena del Chairá
Arauca: Arauquita, Tame
Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa
Vichada: Cumaribo
Guaviare: San José del Guaviare (este), San José del Guaviare (oeste)

 

Esto quiere decir que de las 33 mil veredas existentes en el territorio colombiano, se usarán como zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) un total de 23.

Los criterios que, entre otros, la subcomisión técnica del Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección del comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y del comandante del Comando Estratégico de Transición, general Javier Alberto Florez Aristizabal, y su equipo, usaron para determinar estas zonas son los siguientes:

Distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales; con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que, en cabeza de la ONU, realizará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la seguridad interna y externa; con condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas.

Las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) durarán, según lo acordado, 180 días a partir del ‘Día D’, el cual se ha establecido como el día de la firma de los acuerdos finales.

El desplazamiento de los miembros de las Farc hacia las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) tiene unos protocolos y unas líneas de tiempo para garantizar que se hará de manera tranquila para la población civil y para quienes se desplacen.

También se ha acordado que en sitios especiales habrá 8 campamentos, cada uno de 200 metros x 200 metros, es decir 4 hectáreas, en zona rural de los siguientes 8 departamentos y municipios:

 

Guajira: Fonseca
Antioquia: Vigía del Fuerte
Chocó: Riosucio
Cordoba: Tierra Alta
Cauca: Corinto
Caqueta: San Vicente
Meta: Losada, Macarena
Guainia: Puerto Colombia

 

Tomado de: http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=809f9f51-491c-3410-03bc-902925338e78&date=24052016

 

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Jueves, 23 Junio 2016 15:14

La refrendación de la paz

La refrendación de la paz

La refrendación del Tratado de paz que se construya próximamente en La Habana, entre el gobierno de Santos y Las Farc, debe ser el complemento del pacto del fin técnico del conflicto y la guerra que se consolida hoy 23 de junio en la capital de Cuba.

El plebiscito contaminado y viciado por los politiqueros oficialistas no es un buen punto de referencia para legitimar la paz. Hay que barajar nuevas opciones y de manera bilateral.

El documento sobre el “fin del conflicto”, que es el ítem 3 de la Agenda temática de las conversaciones de paz de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, que se firma hoy 23 de junio en la capital de Cuba, es el documento madre del proceso, pues aterriza los aspectos técnico políticos de la terminación de la guerra más prolongada en la historia nacional. Es la suspensión de los actos de fuego y hostilidades entre los contendientes. Por supuesto, ya hay casi 12 meses de tregua unilateral determinada por las Farc, lo que ha permitido que la población viva escenarios de paz similares a los de 1973.

Pero, conviene llamar la atención que lo que se consensúe hoy solo se hará efectivo con la refrendación del tratado final de paz, momento de inicio de la construcción de una etapa pacífica en el desarrollo nacional.

La refrendación es otro de los puntos polémicos aún pendiente de reglamentar en el marco de la bilateralidad que regula la Mesa de conversaciones. Un factor que perturba es el afán de imponer, por parte de Santos y la rosca politiquera del Congreso, un plebiscito contaminado por la corrupción, el clientelismo y la compra venta de votos, a la manera del podrido sistema electoral que prevalece en el sistema político.

En ese sentido, será necesario examinar con detenimiento el fallo que emita la Corte Constitucional sobre el mentado plebiscito para saber en que vía caminar, hecho que debe darse en los próximos días.

Este campo aún debe definirse en el bloque temático que se refiere a la implementación, verificación y refrendación (ver http://bit.ly/1ntk4t5).

En el Documento especial de La Habana, del 20 de agosto del 2012 (ver http://bit.ly/1ntk4t5), se determina que la firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Lo que conlleva: a) Mecanismos de implementación y verificación; y b) Mecanismos de resolución de diferencias.

Igualmente se establece que se organizará un Sistema de implementación, dándole especial prioridad a las regiones. Y a la estructuración de Comisiones de seguimiento y verificación.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

Adicionalmente se establecerá un acompañamiento internacional; un cronograma; un presupuesto; herramientas de difusión y comunicación; y, vean ustedes, “mecanismo de refrendación de los acuerdos”.

