Domingo, 04 Abril 2010 08:12

Cuba, democracia y socialismo

Por un lado está la cínica y mentirosa campaña desenfrenada de la CNN y de todos los medios y gobiernos de derecha contra el sistema político cubano. Es evidente el lazo que existe entre el Departamento de Estado y la manifestación en Miami dirigida por la cantante Gloria Estefan, hija de un ministro del dictador Batista, que contó con la participación del terrorista y multiasesino Posada Carriles en apoyo a las llamadas Damas de Blanco y el huelguista de hambre Guillermo Fariñas que, como éstas, pide la intervención de la ONU, de la OEA y de Estados Unidos, no sólo en Cuba sino también en Venezuela, para respaldar a la oposición proimperialista.
 
Los que mantienen el centro de tortura en Guantánamo se erigen ahora en defensores de los derechos humanos. La guerra no declarada contra Cuba desde 1959 –que pasó por la provocación con incendios, la siembra de enfermedades, el intento de invasión, la cobertura a grupos de bandidos mercenarios, el bloqueo, la amenaza de guerra atómica– entra ahora en otra fase, tratando de aprovechar la crisis mundial capitalista que golpea duramente a la isla para derribar al gobierno resultante de la revolución, que es uno de los principales miembros de la Alba, junto a Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que también están en la mira de Washington.
 
Por tanto, la defensa de Cuba y del derecho a la autodeterminación y la lucha contra el bloqueo, inmoral e ilegítimo, más que nunca está en el orden del día. Porque este uso capitalista e imperialista de la crisis busca cerrar el camino a una alternativa y, para ello, debe combatir todo lo que suene a izquierda, empezando por la Alba, y abarcando también a los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, que están lejos de ser izquierdistas y mantienen políticas neoliberales levemente modificadas.
 
Por eso, dicho sea de paso, se equivocan gravemente quienes sostienen que Brasil es nada menos que imperialista y que en ese país y en otros similares el enemigo central sería una supuesta nueva clase (¡no propietaria del capital financiero ni de los medios de producción!) formada por la fusión entre funcionarios corruptos y capitalistas locales. No ver qué hacen el capital financiero y Estados Unidos y centrar, en cambio, la atención sólo en los errores o barbaridades de los gobiernos progresistas, incluyendo el cubano, ayuda poderosamente a las vestales de la democracia que pontifican desde el Departamento de Estado y desde la CNN cubriendo las bases en Colombia o la IV Flota o la Iniciativa Mérida.
 
Por el otro lado están las torpezas políticas y la brutalidad de grupos burocráticos que creen que la oposición se combate con la policía y los aparatos. En efecto, una cosa es combatir con todos los medios las conspiraciones y las acciones delictivas, y otra asfixiar la expresión pública de ideas, incluso reaccionarias, y alabar –como lo hacen los periodistas cubanos– los méritos de la unanimidad (en la Asamblea o en los medios). En tiempos de Lenin y hasta la guerra civil, por ejemplo, los partidos y los medios de información capitalistas u opositores eran legales. La unanimidad presupone, en cambio, que alguien decide qué se dice, qué se vota, qué se publica. Pero ni la clase obrera ni la sociedad son homogéneas ni pueden ser unánimes.
 
Sin discusión democrática no hay socialismo, porque éste es resultado de la información, la maduración y la participación directa de los trabajadores y el pueblo, que deben criticar, controlar, sugerir, proponer, exigir. La democracia, además, es para quien piensa diferente, no para quien lo hace como uno; incluso para los delincuentes y los proimperialistas y contrarrevolucionarios que no cometan delitos. Y el socialismo lo construye la sociedad, en las contradicciones, resolviéndolas, y no la burocracia partidaria o militar. Las ideas falsas se combaten con ideas mejores para convencer; las acciones concretas conspirativas o delictivas, en cambio, con la fuerza estatal.
 
Cuando hay delincuentes comunes, marginales, por tanto, antisistémicos, que se inmolan al servicio de la oposición de derecha y cuando comienza a haber suicidios (como las huelgas de hambre extremas o los monjes budistas que se queman en Tailandia), es evidente que algo anda muy mal. La represión abierta u oculta es desaconsejable ante este problema, que es político, no policial. Y lo peor que se puede hacer es fusilar (como sucedió con los que secuestraron en ferryboat hace unos años) u organizar, con el aparato de la Juventud Comunista, multitudes indignadas para acallar a las escasas fuerzas ultrarreaccionarias que se quieren manifestar. Eso da más combustible a la ofensiva imperialista (que de todas maneras está allí) y confunde a los defensores de Cuba y a todos los que, en sus países, defienden sus derechos de disentir, publicar y manifestarse (que son constitucionales), y combaten la represión y la ilegalización de sus ideas y organizaciones.
 
La democracia y el socialismo sólo son posibles con la autogestión y la autorganización de vecinos, obreros y campesinos, para discutir todos los problemas y, además de los planes gubernamentales, sus propias ideas y soluciones locales. La prensa, en lugar de alabar la funesta unanimidad, debería dar voz a la gente en cuyo nombre habla y decide el aparato burocrático. Además, no puede haber aumento de la producción y la productividad agrícolas sin ese tipo de democracia y de autogestión, que dé rienda suelta a la creatividad y a las críticas.
 
Si se quiere quitar base a las maniobras imperialistas y contrarrevolucionarias, hay que transformar radicalmente y mejorar la vida cotidiana, con mayor producción voluntaria y con mayor democracia. La economía de Cuba y su Estado aún siguen siendo capitalistas, pero intentan dar las bases para el socialismo. Por tanto, hay que enterrar los métodos contrarrevolucionarios aprendidos en el pasado en la práctica y los manuales de los burócratas que, en nombre de un supuesto marxismo, encerraban en manicomios a sus opositores y son hoy, abiertamente, grandes capitalistas y mafiosos.

