Coche de los años 40/50 en playa de Guanabo (Cuba).

La Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza que se alimenta del autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que desde Miami busca una marcha versallesca sobre La Habana

 

La reciente explosión social que ha tenido lugar en Cuba debe enmarcarse en el tortuoso proceso de ajuste y adaptación que ha tenido que vivir la Revolución cubana desde los años noventa, cuando colapsó el esquema de inserción económica y geopolítica (el CAME y la URSS) en el que se había cimentado su modelo de desarrollo social, y con él su legitimidad política interna. 

Tras una década (la de los sesenta) de experimentación revolucionaria autóctona, un laboratorio de soberanía socialista tan audaz en sus propósitos como aleccionador en sus fracasos, que es interpretado hoy en discurso oficial como una era de romanticismo idealista, la revolución cubana se situó en la órbita del imperio soviético. De la URSS obtuvo Cuba un modelo económico basado en la planificación centralizada de la economía y también un mercado internacional con precios preferenciales, tanto para las exportaciones cubanas de azúcar y níquel como las insustituibles importaciones de una materia prima tan estratégica para el desarrollo industrial moderno como es el petróleo. La primacía de la planificación centralizada sobre el mercado y un comercio internacional basado en alianzas políticas más que en precios  (y por tanto muy vulnerable a las coyunturas políticas de los países aliados) han sido dos rasgos persistentes y profundamente problemáticos del sistema económico cubano. Pero mientras existió la URSS y el campo socialista, aunque el modelo presentaba notables disfuncionalidades económicas, permitió un crecimiento sostenido que alimentó uno de los desarrollos sociales más ambiciosos de la historia de América Latina. La masiva inclusión de sectores de población previamente excluida, la elevación del nivel de vida, y las políticas sanitarias, educativas o deportivas, fueron claves para forjar el pacto social tácito que cimentó la revolución cubana como proceso con suficiente legitimidad social como para ser estable: el monopolio autoritario del poder político en manos del PCC a cambio de defensa de la soberanía nacional y avances en justicia social. 

Pero en 1991, y tras perder el paraguas del comercio protegido y ventajoso del campo socialista, Cuba se vio de pronto arrojada al mercado mundial para el que no estaba preparada. Lo hizo además en las condiciones desfavorables de un bloqueo norteamericano recrudecido (leyes Torricelli y Helms-Burton). Las consecuencias del trauma de los noventa fueron inmensas.  Cuba se vio obligada a redirigir su modelo apostando por el turismo, la apertura a las remesas de los cubanos emigrados (un duro golpe a la autoestima económica de la Revolución) y a la inversión extranjera. También, en el plano interno, abriendo espacio al mercado frente al plan (mercados agropecuarios, trabajos por cuenta propia) en un pulso ambivalente y contradictorio que tres décadas después está lejos de haber sido resuelto satisfactoriamente.  

La colaboración con la Revolución Bolivariana a partir de la llegada al poder de Chávez en el 2000 dio a Cuba una bocanada de oxígeno, especialmente en su dimensión energética (petróleo), que ha sido crucial y que llevó incluso a parte de la dirigencia cubana, con Fidel Castro al frente, a fantasear con la posibilidad de un retorno a los códigos de gobernanza pre-años noventa (lo que fue llamado la Batalla de Ideas). Pero la reorientación del viejo modelo de planificación económica (que hoy la propia dirigencia cubana considera obsoleto) hacia alguna forma de economía socialista que debía dejar espacios amplios al mercado y la iniciativa privada era inevitable. La crisis venezolana, que lleva afectando a Cuba casi un lustro como símbolo de la misma piedra con la que siempre tropieza la Revolución, no ha hecho sino confirmar la necesidad de abandonar la búsqueda de alianzas comerciales ventajosas mediadas por afinidades geopolíticas. Que Cuba sea capaz de prosperar por su propio desempeño económico en el mercado mundial es un imperativo de supervivencia para el régimen.  

De este modo, Cuba transita oficialmente hoy hacia un socialismo de mercado que sigue el ejemplo asiático. Un proyecto que, en teoría, debe lograr elevar los niveles de vida salvaguardando a) el monopolio político del PCC y b) (más problemático desde una perspectiva transformadora) el espíritu de la revolución. La imagen inspiradora en la élite gobernante cubana es Vietnam. A diferencia de China, cuyo proceso de desarrollo se da a una escala que no está al alcance de Cuba, Vietnam es una nación que a través de las reformas económicas aperturistas (el Doi Moi) ha logrado enfrentar simultáneamente tanto  su estructura económica colonial como los efectos devastadores de la intervención militar de EE.UU., volviéndose una sociedad moderadamente próspera bajo el férreo control del Partido Comunista. Que esta es la hoja de ruta de la dirigencia cubana es algo que no alberga discusión. De hecho la reciente reforma constitucional cubana básicamente dio amparo legal a las reformas promercado aplicadas en Cuba desde la etapa raulista. La gran diferencia entre la vía cubana y el socialismo asiático ha sido la relativa lentitud, timidez y precaución demostrada por la primera. La explicación fundamental es que desde la óptica del gobierno cubano el desarrollo de cualquier pequeña o mediana burguesía nacional, un actor imprescindible en este esquema, es interpretado como un germen quintacolumnista potencialmente favorable a las políticas injerencistas de Miami y de EE.UU.  

En este proceso de construcción ambivalente de un socialismo de mercado se inscribe la eliminación del sistema de doble moneda y otras muchas reformas, en muchos casos fallidas y cuya responsabilidad central ha sido el desempeño del propio gobierno, que han acabado configurando una tormenta económica perfecta en un contexto de pandemia global.  Quizá el más importante de estos fracasos, dado el peso que tiene la importación de alimentos en el desequilibrio comercial de la economía cubana frente a su potencial de autosubsistencia, ha sido la recampesinización vigente desde 2008, y cuyos resultados han sido bastante modestos. 

El ajuste estructural de los años noventa, a pesar de que se hizo con cierta sensibilidad social (el objetivo era mantener vivas las políticas públicas en materia de educación y sanidad, así como una defensa nacional competente) tuvo efectos desgarradores que debían ser transitorios pero se volvieron crónicos. Destaco dos: la precarización material y el aumento de la desigualdad en un país oficialmente igualitarista (lo que generó además una esquizofrenia política en el discurso público ideológicamente explosiva). 