A propósito de presupuestos y financiación de la paz, es bastante mediocre la previsión del Gobierno en tal sentido. Se acaba de aprobar el marco Fiscal de Mediano Plazo, por parte del Ministerio de Hacienda y allí solo aparece un vago párrafo en la página 170 que dice lo siguiente: “Las inversiones habilitadas por la paz que han sido acordadas en La Habana son fiscalmente viables. Se requiere la coordinación a nivel interinstitucional en la esfera nacional y territorial para lograr la priorización del gasto. Dada la consolidación fiscal prevista para el mediano plazo en este documento, se espera que estas inversiones puedan realizarse de manera paulatina y dentro de los límites establecidos por la regla fiscal”.

Esta gaseosa redacción del documento fiscal más importante que se produce en Colombia, y en vísperas de firmar la paz, genera una gran frustración.

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Los tiroteos, prueba para el nuevo ministro israelí de Defensa

 

"Un sin sentido", es como los israelíes describen todos los tiroteos palestinos. El asesinato, el miércoles, de cuatro israelíes en Tel Aviv fue el más deliberado de los ataques recientes; sin duda un intento de provocar que el nuevo ministro de Defensa, de extrema derecha, ordene al ejército emprender otra sangrienta aventura contra los palestinos.

 

Desde que Avigdor Lieberman fue nombrado en su nuevo puesto por el premier Benjamin Netanyahu el mundo –pero muy especialmente los palestinos– esperan que cumpla las amenazas sedientas de sangre que hizo durante las elecciones israelíes de 2015. El asesinato de dos mujeres y dos hombres, además de las seis heridos en una zona comercial y de restaurantes en el complejo de Sarona, pone a Liberman a prueba.

 

Los dos tiradores palestinos, según reportes, provienen de una aldea cisjordana cercana a la ciudad de Hebrón, en la que muchos israelíes y árabes ven con horror las vergonzosas relaciones entre los colonos judíos y los palestinos locales. Los atacantes aparentemente comieron en uno de los restaurantes de Tel Aviv antes de empezar a disparar. Vestían trajes y corbatas. Por lo tanto, no se trató de repentinos ataques de impulso emocional, como probablemente lo son los recientes ataques con arma blanca y atropellamientos en Jerusalén.

 

Las amenazas de Avigdor Liberman han sido citadas correcta y erróneamente por árabes e israelíes. Sin embargo, su más absurda declaración fue publicada por el diario israelí Haaretz en marzo del año pasado. Al hablar ante un público mayoritariamente israelí se refirió a los "desleales" ciudadanos árabes de Israel y afirmó: "Por aquellos que están contra nosotros no hay nada que hacer. Necesitamos levantar un hacha y cortarles la cabeza. De otra forma no sobreviviremos aquí". Esta amenaza digna del Isis molestó incluso al siempre complaciente Departamento de Estado estadunidense. Si un líder palestino la hubiera pronunciado, la condena del mundo habría caído sobre Palestina.

 

Lo que ocurrió fue que Hamas elogió los asesinatos en Tel Aviv y festejó con fuegos artificiales.

 

Israel revocó permisos que autorizaban a palestinos a visitar el territorio israelí durante el mes de ayuno del Ramadán, táctica que en el pasado ha causado mayor hostilidad entre israelíes y palestinos.

 

Los dos atacantes palestinos en Tel Aviv, uno de los cuales fue herido por las fuerzas de seguridad israelíes, no eran ciudadanos árabes israelíes y presumiblemente no califican para ser objeto de la grotesca y melodramática amenaza de decapitación de Avigdor Lieberman.

 

Pero sus otras promesas políticas: una cuarta guerra con Gaza, una tercera guerra con Líbano (aunque en realidad han sido cinco las guerras con Líbano, pero no importa), vaticinan un futuro muy infeliz tanto para Israel como para sus vecinos árabes.

 

La vieja ala izquierda israelí, simbolizada por Uri Avnery, quien fue soldado en la guerra israelí de 1948, está de acuerdo con un oficial de muy alto rango del ejército de Tel Aviv en que el creciente poder de los políticos derechistas tiene más que sólo un poco en común con los últimos meses de la República de Weimar en Alemania. Avnery, quien no sugiere que el liderazgo israelí sea nazi, creció en Weimar durante los primeros años del gobierno de Hitler, y emplea libremente la palabra "fascismo" al referirse a las actuales políticas de Israel.

 

A los palestinos, por desgracia, les importa muy poco la historia judía. Entre más feroces sean las amenazas de Israel, más publicidad recibe su causa, y más temeroso se vuelve el mundo.

