Madrid acogerá a defensores de derechos humanos de Colombia amenazados

La fundación Mundubat y el Consistorio pretenden defender el acuerdo de paz con esta iniciativa

Cada 11 horas asesinan a un defensor de derechos humanos en Colombia. En los últimos seis meses 397 personas han muerto a manos de grupos armados al margen de la ley, según el defensor del pueblo de Colombia. Es por esta razón que el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, desde el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Mundubat han presentado este martes en el palacio de Cibeles un programa de acogida temporal a activistas de derechos humanos en riesgo.


Madrid acogerá a partir de enero de 2019 y durante tres meses a activistas perseguidos en distintas partes del mundo. La primera edición del programa se va a centrar en Colombia con tres lideres de derechos humanos que todavía no se han escogido. ¿Y qué pasará después? Valiente ha explicado que si los lideres sociales que el programa escoja deciden quedarse definitivamente en Madrid tendrán que buscar otras alternativas como pedir asilo político. "Este programa va a permitir que puedan seguir trabajando en defensa de su territorio", ha dicho el director de Mundubat, Antonio Montoro.


El programa en este momento esta en su primera fase. El proceso de selección está abierto desde el pasado 8 de octubre hasta el próximo 7 de noviembre, y dependerá de un comité de selección integrado por instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Ayuntamiento de Madrid, Mundubat y una red de ONG. Una vez finalizado el proceso, hasta enero de 2019 se preparará la acogida. El Consistorio va a financiar su estancia en pisos individuales en donde podrán contar con las condiciones necesarias para su estancia. La gestión del programa estará a cargo de la Fundación Mundubat. "Los detalles de las condiciones y el presupuesto todavía se están debatiendo internamente", ha dicho Montoro.


El programa de acogida temporal les va a permitir estar lejos de las amenazas que enfrentan cada día, según Rudy Estela Posada, una de las lideres del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia en la presentación del programa. "En los últimos meses han matado a cuatro compañeros de la organización por defender nuestra tierra", ha dicho Posada, una campesina que la semana pasada llegó de Colombia a España para pedir ayuda, ya que el gobierno colombiano no les ha dado ninguna protección. "Cuando tenía 14 años tuve que dejar mi casa porque mi familia estaba amenazada, mataron a mis dos hermanos", ha añadido la también activista Posada.


Posada ha recibido amenazas constantes por mensaje de texto y verbales por ser defensora de los derechos humanos en su territorio. "No sirve de nada que me pongan a un policía para cuidarme, eso es peor por qué nosotros tenemos cuatro grupos armados al margen de la ley con diferentes intereses que están en guerra por mi tierra", ha dicho.
Otro de los lideres que ha asistido a la presentación fue Carlos Fernández, defensor de derechos humanos de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz. Fernández ha mostrado su preocupación por la situación que viven actualmente los defensores de derechos humanos en Colombia y ha culpado de esta situación al gobierno del presidente Iván Duque, que "está cambiando el corazón del acuerdo de paz y atacando al movimiento social y político".


Colombia es el país destinatario del primer programa municipal por la difícil transición hacia la paz que está viviendo tras el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano, que puso fin a medio siglo de conflicto y que este mes cumple dos años de vigencia. A pesar del cese de las hostilidades, los conflictos sociales se siguen cobrando centenares de vidas de civiles en el país cada año, incluyendo las de activistas de los derechos humanos, ambientales y sociales.

Lucía Franco
Madrid 17 OCT 2018 - 01:35 COT

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Detienen la caravana migrante o cesará la ayuda, amenaza Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, amplió anoche a Guatemala y El Salvador la amenaza formulada horas antes a Honduras, al advertir que congelará la ayuda económica si esos países permiten el tránsito de una caravana de migrantes en ruta hacia Estados Unidos

"Hemos informado a Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos viajen a través de sus fronteras hacia Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente a nuestro país, todos los pagos les serán detenidos", tuiteó.

"¡Cualquiera que entre a Estados Unidos ilegalmente será arrestado y detenido, y será repatriado a su país!", remató en un segundo mensaje.