Por Guillermo Almeyra
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Lunes, 22 Marzo 2010 08:20

Obama y la subversión en Cuba

Cuando en febrero la administración Obama-Clinton envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2011, la partida del Departamento de Estado destinada a financiar la desestabilización en Cuba sufrió una pequeña disminución respecto a las cifras de años anteriores. Los casi 20 millones de dólares asignados para promover la democracia en la isla resultan sólo 4.39 por ciento de los 456 que utilizará Estados Unidos para impulsar acciones encubiertas y apuntalar la hegemonía del imperio en América Latina.
 
Aunque los fondos no incluyen otras fuentes de financiamiento como las que de manera enmascarada son empleadas por otras agencias federales, como la CIA y sus empresas fantasmas, la noticia alborotó a la gusanera que vive de la industria de la contrarrevolución y al grupo de congresistas cubano-estadunidenses que sirve a sus intereses mafiosos. En particular, al senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menendez, y a los representantes republicanos Lincoln y Mario Díaz Balart e Ileana Ros Lehtinen (La loba feroz), todos con una larga estela de corrupción a cuestas e involucrados en el golpe de Estado cívico-militar en Honduras, como parte de una red ultraderechista manejada desde los sótanos de la Casa Blanca por los viejos halcones Otto Reich, Roger Noriega y John Dimitri Negroponte, actual asesor de Hillary Clinton en el Departamento de Estado.
 
Pese al interés de la Casa Blanca por no aparecer vinculada a los golpistas, y en momentos en que sectores ultraconservadores se fortalecen ante la débil y sinuosa administración Obama-Clinton, surgen cada vez más datos sobre el papel legitimador que jugaron grupos de la contrarrevolución cubana de Miami para respaldar financieramente al presidente interino Roberto Micheletti y entronizar después a Porfirio Lobo en unas elecciones bajo estado de sitio.
 
En esa coyuntura, los congresistas Ileana Ros, Bob Menendez y Lincoln Díaz Balart trabajaron de manera ardua para que sectores del Capitolio recibieran enviados de los golpistas y les dieran su reconocimiento. De hecho, se creó en Miami un denominado Comité de Apoyo a la Democracia en Honduras, que sirvió de pantalla para encubrir los fondos utilizados para blindar la campaña de Porfirio Lobo desde Estados Unidos, y para que un grupo de contrarrevolucionarios anticubanos viajaran a Honduras como observadores de los comicios.
 
Según denunció en su momento The New York Times, la campaña de cabildeo en Washington en favor del gobierno de facto costó unos 400 mil dólares en gastos de relaciones públicas, y se plantea que antes de las elecciones se enviaron a Porfirio Lobo alrededor de 100 mil dólares aportados por Bob Menendez, uno de los fieles representantes de la mafia cubano-estadunidense en el Capitolio, quien acaba de ser encontrado con las manos en la masa, al revelarse que en julio del año pasado intervino ante el Banco de la Reserva Federal en favor de una institución bancaria al borde de la quiebra, cuyos directivos contribuyeron a su fondo de campaña al Senado.
 
De acuerdo con The Wall Street Journal, Menendez presionó al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para que aprobara la venta de First Bank Americano al JJR Bank Holding Co de Brick, Nueva Jersey. Bernanke no siguió la recomendación y el banco quebró. Ex alcalde mafioso de Union City de 1986 hasta su elección como senador en 1992, Menendez convirtió esa ciudad en un paraíso del juego ilegal, de la extorsión, del fraude y la prostitución. En octubre del año pasado, furioso por el concierto de Juanes en La Habana, intentó usar de rehén la reforma de salud de Obama para chantajear políticamente al Presidente.
 
Según un reporte de Public Campaign –organización que busca reducir los grupos de interés en la política estadunidense–, como presidente de U.S. Cuba Democracy Public Action Committee (PAC), un grupo de lobby anticubano, Menendez fue uno de los legisladores que más donaciones recibieron. La investigación revela que el mayor receptor de fondos de los acaudalados clanes familiares de cubano-estadunidenses de la Florida –que aspiran convertir Honduras en un enclave para sabotear los procesos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y los demás países de la Alianza Alternativa Bolivariana (Alba)– fue el representante republicano Lincoln Díaz Balart, quien desde 2004 ha recibido más de 366 mil dólares. Otros tres grandes beneficiarios del dinero de los donantes de línea dura fueron su hermano Mario, Ileana Ros y John McCain, candidato republicano a la presidencia en 2008.
 
Cargado de deudas y con serios problemas económicos, Lincoln Díaz Balart, sobre quien pesan serias acusaciones de corrupción ligadas con las empresas Locust USA, Mark Two Engineering, Hanger Orthopedic Group y Bacardí, anunció en febrero último que abandonará su puesto en la cámara baja del Congreso en enero de 2011, para dedicarse a los negocios privados.
 
Hijo de quien fuera viceministro del Interior de la dictadura de Fulgencio Batista, el cachorro Díaz Balart ha manifestado su intención de explotar su pedigrí mesiánico, el capital simbólico y el pasado terrorista de la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca, fundada por su padre, de cara a una hipotética Cuba post Castro. Su puesta en escena exhibe su aspiración de convertirse en el Hamid Karzai (el obediente y corrupto presidente afgano) de Cuba, ante un eventual cambio de sistema de factura estadunidense en la isla.
 
Como colofón cabe apuntar que uno de los compromisos contraídos por Porfirio Lobo con la mafia cubano-estadunidense y sus congresistas asociados fue la salida de Honduras del Alba y Petrocaribe, en colusión con el abogado de Bill Clinton y amigo cercano de Hillary, Lanny Davis, el lobbysta que logró blanquear al actual gobierno de facto.

Por Carlos Fazio
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Buenos Aires, 4 de marzo La presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció “intentos de destitución evidentes por parte de algunos sectores”, advirtió que va a pagar la deuda y consideró como un acto de “venganza institucional” el hecho de que en media hora la oposición rechazara la designación de la economista Mercedes Marcó del Pont como titular del Banco Central, cuyo nombramiento es una facultad constitucional de la mandataria.

En referencia al pago de la deuda -para lo cual dispuso utilizar unos 6 mil millones de dólares de las reservas que alcanzan a 48 mil millones de dólares- dijo que “se pretende que no paguemos lo que otros han contraído como deudas, y se obstruye permanentemente a través de medidas judiciales, de un verdadero abuso de poder porque quien tiene la obligación de administrar las finanzas no son los jueces, sino la Presidencia”.