 

Traducción: Gabriela Fonseca

 

 

 

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Domingo, 05 Junio 2016 07:33

Tiros en el patio trasero

Tiros en el patio trasero
El nombre del diablo que carga las armas es Estados Unidos, y el resultado lo paga con sangre y dólares el continente latinoamericano. El buen vecino del norte proporciona las armas y las municiones, y el 75 por ciento de los homicidios en América Latina son el resultado de su fuego, una cifra que sube al 90 en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

 

Estados Unidos ya era el primer vendedor del mundo, con más de la mitad del mercado, cuando en 2014 aumentó su venta un 35 por ciento, en 10.000 millones de dólares; esto en un mercado deprimido por exceso de armas, precisó The New York Times el 25 de diciembre último. Este continente las recibe importándolas o contrabandeándolas basándose en la benévola legislación para la venta de armas al mostrador que tiene la superpotencia norteamericana. Armas contra las drogas y para los narcotraficantes, para el ejército y para los insurrectos, para políticas de paz y de guerra. Así, México compró en 2014 por 21,6 millones de dólares unas 28 mil armas (la mayoría rifles de asalto), que se suman al estimado de 212 mil armas que por año entran ilegalmente a través de la frontera.


Entre 45 y 80 millones de armas portátiles, hasta misiles tierra-aire, circulan en la región, según el Nacla. Son la causa de muerte de entre 73 mil y 90 mil personas por año, y la principal causa de muerte de personas entre 15 y 44 años, según la Oms.


Durante cuatro décadas, desde los sesenta hasta los noventa, los organismos de inteligencia de Estados Unidos suministraron armas a gobiernos y rebeldes de Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Nicaragua. Con el nuevo siglo se abrió otra temporada que viene en auge: Washington exportó a estos países 43,7 millones de dólares en 2004 que fueron ascendiendo a 172,7 millones en 2010, en nombre de la lucha contra las drogas. Entre 2000 y 2014, dos tercios (63 por ciento) de las armas vendidas fueron a Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Paraguay, en coincidencia con la lucha antidrogas; pero no sólo.


El perfil de los compradores difiere: Brasil y Chile lo hicieron para “defensa y entrenamiento” de sus fuerzas armadas, Colombia para operaciones antiinsurgentes y combate a grupos criminales, México para la lucha contra los cárteles de las drogas, y Paraguay para revender; es el hub regional, la puerta rotatoria del tráfico ilegal de armas en la región, y Estados Unidos lo sabe, claro. En cambio, Bolivia, Ecuador y Venezuela redujeron su alianza con Washington y están comprando de Rusia (que ocupa un lejano segundo lugar como vendedor mundial de armas ligeras), y en menor medida a China y otros proveedores de Europa y Asia. Caracas firmó con los rusos un acuerdo para fabricar rifles de asalto Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyj (Akm), la versión desde 1959 del consagrado AK 47. Además de las armas que vienen, tres países del continente las fabrican –Brasil, Argentina y Chile–, y uno fabrica municiones bajo licencia, Ecuador. El 80 por ciento de los crímenes en América Latina son hechos con armas de fuego, y al menos el 50 por ciento de ellas proviene de Estados Unidos, afirma la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).


Este organismo asegura además que Estados Unidos es fuente fundamental del tráfico en negro y en gris de armas y municiones para América Latina. Es un mercado impreciso que se evalúa por las armas y municiones decomisadas y el rastreo de documentación. Washington estableció un sistema, el “e-Trace”, en el cual participan todos sus organismos que trabajan en el tema y que en 2009 se extendió a América Latina. La agencia del Departamento de Justicia para el control del alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (Atf) hizo el seguimiento de 15.937 armas decomisadas en México en 2014, y halló que 71,9 por ciento de ellas procedían de Estados Unidos. El seguimiento en el Caribe y América Central mostró que entre 40 y 60 por ciento de las armas tenían el mismo origen. En Brasil, Colombia, México e Irak se requisan más de 10 mil armas por año, y en Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú el informe anual de requisa de armas y municiones es inferior a esa cifra. La cantidad de armas requisadas depende, dice la Wola, de muchos factores, entre los que menciona cambios en la legislación, sistemas de información, práctica policial, capacidad y demanda criminal.


