¿Alimentación es salud? El derecho a una alimentación sostenible y saludable

Ante un sistema agroalimentario que nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata de hambre la Agroecología propone un enfoque alternativo para defender y garantizar el derecho a la alimentación de la sociedad en un momento de crisis y emergencia alimentaria.

 

En este día Mundial de la Alimentación es obligatorio subrayar que la crisis agravada por el covid-19 ha destapado muchas fragilidades, entre ellas las deficiencias de un sistema agroalimentario que no es capaz de producir alimentos saludables, sostenibles y accesibles para todo el mundo. Un sistema cuyas actividades de elaboración y procesado, envasado, transporte y distribución de alimentos generan entre el 21 y el 37% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, agravando la crisis climática en la que nos encontramos. Un sistema cuya actividad se ha vinculado con la aparición y transmisión de pandemias. Se estima que el 31% de los brotes de enfermedades emergentes están relacionadas con la invasión humana y la deforestación, asociada entre el 75% y el 80% a la expansión agrícola para obtener pastos o la producción de piensos, según el informe ‘Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, de la crisis climática a la covid-19’

Podemos afirmar con rotundidad que el sistema agroalimentario actual nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata de hambre. Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  la pandemia del covid-19 podría provocar a finales de 2020 un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo. Y para acercarnos un poco más a nuestra realidad, recordemos las ‘colas del hambre’ que van creciendo en nuestros barrios mientras paradójicamente, se desperdician un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo anualmente. Este año se nos habla mucho de salud y bienestar. Pero… ¿qué salud y bienestar con un sistema que no garantiza el acceso a una alimentación sostenible y adecuada al conjunto de la sociedad?

Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En 1997, la misma organización indicaba que entre los requisitos para que una población sea sana se encuentra la alimentación adecuada.  La producción, elaboración y distribución de alimentos para lograr una alimentación y nutrición adecuada de las poblaciones son cuestiones estratégicas para los distintos países. Sin embargo, existen diferentes enfoques políticos para alcanzar dichos objetivos.

Un primer enfoque es el del concepto de seguridad alimentaria, que según la FAO, “se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”

Un segundo enfoque es el de los Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a la Alimentación, recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

Además de formar parte de la Declaración Universal de los DD HH (Art.5), el Derecho a la alimentación aparece numerosas constituciones, leyes de seguridad alimentaria y nutricional; y leyes sectoriales. La Constitución española (art 10, apdo 2) indica que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades […] se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Además la firma del PIDESC por los distintos Estados obliga jurídicamente a adoptar medidas para lograr el derecho a una alimentación adecuada y lucha contra el hambre.

Por último, desde los movimientos campesinos y sociales, para subsanar las deficiencias en el concepto de la seguridad alimentaria, surge la Soberanía Alimentaria. Su definición más aceptada es la que se generó en Nyéléni (Malí) en 2007 en el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria  como “el derecho de las personas a alimentos adecuados desde el punto de vista saludable y cultural obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”. 

Desde el punto de vista práctico y de implementación estos tres enfoques se diferencian entre sí sustancialmente. La Seguridad Alimentaria es la definición de un objetivo y por lo tanto es un término que ha sido interpretado muy ampliamente, sin recomendar automáticamente un programa específico.  El Derecho a la Alimentación no descansa sobre un conjunto particular de políticas, sino que se concentra en las obligaciones de los Estados y en permitirles a las personas que se realicen las acciones jurídicas necesarias para que sus derechos sean reconocidos. Los Estados deben garantizar el Derecho a la Alimentación pero tienen un amplio margen de discreción sobre cómo implementarlo. La soberanía alimentaria se transforma en una batería de propuestas de políticas más precisa, cuestionando la inactividad política u otros fracasos en el seguimiento de políticas adecuadas .

Como propuesta para avanzar a un modelo más justo, y en estrecha relación con la soberanía alimentaria, la Agroecología propone un enfoque alternativo para los sistemas agroalimentarios. Según el ex relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, la agroecología contribuiría a este derecho en varios niveles: disponibilidad (aumenta la productividad sobre el terreno), asequibilidad (disminuye la pobreza rural), adecuación (contribuye a mejorar la nutrición), sostenibilidad (contribuye a la adaptación al cambio climático) y en la participación de los agricultores (difusión de buenas prácticas). 

Tanto la soberanía alimentaria como la agroecología plantean la necesidad de relocalizar la cadena agroalimentaria para, al hacerlo, generar un cambio en las estructuras de poder de la misma, frente una definición de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles aprobada por numerosas instituciones como aquellos “que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas […] sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones”. Esta visión institucional no incorpora la enorme desigualdad e inequidad del sistema, donde la distribución ejerce el poder y el control sobre las demás etapas. De esta forma surgen los Sistemas Alimentarios Alternativos, sistemas paralelos de producción, elaboración, distribución y consumo de alimentos, que  reequilibran las relaciones en un territorio y momento definido, especialmente en cuanto a los aspectos institucionales y políticos. 

En nuestro país existe un creciente número de personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable y sostenible. A menudo pertenecen a segmentos de población con elevadas tasas de obesidad y sobrepeso y que sufren consecuencias graves en términos de bienestar, calidad de vida y salud. Existe una relación entre unidades familiares de bajos ingresos y una alimentación con escasas frutas y verduras y con un exceso de grasas y azúcares, y un patrón alimentario orientado hacia alimentos más calóricos y saciantes que en el resto de la población.

Los medios de comunicación son los actores principales encargados de la transmisión de la información nutricional dirigida a las personas consumidoras. Existe evidencia del potencial de los medios para contribuir a modificar los hábitos alimentarios y, de forma habitual, la información que representan responde a los intereses de la gran industria y distribución agroalimentaria.

Se hace urgente y necesario avanzar hacia sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados que aseguren el acceso a una comida sana al conjunto de la población y que además potencien el empleo local. La campaña #alimentacionessalud, pretende señalar la relación entre salud y nuestra alimentación y defender este derecho porque estamos convencidos/as de que comer bien es un derecho y empujaremos para hacer posible lo acordado internacionalmente hace ya más de 70 años.

orge Molero Cortés 

Red de Ciudades por la Agroecología

Paula Pof

@Paula_Pof

Fundación Entretantos

16 oct 2020 10:03

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Oficiales de la Policía patrullas las calles de Cali, Colombia, el 22 de marzo de 2020.Luis Robayo / AFP

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera declaró que el joven se encontraba observando la escena desde la ventana de una vivienda, cuando una bala le impactó el rostro.

 

Un joven colombiano que soñaba con ser futbolista murió la madrugada del martes durante un polémico operativo policial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, lo que ha provocado una nueva ola de indignación por los excesos de las fuerzas de seguridad.