La amenaza se produjo seis meses después de que Trump desplegó la Guardia Nacional en la frontera con México de cara al Viacrucis Migrante, cuando más de mil centroamericanos marcharon hacia Estados Unidos. Entonces, el magnate advirtió que la asistencia a Centroamérica estaría "en juego" si los migrantes no detenían su marcha hacia Estados Unidos.

Por la mañana, Trump escribió en Twitter: "Estados Unidos ha informado con firmeza al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta, no se dará más dinero o ayuda, ¡con efecto inmediato!"

La llamada Caminata Migrante, integrada ahora por entre mil 500 a 4 mil niños, mujeres y hombres, según reportes de la prensa guatemalteca, partió el sábado pasado de la hondureña localidad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con rumbo hacia la frontera con Guatemala para después pasar por México y finalizar en Estados Unidos, donde solicitarán asilo político, una ruta de 2 mil kilómetros plagada de obstáculos y peligros.

La caravana llegó ayer a la fronteriza ciudad guatemalteca de Esquipulas. Antes de ingresar, un contingente de policías les cerró el paso, pero horas después los migrantes lograron llegar a un refugio, reportó la prensa local.

Cientos de hombres, mujeres y niños, con bolsos y maletas caminaban ayer por una carretera en Guatemala, a unos 90 kilómetros de la frontera con Honduras, donde según algunos medios locales las autoridades trataban de contener otro grupo masivo de personas que buscan integrarse a la caravana.

Las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si no cumplían con los requisitos legales para entrar en el país.

Tras la amenaza de Trump, el organizador de la caravana el ex diputado de izquierda Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala. El Ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista fue arrestado por la policía guatemalteca porque “no cumplió con las normas de inmigración“ del vecino país y será deportado. Al cierre de esta edición, Fuentes intentaba cumplir los requisitos migratorios en Guatemala.

La cancillería de Honduras hizo un llamado después "a los hondureños a desistir de la intención y no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico".

Añadió que esta "movilización irregular" sólo buscaría "alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de Honduras y Estados Unidos", y que la caravana habría sido organizada "por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en Estados Unidos".

En una llamada telefónica con Hernández, el vicepresidente, Mike Pence, condenó la "flagrante falta de consideración" de Honduras a la soberanía estadunidense, informó el diario guatemalteco Prensa Libre en su portal.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Waldman, dijo que las noticias de la caravana son el resultado de los vacíos legales. "Como lo hemos dicho y repetido, hasta que el Congreso actúe, vamos a seguir teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras 'caravanas' y cifras récord de familias que entran ilegalmente a nuestro país", afirmó.

Amnistía Internacional calificó de "xenófoba y racista" la amenaza de suspensión de ayuda a Honduras lanzada por Trump y pidió a México ofrecer asilo a los hondureños que integran la caravana.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió "respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de la caravana, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas".

 

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"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

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Inician Caminata del Migrante rumbo a EU dos mil hondureños

San Pedro Sula. Más de 2 mil hondureños iniciaron ayer la Caminata del Migrante con la intención de llegar a Estados Unidos para huir de la pobreza y violencia que azotan su país.

"Vamos con la fe en Dios buscando algo bueno. Aquí no hay ninguna esperanza", dijo Sergio Cáceres, un integrante del grupo, de 40 años, quien se moviliza en silla de ruedas por un accidente sufrido a los 19 mientras espera que alguien le dé aventón a la orilla de la carretera.

Miles pasaron la noche del viernes recostados en pedazos de cartón en aceras y áreas verdes aledañas a la estación de camiones de la terminal de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país ubicada a 180 kilómetros de la capital, para salir de madrugada.

Hacia las 5 horas, tiempo local, partieron por la carretera hacia la frontera de Honduras con Guatemala en un intento de recorrer los 2 mil kilómetros de una ruta peligrosa por la operación de bandas delictivas, cruces de ríos y desiertos con serpientes.