Una vez superada la odisea material del Periodo especial y su excepcionalidad, buena parte del pueblo cubano descubrió que su nueva vida cotidiana seguía siendo tremendamente difícil. Sin duda la aparición de un inmenso precariado cubano, personas cuyo salario no reproduce su fuerza de trabajo y deben conseguir ingresos extrasalariales para llegar a fin de mes, es el hecho sociológico central de la Cuba post-soviética. Esta emergencia del precariado cubano debe entenderse además con el telón de fondo de un proceso progresivo de recortes de subsidios y gratuidades por parte del Estado (empezando por la libreta de racionamiento de alimentación básica, que lleva años minimizándose y hoy está en vías de desaparición), sometido ahora a las presiones del mercado mundial tras décadas al margen, y además ahogado financieramente por el bloqueo norteamericano.

En la Cuba de después de los noventa básicamente se establecieron tres vías para obtener esos ingresos extrasalariales imprescindibles para sobrevivir: a) remesas de familiares en el extranjero; b) derramas de los sectores vinculados a la economía global (propinas turísticas, salarios más elevados asociados a las misiones médicas internacionalistas): c) un mercado negro y una economía sumergida gigantesca, muy compleja  y que alberga de todo, incluyendo fenómenos muy vergonzosos para el ideal revolucionario como ha sido el retorno de la prostitución. Este “de todo” incluye desde procesos de explotación laboral y acumulación originaria de tipo capitalista muy salvajes hasta procesos de redistribución familiar y comunitaria de la riqueza, de impronta ética socialista, muy interesantes.

Lo que nos conecta con la cuestión de la desigualdad. Cuba en los ochenta, con un índice de Gini de 0,24, era uno de los países más igualitarios del mundo. Los años noventa dispararon la desigualdad. En el 2016, fuentes oficiales reportaron un índice de Gini entre 0,4 y 0,45, un aumento drástico que coloca a Cuba, aproximadamente, en el promedio regional de América Latina. La isla hace mucho tiempo que ha dejado de ser un paraíso de igualdad social. 

Estas cifras estadísticas se traducen, en la vida cotidiana, en diferencias muy importantes entre distintos estratos sociales en lo que se refiere a niveles de vida y seguridad material. Por supuesto, existen privilegios vinculados a los grupos dirigentes y también a las Fuerzas Armadas. Pero las posibilidades económicas de quien recibe remesas de familiares emigrados y quién no las recibe son muy diferentes.  Además, por la propia estructura racial de la migración cubana, mayoritariamente blanca, la recepción de remesas tiene un sesgo racial evidente. Julio César Guanche afirmaba, en un texto fundamental para entender el contexto de la crisis reciente, que por cada dólar que recibe por vía remesa un cubano con piel negra se reciben tres dólares por parte de un cubano con fenotipo blanco. En Cuba la pobreza vuelve a solaparse hoy con estructuras racializadas de perfil colonial que la Revolución, a pesar de haber intentado desmontar, ha vuelto a reproducir.  Otros sectores muy vulnerables son las personas mayores y los hogares monomarentales, que cargan sobre sus hombros con una precariedad económica que se traduce también  en una crisis de cuidados de tintes dramáticos. Estos son algunos de los sectores que conforman una inmensa bolsa de población obligada a sobrevivir en un día a día marcado por condiciones materiales muy extremas, y que el reciente proceso inflacionario ha terminado de movilizar y sacar a las calles. 

Aquí debe añadirse la otra cuestión que lo atraviesa todo, la de los reclamos de apertura política ante los déficits democráticos del régimen, que en lo estructural puede entenderse como un proceso de deslegitimación progresivo y difícilmente reversible del proyecto revolucionario, que además tiene un componente generacional muy marcado.

Entre otras razones, el régimen resistió al difícil examen de los noventa porque contaba con una enorme legitimidad popular conquistada por el proceso masivo de inclusión social que supuso la Revolución y el efecto del liderazgo carismático de Fidel Castro en la construcción de consensos. Pero Raúl no es Fidel, y Díaz-Canel no es Raúl. Y las generaciones jóvenes, a diferencia de la base demográfica de los noventa, no tiene experiencia alguna de mejora material y social provocada por la Revolución. Más bien sucede al contrario: la memoria juvenil cubana solo ha conocido un contexto precario en lo material y opresivo en lo político en comparación con el marco de expectativas que impone tanto su nivel formativo como el curso de los tiempos.

Ante esta cuestión, la Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza política perversa, que se retroalimenta constantemente, entre el autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que al menos en Miami (porque la diáspora cubana es también muy compleja y no se reduce al reducto de extrema derecha del sur de Florida) busca una marcha versallesca sobre La Habana. Cuando las demandas y las aspiraciones democráticas de las generaciones más jóvenes de la revolución no pueden ser satisfechas sin suponer una enmienda a la totalidad del sistema político (incluso las que provienen de una izquierda declarada socialista), tenemos la otra cara del problema estructural que hoy carcome Cuba. Lo dice el intelectual cubano Julio César Guanche de modo magistral: el ambiente político en Cuba ha programado, “un algoritmo de la exclusión”, que etiqueta como contrarrevolucionarias amplias zonas de experiencia y saber social, “una máquina de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos”. En este marco político autoritario cualquier crítica al gobierno, motivada por cuestiones materiales o por cuestiones ideológicas, no puede ser constructiva, no puede ser integrada, y tienden a encadenarse necesariamente hasta dar forma a un discurso impugnador totalizante de signo anticomunista. 

Esto último es muy importante para entender la enorme complejidad ideológica que se está movilizando en el estallido social, que hoy es un abanico muy heterogéneo que no se puede simplificar.  Así, por ejemplo, entre los manifestantes contra el gobierno los anarquistas cubanos llaman a luchar por igual contra el bloqueo (y la injerencia extranjera) y contra la dictadura.  Quién va a liderar esta explosión social de descontento está aún por dirimir. Por desgracia, son muchos años en los que el régimen ha ahogado y reprimido la crítica interna (incluyendo la socialista) como para que la derecha no juegue en este terreno con inmensa ventaja. En definitiva, aunque las protestas no son ni mucho menos protagonizadas por agentes de la CIA, el corsé autoritario del sistema político en Cuba y sus déficits democráticos potencian, paradójicamente, la oposición al régimen en su conjunto y facilita la agenda de la derecha. Es una especie de juego de espejos de profecías autocumplidas que tiene muy mal pronóstico. Porque, al mismo tiempo, tampoco se puede afirmar que la defensa del estatus quo descanse exclusivamente en una minoría privilegiada y su red clientelar. Aunque esté históricamente en sus horas más bajas, la fidelidad al régimen revolucionario de otra parte sustancial de la población hace pensar que, si no se cortocircuita, este tipo de binarismo sin matices, en el que al gobierno cubano le gusta desenvolverse, solo puede tender a desembocar en un conflicto civil. .