Estados Unidos es así el doctor Jeckyll y míster Hyde; tiene solucionado el dilema de Hamlet y es y no es al mismo tiempo. Vende armas en blanco, gris y negro, y luego alienta a que se requisen y destruyan, lo cual alivia el mercado de la sobresaturación de armas y la demanda de éstas repunta.


De 150 países, América Latina es la única región donde en este siglo el precio de las armas en el mercado negro declinó por sobresaturación, en relación con la última década del pasado: un AK 47 cuesta 25 dólares en El Salvador y 2 mil en Brasil. El continente “tiene aparentemente un exceso de suministro”, señala el Small Arms Data Observatory (https://smallarmsdata.org). Para Haití se señala que subieron los precios ante la reasunción en 1994 del presidente Jean Bertrand Aristide (en un segundo período que duró cuatro meses), y nuevamente ante la llegada de la misión de las Naciones Unidas. En Colombia los precios subieron ante el anuncio en 2003 de una amnistía que llevaría a que se compraran armas a paramilitares y guerrilla. La baja del precio no implica menos asesinatos: la caída de la cotización en Brasil a mediados de los noventa fue simultánea a 42 mil homicidios por año.


El caso de El Salvador es el más trágico. Es el país más violento del mundo, según Foreign Affairs (27-V-16), y “la capital mundial del asesinato”, de acuerdo a Los Angeles Times (2-III-16). Entre 1980 y 1993 fue el primer destinatario en Occidente para las armas de Estados Unidos. La guerra interna que conoció El Salvador entre 1981 y 1989 produjo 75 mil muertos. Las armas (una partida de 32.500 M- 16 y 270 mil granadas, por ejemplo) siguieron llegando hasta tres años después de finalizado el conflicto. Las cifras de muertos por año en el país centroamericano son hoy similares a las de los años de guerra interna: en 2015 fueron 6.656; 116 cada 100 mil habitantes, 17 veces más que el promedio mundial, afirma Foreign Affairs (27-V-16). De esas muertes al menos la mitad corresponde a personas de entre 15 y 29 años. La violencia es tal que desborda hacia Guatemala y Honduras, los dos países fronterizos de la sufrida república.


Es fácil concluir que Latinoamérica, por su propia diversidad y la escala del movimiento de armas y municiones, “es un serio desafío político” (Foreign Affairs). También, que no basta con hacer más estrictas las reglas de importación y exportación y el control fronterizo, sino que es necesario sumar mayor supervisión de la producción local y mejor gerenciamiento de los arsenales militares, policiales y privados. Es más, se coincide en que no se precisa más legislación sino aplicar la existente. Estados Unidos podría aumentar la transparencia del negocio si ratificara el Att, el tratado de comercio de armas votado por las Naciones Unidas en 2014. Es más, la Oea dispone de una convención sobre armas de fuego que se distingue por ser el único instrumento de ese carácter en el mundo, que dispone la prevención y eliminación de la producción y el tráfico ilícito de armas y explosivos. Es de 1997 y Uruguay la ratificó en 2001. Sólo tres países no la firmaron: Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Mientras tanto, vale el diagnóstico de Foreign Affairs: “La mayoría de los países americanos se encaminan a tener más violencia armada en los próximos años, en contraste con el resto del mundo”

 

 

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Puede ocurrir: Paz con FARC-EP y guerra con ELN

La sociedad colombiana y el mundo avistan con expectación la llegada del día, no lejano, de la firma del acuerdo final del conflicto armado del Estado colombiano con la organización insurgente FARC-EP, habida cuenta del alto nivel de desarrollo y compromiso que ha alcanzado el proceso de diálogo y negociación, que se realiza en la ciudad de La Habana, y de la disponibilidad y voluntad política de las partes, para concluir las negociaciones a la mayor brevedad y así dar paso inmediato a la implementación de los acuerdos.


Transitan las partes por la recta final, en la que trabajan para poner a punto los textos de los acuerdos de fin del conflicto, relativos al cese el fuego bilateral y definitivo, los mecanismos que hagan posible implementar la verificación como la localización de las fuerzas farianas, mecanismos y garantías de seguridad para la vida y la acción política de los exinsurgentes, la refrendación de los acuerdos, las garantías y condiciones para el tránsito de la lucha política con armas a la lucha política sin armas, la implementación de los acuerdos y la puesta en marcha dejación de armas; actividades de gran complejidad pero en la que vienen trabajando desde hace más de 18 meses, con ahínco y gran voluntad política.


