¿Es que no entienden nada, no oyen nada, no se enteran de nada?

Brasil parece condenado a convivir con la escoria de un sistema político venal, que cree piamente que el bien público es patrimonio privado de un pequeño grupo que flota, soberano, sobre el bien y el mal.

 

Los adictos al abuso están cómodamente instalados en los tres poderes que deberían ser la base de la democracia: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. La impertinencia de los impunes salta a los ojos de cualquier vidente, y deja claro que en el fondo el gran problema del país está en un sistema viciado que exige, a gritos, una reforma.

 

Fernando Henrique Cardoso es un intelectual respetado, con una historia de resistencia democrática a la dictadura que duró de 1964 a 1985; un hombre educado, afable. Luiz Inacio Lula da Silva es un ex dirigente sindical que supo seducir a las masas durante el tramo final de esa dictadura, dueño de una intuición política asombrosa que lo llevó a cambiar la cara del país. Dilma Rousseff es una mujer oriunda de la clase media acomodada, con una militancia política que hizo que, a ejemplo de muchos de su generación, padeciese cárcel, tortura y vejaciones.

 

Entre los tres gobiernos han sido 10 años siete meses de cambios positivos, principalmente a partir de 2003, cuando Lula llegó a la presidencia. Hubo profundos cambios en el país, con, entre otras cosas, al menos 40 millones de brasileños saliendo de la pobreza e ingresando al mercado de consumo. Claro que falta mucho, y eso quedó patente en las multitudinarias movilizaciones que sacudieron el país en las últimas semanas.

 

Y sin embargo, los tres no han logrado, a lo largo de esos más de 10 años, cambiar un sistema político fallido y, muchas veces, viciado en atropellos a reglas mínimas de la decencia.

 

Cardoso y Lula intentaron hacerlo, en sus respectivos momentos, pero sucumbieron a un sistema viciado. Dilma heredó la receta y la tragó con todo y hueso. Ahora intenta algo. Dudo mucho que logre efectuar cambios, y no por ella, sino por los personajes de ese mundo intrincado, huidizo y muchas veces sórdido que es la base del quehacer político en mi país.

 

La cuestión es constatar y dejar constancia de hasta qué punto el clamor de las calles es ignorado por los adictos de esas viejas prácticas.

 

Mientras las calles eran colmadas por multitudes que exigían mejores condiciones de vida y el fin de la corrupción, entre muchas otras cosas, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Alves, requería un jet de la fuerza aérea brasileña para conducirlo con su actual novia, una rubia oxigenada con aires de quien aprendió rapidito a disfrutar de las bondades del poder, más un grupo de parientes y amigos, a ver un partido de Brasil disputado en el Maracaná, en Río de Janeiro.

 

Como diputado, Alves dispone de una injustificable, en términos morales, cuota mensual de pasajes aéreos entre Brasilia, donde trabaja, o dizque, y su estado natal, Rio Grande do Norte. Podría haber utilizado esa cuota para viajar a Río y disfrutar del partido. Prefirió requerir un avión oficial que salió de Brasilia, voló al extremo nordeste y de ahí a Río, para conducir su novia y su troupe al Maracaná.

 

Renan Calheiros preside el Senado. Tiene la misma cuota inmoral, aunque legal, de pasajes aéreos entre Brasilia y Alagoas, en el mismo noreste, tierra ambigua, que genera bandoleros como el ex presidente Fernando Collor de Mello, primer jefe de gobierno y hasta ahora único que ha tenido su mandato suspenso por el Congreso debido a su talento para la corrupción. Aunque sea dueño de una fortuna de orígenes dudosos, pero que le capacita a comprar el pasaje aéreo que quiera para viajar donde sea, el presidente del Senado requirió un jet de la misma fuerza aérea brasileña para asistir a la boda de la hija de otro senador en Bahia.

 


Sérgio Cabral es el gobernador de Río de Janeiro. Sus nociones de ética y moral quedan claras cuando se sabe que está casado con una abogada que es socia de un bufete que actúa defendiendo intereses de empresas contra –contra– el estado que él gobierna.

 

Entre el domicilio particular del señor gobernador y el palacio de gobierno de Río hay una distancia de alrededor de nueve kilómetros. Cabral cubre esa distancia en helicóptero. El costo de cada vuelo –y son al menos dos al día– es de unos 4 mil dólares. Pero cuando llega el viernes, el helicóptero vuela más: lleva a la señora, a las mucamas, a los hijos y al perrito de la familia al balneario millonario de Angra dos Reis, a unos 160 kilómetros de distancia. Y vuelve para el sábado a buscar a su excelencia el señor gobernador. A veces ocurren imprevistos, como la ocasión en que la señora olvidó un vestido en Río y el helicóptero tuvo que hacer un vuelo extra de ida y vuelta para sanar la falla que podría haber arruinado la cena del sábado. Gasto promedio del helicóptero que, a propósito, costó 7 millones de dólares: unos 150 mil dólares al mes.

 

Los tres son del PMDB, el principal partido aliado a la coalición de base del gobierno de Dilma Rousseff.

 

Atrapado in fraganti, el diputado Henrique Alves devolvió a los cofres públicos 4 mil 300 dólares, precio del vuelo de carrera de sus invitados. El alquiler de un jet ejecutivo es por lo menos 42 mil dólares.

 

El senador Calheiros reintegró a los cofres públicos unos 15 mil 500 dólares, más o menos la tercera parte de lo que hubiera pagado para fletar el avión que usó.

 

Cabral dice que está en su derecho de utilizar el medio que mejor le permita “racionalizar” su tiempo, lo que, se supone, incluye el disfrute del fin de semana en una casa muchas veces millonaria que nadie sabe cómo pudo adquirir sólo con su sueldo de político profesional.

 

Para cerrar el cuadro, Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal, la corte máxima del país, paladín de la moral e ídolo máximo de las clases medias y de los sectores más rancios de la sociedad, resultó favorecido con unos 290 mil dólares en beneficios que él mismo condenaba por abusivos.