Recordó que en Argentina existe un sistema presidencialista y “la oposición no co gobierna con el presidente”, y que si esto y otros aspectos se quieren cambiar debe enmendarse la Constitución.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, Fernández invitó a la oposición a que presente una propuesta mejor para pagar la deuda “sin bajar las jubilaciones ni destruir empleos”, se comprometió a adoptarla si se demuestra superior a la suya.
Acusó a la oposición de conformar “un rejunte político que sólo quiere obstruir” y recurrir a “jueces alquilados”. Advirtió que no va a permitir un cese de pago de la deuda “como ya lo hizo otro presidente lo que ocasionó gravísimas consecuencias” a los argentinos y al erario público.

“Realmente ayer vimos una foto del pasado argentino: a quienes nos endeudaron en los 90 mediante un decreto que aprobó el Plan Brady, de 87 mil millones de dólares; a quienes mediante un DNU( decreto de necesidad y urgencia) aprobaron el megacanje en el 2001 y, luego la pesificación asimétrica. Las deudas que esta presidenta quiere pagar y va a pagar con las reservas del Banco Central, lo hará en el marco de lo que dice la Constitución y la Carta Orgánica”, sostuvo .

Agregó que como senadora desde 1995 nunca vio “tal avasallamiento de lo que corresponde a cada sector político en el seno de las instituciones. Siempre se le respetó a la oposición los lugares que le correspondían” en relación al tema de las comisiones que se armaron el miércoles, en minutos, luego de que los senadores opositores ganaron la mayoría.

Explicó que existen recursos disponibles del patrimonio nacional y que por esas reservas “nos están pagando apenas 0.5 por ciento anual. Si yo contrajera empréstitos para pagar la deuda de todos los que hoy se oponen a que paguemos deudas que ellos contrajeron, podría ser condenada por administración fraudulenta contra los intereses del Estado. Y no lo voy a hacer. Estoy convencida de que estoy actuando en el marco de la Constitución”

Fernández denunció que las acciones de la oposición tratan de obligar al gobierno a paralizar obras en ejecución, “que violentemos contratos y dejemos gente en la calle o recurramos al descuento de salarios y jubilaciones, como en 2001, haciendo explotar a Argentina. No lo voy a hacer. Estoy dispuesta a enfrentar la condena de cualquier juez circunstancial, pero no estoy dispuesta a afrontar la condena de la historia” dijo.
Pidió también bajar “el nivel de irracionalidad. Las instituciones no pueden funcionar por actos de venganza. Lo de ayer contra Mercedes Marcó del Pont fue un acto de venganza de la más baja estofa que he visto”, indicó.

Mientras la oposición derechista que convalidó el endeudamiento de todos los tiempos le exige que tome dinero del presupuesto lo que llevaría a un ajuste, otros demandan no pagar, como es el caso del diputado Fernando “Pino” Solanas de Proyecto Sur que incluso propone un juicio político o penal contra la presidenta, pero sin dar una solución a la situación que un cese de pagos podría crear.

“Los que se dicen de izquierda y le piden a este gobierno que no pague la deuda lo hacen sabiendo que la mandataria no tiene una correlación de fuerzas internas y externas que le permitan tomar esa medida. sin consecuencias que esa misma oposición le haría pagar caro. Son parte del golpismo destituyente” señalaron hoy organizaciones juveniles en torno al peronismo de avanzada otros sectores de izquierda, durante el acto de apoyo a la presidenta convocado por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo esta tarde y que se mantuvo hasta la noche. Hubo una constante llegada de grupos y también de reconocidas figuras de la cultura en respaldo a la presidenta.

Por su parte la senadora Hilda González de Duhalde, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde ambos del justicialismo disidente opositor dijo que no “hay ánimo destituyente” pero reconoció que “también a nosotros se nos va la mano, lo más sensato es serenarse”.

Por Estella Calloni
Corresponsal
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El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue capturado ayer en una residencia particular de la provincia de Izabal, en el Caribe guatemalteco, según confirmó en la capital del país el jefe del Ministerio Público (fiscalía), Amílcar Velázquez Zárate, que no proporcionó mayores detalles sobre el operativo que concluyó con la detención. Velázquez, en breves declaraciones a la prensa local, se limitó a decir que la policía llamó a las puertas de la residencia, sin precisar su ubicación, y, "al comprobar que el señor Portillo estaba allí, procedió a su captura". Añadió que el ex mandatario será trasladado a la capital; al mismo tiempo, en las instalaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca se reforzaron ayer las medidas de seguridad.

Portillo estaba en libertad bajo fianza desde octubre de 2008, cuando fue extraditado de México -adonde había huido en febrero de 2004 para evadir a la justicia guatemalteca- a petición de Guatemala por un supuesto caso de corrupción. Ahora, el ex gobernante está acusado de conspirar para blanquear varios millones de dólares que supuestamente desfalcó al Gobierno de Guatemala mediante cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos y Europa, según informó el lunes la fiscalía de Nueva York.

En las primeras declaraciones efectuadas por Alfonso Portillo después de su detención, el ex mandatario dijo a la emisora local Radio Sonora que confía en que prevalecerá el Estado de derecho y, con ello, podrá demostrar su inocencia de los delitos que se le imputan. "Temo por mi vida", dijo Portillo, quien atribuye su situación actual a una conspiración.

El ex presidente se negó a identificar a sus supuestos detractores, pero dijo que, en su momento y ante el juez, dará a conocer "todos los nombres" de las personas que, según él, prepararon los elementos que llevaron a los juzgados estadounidenses a formular los cargos.

"Es un grupo de personas que se reúne en casas particulares y que, lejos denunciar las supuestas anomalías ante los tribunales, rinden cuentas frente a un poderoso", añadió, y reiteró que sus acusaciones serán debidamente documentadas ante el tribunal que debe decidir su casi segura extradición a Estados Unidos.

