Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de Gobierno con Leopoldo López al frente

El líder de la oposición comienza a formar Gabinete, lo que supone una agudización del conflicto institucional que se vive en la Venezuela de dos presidentes

El forcejeo institucional que vive Venezuela inicia un nuevo round. Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado por más de 50 países, ha designado nuevos funcionarios que dan forma una especie de Gabinete. “Esto viene orientado en dos elementos centrales, atender la emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela y las consecuencias de esto como es el flujo migratorio y aumentar la presión para lograr el cese de la usurpación y por supuesto para prepararnos para la transición y una elección libre. Con esto buscamos ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades que ya hemos conquistado y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar”, ha dicho este miércoles en una rueda de prensa.

Los nombramientos corresponden a la denominación de comisionados presidenciales, pero ejercerán roles similares a los de ministros de distintas carteras. Al frente del equipo está Leopoldo López como Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno. De acuerdo a lo dicho por Guaidó, su función “será articular la gestión administrativa y de Gobierno de los comisionados presidenciales en las áreas de relaciones exteriores, economía, gestión de activos, ayuda humanitaria, derechos humanos y Plan País”. López, quien ha sido el preso político más notorio de Nicolás Maduro, está en resguardo en la Embajada de España en Caracas luego de que el 30 de abril fue sacado de su arresto domiciliario durante una operación militar fallida para defenestrar al régimen chavista. Se desconoce si esta designación cambia su estatus como huésped en la legación.

Como Comisionado para Relaciones Exteriores fue nombrado Julio Borges, diputado en el exilio, que ejercerá funciones similares a la de un canciller. “Julio Borges tiene la misión de aumentar la presión diplomática y financiera a la dictadura, hacer crecer una coalición sin precedentes a favor de la causa de Venezuela, coordinar embajadores y servicio diplomático y atender el flujo migratorio”. También se nombraron funcionarios en las áreas de Desarrollo Económico (Alejandro Plaz), Gestión de Activos (Javier Troconis) y Defensa de los Derechos Humanos (Humberto Prado). Fueron ratificados anteriores designaciones en el área de Ayuda Humanitaria y Estrategia, esta última a cargo de Sergio Vergara, uno de sus colaboradores más cercanos, y el polémico asesor político JJ Rendón. Ha dicho que todos los cargos tienen adjunto y que próximamente avanzará con la designación de agregados militares en las embajadas en países vecinos.

Guaidó ya había hecho designaciones de embajadores, ratificados por Estados Unidos y otros países como los del Grupo de Lima que lo respaldan, procurador especial y juntas directivas de empresas claves como Pdvsa y Citgo. Todos ellos se corresponden con opositores que están fuera de Venezuela y ejercer una especie de gobierno remoto, como manera de evitar la persecución del régimen de Maduro que ya ha encarcelado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a la mano derecha de Guaidó, Roberto Marrero. Estas serían los primeros nombramientos de funcionarios que, en teoría, ejercerían funciones desde el país.

Los nombramientos suponen un paso adelante en la lucha que inició hace siete meses por sacar a Maduro del poder, luego de este se juramentara para un nuevo período en base a unos comicios fraudulentos. Junto con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno chavista se convierten en los golpes más fuertes que ha dado la oposición y son un paso adelante en un proceso que lucía estancado luego de la suspensión de las negociaciones impulsadas por Noruega en Barbados y de la falta de resultados de otras mediciones internacionales como la que integra la Unión Europea.

Un sector más radical de los detractores de Maduro ha reclamado la falta de arrojo de Guaidó en la lucha y le exigía conformar Gobierno y mover más fichas en el tablero de ajedrez que se juega en Venezuela desde enero. El impulso que recuperó con las manifestaciones de calle se ha ido debilitando luego de meses de resultados poco evidentes, en los que Maduro parece aferrarse más a Miraflores, el choque institucional aumenta y la situación económica y social se hace cada día más insostenible. Para este fin de semana ha convocado a nuevas actividades de calle.

Este miércoles el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela para “apoyar el retorno de la democracia en Venezuela y a los venezolanos vulnerables que están en toda la región”. Según Guaidó, los nombramientos están engranados con esta medida de su principal aliado.

Aliado con Corea del Norte

Nicolás Maduro también ha movido sus apoyos en el escenario internacional. Recientemente abrió embajada en Pyongyang como una manera de estrechar sus vínculos con los pocos aliados que tiene: Rusía, Cuba, China, Turquía y la República Popular y Democrática de Corea del Norte con su incendiaria política belicista. En 2015, el Gobierno de Kim Jong Un había abierto embajada en Caracas y nombrado representante. Venezuela se convertía en el quinto país de la región donde tenía representación el hermético y hostil país asiático.

Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Popular y líder ceremonial de Corea del Norte, viajó en noviembre a Venezuela, en la primera visita de un dirigente norcoreano de ese nivel. En la oportunidad el emisario de Kim Jong Un se reunió con Maduro para “fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos Estados”. Semanas atrás, el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, sancionado por Washington, estuvo en un festival de las juventudes comunistas en apoyo al dictador norcoreano

Por Florantonia Singer

Caracas 29 AGO 2019 - 02:07 COT

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 John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, este martes en Lima (Perú). En vídeo, declaraciones de Bolton. Paolo Aguilar (efe) | atlas

El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advierte a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo

Donald Trump ha asestado el golpe más duro al régimen de Venezuela desde que llegó a la Casa Blanca. El mandatario ordenó el lunes por la noche bloquear todos los activos del Gobierno de Nicolás Maduro en EE UU, prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas e impedir la entrada de la cúpula del régimen a su territorio. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advirtió este martes a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo. Es la primera vez en 30 años que Washington aplicaba este tipo de sanciones a un país occidental.