El clima de optimismo y confianza de las partes es evidente, al punto que se cree que en breve plazo se producirán los anuncios que el país espera: el del fin del conflicto armado.


Pero lamentablemente sobre este panorama auspicioso, se cierne la nube gris de la incertidumbre que genera el proceso con el ELN1, pues solo bastaron unos cuantos días después del anuncio en Caracas sobre la culminación de la fase secreta y del compromiso de las partes de avanzar hacia la Mesa formal en fase pública, para caer en una profunda crisis de muy difícil solución.


Si bien las partes pactaron realizar las conversaciones de paz en medio de la confrontación, como telón de fondo se registra en el país un desescalamiento del conflicto, por cuenta del cese unilateral del fuego por parte de FARC-EP, lo cual ha producido un alivio evidente en la sociedad y un cuasi “cese bilateral de facto”, habida cuenta que las Fuerzas Armadas del Estado han venido actuando recíprocamente a la disposición de la guerrilla fariana. Este desescalamiento, que ha reducido las acciones ofensivas a mínimos históricos2, es un contraste frente al escalamiento entre el ELN y las Fuerzas Armadas del Estado3, que ha elevado el nivel de confrontación a máximos históricos, abonando la antesala de la paz en Colombia con injustificadas e irracionales muertes de soldados, policías y guerrilleros; y de una carga humanitaria dolorosa sobre la sociedad por cuenta de los secuestros realizados por el ELN.


El pedido y exigencia del Gobierno al ELN4, de liberar a todos los secuestrados en su poder y suspender definitivamente la práctica del secuestro, como requisito único para instalar la Mesa de diálogos, ha sido interpretada por el ELN como un condicionante unilateral inaceptable5, por cuanto contradice el acuerdo de Caracas y la Agenda pactada, en la que presuntamente se tratará el tema de los secuestros al igual que todos los temas relacionados con el conflicto mismo; lo cual resulta equivocado porque no es posible saltar con garrocha sobre las circunstancias de dolor social generalizado frente a los secuestros, agrandado luego de los realizados a los tres periodistas en la región del Catatumbo, y la desaprobación de la sociedad frente a esta práctica, que se descarga más sobre la sociedad misma que sobre el Estado.


No hay duda alguna que los aspectos técnicos de los acuerdos deben ser respetados, pero tampoco hay la más mínima duda que son las condiciones políticas del país y de las partes, las que determinan la necesidad de mantener o no el rigor de lo que se ha acordado como marco para discutir.


Si por salvar el proceso, las partes optaran por instalar la Mesa, llegando el ELN con secuestrados a cuestas y con la posibilidad de seguir secuestrando, durante el tiempo que demoren los diálogos hasta llegar al punto N° 5 de la agenda, en la que se supone estaría ubicado el tema de los secuestros; la Mesa no soportará la presión de la sociedad, que exigirá al Gobierno proteger los derechos e intereses de la sociedad, so pena de quitarle el respaldo al proceso de paz y de que éste navegue en un mar de ilegitimidad y de oposición, que no solo provendrá de la derecha radical, sino desde todos los sectores sociales y políticos, incluida la izquierda; que sienten el hastío y repudio a una práctica que el ELN debió superar con mucha antelación. “Cuando lleguemos a una Mesa de diálogos, querremos llegar livianos” dijo en 2007 Pablo Beltrán, en el marco de los diálogos con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero parece que ahora pretenden llegar atiborrados de pesos y lastres, que muy seguramente no les permitirán moverse con solvencia en la Mesa misma.


Con el ánimo de contribuir a buscar salidas para ésta gran dificultad, desde diferentes ópticas de la sociedad civil se han formulado propuestas para abordar la superación de la crisis, a saber:


Propuesta de Carlos Medina Gallego: “sentarse a la mesa, con un punto previo que resuelva las inquietudes humanitarias de las partes y ambiente frente a la nación y a la opinión publica una mejor atmósfera que permita que los diálogos encuentren mayor apoyo y sintonía en la sociedad en general.”6
Propuesta de León Valencia: “el gobierno también podría pensar en una fórmula para ayudarle al ELN a salir del grave impase. Podría variar el esquema de negociación y empezar por acordar un cese bilateral de las hostilidades. La idea precisa sería dedicar un mes, solo un mes, a pactar el cese bilateral utilizando la verificación internacional acordada con las Farc. Si en ese mes no se logra el acuerdo, se hace a un lado el tema y se continúa con la agenda ya convenida con el ELN.”7