Sobre el ex mandatario pesan peticiones de extradición dictadas por tribunales de Nueva York y Miami (Estados Unidos)por el presunto lavado de dinero.Portillo disfrutaba en Guatemala de libertad bajo fianza por delitos similares. Durante el trámite burocrático, la información se filtró y permitió al ex gobernante burlar un vasto operativo que se prolongó a lo largo de todo el domingo, en residencias de la capital y de la provincia de Zacapa (este), de donde es originario

El fiscal general de Estados Unidos, Preet Bharara, explicó el lunes que "Alfonso [Portillo] abusó de la confianza de la gente de su nación" y convirtió las finanzas del Estado guatemalteco "en la caja chica de sus gastos particulares".

La justicia estadounidense precisa que parte del dinero malversado por Portillo terminó en cuentas particulares de su familia y de sus íntimos en bancos de Europa y en financieras de las islas Bahamas

Se estima que Alfonso Portillo y sus cómplices supuestamente utilizaron bancos estadounidenses para lavar aproximadamente 70 millones de dólares. Esto, en un país donde el 80% de sus habitantes vive en el límite de la pobreza: dos dólares diarios.

Alfonso Portillo es el segundo presidente de Guatemala que debe comparecer ante un tribunal. El único precedente se remonta a 1918, cuando fue encarcelado el dictador Manuel Estrada Cabrera, quien murió en cautiverio. Sin embargo, durante el Gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), las figuras de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito fueron eliminadas del Código Penal, para asombro de la comunidad internacional.

La captura del ex presidente Portillo ha levantado una ola de aprobación entre la ciudadanía, muy cansada de una clase política que en muchos casos ha convertido al Estado en un botín al que puede acceder impunemente cada cuatro años. Las emisoras de radio, con micrófonos abiertos al público, recogen las múltiples reacciones que se han multiplicado desde el momento en que se conoció la detención. "Esto está muy bien, pero ojalá no se limite a Portillo. La investigación debe hacerse a todos los presidentes, por lo menos de la era democrática", dijo a la radio un oyente que no se identificó.

Desde su regreso de México, Portillo ha intentado crear una coalición de partidos políticos, al parecer con el fin último de alcanzar un escaño en el Congreso, lo que le garantizaría la inmunidad parlamentaria. Pero la imputación de la justicia de Estados Unidos, cuyo peso político es enorme en esta parte del continente, puede significar el fin de la carrera política del ex mandatario, que podría ser condenado a una pena de cárcel de hasta 20 años.


JOSÉ ELÍAS - Guatemala - 26/01/2010
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Estados Unidos y las oligarquías locales se han embarcado en un proyecto de restauración derechista en América Latina con el uso de variados recursos, legales e ilegales, mediáticos, de inteligencia y guerra sicológica, militares y económicos, entre otros. Aunque iniciado en tiempos de Bush es en el primer año de la presidencia de Obama que ha tomado una gran dimensión al socaire de sus vacilaciones, concesiones y retrocesos frente a la feroz embestida de la extrema derecha estadunidense. No habían pasado seis meses de su investidura y cinco de su promesa en la cumbre de Puerto España de cambiar la política hacia sus vecinos del sur y se tragaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya del que en un principio llegó a decir que era el único presidente de Honduras que reconocía. Al esquema restaurador no escapa gobierno o fuerza popular cuyas políticas choquen, en mayor o menor grado, con las de Washington o los intereses de las oligarquías.

Por consiguiente, incluye a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pero también a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua. Son sus herramientas principales la reactivación de la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras y la instalación de las bases yanquis en Colombia, Panamá y las ya existentes en las Antillas Holandesas y América Central así como la maquinaria de terror mediático de los periódicos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa y las cadenas televisivas.

Se trata de revertir el ascenso de la ola popular alzada en el continente contra las políticas neoliberales y en torno a los gobiernos que decidieron desacatar frontalmente las directivas del Consenso de Washington e iniciar trasformaciones sociales profundas; intimidar, presionar y acabar también con los demás gobiernos progresistas por moderados que sean, así como con los movimientos populares a la vez que alebrestar a una derecha alicaída por las derrotas que venía sufriendo desde la elección de Hugo Chávez. Es lo que hemos visto desde el ataque yanqui-uribista a Ecuador, aumentado exponencialmente después del cuartelazo en Honduras y el convenio sobre las bases en Colombia. Viene a la mente una de las Reflexiones de Fidel Castro cuando afirmó que antes que Obama concluya su mandato ”habrá de seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio”.

El objetivo principal del proyecto restaurador es destruir a la revolución bolivariana puesto que ésta y su líder Hugo Chávez constituyen un baluarte decisivo de la lucha antimperialista, la solidaridad y la integración continentales, que las elites de Estados Unidos y la región sueñan con quitar del medio y provocar un efecto dominó desde Ecuador y Bolivia hasta Cuba. Las violaciones del espacio aéreo venezolano por naves de guerra estadunidenses procedentes de Curazao, reiniciadas a fines de 2009 y principios de 2010, forman parte de la escalada de provocaciones y globos de ensayo montados por Washington contra Caracas, al igual que los vaticinios de las últimas semanas sobre el inminente "fin del ciclo de Chávez", coincidentes con una intensificación del lenguaje golpista en los mayoritarios medios de difusión contrarrevolucionarios de Venezuela.

Paralelamente, continúa el ataque de la prensa reaccionaria argentina contra la presidenta Cristina Fernández tomando como pretexto las decisiones sobre el Banco Central que legítimamente ha adoptado. A la vez, una feroz campaña mediática contra el proyecto de programa de derechos humanos del gobierno de Lula ha creado una crisis política cuyo propósito es desgastarlo y por carambola debilitar a su candidata a la presidencia, Dilma Rosseuf. Como se puede apreciar es disímil el grado de radicalidad de los gobiernos que disgustan a Washington pero de lo que no hay duda es que todos ellos en conjunto han coadyuvado a crear y sostener el cuadro político actual de independencia latinoamericana, incluyendo al de Uruguay y actitudes como la de Michelle Bachelet cuando como presidenta de la Unasur facilitó la condena del golpe "cívico" impulsado por Washington contra Evo Morales.