La última ofensiva estadounidense contra el régimen de Maduro sitúa a Venezuela en el mismo nivel que Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, los otros países a los que Washington ha congelado sus activos. “Ahora Venezuela es parte del muy exclusivo club de Estados canallas”, afirmó el martes Bolton. “Estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema cautela. No hay necesidad de arriesgar sus intereses económicos en EE UU por apoyar a un régimen corrupto y moribundo”, advirtió en Lima (Perú), donde se celebró la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de 59 países y tres organismos internacionales, entre ellos, la Unión Europea.

El asesor de la Casa Blanca envió así un mensaje directo a los líderes de Rusia y China —quienes no participaron del encuentro—, calificando su apoyo a Maduro de “intolerable”. Además, amenazó a las dos potencias con que el próximo Gobierno elegido democráticamente en Venezuela podría verlos como enemigos por haber apoyado al “régimen criminal” y que no se fiaran de que después de la caída de Maduro, quien se encuentra “entre las cuerdas”, vayan a recibir el pago de la deuda.
Las sanciones aprobadas el lunes van más allá de las impuestas hasta ahora por Washington, como la congelación de los activos de la estatal Petróleos de Venezuela y las sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas. En los últimos siete meses también se ha penalizado al Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central.

“El momento para el diálogo ha terminado. Ahora es el momento de la acción”, aseveró Bolton en Lima, donde despejó las dudas sobre si las sanciones podrían afectar también a quienes hicieran negocios con el régimen. “Deseo dejar claro que esta amplia orden ejecutiva autoriza al Gobierno de EE UU a identificar e imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro”, aclaró en una advertencia muy directa: o haces negocios con EE UU o con Venezuela.

Trump ya había adelantado la semana pasada que contemplaba imponer nuevas sanciones al régimen. El objetivo es desbloquear una crisis política que lleva estancada desde hace meses, con un Nicolás Maduro cuya legitimidad cuestiona una oposición que ha nombrado a su propio presidente interino, Juan Guaidó, y que pide unas nuevas elecciones. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, incluidos EE UU y España. Desde hace semanas, representantes de ambos líderes venezolanos buscan bajo la tutela de Noruega una solución a la crisis sin resultados hasta ahora.

“Todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera”, reza el texto de la medida adoptada. La orden ejecutiva congela los activos, pero permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa “destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano”.

Es difícil cuantificar los activos del Gobierno venezolano en EE UU, pero las nuevas sanciones tendrán consecuencias. Aunque las transacciones comerciales entre privados no se verán afectadas por la orden ejecutiva, Diego Moya-Ocampos, analista de la consultora IHS Markit, considera que las empresas occidentales serán las que abandonarán los planes de negocio en Caracas. “Las compañías van a sopesar los riesgos regulatorios de hacer negocios en Venezuela y el impacto en su reputación”, sostiene el experto, y agrega: “Es casi imposible operar sin tener que realizar algún tipo de transacción en dólares estadounidenses si se trata de una multinacional”.

Está por ver qué empresas se verán afectadas por las medidas, porque se contemplan excepciones que podrían permitir a grandes empresas como la petrolera Chevron seguir operando en Venezuela. Uno de los sectores que podrían verse afectados es el de la minería. Para compensar la caída de los ingresos por el petróleo, el régimen chavista ha estado exportando oro y otras materias primeras para lograr efectivo.

Mensaje a Rusia y China

Aunque las amenazas de Bolton están dirigidas a los países que aún apoyan al régimen venezolano, como Rusia y China, Moya-Ocampos cree que estos no alterarán su comportamiento. En el caso de Cuba, realmente “no tienen elección” sobre su respaldo al régimen. Rusia, según el analista, está buscando desafiar el papel de Estados Unidos en el tablero global, utilizando a Venezuela para lograrlo. Por eso prevé que tendrá un rol dual, con algunas compañías que van a seguir operando, y otras no, como varios bancos, exportadores de granos o fabricantes de armas que ya han suspendido sus actividades comerciales en Caracas.

Konstantin Kosachev, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado ruso, criticó el martes la orden ejecutiva de Trump, a la que calificó de “bandolerismo internacional”, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti. Kosachev agregó que la medida de Washington representa una “intromisión abierta en los asuntos domésticos de Venezuela”.

Para Moya-Ocampos, China “es un apoyo más teórico que práctico-financiero”. El gigante asiático cesó abruptamente la concesión de préstamos a Venezuela en 2016, después de haberse convertido en el principal acreedor del régimen de Maduro. La decisión de Pekín coincidió con el deterioro acelerado de la económica y la política del país latinoamericano. En la última década, China le ha prestado a Venezuela cerca de 62.000 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros). La mayor parte del montante está formada por créditos pagaderos en petróleo. 