Llegados a este punto de la panorámica, vuelvo a la actualidad y la coyuntura para cerrar. Es evidente que la represión gubernamental no es el camino para gestionar el estallido social. O es un camino terrible de corto recorrido que debe ser condenado sin paliativos. También entre socialistas. Todos los presos deben ser puestos en libertad, la represión debe cesar y las protestas pacíficas deben ser permitidas.  En el medio plazo, además de medidas económicas de choque que corrijan los efectos más dramáticos de la carestía material, la única posibilidad viable es una solución política, que necesariamente pasará por corregir muchos de los déficits democráticos del sistema cubano, ampliando derechos y libertades tanto individuales como asociativas. 

Considero que esto debe defenderse aunque un proceso así pueda poner en riesgo algunos de los logros revolucionarios. Se trata de un peligro menor ante el hecho de que la mayor amenaza para esos logros revolucionarios es que una parte creciente del pueblo cubano los percibe como una carcasa cada vez más desgastada, vacía y asfixiante. Comparto en este punto, palabra por palabra, esta afirmación de Wilder Pérez Varona en su texto Unas palabras sobre la Cuba de los humildes:  “Esa posibilidad no es otra cosa que su derecho a ser y actuar como pueblo. Su derecho como soberano a la no intermediación. A ejercer su indelegable soberanía. Es derecho a ser inoportuno respecto a planes, estrategias y programas ajenos. Es derecho incluso a equivocarse. Un derecho supremo que nadie más posee en su nombre”. En la situación de Cuba, a cualquier sensibilidad transformadora le conviene atender a cierto principio de sentido común anarquista: cuando un Estado (con su monopolio de la violencia) reprime a un pueblo, uno debe ponerse de parte del pueblo. Aunque supuestamente estuviera equivocado. No quiero decir con esto, como dice el gobierno cubano, que el pueblo cubano lo esté o entre los manifestantes haya “revolucionarios confundidos” (el reconocimiento de este matiz por parte del gobierno no es irrelevante para desenredar la tensión). Afirmo que cuando el choque es entre las armas de policía y militares que reprimen y los cuerpos de un pueblo que se defiende, las consideraciones ideológicas respecto a los propósitos de ese pueblo, sin desaparecer, tienen que pasar a un segundo plano.   

Abrir el callejón sin salida de la Cuba de 2021 mediante una vía política negociada, que no pase ni por la represión ni por la injerencia extranjera, será un ejercicio de funambulismo. Y para esta tarea son los propios cubanos-as los que ya están hablando y proponiendo opciones de un modo mucho más claro del que yo podría hacer. Sirva de muestra el trabajo que están haciendo por ejemplo Julio César Guanche y Ailynn Torres, dos de los autores de referencia de los socialistas democráticos cubanos, en sus propios textos e intervenciones. 

Puede parecer complejo solidarizarse con el pueblo cubano y sus demandas justas, tanto ante la emergencia material como con sus denuncias contra la represión, y más allá de ello su sed legítima de cambios que democraticen el país, sin hacerle el juego a la ofensiva involucionista de la derecha global. Muchos compañeros socialistas parecen paralizados en un cruce de lealtades contradictorio que no saben resolver. Pero esta complejidad es la que nos toca pensar y ayudar a construir a los que compartimos por igual convicciones socialistas y convicciones democráticas y además amamos Cuba.  Lo mejor que puede pasar está situado dentro de esa

25/07/2021

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Por Emilio Santiago Muiño es doctor en Antropología Social y máster en Antropología de Orientación Pública.

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Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

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Sábado, 24 Julio 2021 06:38

Las protestas lunares

Jóvenes con banderas de Cuba y Estados Unidos en una protesta en Miami, el 13 de julio AFP, EVA MARIE UZCATEGUI

Cuba y la oposición tras el 11 de julio

Tras las históricas manifestaciones de hace dos semanas, la disputa entre oficialistas y opositores se ha trasladado al ámbito diplomático y las redes sociales. La desinformación parece ser una constante en esa batalla.

 

A finales de la semana pasada el Diario Las Américas anunció con gran despliegue el suicidio de la madre de Diubis Laurencio (36 años), el manifestante muerto en La Habana la noche del lunes 12 durante el frustrado asalto a una estación de Policía. Ese enfrentamiento en el barrio marginal de La Güinera, de la periferia capitalina, que ocasionó, además, una decena de heridos entre civiles y agentes del orden público, se mantiene como la única manifestación ocurrida en Cuba luego de la masiva jornada de disturbios del domingo 11.

A pesar de la activa búsqueda de la prensa extranjera y no estatal, y de organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, no se han podido confirmar nuevas protestas ni otras víctimas mortales. Videos como los que documentaban supuestas muertes de niños o ancianos luego fueron desmentidos, tras comprobarse que pertenecían a crímenes en distintos países de Sudamérica. A falta de otros «mártires», el relato de la oposición se concentró en cuestionar las declaraciones del Ministerio del Interior cubano relativas a los antecedentes penales de Diubis Laurencio, difundiendo la especie de que estos cargos habían sido fabricados y que el manifestante había perdido la vida como consecuencia de un disparo por la espalda.

La noticia del suicidio difundida por el diario miamense marcó la agenda mediática en el sur de Florida durante un par de días. Y en el interior de Cuba tocó la sensibilidad de muchos que vieron en la muerte de la señora un símbolo de la «brutalidad del régimen». Pero el domingo se reveló como falsa, cuando desde La Güinera se supo que la madre de Laurencio, aunque «muy afectada por la pérdida de su único hijo», seguía viva. En respuesta, la periodista que había firmado el reporte original publicó un rocambolesco mea culpa a través de su perfil en Facebook, aprovechando la oportunidad para redirigir la atención hacia las protestas de cubanoestadounidenses, que tenían lugar en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de una intervención militar contra Cuba.