 

Como buen brasileño, don Joaquim no perdería por nada la final de la Copa Confederaciones. Discreto, le pareció suficiente que la misma corte suprema que él preside abonara los costos del viaje.

 

Hay que reconocer que no utilizó fondos públicos para pagar el elevadísimo precio del camarote desde donde disfrutó de la partida: de eso se encargó Luciano Huck, presentador de un programa popularesco de la red Globo, la organización hegemónica de las comunicaciones en Brasil.

 

Además del partido, había otra cosa que celebrar: Felipe Barbosa, hijo de Joaquim, acaba de ser contratado por Globo.

 

Las causas pendientes del pulpo mediático seguramente serán juzgadas por las cortes superiores con la imparcialidad y el equilibrio de siempre.

 

Ese es el cuadro. Hay gente en las calles, hay gente en los vuelos. Lo que no se sabe es dónde está la salida de semejante pantanal.

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Domingo, 07 Julio 2013 06:19

Los gremios portugueses piden elecciones

Los gremios portugueses piden elecciones

En la protesta se corearon consignas que acusaban al conservador Cavaco de proteger al Ejecutivo y que pedían el fin de las duras medidas de austeridad aplicadas desde hace dos años bajo el programa de rescate financiero luso.

 

Miles de personas se manifestaron ayer en la capital de Portugal para pedir elecciones anticipadas y la dimisión del gobierno. Convocados por la mayor central sindical lusa, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), los manifestantes protestaron ante el palacio de Belem, sede de la jefatura del Estado, con gritos y pancartas contra el Ejecutivo. La protesta se produjo el mismo día en que el primer ministro Pedro Passos Coelho anunció que el pacto de gobierno con los democristianos supone el ascenso de su líder, Paulo Portas, a viceprimer ministro y garantiza la estabilidad del Ejecutivo y el cumplimiento del rescate. Portas, cuya renuncia como ministro de Exteriores abrió el martes pasado la crisis de gobierno, asumirá la coordinación de la política económica y las relaciones con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que concedieron y supervisan el rescate financiero de Portugal.

 

El secretario general del sindicato, Armenio Carlos, criticó en un discurso las maniobras de los conservadores para mantenerse en el poder y exigió al presidente portugués, Anibal Cavaco Silva, que disuelva el Parlamento y convoque elecciones ante el descontento popular con el Ejecutivo. Carlos, cuyo sindicato organizó la semana pasada la cuarta huelga general contra el actual gobierno, manifestó que la derecha lusa teme las elecciones porque perdería su actual mayoría y se produciría un fuerte aumento del voto a los partidos de izquierda. Passos Coelho, que en sus dos años en el poder ha dado siempre la máxima prioridad a las políticas de austeridad exigidas por el rescate, prometió medidas a favor de quienes están más expuestos a la crisis y aseguró que cuando concluya el programa de asistencia se dará más atención a la cohesión social.

 

A la manifestación acudieron líderes de las fuerzas marxistas del Parlamento luso, como el secretario general del Partido Comunista (PCP), Jerónimo de Sousa, que aseguró estar dispuesto a dialogar con las otras fuerzas de izquierda en busca de una alternativa al gobierno de Passos Coelho.

 

En la protesta se corearon consignas que acusaban al conservador Cavaco de proteger al Ejecutivo y que pedían el fin de las duras medidas de austeridad aplicadas en los dos años de la actual Legislatura, bajo el programa de rescate financiero luso. De Sousa afirmó no entender la actitud titubeante de Cavaco en la crisis política que ha vivido esta semana el país, con la dimisión de los ministros de Finanzas y Exteriores, este último líder del CDSPP, el pequeño partido democristiano que sustenta la mayoría del Ejecutivo.

 

La manifestación sigue a otra organizada el miércoles por el PCP también en Lisboa, donde cerca de un millar de personas pidió que se convoque elecciones. A la protesta de ayer se sumó también el movimiento de los indignados lusos, y estaba prevista una marcha por el centro de Lisboa, que fue suspendida ante la elevada temperatura registrada en la capital lusitana, superior a los 40 grados.

 

La manifestación concluyó poco antes de la reunión, en un hotel de la capital, de las directivas de los dos partidos de la coalición de gobierno, el Centro Democrático Social Partido Popular (CDSPP, democristiano) y el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) que preside Passos Coelho.

 

Según sus portavoces, ambas organizaciones van a sellar la recomposición de su alianza de gobierno en esa reunión para garantizar la estabilidad política y el cumplimiento del programa de rescate.

 

Passos Coelho presentó ayer el acuerdo de gobierno a Cavaco, pero el jefe de Estado, según medios oficiales, no se pronunciará formalmente hasta que la próxima semana cierre la ronda de contactos con los partidos abierta a raíz de la crisis.

 

Passos Coelho señaló que la renovada alianza de gobierno impulsará un nuevo ciclo en la economía, que describió con mayor acento social y cumplimiento del programa de asistencia financiera, para que el país recupere, como está previsto, su soberanía económica en junio de 2014.

 

El primer ministro no quiso revelar más detalles de los cambios que va a hacer en la organización del gobierno, pero adelantó que seguirá en el cargo la nueva ministra de Finanzas, Maria Luis Albuquerque, cuyo nombramiento, el lunes, desencadenó la dimisión de Portas, que se ha opuesto a algunas de las medidas de austeridad del gobierno y ahora coordinará esa área.

 

Passos Coelho explicó el contenido del acuerdo junto a su socio de coalición con el que mantuvo dos días de intensas negociaciones, sin aceptarle la renuncia antes de lograr un entendimiento para recomponer la alianza. El pacto entre el PSD y el Cdspp de Portas es consistente y duradero aseguró el primer ministro tras anunciar que las dos formaciones se presentarán con una lista única a las elecciones europeas del año próximo.