Por Antonia Laborde

Washington 6 AGO 2019 - 14:48 COT

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Trump congela todos los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos

El presidente firma una orden ejecutiva para extender al completo las sanciones al régimen de Maduro

Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar al Gobierno venezolano van un paso más allá. El presidente Donald Trump ha firmado este lunes por la noche una orden ejecutiva que congela todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en el país norteamericano. "Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera", reza la radical medida. Con esta acción, Venezuela entra al listado de países supeditados a estas restricciones por Washington: Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.

La orden ejecutiva de la Casa Blanca justifica la acción contra Caracas por “la continua usurpación del poder por parte de Maduro” y los miembros de su régimen, así como “los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal” y detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión e intentos continuos “de socavar al presidente interino Juan Guaidó” y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional venezolana. EE UU fue el primero de la cincuentena de países que reconocieron al jefe del Parlamento como presidente interino de Venezuela en enero y abogaron por una transición democrática y que se convoquen nuevas y transparentes elecciones presidenciales.

Esta es la primera vez en 30 años que EE UU congela los activos a un país occidental. Este año Washington ha impuesto sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas, incluida la compañía petrolera estatal Pdvsa, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el banco central de Venezuela. Trump ya había adelantado la semana pasada que estaban contemplando imponer esta estricta sanción al régimen, en vista de los apoyos que estaba recibiendo Maduro por parte de China e Irán.

La escalada en la presión es la antesala a las sanciones que anunciará este martes Washington contra Caracas en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, organizada por el Grupo de Lima en Perú para abordar la grave crisis en el país caribeño. El asesor de seguridad nacional de EE UU, John Bolton, adelantó este lunes que detallará “amplias” medidas que tendrán "muchas consecuencias potenciales". El encuentro contará con la participación de 59 países y tres organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Unión Europea. Bolton también advirtió a China y Rusia que el apoyo continuo al régimen venezolano "podría afectar el pago de su deuda después de la caída de Maduro".

Las sanciones más duras

Desde 2017 Trump viene apretando el alicate de las sanciones contra Caracas, pero este año ha aplicado las más duras, que vislumbran un panorama oscuro en una economía ya de por sí en situación de colapso. Las restricciones a la venta de petróleo impuestas en marzo —que comenzaron a hacerse efectivas en mayo— significaron una disminución sustanciosa del flujo de efectivo del régimen de Maduro y desataron una crisis por la escasez de combustible en el país, que se ha sorteado parcialmente con el uso del oro de la nación y con la impresión de dinero inorgánico que ha echado más leña al fuego de la inflación, de por sí la más elevada del planeta.

Hace unas semanas el congelamiento de las empresas y los señalamientos a involucrados en el Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) -el programa asistencial con el que ha paliado desde hace tres años la escasez con alimentos importados vendidos a precios subsidiados, tras un complejo esquema de corrupción- suponía un golpe duro al instrumento que ha usado el chavismo para el control político y del que, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país, dependen al menos 16,3 millones de venezolanos, un número que ha ido en aumento, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del venezolano de 2018. Este mismo estudio reveló que a 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir los alimentos y que 51% de los hogares están en pobreza.

Un posible embargo económico total encontraría al país en su peor momento con una hiperinflación que cumplirá dos años en noviembre, siendo de las más prolongadas registradas. Además, el sector productivo está totalmente postrado, especialmente el sector agrícola, y la reconversión de la moneda realizada apenas de un año ya ha sido devorada por el dólar que es la moneda de facto. En Caracas, desde una carrera de taxi hasta un perro caliente callejero, una consulta médica, ropa y zapatos en centros comerciales, se pagan en dólares.

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos para el país descartando la cifra del 10.000.000% de inflación al cierre de este año, ubicándola ahora en 1.000.000%. Sin embargo, el organismo estimaba que la economía se contraerá al cierre de 2019 en 35%, especialmente por la caída de la producción petrolera, que ya está por debajo del millón de barriles diarios.

Por Antonia Laborde

Florantonia Singer

Washington / Caracas 6 AGO 2019 - 01:37 COT

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¿Qué hay detrás de los apagones en Venezuela?

Un nuevo corte de luz de escala nacional dejó este lunes a 15 estados del país caribeño sin energía eléctrica, incluida Caracas. La situación, que provoca grandes pérdidas económicas en un país ya castigado por la crisis, se asemejó a lo acontecido a partir del pasado 7 marzo y hasta el 9 de abril, con cortes masivos que se prolongaron hasta una semana en algunas regiones. Tanto entonces como ahora el gobierno venezolano adujo ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. El artículo que reproducimos a continuación fue publicado originalmente en abril de este año.

 

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el Pbi, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y 2018 se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del Pbi en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 por ciento, según pronósticos moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25 por ciento, lo que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5 por ciento de caída de la producción para el período 2013-2019.

De forma extremadamente sintética, puede decirse que:

 

—  por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada, según la Asamblea Nacional (AN), en 1.698.488,2 por ciento para 2018. De este modo, el país detenta el decimosexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019);

—  aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación de 2018 fue de alrededor de 90 mil por ciento, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio;

—  el valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo;

—  el salario real para el período 2013-2018 descendió 95 por ciento.

 

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios públicos “gratuitos”. La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su contracción.