Propuesta de Carlos Arturo Velandia: “Para superar la crisis en la antesala de la Mesa en fase pública, es conveniente que tanto el Gobierno como el ELN depositen su confianza en los Países Garantes, para que ellos procedan a producir fórmulas de solución, las que podrán ser que cada parte realice acciones positivas de tal modo que cada parte entienda que su acción será útil para que la otra parte realice la propia. En el caso puntual, el ELN podría verse estimulado a liberar a los secuestrados y a proscribir definitivamente la práctica del secuestro, si el Gobierno promueve actos administrativos para aliviar la vida de los presos políticos del ELN en las cárceles del Estado. Estas medidas podrían ser: acercamiento familiar, concentración de presos del ELN en patios especiales, revisión de los procesos judiciales, excarcelaciones por razones humanitarias, u otras de ésta especie.


Finalmente, conviene advertir que mientras se mantenga vigente el Acuerdo de Caracas del 30 de Marzo, se debe mantener el diálogo entre las delegaciones de las partes, para que en trabajo de “extra-Mesa” puedan examinar la crisis y resolverla con entendimientos e intercambio de voluntades.

Para el caso se trataría de producir acciones positivas de alivio a la situación de los presos del ELN, al tiempo que el ELN produce acciones positivas de alivio a la sociedad.”8


Ahora bien, si la crisis no se resolviera, significa que el Acuerdo de Caracas queda en suspenso, en medio de una confrontación abierta entre el Estado y la insurgencia del ELN; situación que se combinaría con el hecho político y evidente de la paz con las FARC-EP, lo que configuraría un escenario de “paz con FARC-EP y guerra con ELN”; escenario que tendríamos que completar con otros dos paisajes que se añaden al panorama:


1. la crisis política e institucional de Venezuela; y
2. la oposición del partido Centro Democrático a la paz y los llamados de la extrema derecha a la resistencia civil contra la paz 9.


Esta combinación de circunstancias adversas, podría convertirse en la “crisis perfecta”, que tendría un impacto demoledor en el proceso de paz en Colombia. Veámoslo bajo la luz de los más probables supuestos:


• Los Acuerdos de la Habana se implementan en territorios donde solo están las FARC-EP y en territorios comunes existe implementación parcial o bloqueo. En estos territorios las FARC se abstendría de localizarse en territorios acotados y no habría dejación de armas.


• El movimiento fariano defiende sus territorios, acumulados políticos y sociales, al tiempo que se esfuerzan por la implementación de los acuerdos. Hay confrontación militar con desventaja para bases sociales y políticas de FARC-EP. Habría crisis humanitaria y se producirían desplazamientos de comunidades.


• El Gobierno declara terminado el conflicto armado interno y desata ofensiva generalizada contra ELN, a quien califica como fuerza terrorista y criminal.
• Las FARC-EP y el Gobierno avanzan en la implementación de los Acuerdos de paz, se efectúa la dejación física de armas por parte de FARC-EP, excepto en los territorios donde continua la guerra con el ELN; se generan mecanismos de seguridad para los dirigentes farianos y para las comunidades en sus territorios, con presencia de Fuerza Pública del Estado, y las FARC-EP se transforma en movimiento político legal e institucional, conservando la sigla FARC.


• El ELN agrupa sus fuerzas guerrilleras en 3 grandes frentes de guerra estratégicos, a saber:


1. Frente de Guerra Estratégico del Nororiente que agrupa las fuerzas del Frente de Guerra Norte (Guajira, Cesar), Frente de Guerra Nororiental (Santander, Norte de Santander), Frente de Guerra Oriental (Arauca, Boyacá, Casanare) y las del Área Darío Ramírez Castro (Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Bolívar). Este Frente de Guerra agrupará el 70% de la fuerza global del ELN.
2. Frente de Guerra Estratégico del Suroccidente que agrupa las fuerzas del Frente de Guerra Suroccidente (Cauca, Valle y Nariño) y Frente de Guerra Occidental (Chocó y Eje Cafetero). Este Frente de Guerra agrupará el 20% de la fuerza global del ELN.
3. Frente de Guerra Estratégico Urbano que articula las fuerzas clandestinas urbanas de las ciudades de Bogotá, Medellín Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja y otras ciudades menores, y los equipos logísticos y especializados. Este Frente de Guerra agrupará el 10% de la fuerza global del ELN.