Por todo ello, es un deber de las fuerzas populares y antimperialistas, sin por ello renunciar a su independencia crítica, la denuncia y el combate vigoroso a los intentos desestabilizadores de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos que no se les pliegan y contribuyen a la unidad e integración continental.

Por Ángel Guerra Cabrera

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En un país adicto a las conspiraciones internacionales, el misterioso asesinato de un reputado científico resulta el suceso perfecto para señalar a los sospechosos habituales. Las autoridades iraníes no perdieron un minuto en acusar el martes a EEUU e Israel como principales responsables de la muerte de Massud Alí Mohammadi. El investigador de 50 años acababa de salir de su casa para ir a trabajar cuando una bomba oculta en una motocicleta acabó con su vida.

El Gobierno de Mahmud Ahmadineyad está convencido de que existe una campaña para acabar con sus mejores científicos, sobre todo aquellos destinados al programa nuclear. Los miedos iraníes están en parte justificados. La CIA lanzó en 2005 un programa secreto denominado Fuga de cerebros para perjudicar todo lo posible el desarrollo atómico iraní.

La agencia recopiló una lista con docenas de candidatos a desertar basada en un único criterio: "¿Quién sería el que más ralentizaría el proceso en caso de ser eliminado?". El plan fue desvelado por Los Angeles Times en diciembre de 2007. En esos dos años, el programa de deserciones sólo logró captar a media docena de iraníes con cargos relevantes.

El atentado contra Mohammadi supone un enigma múltiple. Poco después de su muerte, el Gobierno se apresuró a subrayar que se trataba un experto en materia nuclear. La oposición negó su vinculación con el programa atómico y dijo que se trataba de un especialista en teoría cuántica que había mostrado su apoyo al movimiento opositor en Irán.

"El atentado no es un método propio del Gobierno iraní. Si se tratara de un opositor problemático, sería llevado ante la Justicia", dice Luciano Zaccara, director del Observatorio Electoral TEIM-UAM.

Nueva política de Washington
La teoría de la conspiración apadrinada desde Washington tampoco encaja para Zacca-ra: "Tendría poca lógica que EEUU, con su nueva política de negociar con Teherán, decida asesinar a un científico iraní y dar la excusa a Irán para abandonar la negociación sobre su programa nuclear".

A Teherán le preocupan los antecedentes. Obsesionado con el compromiso de sus miembros, el Gobierno iraní no acepta que ninguna de las bajas que ha sufrido en los últimos años se haya tratado de una deserción. Pero tras cada desaparición de un científico o un cargo militar, se han conocido nuevos datos sobre el programa nuclear.

En octubre, las autoridades iraníes denunciaron el secuestro de Shahram Amiri unos meses antes en Arabia Saudí durante un peregrinaje a La Meca. Según The Daily Telegraph, Amiri vive oculto en un país europeo y fue la persona que informó a los servicios de inteligencia occidentales de la existencia de la planta secreta de enriquecimiento de uranio en Qom. El mismo tufo a traición dejó la desaparición en 2007 de Alí Reza Asgari, ex viceministro de Defensa, durante un viaje a Estambul

Por ÓSCAR ABOU-KASSEM - MADRID -
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Jueves, 17 Diciembre 2009 07:57

Los rumores de golpe acosan a Lugo

El fantasma de un golpe de Estado todavía acosa al presidente paraguayo Fernando Lugo. Esta semana lo volvió a invocar: desde que asumió, en agosto de 2008, ya intentaron derrocarlo no una, sino varias veces, aseguró. Según el ex obispo, los golpistas de su país lo rondan, están al acecho. “Ha habido numerosos intentos de golpes de Estado en mi contra desde que asumí el gobierno”, dijo el mandatario a los miembros del cuerpo diplomático paraguayo el martes de esta semana. “Después de décadas de dominio de un mismo grupo político, no sorprende que haya sectores que aún hoy sigan teniendo la tentación de interrumpir el proceso democrático”, agregó. Pero sus advertencias no parecen ser muy oídas entre los que se suponen sus aliados. “Luchamos día a día contra el fantasma de la inestabilidad y la caída”, volvió a insistir ayer el presidente. Es que el Partido Liberal, la formación que lo llevó al poder, ya se retiró, al menos en la práctica, de la coalición oficialista. Y su líder y vicepresidente de Lugo, Federico Franco, lo dejó en claro esta semana. “Estoy listo para asumir”, aseguró el número dos paraguayo. De por sí húmedo, el clima en Asunción, bajo el ejemplo de Honduras, pareciera estar tornándose cada vez más espeso.

Para alertar sobre esta situación, Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo (PCP), y Ernesto Benítez, dirigente campesino, estuvieron esta semana en Buenos Aires y, desde un hotel del centro, en diálogo con Página/12, lanzaron su advertencia. “En Paraguay se está tramando un golpe vía institucional desde diversas instancias del Estado, pero en particular desde el Parlamento, algo similar a lo que ocurrió en Honduras. El vicepresidente Franco es una de las cabezas visibles de la avanzada golpista, y la forma que podría adquirir el golpe es la de un juicio político”, explicaron Amado y Benítez.

–¿Bajo qué argumentos?

A.: –Básicamente tres. Primero está el secuestro del ganadero Fidel Zavala que, desaparecido desde hace sesenta días, tiene a toda la vieja oligarquía civil y militar clamando que la responsabilidad es de una supuesta guerrilla llamada Ejército del Pueblo Paraguayo. Luego, desde el Parlamento están tratando de montar un supuesto caso de corrupción contra Lugo por la compra de unas tierras para repartir entre familias campesinas. Y, por último, claro, los casos de paternidad.

–¿Con qué apoyos cuenta Lugo en el Poder Legislativo?

B.: –(se miran entre sí) En el Senado, le responden dos senadores sobre 45. Y en Diputados, en una buena sesión, dos diputados apoyan al presidente.

–La reforma agraria fue una de las principales banderas de la campaña del presidente. ¿Se avanzó en algo en el reparto de tierras?