«VERIFICACIÓN CIUDADANA»

Unas 10 mil cuentas están suscriptas al grupo Desaparecidos SOS Cuba, el principal de los que en Facebook dice brindar informaciones acerca de los detenidos en los disturbios del 11 de julio. La distinción entre cuentas y personas resulta imprescindible. Quienes adversan al gobierno llevan años denunciando la existencia de miles de perfiles falsos en las redes sociales, que, gestionados por la Seguridad del Estado, se emplean para atacar a sus activistas e iniciativas. Ciberclarias, el término con que inicialmente se les designó, se ha extendido para denostar a los partidarios digitales del oficialismo, sean reales o no.

La oposición, a su vez, gestiona un impresionante «sistema automatizado de viralización de contenidos, sin ser penalizada por Twitter», observó el experto español Julián Macías en una entrevista reciente con AFP. La etiqueta #SOSCuba es el éxito más reciente de ese sistema de generación de contenidos.

«Entre el 5 de julio, cuando se empezó a usar, y el 8, se pusieron unos 5 mil tuits con esa mención. Luego, el día 9, fueron 100 mil; 500 mil el 10; 1,5 millones el 11, y 2 millones el 12 […]. Las cuentas que se usaron esta vez son las mismas que habían participado en las campañas contra AMLO [Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano]», resaltó el investigador.

La presión que puede llegar a ejercer ese ejército de bots fue experimentada en carne propia por la exactriz porno Mia Khalifa, luego de que el 8 de julio tuiteara la foto de un paciente recibiendo oxígeno en un hospital cubano. La imagen iba acompañada por una leyenda que culpaba al «embargo» estadounidense de entorpecer los esfuerzos de la isla para hacer frente a la pandemia. Bastaron pocas horas y miles de ataques a su perfil para que la libanesa se desdijera, borrando la publicación original de su historia y sumándose a las ofensas que se lanzaban contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Las listas de Desaparecidos SOS Cuba, y el resto de grupos y plataformas similares, se han nutrido desde el 11 de julio con denuncias ciudadanas para las que no se requiere aportar evidencias. Basta escribir a sus perfiles o correos electrónicos para que el nuevo caso de desaparición sea registrado y hecho público. De ahí en más, las redes de bots garantizan la amplificación del mensaje, hasta posicionarlo como tendencia en Cuba y los países con mayor presencia de emigrados cubanos.

La sobreabundancia de información ha evitado que ese sistema de «verificación ciudadana» entre en crisis cada vez que nuevos «desaparecidos» denuncian su inclusión en las listas, muchos de ellos sin siquiera haber participado en las marchas o haberse contado entre los detenidos por la Policía. Esta semana el caso más notable fue el del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, al que se presuponía desaparecido luego de una manifestación ante el edificio de la televisión nacional.

Una vez descubierta la mentira, varios de los opositores que sí habían acudido a la protesta de marras intentaron una justificación que apuntaba a errores en sus publicaciones de Facebook de ese día. Significativamente, a más de una semana de los hechos no habían considerado la conveniencia de enmendar sus errores. Instituciones como Cubalex, una organización de asesoría jurídica para los cubanos en la isla, que funciona desde Florida con fondos del gobierno estadounidense, insisten, sin embargo, en la «confiabilidad del trabajo que se está haciendo». Laritza Diversent, la abogada afrodescendiente que la preside, ha considerado «fundamental documentar los abusos del régimen». Pero como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro y otros grupos implicados en el tema han evitado referirse de manera explícita a los casos en que la denuncia ha resultado infundada o sencillamente falsa.

CONJUNCIÓN DE INTERESES

Entre 2000 y 2018 el consumo de electricidad de los hogares cubanos se duplicó. La tendencia se aceleró en los últimos dos años, a tenor con la pandemia (las familias permanecen mucho más tiempo en casa), la expansión del trabajo por cuenta propia (muchos de los negocios se desarrollan en las viviendas) y la masificación de bienes de consumo, como los equipos de climatización y las motocicletas eléctricas.

Cuba no experimentó un aumento de población en el período. Su estadística demográfica, en realidad, disminuyó en varias provincias, por lo que el salto en la demanda de energía solo puede explicarse bajo una fórmula que contemple la mejora de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de los residentes en la isla. Ha sido, de hecho, lo que ha ocurrido. Cuando Fidel Castro dejó el poder en julio de 2006, solo una pequeña minoría de sus conciudadanos podía viajar al exterior y un grupo incluso menor tenía autorización para alojarse en los hoteles reservados al turismo extranjero. Artículos como los reproductores de video, ordenadores o teléfonos móviles se consideraban un lujo inalcanzable para las mayorías.

Durante las administraciones de Raúl Castro y Díaz-Canel, un segmento numeroso de la población se acostumbró a estándares de vida similares a los de la clase media de cualquier país latinoamericano. Días antes de los disturbios, muchas de esas personas denunciaban en redes sociales la discriminación de que eran objeto al no poder asistir a discotecas y otros centros recreativos en el balneario de Varadero (el principal de la isla, 140 quilómetros al este de La Habana). Con el pretexto de evitar posibles contagios, esos espacios solo admitían a turistas extranjeros, una decisión que cuestionaban aquellos con el deseo y la posibilidad económica de visitarlos, a pesar de sus elevados precios en dólares.

Cuando a mediados de junio el Ministerio de Turismo anunció la cancelación de las reservas para hoteles hechas de cara a los meses de verano, miles de personas también se lamentaron en Facebook y Twitter por la decisión. Para entonces, y a pesar de que los pagos debían hacerse en divisas, los alojamientos de Varadero y otros polos turísticos estaban reservados por cubanos casi al 50 por ciento de su capacidad, incluso los de más alto estándar.

La inconformidad de la «gente bien» (que paulatinamente ha adoptado el reclamo de reformas políticas) se conjugó con la de los sectores desfavorecidos para desencadenar las protestas del 11 de julio. La fuerte campaña mediática alentó esa singular alianza de intereses y la amplificó hasta convertirla en una suerte de relato revolucionario en el que el gobierno y quienes lo defienden adoptaban el papel de villanos sin matices.