 

El pacto con los democristianos, reconoció, era indispensable para superar la crisis política y concluir el programa de asistencia internacional, que en los últimos dos años ha supuesto muchos sacrificios para lograr la recuperación de la confianza externa en Portugal y financiar al Estado y la economía. El primer ministro se mostró confiado en que el renovado compromiso político de los dos partidos conservadores facilitará un nuevo ciclo económico del que destacó la recuperación del crecimiento económico –después de tres años seguidos de recesión– y del empleo.

 

El acuerdo entre los conservadores, que cierra la crisis política más grave desde que ganaron las elecciones anticipadas de junio de 2011, se produce una semana antes de que la UE y el FMI reanuden la octava evaluación del rescate luso, que implica la aprobación de medidas de ahorro por 4700 millones de euros. La amenaza de fractura en el gobierno, cuya mayoría garantizan los democristianos pese a contar sólo con 24 de los 230 diputados frente a los 108 del PSD, causó esta semana una de las peores caídas de la Bolsa de Lisboa (5,5 por ciento) y una fuerte subida de los intereses de la deuda lusitana.

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Miércoles, 03 Julio 2013 06:12

Mursi propuso un gobierno de unidad nacional

Mursi propuso un gobierno de unidad nacional

Los opositores del presidente egipcio Mohamed Mursi salieron ayer nuevamente a las calles de El Cairo para exigir su dimisión. Las protestas se reanudaron después de que el mandatario rechazara un ultimátum del ejército en el que se le instaba a atender las reivindicaciones ciudadanas. Sin embargo, Mursi propuso a la oposición formar un gobierno de unidad nacional y celebrar elecciones parlamentarias en seis meses, en un discurso televisado dirigido a la nación en vísperas de cumplirse el plazo dado por el ejército para intervenir en la crisis del país. El mandatario pidió a la cúpula militar que retirase el ultimátum.

 

“La legitimidad es la única garantía contra la violencia. El antiguo régimen de Hosni Mubarak no regresará. Si esta iniciativa no se acepta, el país recorrerá un camino oscuro y volveremos al casillero uno”, agregó el mandatario islamista, citado por la página web del diario egipcio Al Ahram. En repetidas ocasiones a lo largo de su discurso, Mursi reiteró que la legitimidad constitucional está con él y que, por ello, no piensa dimitir. El mandatario destacó que el pueblo egipcio lo eligió en unas elecciones limpias y democráticas y que, aunque “no ansía el poder”, está comprometido con su misión.

 

Por su parte, los partidarios del mandatario también protagonizaron una manifestación para apoyar al gobierno y se enfrentaron con los manifestantes anti Mursi, dejando como saldo siete muertos y decenas de heridos. Decenas de miles de personas se dirigieron ayer hacia la emblemática plaza Tahrir en El Cairo para exigir la renuncia del presidente, electo hace apenas un año. La policía fue desplegada en la capital, en donde la mayoría de los comercios permanecieron cerrados y las calles contrastaban con la actividad habitual de la ciudad. Además, helicópteros del ejército sobrevolaban la ciudad.

 

Miles de partidarios del presidente estuvieron reunidos en el barrio de Nasr City, así como frente a la Universidad de El Cairo, para defender la legitimidad de Mursi, quien ganó la primera elección presidencial libre de la historia del país. Uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista en el gobierno, pidió a los egipcios estar dispuestos a sacrificar sus vidas para prevenir un golpe de Estado, e hizo referencia a la sangre derramada para obtener la caída de Mubarak en 2011. El ejército amenazó con disolver el Parlamento y derogar la nueva Constitución si Mursi no responde a las demandas ciudadanas. Al cierre de esta edición no se había pronunciado acerca del discurso del mandatario.

 

La televisión estatal señaló que siete personas murieron y otras 15 fueron heridas en los enfrentamientos registrados en la plaza de Kit Kat. Fuentes de seguridad explicaron que en esa plaza, ubicada en la ribera oeste del río Nilo, una marcha de opositores fue atacada por seguidores del mandatario, lo que derivó en una batalla campal con armas blancas, bastones y piedras.

 

Decenas de heridos más se registraron en las localidades de Kafr al Dauar y Kafr el Sheij, en el delta del Nilo, agregó MENA. En la localidad de Banha, al norte de El Cairo, los opositores irrumpieron en una sede del Partido Libertad y Justicia, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, tras enfrentarse a los seguidores del presidente.

 

Las manifestaciones se desataron luego de que Mursi, quien se reunió ayer con el jefe del ejército, el general Abdel Fatah al Sisi, para hablar de la crisis que sacude al país, rechazara el ultimátum. “Egipto no permitiría ninguna vuelta atrás, independientemente de las circunstancias”, había declarado el presidente el lunes. Esa respuesta obligó al ejército a desmentir cualquier plan de golpe y aclarar que el ultimátum pretendía llevar a todos los sectores políticos a hallar una salida rápida a la crisis. Desde la oposición se anunció la designación de Mohamed El Baradei, ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, como su representante con vistas a una transición política.

 

A todo esto, el gobierno de Barack Obama instó a Mursi a que convoque a elecciones y a la vez advirtió a las fuerzas armadas acerca de los riesgos de un golpe militar, según altos funcionarios. “Le estamos diciendo (a Mursi) ‘encuentre una forma de ir a nuevas elecciones’. Esa puede ser la única manera en que esta confrontación se resuelva”, explicó un alto funcionario de gobierno a la cadena norteamericana CNN. Washington también está tratando de que Mursi nombre a un nuevo primer ministro y a un nuevo gabinete, para demostrar a la oposición que está gobernando para todos los egipcios, de acuerdo con la fuente.

 

“La democracia es algo más que elecciones. Es también asegurar que las voces de todos los egipcios son escuchadas y representadas por su gobierno, incluidas las de los muchos egipcios que protestan en todo el país”, le expresó Obama a Mursi, según funcionarios de la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses también advirtieron a las fuerzas armadas egipcias que un golpe militar llevaría a cortar toda la ayuda que Washington proporciona al país y que asciende a cerca de 1500 millones de dólares anuales.