Lorgia Gracibel Miralda, de 28 años, se marcha en busca de su hermano, Axel Ariel, de 19, detenido en Estados Unidos, a donde huyó luego de que en su país pandilleros mataran a sus otros dos hermanos.

El ex diputado Bartolo Fuentes, quien acompañaba a los migrantes, aseguró a medios locales que una "gran necesidad los obliga" a salir del país en busca de mejo-res oportunidades.

La caravana pasará por México hasta cruzar la frontera a Estados Unidos, donde residen más de un millón de hondureños, la mayoría indocumentados.El año pasado, los migrantes en ese país inyectaron 4 mil millones de dólares en remesas a la economía de sus lugares de origen, equivalentes a 20 por ciento del producto interno bruto.

Estados Unidos ha llamado la atención a los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) por desatender las necesidades de empleo y seguridad de la población, con los que alientan la migra-ción hacia el norte.

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Denis Mukwege y Nadia Murad ganan el Nobel de la Paz por su lucha contra el uso de la violencia sexual como arma de guerra

El Comité Noruego destaca que el cirujano congoleño "ha dedicado su vida a defender a las víctimas" y el coraje de la activista yazidí, "testigo que cuenta los abusos perpetrados contra ella y contra otros".


El cirujano congoleño Denis Mukwege y la activista yazidí Nadia Murad han sido reconocidos con el premio Nobel de la Paz 2018. El Comité Noruego ha estacado, al anunciar el galardón, "sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados".


Mukwege (1955) "ha dedicado su vida a defender a las víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra" y Murad "es el testigo que cuenta los abusos perpetrados contra ella y contra otros", argumentó el comité Nobel para conceder el galardón.


El médico Mukwege y su equipo "han tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos asaltos", ha condenado "la impunidad de las violaciones masivas y ha criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra".


En cuanto a Murad (1995), el Comité Nobel recordó que es "una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia militar de Estado Islámico que usaban ese tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas".


Además destacó que "tras tres meses de cautiverio logró escapar y empezó a denunciar los abusos que habían sufrido ella y otras mujeres". "Tuvo el extraordinario coraje de contar su propio sufrimiento y de ayudar a otras víctimas", dijo el Comité Nobel.


Mukwege y Murad suceden en el palmarés a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), reconocida en 2017 por su activismo para alertar de las "catastróficas consecuencias humanitarias" del uso de este tipo de armamento. En 2016, el galardón recayó en el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por su acuerdo de paz con las FARC, y un año antes el comité premió la labor del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez.


Para la edición de este año se habían presentado un total de 331 candidaturas, la segunda mayor cifra de la historia, solo superada por los datos de 2016. De los 331 aspirantes, 216 correspondían a personas, mientras que las 115 restantes eran de grupos u organizaciones, según los datos del comité.


El galardón de Medicina abrió el lunes la ronda de anuncios de la presente edición de estos prestigiosos premios, seguido por los de Física, Química y el de la Paz de este viernes y finalmente el de Economía, que se dará a conocer el próximo lunes. Cada uno de los galardones está dotado este año con nueve millones de coronas suecas (1,02 millones de dólares), a repartir en caso de que haya más de un premiado.


Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, donde se otorga y entrega el de la Paz.


La presente edición de los Nobel es atípica, ya que no se entregará el galardón de Literatura, aplazado hasta el año que viene por el escándalo que rodea a la Academia Sueca, la institución que lo otorga.

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El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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“La izquierda tiene responsabilidad en el ascenso fascista por rendirse al mercado cuando gobierna”

El ex director general de Amnistía Internacional habla con 'Público' sobre la actualidad migratoria en Europa, el panorama político en Brasil y el auge de los movimientos de ultra derecha.


El senegalés Pierre Sané (Dakar, 1948) es creador del Imagine África Institute, un think tank cuyo lema es “alimentar para pensar, pensar para actuar” y busca “recrear el continente, descolonizando su futuro”. Sané es, también, ex Director Adjunto para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO (2001-2010) y ex Director General de Amnistía Internacional (1992-2001). Miembro del partido socialdemócrata de Senegal, Sané se ha convertido, además, estas semanas previas a las presidenciales brasileñas, en vehemente voz de alerta ante la inhabilitación para la reelección del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el riesgo que encarna el violento candidato fascista Jair Bolsonaro.