• Los Frentes de Guerra Estratégicos se complementarán con Fuerzas guerrilleras, comandos y células clandestinas, localizadas en territorios de transfrontera de Venezuela y Ecuador.


• Los Frentes de Guerra Estratégicos tendrán Mando Único centralizado.


• Las Fuerzas del ELN localizadas en el interior del país migrarán al Frente de Guerra Estratégico más próximo, igualmente, estos Frentes serán nutridos por pequeños grupos e individuos inconformes o desencantados, provenientes del proceso de paz con las FARC-EP.


• El ELN implementará modalidades de guerra de guerrillas como forma fundamental, combinada con guerra de movimientos y defensa de territorios con fuerzas de Milicias Territoriales. Desarrollará la guerra revolucionaria integral con implantación y despliegue de Fuerzas de Comando Urbano en las ciudades.


• Si a la intensificación del conflicto armado en la frontera, se le suma la profunda agudización de la crisis política, e institucional en Venezuela, en la que el Gobierno de la Revolución Bolivariana y la Asamblea Nacional con mayorías antirevolucionarias chocan de frente, con el ánimo de sacar a su oponente del juego político y del poder (Referendo Revocatorio – Art.72 CN Vs. Declaración de Estado de Excepción y de Emergencia Económica – Art.337 CN)10 hasta llegar a un punto de ruptura institucional; entonces se fractura el bloque de poder sostenido desde la unidad de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, y se registrarán levantamientos sociales que darán origen a una guerra civil. En un escenario como este, las fuerzas guerrilleras localizadas a lo largo de la frontera, en la faja binacional, serán absorbidas por la situación interna venezolana. Así, de ese modo el grueso del ELN sería arrastrado a participar en la contienda del lado de los defensores de la Revolución Bolivariana. Desde sectores radicales de la revolución bolivariana dentro de la sociedad y del Estado, y principalmente desde las FANB se brindará apoyo al ELN con recursos económicos, logística y armas. Grupos armados venezolanos como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación – FBL y los Colectivos Urbanos de defensa de la revolución como La Piedrita, los Tupamaros, Simón Bolívar, Carapaica, Alí Primera y Alexis Vive; en Caracas y otras ciudades del país, buscarán la coordinación con el ELN, en el marco de una lucha por la defensa de la revolución bolivariana.


• Por su lado, el Frente de Guerra Estratégico Suroccidental, establecerá su bastión en el Macizo Colombiano desde donde podrá irradiar sus acciones hacia los departamentos del Cauca, Valle, Chocó, Tolima, Huila, Nariño Putumayo y Caquetá.


• En la transfrontera ecuatoriana, el ELN buscará apoyos entre las viejas militancias del Alfarismo (Alfaro Vive Carajo), entre los refugiados colombianos y entre sectores sociales populares e indígenas radicales, desafectos a la “revolución ciudadana” liderada por el presidente Rafael Correa.


• El ELN entendería que hay una nueva oportunidad histórica para revitalizar las banderas de la lucha contra el imperialismo norteamericano, contra las oligarquías de la región y por la construcción del socialismo en el continente; modificará su estrategia y postulados originales, para proponer una estrategia de guerra revolucionaria trinacional, para la liberación nacional y social y la construcción del socialismo en la patria de Bolívar: la Gran Colombia.
• La guerra se regionaliza y Estados Unidos incrementa su presencia en Colombia a través de planes de cooperación y ayuda militar, así como con el fortalecimiento de bases militares en Colombia: Malambo, Apiay, Bahía Málaga y con el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe.


• Si el ELN logra hacerse fuerte, construye y consolida estos teatros de operaciones en los próximos tres años, puede ocurrir:
1. Que estime que tiene altas posibilidades estratégicas para la victoria de la guerra revolucionaria, en este caso continuará con el esfuerzo militar, o
2. Que estime que no tiene posibilidades estratégicas, pero que cuenta con una mejor correlación de fuerzas en el campo de batalla, en este caso buscará la solución negociada con el nuevo gobierno electo en el año 2022.


• Si el ELN es derrotado militarmente, terminará por aceptar los términos que le imponga el Gobierno.