La dificultad de la oposición para volver a organizar marchas, y la de las autoridades para recuperar el estatus de normalidad previo a los disturbios, mantiene el conflicto en un virtual punto muerto. La «lucha» se ha trasladado, entonces, a los campos de la diplomacia y la virtualidad, con el gobierno estadounidense comprometido en una activa campaña de presiones contra gobiernos extranjeros para que se distancien de La Habana, y constantes bulos de nuevas protestas con que los cubanos se encuentran cada mañana al encender sus teléfonos móviles.

Precisamente ayer se hacía viral en la isla la novedad de que, escribiérase lo que se escribiera, el buscador de Google derivaba en automático hacia contenidos relativos a las «protestas contra el régimen». Unos cuantos no perdieron la oportunidad para descubrirse como manifestantes en la Luna o Saturno.


Primeras condenas

Esta semana se dictaron las primeras sentencias contra los detenidos en las protestas: 12 personas recibieron entre diez meses y un año de prisión. El caso más mediático es el de Anyelo Troya, director de la sección filmada en Cuba del video de Patria y vida, la canción contra el gobierno que los opositores dentro y fuera de la isla consideran su himno. La familia asegura que lo detuvieron el día 11, mientras filmaba las protestas, y que su condena fue producto de un juicio sumario y sin abogado. En paralelo, el cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas partidarios de la revolución han comenzado a promover la idea de una amnistía para los manifestantes «que no fueron violentos».

 

Por Amaury Valdiviadesde Camagüey 
23 julio, 2021

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Casas diminutas para pobres: el “sueño americano” apretado en 6 metros cuadrados

En Los Ángeles, el gobierno y algunas ONG’s instalaron un barrio con casas de dos por tres metros. Es para personas o familias que han quedado en situación de calle con la coronacrisis. Otra postal de la decadencia capitalista.

 

La noticia recorrió los portales de todo el mundo. En solo 90 minutos, un grupo de obreros arma una “casa”. El gobierno de Los Ángeles y la ONG Hope of the Valley dicen que podrán parecer pequeñas pero “cuentan con varios servicios compartidos, como una sala de lavandería, baños, seguridad las 24 horas los siete días de la semana y un parque para pasear perros”.

Desde el aire las fotos muestran el barrio de “casas diminutas”, como lo llamaron algunos medios. Una junto a otra, perfectamente alineadas, como cajas de zapatos en un gran depósito. O una de esas “ciudades” de los parques infantiles.

El espíritu de la ONG quizá sea loable, pero desnuda la decadencia capitalista. En el país más rico del mundo, la gestión de la coronacrisis empuja a millones a la precariedad del trabajo y de la vida. El “sueño americano” condenado a chocarse contra sus delgadas paredes; una y otra vez.

Sorprende el optimismo. El “contrato” es por 3 meses. A lo sumo 6. Después, de patitas a la calle. Es que según ellos “las viviendas están pensadas como provisionales debido a que sus habitantes suelen encontrar un trabajo y un hogar definitivo a los pocos meses de vivir allí”. Ponele.

Claro.

Según la organización Human Rights Watch, desde el inicio de la pandemia 74,7 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos, una parte no pudo recuperarlos y en la mayoría de los casos se trataba de quienes cobran salarios inferiores a la media. Peor. “En el mes de enero, aproximadamente 24 millones de adultos informaron que se encontraban en situación de hambre y más de seis millones manifestaron que temían sufrir un desalojo por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda”. Para las personas latinas o afroamericanas estos números se duplican.

Hay un último dato que golpea. Es de la Oficina Nacional de Censos. Asegura que “el 32 % de los adultos de bajos ingresos dijeron que se habían sentido deprimidos en los siete días anteriores”. La “nueva solución” a las preocupaciones y angustias que genera la crisis es encerrarlas en casas diminutas.

Ante el malestar social, el gobierno de Joe Biden ha dispuesto fondos que suenan impactantes, pero según las organizaciones sociales lejos estarían de revertir esos problemas estructurales.

La misma semana que se conoció la noticia, también se supo que el millonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, gastó una fortuna para viajar al espacio. Agradeció a sus trabajadores que corren 12 horas por día y mean en botellas de plástico. Así le ayudaron a cumplir su sueño. El hombre tiene una casa para cada clima. Cuando se aburre o corre el almanaque, se muda unas semanas. Sus propiedades en Estados Unidos están valuadas en US$500 millones. ¿La cucha del perro será más grande que estas casitas?

No es solo Estados Unidos. Son las familias de Guernica desalojadas por los mulos de los countries y los gobiernos progres. O las que tienen que amontonarse en piezas también diminutas en Salta o Constitución.

¿Nos vamos a rendir ante un sistema social en que millones sobreviven sin techo o hacinados mientras los millonarios gozan sus mansiones obscenas? No podemos.

Viernes 23 de julio

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Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

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Viernes, 23 Julio 2021 06:08

Un alarido

Un alarido

El escritor cubano Leonardo Padura pidió difundir este texto con su opinión sobre la situación en Cuba a partir de las protestas del domingo 11 de julio: "es el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

 

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.

Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una amenaza que no deja de ser un escenario posible.

Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.

Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.

Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado.

La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar nada en el camino, con que también una cantidad notable de personas se ha manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe cuando quiere saberse, como todos también sabemos.

Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.

Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de la esperanza que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas, esos lamentos que no fueron oídos y de cuyas lluvias surgieron estos lodos.

Como cubano que vive en Cuba y trabaja y crea en Cuba, asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que «Siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien», como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre.

Leonardo Padura

Escritor, periodista y guionista

16 de julio de 2021 21:55h

En Mantilla, 15 de julio de 2021. 

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  La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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El movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos a reconocer su deuda ecológica.

Solicitada en el Financial Times por la discusión sobre la deuda ecológica

En Nápoles, Italia, comienza la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Pedido para que las economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo

 

Este jueves, en coincidencia con el inicio del encuentro del G20 sobre clima, medioambiente y clima, el movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos del G20 a reconocer su deuda ecológica y a comprometer financiamiento concreto en las acciones para mitigar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

En el Financial Times, Avaaz publicará una solicitada con el título: “La gente tiene hambre de esperanza” en la que se destaca a cinco de los líderes ambientales del G20, entre ellos el ministro Juan Cabandie, como los dirigentes que tienen la posibilidad de destrabar las negociaciones internacionales sobre medio ambiente.