¿POR QUÉ VENEZUELA SUFRE BLACKOUTS?

En el país, apenas 1 por ciento de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y sólo 11 por ciento se explica por la energía hidroeléctrica; 54 por ciento proviene del petróleo y 34 por ciento, del gas natural (2015), pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado. Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20 por ciento y la utilización de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación, que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir, como ejemplo, que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200 mil tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo a un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en gasolina, diésel, energía eléctrica y gas.

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares anuales, lo que representó 98,4 por ciento del costo real del combustible; ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aun más barata en términos reales. Por el obsequio del diésel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar de que la gran compañía estatal Cadafe pierde 40 por ciento de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de diez veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca de 20 por ciento del Pbi promedio de esa tríada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 por ciento del Pbi, muy por debajo del subsidio general otorgado.

ALGUNAS RAZONES ESTRUCTURALES.

Para la mayoría de las grandes ciudades (excepto las ubicadas en el estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial servicio. Esa “administración de carga”, como ahora llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto voce. Entre los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional.

Aunque la vigente ley eléctrica, que data del 14 de diciembre de 2010, dice que el acceso a la electricidad es un derecho humano, este se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En setiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el pediátrico Menca de Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró cuatro horas: la planta eléctrica del pediátrico no funcionó y por lo tanto fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de seis recién nacidos muertos.

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según Víctor Poleo (ex viceministro de Energía y Minas), hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones que sólo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de Electricidad de Caracas (Edc), por una venta írrita realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense Aes. La Edc estuvo en manos de Aes hasta 2007, cuando fue recomprada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que Aes vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia.

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de Aes, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno como ese. Infaustamente, las “nacionalizaciones” del gobierno bolivariano fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una elite y que de ningún modo fueron parte de una “revolución socialista” o de algo remotamente similar.

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, tienen, desde 2012, sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de diez salarios mínimos ahora sólo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (al tipo de cambio oficial).

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar. Se estima que de 50 mil empleados ahora quedan 30 mil, y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la jubilación. En el Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas, uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de “apátrida” y “traidor” o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios, sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por la difusión de “información falsa (…) destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía”.

RAYOS ELECTROMAGNÉTICOS O SIMPLE INCENDIO.

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 quilómetros de la represa en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores, y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 16.30, desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacó de servicio las turbinas del Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad y, como no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico Nacional (Sen) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los sistemas de control del Sen no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable a través de Internet. En la misma cadena, Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético, que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump y Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes del Sen requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión. De haber sido así, serían visibles los rastros de algún estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela.

*    Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) en Venezuela.

(Tomado de Nueva Sociedad, con autorización del medio. Brecha reproduce fragmentos.)

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Por qué dudamos que ocurra una intervención armada en Venezuela

En contra de la opinión de algunos editorialistas y declaraciones “asusta incautos…” formuladas y repetidas hasta el cansancio por algunos altos funcionarios de la administración estadunidense, como el afirmar que "todas las opciones siguen sobre la mesa" que para algunos incluye una posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela como las que ocurrieron en el pasado en República Dominicana, Granada y Panamá, estimamos que no habrá intervención armada extranjera en ese país hermano, sea invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que afortunadamente México y otros países latinoamericanos denunciaron en diferentes épocas o invocando algún otro criterio.

 

Estamos convencidos que el país latinoamericano o caribeño, cualquiera que este sea, que avale o participe en una intervención militar en Venezuela a pesar de la situación que vive ese pueblo, sufrirá reacciones en contra, de gran parte de su población por el precedente que establece esa invasión; aspecto que Washington seguramente tiene muy presente, ya que problemas con los miles de refugiados centroamericanos que piden asilo sin respuesta expedita y protestas en capitales de nuestro subcontinente contra su intervencionismo en una época prelectoral, podría configurar una reacción masiva de América Latina hacia Washington, lo cual tendría sin duda un fuerte impacto en el ambiente político de ese gran país; nuestra misión debe ser en consecuencia, buscar una rápida conciliación no violenta que quizás requiera la elección por los venezolanos de nuevos líderes de los órganos regentes de su vida política.

 

Lo que en este momento parece ocurrir en Venezuela causando víctimas, desabastos y dificultades para sobrevivir la vida diaria, es parte de una nueva estrategia que se está utilizando con cada vez mayor frecuencia a escala mundial y que en los sectores militares se conoce como anti-access/area denial o A2/AD ó "geopolítica de guerrillas" como le llama Galeotti del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga o "contra-intervención" como lo llaman los estrategas militares chinos.

 

La finalidad de esa estrategia consiste en lograr un fin político ilegal por lo general, sin provocar un conflicto armado o llegar a una intervención agresiva directa, pero sí hostigando al país víctima, con medidas que lo afecten en su economía o su situación política a corto o largo plazo, tema que ya han incluido en sus planes bélicos-estratégicos, las grandes potencias como Rusia, China y el propio Estados Unidos además de algunos otros países con conflictos en su "vecindario", en lo que llaman la "zona gris" es decir, acciones entre la guerra y la paz.