 

El muftí de Egipto, la máxima autoridad religiosa musulmana del país, jeque Shauqi Alam, pidió la colaboración de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones. Al menos 23 personas murieron en todo el país en el marco de las manifestaciones. Enfrentamientos similares habían causado ya la muerte de ocho personas, entre ellas un estadounidense, la semana pasada.

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Martes, 02 Julio 2013 07:00

Egipto: ¿de nuevo los militares?

Egipto: ¿de nuevo los militares?

¿Pueden los islamitas gobernar un país? Egipto fue la primera prueba verdadera, y este lunes el ejército lanzó un desafío. Decir a un presidente electo democráticamente –en especial a uno que proviene de la Hermandad Musulmana– que tiene 48 horas para preparar y lograr un acuerdo con sus opositores significa que el presidente Mohamed Morsi ya no es el hombre que era.

 

El ejército sostiene que los islamitas fallaron. Deben resolver sus problemas con la oposición, o los generales se verán obligados a “emitir un mapa de ruta para el futuro”, frase desafortunada cuando se recuerda ese otro gran “mapa de ruta” operado por Tony Blair para el futuro de Medio Oriente.

 

Las multitudes en la plaza Tahrir rugieron de aprobación. Cómo no iban a hacerlo, si el ejército calificó de “gloriosas” sus protestas. Pero bien harían en pensar a fondo lo que eso significa. Argelinos seculares apoyaron a su ejército en 1992, cuando canceló la segunda ronda de elecciones, en la que habría salido ganador el Frente Islámico de Salvación. La “seguridad nacional” del Estado estaba en peligro, adujeron los generales argelinos: las mismas palabras empleadas este lunes por los militares egipcios. Y lo que vino después en Argelia fue una guerra civil, en la que perecieron 250 mil personas.

 

¿Y qué será exactamente el “mapa de ruta” del ejército egipcio, si Morsi no logra en su “última oportunidad” resolver sus problemas con la oposición? ¿Se tratará de convocar a una elección presidencial más? No es probable. Ningún general va a deponer a un presidente para acabar confrontando a otro.

 

Un gobierno militar sería más parecido a la tonta junta que asumió el control después de Mubarak. “Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”, se hacía llamar –nótese la palabra “supremo”–, y fracasó con insignificantes llamados al orden y arrogantes afirmaciones de que hablaba en nombre del pueblo, hasta que Morsi la recortó pasando a retiro a sus dos generales de mayor rango, apenas el año anterior. Qué tiempos aquellos.

 


La última vez que el ejército egipcio arrebató el poder a un hombre que había humillado a su país y a su pueblo –el rey Farouk–, un joven coronel llamado Nasser tomó el mando, y todos sabemos lo que ocurrió. Pero ¿debe ser ésta en verdad una batalla entre islamitas y soldados, aun si Estados Unidos acabará –no lo duden– poniendo su peso detrás de los “guardianes” uniformados de la nación? El viejo argumento en favor de elecciones libres era simple: si permitimos a los islamitas ganar en las urnas, veamos si pueden gobernar un país. Ese fue siempre el lema de quienes se oponían a las dictaduras respaldadas por Occidente y por las élites militares del mundo árabe.

 

El argumento no era tanto mezquita-contra-Estado, sino islamismo-contra-realidad. Lástima, el gobierno egipcio ha consumido su tiempo imponiendo una constitución al estilo de la Hermandad, permitió a los ministros lanzar sus propias minirrevoluciones y promovió leyes que suprimirían los grupos pro derechos humanos y las ONG. Además, la “victoria” de 51 por ciento de Morsi en las urnas no fue suficiente, en el caos reinante, para hacerlo presidente de “todos los egipcios”.

 

La demanda de pan, libertad, justicia y dignidad de la revolución de 2011 ha quedado sin respuesta. ¿Puede el ejército satisfacer esos reclamos mejor que Morsi, sólo por calificar de “gloriosas” las protestas? Los políticos son rufianes, pero los generales pueden ser asesinos.

 

Traducción: Jorge Anaya

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Sábado, 22 Junio 2013 06:43

La era de la austeridad

La era de la austeridad

La crisis internacional que involucra al 60 por ciento del PBI mundial (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) está transcurriendo el sexto año. Son potencias económicas estancadas o en recesión. Es la peor crisis desde la debacle de la década del ’30 del siglo pasado. En los primeros años del estallido de la burbuja de los créditos subprime, cuando los líderes políticos mundiales se reunían en el G-20 con el miedo al abismo, se abrió una grieta en el pensamiento económico convencional. Quedaba al descubierto el fiasco de la ortodoxia. Estaba en cuestionamiento la estructura teórica y práctica nacida de los claustros académicos filtrada a la gestión de gobiernos e instalada en el sentido común de las sociedades. La reacción inmediata fue paquetes de estímulos fiscales, críticas a la irresponsabilidad de banqueros, estatización de conglomerados industriales y bancarios y una impresionante expansión monetaria. Las obras de Keynes y Marx volvieron a ser consideradas por fuera de círculos reducidos. La ortodoxia estaba herida, sin levantar la bandera blanca. No estaba en retirada. Resistió y regresó con la misma soberbia, ocultando fracasos. El poder económico detrás de ese cuerpo de ideas siguió intacto. La expansión fiscal y monetaria tuvo como destino salvar a grandes compañías, bancos y banqueros. Luego de ese rescate, garantizando la estabilidad patrimonial y de funcionamiento de esos imperiales actores económicos, irrumpieron las medidas de austeridad, o sea, de ajuste sobre los ingresos y derechos sociales de la mayoría de la población. Otra vez la ortodoxia desplegada en su máxima expresión como si la crisis no hubiera estado originada en sus propios postulados. Durante este año, 119 países están aplicando políticas de reducción del gasto público con relación al PBI, elevando a 132 países la proyección hacia 2015. Este cuadro global surge de la impactante investigación The Age of Austerity: A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries.