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera denunció que el joven murió a manos de la Policía con un disparo que impactó en su cabeza, mientras el joven veía desde la ventana de su hogar el desarrollo de un operativo policial en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali.

"Fue un tiro certero.Mi hijo medía más de 1.80 y el tiro fue directo a la cara", dijo Diana Sugey Castillo, madre de la víctima, según información de El Tiempo. "No quiero que el crimen quede impune y sigan matando jóvenes inocentes", agregó.

Postura oficial

La versión de la familia del joven difiere de la postura oficial. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Manuel Vázquez Prada, los uniformados llegaron a atender un caso de riña entre dos mujeres, cuando se presentó una "asonada" contra los oficiales que terminó en los disparos que impactaron en Brown Mosquera.

"Se presentan disparos, y como consecuencia, una persona resulta lesionada, quien posteriormente fallece en centro hospitalario", dijo Vázquez Prada en un reporte a medios. 

La familia trasladó a Brown Mosquera al Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, y posteriormente, el joven fue remitido al Centro Médico Imbanaco, en donde falleció.  

Indignación

Los vecinos y conocidos de la víctima protestaron el martes 13 de octubre en la estación de Policía El Vallado, para exigir el esclarecimiento del caso. 

"No era un vándalo, y no son manzanas podridas, son una banda criminal armada y pagada por nosotros", criticó una usuaria de Twitter sobre la actuación policial en la muerte de Brown Mosquera.

En medio de la polémica por los recientes casos de abuso policial en Colombia —que motivaron fuertes protestas contra el Gobierno de Duque—, el general de la Policía de Cali informó que se investigará internamente el caso, a la par de la pesquisa que desarrolle el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

"De tal forma que sean los jueces judiciales y administrativos los que se pronuncien de cara al esclarecimiento de este lamentable hecho", dijo Vázquez Prada. 

El violento actuar de las fuerzas de seguridad colombianas ha sido objeto de fuertes críticas en el país, principalmente tras el reciente homicidio del abogado Javier Ordóñez, a quien la Policía le aplicó descargas eléctricas en el suelo antes de llevarlo detenido a un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la víctima falleció por politraumatismos.

El homicidio de Ordóñez a manos de la Policía provocó multitudinarias protestas en las principales ciudades colombianas, que dejaron un saldo de 13 fallecidos y más de 500 heridos, reavivando el debate sobre el abuso de la fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales. 

El pasado 7 de octubre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) durante las protestas, después de que el Tribunal Superior de Bogotá dictara un ultimátum para que el funcionario se pronunciase sobre el tema

Publicado: 14 oct 2020 21:10 GMT

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"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sostiene que esta conducta forma parte de "un patrón constante e histórico"

 

La organización exhortó al Gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir las represiones. También señalan la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Piñera. 

A un año del estallido de las protestas sociales en Chile, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos. El presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, convocó a una comisión para reformar la fuerza de seguridad.

"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Guevara, "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia”, los actos de violencia hacia los manifestantes que salieron a las calles hace casi un año “se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".

La organización no gubernamental realizó una investigación en la que señala al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, como responsables de avalar la conducta de los agentes de la fuerza policial chilena.

Los integrantes de Amnistía Internacional señalaron que, a pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

El 18 de octubre de 2019 estalló una ola de protestas, en principio encabezadas por estudiantes de Santiago de Chile y que luego se extendieron a otras ciudades y sectores sociales. Las manifestaciones son las más grandes que vio el país desde el fin de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Los Carabineros reprimieron las protestas sociales iniciadas el año pasado con balines antidisturbios disparados hacia el rostro de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de Naciones Unidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares y dos de ellas quedaron totalmente ciegas.

El informe de Amnistía Internacional denuncia que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".

"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.

El accionar represivo de la fuerza de seguridad continúa hasta hoy. A principios de octubre, un miembro de Carabineros arrojó a un manifestante, Anthony Araya, al Río Mapocho provocándole heridas de gravedad.

Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad social se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a salir a las calles. El 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito para reformar la Constitución -la que está vigente es la que dejó Pinochet- y el Gobierno de Piñera espera que la medida apacigüe la protesta social.

Según Amnistía Internacional, los abusos de Carabineros forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".

La semana pasada, Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

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Linda Chesser en su autocaravana con la que recorrió EEUU para escribir su libro 'País nómada'. IMAGEN CEDIDA POR CAPITÁN SWING.

Jessica Bruder recorrió durante tres años 24.000 kilómetros para escribir 'País nómada' (Capitán Swing), una crónica sobre el nuevo modelo de trabajo estadounidense: cientos de miles de trabajadores itinerantes viviendo en furgonetas y vagando por el país para encontrar un empleo mal pagado, extenuante y con apenas derechos. Y, como telón de fondo, una crítica demoledora de Amazon como paradigma del capitalismo de Estados Unidos.

 

Una crónica sobre el fin de la clase media y sobre un modelo económico que se está imponiendo con un ímpetu que desafía el Estado de derecho y la estabilidad social. Esto es lo que retrata la periodista y profesora de periodismo Jessica Bruder en País nómada. Supervivientes del siglo XXI, que acaba de editar Capitán Swing: un reportaje de 300 páginas producto de tres años de trabajo que llevaron a Bruder a recorrer 24.000 kilómetros a lo largo y ancho de Estados Unidos. El balance es rotundo y desolador: "Este capitalismo [en Estados Unidos] está expulsando a la clase media y a las personas mayores de la sociedad", dice Bruder a Público.

La película basada en el libro, producida y protagonizada por Frances McDormand, obtuvo el León de Oro el pasado 12 de septiembre en el Festival de Venecia. McDormand interpreta a Fern, un trasunto de la personaje principal del libro, Linda Chesser, una exasesora académica en la Universidad del Estado de Washington que tenía de 68 años cuando conoció a Bruder y que es una de los cientos de miles de trabajadores itinerantes que deambulan por las carreteras y los campos de trabajo de ese país nómada, como si fueran de nuevo los años treinta.

Ese telón de fondo de País nómada está poblado con dos tipos de personajes: Por un lado, empresas como Amazon, responsables del auge del modelo económico y laboral cada vez más agresivo para el trabajador, un modelo que se extiende como un tsunami a consecuencia del declive de la industria manufacturera estadounidense (Bruder cuenta los casos del cierre en 2011 de una planta de US Gypsum, fabricante de placas de yeso, y de la empresa de fundición de cobre propiedad de Phelps Dodge que cerró en 1987).

