Domingo, 06 Agosto 2017 06:08

La constituyente en sus perspectivas

La constituyente en sus perspectivas

72 horas de las elecciones de la asamblea nacional constituyente, Venezuela está en una tensa calma. No puede decirse que la vida ha vuelto a su normalidad, pero contrasta con los más de cien días de protestas que la precedieron, incluyendo el de los comicios, que ha sido el más sangriento de todos, con 16 muertos.

 

Como las cosas cambian de hora en hora, es imposible saber si este panorama cambiará para cuando estas líneas lleguen a sus lectores, más allá de que hay motivos para suponerlo. Aunque la oposición parece abrumada por los hechos y uno de sus principales partidos ha manifestado su voluntad de ir a los comicios regionales de diciembre, viendo las cosas en una perspectiva más amplia, es difícil pensar que esta calma no es la del ojo de un huracán.

 

Veamos: está por reunirse una asamblea nacional constituyente que no ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Reino Unido, Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Chile y Suiza; hay un presidente considerado dictador por Estados Unidos y sometido a sanciones que pueden tener un importante impacto en la economía; pende la amenaza de otras medidas, que en el caso más extremo incluirían a la industria petrolera; la oposición que es mayoritaria no ha podido romper el bloque de poder, al menos no lo suficiente como para obligar a una transición, cosa que puede favorecer el surgimiento de otros liderazgos; hay un chavismo disidente que puede crecer, sobre todo ahora que sectores que participaron en la constituyente se han unido a las denuncias de fraude; las protestas sociales que han ocurrido de forma autónoma a los partidos de oposición no tienen motivos para detenerse; y una economía en bancarrota, que de aplicarse más sanciones se pondría peor. Pocas sumas podrían ser más inflamables que la del descontento social, más la crisis de legitimidad, más la condena internacional. La suma de todos estos factores es potencialmente explosiva. Detengámonos en tres que pueden resultar clave.

 

LA PROTESTA SOCIAL

 

Primero, hay que entender que el gran telón de fondo de todos estos acontecimientos es una crisis económica y social muy profunda. Estructuralmente, ya suma unas tres décadas, pero en lo coyuntural se ha agudizado por la combinación de la caída de los precios del petróleo y los resultados desastrosos del Primer Plan Socialista de la Nación, aplicado a partir de 2007. Esto impulsó una conflictividad social ascendente que poco a poco se fue politizando y radicalizando. La gente que protestaba reclamando que el gobierno le resolviera problemas puntuales comenzó a protestar contra el gobierno, a hacerlo de forma cada vez más violenta y a ver en la oposición una alternativa. Si algo caracterizó los cien días de movilizaciones que hemos vivido desde marzo fue que sectores populares y usualmente chavistas se unieron de diversas formas, aunque muchas veces con una agenda propia y hasta distinta a la de la dirigencia opositora. Han sido objeto de una represión particularmente severa, pero eso no ha logrado acallarlos y no hay ningún pronóstico en la economía que puede hacer pensar que sus grandes problemas se resolverán en lo inmediato. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento del 80 al 90 por ciento en muchos rubros, especialmente la medicina; vive una dolarización de facto en los precios del mercado negro y un hambre creciente: si en 2015 era un escándalo que un tercio de los venezolanos comiera sólo dos veces al día, hoy es común ver ejércitos de personas escarbando en la basura por las calles.

 

No es de extrañar, entonces, que la oposición haya arrasado en las elecciones legislativas de 2015. Con la Asamblea Nacional en sus manos, emprendió el camino para convocar, de acuerdo a la Constitución, un referéndum para revocar el mandato de Maduro. La propuesta tuvo rápidamente un 70 por ciento de respaldo, según los sondeos. La respuesta del gobierno fue anular en la práctica a la Asamblea con constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que sistemáticamente alegaba la inconstitucionalidad de todo cuanto hacía. Después, cuando la oposición logró sortear todos los obstáculos para obtener las firmas necesarias para solicitar el referéndum revocatorio, otras sentencias, esta vez de tribunales de provincia, suspendieron el proceso. La indignación produjo una ola de protestas que, sin embargo, fueron detenidas para darle opción a un diálogo mediado por el Vaticano que no logró ningún resultado. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (Cne) postergaba infinitamente la convocatoria a las elecciones regionales y municipales.

 

PÉRDIDA DE LA LEGITIMIDAD

 

En marzo de este año otra sentencia del Tribunal Supremo disolvía en la práctica la Asamblea Nacional, asumiendo las funciones legislativas. El escándalo que produjo internacionalmente, así como la denuncia de inconstitucionalidad por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta entonces una de las grandes adalides judiciales del chavismo, hicieron que Maduro reculara, pero también prendieron la chispa de un ciclo de protestas inédito hasta ahora en la historia venezolana. Marchas multitudinarias convocadas por la oposición, disturbios de todo tipo, que a veces incluyeron quema de casas del Partido Socialista Unido de Venezuela y entidades gubernamentales, y derribo de estatuas de Chávez; saqueos y decenas de muertos, llevaron a que Maduro optara por la solución de convocar una asamblea constituyente. No obstante, fue convocada sin atenerse a lo estipulado por la ley y sin respetar los principios de individualidad y universalidad del voto: cada circunscripción eligió un representante, sin distingo de la población; como a eso se le unió otra elección “sectorial”, había electores que podían votar dos o tres veces, por su circunscripción y por sus “sectores”. Era evidente que quería evitarse que los municipios más poblados, generalmente opositores, se impusieran.
Naturalmente esto sólo elevó la conflictividad. Detener la constituyente se convirtió en la gran bandera. Según los sondeos, sólo había una intención de voto del 13 por ciento, mientras el rechazo ascendía al 70 por ciento. El 16 de julio la oposición logró el prodigio de que siete millones y medio de personas salieran a la calle para firmar contra la propuesta. Después convocó a dos paros exitosos, al tiempo que la comunidad internacional pedía su suspensión y que in extremis se intentó retomar el diálogo. Pero Maduro siguió adelante. Se hicieron los comicios en medio de un día sangriento de protestas y del llamado a la abstención por parte de la oposición. Esa noche se anunció que 8 millones de personas habían ido a votar, es decir, no sólo más de las que habían firmado el 16 de julio... sino tantas como las que votaron por Chávez en la elección en la que recibió más respaldo. Es una cifra que pocos creen. Las mejores estimaciones calculaban unos cinco millones (y otras tan sólo dos millones y medio). Smartmatic, la empresa encargada de las máquinas de votación, declaró tres días después que efectivamente hubo manipulación.

 

CONDENA INTERNACIONAL

 

La sospecha del fraude terminó de decidir a muchos países a desconocer los resultados. El impacto de esto dependerá del tipo de sanciones que se establezca, cosa en la que Estados Unidos jugará un papel clave. Inicialmente, se les han aplicado a algunos altos funcionarios del régimen y a Maduro. Como van de congelar sus bienes en Estados Unidos a prohibir hacer negocios con ellos, parece que la idea es cercarlos internacionalmente. Es probable, por ejemplo, que la declaración de Smartmatic tenga que ver con eso. Pero también pueden aplicarse medidas a la industria petrolera, aunque ello acarrea el riesgo de hacer aun más penosa la vida de los venezolanos y, sobre todo, de que suba el precio del combustible en Estados Unidos.

 

En cualquier caso, Donald Trump tiene un buen margen de acción. Una decisión de Chávez que tuvo justo el efecto contrario al esperado lo ayudó a esto. Como Venezuela cada vez le vendía menos petróleo a Estados Unidos para diversificar su mercado, actualmente a Trump le resultaría más fácil sustituir los 700 mil barriles que recibe de Venezuela por lo que puedan venderle otros proveedores. Por el contrario, Venezuela necesita cada vez más de Estados Unidos, porque los otros mercados son países que pagan a crédito, o con servicios y especies (Petrocaribe), o China, que ya pagó por adelantado en un fondo en el que no queda dinero, por lo que el petróleo que se le envía está hipotecado. El flujo de caja, entonces, lo produce el odiado imperio del Norte. Además, no es fácil colocar esos 700 mil barriles de crudo pesado en otros mercados, por lo menos no a buenos precios. Queriendo ser más independientes de Estados Unidos nos hicimos más dependientes que nunca.

 

Este es el contexto venezolano a 72 horas de la constituyente. Como se ve, comienza una travesía que se vislumbra larga y, lamentablemente, llena de turbulencias.

 

*Historiador venezolano, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

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Tras la aprobación de la ANC: fiesta en el oeste y disputa entre los opositores

Aprobado ya el nuevo órgano legislativo, entramos en otra fase que, previsiblemente, será muy similar a esta-


La política venezolana es aquello que ocurre mientras que un periodista realiza el recorrido este-oeste en mototaxi tantas veces que se siente como una pelota de ping pong rebotando entre raqueta y raqueta. Ayer, nueva jornada decisiva. Otra vez, Caracas rota en dos. Nada que no hayan leído en los últimos días. Seguro que adivinan la división, pero se la recuerdo. En el oeste, partidarios de Nicolás Maduro celebrando la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Tremenda rumba. En el este, opositores recibiendo gases lacrimógenos y clamando contra una iniciativa del Gobierno que ya es un hecho. Básicamente, la misma parafernalia de las últimas semanas. Aprobado ya el nuevo órgano legislativo, entramos en otra fase que, previsiblemente, será muy similar a esta. Al final, “la constituyente fue”, el Ejecutivo no cayó y el dólar sigue subiendo en el mercado negro. Ayer, 18.000 bolívares.

Una de las grandes virtudes del chavismo es las rumbas que monta. Cada mitin, manifestación, acto o convocatoria es un fiestón, con camiones atronando las canciones revolucionarias, gente bailando y los tragos fluyendo generosamente. Ayer no fue diferente. No todos los días se monta una constituyente, así que era necesario exhibir músculo. Por eso, desde primera hora, el centro de Caracas era una especie de ruidosa “free party” con camisetas rojas. Un escenario bien distinto al del este, donde nos acercaremos luego y en el que volaban los botes de humo.

La de la calle y la movilización para arropar a la asamblea es la parte, digamos, folklórica. En la asamblea, sin embargo, se desarrollaba la institucional. Desde el punto de la mañana, los 545 delegados tomaban posesión de su puesto e inauguraban el período constituyente. Se esperaba que los diputados opositores, los que fueron elegidos en 2015 y configuran una mayoría declarada en desacato por el Tribunal Superior de Justicia, se atrincherasen en el Palacio Federal Legislativo. No lo intentaron. Cuando llegaron los asambleístas con cuadros de Hugo Chávez y Simón Bolívar, tal y como había anunciado Diosdado Cabello hace dos semanas, el hemiciclo estaba vacío. También es verdad que en las últimas jornadas la Guardia Nacional se había desplegado en la zona, por lo que quizás tampoco hubiesen podido entrar.