 

Los autores Isabel Ortiz –directora de Global Social Justice Program at the Initiative for Policy Dialogue, además de funcionaria de Unicef– y Mateo Cummins –quien trabajó en el Programa de Desarrollo de la ONU, Unicef y el Banco Mundial– examinaron las estimaciones del gasto público realizadas por el FMI para 181 países. Las dividieron en cuatro períodos:

 

- 2005-07 (pre-crisis)

- 2008-09 (la expansión fiscal)

- 2010-12 (inicio de la contracción fiscal)

- 2013-15 (intensificación de la contracción fiscal).

 

Revisaron 314 reportes del FMI de esos países, identificando las principales medidas de ajuste. Una de las principales conclusiones es que la contracción fiscal es más intensa en el mundo en desarrollo: 68 países reducirán el gasto público en promedio 3,7 por ciento del PBI durante la tercera fase de la crisis (2013-15). Mientras, el ajuste fiscal en 26 países de altos ingresos será una media de 2,2 por ciento del PBI. Los investigadores señalan que los ajustes son de tal magnitud que una cuarta parte de todas esas economías están reduciendo el gasto público a niveles incluso inferiores al existente en los años anteriores a la crisis (2005-07). La ortodoxia en estado de éxtasis.

 

Ortiz y Cummins señalan que, contrariamente a la percepción pública, las medidas de austeridad no se limitan a Europa y, como refleja el informe, los ajustes son más profundos en países en desarrollo. La austeridad está afectando a 5800 millones de personas o el 80 por ciento de la población mundial y, según las proyecciones detalladas en el documento, alcanzará a 6300 millones o el 90 por ciento de las personas en todo el mundo para 2015.

 

En cuanto a las medidas, los informes del FMI publicados desde 2010 muestran que los gobiernos aplican diversas estrategias de ajuste:

 

- Eliminación o reducción de los subsidios, incluyendo al combustible, a la agricultura y a los alimentos (en 100 países).

- Recortes salariales, alcanzando a trabajadores de la educación, salud y otros del sector público (en 98 países).

- Racionalización del gasto de las redes de seguridad (en 80 países).

- Reforma de las pensiones –reducción o congelamiento de haberes– (en 86 países).

- Reforma del sistema de salud, disminuyendo el personal médico, los descuentos en medicamentos y aumentando los cargos de atención médica (en 37 países).

- Flexibilización laboral (en 32 países).

 

La investigación publicada por Initiative for Policy Dialogue, entidad fundada en julio de 2000 por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, indica que además de la reducción del gasto muchos gobiernos (94 países) también están considerando aumentos de impuestos regresivos. Menciona la introducción o elevación de impuestos al consumo (IVA) en productos de la canasta básica de bienes y servicios.

 

Ortiz y Cummins afirman que en lugar de recortar el gasto público, los países en desarrollo deberían “concentrarse en proporcionar oportunidades de trabajo decente y mejores condiciones de vida para sus ciudadanos”. Sugieren que deben reconocer que “la austeridad no les ayudará a alcanzar sus objetivos de desarrollo”, para agregar que, por el contrario, los recortes del gasto afectarán a los grupos sociales más vulnerables, ampliará la brecha entre ricos y pobres, y contribuirá a la inestabilidad social y política.

 

En ese sentido, destacan el incremento de las movilizaciones civiles, desde la Primavera Arabe hasta los violentos disturbios que han estallado en los últimos años en Asia, Africa y el Medio Oriente. “Poblaciones reaccionando a los efectos acumulativos de desempleo generalizado, los altos precios de los alimentos, y el deterioro de las condiciones de vida”, apuntan. Las varias y masivas movilizaciones en decenas de ciudades de Brasil motivadas por el aumento del costo del transporte público se inscriben en esa misma tendencia. El alza del boleto de 3 a 3,20 reales fue una medida que tuvo su origen en una decisión política de conservadurismo fiscal de no incrementar los subsidios al transporte, lo que fue revisado luego de las intensas manifestaciones sociales.

 

Brasil es el país de la región con el ajuste del gasto público más pronunciado, con una variación negativa de 0,4 por ciento del PBI en la comparación del período 2013-15 con respecto a los años 2005-07, según el cuadro anexo del documento de Ortiz y Cummins. Es lo que se conoce como fuerte ajuste fiscal. En esa tabla, Ecuador ocupa el extremo opuesto con una expansión del 17,1 por ciento, seguido por Argentina con el 8,9 por ciento; el resto se ubica muy por debajo de esos porcentajes con un leve aumento de 1,6 (Colombia) al 3,6 por ciento (Bolivia) del gasto público.

 

El documento “La era de la austeridad” cuestiona el postulado que el ajuste del gasto público es un sendero adecuado para lograr la recuperación socioeconómica y el objetivo de desarrollo. Observa que de la tendencia mundial de la “consolidación fiscal” sólo se puede esperar el agravamiento de la crisis de empleo y el consiguiente malestar de la población. Señala que se está haciendo asumir el costo de una supuesta “recuperación” económica a millones de hogares que, a la vez, han quedado excluidos. Propone entonces que en lugar del ajuste los gobiernos adopten medidas alternativas y equitativas, como aplicar impuestos a los ricos y reestructurar la deuda.

 

El regreso de la ortodoxia con el ajuste fiscal generalizado en los países ubica en perspectiva mundial el inmenso esfuerzo político y cultural que significa defender en ese territorio hostil el objetivo de administrar una economía a contramano de la era de la austeridad.

 


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El fin de la revolución pasiva en Brasil

La experiencia brasileña de los últimos 10 años de gobiernos progresistas (dos de Lula y el actual de Dilma) ha sido caracterizada por lo que Gramsci llamaba revolución pasiva: un proceso de modernización impulsado desde arriba, que recoge sólo parcialmente las demandas de los de abajo y con ello logra garantizar su pasividad, su silencio, más que su complicidad.

 

A partir de esta fórmula aparentemente contradictoria podemos entender cómo se edificó en Brasil un equilibrio precario pero sorprendentemente eficaz y duradero que además, siempre siguiendo las intuiciones de Gramsci, se apoyó en un cesarismo progresivo (la presencia de una figura carismática que catalizó y canalizó las tensiones y encarnó el paternalismo asistencialista) y el transformismo (el desplazamiento de grupos dirigentes progresistas del movimiento popular hacia posiciones conservadoras en puestos en las instituciones estatales).