 

Las llamadas operaciones de la "zona gris" tienen por objeto hostigar a otros países, sin caer en un directo conflicto armado e incluyen acciones económicas, diplomáticas, de inteligencia e inclusive ilegales en el país en cuestión, para lograr un objetivo político y estimase que dentro de esa actividad caen las intervenciones de Rusia en las pasadas campañas electorales de Estados Unidos y Francia, claramente probadas (lo que no pudo probar el fiscal especial en Estados Unidos, Robert Mueller, fue el vínculo Rusia-Trump en las campañas electorales) además de acciones similares en Cataluña y que ahora parece se utilizan en Venezuela.

 

Por otra parte, las diversas opciones que abre hoy la quiebra del mundo de la posguerra en el plano internacional tiene de hecho, implicaciones muy diversas para nosotros. Esto es cierto aun en el caso de desarrollos a los que damos la bienvenida. Es cierto por ejemplo que en la nueva agenda global los derechos de los individuos ocupan un lugar crecientemente importante al lado de los derechos de los Estados. Esto sin embargo, no debe transformarse en una excusa para injerencias indebidas de Estados que no asumen compromisos en esa importante materia, en los asuntos de otros. No es posible que el advenimiento del mundo anárquico y multipolar que vivimos se reduzca al surgimiento sin oposición, de una capacidad de imposición respecto a los valores compartidos por todos nosotros o, aún peor, de otros objetivos confundidos con estos valores.

 

Por Sergio González Gálvez, embajador Emérito de México

Escribe a título personal

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Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias.

Sergio Moro mantiene una estrecha relación con el país del Norte

 Del ministro de Justicia de Brasil, hoy en el centro de un escándalo, se dice que fue entrenado por el FBI. Moro queda expuesto por su propio pasado.

 

Hay una segunda Escuela de las Américas en Estados Unidos pero no forma ni necesita militares para cumplir sus propósitos. Es el Departamento de Justicia, dicta la doctrina a seguir para muchos funcionarios judiciales del continente y Sergio Moro es uno de sus mejores alumnos. La estrecha relación entre el ministro vedette de Jair Bolsonaro y EE.UU. explica en buena medida por qué el Lava Jato dejó en evidencia que su objetivo político era la proscripción de Lula. Las revelaciones del sitio The Intercept sobre cómo el ex juez de Curitiba direccionó su investigación para detener al ex presidente y sacarlo de competencia en las últimas elecciones lo dejaron desnudo. Pero además confirmaron lo que se sospechaba. Que Moro es un peón en el juego de la geopolítica norteamericana y de sus negocios, donde Washington jamás se queda de brazos cruzados. El ministro de Justicia brasileño también quedó expuesto por su propio pasado, además de por los chats cifrados de Telegram que filtró el periodista estadounidense Glenn Greenwald. 

Documentos de Wikileaks –como uno del 30 de octubre de 2009– prueban la influencia de   Estados Unidos sobre el Ministerio Público brasileño. Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias. Ya en julio de 1998 participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces no paró. En una de sus últimas incursiones en julio de 2016, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales. Algo que en Brasil cumplió con creces el grupo Globo, clave en la construcción de sentido que se hizo sobre el Lava Jato direccionada casi en exclusividad contra el PT.

Los antecedentes académicos del ministro de Justicia no dirían demasiado si no se relacionaran con otros de conocimiento público. La prestigiosa filósofa brasileña de la Universidad de San Pablo, Marilena de Souza Chauí, declaró hace tres años que Moro había sido “entrenado por el FBI” para atender los intereses de EE.UU. en el Lava Jato. El ex juez nunca la desmintió. Tampoco a los periodistas Daniel Giovanaz y Lourdes Nassif quienes en junio de 2017 escribieron un artículo titulado: “¿Agente de la CIA? ¿Entrenado por el FBI? Un rayo X en la relación de Moro-EE.UU.”

El 18 de marzo pasado Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad visitaron la sede de la CIA en Langley, Virginia, en un acto no oficial. Por la Agencia Central de Inteligencia pasó William P. Barr entre 1973 y 1977, el actual secretario de Justicia estadounidense. Un duro contra la inmigración que asumió el cargo en febrero de este año y que ya en 1992 planteaba levantar una barrera en la frontera con México. Moro se reunió con él durante el viaje a EE.UU., aunque era previsible por su condición de ministros de la misma área. 

El prestigioso historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, experto en Estados Unidos, también alertaba sobre la estrecha relación del ministro con ese país en una entrevista de PáginaI12 del 20 de junio de 2016: “Moro realizó cursos en el Departamento de Estado en 2007. En 2008 pasó un mes en un programa especial de entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard, acompañado por su colega Gisele Lemk. Y en octubre de 2009 participó de la conferencia regional sobre ‘Illicit Financial Crimes’ promovida en Rio de Janeiro por la Embajada de los Estados Unidos”. 

El ministro también se desempeña en la Red Internacional Laureate, una de las instituciones educativas y privadas más influyentes en Estados Unidos que compró varias universidades en Brasil. Moro es profesor de la que está ubicada en Curitiba. Desde ahí solía defender hasta hoy las prisiones preventivas como las que aplicó en el marco del Lava Jato. 