Por otra parte, los de abajo, los ciudadanos de ese país nómada: las personas, en su mayoría, de más de 60 o 70 años que habían sido clase media y hasta media alta durante décadas y que, de pronto, a esa edad, se quedaron sin nada debido a un capitalismo sin red de coberturas sociales públicas. Así que para sobrevivir tuvieron que declararse en bancarrota o venderlo todo, comprarse una furgoneta y convertirse en trabajadores itinerantes. Como aquellos que ya retrató John Steinbeck en Las uvas de la ira, libro y autor que Bruder cita en varias ocasiones. Los Estados Unidos de aquellos años treinta de la Gran Depresión retratados por Steinbeck regresan casi un siglo más tarde, esta vez a los Estados Unidos del capitalismo financiero y la economía telemática y digital.

"En aquella crisis hubo mucha gente que tuvo que recurrir a la itinerancia, pero cuando las cosas se recuperaron volvieron a sus trabajos y a su vida de clase media del sistema tradicional", dice Bruder. "Sin embargo, creo que ahora es diferente –añade–, porque la deriva de este capitalismo hace indicar que no vamos a regresar al modelo previo, a la situación anterior. Todos los trabajadores itinerantes piensan que ya no hay ni habrá en la sociedad un espacio para ellos, así que están formando una nueva comunidad en la carretera de personas en su misma situación".

Bruder cuenta en País nómada que en enero de 2011 visitó la planta de US Gypsum. El exdirector de la cadena de suministros dijo: "He enviado algunos currículos, pero sin resultado... Puede que acabe talando leña para ganarme la vida". Monika Baker, una joven de 22 años que buscaba trabajo en la planta y se encontró con su cierre, dijo: "Tendré que trabajar en una tienda de Walmart o de Lowe". Empire, el pueblo construido junto a la fábrica quedó vaciado en pocas semanas y hasta su código postal (89405) fue anulado por las autoridades. Situaciones así son la antesala de la furgoneta, la carretera y los campos de trabajo.

Bezos y su riqueza de 200.000 millones de dólares

Esta situación económica, unida a la práctica inexistencia de un modelo social público en Estados Unidos (la sanidad, la educación y las pensiones son eminentemente privadas, el despido es libre, no hay bajas laborales pagadas ni desempleo, etcétera), fue el terreno abonado que terminaría por denominarse como el modelo Amazon, que acabaría implantándose tras la crisis económica de 2008 y sigue haciéndolo con la actual de la pandemia. De hecho, el propietario y fundador de la compañía Jeff Bezos no ha dejado de incrementar su riqueza desde la llegada del coronavirus, con un patrimonio que el pasado 27 de agosto un valor récord de 200.000 millones de dólares.

"Estamos en una situación tremenda en la que el 1% más rico de Estados Unidos ha doblado la porción de su riqueza desde 1980 al mismo tiempo que el país registra datos récords en desigualdades sociales", dice Bruder, quien denuncia en el libro que "la sociedad estadounidense es la más desigual de todos los países desarrollados".

Si a un capitalismo sin red de coberturas públicas, con los salarios estancados desde hace años y los precios de la vivienda en alza se le añade una crisis económica (2008) o dos (2020), la situación de máximo riesgo recae principalmente en la población de mayor edad. Esas fueron las que Bruder encontró como trabajadores itinerantes en su periplo por las carreteras y campos de trabajo de Estados Unidos. Todas ellas, además, cumplían un patrón común: personas que sufren un golpe de la vida (un divorcio, quedarse en el paro en los últimos años de la vida laboral, contraer una deuda médica por una enfermedad repentina) que, en un sistema como el estadounidense, resulta ser fatal, de manera que a sus 60 o 70 años sólo les queda una opción para huir de la indigencia: hacerse como sea con una vieja furgoneta y echarse a la carretera en busca de un trabajo por mal pagado dondequiera que esté. Todo eso de un hogar fijo, una comunidad donde arraigar, unos vecinos estables, se acabó.

"La gente que yo conocí en la carretera piensa sobre todo en poder ganar algo dinero para poder jubilarse definitivamente. Claro que no hay muchas opciones para eso en Estados Unidos, con un salario mínimo federal de apenas 7,25 dólares la hora [6,15 euros]. Es disparatado. Nadie debería estar condenado a endeudarse para proveerse de lo básico y poder cubrir cubrir sus necesidades básicas como ser humano", dice Bruder.

La vivienda y la educación, dos derechos básicos fundamentales, atraviesan malos momentos en Estados Unidos. En febrero, la deuda por estudiar alcanzó su récord histórico de 1,54 billones de euros. Es muy frecuente que en EEUU cualquiera que haya estudiado una licenciatura en la universidad y después un máster amase una deuda de 100.000 o 200.000 dólares.

Por otro lado, los desahucios están también en cotas récords. A falta de datos oficiales para todo el país, una base de datos creada por unos investigadores de la Universidad de Princeton revela que en 2016 un total de 2,3 millones de personas fueron expulsadas de sus viviendas. El Estado de Virginia ocupó el triste primer puesto nacional en esa clasificación con una ratio de desalojos del 5,12% (más del doble que la media nacional). Es decir, que cada cada año cinco de cada cien viviendas reciben una orden de desalojo. En algunas ciudades del Estado esa cifra llegaba al 10%.

Amazon creó en 2008 su primera estrategia de contratación de trabajadores itinerantes, el programa CamperForce. Según cuenta Bruder, la empresa había tenido problemas para contratar a personas en momentos de actividad punta. Amazon lanzó entonces de forma experimental esta iniciativa para el almacén de Coffeyville, Kansas, para el período de navideño de máxima actividad. Resultó ser un éxito y ahora es un patrón para toda la compañía en Estados Unidos. Los almacenes de Amazon son el lugar donde acaban esos cientos de miles de seres humanos convertidos en hormigas casi invisibles que van yendo y viniendo a lo largo y ancho de su país en busca de un trabajo mal pagado, con malas condiciones, extenuante, con escasas coberturas y sin apenas derechos laborales asociados. Olvídese de un salario mínimo decente, de una cobertura médica digna, de una asociación sindical, de un horario razonable o de una baja laboral pagada.

Medidores de productividad en tiempo real

El retrato que hace Bruder de las condiciones de trabajo en los almacenes de Bezos son la distopía hecha realidad. Y no sólo por lo que le cuentan a Bruder sino por lo que la propia periodista experimentó en carne propia: se hizo contratar por uno de ellos, en Haslet, Texas, con un tamaño de 19 campos de fútbol.

Cuenta Bruder que en las instalaciones de Amazon hay medidores de productividad personales en tiempo real y cualquier descenso puntual en la curva de productividad es acompañado de una reprimenda, dispensadores de analgésicos en las paredes para combatir el dolor, pasillos interminables poblados por trabajadores que llegan a caminar veinte y treinta kilómetros diarios en jornadas extenuantes entre robots sherpas "de color naranja, 100 kilos de peso y que parecen aspiradores gigantes", y cintas transportadoras… Todo ello, por supuesto, con el recordatorio generoso de que la empresa valora enormemente que no estén sindicados ni organizados.