 

Entonces, lo que sorprende de la historia reciente de este país no es la irrupción repentina de la protesta, sino su ausencia en los años anteriores. De hecho, detrás de los grandes elogios que recibían los gobernantes brasileños por el alto crecimiento económico, el carácter incluyente de las políticas sociales y el surgimiento de una impresionante clase media consumidora en Brasil, estaba la envidia y la admiración por un modelo de gobernabilidad, de control social y político basado en el asistencialismo y la mediación de un partido –el PT– y un sindicato –la CUT– con arraigo de masa, que garantizaban costos mínimos en términos de represión y de criminalización de la protesta. Los frentes de resistencia a la construcción de la hegemonía lulista existieron y existen tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero fueron contenidos y quedaron relativamente marginados, incluido el MST, que mantuvo una prudente actitud de repliegue y con la excepción de algunos conflictos importantes pero aislados (como las huelgas universitarias y las luchas indígenas en defensa del territorio).

 

Las protestas de los últimos días son entonces algo que inevitablemente estaba por surgir en las fisuras o en el agotamiento del proceso de revolución pasiva. Las fisuras son los desfases que generan las desigualdades que siguen marcando la sociedad brasileña, las brechas que separan las clases sociales en un contexto de modernización capitalista, en el cual aumenta el tamaño del pastel, se reparten rebanadas crecientes pero proporcionalmente se acumulan riquezas y se generan poderes políticos y sociales que se adueñan de los circuitos productivos, de las instituciones públicas y de los aparatos ideológicos. La paradoja de los gobiernos del Partido de los Trabajadores es que generaron procesos de oligarquización en lugar de democratizar la riqueza y de abrir espacios de participación, espacios que en el pasado habían servido para que este partido surgiera y llegara a ganar elecciones. El agotamiento tiene que ver con un desgaste fisiológico después de 10 años de gobierno, pero sobre todo con la pérdida de impulsos progresistas y el aumento significativo de rasgos conservadores en la coalición social y política encabezada por Lula y que sostiene el gobierno de Dilma.

 


No sorprende tampoco que la protesta tome formas difusas y sea protagonizada fundamentalmente por jóvenes etiquetados como de clase media. La conformación de las clases populares en el Brasil actual incluye a este sector juvenil que emerge, en medio de la relativa movilidad social de la última década, de las condiciones de pobreza hacia niveles de consumo y de educación mayores, pero sin desprender de su colocación en el campo de las clases trabajadoras –manuales y no manuales–, de las cuales estos jóvenes son hijos y hacia las cuales tienden inevitablemente por las modalidades del crecimiento dependiente brasileño. Las formas difusas corresponden tanto al rechazo a partidos y sindicatos como a la construcción incipiente de nuevas culturas políticas, en particular aquella de los llamados indignados, que reúne una serie de identidades, reivindicaciones y formas de lucha diversas, que no acaban de articularse pero siguen manifes- tándose a lo largo del mundo de manera dispersa pero recurrente y contundente.

 

Con estas manifestaciones se inicia el fin de la revolución pasiva brasileña. La movilización levanta el velo y muestra la realidad contradictoria y las miserias ocultas detrás del mito del milagro brasileño, que ya había funcionado décadas atrás y que volvió a aparecer en los últimos años. Por otra parte, la pasividad sobre la cual se erigía la hegemonía lulista se disuelve en las calles. Podrán regresar a sus casas, volver la calma en las calles y los sondeos a mostrar el consenso en torno al modelo petista, pero la visibilidad que se alcanza una vez disipados los gases lacrimógenos es siempre muy reveladora y permanece grabada en la memoria de una generación.

 

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Viernes, 21 Junio 2013 06:56

Un millón en las calles

Un millón en las calles

Las cuentas no coinciden, pero giran entre los que dicen que han sido más de un millón de personas en las calles de todo el país y los que dicen que han sido poco menos. En fin: ha sido la más espectacular (y peligrosa, y contradictoria) manifestación popular de Brasil en los últimos 29 años, desde las formidables marchas exigiendo el retorno de las elecciones libres para presidente, en 1984. Ni siquiera la movilización para defender la suspensión parlamentaria del corrupto presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, logró atraer tanta gente en tantas calles de tantas ciudades en Brasil.

 

¿Por qué peligrosa? Porque la falta de dirección y organización favorece a los sectores más conservadores, que siempre tienen la imagen de vandalismo para justificar su argumento de que es necesario imponer represión para reponer el orden. ¿Por qué contradictoria? Porque en toda esa espectacularidad resalta lo obvio: el divorcio entre los canales democráticos de diálogo y negociación y el descontrol de grupos que se infiltran en manifestaciones pacíficas para imponer el desorden.

 

Esta noche, terminó en duros conflictos la mayor manifestación colectiva de los últimos 29 años en Brasil. En Sao Paulo han sido más de 100 mil. Río reunió 300 mil. Hubo otros 50 mil en Porto Alegre, 30 mil en Brasilia, 100 mil en Recife, 20 mil en Salvador. Por la noche lo que había en Porto Alegre y Brasilia, Belem y Río de Janeiro, eran escenas de batalla callejera.

 

En el municipio de Ribeirao Preto murió un manifestante tras ser arrollado. Las protestas en todo el país han dejado unas 90 personas heridas.

 

Los violentos incidentes ocurrieron un día después de que los alcaldes de Sao Paulo, de Río y de otras 12 ciudades del país anunciaron que daban marcha atrás en el aumento de los pasajes del transporte público.

 

Ese incremento fue lo que originó, hace dos semanas, las primeras manifestaciones en Sao Paulo. Al principio fueron marchas limitadas, sin mayor consecuencia, realizadas por jóvenes.

 

El jueves 13 la policía militar de Sao Paulo actuó con una truculencia que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Ha sido la estopa para que la ola de protesta avanzara por todo el mapa brasileño.