Primera clave del día. Delcy Rodríguez, excanciller, es la elegida para presidir la asamblea. Una figura amable, interlocutora en la negociación con los opositores auspiciada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y con capacidad para dialogar con la Mesa de la Unidad Democrática. Habrá que ver para qué le sirve eso, ya que los opositores no están presentes en este órgano, donde únicamente hay diputados chavistas. Su discurso no aportó novedades (llamamiento al diálogo, advertencias a la oposición), más allá de anunciar que hoy se celebrará la primera sesión.

Segunda clave. Por el momento no habrá la imagen de diputados opositores siendo sacados por la fuerza del palacio legislativo. Existía la duda sobre qué haría la constituyente con la asamblea de 2015, si ordenaría su disolución. No por ahora. Así que convivirán las dos cámaras. Claro, que la recién elegida tiene un estatus superior, ya que se ubica por encima del poder de todo resto de las instituciones. Además, cabe recordar que la asamblea ordinaria estaba ya declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que le convertía en un ente sin funcionalidad práctica.

“Esto va a unir la esperanza y la fortaleza de tener propuestas de los distintos grupos de la sociedad venezolana. Esta es una oportunidad para expresar lo que queremos alcanzar”. Andrea Sánchez participaba en la caravana hacia la asamblea y ponía énfasis en una idea: no buscar revanchismos. En la calle, los partidarios del presidente, Nicolás Maduro, dan por seguro que salen de esta crisis. Así que ya están gestionando el “post”, es decir, cómo relacionarse con una oposición que sigue en la calle pero a la que se le ha ofrecido una salida: participar en las elecciones a gobernadores del 10 de diciembre.

Ese es uno de los grandes debates que se mantienen en el otro lado de la ciudad. Son las 14.00 horas y Altamira registra una entrada floja. Es cierto que hay más manifestantes que en jornadas previas, pero no es la multitud que se congregó en las primeras jornadas de protestas, allá por mayo. Hay desazón. Llevan semanas asegurando que “la constituyente no va” y han terminado por comprobar que para frenar a un Estado se necesita más que anhelos. Por eso, se revuelven unos contra otros. “La calle se enfrió un poco desde el domingo. Hoy se espera que activemos un poco la calle, pero hay descontento con algunas de las directrices de los partidos opositores, lo que está provocando apatía”. Rubén Darío Gil es uno de estos personajes peculiares que surgen en torno a las protestas. Muestra sus heridas de guerra y reconoce que hoy no podrá marchar por un golpe recibido hace unos días. No se corta en cuestionar a sus dirigentes. “Hay una cierta sensación de traición por parte de la militancia”, afirma. En su opinión, las dudas sobre presentarse o no a las elecciones a gobernadores de diciembre está matando al movimiento.

Quienes sí que están enfadados con esta idea son los jóvenes pertenecientes a la denominada “resistencia”, chavales que han sido utilizados como ariete en primera línea pero ahora se sienten abandonados. “No hay liderazgo. Hay discusiones internas en la MUD, a partir de las elecciones a la constituyente parece que se disolvieron, falta liderazgo”, aseguraba un chaval con capucha que, obviamente, no quería ser identificado.

En realidad, tanto Gil como el adolescente embozado se equivocaban. Minutos después irrumpiría en la plaza un bloque de manifestantes donde se encontraban los opositores más conocidos. Ahí estaba Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, o Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien ejerce de “pitbull” ante el encarcelamiento de Leopoldo López. El objetivo de la marcha era llegar a la sede de la asamblea. Aunque ya sabían que no lo harían. La dinámica no ha cambiado desde hace meses. La oposición convoca una protesta desde el este hacia el oeste, la Guardia Nacional Bolivariana monta un cordón, la dispersa y los opositores ni se acercan. Así ocurrió ayer en la avenida Francisco Miranda, en Chacaíto, que es algo así como la frontera imaginaria que une los barrios opositores con los más proclives al chavismo. Hay una parte de la que no suele hablarse. Opositores y chavistas se tienen ganas y es mejor no pensar qué ocurriría si, en lugar de interceptar la manifestación, los uniformados permitiesen que ambos bloques chocasen en el centro de Caracas.

Superada la enésima jornada decisiva, queda esperar qué se decidirá hoy en la primera sesión de la asamblea constituyente. Ahí comenzarán a verse prioridades. Por el lado opositor, será el lunes, con la apertura de las candidaturas para los comicios, el día clave. La crisis está lejos de resolverse así que nos espera una larga temporada con jornadas clave como la de ayer.

 

Caracas

05/08/2017 11:30 Actualizado: 05/08/2017 11:30

Alberto Pradilla

 @albertopradilla


Los 500 asambleístas sesionaron en la Legislatura venezolana; Delcy Rodríguez fue elegida presidenta del cuerpo


La Asamblea Nacional Constituyente quedó instalada

Página12


La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela quedó formalmente instalada ayer como órgano plenipotenciario, con integrantes únicamente del oficialismo y la ex canciller Delcy Rodríguez como titular.


“Se ha instalado una Asamblea Nacional Constituyente con poder para actuar. Empezaremos a actuar desde mañana. No se sorprendan”, aseguró en su discurso Rodríguez, de 48 años, quien tomó juramento como presidenta, vestida de rojo, con una bandera venezolana en la mano y la Carta Magna que se va a cambiar. Con un gran retrato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y del libertador Simón Bolívar, Rodríguez ingresó, con el dirigente Diosdado Cabello y la primera dama Cilia Flores (también asambleístas), al salón elíptico del Palacio Legislativo, ante los asambleístas elegidos y la plana mayor del chavismo.


Éste órgano plenipotenciario se instaló y comenzará a sesionar hoy por tiempo indefinido, en el salón elíptico frente al hemiciclo donde realiza sus debates el Parlamento de mayoría opositora. Según Maduro, su Constituyente sacará al país petrolero de la profunda crisis económica que agobia a los venezolanos. Los partidarios del presidente celebraban en las calles céntricas de Caracas la puesta en marcha de la asamblea constituyente.


Los 500 asambleístas entraron a la sede con rosas rojas, al canto de “volvió, volvió”, festejando el regreso del chavismo a la Asamblea tras el triunfo parlamentario opositor en el 2015. Una vez dentro, se escuchó la versión del himno nacional interpretado por Chávez, una grabación que acompaña la mayoría de los actos oficialistas. En los alrededores del palacio, camiones con música y militantes y simpatizantes oficialistas con camisetas rojas esperaron para ver la llegada de los integrantes del nuevo cuerpo.


El asambleísta Fernando Soto Rojas encabezó el acto de instalación. “Debe constituirse el Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión, explotación extranjera y de la burguesía nacional”, remarcó Soto Rojas. Después, a propuesta de Cabello y con el voto unánime de los constituyentes presentes, la ex canciller Rodríguez fue elegida titular del cuerpo, mientras que el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz y la ex fiscal Isaías Rodríguez serán los número dos y tres, respectivamente, de la Asamblea. Un rato antes, un tribunal había declarado nula la solicitud del Ministerio Público (MP) de anular la instalación de la Constituyente. “El pueblo hoy regresa a la Asamblea de donde no tenía que salir”, dijo Euclides Vivas, de 72 años, con un distintivo en el pecho que rezaba “No al fascismo”, en una marcha de simpatizantes del gobierno en las afueras del Legislativo.


“¿Juran ustedes defendernos de las agresiones imperialistas, de la derecha traidora?”, preguntó retóricamente Rodríguez a los diputados. Un poco más tarde, en su discurso inicial, la presidenta de la Constituyente pidió a sus colegas agradecer al convocante “Nicolás Maduro, que hoy se hizo gigante”. Maduro no asistió al evento, en un gesto para escenificar la soberanía e independencia de la nueva Asamblea frente a los poderes constituidos. “Vinimos aquí no a destruir nuestra Constitución, sino a eliminar todos los obstáculos que nos han impedido materializar algunos de sus avances”, aseguró Rodríguez. Con ello no sólo ratifica el propósito de arrase de la resistencia que anima este proceso, sino que, sobre todo, responde las críticas de sectores disidentes del chavismo que tomaron distancia pública de la Constituyente, señalando que se pretende aniquilar la Constitución original del ex presidente Chávez (la vigente, que es de 1999) para perpetuar en el poder a Maduro.


Rodríguez advirtió también a la oposición que esta Constituyente llegó para hacer justicia, puntualizando que sus líderes correrán con las consecuencias si no se deciden a hacer acción política. Dijo que desde el sábado empezarán a tomar medidas: “No se sorprendan porque ya llegó el poder Constituyente”. Por su parte, Soto Rojas, que fue presidente del Parlamento antes de la victoria por mayoría absoluta de la oposición, adelantó que la Constituyente avanzará hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales y unos medios de producción regidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios. En su discurso, Rodríguez además advirtió a los dirigentes de la oposición, calificándolos de fascistas, que les llegará la justicia. “A la derecha violenta: Si no toma el camino democrático y de la acción política, se impondrá la justicia”, aseguró.


A su vez, la ex canciller afirmó que esta asamblea logró romper la fase más oscura de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el derecho al voto y el derecho al libre tránsito, en referencia a los cortes de calles promovidos por la oposición para protestar contra la Constituyente. Rodríguez recrimina a la oposición ser un grupo minoritario que busca una restauración neoliberal a costa y al precio que sea y dice que esparce ideas falsas sobre lo que ocurre en el país: “En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor”, señaló.

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Viernes, 04 Agosto 2017 05:44

Cuarto día de tensa calma en Venezuela

Cuarto día de tensa calma en Venezuela

Mientras Maduro postergó hasta hoy la instalación de la Asamblea Constituyente, un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar la Carta Magna, sus opositores hicieron lo propio con su protesta.

 

Un día antes de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela las calles del país caribeño se mantienen en tensa calma luego de cuatro meses de protestas y mientras persiste el conflicto entre las fuerzas políticas y los poderes públicos. Como el presidente, Nicolás Maduro, decidió postergar por un día la instalación de la ANC, un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar la constitución, sus opositores hicieron lo propio con un llamado a manifestarse en contra. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó a través de Twitter que para “defender la constitución del FRAUDE la movilización de hoy será a las 12 (hora local)”, tres horas más tarde de cuando tiene previsto instalarse la ANC, integrada por 545 representantes, todos afines al gobierno.


Está previsto que este cuerpo debata y tome sus decisiones en uno de los salones del Palacio Federal Legislativo, donde funciona el Parlamento, que actualmente es controlado por una contundente mayoría opositora. Por ello, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) tomó el control de dicho espacio a fin de ir organizando la logística y garantizar el orden en el lugar, que será el punto de llegada de movilizaciones a favor y en contra de la Constituyente.


Una comisión del Parlamento solicitó ayer al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que investigue penalmente a quienes hayan incurrido en el presunto delito electoral de manipular datos durante las elecciones de la Constituyente denunciado por la empresa encargada del recuento de votos de ese país, Smartmatic.


El diputado Angel Medina acudió a la Fiscalía en compañía de varios parlamentarios y, según es citado por un comunicado, aseguró que “fue público y notorio el fraude que ocurrió” el pasado domingo 30 de julio. Medina resaltó que, de comprobarse el fraude, muchas personas estarán implicadas en una violación a la Constitución, incluyendo delitos informáticos y corrupción, por lo que, afirmó, no se trata de una denuncia por un partido político sino “del propio sistema electoral”. Horas más tarde, la Fiscalía informó que solicitó ante un tribunal del país anular la instalación de la ANC.