El ex juez se queja ahora de que The Intercept violó su privacidad o de que le pincharon el teléfono, pero en plena campaña electoral en Brasil filtró el contenido de la delación premiada al ex ministro de Justicia de Lula, Antonio Palocci, para favorecer las chances electorales de Bolsonaro. Pasó una semana antes de los comicios. Los fiscales que se complotaron con Moro para condenar al ex presidente con pruebas escuálidas también marcharon contra el PT en algunas movilizaciones. La Justicia contaminaba así el Lava Jato

Pero hay más sobre el ministro que llegó a ser elegido por la revista Time como uno de los cien personajes más influyentes del mundo en 2016. Según el portal Jornalistas Libres de Brasil, el juez creyó que podía tomar ciertas medidas desde su juzgado sin respetar cuestiones básicas del derecho: “Moro determinó en 2007 la creación de documentos de identidad falsos y la apertura de una cuenta bancaria secreta para uso de un agente policial estadounidense en Brasil, en una investigación conjunta con la Policía Federal. Especialistas en Derecho Penal apuntaron ilegalidad en la acción determinada por el juez paranaense. Recuerde el caso”, señaló en un artículo el sitio Brasil de Fato el 5 de junio de 2017.

La influencia de los fallos firmados por Moro en Brasil ha sido tal que de alguna manera quedó blanqueada en un fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) sobre el escándalo de los sobornos: “La operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional”. La justicia extraterritorial busca favorecer los intereses económicos de las compañías de Estados Unidos y sacar del medio a sus competidoras de otros países.

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Martes, 11 Junio 2019 06:26

Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad

La conmoción causada por la revelación sobre cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la inmediata libertad del ex presidente.

 

Después de un tornado llamado “Morogate”. Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima, de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.

 Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, Glenn Greenwald.

“Todavía no hemos terminado de estudiar las medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.

La abogada recordó que “este caso típico de Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue patrocinante de Julian Assange.

Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y luego puso en duda aquel diálogo.

Además acusó de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.  

Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un mes le  agradeció su contribución para que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.

En una de las conversaciones transcriptas por The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver aparte).

A partir del destape del “Morogate” tal vez se haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.

Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista, encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara de apelaciones.

 “Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia. 

Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes, él también miembro de la más alta Corte.

En el Congreso, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado político, Fernando Haddad.

En ese mismo trecho de la nota los miembros del Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.

The Intercept anticipó que cuenta con harta documentación a ser publcada en próximas ediciones, que de ser tan letales como las del domingo, pueden afectar más a Moro y eventualmente salpicar a otros personajes. Los rumores sobre lo que vendrá son de todo tamaño, y no se descarta que surjan conversaciones o menciones más detalladas sobre como se gestó la aproximación Moro-Bolsonaro.

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Lunes, 10 Junio 2019 06:41

​​​​​​​Brasilgate

El presidente Jair Bolsonaro y su ministro y ex juez Sergio Moro.

Un prestigioso investigador norteamericano ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

 

La rama brasileña de la revista web The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Las conversaciones fueron mantenidas por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal. 

El artículo fue escrito por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano que trabajó para el diario inglés The Guardian y posibilitó que un equipo de ese diario y del The Washington Post ganaran un premio Pulitzer en 2014 por una investigación sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Fue uno de los temas que reveló el ex miembro de la NSA Edward Snowden. Greenwald vive en los Estados Unidos y en Brasil, donde reside su pareja. 

The Intercept dijo que sus textos se basan en chats privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que definió como “una fuente anónima”. También el caso más famoso de revelaciones que llevaron a la caída de un presidente, Richard Nixon en los Estados Unidos, tuvo una única fuente, y también anónima, que la historia conoció como “Garganta profunda”. Su identidad se supo recién a su muerte: era Mark Felt, fallecido en 2008 después de una larga carrera en el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Sus informaciones fueron claves para que los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, pudieran develar la trama que se escondía detrás del espionaje a Watergate, el edificio que albergaba la sede del Partido Demócrata, de oposición a Nixon. 

The Intercept Brasil publicó tres artículos con el material en portugués y elaboró una traducción al inglés para la difusión global del escándalo que sacude a Brasil y al mundo entero: anoche los tuits sobre este verdadero Moro Gate estaban entre las primeras cuatro tendencias mundiales de Twitter. 

La web decidió publicar el material porque entendió que la significación de las revelaciones “podría tener consecuencias enormes sobre los indicios y supuestas pruebas de la Operación Lava Jato”. Recuerda The Intercept que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma sino también el argumento para que Bolsonaro le fabricara a Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña. 

Si hasta ahora Moro y Dallagnol pudieron mantener el secreto sobre cómo armaron el complot judicial, ese secreto comienza a agrietarse con los datos revelados por The Intercept.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió anoche a las 21.30 Dilma Rousseff.  

 

Anti PT

 

Dallagnol es el funcionario judicial al que Lula acusó de haber armado un Power Point sin pruebas para incriminarlo. Sobre Moro, Lula suele recordar que el juez dijo haber actuado sobre la base de su convicción íntima. 

Los materiales contienen pistas de que los fiscales de la fuerza de tareas hablaban abiertamente de su objetivo de frenar un triunfo del PT en las elecciones de octubre de 2018. 

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que, como es de práctica en otros países, “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”. Sin embargo, la web difundió que en la noche de ayer una comunicación pública de la fuerza de tareas no desmintió el contenido. Solo dijo que había actuado con respeto de la legalidad. 