“Os referiré el caso de un candidato progresista, defensor de los intereses de la mayoría social, injustamente acusado de corrupción, encarcelado por ello sin pruebas y apartado así de la carrera electoral”, comenzó Sané su intervención en el encuentro Amenazas a la democracia y el orden multipolar el viernes 14 en Sao Paulo (Fundación Perseu Abramo) “¿Os suena? Pues hablo del alcalde de Dakar, Khalifa Sall”.


Sané fue el único, junto al ex ministro de Asuntos Exteriores de Lula y de Defensa de Dilma Rousseff, Celso Amorim, promotor de la iniciativa, en acudir a la doble cita, en Sao Paulo y el 17 en Madrid (Common Action Forum y Casa América) donde ex presidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, Dominique de Villepin, Massimo D’Alema, abogados y jueces como William Bourdon, Renata Ávila o Baltasar Garzón e intelectuales y periodistas como Noam Chomsky y Juan Luis Cebrián denunciaron “un doble golpe, parlamentario contra Rousseff y judicial contra Lula” así como las consecuencias globales de una victoria de la ultraderecha en las elecciones del 7 y 28 de octubre. “Sobre todo en África”, puntualizó Sané, “continente para el que Brasil ha sido referente con medidas del Partido de los Trabajadores (PT) como la bolsa de familia -subsidio a más de quince millones de familias bajo el umbral de la pobreza a cambio de escolarización y vacunación infantil-. “Las fuerzas reaccionarias africanas están atentas y si el golpe se consolida lo podrán imitar”.


¿Democracia y derechos humanos están hoy especialmente amenazados?


Amenazas siempre ha habido y habrá porque derechos humanos y democracia son fruto de un combate cotidiano. Hay avances y retrocesos, victorias y derrotas. Nunca llegaremos al “¡Conseguido, a otra cosa!”. Porque en la gobernanza pública siempre habrá intereses económicos contrapuestos: el de los poderosos que tratan de mantenerse en el poder y el resto que aspira a acceder.


¿El peligro actual viene más del auge fascista o de la idea extendida de que derechos humanos y democracia son una bella pero inalcanzable utopía?


A mí me gusta la definición de democracia de John Keane en su obra Life and death of democraty: “El gobierno de los humildes, por los humildes, para los humildes”. De acuerdo que es, como los derechos humanos plenos, un ideal. Pero si el mundo avanza, es en la persecución del ideal, de la utopía. Y el pasado más reciente demuestra, con Martin Luther King o Nelson Mandela, que lo que hace 50 años eran utopías se han convertido en realidades. El que un joven negro fuera presidente de EEUU no realiza el sueño de igualdad racial de Luther King, pero sí señala que, como él decía, “el arco de la historia tiende hacia la justicia”.


España acaba de vender armas a Arabia para no perder empleos del sector naval. ¿Los principios son un lujo frente a las necesidades económicas?


El ideal sería abolir la guerra y por ello luchan entidades pacifistas que quizá en el futuro lo consiga. Pero, dado el peso de la industria bélica en economía y empleo, las entidades de derechos humanos plantean batallar, más que por la abolición total, por enmarcar el comercio de armas en el derecho internacional. Y este dicta la prohibición de vender armas a un régimen en plena campaña de violación de derechos humanos y crímenes de guerra.


Elecciones en Brasil


¿Por qué su denuncia activa del encarcelamiento de Lula y el impulso del fascista Bolsonaro?