 “Cada vez es más claro que proteger el ambiente es la única salida para estabilizar nuestras economías, idea que ha sido reconocida por los ministros de Finanzas del G20, al indicar que siguen siendo prioridades urgentes, ahora toca que los ministros de medioambiente hagan lo propio” explicó Oscar Soria, director de campañas de Avaaz.

La solicitada Avaaz es parte de una campaña que se lanzará en Nápoles en el marco de la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Es en ese marco que se pide a los cinco ministros que impulsen un acuerdo para que las naciones asistentes envíen un mensaje contundente en el que todos los países y mercados que las 20 economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo.

El presidente de la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el brítánico Alok Sharma tiene un poderoso menú de opciones donde el 50 por ciento de la financiación climática se dirija rápidamente para atender la adaptación climática ya que los impactos climáticos se han vuelto cada vez más severos, no sólo en los países en desarrollo, sino también aquí en Europa.

John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, debe restaurar la credibilidad climática de su país con acciones concretas para que países como China dejen las excusas y tomen acciones. Esto incluye entregar urgentemente los 100 mil millones de dólares en financiamiento climático que prometió Estados Unidos. Y también debe poner toda su influencia para forzar una reforma financiera para que el dinero destinado al pago de la deuda soberana se oriente ahora a pagar la deuda ecológica, atendiendo especialmente a las crisis gemelas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Las naciones en desarrollo no deberían quedarse esperando. Según Avaaz, deberían presentar propuestas en la mesa para cambiar las reglas que generan inequidad e incentivos destructivos para el medio ambiente. Juan Cabandie de Argentina y Barbara Creecy de Sudáfrica son vistos no sólo como defensores de los derechos humanos, sino como potenciales interlocutores del Sur Global para presentar una visión en el que las recuperaciones económicas, sociales y ecológicas vayan de la mano: “La Argentina y Sudáfrica tienen la oportunidad, y la responsabilidad, de liderar el llamado del Sur Global para reconocer la deuda ecológica contraída por los países ricos, y reorientar las finanzas de la deuda soberana hacia una recuperación justa y verde para los países en desarrollo”, dijo Soria.

Por último, el anfitrión de la cumbre, el ministro italiano de transición ecológica, Roberto Cingolani, tiene la oportunidad y la responsabilidad de guiar a todos los ministros del G20 para que acuerden una declaración política sólida que muestre al mundo que hay un camino hacia una eliminación gradual de los subsidios que dañan nuestro clima y biodiversidad.

“El mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes: graves inundaciones en el norte y temperaturas a la alza que incrementan los incendios forestales en diversas latitudes. Hoy en Argentina, el río Paraná registra la mayor bajada en los últimos 70 años, que trae consigo sequías y otras afectaciones para las poblaciones que dependen de este afluente”, dijo el dirigente de Avaaz.

El G20 es un importante impulsor de la destrucción de la biodiversidad: representan las cuatro quintas partes de las emisiones mundiales; el gasto público en subsidios perjudiciales para la el medio ambiente fue al menos cinco veces mayor que el gasto total para proteger los ecosistemas; estos 20 países deben redoblar esfuerzos inmediatos de movilización coordinada para cerrar la brecha hacia los 1,5°C de calentamiento global entre ahora y la Cumbre climática de Glasgow.

21/07/2021

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Miércoles, 21 Julio 2021 06:43

Caos climático y acaparamiento de tierras

Caos climático y acaparamiento de tierras

Las trampas de las empresas para ignorar la gravedad del cambio climático que ellas mismas han provocado no sólo empeoran el clima, también producen otra serie de nuevos impactos sobre las comunidades que se agregan a los del cambio climático, como nuevos acaparamientos de tierra y desplazamiento de comunidades.

Casi cada mes hay nuevos informes de ONU y expertos sobre cambio climático, que corroboran lo que cada vez más gente sufre aunque no los haya leído: largas sequías o demasiada lluvias, demasiado calor o demasiado frío, tormentas y huracanes más fuertes, todo fuera de lugar y tiempo esperados. Un sombrío informe conjunto de dos paneles globales de expertos sobre cambio climático (IPCC) y sobre biodiversidad (IPBES) publicado en junio pasado alerta que con el caos del clima, lo peor aún está por venir. (Emmanuel González, Biodiversidad en América Latina)

Uno podría pensar que como afecta a las bases mismas de todo el sistema de producción, el capitalismo tendría que reaccionar poniéndose algún límite, aunque sea por auto-preservación, para poder seguir explotando a la gente y al planeta. Pero las empresas causantes del cambio climático siguen procurando mantener sus ganancias sin cambiar nada realmente, aunque sí hacer nuevos negocios con la nueva ola de proyectos de economía verde relacionada al clima. En lugar de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), hacen planes basados en conceptos engañosos como “cero emisiones netas” o “neutralidad climática”. Son trampas contables, para que una suma y resta termine en un supuesto cero, por eso se llama “neto” y no sólo cero emisiones. Se proponen incluso aumentar sus emisiones, ya que las podrían compensar con proyectos lucrativos como mega plantaciones de árboles y monocultivos, proyectos de “conservación” de áreas naturales -que le quitan control de sus territorios a las comunidades, como REDD+ y similares, y finalmente, también técnicas de geoingeniería.

Varias publicaciones recientes, de Grain, Amigos de la Tierra Internacional y Corporate Accountability junto a otras organizaciones como La Vía Campesina y la red Ambiental Indígena explican qué significan en realidad esta serie de nuevos anuncios de las empresas sobre clima.

Grain analiza por ejemplo, los “compromisos” que han hecho varias trasnacionales de agronegocios. El IPCC reconoce que el sistema alimentario industrial es responsable de al menos 37 por ciento de las emisiones de GEI, que es una cifra tremenda, pero que si extrapolamos todas la emisiones de la cadena del campo al plato, especialmente la industria cárnica y láctea, es un porcentaje aún mayor. Grain estima que es cerca de la mitad de la emisión global de gases GEI.

Uno ejemplo ilustrativo es la trasnacional Nestlé, cuyo principal accionista es BlackRock, la mayor empresa mundial de gestión de activos. Junto a otras 545 empresas financieras, BlackRock se comprometió a que los grandes emisores de GEI en los que invierten transiten a “emisiones cero neto” en 2050.