Antes de acusar a Lula por la supuesta posesión de un triplex en el balneario de Guarujá, que según la fuerza de tareas fue producto de un soborno empresario, Dallagnol se franqueó de esta manera: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles… Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”. 

Se refería a un artículo publicado por el diario O Globo en 2010, que atribuía el triplex en un balneario popular a Lula. 

Cuando Dallagnol fue criticado, Moro lo confortó: “Definitivamente las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme”. 

Después de la decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Alexandrino Alencar, que ocupaba la dirección de relaciones institucionales de Odebrecht, Dallagnol le preguntó a Moro que resolviera el tema en el mismo día y pusiera al directivo de la constructora otra vez en prisión. En sus mensajes con los fiscales, Dallagnol llamaba “russo” a Moro. 

En otro momento, el 21 de febrero de 2016, Moro sugirió invertir el orden de las operaciones planificadas por los fiscales. 

Dallagnol y su fuerza de tareas de 13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas de la solidez de la prueba. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás. 

En los intercambios con sus funcionarios no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de OAS ya estaban bajo la lupa. Los fiscales de San Pablo reclamaban la competencia sobre el tema. Los paulistas ya investigaban el caso Bancoop. El grupo de fiscales de San Pablo había establecido, sin embargo, que el caso Bancoop había comenzado cuando nadie hablaba de una presunta corrupción en Petrobrás, conocido en Brasil como “petrolao”. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionarlo con OAS y con los escándalos de Petrobras. 

En uno de los mensajes de Telegram Dallagnol dio instrucciones de cómo debía ser presentada la denuncia: “Las imágenes tienen que ser claras. Un circulo central y otros círculos alrededor, o sea evidencias de que Lula era el dueño”. Ese fue el origen del famoso Power Point que pocos días después presentaría a los periodistas.

 

“Chiste” 

 

Los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista del ex presidente Lula a la columnista de la Folha de Sao Paulo Mónica Bergamo. La entrevista había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski porque esa entrevista podría “hacer que elijan a Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno. 

Haddad es Fernando Haddad, ex ministro de Educación y candidato del PT contra Bolsonaro. Perdió en segunda vuelta a pesar de haber obtenido 47 millones de votos. 

La entrevista a Lula se realizaría menos de dos semanas antes de la primera vuelta de las elecciones.

En los diálogos entre los fiscales queda en evidencia, según The Intercept, que “los procuradores no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no vuelva al poder”. 

Convencida, en apariencia, de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo el año pasado: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

Otra fiscal, Isabel Groba, puso esto en la conversación: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. 

Tessler dijo que una rueda de prensa de Lula “antes de la segunda vuelta puede hacer que lo elijan a Haddad”.

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. PGR significa Procuración General de la República, el organismo supremo de los fiscales. 

Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR envió varios mensajes a Dallagnol:

  • “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”.
  • “La única certeza es que estaremos juntos”.
  • “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

Cuando era evidente que la entrevista se haría igual, los fiscales hasta discutieron qué le ofrecería menos ventajas a Lula. Si una entrevista con Bergamo o una rueda con varios periodistas. 

El magistrado Januário Paludo incluso sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”.

Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

En ningún momento Dallagnol se mostró molesto con el tono de las opiniones de los integrantes de su fuerza de tareas que se comunicaba dentro de un grupo de Telegram. 

En alusión a Raquel Dodge, procuradora general de la República, que no quería apelar la autorización de la entrevista, dijeron: “Ella piensa que si Haddad gana la va a nombrar en el Supremo Tribunal Federal”. Y otro comentario fue éste: “Qué payasada... Adora jugar para la platea. Quiere ganar el apoyo de la prensa”. 

Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro.

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Mike Pompeo coloca en crisis a la oposición y desmonta el Plan Guaidó

Diversas son las reacciones de la dirigencia antichavista sobre las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, filtradas por The Washington Post hace pocos días. Lo que pareciera un descuido comunicacional pudiese ser, en realidad, una operación de distanciamiento del tren gerencial plutocrático que comanda la Casa Blanca para, como en otras ocasiones, hacer giros en su agenda y descartar a los decadentes operadores actuales.

El desmontaje de plataformas antichavistas en Venezuela por parte de las administraciones estadounidenses ha tenido distintos momentos, ya ocurrió con la Coordinadora Democrática a comienzos de este siglo y más recientemente con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Las tensiones intestinas de las distintas expresiones del antichavismo salieron a relucir, lo que además de confirmar las palabras de Pompeo, da una oportunidad para que cada quien ataque o defienda al grupo operador de turno: Voluntad Popular.

¿Derrota declarada?

El representante especial de la administración Trump para Venezuela, Elliott Abrams, recomendó al chavismo que regresara al Parlamento y que consensuara con la oposición una transición que desemboque en elecciones, declaración que indica un cambio en el lenguaje y la renuncia de una salida abrupta de la crisis política.

Aquello de «todas las opciones» pareciera descartado debido a que las amenazas van en otro tono, en tanto buscan intensificar las sanciones, generar descontento y abrir un escenario electoral para inducir un resultado como el de las legislativas de 2015.