"Para este tipo de trabajadores, que están yendo y viniendo y no tienen arraigo en un sitio concreto, es muy complicado asociarse en un movimiento organizado a medio o largo plazo", dice Bruder, que denuncia que "hay muchos ejemplos de gestores de Amazon que impelen a sus trabajadores a no que se organicen ni se asocien, hay hasta vídeos sobre esto". A pesar de todo, añade la escritora: "Creo que existe en Estados Unidos un interés renovado por estas organizaciones y por el poder del trabajador frente al empresario y por cómo pueden organizarse los trabajadores para luchar por sus derechos y sus condiciones laborales. En diciembre de 2019 cubrí una historia para la revista Wired sobre cómo la comunidad africana en Mineápolis (Minesota), fundamentalmente somalíes, se había convertido en la primera organización de gestión laboral estable en Amazon en términos de reclamar mejores condiciones de trabajo para los empleados". En cualquier caso, Bruder recuerda en su libro que una investigación de Morning Call de 2011 "reveló [en los almacenes de Amazon] unas condiciones de explotación similares a las de los talleres clandestinos".

"De todos modos", dice Bruder, "yo misma trabajé en Amazon [también lo hizo en una planta de remolacha azucarera en Dakota del Norte], pero el libro no es sobre mí. Entré en Amazon para entender las condiciones en que trabajaban las personas sobre las que escribía y qué podían sentir viviendo situaciones así, pero no para convertirme en un personaje del libro. Realmente la idea no era infiltrarme sino estar durante unos días en el mismo mundo que esos trabajadores itinerantes".

Aunque en País nómada son mencionadas otras empresas como Walmart o Uber, Amazon es la que tiene una presencia nuclear. "Amazon es enorme y domina muchísimo el mercado en Estados Unidos y la gente no sabe de la existencia de estos trabajadores itinerantes", dice Bruder, que añade: "Tenemos un sistema que en teoría fomenta la competición y tiene leyes antimonopolio, pero eso ha dejado de funcionar: Amazon es una compañía muy singular en términos de lo que hace y del poder que tiene en la economía".

Linda Chesser es la persona central de esa odisea hacía ninguna parte que narra Bruder. Pero enseguida Bruder descubrió que no era un perfil estrambótico entre los trabajadores itinerantes. La reportera encontró a gente como Don Wheeler, de 69 años, quien en su anterior vida había trabajado con un buen puesto en una empresa de informática; su salario había llegado a ser tal que gastaba 100.000 dólares anuales (85.000 euros) pero "en la nueva vida", cuenta Bruder en libro, "ha aprendido a sobrevivir con 75 dólares [64 euros] a la semana". También aparece LaVonne Ellis, una periodista de 77 años, que había trabajado para la cadena nacional ABC y como directiva de una emisora de Mineápolis. También recorría el país en su furgoneta y acampaba aquí y allá según el trabajo que encontrara.

"En Estados Unidos hay cientos de miles de personas así, hay estimaciones y las recojo en su libro, aunque no hay datos, y esto es muy preocupante. Ahora, además, debe haber mucha más gente por la crisis desatada por la pandemia", dice Bruder. "Realmente deseo que alguien estudie este fenómeno porque es uno de esos terrenos donde es imprescindible tener datos. El problema es que para ejercer tus derechos realmente en Estados Unidos es muy importante tener un trabajo en un lugar estable: el seguro de salud depende del trabajo, para obtener el permiso de conducir uno ha de tener una dirección estable en algún sitio, para votar también, etcétera, y estamos hablando de una gran cantidad de población".

Entre los datos indirectos que ofrece Bruder en País nómada destaca éste: casi nueve millones de personas de 65 años o más siguen trabajando en Estados Unidos, un 60% más que diez años antes, y sólo un 17% de los estadounidenses prevé dejar de trabajar en sus últimos años de vida.

"Arruinado, solo y sin casa"

A lo largo de las 300 páginas de País nómada las personas con las que habla Bruder comentan su situación, unos con más pesar que otros, pero ninguno de ellos carga contra las grandes fortunas o las empresas que están promoviendo este modelo económico y laboral y tampoco se cuestiona frontalmente el sistema del país, simplemente, comentan con resignación que el modelo en el que vivían se ha terminado. Como hace Bob, un trabajador itinerante que lanzó una web para contar su experiencia y reflexiones; escribió: "Hubo un tiempo en que teníamos un contrato social que establecía que, si una persona cumplía las normas (estudiaba, conseguía un empleo y trabajaba duro), todo iría bien. Ya no es así. Uno puede hacerlo todo bien […] y aun así acabar arruinado, solo y sin casa".

Para explicar esto, Bruder recurre a sendas frases de los escritores norteamericanos Kurt Vonnegut y John Steinbeck. Los estadounidenses pobres se burlan de sí mismo y ensalzan a los más afortunados que ellos, dijo el primero. "Y Steinbeck dijo algo parecido: que los americanos no se revelaban porque se consideraban todos no como obreros sino como capitalistas temporalmente avergonzados", dice Bruder.

Según cuenta Bruder en el libro, muchos no se califican de trabajadores itinerantes, simplemente se ven dentro de una fase transitoria para ganar algo de dinero porque puntualmente les ha ido mal. Incluso, hay quien presume con orgullo de ser uno de esos que trabaja duro. Un trabajador itinerante le contó a Bruder: "Hay muchísimos quejicas indolentes, holgazanes y vagos deseosos de quejarse de casi cualquier cosa y no es difícil encontrarlos. Yo no soy uno de ellos".

Bruder describe alguna oferta de trabajo sin salario asociado y otras en la que señalan que lo importante es la experiencia de trabajar y de conocer a gente nueva, qué más da las condiciones. En el fondo de esto, como cuenta la periodista en País nómada, hay una concepción casi nacionalista o religiosa del trabajo. Como le dijo el antiguo supervisor de calidad de la instalación de la planta de US Gypsum, Calvin Ryle, que había trabajado 39 años y 7 meses en la misma hasta que cerró: "Lo peor que puede ocurrir en una fábrica es echar el cierre. Aquí participamos en la construcción del país".

"Sin embargo", dice Bruder, "todo esto se produce en un sistema que se basa en poner todo el riesgo sobre los hombros del trabajador, que tiene la falsa apariencia de que todo es posible y eso se traduce como la existencia de un grado máximo de libertad. Y cuando las cosas te van mal el sentimiento más común es la vergüenza".

"Mucha gente que conocí y que trabajaban en almacenes de Amazon acaban sus jornadas laborales exhaustos y su vida depende del cheque con el que cobraban su sueldo. Para protestar o clamar contra esa situación supondría poner toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Es una situación realmente difícil para ellos", dice Bruder.