Dilma Rousseff fue destituida y Lula encarcelado e inhabilitado para la reelección porque el PT construía en Brasil una alternativa, un cambio de paradigma. Por primera vez en la historia de Brasil tenemos un movimiento obrero de gente corriente que llega al poder, lo ejerce doce años y, con la reelección de Lula, podrían haber sido veinte. La élite brasileña siempre lo ha visto como una amenaza porque, defiende los intereses de la mayoría demográfica, la igualdad racial en un país con 54 por ciento de población negra y, como votar, en Brasil, es obligatorio, en la dinámica electoral siempre tiene las de ganar. La única manera de impedirles gestionar el país es usando métodos anticonstitucionales y antidemocráticos. Si la estrategia triunfa tendrá consecuencias internacionales.


¿Especialmente en África?


El continente africano, con lazos históricos, demográficos y culturales fuertes con Brasil, se ha mirado mucho en su espejo en la etapa del PT porque suponía un ejemplo de lucha eficaz contra la pobreza, la desigualdad de clases y razas. Pero también porque desarrolló una política internacional que tenía muy presente a África e impulsaba un equilibrio mundial multilateral.


Ha criticado duramente que Brasil desoiga al Comité de Derechos Humanos de la ONU que pide que se deje a Lula presentarse, leyendo la lista de sus 18 miembros internacionales. ¿La ONU se ha labrado su falta de peso justo por su incapacidad para que las resoluciones sean vinculantes (caso de Palestina, o el Sahara Occidental)?


En toda la sociedad, incluida la internacional, hay un sistema de funcionamiento: leyes que se deben respetar. La ONU es grupo de diálogo entre estados. Son los estados quienes escriben las leyes, se comprometen a respetarlas y se someten al sistema de control mutuo. Cuando uno de los estados se pone fuera de la ley, como es el caso actual de Brasil, es a él a quien hay que culpar y no a los encargados de monitorizar el comportamiento de todos: la ONU. Ahora bien, hay que ser conscientes de que los estados sólo respetan las leyes por la presión moral del resto de estados y de la sociedad civil internacional.


Los juicios anti-corrupción que han encarcelado a Lula en Brasil y el alcalde de Dakar, según han dicho en estos encuentros, buscan eliminar al opositor. ¿Cómo perseguir la corrupción sin confiar en el poder judicial?


La lucha anti-corrupción no puede depender sólo del poder judicial. Porque este, aunque independiente del político, forma parte de la estructura de poder del sistema. Así que hay que seguir luchando contra la corrupción en los tribunales, sí. Pero también desde una sociedad civil vigilante, organizada, en sindicatos, asociaciones, ONGs, movilizada, defensora de los principios del derecho internacional: igualdad, libertad y justicia. Las instituciones hay que perfeccionarlas.


Alternativa y responsabilidad de la izquierda


¿Cómo socialdemócrata, hace alguna auto-crítica sobre al ascenso del voto ciudadano internacional a líderes mesiánicos, neofascistas?
Sí, los partidos de izquierda, progresistas tienen una parte de responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha. Porque la izquierda, los socialdemócratas llegan al poder sobre una promesa de mejorar las condiciones de vida ciudadana, de profundizar en democracia y libertad y contribuir a un mundo de paz. Pero cuando alcanzan el poder traicionan estas promesas y dicen a la gente que es el mercado quien obliga a ir a esta o esta dirección. Cuando la gente no ha votado al mercado, sino a ellos para que apliquen políticas alternativas.


¿Quién gobierna de verdad el mundo?


Parece que GP Morgan, Goldman Sach, Bank of America, City Bank, Deutche Bank, HSBS… los grandes bancos internacionales. Porque el mundo hoy está gobernado por el poder de las finanzas.


¿Hay una alternativa progresista a este estado de cosas?


La alternativa existe, teorizada en universidades, think tanks y ONGs, pero todavía no es hegemónica. Así que, mientras, la tendencia de los partidos socialistas es a continuar la política neoliberal sólo que con añadidos de programas sociales. No es suficiente. Son remiendos. Zapatero propuso una alianza internacional de think tanks progresistas para dar forma a esta alternativa económica y yo añadiría una nueva internacional progresista como la propuesta por Bernie Sanders y Varoufakis, con militantes, sindicatos y medios de comunicación. La idea compartida por muchas organizaciones progresistas es que no se puede seguir una agenda de globalización de la democracia si no se sigue una agenda de democratización de la globalización.