De esta manera Abrams admite que el golpe para derrocar al gobierno nacional ha fracasado, que no pueden visualizar un futuro inmediato
sin el chavismo como parte de la cultura política del país y que el Estado profundo que realmente lleva las riendas de los Estados Unidos
ve con excesivo riesgo la intervención militar.

La vía de tomar el poder por asalto en medio de la conmoción social tiende a extinguirse mientras el antichavismo ya reconoce que los diálogos en Oslo, Noruega, son vinculantes en su actuar. Con el interés de ocultar sus fracturas, el politólogo antichavista, Luis Salamanca, manifestó que el gobierno estadounidense está optando por presentar una estrategia contra el gobierno constitucional de Venezuela desde distintos frentes, con todas las opciones sobre la mesa, al igual que la del «mandatario interino», que no descartó la vía del dialogo en Noruega.

«La estrategia de Guaidó va de la mano con la de Estados Unidos, no veo contradicción. Tiene que luchar en todos los frentes y eso es lo que está haciendo Guaidó en el frente electoral, el internacional, de negociación y militar», agregó sin nombrar el frente económico.

Opiniones divergentes como el antichavismo

Uno de los personajes que emitió opinión fue el excandidato presidencial Henri Falcón, quien coincidió el pasado jueves con las declaraciones de Pompeo sobre la clase política antichavista venezolana. «Pompeo dijo la verdad, Confirmó lo que hemos criticado en la oposición», escribió Falcón en sus redes sociales.

Agregó el dirigente del partido Avanzada Progresista:»Hacemos un llamado a reflexionar sobre el exhorto de Pompeo, y verlo como una crítica constructiva para propiciar desde ya, una profunda revisión de la actual estrategia opositora, que ha fallado para salir de este mal gobierno».

Por su parte, Andrés Velásquez, otro excandidato presidencial originario de la izquierda y dirigente político de la Causa R, respaldó las declaraciones brindadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, manifestando: «Lo que afirma Pompeo no es novedad. Creo que se queda corto, además de la oposición hay que contar también los que aspiran en el Psuv, en el exchavismo, los del partido militar, los que quieren cohabitar, evangélicos y afines».

Contrario a estas declaraciones, Salamanca y los diputados Williams Dávila, de Acción Democrática, y Luis Lippa, de Primero Justicia, declararon que, pese a las discrepancias internas, la dirigencia antichavista ha respaldado a Guaidó y que existe una convergencia entre los partidos políticos en un objetivo común: la salida (forzada) del presidente Maduro del poder.

Al respecto Salamanca declaró que la MUD murió, aunque nadie haya oficializado su muerte y dijo que, con sus declaraciones, Pompeo «no trata de debilitar a la oposición venezolana, sino enviarle un mensaje para que se entienda por encima de las diferencias». Agregó que Guaidó ha logrado «la convergencia en torno a la estrategia que planteó para hacer cesar la usurpación e ir a elecciones democráticas».

Además manifestó que «la única fuerza que tiene la oposición unida es fuerza electoral, no tiene fuerza militar, no tiene capacidad de noquear. Maduro cerró la vía electoral democrática porque sabe que pierde y ese es el único fuerte de la oposición», sin especificar respecto al llamado a elecciones legislativas que Maduro viene realizando las últimas semanas.

Lippa, por su parte, declaró que no volverán a la antipolítica que en el pasado ocasionó que «el régimen chavista» se asentara en el poder mientras Dávila indicaba que «lo importante es fortalecer la unidad, que los partidos se fortalezcan y fortalecer a Guaidó, que es el líder que tenemos».
Guaidó hace control de daños: «Eso es democracia»

Por su parte, y en respuesta a Pompeo, el mismo Guaidó ratificó el mismo jueves que el antichavismo se mantiene unido «en el deseo» de lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. «Estamos unidos en el deseo y la necesidad de deshacernos de Maduro», dijo en una entrevista concedida a Bloomberg. «Si 40 personas quieren competir por la presidencia, son bienvenidas. Eso es democracia», agregó.

Además insistió en la permanencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos luego de considerar que cualquier levantamiento solo «normalizaría» la crisis. Estas medidas han constituido una suerte de extorsión contra la población venezolana, aunque supuestamente afectan solamente altos funcionarios del chavismo, han impactado negativamente sobre la economía en general y la vida de la gente.

De pronto ha vuelto el discurso electoral al discurso antichavista a la par que desapareció el distanciamiento y negación de las conversaciones en Oslo. Al parecer han cambiado la seña desde la sede del Estado profundo transnacional que gobierna en Estados Unidos, es decir el American Enterprise Institute (AEI).

De allí provienen personajes de la administración Trump como el asesor de seguridad nacional y uno de los principales actores en la agresiva política contra Venezuela, John Bolton, el criminal de guerra Elliott Abrams, quien ha sido presentado regularmente en las cumbres de la AEI y como invitado en sus paneles y podcasts; el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, quienes fueron invitados a una reunión «secreta» de la AEI a principios de marzo.

Pareciera que el antichavismo se enfila hacia la opción electoral teniendo como punta de lanza el chirrido de la economía nacional, el plan Guaidó naufraga y Pompeo hace girar la agenda para reducir la cantidad de empleados directos de la Casa Blanca.

10 junio 2019

(Tomado de Misión Verdad)

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