Linda Chesser recorría con su furgoneta los campos de trabajo de Estados Unidos, pero tenía un plan. Se acercaba a los 70 años y no podía seguir así toda la vida. Quería comprar un terreno e instalarse. Una casa sostenible. Muchos trabajadores itinerantes, cuenta Bruder, tienen sueños anticonsumistas: hacerse una casa sencilla con sus propias manos y materiales duraderos, que use energía solar o eólica, pozos de agua, que aproveche el agua de la lluvia y vivir así con lo mínimo. Nada de esa cultura de comprar en el centro comercial o por internet para tirarlo todo al poco tiempo o que se rompa y volver a la misma rueda una y otra vez a costa de la tarjeta de crédito.

Linda encontró primero un terreno muy barato en el árido suelo de Arizona. Lo allanó y trató de construir una casa. "Pero aquellas tierras eran demasiado cálidas", dice Bruder, "fue demasiado para ella, así que las donó a una organización, Home in Wheels Alliance, que ayuda a las personas nómadas y los trabajadores itinerantes. Después de eso, Linda se mudó cerca de Taos, un pueblo de unos 5.000 habitantes en el Estado de Nuevo México. Allí planea construir sus proyectos de vida sostenible y sencilla junto a otros cuatro amigos que encontró en la carretera: Gary, LaVonne y una pareja que vivía en un autobús escolar". Todos ellos tienen más de 70 años. Será la Ítaca que dé el carpetazo final a tantos años en la carretera.

Washington

12/10/2020 07:58

Por manuel ruiz rico

@ManuelRuizRico

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Sancho R. Somalo

Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.

 

Diciembre de 2006. Wikileaks publica un documento, supuestamente firmado por el jeque somalí Hassan Dahir Aweys, en el que ordenaba la contratación de sicarios para asesinar a varios cargos del gobierno de este país. La publicación del documento, según describe The New Yorker en un artículo publicado cuatro años después, se realizó a pesar de que no estaban seguros de su autenticidad, advirtiendo de ello y pidiendo a los lectores colaboración para su análisis. 

Casi 14 años y decenas de publicaciones después, la cara más visible de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a su extradición a Estados Unidos, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. La resolución sobre la extradición de Assange se hará pública el próximo 4 de enero, durante el proceso de nombramiento del presidente de Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. Si la justicia británica da luz verde a la extradición, el activista australiano irá a juicio en Estados Unidos, donde se le acusa 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que se enfrenta a 175 años de cárcel. 

Mientras, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al que habría sido sometido Assange durante su estancia en la embajada ecuatoriana por parte de la empresa UC Global, a cargo del exmilitar español David Morales. Según los documentos de la investigación, a los que ha podido acceder El Salto, Morales habría vendido durante años información sobre el activista a la CIA, institución a la que, en conversaciones con los trabajadores de la empresa, denominaba “el amigo americano”, a través del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su equipo de seguridad. 

Estados Unidos acusa a Julian Assange de un delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva a cabo en la División de Alejandría de la Corte de Virginia. Entre las filtraciones citadas en la acusación, con fecha 23 de mayo de 2019, aparecen:

*La enciclopedia de la CIA ‘Intellipedia’.

*Reglas de Compromiso de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

*Procedimientos de interrogatorios en Guantánamo y documentos sobre los detenidos en esta instalación.

*Vídeos sobre interrogatorios realizados por la CIA.

*Información sobre armamento.

*Telegramas del Departamento de Estado de Estados Unidos, filtración denominada Cablegate.

En junio de 2020, Estados Unidos amplió la acusación contra Assange, sin aumentar los cargos presentados contra él. La ampliación le acusaba también de conspirar junto a hackers del colectivo Anonymous. 

14 años filtrando secretos de Estado

El documento sobre Hassan Dahir Aweys fue el primero publicado por Wikileaks, una organización entonces dirigida por el activista australiano Julian Assange como uno de los proyectos de una organización de periodistas y programadores llamada The Sunshine Press.

El dominio había sido registrado tan solo dos meses antes y, aunque esa primera publicación pasó prácticamente desapercibida, supuso su presentación en sociedad y fue pronto seguida de filtraciones de información sensible que dieron la vuelta al mundo: en agosto de 2007, The Guardian publicó un reportaje sobre el robo de mil millones de libras esterlinas por parte de la familia del expresidente keniano Daniel arap Moi, una información obtenida a partir de un informe realizado por la consultora Kroll al que habría tenido acceso a través de Wikileaks.

Ese mismo año, Wikileaks publicó un manual del ejército estadounidense sobre procedimientos operativos en el centro de detención de Guantánamo, un documento que la American Civil Liberties Union llevaba solicitando desde 2003 en base a la Ley de Libertad de Información —ese sistema de acceso a la información institucional que en España se aprobó en 2013 pero que en Estados Unidos está vigente desde 1967— y en el que se describe las torturas a las que eran sometidos los detenidos en esta instalación, como el uso de perros para intimidar a los prisioneros.

En 2008, a través del banquero y denunciante Rudolf Elmer —que fue después condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 9.500 euros—, Wikileaks denunció cómo el banco suizo Julius Baer usaba las Islas Caimán para facilitar que sus clientes evadieran impuestos. Vídeos de disturbios civiles en Tíbet previamente censurados por el Gobierno chino, documentos internos de la iglesias de la Cienciología, informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Kenia —que supusieron que Amnistía Internacional premiara a Wikileaks por su labor de difusión— o listas de los militantes del Partido Nacionalista Británico, de extrema derecha son algunas de las publicaciones que siguieron en 2008.

En 2009, Wikileaks continuó su trabajo publicando, entre otras cosas, informes que probaban como Barclays ayudaba a evadir impuestos a sus clientes —que habían sido publicados previamente por The Guardian, medio que fue obligado por la justicia británica a despublicarlos—, también artículos sobre las reuniones del Club Bilderberg, el caso Petroaudios —compra de contratos petrolíferos en Perú—, sobre los préstamos realizados por el Kaupthing Bank —el mayor banco de Islandia— a sus principales accionistas poco antes de la crisis financiera en el país o las comunicaciones entre las instituciones gubernamentales estadounidenses el 11 de septiembre de 200, día del atentado de las Torres Gemelas. 

Pero 2010 fue el año en el que las informaciones difundidas por Wikileaks llegaron a un punto de inflexión. El 5 de abril de ese año, sacaron a la luz, bajo el nombre de Collateral Murder, un vídeo de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque sobre población civil producido el 12 de julio de 2007 en el barrio Nueva Bagdad, en la capital iraquí, en el que murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. 