¿La respuesta debe ser simultánea y multinacional?


Un solo país no podrá hacerla, está claro. Y eso es una dificultad porque, en la UE, por ejemplo, no van a llegar a las presidencias de gobierno todos los socialistas a la vez. Es el caso en España, ahora, pero si la mayor potencia, Alemania, sigue en manos conservadoras será difícil desarrollar la agenda alternativa. Ahora bien, en el actual contexto europeo, yo preveo que el cambio va a abrirse camino de la mano de la mano del laborismo de Jeremy Corbyn.


¿De qué manera?


El ha conseguido que la militancia pase de 120.000 a medio millón, haciendo del partido laborista, el de izquierda europea con mayor base. Le apoya una militancia joven y comprometida. Corbyn, creo, preferiría no repetir el referéndum y que Gran Bretaña no permaneciera en la UE porque entiende que es un foro neoliberal donde será más difícil aplicar su agenda social. Una agenda que no le veo con vocación de exportar a Europa, ni internacionalmente vía alianza con Sanders y Varoufakis. Pero como no va a tener más remedio que repetir el referéndum y permanecerán en la UE, entonces tendrá que aliarse con otros socialdemócratas. La vía de llegada a Europa de una agenda alternativa, de progreso social viene por este joven y activo laborismo.


¿Superará la izquierda su tendencia a la división?


Junto a la tendencia autocrítica, cierta, los progresistas hoy afrontan la gran dificultad de identificar al enemigo porque el poder del capitalismo, su potencia política es difusa. Se puede decir que el enemigo son los bancos, poderes financieros, la industria del armamento… Y ante eso surgen movimientos de mujeres, antirracistas, ecologistas, de lucha de clase, de solidaridad con los pueblos del sur… El gran reto es analizar todos estos desafíos a través de una narrativa única que nos permita plantear una alternativa de conjunto. Hacer entender a todos que, si bien la solución es muy compleja, enfrentamos todos el mismo combate contra la misma estructura de dominación, responsable de la opresión de las mujeres, de los trabajadores, y de personas su identidad racial y sexual.


Migración y África


América y Europa comparten ser escenario del rechazo a migrantes y refugiados. ¿Qué hacer?


Luchar contra el racismo. Porque en Grecia desde 2009, 500.000 jóvenes griegos han abandonado el país para instalarse en otros países europeos y no se les llama migrantes. Senegal con 14 millones de habitantes tiene a 30.000 franceses y más y más emprendedores españoles e italianos se instalan sin que se les llame migrantes. Vivimos en un mundo donde cuando eres blanco y vienes de país desarrollado puedes viajar libre e instalarte y cuando vienes de un país pobre y de color te identifican como migrante. También está la discriminación económica.


A los príncipes árabes instalados en París no se les llama migrantes. Los europeos deben aceptar que entramos en mundo multicultural, multirracial. La migración siempre ha existido. América del norte y Latinoamérica son fruto de la migración masiva de europeos y entramos en un periodo de migración africana y árabe a Europa que no se puede encarar levantando vallas que la dejen aprisionada. Es absurdo porque en 2100 el 41 por ciento de la población mundial será africana. Europa debe cambiar de mentalidad y aceptar que no será exclusivamente blanca sino también negra y amarilla. Porque, además, necesita, población joven, mano de obra y esa riqueza vendrá de África.


¿Tiene África esperanza? ¿Cuál?


La esperanza de África, en el sentido de su aspiración, es idéntica a la del resto de habitantes del planeta: el deseo de democracia, libertad y derechos humanos se ha universalizado y todo el mundo quiere vivir en sociedades justas y libres. Pero la expectativa africana en términos de desarrollo tiene que venir del cambio económico: no se puede crear empleo sin industrializar y no se industrializa con el sistema de vender materias primas e importar manufacturas. En Senegal producimos oro e importamos joyas, Costa de Marfil exporta cacao y trae chocolate, Gabón madera y trae muebles. El valor añadido y los empleos se crean en el primer mundo. O África empieza a transformar in situ la riqueza natural en producto de consumo o los jóvenes seguirán emigrando para trabajar.