 

La actuación salvaje de la policía militar de Río volvió a alcanzar su auge alrededor de las nueve de la noche, cuando una brigada de motociclistas de esa corporación disparó balas de goma contra manifestantes que estaban en la puerta del hospital Souza Aguiar buscando noticias sobre los más de 20 heridos que habían sido conducidos para la emergencia.

 

No hay registro en la memoria, ni siquiera en tiempos de la dictadura, de que fuerzas policiales lanzasen gas lacrimógeno en un hospital público. El gobernador de Río, Sergio Cabral, se mantuvo en silencio.

 

Lo que se puede concluir de todo eso es la falta absoluta de control tanto de los que convocan las movilizaciones como principalmente de parte de las fuerzas de seguridad. Hubo una tensa repetición de acontecimientos: las marchas empiezan de manera pacífica y razonablemente organizada, hasta que los manifestantes se acercan a edificios públicos. Ha sido así en la asamblea legislativa de Río el lunes, o el palacio de gobierno en Sao Paulo, o el Congreso nacional en Brasilia. Este jueves todo eso se repitió.

 

Este jueves el trayecto a ser recorrido fue previamente combinado con la policía. En Sao Paulo hubo algunos incidentes, cuando grupos portando banderas del PT o de la Central Única de Trabajadores fueron expulsados de la protesta. Los que convocaron la marcha habían advertido claramente que no serían admitidas banderas o camisetas partidarias o de organizaciones sindicales o estudiantiles.
Hasta las siete de la noche sólo habían sido registrados enfrentamientos al principio de la tarde en Salvador de Bahía, cuando manifestantes intentaron acercarse al estadio donde se disputan partidos de la Copa Confederaciones.

 

Al anochecer todo cambió. Frente a la alcaldía de Río hubo una refriega entre los propios manifestantes. Explotaron morteros, y la tropa de choque de la policía empezó a disparar bombas de efecto moral y de gas lacrimógeno. En poco menos de media hora la situación escapó totalmente del control.

 

En Brasilia ocurrió algo similar: manifestantes intentaron romper la barrera policial que impedía que entrasen al Congreso, y empezaron los enfrentamientos. Alejados del Congreso, los manifestantes intentaron invadir el palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las más bellas obras de Oscar Niemeyer. Escenas de vandalismo de un lado; la dura acción policial de otro.

 

En Sao Paulo, curiosamente, no hubo ningún enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La ciudad que vio nacer las manifestaciones asistió a una tranquila conmemoración de poco más de 100 mil personas.

 

Queda por ver cuáles serán los desdoblamientos de esas jornadas. La exigencia inicial fue alcanzada. Pero el pliego de peticiones engordó mucho a lo largo de esos días. Ahora se exige educación pública de calidad, una atención pública de salud que no sea tan ofensiva, transporte público a precios razonables y mucho más.

 

Llama la atención la inercia de los partidos políticos. Es verdad que Dilma Rousseff hizo un contundente pronunciamiento, advirtiendo sobre la necesidad de que los gobernantes oigan la voz de las calles. Pero ningún dirigente político, ningún parlamentario de relieve, nadie logró salir del estupor provocado por la velocidad con que esas manifestaciones crecieron.

 

Ni siquiera el PT, partido nacido de manifestaciones populares, supo qué hacer. Ayer intentó sumarse a los manifestantes en Sao Paulo. Sus militantes fueron rechazados. Queda la pregunta: ¿los partidos ya no representan a nadie? Y otra: ¿hasta qué punto los políticos están desmoralizados junto a la opinión pública? Y otra más: ¿no hay cómo controlar la acción truculenta de la policía?

 

Es imposible prever cuáles serán los pasos siguientes. O prever hasta cuándo los políticos mantendrán su silencio. Pensándolo bien, ¿tendrán algo a decir?

 

La primera conclusión es que los alcaldes, especialmente el de Sao Paulo, Fernando Haddad, llevaron demasiado tiempo hasta tomar una decisión política, es decir, cancelar el aumento del pasaje de autobús. Prefirieron una visión contable, tecnócrata, en una muestra evidente de insensibilidad e inhabilidad. Eso, para no mencionar los vínculos poco mencionables entre esos empresarios y la clase política.

 

Las escenas de vandalismo fueron provocadas claramente por pequeños grupos. No se debe descartar la presencia de infiltrados, cuya misión sería precisamente provocar la reacción descontrolada de una policía formada en tiempos de la ‘doctrina de seguridad nacional’ de la dictadura militar. Es decir: cuando no hay control alguno tanto de quien organiza como de quien tiene la responsabilidad de asegurar el derecho constitucional de manifestar opinión, lo que se ve es lo que se vio hoy.

 

Mientras, la clase política permanece atónita. Es como si nadie supiese la extensión de la distancia que separa los políticos profesionales de la realidad del país.

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Viernes, 21 Junio 2013 06:44

El precio del progreso

El precio del progreso

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.


 
Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.


 
Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).


 
La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

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 La noche en que se apagó la televisión pública de Grecia

Grecia amaneció esta mañana sin radiotelevisión pública, en un nuevo traumático episodio del calvario de crisis y austeridad que azota desde hace un lustro el país heleno. Los sindicatos han convocado una huelga de 24 horas para mañana para protestar contra la medida.


 
Cuando, pasadas las once de la noche de ayer, la señal en abierto de la televisión pública griega se quedó muda, miles de personas estaban entonando frente a su sede las canciones de la oposición a la dictadura de los años setenta.


 
Dentro, centenares de trabajadores luchaban para salir de su asombro y organizar alguna forma de resistencia. Nadie se esperaba que el sitio donde habían estado trabajando fuera a desaparecer por decreto. Nadie imaginaba que en tan solo seis horas la historia de tres canales públicos y decenas de radio desaparecería sin ninguna certeza para el futuro de las casi 3.000 personas que en ellas trabajaban. El Gobierno griego cruzó ayer otra línea roja en la gestión de la crisis que ahoga el país y marcó un récord: hacer de Grecia el primer país de Europa que cierra por decreto la emisora nacional.