Un mes después, la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning fue detenida y encerrada en régimen de aislamiento en una prisión militar en Virginia durante casi un año para pasar después a una prisión en Kansas hasta su juicio en 2013, en el que fue condenada a 35 años de cárcel, pena conmutada en 2017 por Barack Obama. Su delito: haber filtrado los documentos y vídeos de ataque de Bagdad y otros archivos que serían publicadas por Wikileaks a lo largo de ese año y los siguientes.

La serie de documentos Afghan War Diaries, publicada en julio de 2010, fue el siguiente petardazo: una colección de cerca de 91.000 informes militares datados entre 2004 y 2010 en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en este país a manos de soldados estadounidenses, el supuesto apoyo a los talibanes de países como Irán o Corea del Norte, los pagos a medios de comunicación afganos para limpiar la imagen del ejército estadounidense o el consumo de prostitución infantil por parte de contratistas en el país del Ejército estadounidense.

En octubre de 2010, los Iraq War Logs, otros más de 391.000 documentos, esta vez sobre la guerra en Iraq de 2004 a 2009 en los que se contaban 15.000 muertes de civiles que nunca habían sido admitidas por Estados Unidos. Y un mes después, el Cablegate ponía a disposición, primero de cinco grandes medios de comunicación —El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times— y después de todo el mundo 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados que tiene por todo el mundo.

¿Qué sacaron a la luz estas filtraciones? El espionaje ejercido por Estados Unidos y Reino Unido sobre el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, semanas antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq; la filtración de espías cubanos en Venezuela o las presiones de Estados Unidos al Gobierno español —entonces en manos del PSOE— para obstaculizar la investigación sobre la muerte en Iraq del cámara José Couso, a causa de un ataque del ejército estadounidense sobre el Hotel Palestina en 2003 —sepultado definitivamente por la reforma de la justicia universal aprobada en España por el Partido Popular en 2014.

A partir de entonces, aunque continuaron las filtraciones —documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia, también de la agencia privada de inteligencia Stratfor, de cargos políticos de Siria...— la atención ya estaba más enfocada sobre el propio Julian Assange que sobre la información difundida por Wikileaks. 

Comienza la carrera de procesos jurídicos contra Assange. El 21 de agosto de 2010 la justicia sueca ordena el arresto de Assange por la presunta violación de la opositora cubana Anna Ardin. Pocas horas después, la fiscalía retira la acusación, pero en septiembre se vuelve a abrir. Assange ya no estaba en Suecia entonces y en diciembre de ese año, después de que Interpol cursara una alerta roja para su detención, se presenta en una comisaría en Reino Unido y pocos días después es puesto en libertad bajo fianza.

En febrero de 2011, Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Suecia para ser juzgado por violación. Un año y pocos meses después, Ecuador lo acoge en su embajada en Londres, donde Assange pasa siete años de su vida hasta que, tras el cambio de gobierno en el país latinoamericano y su retirada de asilo político, la policía británica le detiene a petición de Estados Unidos, que ya había presentado una acusación contra él con una petición de 175 años de cárcel. Eso fue el 11 de abril de 2019. Assange fue condenado por Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional y enviado a la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres. Antes de que se cumpliera esa condena, Suecia había retirado la acusación de violación contra Assange.

Extradición y espionaje

En septiembre, tras varios meses de retraso por el covid-19, comienza el juicio en Reino Unido para decidir sobre la extradición de Assange a Estados Unidos. Según explica el medio inglés The Intercept, la primera magistrada asignada al caso Assange se retiró después de que saliera a la opinión pública las relaciones de su familia con los servicios secretos y con la industria militar. La juez que le tomó el relevo y ha presidido las sesiones del juicio tiene en su haber la aprobación de 23 de las 24 extradiciones sobre las que ha decidido, y en seis de ellas la justicia del país finalmente decidió rechazar la extradición.

El juicio se celebró a pesar de que los abogados de Assange pidieron más tiempo para poder preparar el caso, ya que solo habían podido reunirse con el activista un par de veces, y bajo vigilancia, en la cárcel en la que estaba recluido. Y se celebró con Assange metido en una caja de cristal, sin poder hablar con sus abogados durante las vistas. Ni siquiera pudo escuchar todo lo que se decía en la sala, debido a problemas en el sistema de sonido en su caja de cristal.


Las altas posibilidades de que Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos y sus problemas de salud, agravados por su confinamiento en la embajada de Ecuador y aún más por su más de un año en la cárcel londinense, en la que no se le dejó ni siquiera usar sus gafas ni una radio fueron una de las argumentaciones de la defensa de Assange. “El señor Assange ha sido expuesto deliberadamente, por un periodo de varios años, a persistentes y progresivamente severas formas de trato cruel, inhumano y degradante, los efectos acumulados de estos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, afirmó durante el juicio el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.

Pero en las vistas celebradas en Londres para decidir sobre la extradición de Assange también se habló de otra investigación en la que el activista es la víctima: el espionaje cometido por él durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global. El caso, investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuenta con numerosa información sacada de los ordenadores de la empresa del ex militar jerezano David Morales y de varios ex trabajadores de la empresa, que afirman que las imágenes y audios grabados en secreto de Assange y las personas que le visitaban en la embajada eran facilitados a la CIA.

Espiado por una empresa jerezana

UC Global, empresa con sede en Jerez y dirigida por el exmilitar David Morales, comenzó a trabajar para Ecuador en 2015, prestando servicio de seguridad a las hijas del entonces presidente del país, Rafael Correa. Poco después, ampliaría los servicios al país ocupándose de la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. ¿Por qué Ecuador contrataría a una empresa española para prestar servicios de seguridad en Londres? La razón esgrimida inicialmente era esquivar los problemas burocráticos que conllevarían llevar a Reino Unido trabajadores desde Ecuador, sin embargo, según aparece en los documentos de la investigación, a los que ha tenido acceso El Salto, la empresa española habría realizado pagos a la jefa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. 

El escrito de la acusación explica como Morales, una vez que tuvo el contrato para la vigilancia de Assange, viajó a mediados de 2015 a Las Vegas para asistir a una feria de seguridad, donde presentó su contrato en la embajada ecuatoriana en Londres como su principal atractivo. A su vuelta de Las Vegas, el exmilitar afirmó a los trabajadores de UC Global que “desde ahora vamos a jugar en primera división” y que habían entrado en el “lado oscuro”.

La empresa de Morales firmaría poco después un contrato de seguridad con Las Vegas Sands, del magnate Sheldon Adelson, conocido simpatizante republicano y uno de los mayores donantes a la campaña de Donald Trump, quien tenía en su servicio de seguridad a varios exaltos cargos de la CIA. El contrato versaba sobre dar seguridad en un viaje en barco de lujo de Adelson por el Mediterráneo, aunque en el barco ya se contaba con un equipo propio de seguridad. Varios trabajadores que son testigos protegidos afirman que Morales les informó de que ahora trabajaban para las autoridades de Estados Unidos, ofreciéndoles información sobre Assange.