“El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, indicó la Fiscalía en un comunicado. La institución también pidió el resguardo del material electoral utilizado el 30 de julio e hizo referencia a otras denuncias parecidas, introducidas en el pasado por particulares, y que llevaron a la suspensión de un referendo revocatorio presidencial y al retiro de tres diputados opositores que ya habían sido proclamados. Pese a todo, Venezuela sumó ayer su cuarta jornada de un período de calma tras la controvertida elección que estuvo marcada por varios disturbios que se saldaron con al menos diez muertos.


Por primera vez, después de cuatro meses de protestas que han mantenido el país sumergido en movilizaciones, cierre de calles y la consecuente represión por parte de las fuerzas de seguridad, hay una atmósfera de tranquilidad, aunque todo parece indicar que durará poco.


Los barrios habitados por la clase media, en los que en esos cuatro meses habían permanecido las calles cerradas o casi cerradas, ven hoy sus vías despejadas. Esas protestas han dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos. El gobierno sostiene que la Constituyente recuperará la paz y rescatará la colapsada economía del país petrolero, agobiado por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una brutal inflación. Según la Cepal, el producto bruto interno caerá a 7,2 por ciento este año.

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La oposición venezolana mantiene las protestas después de una jornada de disturbios

El país venezolano volvió a vivir una jornada de altercados y disturbios después de que la oposición convocase una marcha en Caracas.


“Si hubiese sido una marcha, hubiese sido un fracaso sin duda”. Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional controlada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y declarada en rebeldía por el Tribunal Superior de Justicia, reconocía ayer a última hora de la tarde que las cosas no habían salido del todo bien para sus intereses. Y eso que la jornada llegó a ser bautizada como “la toma de Venezuela”. Nada más lejos de la realidad. No es que no se acercasen a tomar un país, es que apenas se hicieron con la plaza Altamira, su feudo en el este de Caracas. Un puñado de adolescentes encapuchados y varias decenas de manifestantes es exiguo ejército para plantearse asalto alguno. Sobre todo cuando la lluvia ejerce de antidisturbios y logra dispersar a la gente sin necesidad de lanzar gases lacrimógenos. La jornada de ayer es espejo de una estrategia que, al menos en la capital, tiene síntomas de agotamiento. Algo que tampoco puede interpretarse como el fin del conflicto. Mañana domingo se vota a la Asamblea Nacional Constituyente y entraremos en otra fase, siempre decisiva. Otra enésima fase decisiva.


Antes de abordar lo ocurrido durante la (ejem) “toma de Venezuela”, haremos una acotación: Caracas no es todo el país. Es decir, que aunque lo de ayer en la capital pueda considerarse un fracaso en términos cuantitativos y cualitativos para la MUD, en 53 de los 335 municipios venezolanos se han registrado actos de violencia, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Los problemas siguen estando ahí fuera y, recordemos, un centenar de personas (de ambos bandos) ha muerto en 120 días de protestas.


Tras las aclaraciones, proseguimos. Son las 12.00 del mediodía en Altamira, la supuesta “hora cero” de la oposición, el punto y seguido de la estrategia que debía frenar los comicios del domingo. Apenas unos cientos de personas, siendo generosos, ocupan la calle. Los chavales ya han colocado algunas barricadas y le han prendido fuego, que siempre viste muy bien en las fotos de la legión de periodistas extranjeros que damos color al evento. Y de repente, empieza a llover. Y las llamas se apagan. Y todo el mundo se refugia bajo el porche del hotel Palace. Y allí estamos todos, juntos y revueltos, los periodistas con los chalecos antibalas y las máscaras contra el gas, los adolescentes embozados con los cócteles molotov y las botellas de gasolina y algunos activistas opositores con gesto de nerviosismo porque ya empiezan a percibir que se masca la tragedia. Casi todos los que nos desplegábamos entre la acera y el interior de la plaza Altamira cabemos, comprimidos, en el atrio del Palace.


“Esperamos que mucha gente se una y haya una gran marcha a pesar de la lluvia. Todavía es pronto”. Leysli Sosa, de 21 años, mantiene algo de esperanza poco después de que escampe. Lo que ocurre en la plaza, sin embargo, no le invita al optimismo. Por la tarde comprobará que esos refuerzos nunca iban a llegar. Cesa la lluvia y los encapuchados vuelven a dar fuego a la barricada. En un momento, llega un camión y, en un punto ciego, su conductor entrega a varios jóvenes un rollo de alambre de espino con el que completar el bloqueo. El material es nuevecito.


A pesar de lo espectacular que pueda parecer la narración, todo tiene un aire teatralizado. Hay demasiada poca gente como para que nadie se atreva a buscar la confrontación con la Guardia Nacional Bolivariana, que está a una distancia muy muy prudencial, pero también hay demasiados periodistas como para que se vayan con las manos vacías. Así que todo el mundo representa su rol. Primero, los chavales, que van de aquí para allá con sus enseres bélicos y a cada oportunidad te piden “un bolo (bolívar) para un fresco” para luego añadir algo sobre la “resistencia” que disfrace que lo que te piden es que les pagues una cocacola. El papel que juegan en los disturbios los menores en situación de exclusión es algo para analizar en otro momento. Luego estamos los periodistas, buscando algún testimonio diferente para terminar, sin darnos cuenta, poniéndole la grabadora a algún colega despistado. Por último, dirigentes de la oposición y miembros de ONGs que aspiran a serlo van pasando de corrillo en corrillo, celebrando minirruedas de prensa en las que proclamar que “la lucha sigue”, descalificar la oferta de diálogo de Nicolás Maduro y asegurar que el paro se ha extendido por toda la ciudad. Como si no nos desplazásemos en motorizado y pudiésemos ver con nuestros propios ojos que una vez dejas atrás Chacao la vida continúa, ignorando que la zona más opulenta del este ha vuelto a encerrarse entre troncos cruzados y basura desparramada. A media tarde hubo algún choque, pero anecdótico.


Cuando hoy vean las imágenes de encapuchados, piensen en una plaza semivacía con casi más fotógrafos que tipos dispuestos a lanzar piedras. A unos kilómetros de allí, en el Parque de los Caobos, en el municipio Libertador, se celebraba la Feria del Libro, con decenas de stands. En el Cuartel de la Montaña, en el barrio del 23 de enero, se conmemoraba el 63 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Y en medio, un montón de dificultades reales (escasez, ineficiencia, inseguridad y presiones internacionales, entre otros) pendientes de solución. Tomando todo esto en cuenta, deberíamos plantearnos hacia dónde dirigimos el foco.


“Este no es un problema de gente, es un problema cualitativo. Hemos llenado autopistas, avenidas, ha habido combates, la gente ha participado... Hay una fase superior de la lucha”. Gustavo Lemoine es uno de los tipos que se mueven como pez en el agua entre los jóvenes manifestantes. Les marca cuando se vienen arriba, les insta a que bajen el alambre para que no se lleve el cuello de algún motorista despistado (algo que ya ha ocurrido, según me explicaba un sargento de policía) y aparece y desaparece cuando la ocasión lo requiere. “La gente tiene una determinación de luchar para que no venga el comunismo. Y eso es muy serio. Ya no es un problema de cantidad”, insiste.


Explicar el panorama de la plaza Altamira era imprescindible para entrar en el meollo político. Porque el discurso de Lemoine es transversal en la oposición, va desde el militante de base hasta los principales dirigentes. Todo se resume en: no hay negociación posible y las protestas solo finalizarán cuando se vaya Maduro (a estas alturas, por fin, este sector admite que la votación de la constituyente va a celebrarse). Lo dejó bien claro Henrique Capriles, eterno candidato presidencial y gobernador del Estado Miranda, en una comparecencia celebrada por la tarde en la que anunció que la movilización se mantiene 18 horas más y que el domingo, cita con las urnas, volverán a bloquearse las autopistas y carreteras, aunque, según dijo, no intentarán impedir que la gente vote. Al menos, en el oeste, ya que en Chacao, prácticamente un “territorio liberado” en poder de la oposición, han cerrado los colegios electorales. De hecho, el Gobierno ha tenido que habilitar el Poliedro y el Estadio Franklin Gil para que los votantes de los municipios donde el antichavismo es mayoría puedan acudir a las urnas sin riesgo.


La machacona insistencia en la idea de que no se está dialogando con el Gobierno es clave para una oposición que siempre mantiene difíciles equilibrios internos. Cualquier gesto es malinterpretado por los socios-posibles-adversarios. En los últimos días se había extendido el enésimo rumor de que podría existir algún tipo de pacto bajo manga. Y eso, para algunos, es inaceptable. Lo aseguraba uno de los jóvenes encapuchados por la tarde, antes de que una nueva tormenta volviese a dispersarles. “Los dirigentes de la MUD no están haciendo absolutamente nada, solo farándula, no ayudan cuando más se les necesitaba. Por lo que se ve, han llegado a algún acuerdo. Esta semana es crucial y hay mucha menos gente que antes. No se explica en absoluto”, protestaba. “Cabe eso”, admitía Adriana Vázquez, una de las manifestantes que todavía seguía en Altamira a las 17.00 horas, en referencia a la posibilidad de una negociación.


El otro punto del discurso, mantener las protestas “sine die”, puede quedar muy bien en las comparecencias pero resulta difícilmente sostenible. Especialmente, cuando estas están tan concentradas y afectan al día a día de gente acostumbrada a vivir bien. Aunque suela escucharse a quien más vocifera, hay gente que empieza a hartarse de tener que dar mil rodeos para salir de su barrio. Quizás ahí esté el origen de situaciones delirantes como la que viene a continuación. Son las 15:30 en la carretera que va desde la Cota Mil, una autopista que circunvala el este de Caracas, con Altamira. Encontramos una barricada de troncos, un coche que parece que quiere pasar y jaleo entre quienes guardan la barrera y los ocupantes del vehículo. Todo normal hasta que uno cae en la cuenta de quién es la persona que pretende atravesar el bloqueo. Se trata de Sergio Contreras, dirigente de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que apelaba a su cargo para que hiciesen con él una excepción. Casi termina a puñetazos. Mientras se marcha, protegido, un joven le grita que no volvería a votarle jamás. Aunque luego intentaba proteger su identidad, porque una cosa es vilipendiar a tu camarada y otra es que los demás lo hagan.


Descartada la descabellada idea de que el Gobierno suspendiese las elecciones (¿alguna vez un gobierno en algún país ha suspendido una cita con las urnas en un contexto como este?), los líderes de la MUD tienen que empezar a considerar en cómo gestionar la frustración de los suyos mientras siguen clamando que el lunes seguirán en la calle. La frustración es un concepto clave. Consciente de ello, Capriles trató ayer de desviar la atención señalando al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se ubica como principal negociador entre chavismo y detractores. “Es absolutamente falso que haya nada, buscan crear falsas expectativas”, proclamó.