 


“Me llamaron algunos colegas para decírmelo y me vine aquí. Es increíble lo que está pasando”, decía Yorgos Panagiotopoulos, músico de la orquesta de ERT. Tiene 39 años y lleva en la empresa desde 1997, explica en un buen español que aprendió en Madrid, donde pasó un año pasa estudiar violín. “Lo único que nos queda es la esperanza. Esperar que llegue mucha gente, que se haga mucho ruido y que el Gobierno recule”. El desconcierto en las palabras de Panagiotopoulos era el mismo que empapaba el frenesí de los pasillos, abarrotados de gente incrédula y enfadada que de repente no sabía si iba a volver el día siguiente a su lugar de trabajo. “Todos estamos en estado de shock. Ayer [lunes] por la noche se rumoreaba que algo iba a pasar pero no pensábamos que fuera así”, comentaba Prokopis Doukas, una de las caras más conocidas de la emisora.


 
Aún a las nueve de la noche, unas tres horas antes de la hora prevista para el apagón, nadie tenía muy claro qué medidas adoptar. Los periodistas miraban a las decenas de pantallas que retransmitían una edición monográfica del telediario en la que ellos mismos eran las noticias. Ellos y todos los 2.850 trabajadores de la emisora. “Cuando la noticia llegó esta tarde no cogió a todos por sorpresa”, comenta Antonis Alafogiorgos, uno de los presentadores del telediario. Aún maquillado y con la corbata algo descompuesta cuenta que en los primeros momentos se intentó hablar con representantes de este y de anteriores Gobiernos. “La troika ha pedido los despidos en el sector público y ellos les dan 2.800 despidos. Intentaremos resistir pero si lo han decidido lo harán”, asegura.


 
El comentario más escuchado era que el golpe de mano del Ejecutivo liderado por Antonis Samarás solo quiere ocultar el fracaso del programa de privatizaciones, en concreto el fallido acuerdo con la rusa Gazprom para la adquisición de la empresa pública de Gas. “Quieren mandar el mensaje de que pueden hacer lo que quieren”, decía otro trabajador.
 


Fuera del edificio, los jardines frente a la entrada se fueron llenando de gente. Representantes de sindicatos, militantes de partidos pero también mucha gente común. Irini Karidi, una ingeniera jubilada de 63 años, cogió el coche en cuanto se enteró de la noticia e hizo los 15 kilómetros que separan su casa desde ERT para ir a defender lo que siente como un derecho. “Nosotros pagamos por la televisión pública. Es la única que ha quedado con una programación cultural. No pueden hacer esto”, decía Karidi. En torno a las siete de la tarde en las calles aledañas se formó un atasco tan imprevisto como el mismo anuncio hecho por el Ejecutivo.


 
Muy pronto la protesta fuera de la sede se transformó casi en una fiesta. Algunos montaban una merienda a base de sovlaki, las famosas brochetas de carne tan populares aquí, y otros cantaban las canciones de Mikis Theodorakis, difundidas por unos altavoces. Una atmósfera melancólica que a muchos recordó otras épocas. A Zela Ficura, de 59 años y militante del izquierdista Syriza, las banderas, la gente, los coros le recordaban a cuando en 1973 participó en la revuelta estudiantil del Politécnico de Atenas. “Yo estaba ahí. Y me detuvieron. Junto a otras 22 chicas nos llevaron a una comisaría y nos dejaron a las 22 en un espacio para dos personas”, contaba Ficura. “Hay mucha gente. Y variada. Y sí, yo soy de Syriza, pero he venido aquí sin banderas”.


 
Tras el apagón y tras la suspensión de las conexiones a Internet, que dejaron de funcionar en el edificio de ERT apenas pasada la medianoche, los periodistas y los trabajadores se organizaron para seguir emitiendo al menos por satélite y apoyándose en otras emisoras. En la pantalla muchos periodistas griegos, no solo de la televisión pública, se turnaban para denunciar lo que consideran una violación de los derechos constitucionales. Así lo decía el presidente de la Federación de periodistas de Atenas, Dimitris Trimis: “Esperábamos que pasara algo pero no de esta forma. Se tendría que tener en consideración que los medios privados están todos en bancarrota y se mantienen gracias al apoyo de las elites económicas. Necesitamos una televisión pública, es un derecho constitucional”.


 
Vasilis Mitropulos, director de fotografía de 37 años, lleva 11 años en la empresa y lo que más le dolieron son las palabras que han acompañado el anuncio de la decisión del Ejecutivo con el portavoz del Gobierno, Simon Kedikoglu, que definió la emisora como “un caso único de opacidad y despilfarro”. “Han usado palabras de descalificación, dando una imagen negativa de los trabajadores. Como si no fuéramos trabajadores honrados. Y no es justo. La calidad de la televisión pública y el trabajo que hacemos no se puede medir solo con el dinero”.


 
Entre los trabajadores que se agolpaban frente a la entrada de la emisora estaba también la orquesta que, tras una ronda de intervenciones de apoyo, ocupó los escalones de la entrada y empezó a tocar el himno nacional griego. Yosif Ketenzian empezó a entonar las notas. Es barítono en el coro donde también trabaja su mujer, soprano. Tienen cuatro hijos y si les despiden no saben qué van a hacer. Ganan, tras los recortes del 25% fruto de las medidas de austeridad de los últimos tres años, 1.300 euros. “Es desagradable lo que están haciendo. Y lo que dice el ministro es mentira. La televisión pública es un patrimonio, es un trozo de nuestra historia. Un símbolo nacional”. Y ahora también otro símbolo de los profundos cambios que la austeridad ha causado en la sociedad griega. Una pancarta colgaba de las ventanas del último piso del edificio: “Vamos pueblo. No agachemos la cabeza. La única vía es resistir y luchar”.

 

Por Mariangela Paone Atenas 12 JUN 2013 - 12:07 CET

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