Cuando, en diciembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la acusación detalla, aportando imágenes y correos electrónicos de la empresa, cómo la vigilancia sobre Assange se fue agravando: cambiaron las cámaras, que inicialmente no grababan sonido, por otras que sí lo grababan —compradas en una tienda con el ilustrativo nombre de 'Espiamos'—; pusieron micrófonos hasta en el baño; instalaron unas pegatinas cuyo objetivo era bloquear los dispositivos de ruido blanco usados por Assange para evitar que grabaran sus reuniones; incluso escanearon la documentación y copiaron los datos móviles de las decenas de personas que visitaron a Assange en la embajada, desde políticos como Yanis Varoufakis a personalidades de sociedad y cultura como Pamela Anderson y Yoko Ono, o periodistas premiados con el Pulitzer como Glen Greenwald —precisamente premiado por las publicaciones que hizo a partir de otras filtraciones, las de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por Estados Unidos—. Incluso habrían grabado reuniones entre Assange y el jefe del Senain, el servicio de inteligencia que oficialmente les tenía contratados para que prestaran servicios en la embajada, o con Dana Rohrabacher, ex congresista republicano que habría sido mandado por Trump a la embajada para ofrecer a Assange un indulto a cambio de que afirmara que Rusia no estaba detrás de las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata —aunque después Rohrabacher desmintió que hubiera sido enviado por Trump—. También incluso habrían intentado robar el pañal de un bebé que acompañaba a amigos y abogados de Assange para analizar sus heces y comprobar si era hijo del activista. El contenido de las grabaciones, según explica la acusación, se compartía a las autoridades estadounidenses por parte de Morales en los habituales viajes —mensuales— que hacía a Estados Unidos, en donde tendría, como centro de operaciones, el hotel de Adelson.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado ya a testificar en la causa a Julian Assange, a varios de sus abogados, a Rafael Correa y al embajador de Ecuador en Londres, entre otros. También ha acordado tomar declaración a una docena de personas afectadas por el espionaje en varios países y a Zoah Lahav, uno de los empleados del equipo de seguridad de Las Vegas Sands, a donde Morales viajaba asiduamente. “Francia, Grecia, Islandia… todos los países cooperan, menos Estados Unidos”, lamenta Aitor Martinez, uno de los abogados de Julian Assange. El juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido información a la justicia estadounidense sobre las IP que han accedido desde este país al servidor de UC Global en Jerez de la Frontera, en el que la empresa guardaba las grabaciones realizadas a Assange, pero la respuesta por parte de Estados Unidos ha sido requerir información sobre las fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional y sobre lo que Morales ha declarado ante el juez.

Por Ter García

@tergar_

10 oct 2020 05:16

Publicado enInternacional
La desigualdad amenaza la sobrevivencia de la humanidad

La desigualdad se ha convertido en el principal problema de la humanidad, tan grave que abarca desde la esfera económica y la social hasta la política, estando detrás de las crisis de gobernabilidad que afecta a buena parte del mundo occidental y, de modo muy particular, a América Latina.

 

La violencia institucional y policial, como mostró el asesinato de George Floyd, y la desestabilización política que viven numerosos países, están estrechamente ligadas al crecimiento exponencial de la desigualdad en una parte sustancial del planeta.

El editor jefe de la revista médica británica The Lancet, una de las más prestigiosas en su especialidad, acaba de lanzar un artículo polémico que aborda precisamente esta cuestión, a propósito de la pandemia de coronavirus. En "Fuera de línea: el COVID-19 no es una pandemia", publicado el 26 de setiembre, Richard Horton cuestiona que se aborde el coronavirus sólo como una enfermedad infecciosa.

En un segundo artículo del 3 de octubre, avanza que entre los científicos, "el consenso inicial sobre cómo manejar la propagación del virus se ha desintegrado", lo que agrava hasta niveles peligrosos la capacidad de enfrentarlo.

En el primer articulo citado, Horton no niega que exista una pandemia, sino sostiene que estamos ante dos tipos de enfermedades que "interactúan dentro de poblaciones específicas: la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo [SARS-CoV-2] y una serie de enfermedades no transmisibles [ENT]".

Horton busca complejizar la situación para enfrentarla mejor, rehuyendo miradas simplificadoras, tan afines a los grandes medios. Apunta que la agregación de ambas enfermedades "en un contexto de disparidad social y económica, exacerba los efectos adversos de cada enfermedad".

La conjunción de diversas enfermedades, lo lleva a recuperar el concepto de sindemia, acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer en la década de 1990, para abordar las interacciones biológicas y sociales en la salud humana. Para combatir eficazmente el COVID-19, "atacar las ENT será un requisito previo para una contención exitosa".

¿Qué son las ENT? Un conjunto de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. "El número total de personas que viven con enfermedades crónicas está aumentando", sostiene Horton.

Entre la población de los países pobres, a esas enfermedades crónicas (que son básicamente enfermedades de raíz social), deben agregarse "mordeduras de serpientes, epilepsia, enfermedad renal y anemia". La conclusión es que "la búsqueda de una solución puramente biomédica para COVID-19 fracasará", por más vacunas que se difundan, si no se abordan los "orígenes sociales de la pandemia".

Este es tal vez uno de los análisis más integrales difundidos recientemente: "Acercase a COVID-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia, que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente".

Por eso destaca que "si los gobiernos no diseñan políticas y programas para revertir las profundas disparidades, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras contra la COVID-19". Este enfoque sistémico que debería desembocar en un tratamiento integral del problema de salud, no se focaliza sólo en la medicina clínica.

Sin embargo, las sociedades están caminando en un sentido opuesto al necesario, por lo menos en dos aspectos: el crecimiento exponencial de la desigualdad durante la pandemia y la persistencia en focalizar los problemas en las urgencias sanitarias, dejando de lado los demás enfoques. Ambos aspectos agravan a mediano plazo la situación.

El informe del periódico El Economista, del 7 de octubre, titulado "Los más ricos disparan su fortuna a cifra récord tras el confinamiento", asegura que "las grandes fortunas aprovecharon el rally de las bolsas para incrementar su riqueza en un 27,5% entre mayo y julio, hasta alcanzar un nuevo máximo de 10,2 billones de dólares".

Los datos se basan en un estudio elaborado por UBS y Pricewaterhouse Coopers (PwC), que agrega que al comienzo de la pandemia hubo una disminución en la concentración de la riqueza, que fue rápidamente revertida por la especulación financiera en las bolsas.