Mañana, las urnas se abrirán en Venezuela. Cuando los opositores decidan, también lo harán las calles de los municipios del este de Caracas. Aunque los más exaltados clamen por el paro indefinido. Habrá que ver qué piensan entonces algunos de sus miembros, como Alexander Alfonso Lander Luna, que explicaba su presencia en la plaza con este discurso: “Estamos luchando por salir de este comunismo, contra unos gobernantes que entregaron el campo a obreros, que no tenían la capacidad académica ni gerencial para sembrar nuestros campos, por eso hoy pasamos hambre, tenemos inseguridad y no podemos protestar. No debe haber negociación con un gobierno de corte comunista-castrista, solo juicios militares”.


Cosas seguras por el momento: las protestas siguen y el domingo los venezolanos votan. Básicamente, lo mismo que teníamos claro ayer. A partir de ahí, entramos en el siempre fértil terreno de la hipótesis y especulación. Que es también un juego muy popular en Venezuela.

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Llamado de la ONU al diálogo en Venezuela

El secretario general de la ONU insistió en que la solución debe ser alcanzada entre venezolanos, y que el único camino posible es un acuerdo político entre gobierno y oposición.

 

La ONU llamó al diálogo y la no violencia en Venezuela y también llamó a respetar el plebiscito que la oposición quiere celebrar el domingo contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Una demanda que el representante venezolano ante la organización en Ginebra consideró insólita.


“Naciones Unidas exhorta a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieren participar en la consulta popular simbólica”, dijo ante la prensa una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssel. “Es urgente una concertación nacional entre gobierno y oposición con dos grandes objetivos: erradicar la violencia, los abusos, el fanatismo, y preservar un camino constitucional concertado”, dijo por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres en un comunicado. El jefe de la ONU insistió en que la solución debe ser alcanzada entre venezolanos, y que el único camino posible es un acuerdo político entre gobierno y oposición.


“No habrá solución si se pretende imponer una salida. La salida es el acuerdo, con elecciones, respeto a los derechos fundamentales y respeto a los poderes constitucionales”, afirmó Guterres, sin mencionar específicamente el plebiscito. “La salida debe ser únicamente entre venezolanos, y la comunidad internacional debe apoyar los caminos pacíficos y de concertación política. Solo la política permitirá que vuelva la esperanza a Venezuela”, estimó.


Sin embargo, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, criticó a la Oficina de Derechos Humanos de la organización multilateral por supuestamente avalar la “pseudoconsulta” que promueve la oposición sobre la Asamblea Constituyente. En un comunicado, el diplomático venezolano reaccionó a la declaración de Throsell que también pidió garantizar el derecho de la población a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. “No se puede enmascarar bajo el manto de un pretendido ejercicio del derecho a la libertad de expresión, esa pseudoconsulta organizada por grupos políticos de la oposición y cuya intención no es otra que conformar un gobierno paralelo al margen de toda legalidad”, manifestó Valero. Además, explicó que la figura plebiscitaria no está contemplada ni en la Constitución ni en ningún otro instrumento legal de la República. “La convocatoria a la Constituyente se efectuó en estricto apego a las atribuciones y potestades que le otorga nuestra Carta Magna a Maduro”, agregó.


Valero puntualizó que en Venezuela las consultas nacionales deben ser organizadas por el Consejo Nacional Electoral, que ha de dirigir, supervisar, vigilar y controlar los procesos electorales directamente y a través de sus órganos subordinados. “Tales condiciones no se cumplirán en el caso de la consulta opositora”, indicó el embajador.
Por otro lado, Liz Throsell también exhortó al gobierno de Caracas a dejar de recurrir a los tribunales militares para juzgar a civiles, una práctica que avanzó en las últimas semanas y que asegura es contraria al Derecho Internacional en materia de derechos humanos. “Es esencial que el gobierno tome medidas para que las fuerzas de seguridad no hagan un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”, dijo.


El llamado de la ONU coincide con la publicación por parte de su Agencia para los Refugiados (ACNUR) de datos que muestran que las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos se dispararon en los últimos meses. Desde enero, se registraron 52 mil peticiones, más del doble de las registradas en todo el 2016. El mayor número de solicitudes se registraron en EE.UU. (18.300), Brasil (12.960), Argentina (11.735) y España (4.300). Según Acnur, estas cifras apenas representan una parte del número total de venezolanos que salieron del país.

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Edgardo Lander: “La Constituyente nos lleva a un punto sin retorno”

Edgardo Lander es Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y Profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Forma parte del Grupo de Trabajo Permanente de la Fundación Rosa Luxemburgo oficina Quito, ha venido trabajando Alternativas al Desarrollo, y es Asociado del Instituto Transnacional, un tanque de pensamiento de izquierda, que tiene su sede en Ámsterdam. Debido a la extensión de esta entrevista la publicaremos en dos entregas, la próxima se publicará el miércoles 31 de mayo. Hemos titulado el conjunto del trabajo como “La Constituyente nos lleva a un punto de no retorno”, y esta entrega como “Hay sectores que buscan la violencia como objetivo”.


Qué opinión te merecen los últimos informes de la Fiscal y el llamado del Gobierno a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.


Creo que después de las elecciones parlamentarias del 2015 el gobierno parece asumir que su continuidad en el ejercicio del poder no es posible ni apelando a la votación popular ni respetando la Constitución. Entonces vemos un proceso de progresivo desmantelamiento de la Constitución por muchas vías y evidentemente eso va conduciendo a resquebrajamiento de la propia estructura del Estado, porque cada quien va viendo cuáles son sus límites.
Creo que los límites de lo aceptable desde el punto de vista de la Fiscal fueron las Sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia y la arremetida violenta de represión en la actualidad. Al denunciar la ruptura del orden constitucional y lo que significa la creación de un modelo de Estado diferente al contemplado en la Constitución del ’99, se establece un quiebre muy claro, porque ahí están planteados, no sólo los temas del desconocimiento de la Asamblea Nacional, sino un asunto que para los que hemos estado trabajando en la Plataforma Contra el Decreto del Arco Minero es un tema absolutamente crítico, que es el tema de los contratos con las transnacionales y la autorización o no al presidente, para que al margen de la Constitución, al margen de las leyes vigentes, al margen de los derechos de los pueblos indígenas y al margen de toda la estructura político territorial del Estado, tome decisiones que comprometen el futuro del país. Entonces al otorgarle al Presidente el derecho a tomar decisiones de esta magnitud, obviamente se está quebrando un pilar fundamental de la soberanía.


Entonces en los últimos dos meses, como bien ha dicho la Fiscal, sí hay situación de violencia, de manifestaciones, de descontento, habría que, como gobierno, en primer lugar tratar de entender por qué pasa lo que está pasando. Y reconocer el enorme descontento creciente, provocado por la situación económica, la escasez, los temas de la inseguridad...


Pero simultáneamente nos encontramos con que el gobierno ha venido, paso a paso cerrando toda posibilidad de expresión de la voluntad popular por la vía constitucional. Si desconoce la Asamblea, pospone las elecciones de gobernadores que están pautada para una fecha fija, que corresponde a diciembre del año pasado, si niega la posibilidad del referéndum revocatorio que está contemplado en la Constitución y que está catalogado como uno de los derechos más importante de democracia participativa en el país, si no se fija calendario para las elecciones, si tenemos un presidente que gobierna por un estado de emergencia con atribuciones para decidir sobre todo, inclusive sobre la suspensión de derechos constitucionales, obviamente se está cerrando el derecho a que la población venezolana, y no me estoy refiriendo a la MUD, sino a que el conjunto de la población, tenga derecho a decir cuál es su voluntad en relación a la situación del país.


Hay para mí dos aspectos importantes en relación a las declaraciones de la Fiscal, una es responder a este malestar y señalar que la movilización de calle, no se resuelve por la vía de solamente reprimir. Y en segundo lugar el hecho de que las formas de la represión están claramente violando preceptos constitucionales establecidos. Si se utiliza armas de fuego en manifestaciones civiles en el territorio nacional, obviamente se está violando preceptos constitucionales, si se está utilizando a los Tribunales Militares para juzgar a manifestantes civiles por la vía rápida, obviamente se está sobre extendiendo las atribuciones de los tribunales militares, más allá de los limites claramente acotados por la constitución.


Cómo lees la radiografía de la violencia política actual


No solamente nos encontramos en un escenario donde manifestaciones pacíficas están siendo reprimidas por un gobierno crecientemente autoritario, eso es así. Pero sabemos también que están en juego acá intereses y la geopolítica en la que se inserta el gobierno venezolano, sin la cual es imposible entender nada de lo que ocurre en el país. Desde el comienzo del gobierno de Chávez, claramente en el apoyo del Golpe de Estado, en los proceso de apoyo político y financiamiento de los sectores más radicales de la oposición durante todos estos años, ha habido apoyo financiero, apoyo político, entrenamiento, etcétera, que ya tiene muchos años. Sabemos que hay una injerencia directa: por una parte, del Departamento de Estado y el Gobierno de Estados Unidos y por otra parte del Uribismo en el caso colombiano. Si a esto se agrega los medios internacionales, de los que destacan en los últimos días el Miami Herald y el ABC de España, como voceros principales de destacar los horrores del madurismo, nos encontramos que hay una cosa bien orquestada en esa dirección.


Cuál es tu primera aproximación en relación a la Constituyente


El gobierno reconoció que ni con la Constitución del ‘99 ni con una elección en la cual participen todas las venezolanas y venezolanos en condiciones de igualdad, podía mantenerse en el poder. Y ante la presión de por qué no convoca a elecciones, ahora se saca de la magna esta medida. Y nuevamente a nombre el dialogo, a nombre de evitar la violencia, a nombre de crear un espacio en el cual sea posible resolver las diferencias, se crea un mecanismo absolutamente tramposo.


Porque se diseña una ingeniería electoral para convertir la minoría que hoy representa el gobierno y el PSUV en una mayoría en la Asamblea Constituyente. Cómo se hace esto, por dos vías fundamentales: Por una parte en la representación de naturaleza territorial, que lo que hace es darle una sobre representación a las zonas rurales.

Obviamente, es en las grandes ciudades donde la oposición tiene más fuerza y el gobierno es más débil, entonces se diseña un mecanismo de sobrerrepresentación de aquellos municipios más rurales, con menor número de población, para intentar equilibrar esas desigualdades, pero saben que eso no basta. Entonces agregan una representación de carácter corporativo, donde claramente habrá mecanismos de manipulación y control porque con toda esta larga historia de los Consejos Comunales y las Comunas, esta versión de Consejos Comunales rojos rojitos, van a ser precisamente los Consejos Comunales rojos rojitos los que van a poder incorporarse. Son unas reglas de juego absolutamente tramposas, ya está predeterminada la composición de la Asamblea.


Y también, paso a paso de una forma más o menos explícita, nos han anunciado cual va a ser el contenido de esa Constituyente: podemos ver las declaraciones que han hecho:


Maduro ha dicho que no le alcanzan los poderes que tiene, a pesar de estar gobernando año y medio en Estado de Excepción, no le basta eso para poder implementar el tipo de lógica con la que quiere solucionar los problemas del país y necesita más poderes.