B.: –En nada. Presentar un proyecto de expropiación en el Parlamento sería una causal de juicio político inmediato.

–Da la sensación de que el gobierno de Lugo está institucionalmente paralizado. Si no puede hacer nada, ¿cuál sería la necesidad de derrocarlo?

B.: –El crecimiento de los movimientos sociales se tornó muy grande para las viejas oligarquías.

A.: –En Paraguay se dio un cambio fundamental, y es el cambio del sujeto político. Si bien no se pudo avanzar con grandes reformas, las antiguas camarillas ligadas al Partido Colorado y al Partido Liberal no pueden soportar que los movimientos sociales estén accediendo al control de ciertos resortes del Estado.

–¿Cuál es la actitud de las fuerzas armadas?

B.: –A pesar de haber descabezado a la cúpula hace algunas semanas, el presidente lo dijo claro: sigue habiendo bolsones golpistas en las tres armas.

–¿Qué rol están jugando los medios?

A.: –Son una parte esencial en el esfuerzo desestabilizador, con el diario ABC Color a la cabeza.

–¿Qué puede hacer Lugo para revertir esta situación?

A.: –Jugar más a fondo y decidirse por los movimientos sociales. Los partidos tradicionales ya le demostraron que, llegado el momento, lo abandonan.

B.: –Pero la fuerza del pueblo es tremenda.

Por Martín Suaya
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Nueva York, 16 de agosto. A principios de los años 70, los gobernantes de Estados Unidos y Brasil discutieron esfuerzos para coordinar la intervención clandestina contra regímenes de izquierda en Chile, Cuba, Perú, Uruguay y otros países para evitar el surgimiento de “nuevos Allendes y Castros” en la región, revelan documentos oficiales secretos recién desclasificados.

En una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 1971, el presidente Richard Nixon y su contraparte brasileño Emilio Garrastazú Médici conversaron sobre cómo Brasil estaba apoyando los intentos de los militares chilenos para derrocar al régimen de Allende y cómo Estados Unidos podría apoyar esos esfuerzos siempre y cuando todo quedara muy “confidencial”. En ese contexto, según un memorando oficial de la conversación, Nixon dijo al mandatario brasileño que ambos gobiernos “deben intentar prevenir nuevos Allendes y Castros e intentar hasta donde sea posible revertir esas tendencias”.

Los documentos oficiales de esta conversación y comunicados de inteligencia en torno a la lucha contra las fuerzas de izquierda en la región, incluyendo el apoyo a fuerzas anticastristas, fueron desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive, organización independiente de investigaciones sobre documentación oficial y políticas de seguridad nacional en Washington.

Los documentos, sobre todo el que registra el intercambio entre Nixon y Médici, muestran por primera vez la colaboración a los más altos niveles de Brasil y Estados Unidos contra gobiernos progresistas en la región. Peter Kornbluh, director de los proyectos sobre Chile y Brasil del National Security Archive, comentó a La Jornada que “los documentos indican firmemente un capítulo de colaboración secreta en la intervención en la región”. Así, agregó, “Brasil le debe una explicación a los chilenos” y ello requiere “un rendimiento de cuentas de cuál fue el papel de Brasil con Estados Unidos en la interrupción de la democracia chilena”.

“No sabemos qué ocurrió” con esta colaboración, y el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil debe abrir sus archivos para poder obtener una historia completa de este periodo, dijo en entrevista. “Sin la desclasificación de sus documentos no contaremos con una historia completa de esa colaboración”, señaló Kornbluh.

Los documentos desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive incluyen un memorando de la CIA indicando que Médici había propuesto una mayor cooperación con Washington para contrarrestar “la tendencia de la expansión marxista-izquierdista” en América Latina. El documento cita preocupación entre algunos militares brasileños de que ellos tendrían que encargarse de la parte operativa de estas iniciativas; el general Vicente Dale Coutinho se queja de que “Estados Unidos obviamente desea que Brasil haga ‘el trabajo sucio’ en la región sudamericana”.

Un informe de inteligencia elaborado por la CIA en 1972 indica que Brasil tomaría un papel cada vez más grande en las relaciones hemisféricas pero que era poco probable que interviniera abiertamente en los asuntos internos de los países vecinos. Sin embargo, la CIA pronosticaba que “el régimen no descartará utilizar la amenaza de la intervención o las herramientas diplomáticas y la acción encubierta para oponerse a regímenes de izquierda, o mantener a gobiernos amistosos en el poder, o ayudar a ponerlos en lugares como Bolivia y Uruguay”.

El National Security Archive divulgó en 2002 otro documento secreto, fechado en diciembre de 1971, en donde Nixon comenta al primer ministro Edward Heath, de Gran Bretaña, que Brasil apoyaba la posición de Washington y agrega que “los brasileños ayudaron a manipular la elección uruguaya”.

En la conversación entre Nixon y Médici, en la que también participó el entonces general mayor Vernon A. Walters, según el primer documento fechado 9 de diciembre de 1971 elaborado por el entonces asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, registra que Nixon le preguntó a su contraparte brasileña su evaluación de la situación en Chile, y Médici le respondió que “Allende sería derrocado por muchas de las mismas razones de que Goulart fue derrocado en Brasil”. Nixon preguntó si Médici consideraba que las fuerzas armadas de Chile eran capaces de derrocar a Allende, a lo cual el brasileño le respondió que sí, y agregó que Brasil estaba intercambiando muchos oficiales militares con Chile.

Nixon enfatizó que Washington y Brasilia tenían que trabajar muy de cerca en esto, pero que no podía aparecer la mano estadunidense en esa cooperación, aunque había disposición de aportar apoyo incluso financiero para esos fines. Por tanto, Nixon también le propuso al brasileño un canal de comunicación secreto entre ambos más allá de los diplomáticos normales, y que nombraría a Kissinger como se representante para este canal; Médici nombró a su canciller Gibson Barbosa.

Médici presentó el tema de Cuba, y preguntó si ambos presidentes deberían apoyar o no a los exiliados cubanos que afirmaban que contaban con suficientes fuerzas para derrocar al régimen de Fidel Castro. Nixon respondió cautelosamente, dijo que pensaba que sí, “siempre y cuando no se promovería que hicieran algo que no podríamos apoyar, y siempre que no apareciera nuestra mano”.