China invierte fuerte en el continente africano. ¿Teme que imponga su modelo político y social, tan deficitario en los estándares democráticos?


El riesgo siempre existe. Dependerá del equilibrio de fuerzas. Actualmente, en África, no intentan imponer su modelo. Se limitan a hacer negocios con regímenes de todo tipo. ¿Eso va a evolucionar? ¿Para mantener su ambición de ser la primera potencia económica recurrirán a lo militar? No lo sé. Lo que sí sé es que África debe definir sus relaciones con China, elegir su futuro económico y político. Y para eso hay que reforzar la unidad africana y que el continente hable con una sola voz al mundo exterior. Sólo con visión compartida, lo logrará.


Como ex director general de AI, ¿ve la denuncia de abusos en ONGs como Oxfam como campaña de desprestigio o necesaria medida regenerativa?


Las ONGs son organizaciones humanas, con sus debilidades. Deben someterse a la crítica pública, con la misma exigencia que aplican al mundo económico y político y tener mecanismos de auto corrección. Si en una ONG hay corrupción, abusos, o comportamientos no éticos deben ser criticadas para corregirse. Lo que no comparto es el cuestionamiento de la legitimidad. Quienes dice: ¿Qué derecho tiene Amnistía para venir a cuestionar el respeto a los derechos humanos aquí? La Declaración de Derechos Humanos señala que, junto a los estados, organizaciones y sociedad civil, deben trabajar para universalizarlos.


Cuándo levanta la vista, ¿ve a la ciudadanía preocupada por los derechos humanos y la democracia?


En todas las sociedades habrá siempre militantes más concernidos que el resto de población y es normal. Estar preocupado no implica tampoco dejar de llevar una vida normal, incluido salir a cenar y disfrutar. Pero sí que la gente debe asumir que, si se quieren mejorar las cosas, no basta hablarlo en casa, todos somos responsables y debemos intentar avanzar con los medios al alcance.

 

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Los grupos evangélicos paralizan una ley a favor de la población trans en Uruguay

El oficialista Frente Amplio propone que la sanidad pública financie el cambio de sexo

Un año de tramitación parlamentaria y varios meses de polémica: la ley que protege las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolección de firmas contra el proyecto. El colectivo trans, que no llega a las mil personas, tiene el apoyo de varias decenas de asociaciones que acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña con tintes religiosos en el país más laico y con menos creyentes de América Latina.

El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminación positiva para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; también contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales. La filosofía global de la normativa es proteger a un colectivo especialmente marginado - los trans tienen una esperanza de vida de 35 años en Uruguay - y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución.

El capítulo más polémico tiene que ver con la autorización del cambio de sexo (tanto hormonal como quirúrgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposición del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones. La coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan solo el 1% de la población trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervención.


Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. En realidad, el cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez años, previa autorización judicial y en el marco de un proceso médico controlado.


Las principales sociedades médicas lo apoyan y desde la política o las organizaciones sociales nunca hubo oposición. Por ello, la llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas - una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes - ha causado sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.


Las organizaciones de apoyo a la ley han contratacado con una lluvia de datos que muestran que, de todos los marginados sociales, los trans son los más vulnerables de Uruguay. Así, aseguran que las personas de este colectivo tienen una esperanza de vida de 35 años, cuando la media nacional es de 77 años. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y cárcel injustificada.


Por el lado parlamentario, la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposición a la normativa. Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evangélicos, no solo se opone al cambio de sexo en los menores, sino que rechaza las medidas de discriminación positiva y las reparaciones por los abusos de la dictadura. De todos modos, la senadora es partidaria de que una ley proteja a las personas trans y reconoce que es una población estigmatizada y vulnerable. Pero dentro de su propio partido hay senadores que se muestran más flexibles y podrían dar su apoyo a la ley si se producen algunas modificaciones. En realidad, el Frente Amplio dispone de una mayoría suficiente para conseguir una aprobación, aunque actualmente trabaja en cambios para obtener el mayor apoyo parlamentario posible y que la votación tenga lugar a finales de este mes.