Elías Jaua ha dicho que este es un Estado indefenso frente a la ofensiva de la oposición y que requiere instrumentos constitucionales para defenderse, esto es obviamente un estado aún más autoritario que el que se está ejerciendo. Son señales que tenemos que tener en cuenta.


Entonces veo dos dimensiones: la dimensión de su inconstitucionalidad desde el punto de vista del procedimiento: Quién convoca, como convoca. Pero sin dejar de lado el tema del contenido, porque se supone que es una Constituyente plenipotenciaria, pero ya se le están fijando cuales van a ser los temas que debe aprobar.


Crees posible detener la violencia, con qué iniciativas


Primero hay que hacer un diagnóstico de qué violencia se trata. Si estuviéramos viendo simples desbordes, episodios que se le salen de las manos al gobierno y la oposición, interpretaríamos de una forma la violencia. Pero si por el contrario vemos en esta violencia intereses claros de carácter casi estratégico, de un lado y de otro lado se requiere la violencia para salir de la situación, es otra interpretación.


Hoy sabemos que la cúpula corrupta, autoritaria PSUV – Gobierno, no está dispuesta a ceder y parece no importarle cuantos muertos son necesarios para mantenerse. La reunión de generales, que hemos conocido por la vía de los documentos que le llegaron al MG Cliver Alcalá, en que se discutió abiertamente la necesidad de utilizar francotiradores contra las manifestaciones de la oposición, son una expresión de esto: no importan los muertos, vamos a preservar el poder.


Sabiendo que ya se pasó una especie de línea roja en que las cosas que está haciendo el gobierno son abiertamente criminales. No solo la gran estafa que denunció la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, sino el hecho de que ya hay crímenes de lesa humanidad y los responsables de eso, a los que no les quedan muchos caminos, no tienen muchos lugares en el mundo donde ir a disfrutar su fortuna mal habida, y eso los coloca en una situación en la que se van a defender como gato boca arriba y se van a defender no importan los muertos.


Por otro lado hay sectores radicales de la derecha que en realidad no quisieran que esta experiencia del chavismo terminase simplemente como una derrota electoral del chavismo, que dejase de alguna manera esta experiencia, obviamente muy golpeada, pero que quedaría como una experiencia de organización, de expectativas, etcétera. Esto para este sector no puede sobrevivir, para este sector esto requiere aplastamiento, exterminio. Un escarmiento de manera tal que este imaginario de la posibilidad de cambio quede negado. Y si además de eso sabemos que en este sector extremista esta la incidencia internacional y está como se ubica Venezuela en la geopolítica global, queda claro que esta violencia tiene características estructurales, está claro que esta violencia es extraordinariamente difícil de desmontar. Porque estas condiciones cierran enormemente las condiciones para el diálogo. No es simplemente un desborde, hay sectores que buscan esta violencia como objetivo.


Ahora, tanto la oposición hoy expresada en la MUD como el Gobierno PSUV, enfrentan en relación a esto, divisiones internas. Esto no es unánime, esto no es necesariamente mayoritario, hay gente de la MUD que afirma que están siendo empujados y chantajeados por estos sectores financiados y empujados por la política de Estados Unidos, y que no encuentran como desprenderse de ese chantaje, pero también del lado del gobierno empieza ese resquebrajamiento y vemos claramente de gente que no quiere hacerse coparticipe, cómplice, de esta situación, vemos el comportamiento de la Fiscal y de algunos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se manifiestan en relación a la convocatoria y a la forma de convocatoria a la Constituyente, son señales de este resquebrajamiento.


Entonces la posibilidad de entendimiento, de diálogo de salidas no violentas, pasan necesariamente por el reconocimiento de que no son dos bloque homogéneos, a pesar de los extremistas de ambos lados quisieran construir esto como una polarización entre bloques homogéneos, entre amigo y enemigo, en su totalidad. Pero hay mucha gente en el país, creo que claramente la mayoría, que quiere evitar una guerra civil, quiere evitar que la escalada de violencia siga profundizándose, esa gente tiene que encontrar también mecanismos de relación, de contacto, de diálogo, de reconocimiento, de amplios sectores tanto de la oposición como del chavismo, ya hay expresiones del chavismo crítico, pero hay mucha gente en el gobierno, inclusive en la Fuerza Armada que está crecimiente conflictuada por el papel que le están haciendo jugar en esta situación. Y esas posturas se están haciendo visibles. Son en esas posturas donde hay que abrir espacios para el reconocimiento, no en una conversación entre Diosdado Cabello y María Corina Machado.
Primero que hay mucha gente de ambos lados que se siente arrastrada a situaciones en las que no quiere estar y en las que no quiere ser corresponsables. Inclusive en las Fuerzas Armadas, sectores que no quiere ser corresponsables de una matazón. Inclusive hay que recordar que Chávez más de una vez insistió en que en su generación, en el Caracazo y el papel que les obligaron a cumplir en el Caracazo, fue una especie de quiebre. Un momento de conciencia, de reconocimiento de que estaban siendo utilizados para atropellar al pueblo. Entonces esa sensibilidad existe con toda seguridad, por las informaciones con las que se cuenta, que afirman que eso no es tolerado y no puede aguantar mucho tiempo.


Pero igualmente hay sectores de la oposición que no quieren ser instrumentos de esta política en las cuales uno hoy en Venezuela no sabe dónde está el fascismo. Porque el fascismo está cuando “colectivos” en motocicleta atropellan a estudiantes liceístas en una forma que recuerda a los grupos de la Alemania Nazi y que tienen las características de esos grupos para militares. E igualmente la violencia que se encuentra en muchas manifestaciones de la oposición es una violencia que apunta también en esa dirección.


Hoy, yo creo que inclusive, las manifestaciones muy masivas que está haciendo la oposición, no son necesariamente, manifestaciones de toda gente que esté de acuerdo con la MUD ni con su proyecto de sociedad. Sino que encuentran que es el único lugar donde tienen posibilidad de expresar el descontento. Esto es útil saberlo para no sobreestimar a la MUD como una gran organización que tiene hegemonía total del país, porque yo creo que eso tampoco es cierto...

Por: Carlos Carcione/Aporrea.org | Domingo, 28/05/2017 05:42 PM |

(Segunda parte se publicará el miércoles 31de mayo)

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Miércoles, 10 Mayo 2017 07:27

Maduro se apoya en las fuerzas armadas

Maduro se apoya en las fuerzas armadas

El presidente de Venezuela anunció la activación de una “constituyente militar”

 

El ministro de Defensa dijo que los manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley, en medio de denuncias de la oposición y de organismos de DD.HH. sobre estos casos.

 

Nicolás Maduro anunció que tiene pensado activar una “constituyente militar” para fortalecer los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas y definir los perfiles y mandatos constitucionales de la unión cívico-militar del país. Según detalló en su edición web el diario El Universal de Caracas, el presidente venezolano invitó a los militares a presentar propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reforzar la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con civiles. En el marco de las investigaciones que tienen lugar por los hechos de violencia en Venezuela, las autoridades detuvieron a Nixon Leal Toro –que estaría vinculado al partido opositor Primero Justicia (PJ)– y a otras ocho personas por dirigir una presunta célula armada en el país, informó el vicepresidente del país, Tareck el Aissami. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que los manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley, en medio de una serie de denuncias hechas por la oposición sobre estos casos.


El presidente venezolano afirmó que “hay que hacer todo lo que se pueda para fortalecer cada uno de los cuatro componentes. Para estudiar los perfiles y mandatos de la unión cívico-militar”. El jefe de Estado resaltó en la clausura de la Expo Venezuela Producción Soberana que el objetivo de la Constituyente militar tiene que ver con profundizar el proceso bolivariano. “Vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, sostuvo el mandatario anteanoche a través del estatal canal VTV desde Fuerte Tiuna, en Caracas, en un acto de gobierno.


Maduro detalló que con esta constituyente militar también se profundizará a la FANB en su doctrina, en su concepción estratégica, en su moral, en su visión, en su estrategia. El jefe de Estado hizo un llamado a los militares a hacer propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de reforzar la unión de la FANB con el pueblo venezolano.
Maduro convocó el 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente e invitó a todos los sectores de Venezuela a dialogar y a hacer propuestas para este proceso. El gobierno propuso nueve líneas programáticas para que la Constituyente tenga lugar, entre ellas se encuentran la paz nacional, el perfeccionamiento del sistema económico y de justicia, incluir en la Constitución las misiones sociales, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y el rechazo al intervencionismo extranjero. La convocatoria de Maduro ha sido rechazada desde varios sectores del país como la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), y algunos gremios, por considerarlo un proceso fraudulento que no solucionará los problemas del país.


En declaraciones hechas al canal estatal VTV, El Assami detalló sobre las detenciones realizadas ayer, que junto a Nixon Alfonso Leal Toro, quien era el jefe de esta célula armada, fueron apresados Carlos Alberto Contreras, alias “el 49”•; Manuel Cotís Castro, alias “Cotís”; José Daniel Hernández, alias “amarillo”; Fermín Coccione Castillo, alias “el loro”. Asimismo, señaló que también detuvieron a Oswaldo García Piñero, alias “El Portu”; Rancés García Ortega, alias “kike” y a la señora Carmen Salazar, alias “doña Carmen”.


El vicepresidente afirmó que Leal estaba vinculado con el partido Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, y recordó que tenía una medida de presentación ante los tribunales luego de que fuese liberado en diciembre. A Leal, que fue detenido en 2014 por los hechos de violencia que se produjeron durante las protestas de ese año, fue acusado de “estructurar una organización insurgente armada que operaba con células armadas en distintas áreas” de Caracas, según El Aissami. El vicepresidente mostró audios y vídeos que aseguró muestran como estos grupos se venían preparando para generar la violencia que se ha vivido en las últimas semanas y que ha enlutado a decenas de hogares en Venezuela.


En tanto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que “cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”. En su opinión, “todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos”, remarcó el militar que precisó que tales sanciones están estipuladas en el Código Penal Militar.


Con la actuación contra el “centinela” el general en jefe, máximo rango de la Fuerza Armada venezolana, se refiere al militar en funciones de vigilancia y orden público. Explicó, además, que aunque los procesos se inicien en tribunales militares, en el desarrollo de las causas se define la competencia de los órganos de justicia. “Nosotros con el Ministerio Público siempre hemos trabajado de la mejor manera y al final se van dirimiendo la jurisdicciones en el camino, como corresponde”, añadió.

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Sábado, 15 Octubre 2016 07:01

Las desventuras y oportunidades de la paz

Las desventuras y oportunidades de la paz

Aproximación.

Colombia atraviesa hoy por un momento especialmente complejo con ocasión de las acciones para poner fin a la más cruenta y prolongada guerra interna, con consecuencias demenciales, como los casi 8 millones de víctimas afectadas por el desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras y bienes.