El brasileño abordó el tema sobre cómo responder a las iniciativas del gobierno de Perú de promover la readmisión de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA), y que si Brasil y Estados Unidos deberían participar en la comisión de la OEA para evaluar el asunto y detenerlo, o si rehusar participar y hacerlo así desde afuera. Médici consideró que si Washington participaba, se vería como una concesión, pero propuso que Brasil sí debería participar y descarrilar el intento.

Una amante con opiniones “muy a la izquierda”

Médici indicó que el presidente Velasco Alvarado estaba encabezando las movidas pro castristas dentro de la OEA, y el general Walters comentó que podría haber un escándalo con efectos adversos para el mandatario peruano. Contó que Velasco había sido agregado militar en la sede diplomática de su país en París cuando Walters llegó allí para ocupar ese cargo. El peruano, continuó, tenía una amante ahí con la cual tuvo un hijo y ella, una ex miss Perú, con “opiniones y asociaciones políticas de muy a la izquierda”. Walters indicó que si esto salía a la luz pública podría causarle problemas considerables a Velasco.

En otro documento, un comunicado secreto del subdirector de la CIA a Kissinger, se resume inteligencia de la reacción de oficiales militares brasileños a versiones filtradas de la conversación entre Nixon y Médici, en donde según ellos, el presidente estadunidense solicitó apoyo del brasileño para “salvaguardar la seguridad interna” y de ciertos gobiernos, como los de Bolivia y Uruguay. De hecho, los oficiales entendieron que ambos presidentes acordaron un pacto para enfrentar el comunismo en América Latina.

Los documentos originales pueden ser revisados en el sitio de Internet del National Security Archive:

David Brooks
Corresponsalwww.nsarchive.org.
 

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Un alto clérigo iraní pidió ayer que los manifestantes fueran ejecutados como “enemigos de Alá”, mientras las autoridades daban un paso más al declarar a Mahmud Ahmadinejad ganador de la disputada elección. El pedido de que los manifestantes “no merecen piedad” llega justo cuando el principal líder de la oposición Mir Hussein Mussavi tomó una actitud más conciliatoria hacia las autoridades diciendo que buscará aprobación oficial para las futuras manifestaciones –una posición significativamente más suave que 24 horas antes, cuando se comprometió a “neutralizar en conspiración maldita” contra el público–. Además su sitio web, que fue atacado por un hacker, está ahora vacío.

Los últimos pasos pueden señalar el comienzo del fin de las protestas, que barrieron a Irán desde que el presidente Ahmadinejad afirmara una victoria aplastante. El número de personas que ahora asiste a las marchas ha disminuido después de que los manifestantes fueron atacados repetidamente por la policía y la milicia islamista basij y casi mil personas resultaron arrestadas. Ayer, el Consejo de los Guardianes de Irán parecía estar cerca de aclamar al presidente Ahmadinejad como victorioso, en lo que se mantenía era “una de las elecciones más limpias que hayamos tenido”.

El vocero Abbasali Kadkhodai dijo que las acusaciones de fraude por parte de la oposición no tenían fundamento. “Después de 10 días de exámenes no vimos irregularidades mayores”, dijo. “Puede decir con certeza que no hubo fraude en la elección.” Kadkhodai anunció a continuación que el Consejo decidió crear una comisión especial que incluirá a representantes de los candidatos derrotados, para que prepare un informe sobre las elecciones, según la agencia iraní ISNA.

“Se realizará el recuento del 10 por ciento de los votos en presencia de los miembros de esta comisión y se publicará un informe para el público”, añadió. Kadkhodai llamó a los candidatos a las elecciones Mir Hussein Mussavi y Mehdi Karubi “a presentar sus candidatos en las próximas 24 horas (para participar en esta comisión) para que no haya ambigüedades ni dudas sobre las elecciones”. “El recuento de los votos se hará en presencia de los medios de comunicación”, añadió. El Consejo se había dado como plazo hasta el lunes para confirmar definitivamente los resultados.

En su último mensaje, Mussavi instaba a los manifestantes a que no rompieran la ley, mientras mantenían que la lucha para anular las elecciones debía continuar. El líder de la oposición dijo que el Ministerio del Interior le había informado que debía solicitar personalmente la autorización para las manifestaciones y debía hacerlo con una semana de anticipación. Señaló que mientras se imponían restricciones a sus protestas, los partidarios del presidente Ahmadinejad podían hacer marchas “que eran muy publicitadas en la televisión estatal, aparentemente alentando la participación, con sus regularmente publicitadas marchas”.

La actitud de los de línea dura mientras tanto parece inflexible. En un sermón en la Universidad de Teherán, un lugar que se cree que fue elegido deliberadamente por el prominente rol que juegan los estudiantes en las protestas, un miembro de la Asamblea de Expertos, Ahmad Khatami, dijo: “Quiero que la Justicia castigue a los perturbadores del orden sin piedad, para enseñarles a todos una lección”. El discurso de Khatami, que fue emitido por cadena nacional, continuó: “Basados en la ley islámica, cualquiera que confronte al Estado islámico debiera ser condenado como un mohareb (aquel que guerrea contra Dios) y castigado despiadada y salvajemente. Bajo la ley islámica el castigo para aquellos condenados como mohareb es la ejecución”.

También afirmó que Neda Agha Soltan, el icono de la oposición muerta el sábado pasado, fue asesinada por los manifestantes. Pero Associated Press informó que un miliciano basij gritó “no quise matarla” después de que ella muriera. Los manifestantes le quitaron su tarjeta de identidad y le sacaron una fotografía antes de dejarlo ir. “Los medios estadounidenses, europeos y británicos han mostrado su perversidad en esta historia”, siguió Khatami. “Espero por parte del gobierno que los controlen”, agregó.