Por Magdalena Martínez
Montevideo 3 OCT 2018 - 09:33 COT

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Asesinan a 93 líderes sociales en Colombia en lo que va de año, el más violento desde 2010

Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los homicidios. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha denunciado que 93 líderes sociales han muerto en Colombia en lo que va de año, un "problema que requiere soluciones urgentes" y que convierte este periodo de tiempo en el más violento desde 2010.


Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los asesinatos. Entre ellos figuran Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Arauca.


En el informe 'Agresiones y homicidios de líderes sociales', el 'think tank' ha indicado que en 2000 murieron 30 líderes sociales asesinados, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50.


Según la fundación, los líderes son ahora más vulnerables ante la violencia debido a que "tienen una mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz, se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales y hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas".


Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52% de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.


En cuanto a los responsables de estos actos, el documento recoge que en el 58% de los casos no se ha establecido el culpable, mientras que en el 35% la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.


En el 58% de los casos no se ha establecido el culpable


Fundación Ideas para la Paz ha señalado que se ha producido un aumento del 11% de los homicidios durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos en relación con el primero. Además, ha alertado de que aunque el número de agresiones a mujeres líderes es menor, el uso de la violencia sexual se acentúa en dichos casos.


"La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de revictimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias", añade.
Por ello, la Fundación Ideas para la Paz ha propuesto diez acciones entre las que se destacan crear un registro único integrado, consolidado y actualizado que documente las agresiones y publicar periódicamente los avances que realizan las instituciones del Estado sobre las investigaciones.


Además, ha recomendado reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros.


madrid
02/10/2018 09:27 Actualizado: 02/10/2018 09:42

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Ortega declara ilegales las protestas en Nicaragua

Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional de la prohibición de las protestas que exigen el fin del régimen. Y amenaza, también, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.

Para las autoridades del país centroamericano, inmerso en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales” y una amenaza a la paz y la seguridad. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado.


“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, se lee en la nota emitida por la Policía y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.


Este último movimiento es un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobernó el país latinoamericano durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.


El pasado sábado Ortega alertó a los empresarios de que enviaría a la policía para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un “terrorismo económico” en este país.


La advertencia de la Policía se da un día después de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada “Nicaragua en Rebeldía”. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilización permanente como forma de intimidación a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del país. Una de las últimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado sábado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno murió un adolescente de 16 años y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibió un disparo en el brazo derecho. Está por ver si el anuncio de la Policía de este viernes logrará desmovilizar las próximas protestas.


El viernes por la tarde, la Policía también allanó las oficinas del Instituto Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública. El Ejecutivo de Ortega ha señalado al IEEPP y a su director, Félix Maradiaga, de financiar actos de “terrorismo” para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Policía decomisó documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el céntrico Reparto San Juan de Managua.


Las autoridades ya habían girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. “El de la Policía es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas más básicas del Estado de derecho. Es una posición torpe del régimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial”, dijo Maradiaga a EL PAÍS, en conversación telefónica desde el país norteamericano. El experto calificó, además, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de "un atropello más a la sociedad civil" nicaragüense.


Maradiaga participó a primeros de septiembre en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discutió por primera vez la crisis nicaragüense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció en esa ocasión las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas por parte de Ortega.


A mediados de julio, el Parlamento nicaragüense –controlado por Ortega– aprobó una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva” que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del régimen para criminalizar a sus críticos. La ONU advirtió en esa ocasión que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.


Desde entonces han sido detenidas –según cifras oficiales– más de 200 personas acusadas de “terrorismo”. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las cárceles del país podría superar los 300, la mayoría por protestar contra el régimen. El miércoles, la CIDH recomendó al Gobierno "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el régimen.

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