Después de casi cinco años de encuentros, negociaciones y diálogos entre el gobierno y las Farc, el pasado 26 de septiembre se firmó un Acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, entre el Presidente Santos por el Estado y el señor Rodrigo Londoño, por las Farc.


La refrendación de dicho Pacto quedó incorporada en el texto del mismo, mediante un Plebiscito que fue impuesto por el señor Santos y sus delegados en La Habana, el cual fue remodelado mediante una nueva ley para reducir el umbral que lo legalizara. No se aceptó la propuesta de las guerrillas de acudir a una Asamblea Constituyente popular como mecanismo de confirmación del Tratado de paz, pues se afirmaba que su realización destruiría lo avanzado, cosa que en realidad está ocurriendo con el mentado plebiscito y sus contradictorios productos.


Los resultados adversos a la paz en el plebiscito por el estrecho triunfo del No, han desatado una amplia crisis política, pues los sectores promotores del rechazo, presionan la anulación del texto que contiene los consensos principales de La Habana para dejar atrás el conflicto armado e iniciar la construcción de la paz.


Tal crisis ha provocado una amplia controversia, que como lo señala Cuadra (http://bit.ly/2e4vJMC), no se trata de un debate de altura, por lo contrario asistimos a un bullicio mediático en que a falta de buenas ideas se impone el prejuicio, el eslogan fácil, y una nada despreciable dosis de mediocridad política y espiritual.


Añejos discursos, agrega, que apelan en la letra al derecho liberal y en los hechos a la brutal represión moral, cuando no, policíaca. Como si el tiempo se hubiese detenido en la década de los sesenta del siglo pasado, el bizantino debate colombiano nos retrotrae más de medio siglo en la historia.


Aunque “el fracaso de la Paz ha descubierto una realidad profunda, de la sociedad colombiana, según Cuadra, pues Colombia tiene una herida muy profunda que dista mucho de haber sanado, en cierta medida, se ha destapado una cloaca desde donde surgen, en ritmo de cumbia, los hedores del odio, el rencor, el dolor, la injusticia, la violencia y la muerte”.
“La racionalidad moderna, dice, choca frontalmente con una realidad cultural y social donde predomina, todavía, una estratificación colonial muy distante de sociedades democráticas abiertas”. Todo porque la sociedad exhibe rasgos de lo que algunos han llamado “modernidad oligárquica”.


Son las desventuras de la paz.


Para analizar dicho fracaso vamos a abordar cuatro cuestiones: las causas de la derrota del SI, las pretensiones e inconsistencias de los promotores del No, las propuestas para destrabar el proceso y la incidencia de vectores críticos como la acción de la multitud, el papel de los militares, la incidencia internacional y las negociaciones con el ELN.
Las causas de la derrota del Si a la paz.


No obstante que las todas las encuestas daban un amplio margen al SI y el triunfalismo oficialista, junto con el de los jefes de las Farc, daban por hecho la derrota apabullante del No, liderado por el expresidente Uribe Vélez, en las delirantes previsiones se omitieron asuntos de gran calado.


Se olvidó, nada menos, que tales votaciones se realizaban en el marco de un sistema político excluyente y un régimen electoral cargado de vicios y capturado por la corrupción. Se ignoraron aspectos claves de la cultura política hegemónica y de los sentidos de época con profundo anclaje, por la prolongada vigencia del modelo católico señorial y el consumismo neoliberal.


Si bien el porcentaje de personas que no concurrieron a las urnas es elevado, no debe perderse de vista que los procesos electorales han estado marcados por una baja participación, de ello dan cuenta las últimas elecciones nacionales cuya participación no llega al 50 % del censo electoral, de acuerdo con Ordoñez  (http://bit.ly/2dRQe0K).


A mi juicio, se desconoció olímpicamente, “que lo que se ha tenido en el país es una democracia representativa contramayoritaria, que ha implicado, entre otras cosas, un alto nivel de abstencionismo, una cultura política construida por los medios y por las redes sociales, la confianza de los ciudadanos en “gerentes” para administrar lo público, y un ejercicio de la política en el que partidos no promueven la participación, no se preocupan por la gente que no vota, sino que aspiran a obtener la cantidad de votos requeridos para acceder a sus representaciones, en una carrera política en la que aplican la competencia propia del sistema económico neoliberal, como bien lo recuerda Ordoñez, al igual que ocultan y tergiversan”.
En el caso del plebiscito del 2 de octubre, el diseño institucional contramayoritario jugó en contra de la élite política embarcada en el proyecto de la paz.


Adicionalmente se incurrió en la falacia de pensar que bastaba con tener el control del Estado para que el electorado se inclinara mayoritariamente por el Sí, desconociendo, como muchas veces lo anoto Foucault, que el poder en sus niveles decisorios no solo anida en los ámbitos gubernamentales, pues de igual manera se despliega con mucha eficacia en otros ámbitos de la sociedad. Uribe Vélez y los del No mostraron cuán importante es tener de su lado a poderosos terratenientes, generales, narcos, banqueros, empresarios, jerarcas religiosos y medios de comunicación.


Para los defensores del Si no fue suficiente la mermelada oficial, la propaganda y la prebenda burocrática, en una desafortunada campaña que se entregó a la más corrupta clase política liderada por el ex presidente Cesar Gaviria, artífice de la implantación del neoliberalismo en Colombia, desde principios de los años 90.


Lo que quiere el No.


Consumado el triunfo del No, sus principales promotores, encabezados por Uribe Vélez, han pasado a exigir la anulación de lo pactado en materia de paz.


El bloque ultraderechista ha desatado la más implacable arremetida para demandar una renegociación de los consensos alcanzados con las Farc.


La medula de sus pretensiones cubre todo el arco de los temas incluidos para la paz (ver http://bit.ly/2e4zD8a ).


Se pretende anular la justicia transicional, para ordenar la cárcel de los líderes guerrilleros; su participación política con representación en el Congreso y circunscripciones electorales especiales; para modificar el régimen de restitución de tierras; para otorgar beneficios judiciales a militares comprometidos en delitos de lesa humanidad; para desmantelar los avances en cuanto a la participación política; para bloquear el cese bilateral del fuego y el fin del conflicto; y para retornar a los ejes centrales de la Seguridad Democrática.


En realidad lo que quiere el bloque contrario a los Acuerdos de La Habana, que lidera Uribe Vélez, es paralizar la construcción de la paz y avanzar en la campaña política para elegir en el 2018, el próximo Presidente de Colombia, en cabeza de uno de sus representantes.


De hecho lo que ha ocurrido el pasado 2 de octubre es el fin del gobierno de Santos y el inicio de la campaña presidencial, con Uribe en la punta. Veremos si no se reproduce el escenario de las elecciones del 2014, cuando el uribista Zuluaga se impuso en la primera vuelta pero fue derrotado por una amplia coalición favorable a la paz en la segunda ronda.


¿Cómo destrabar la paz?


Hay amplio consenso en el sentido de que la paz ha sufrido un duro revés. Pero es evidente la determinación de encontrar salidas que destraben la paz.


El capítulo inicial de tal ruta ha generado encuentros entre los diversas facciones del No (Conservadores, católicos fundamentalistas y uribistas) con el señor santos, sus delegados de paz y asesores presidenciales.


Tales reuniones se han interpretado, con razón, como un intento por revivir el viejo modelo de consensos entre las elites, tal como sucedió con el Frente Nacional, que consistió en un “pacto de caballeros” para proyectar un régimen consociacional que diera estabilidad a la dominación oligárquica y feudal, al término del feroz ciclo violento de los años 50, tras el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán.


Tal hipótesis no debe descartarse.


Por el momento se han planteado algunas hipótesis para resolver el entuerto.


Voces expertas del constitucionalismo liberal proponen acudir al poder legislativo, que conserva sus competencias, pues el plebiscito solo compromete al Ejecutivo, para que, mediante leyes ordinarias, se implementen cada uno de los temas de la paz pactada.


De igual manera se sugiere acudir a las facultades presidenciales en materia de orden público, para tales efectos.


También se plantea un mayor protagonismo de la Corte Constitucional, para que mediante Sentencias y doctrinas, allane el camino a los otros poderes del Estado con las respuestas a demandas recientes radicadas por el uribismo contra el plebiscito.


Otros, destacan el papel de actores internacionales como mediadores para sobreponerse al impase, pues la paz de Colombia es de amplias repercusiones e interés en el escenario global.


Las Farc y otras corrientes políticas de izquierda han retomado la hipótesis de una Constituyente soberana y popular, dada la envergadura de la crisis de legitimidad del régimen puesta en evidencia por los resultados de las votaciones del plebiscito.
Los enemigos de esta iniciativa la descalifican señalando que un organismo de esos sería un salto al vacío, pues en su conformación se impondría la ultraderecha, la cual desmontaría tanto los aspectos avanzados de la Constitución de 1991, como los Acuerdos de paz, para regresar a los tiempos de la Carta de 1886.


Tal conjetura, por supuesto, es muy débil. La conformación de una Constituyente de la paz seria el fruto de un pacto con las Farc, y con el ELN, que suponga un nuevo régimen electoral y acciones afirmativas para la representación de la insurgencia y de otras minorías acorraladas como los indígenas, los afros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los intelectuales y los trabajadores.


Lo único cierto que tenemos al día de hoy es que el Plebiscito de Santos y de Humberto de la Calle, ha sido la peor fórmula para darle legitimidad al fin de la guerra.


Multitud, militares, mundo y ELN.


Al margen de pactos nacionales y de fetichismos jurídicos o constitucionales, hay vectores que son cruciales en la consolidación de la paz.


Esos factores son los que cuentan en la transición en curso, en la que nos movemos en un notable vacío político sin reglas de juego precisas y estables.


Me refiero al protagonismo de la multitud impactada y construida por la discursividad de la paz.


El campo político tiene unos códigos de sentido, cuya fuente son los textos de la paz. Con base en ellos se conforman sujetos y se proyecta la multitud, más que la muchedumbre agolpada en la vía pública.


La multitud, como reflejo de la multiplicidad social de sujetos que es competente para actuar en común como agencia de creación biopolítica dentro del campo político, es la que se está expresando de manera contúndete en plazas y espacios públicos, así como lo hemos visto con la movilización de las víctimas, jóvenes e indígenas.


La paz ha sido la palanca de constitución de esa multitud con expresiones históricas como los paros del 2013 y las Mingas étnicas del 2016. Casi que pudiéramos afirmar que la paz ha construido su propio sujeto histórico encargado de llevar hasta el fin esta trascendental tarea.


Los militares son, por supuesto, otra variable muy importante. Su compromiso con el Cese bilateral del fuego y hostilidades, declarado permanente, es crítico. Aquí lo que importa es que los integrantes de las FA resistan la manipulación de la ultraderecha que los quiere involucrar de nuevo en eventos de combate y confrontación abierta con los frentes guerrilleros, regresándonos a tiempos aciagos.


La mediación e influencia de los actores internacionales es vital para la paz. Es en esos términos que debe entenderse el Premio Nobel otorgado al Presidente Santos y a la paz.