Tal como demanda BlackRock, Nestlé anunció en 2020 un “Plan hacia cero emisiones netas”, en el que se compromete a llegar a “cero neto” en 2050 en todas sus operaciones, incluidas las causadas en su cadena de abastecimiento, conocidas como “emisiones de alcance 3”. Solamente ese sector de emisiones de Nestlé representa casi el doble de las emisiones totales de Suiza, su país sede.

Pese a ello, el plan de Nestlé no implica reducir sus ventas de alimentos basados en lácteos, carnes u otros productos con alto porcentaje de emisiones, sino que proyecta aumentar en 68 por ciento sus compras de estos insumos y otras materias primas agrícolas hasta el 2030. La acción climática de Nestlé, se conseguiría a través de que sus proveedores hagan cambios en la forma de producir; a través de reducir las emisiones ligadas a los fertilizantes por usos supuestamente más eficientes (y/o manipular genéticamente el ganado o sus forrajes) y a través de compensar las emisiones restantes, que la empresa reconoce serán mucho mayores. Esto último a través de “soluciones basadas en la naturaleza” y “remoción de gases de la atmósfera”, probablemente invirtiendo en empresas de geoingeniería, que le rendirán una nueva fuente de ganancias.

Aunque no da detalles, Nestlé asigna 1200 millones de dólares durante los próximos 10 años para este plan. Poniendo la cifra en perspectiva, explica Grain, Nestlé pagó a BlackRock y sus accionistas 8,000 millones de dólares en ganancias el último año. O sea que representa 1.5% de lo que Nestlé paga a sus accionistas en dividendos (o sea, en ganancias) y tres veces menos de lo que paga a BlackRock anualmente. Es importante notar que BlackRock, junto a sus anuncios de estimular a las empresas en las que invierte a hacer planes de emisiones cero netas, es simultáneamente una fuerte inversora en combustibles fósiles y no piensa dejar de hacerlo)

Cero emisiones neta es peor que nada, afirma certeramente Grain, porque no se trata solamente de maquillaje, sino de una coartada para aumentar exponencialmente sus actividades que ya se conoce tienen un efecto devastador en el cambio climático.

Como hay cada vez más empresas que han anunciado sus planes de “soluciones basadas en la naturaleza” para “compensar” el aumento de emisiones con grandes plantaciones, cercamiento de áreas naturales, apropiación de humedales, etc, aunque no cumplan todo lo que anuncian y sólo avancen con una parte de estos planes, ello “resultará en un masivo acaparamiento de tierras, bosques y territorios de pueblos indígenas y comunidades rurales del Sur global”.

Grain estima que la ambición de Nestlé de compensar 13 millones de toneladas de emisiones de CO2 con estas llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” requeriría disponer de al menos 4 millones 400 mil hectáreas de tierra anuales. La compañía italiana de energía Eni señala que necesita el doble de esa área hasta 2030 y ya avanzó con el proyecto de establecer 8 millones 100 mil hectáreas en África. Shell, otra de las petroleras que hablan de “cero emisiones netas” y para ello usar “soluciones basadas en la naturaleza” requiere 8 millones 500 mil hectáreas de tierras por año hasta 2035. O sea, entre solo tres empresas ¡proyectan apropiarse de más de 20 millones de hectáreas anuales!

Considerando que al momento más de 1500 grandes empresas han hecho promesas similares, está desatada la caza y disputa para controlar (comprar y/o controlar) tierras naturales y agrícolas, bosques y áreas naturales. Todas áreas donde viven y trabajan la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas del planeta, que en realidad son sus territorios.

En el reporte “La gran estafa”, se analizan en detalle los planes “cero neto” de varios de los mayores contaminadores climáticos, que incluyen grandes petroleras como Shell, Chevron, BP y Eni, varias de las mayores empresas digitales como Microsoft y Amazon, gestoras de inversión como BlackRock, empresas de agroalimentación industrial como Walmart y JBS, además de compañías de aviación y otras. También los mecanismos que usan para legalizar el engaño, desde cabildeo en organismos internacionacionales a corrupción de informes científicos para medir y controlar el supuesto “secuestro” de carbono en diferentes áreas.

Los planes de estas empresas exceden con mucho la disponibilidad de tierras, bosques y otros ecosistemas, como humedales y mares, que además no son ecosistemas vacíos y ya cumplen una función en el equilibrio global del clima, por lo que si se aumentan las emisiones, por más que cada empresa diga será “compensada” no va a cambiar el desequilibrio que ya existe, solamente lo empeorará al agregar más carga de gases de efecto invernadero. El cálculo exacto de lo que se porponen las empresas no es posible, porque la mayoría son suficientemente vagas para que no se pueda tampoco controlar que dicen y qué hacen realmente. Los ecosistemas tienen límites naturales: no se puede seguir agregando emisiones y suponer que por arte de magia -o cazando unicornios de carbono– el caos climático no va empeorar.

La auténtica restauración de ecosistemas dañados, desde las comunidades que allí viven, es necesaria, pero solo es posible desde abajo, desde los pueblos, las comunidades indígenas, rurales y urbanas, respetando y afirmando sus derechos integrales. Es necesario un cambio de sistema, no cambiar una tecnología por otras, manteniendo la brutal inequidad de consumo y recursos globales.

Por ello, como dice Amigos de la Tierra, La Vía Campesina y la Red Ambiental Indígena en el reporte Cazando unicornios de carbono, “lo que queda meridianamente claro en esta historia es que los más grandes y ricos del mundo no tienen ninguna intención ni ambición de reducir realmente las emisiones. Describir sus esfuerzos por encubrir el aumento continuo de emisiones fósiles como “maquillaje verde” se queda bastante corto: los términos ecocidio y genocidio sintetizan con mayor precisión los impactos que el mundo enfrentará”.