• Si el ELN se divide, la parte mayoritaria buscará el diálogo y la negociación con el Gobierno y la parte minoritaria será derrotada por el Estado.


Un escenario que conviene advertir, lo constituye la potencial amenaza de sectores opuestos al proceso de paz que no acepten los acuerdos y decidan alzarse en armas, para confrontar al Gobierno, a quien consideran un traidor al país y a la Constitución, por “haber entregado el país a los terroristas”.

Estas fuerzas provenientes del latifundismo armado, que consideran los acuerdos de paz pactados con las FARC contrarios a sus intereses, y que se opondrán a su implementación. Con tales argumentos, soliviantados e inspirados en posiciones prohijadas desde el partido Centro Democrático, como las de la “resistencia civil”, o la “paz sin impunidad”, se constituirá un movimiento guerrillero con frentes territoriales, denominado Fuerzas Patrióticas para la Salvación Nacional – FPSN, que operará en los territorios donde el paramilitarismo históricamente ha tenido desarrollos importantes, como en regiones de las sabanas de los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Meta, Vichada y Casanare; y las regiones del Urabá Chocoano y Antioqueño, Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Sur de Bolívar. Para ello tendrían como avanzada los llamados Ejército Antirestitución, los que se articulan con BACRIM como los “Urabeños”, “Úzuga”, “Rastrojos”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que operan en los territorios señalados.


La FPSN establecerá tres frentes de guerra: Frente de Guerra Norte, que agrupa las fuerzas de Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar y Guajira, Frente de Guerra Occidental, que agrupa las fuerzas de Antioquia, Chocó y Eje Cafetero, y el Frente de Guerra Oriental que agrupa las fuerzas de Meta, Vichada, y Casanare.


El alzamiento armado ejercerá presión sobre la institucionalidad local y departamental, utilizará métodos similares a los ya conocidos y desarrollados por el paramilitarismo, se enfrentará a las Fuerzas Armadas del Estado, logrará controlar algunos territorios, con la complicidad o aquiescencia de gobernabilidades locales afines, y desatará una guerra de exterminio hacia el movimiento popular y de izquierda revolucionaria surgida tras los acuerdos de paz.


Estas guerrillas de extrema derecha no buscan la toma del poder, levantarán el discurso de la unidad nacional contra el terrorismo, contra el castrochavismo, y llamarán a formar un gobierno de salvación nacional que deponga los acuerdos de paz y retorne el país bajo el amparo de la Constitución Nacional de 1991.


Unidades de la FPSN cruzarán la frontera con Venezuela para brindar apoyo a sectores armados contra la revolución Bolivariana y para establecer corredores de apoyo logístico y bélico, para su causa en Colombia.


Si este proyecto llegase a implantarse y consolidarse, luego de 5 o 6 años de operaciones, podría llamar al gobierno a diálogos, para un pacto político, a cambio de la dejación de armas.


El partido Centro Democrático y algunos medios de comunicación apoyarán a este movimiento, mediante la justificación, no lo reconocerán como propio, no asumirán responsabilidad alguna de sus acciones, pero estarán presto a oxigenarlo política e ideológicamente desde su discurso político.

Notas
1 http://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/agenda-de-paz/607-acuerdo-de-dialogos-para-la-paz-de-colombia-entre-el-gobierno-nacional-y-el-ejercito-de-liberacion-nacional
2 http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-actualizacion-2
3 http://abcpaz.com/wp-content/uploads/2016/03/HIP%C3%93TESIS-DE-TRABAJO-TERMINA-EL-CONFLICTO-ESTALLA-EL-POSCONFLICTO-CARLOS-ARTURO-VELANDIA-J-ABCPAZ.pdf
4 http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-juan-manuel-santos-le-exige-al-eln-liberacion-de-secuestrados/16577929
5 http://www.eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/entrevistas-delegacion-de-paz/655-la-demora-en-el-inicio-de-las-conversaciones-corre-por-cuenta-del-gobierno
6 http://carlosmedinagallego.blogspot.com.co/
7 http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-secuestro-de-salud-hernandez-dificulta-negociaciones-de-paz-con-eln/475456
8 http://abcpaz.com/wp-content/uploads/2016/05/PROCESO_DE_PAZ-ENTRE_LA_ILUSION_Y_LA_INCERTIDUMBRE.pdf
9 http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/resistencia-civil-1
10 http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Venezuela.pdf

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