Las negociaciones públicas iniciadas con el ELN seguramente jalonaran los esfuerzos por dejar atrás casi 60 años de guerra fratricida.

Pereira, 13 de octubre del 2016.

Publicado enColombia
Viernes, 29 Julio 2016 07:23

Plebiscito, Corte y Derechos

Plebiscito, Corte y Derechos


(Para el análisis de algunos temas sobre el plebiscito y el reciente fallo de la Corte Constitucional, nos remitimos, a falta de la sentencia, al comunicado de prensa de la propia Corte)

 

 
Normas y fallos a la medida

 

En el afán de correr, sin saber siquiera para dónde, pero siempre con el fin de obtener un resultado favorable, así sea sin un norte jurídico, en vez de utilizar los mecanismos institucionales ya existentes, el gobierno de turno ha decidido buscar atajos creando normas “especiales” a su medida, y ha obtenido de la corte constitucional (CC), también sentencias “especiales” a su medida, desconociendo la CC su propia jurisprudencia anterior sobre leyes estatutarias, que tal como están diseñadas en nuestra constitución, tienen control previo y definitivo de constitucionalidad, por lo que no es posible volver sobre ellas, ni siquiera para enmendar los “errores”, pues, constituyen cosa juzgada constitucional.

 

Cosa es de volverse locos: por la vía de la norma especial y de la excepción a la regla general, la excepción se está convirtiendo en regla general, y la regla general se ha convertido en excepción.

 

Esto es lo que ha sucedido con el umbral “especial” del plebiscito. La regla general, ley 134 de 1994, en su artículo 80 (que no fue declarado inconstitucional en la sentencia C-180 de 1994), dice: “Efecto de votación. El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”. Esta norma, a mi juicio, lo que quiere decir es que, si el censo electoral es de 34’729.241, la mayoría debería ser de 17’364.621 a favor del SÍ; en cambio, con la norma especial hecha a la medida, sólo se necesitan 4’514.802 votos, cuatro veces menos de lo legal, es decir, 12’849.818 votos, que le regaló la Corte al gobierno.

 

Pero éste no es el único regalo que le ha hecho la CC al Presidente: cuando éste buscaba el atajo por el camino del referendo, el Congreso expidió la ley “especial” estatutaria 1745 del 2014, recurriendo a la argucia de pegar la votación del referendo a las elecciones parlamentarias de ese año, es decir, a las votaciones de la clase política, cosa también prohibida por la ley 134, en su artículo 39, parte final donde dice: (...) “la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral”.

 

La argumentación de la CC para hacer estos fallos a la medida del gobierno, se ha construido básicamente sobre dos premisas falsas: a) el “supremo valor de la paz” y b) que la constitución no tiene normas expresas sobre esos temas.

 

La primera premisa es una falacia, ya que nuestra constitución no tiene ningún “valor supremo”, ni un único valor; y como toda sociedad pluralista, tiene también pluralidad de valores: libertad, justicia, igualdad, seguridad, dignidad, paz, etcétera.

 

Si bien es cierto que la paz es un derecho fundamental, y no un gracioso regalo del gobierno y las Farc, existen otros derechos fundamentales (artículos 11 a 40 de la constitución), como el derecho al buen nombre, a la honra, a la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión, entre muchos otros, todos tan igualmente derechos humanos fundamentales como el de la paz, que tampoco pueden ser desconocidos, so pretexto de la paz.

 

Y eso de que la constitución no tiene normas expresas, como dice la propia CC, aparte de las normas que ya hemos señalado, repasemos estas otras:

 

- El preámbulo, que en ejercicio del poder soberano establece que el marco jurídico será democrático y participativo;

- El artículo 1º, que establece que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista;

- El artículo 2º, que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en lavida económica, política, administrativa y cultural de la nación;

- El artículo 3, (el principal entre todos estos), que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público);

- El artículo 40, que le da a todo ciudadano el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y en ejercicio de él, y para hacerlo efectivo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos... Y otras formas de participación democrática.

 

 

La Corte viola principio democrático

 

Debemos mirar si se puede considerar “decisión del pueblo”, la decisión de una minoría, o es necesaria la participación de la mayoría, como se establece en la ley 134, atrás citada, para que sea verdaderamente democrática.

 

Desde Aristóteles (La Política), se sabe que una de sus cualidades fundamentales es que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del Estado: “En la democracia, es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”; “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo (lo que beneficie a la mayoría)”...

 

El ideal democrático sería que todos decidieran lo mismo (unanimidad), pero como en toda sociedad existe pluralidad de valores, es muy difícil lograr la unanimidad, y en consecuencia, la democracia se expresa por medio de la participación de las mayorías y de las minorías de todos los que conforman el cuerpo electoral estimado en 34’729.241 ciudadanos aptos para votar. La mayoría de ese cuerpo electoral es la mitad +1; esto es, 17’364.622 votos. Para que una decisión fuera verdaderamente democrática debería tener, por lo menos, ese número de votos a su favor.

 

Se podría discutir si es válida en una verdadera democracia que la decisión la adopte un número menor de la mitad +1 del cuerpo electoral. Y se podría aceptar, en gracia de discusión, pero con una condición sine qua non: que la participación alcance por lo menos la mitad +1 del cuerpo electoral.


Cualquier otra fórmula quedaría basada en una minoría, resultando por ende, antidemocrática, como sería el caso del plebiscito regido por un umbral especial del 13 por ciento.

 

Por eso es que en muchos países, para garantizar el principio democrático, se exige que participe por lo menos la mitad + 1 de integrantes del censo electoral (umbral). En Colombia, con una ley especial, y mediante un fallo especial de la corte constitucional, se ha bajado extremadamente el umbral, corriendo el riesgo de que sea una minoría la que apruebe o rechace el acuerdo de La Habana que daría paso a la construcción de una paz estable y duradera.

 

No hay duda de que ese umbral del 13% (37 por ciento más bajo de lo que exige una verdadera democracia), quedó muy lejos de la norma general. Ese es otro regalo que le ha hecho la Corte al gobierno de turno, olvidando que si la constitución en varios artículos define el Estado como democrático, la verdadera democracia exige que toda decisión sea tomada con la participación de por lo menos la mitad +1 de los miembros del cuerpo electoral.

 

Hace cerca de un año, la CC había aceptado esta tesis en la sentencia C-150 DE 2015, al encontrar constitucional la ley estatutaria 1757 de 2015, que en su artículo 41, establece: ... “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando... “haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del censo electoral vigente”. Como se ve, hace apenas un año la corte dijo cosa distinta a la que dice hoy: La regla establecida en el literal a) demanda la participación de la mayoría del censo electoral. Esta disposición, que regula el mínimo de participación, debe complementarse con el actual artículo 79 de la Ley 134 de 1994, encontrado exequible en la sentencia C-180 de 1994 y en el que se estableció que la decisión se adoptará por la mayoría del censo electoral. Se trata entonces de dos reglas complementarias.

 

 
Orden público

 

La Corte vuelve a repetir la tesis falaz del exfiscal Montealegre, de que siendo el Presidente el responsable del orden público, puede él decidir nuestro futuro a nuestras espaldas. Se le olvida a la Corte que hace más de 2.500 años los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo, como dijera Aristóteles : “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está por encima de las Leyes”; y que hace más de 230 años las revoluciones burguesas (americana y francesa), trasladaron la soberanía del gobernante al gobernado, de modo que el gobernante no es más que un empleado a sueldo de los gobernados, y que los hombres dejaron de ser súbditos, para convertirse en ciudadanos con derechos.

 

Se olvida también que al haberse establecido en la constitución del '91 la soberanía popular, en reemplazo de la soberanía nacional, trajo profundas consecuencias jurídico y políticas, pues, ahora somos ciudadanos soberanos con derechos: cada uno de nosotros es titular de una fracción de la soberanía, y también la tenemos cuando nos reunimos en el cuerpo electoral, a diferencia de la soberanía nacional, donde los individuos no son titulares de la soberanía y solo la tiene la reunión de estos con fines políticos: el denominado cuerpo electoral.

 

Tampoco es cierto, como afirma la Corte, que como el Presidente es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera. El Presidente de la República y la CC (que le hace la corte en este tema), no permiten que se presente otra visión de la paz; una visión alterna con justicia social y con derechos humanos, sino que dentro de ese contubernio pretenden mantener un sistema con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos y sociales de los más pobres que en realidad es una guerra: la guerra sistemática y cotidiana de Santos contra los derechos del pueblo; su guerra social y económica contra el pueblo.

 

Mi derecho fundamental a la paz no está constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo en cualquier momento contra cualquier gobierno como éste que tradicionalmente ha sido su más grande violador; o contra cualquier otro sujeto público o privado que pretenda violarnos el derecho a la paz. Constitucionalmente, como derecho fundamental, es un derecho irrenunciable y no podemos desprendernos de él, aunque quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno.

 

De todo lo dicho sobre este tema, podemos inferir que, teniendo cada uno de nosotros su derecho a la paz, es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la de Uribe y a la de Santos, una paz con justicia social y con derechos humanos plenos, que no se respetan, ni ahora en este gobierno de Santos ni antes en el de Uribe

 

 
El derecho al voto


Como cada uno de nosotros, a la luz de la soberanía popular consagrada en el artículo tercero de nuestra constitución, tenemos una fracción de la soberanía, en consecuencia, también el voto es un derecho que podemos ejercerlo o abstenernos de ejercerlo (abstención); y si decidimos ejercerlo, podemos ejercerlo legítimamente por una u otra visión de paz en un plebiscito, un referendo o una constituyente votando SÍ o NO, en Blanco o abstenernos, porque nadie puede impedirme que yo ejerza mi soberanía como quiera.

 

Como consecuencia de la fracción de soberanía que tenemos cada uno de los ciudadanos, el voto es un derecho, y por lo mismo, no se nos puede privar del derecho de elegir y ser elegidos, o de participar en las decisiones sobre nuestro destino; podemos darle órdenes a nuestros representantes e imponerle obligaciones; el gobernante tiene el deber de rendirnos cuentas periódicas de su gestión y, en el evento en que no estemos de acuerdo con lo que hace, o haya incumplido sus promesas electorales, podemos revocarle el mandato, llámense Presidente o congresista, o cualquier otro nombre que se le dé al elegido.

 

Por esta razón, es absurda la decisión de la Corte que sólo le permite a los titulares de la soberanía ejercerla de tres maneras: votar SÍ o NO o abstenerse. Un órgano constituido como la CC, no le puede impedir al pueblo soberano que ejerza su soberanía como él quiera. La Corte, en su afán de abrirle el atajo a Santos, al permitirle un umbral del 13%, le regaló el 37% de la abstención al gobierno, y quiso también, en una jugada a tres bandas, regalarle los votos de los demócratas que queremos la paz, pero que tenemos una visión de la paz distinta a la de santos, menos imperfecta, con más derechos, con justicia social, al no permitirnos una casilla para votar por la paz con derechos; por la constituyente que permitiera consagrarlos, y crear las instituciones para realizarlos. Nos toca decirle a la Corte, que vamos a ejercer nuestro derecho soberano, votando por esas opciones de derechos, o por otras; sabemos que al votar por los derechos, nos anularan el voto, pero que tendrán que contarlo; y que si gana el voto nulo, vamos a ejercer nuestro derecho soberano para reclamar una paz distinta, una paz con justicia social plena de derechos.