Por Silvia Ribeiro

21 julio 2021

 

Referencias

En busca de unicornios de carbono: el engaño de los mercados de carbono y la reducción de emisiones a “Cero Neto”

Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, Red Ambiental Indígena y otras organizaciones. Febrero 2021. https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe

El “maquillaje verde” de las corporaciones: las “emisiones netas cero” y “las soluciones basadas en la naturaleza” son un enorme fraude

Grain, marzo 2021. https://grain.org/es/article/6635-el-maquillaje-verde-de-las-corporaciones-las-emisiones-netas-cero-y-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-son-un-enorme-fraude

La gran estafa.Cómo los Grandes Contaminadores imponen su

agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática

Corporate Accountability, Friends of the Earth International, Global Forest Coalition. Julio 2021 https://www.corporateaccountability.org/wp-content/uploads/2021/06/La-Gran-Estafa_SP.pdf

Publicado enMedio Ambiente
Foto de archivo del primer ministro interino de Haití, Claude Joseph / Efe

El grupo de contacto liderado por Estados Unidos le quitó el apoyo este sábado al primer ministro de Haití, Claude Joseph, al que había apoyado en primera instancia tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. Joseph anunció este lunes que renunciaría a su cargo, dejando ese puesto a Ariel Henry, que tiene el visto bueno del imperialismo.

 

Si quedaban dudas sobre el nivel de injerencia imperialista en la política interna de Haití, al anuncio este lunes de la renuncia como primer ministro por parte de Claude Joseph, las despejan por completo.

En medio de una fuerte disputa por el liderazgo en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, Claude Joseph se había proclamado primer ministro interino, teniendo en ese momento el respaldo de Estados Unidos.

Sin embargo, la situación cambió este fin de semana cuando el grupo de contacto (Core Group) liderado por Estados Unidos y conformado por varios países le restó apoyo a Joseph forzando su renuncia para entregar el poder al Ariel Henry, que había sido indicado por Moise como primer ministro antes de su asesinato, aunque nunca había sido oficializado.

El pasado sábado Henry recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas, la OEA y de un grupo de potencias extranjeras para formar Gobierno. El grupo de los seis embajadores que forman el Core Group (Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá) decidieron el sábado quién debe encabezar y cómo debe ser el nuevo gobierno de Haití.

Tras la decisión el "traspaso de poder" tendrá lugar este martes y está previsto que Claude Joseph permanezca en el nuevo Gobierno liderado por Henry, en el cargo de ministro de Exteriores.

Estallidos sociales, fragmentación política y lucha por el poder

Al margen de la brutalidad con la que queda expuesta esta injerencia sobre Haití, Estados Unidos también busca evitar nuevos levantamientos sociales en una región cruzada por las revueltas y estallidos en medio de la crisis económica, social y sanitaria agudizada por la pandemia.

Haití ya viene de protagonizar muchos de estos estallidos, el último y más importante de ellos en febrero de este año cuando Moise se negó a renunciar al cargo a pesar de que amplios sectores de la oposición consideraban que su mandato había finalizado.

Ante este escenario, con la posibilidad de nuevos estallidos latentes y con una casta política fragmentada, la injerencia imperialista pretende una solución de "consenso", como quedó plasmado en el comunicado emitido tras la reunión de embajadores del sábado. Allí el grupo pidió la formación de "un Gobierno de consenso e inclusivo" y animó "encarecidamente" a Henry a continuar con "la misión que se le ha encomendado para formar dicho Gobierno".

Esa empresa, sin embargo, no parece sencilla de cumplir. Los principales referentes de la oposición y organizaciones sociales criticaron el respaldo de estos países a Henry e insistieron con un nuevo gobierno interino desvinculado de los partidos políticos tradicionales de Haití. También señalaron que no reconocerían como líder interino a nadie que hubiera sido nombrado por Moïse, como es el caso de Henry.

Por su parte la mayoría de los únicos 10 senadores que habían quedado en su cargo tras el cierre del parlamento propiciado por Moise en 2020, también rechazaron el acuerdo entre Claude Joseph y Ariel Henry y votaron a su propio candidato. Propusieron a Joseph Lambert, actual jede del Senado, como presidente interino del país. Aunque Lambert no pronunció palabra, y de hecho es rechazado por Estados Unidos, la propuesta del Senado muestra la fragmentación política y las luchas por el poder.

La muerte de Moise planteó un problema sucesorio, puesto que al haber ocurrido cerca del final de su mandato, la Constitución prevé que el Parlamento debe elegir un jefe de Estado interino para terminar el periodo presidencial. Esto fue imposible por el golpe que Moise le dio al parlamento al cerrarlo virtualmente en 2020. Por su parte el presidente de la Corte Suprema que podría haber sido otra de las figuras en la línea sucesoria falleció recientemente por Covid.

La trama oscura del asesinato de Moise

A esta injerencia directa sobre la sucesión de Moise, se suma el aún oscuro episodio en el que ocurrió el asesinato del exmandatario. Por este hecho se detuvo a al menos 26 exmilitares colombianos, todos ellos formados por Estados Unidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos con lazos con la agencia de drogas, DEA.

La investigación llevada a cabo con la "ayuda" de Estados Unidos tiene como principal hipótesis una trama bastante extraña que vincula a un médico y pastor de 63 años, un vendedor de equipos de seguridad y un agente hipotecario y de seguros en Florida. Ninguno de ellos con capacidad ni contactos para realizar semejante operación por su cuenta ni menos aún para hacerse del poder en Haití. En medio de ella, sin embargo, aparece el nombre de Antonio Intriago, propietario de la empresa privada de seguridad y equipamiento que contrató a los antiguos comandos colombianos y los llevó a Haití.

Intriago sería socio de Alfred Santamaría, excandidato por la alcaldía de Miami Dade y que fue apoyado en su momento por el presidente Colombiano Iván Duque.

Si bien, esto no explica que Duque esté involucrado directamente, si muestra el grado de connivencia entre la política y el paramilitarismo, con el respaldo estadounidense, que durante años fue moneda corriente en Colombia y que, ahora, puede estar actuando "libremente y a demanda" en otros países.

Puede que este entramado y la participación de diferentes autores haga que la investigación sobre el asesinato de Moise termine quedando en el olvido, mientras negocian un nuevo gobierno para la isla.

Esta nueva injerencia directa de Estados Unidos y otras potencias, respaldada por la golpista OEA y por la ONU, responsable de la misión humanitaria que fue denunciada por violaciones, asesinatos y torturas, no puede más que traer más miseria y frustración al pueblo haitiano. Estados Unidos es responsable mediante la intervención militar y política directa e indirecta de la degradación de las condiciones sociales, económicas y políticas en la isla. Este hecho no es más que un nuevo episodio de esa intervención imperialista.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Lunes 19 de julio

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