Estados Unidos, que ha tomado una línea más dura hacia el régimen en los últimos días, acusó al presidente Ahmadinejad de tratar de desviar la atención del descontento popular en el país culpando a los extranjeros. El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo: “El presidente Ahmadinejad está entre la gente de Irán que quiere que éste no sea un debate entre los iraníes en Irán, sino entre Occidente y Estados Unidos”.

Rusia, que junto con China mantuvo que se debería aceptar el resultado de la elección, dijo que estaba preocupado por la escala de la violencia de las autoridades. El canciller Sergei Lavrov dijo: “Contamos con que todos los problemas que han surgido en el contexto de las elecciones sean resueltos de acuerdo con procedimientos democráticos”.

 Por Kim Sengupta *
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
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La situación en Honduras se complicó este jueves por minutos. El presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, quiere reformar la Constitución para seguir en el poder y, como primer paso, convocó para el próximo domingo una especie de referéndum para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Pero ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ejército están de acuerdo con la iniciativa presidencial, a la que tachan de ilegal. Así que el presidente Zelaya optó el miércoles por cortar por lo sano: destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.
 
El caso es que Tegucigalpa amaneció este jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.
 
Aunque el presidente, que anunció por radio y televisión la destitución del jefe del Ejército, dijo que en breve nombraría a un sustituto para así zanjar la crisis, la situación no parece tan sencilla. En primer lugar, el destituido general goza del respaldo de sus subordinados y del Parlamento. Y, en segunda instancia, sea quien sea el sustituto tendrá que hacer frente a una difícil encrucijada: ¿a quién hacer caso, al presidente del país o al Tribunal Supremo Electoral?
 
El presidente quiere que el Ejército se encargue de instalar la maquinaria para que los hondureños puedan votar, mientras que el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ha ordenado a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. La situación es tan complicada que el presidente de Honduras ha pedido la reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se sitúe a su lado.
 
En su comparecencia pública del miércoles, el presidente Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido". Pero lo que parece más probable es que el general Romeo Vásquez fuese removido de su cargo al negarse a colaborar con la consulta. Los acontecimientos se precipitaron después de que, el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobase una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales están previstas para el próximo mes de noviembre, queda claro que la oposición parlamentaria al presidente Zelaya logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.
 
La guinda del gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es la noticia de que la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez casi al mismo tiempo que portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general, Edgardo Mejía, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin saber todavía a cuál de los dos generales tendrán que obedecer, centenares de soldados armados con pistolas, bastones de madera y gases lacrimógenos vigilaron los puentes de Tegucigalpa desde el amanecer.
 

Pueblo escolta a Zelaya. Militares alzados contra poder popular

TeleSUR, Jueves, Junio 25, 2009 - 16:51
 
Movimientos y organizaciones sociales de Honduras acompañan este jueves al presidente de esa nación, Manuel Zelaya, en el rescate de las urnas que se encuentran en la sede de la Fuerza Aérea y que fueran retiradas contraviniendo la orden del primer mandatario.
 
El presidente Zelaya, denunció que se ha desencadenado un "proceso de golpe de Estado" en su contra, hizo un llamado al pueblo para que no se preste al juego de las oligarquías y  para que defiendan a su lado el estado de derecho.
 
En declaraciones exclusivas a teleSUR señaló que ha "recurrido al pueblo para que me defienda, para que defiendan los derechos constitucionales del país, el estado de derecho".  Ratificó que la consulta del venidero domingo va.
 
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso en horas del mediodía de este jueves en el Ministerio Público una denuncia para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente a la celebración de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo planear realizar el próximo domingo.
 
Tras la denuncia, el fiscal general Jorge Alberto Rubí ordenó la integración de un equipo de fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material.
 
En el lugar de los hechos y en exclusiva para teleSUR el dirigente social, Luther Castillo relató que  "No se ha podido deterner la entrada del pueblo a las instalacio
 
Durante una entrevista que concedió el dirigente campesino, Rafael Alegría, a teleSUR informó que  "miles de compatriotas hondureños se trasladan para  rescatar las urnas, que estaba previsto que las Fuerzas Armadas llevaran a las comunidades y ante su negativa el pueblo está dispuesto a buscarlas y disponerlas para que se lleve a cabo la consulta popular el próximo domingo".
 
Por su parte, el Dirigente del Bloque Popular de Honduras, Juan Baraona, ratificó que los movimientos sociales respaldan la iniciativa de consulta popular propuesta por el primer mandatario de esta nación, Manuel Zelaya.
 
A través de un contacto telefónico que ofreció a teleSUR luego de que concluyera una concentración  frente al Palacio de Gobierno en Tegucigalpa para apoyar a Zelaya, el dirigente calificó como un abuso de poder la decisión de la Corte Suprema  que ordenó la restitución en su cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada,Romeo Vásquez, quien había sido destituido de sus funciones por primer mandatario.
 
"El poder judicial ha reintregrado al comandante de las Fuerzas Armadas lo que es un intromisión y abuso de poder", dijo.
 
Declaró, además, que la acción "es una manipulación de la justicia gestada a través de las élites de poder, por ello hemos salido a al calle con el presidente Zelaya y los ministros".
 
La propuesta de la cuarta urna, parecida a la consulta popular, que presentó el mandatario hondureño,  ha generado una serie de conflictos por parte de sectores de oposición que rechazan la iniciativa.
 
Con la realización de este proceso se pretende consultar al pueblo de esta nación si está de acuerdo en que se instale una asamblea constituyente para hacer reformas a la actual constitución de la República.
 
En ese sentido, numerosos  movimientos sociales hondureños han programado constituir un frente amplio y realizar acciones para apoyar al mandatario.
 
La resolución de la Corte Suprema de Honduras fue anunciada al país por la magistrada hondureña, Rosalinda Cruz quien expresó "que ha habido unanimidad en la sala consitucional y (la decisión) ha sido respaldada por el pleno entero de magistrados del tribunal".
 
Frente a esta decisión, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, envió  desde la casa de Gobierno un mensaje de alerta a los presidentes del mundo frente a lo que ha catalogado como "una revelación en contra del poder pueblo, del poder civil" y ratificó que "nadie detiene" la consulta del domingo.
 
El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.



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