 

 

Zarpazos constitucionales


la Corte Constitucional, en su fallo excepcional y a la medida sobre la norma excepcional y a la medida de Santos, no sólo cambia su jurisprudencia, le regala el 37% del umbral, nos quita nuestro derecho fundamental a la paz; nos expropia nuestra fracción de soberanía al quitarnos el derecho de votar por la paz con derechos y por la constituyente o en blanco; permite que las minorías decidan por las mayorías, con lo que viola todas las normas sobre democracia que están en la constitución; sino que además, “blinda” al presidente ante una eventual derrota, al manifestar que si pierde su visión de la paz, nada le pasa, queda vivito y coleando, como si no hubiera perdido, y lo que es más grave, que no tiene que cambiar su política o visión de la paz, con lo que lo exime de toda responsabilidad jurídica y política; lo deja más inmune que a Pinochet, quien a pesar de ser un dictador declarado, tuvo que dejar el poder cuando perdió su plebiscito.

 

Como si fuera poco, la Corte le permite a la cohorte del Presidente, esto es a todos sus funcionarios públicos, que hagan política bajo el disfraz de la opinión, con lo que coloca en posición de privilegio la visión del gobierno y, como todo privilegio, rompe la igualdad en la competencia de las otras visiones sobre la paz. Privilegio perverso por cuanto la visión del gobierno, tiene lo que no tenemos quienes tenemos una visión de la paz con justicia social: esto es, contratos para repartir, puestos para dar, becas para entregar, obra pública para inaugurar; presupuesto del Estado para gastar, medios de comunicación oficiales y privados, fuerza pública para intimidar y organismos de seguridad para vigilar a quienes piensan distinto sobre la paz. Todo esto se le permite, sin que tenga que aplicarse la inocua e inicua ley de garantías.

 

Es tan contradictoria la decisión de la CC que no existe ninguna correspondencia lógica entre las premisas del fallo y la conclusión a la que se llega en este tema. La premisa fundamental por la cual la propia Corte se sustrae ella misma (y de paso al Congreso) de la decisión del plebiscito, es porque se trata de un acto exclusivamente político: “La Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político, dice en el comunicado. Pues, bien: si es un acto exclusivamente político, toda opinión que se emita sobre él, a favor o en contra, es también política y los funcionarios públicos que participen, estarían participando en una actividad política y haciendo política. En qué quedamos: ¿es un acto de opinión o es un acto político?

 

 
Transparencia democrática


Si en la democracia, la soberanía es del pueblo, y el soberano es el titular del poder constituyente, que crea los órganos constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el pueblo debe saber siempre qué hacen esos órganos constituidos; debe poder mirarlos permanentemente; observarlos en su actuar; vigilarlos... Con razón, Norberto Bobbio define la democracia, como el gobierno del poder público en público; y como consecuencia, uno de los principios fundamentales del Estado constitucional es que la publicidad sea la regla, y el secreto, la excepción.

 

Se infiere de la definición de Bobbio, la necesidad de que el poder público de la justicia, actúe en público, de frente al pueblo y vigilado por éste, con mayor razón en cuanto que en cada proceso que se tramita ante la justicia, están de por medio los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Por esta razón, los jueces deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un gracioso privilegio a ellos sino una rigurosa garantía a los ciudadanos: la garantía de que si uno de sus derechos le ha sido violado por un poderoso, no importa que su poder sea económico, militar o político, ese poderoso puede ser llevado ante un juez independiente e imparcial que, mirando los hechos y las pruebas de la violación, condena al violador poderoso y restablece el derecho del humilde.

 

 

Reforma a la Corte Constitucional


En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción o politiquería; por amistad o enemistad, y a veces por temor.

 

Como a veces esa imparcialidad trata de ser doblegada por la descarada intervención de poderes constituidos externos a la propia Corte, como fue el caso de la intervención presidencial con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Corte Constitucional pidiendo que se le aprobara el plebiscito, precisamente, con el fin de hacer más independiente a la CC es que proponemos algunos temas de reforma de ella:


Primero.- Que se le quite al Presidente de la República la facultad de ternar tres magistrados de la CC, para evitar su injerencia externa e interna.

Segundo.- Como la democracia es el gobierno del poder público en público; de frente al público, y por otro lado, todo poder constituido debe dar cuenta de su gestión al poder constituyente del pueblo soberano, proponemos que las deliberaciones y las decisiones de la Corte Constitucional se tomen en público, como se hace en otros países, como México, donde la Corte Suprema sesiona de cara al público.


Tercero.- Que se abra un libro, como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los magistrados deben anotar los nombres de todas las personas que les hablen sobre algún tema sometido a su competencia, y establecer como causal de destitución, el no registrar inmediatamente el hecho.


Cuarto.- Que en la página web de la Corte, y en algún lugar de la Secretaría General, se registre la familia nuclear (esposo-a o compañero-a permanente; hijos del magistrado o magistrada, con sus yernos o nuera si los tuvieren), con la información sobre su actividad laboral y especialmente, si es funcionario público, dónde trabaja y cómo se vinculó a la administración pública.


Quinto.- Que se asigne un porcentaje del presupuesto nacional, por derecho propio, para la Corte Constitucional, y para toda la rama judicial, similar a lo que se hizo en el plebiscito de 1957 en materia de educación, de manera que la rama judicial deje de mendigar ante el gobierno central cada año los recursos para su normal funcionamiento.

 

Con estas y con otras propuestas que habrá que debatir, podremos fortalecer la independencia de la Corte Constitucional y, por esa vía, garantizar mejor los derechos de todos los colombianos.

 

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Miércoles, 13 Enero 2016 06:49

El fin del conflicto armado

El fin del conflicto armado

La Mesa de conversaciones de paz de La Habana entra a la parte final para la superación definitiva del conflicto social armado. La organización y preparación del plebiscito por la paz no, iniciativa del gobierno, en el que probablemente participaran cerca de 10 millones de ciudadanos, debe ser un escenario que permita la promoción de la Asamblea Constituyente popular y soberna

Tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como las Farc/Ep, preparan el trabajo y las condiciones para abordar el tema crucial del findel conflicto armado y el del mecanismo de refrendación de los consensos suficientes alcanzados a lo largo de los diálogos de paz.

Por supuesto son dos campos sociales ampliamente condicionados por diversas racionalidades políticas y por múltiples formas de constructivismo social discursivo en el contexto de lo que se denomina marcos de análisis o conceptos con que cada agencia aborda el diseño de un nuevo ciclo político nacional sin la feroz y letal incidencia de las armas y la violencia.

Conviene destacar que en los temas señalados se resume el principal desafío de la Mesa de diálogos. Tres años de encuentros y acuerdos entre las partes, permitieron establecer que lo más importante consiste en superar la violencia como instrumento de resolución de conflictos en la formación social, que es lo que desafortunadamente ha ocurrido durante más de medio siglo a raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, de la atroz violencia de los años 50 y de la autodefensa agraria armada ubicada en el ámbito de la acción guerrillera tanto por las condiciones especificas del antagonismo social como por las consideraciones ideológicas y tácticas que se desprenden de cierta interpretación de la teoría revolucionaria.

Igualmente es pertinente advertir que el nuevo escenario delineado para los primeros meses del año 2016 en materia de paz, se da en el marco de una exacerbada crisis económica y fiscal con los efectos inevitables en el auge de la movilización popular antisistémica y en el quiebre de la legitimidad y gobernabilidad de las castas que controlan el Estado y el Gobierno.

Por supuesto, las nuevas subjetividades políticas que surjan en el marco de la desmovilización de las Farc, tienen grandes retos para asumir. Como quiera que la hipótesis que animara su militancia política se oriente a convocar un gran bloque nacional popular como alternativa al modelo de dominación oligárquica, hay diversos problemas a resolver en la perspectiva de la construcción de un sujeto que ofrezca una nueva posibilidad de organización sociopolítica democrática y justa para la Colombia del siglo XXI. En ese sentido, una reflexión atinada debe trascender el mero análisis estructural (de estructura y superestructura) conocido, para establecer una cadena de equivalencias en la injusticia que permita establecer un "significante vacio" (¿Paz con tierra, pan, empleo, salud, techo y educación?), como punto de convocatoria popular, más allá del simple llamado de clase obrero.

Lo que hay que entender es que un cambio profundo del Estado y la nación no será el resultado de meras alianzas electorales de aparatos ni de simples y mecánicas "acumulaciones de fuerza", como lo propone el viejo esquema dogmatico y sectario de una izquierda que se quedo estancada en los años 60 del siglo XX. Una izquierda autoritaria y minoritaria que dejo de convocar a las masas empobrecidas y a las clases medias arruinadas.

La construcción de un nuevo bloque histórico que sirva de fundamento a una nueva hegemonía popular debe ser el resultado de un amplio trabajo cultural en el seno de la sociedad civil (medios de comunicación, iglesias, escuelas), para generar nuevos consensos y legitimidades.

Estos son temas para abordar en análisis más detallados y ponderados, de los que modestamente nos ocuparemos en otros trabajos que publicaremos próximamente en estas páginas, sobre los movimientos sociales y la hegemonía popular.

Por el momento digamos que el tema del fin del conflicto armado suma diversas facetas que deben ser consideradas con toda la ponderación y celeridad correspondiente.

La extinción de la guerra debe abordarse, como proceso integral y simultaneo, según el Acuerdo general de La Habana en los siguientes espacios: a) Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; b) Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político –, de acuerdo con sus intereses; c) El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP; d) En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos; e) El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; f) Garantías de seguridad; g) En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo; g) La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

La refrendación de un pacto general aun no se define pero las partes han planteado iniciativas puntuales que bien pueden converger en un momento determinado. Me refiero a las hipótesis del plebiscito, que ya tiene un largo camino recorrido en el Congreso de la Republica y en los sentidos que el Presidente Santos le quiere imprimir y también a la convocatoria de una Asamblea Constituyente popular y soberana, conformada mediante el recurso de acciones afirmativas que garanticen la adecuada representación de segmentos sociales afectados por el ventajismo clientelar y electoral de los gamonales de la política oficialista. No es cierto que una Constituyente con asignación de cupos específicos a los campesinos, indígenas, trabajadores, intelectuales y otras minorías, mediante acciones afirmativas, sea puro corporativismo nazifascista. Ese es un argumento trasnochado de la ultraderecha uribista que cada vez esta más arrinconada porque defiende la continuidad de la guerra.

De abrirse paso el plebiscito por la paz, como ya está ocurriendo, será inevitable utilizar los espacios de la movilización ciudadana, para explicar y promover entre los 10 millones de personas que lo votaran por el sí, las bondades de una Asamblea constituyente popular y soberna que coloque una base solida al nuevo ciclo político del post conflicto armado.

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