En 2014 había 917 mil millonarios en el mundo (personas que acumulan más de mil millones de dólares), cifra que ahora trepó a 2.189, la más alta que se recuerda. Uno de los aspectos más notables es lo que el informe denomina como "la gran polarización" entre las fortunas de los más ricos, "con sectores como la industria y la tecnología, con ganancias del 44,4% y el 41,3%" durante la pandemia.

​El crecimiento de la riqueza está cada vez más concentrado en pocos sectores. Algo similar sucede con los países. Las grandes fortunas crecieron de modo muy particular en China y Estados Unidos, pero también en Francia, Canadá y Alemania. De 2009 a la fecha, la fortuna de los milmillonarios en EEUU se multiplicó casi por tres, en tanto la de China creció 12 veces, ya que partía de estándares más bajos. Como en todos los rubros, los ricos de China están alcanzando a los de EEUU a pasos acelerados.

Se imponen algunas reflexiones en base a estos datos.

La primera es que todo indica que la desigualdad seguirá creciendo a un ritmo frenético. Las dos primeras potencias, EEUU y China, no muestran mayores diferencias en cuanto al crecimiento de los multimillonarios y de la desigualdad. Esta realidad marca un cambio con lo sucedido en la primera mitad del siglo XX, cuando el ascenso de URSS encarnaba a una nación donde la desigualdad era sensiblemente menor que la que existía en Occidente.

La segunda, es que la humanidad ya no parece en condiciones de frenar su marcha hacia el abismo. Si salimos de la pandemia actual sin haber modificado la lógica estrecha con la que se abordan los problemas de salud, y además se agravan las desigualdades en el planeta, podemos dar por seguro que habrá nuevas pandemias, cada vez más depredadoras y mortales.

Ciertamente, no son buenas noticias. Algunos pensamos que sólo una potente irrupción de los sectores populares para mover el tablero del poder, como sucedió en las primeras décadas del siglo XX, es capaz de modificar esta marcha hacia el abismo.

13:59 GMT 09.10.2020URL corto

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Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política. Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ucv) y profesor de Criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Es uno de los principales estudiosos y críticos de la violencia institucional y del sistema penal de la Venezuela contemporánea.

 

¿Qué formas toma la opresión racial en Venezuela? ¿Qué grupos enfrentan discriminación sistemática racializada?

Lo primero que debo aclarar es que mi área de investigación no se concentra en el tema racial sino en la violencia institucional, específicamente la del sistema penal. Los sistemas penales se caracterizan por ser selectivos, clasistas, racistas y xenófobos. Es dentro de este marco que podría acercarme al tema racial. De una manera muy general, lo que les puedo comentar es que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, es casi un tema tabú. Se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios, así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión. Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como «endorracismo», que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados1. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos.

¿Quiénes formarían estos grupos? Pobres, afrodescendientes e indígenas. Hasta hace pocos años, Venezuela era un país receptor de migrantes y en estos grupos también se encontraban haitianos, trinitarios, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En contraste, a los migrantes provenientes de España, Italia y Portugal se les otorgaba un trato mucho más privilegiado. No se trataba entonces solo de xenofobia, había también implícitos racismo y clasismo en contra de estas personas. Ahora esa situación se revierte, ya que actualmente son los venezolanos quienes sirven de chivo expiatorio en muchos países, dado el enorme éxodo de al menos 13% de nuestra población.

¿Cómo se entrecruzan clase y raza en el caso de Venezuela?

Están íntimamente vinculadas, como lo están en la mayoría de los países coloniales que explotaron a los esclavos traídos de África entre los siglos xvi y xviii. En el caso de Venezuela, las clases altas y sus familias tradicionales –algunas que se remontan a la Colonia– son predominantemente blancas y endogámicas, no se mezclan2. En otro nivel podría considerarse también a los inmigrantes italianos, españoles y portugueses que vinieron a mitad del siglo pasado huyendo de las guerras y que llegaron como mano de obra calificada y luego lograron ascender en la escala social. Esta oleada migratoria europea fue promovida por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país, «mejorar la raza». De este grupo algunos se mezclaron, aunque no la mayoría. Acá pueden verse, entonces, las capas más altas de la sociedad, que serían las minoritarias, con un importante poderío económico, pero actualmente venidas a menos en lo político.

Luego vendría la mayoría del país que es fundamentalmente mestiza: mezcla de indios, negros y blancos. Precisamente esta condición de asumirnos como producto de esta mezcla es lo que hace que nos cueste aceptar que tenemos problemas de racismo.

En las clases populares hay mayor cantidad de afrodescendientes e indígenas que en las clases medias. Podríamos afirmar que el mestizaje dentro de nuestra estructura social tiene la forma de un rombo o diamante: en la medida en que te acercas a la cúspide o a la base de la estructura social venezolana el mestizaje es menor, cuanto más arriba menor melanina, más abajo ocurre lo contrario y en las capas medias el mestizaje es mucho mayor.

Por lo tanto, en Venezuela, la segregación de clase suele estar muy vinculada a la segregación racial.

¿Hasta qué punto representó el chavismo un avance contra el racismo?

Algunos posiblemente podrían considerar la victoria de [Hugo] Chávez en 1998 como un éxito simbólico, al ser el primer presidente zambo y de extracción popular en el país. Sin embargo, esto tuvo más una impronta de clase que de raza. Por parte de la oposición tradicional, afloraron los discursos racistas y clasistas. Pero a dos décadas de este evento, no puede afirmarse que las clases más excluidas estén mejor que antes, ni que el chavismo haya significado un empoderamiento de estos sectores. Todo lo contrario, hoy en día hay mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

En el presente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo interactúan las fuerzas policiales o de seguridad con grupos racializados u oprimidos por el racismo? ¿Cómo responden estas fuerzas cuando estos grupos se organizan por sus derechos?

Cuando denunciamos que en Venezuela la policía lleva una masacre por goteo en contra de jóvenes de los sectores populares, nos referimos a jóvenes pobres y racializados. En el país, el sistema penal es tan clasista y racista como en otros de la región; la diferencia podría estar en sus altos niveles de letalidad. Las llamadas fuerzas del orden, como en todas partes, están destinadas al disciplinamiento, control y represión de las clases populares, a las que las elites gobernantes siempre consideran peligrosas. Esa es la razón real de su existencia, que se encubre detrás de distintos tipos de discursos, predominantemente normativos, que invocan el interés general y la seguridad pública, pero que en esencia se reducen a la protección de los pocos que detentan el poder político y económico.

Todo esto se remonta a la historia colonial. La Colonia fue siempre un Estado policial. El advenimiento del llamado Estado de derecho, que ponía límites normativos al poder en los países centrales, no llega de la misma forma a sus periferias. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos, sino salvajes, privados de derechos y sujetos a un estado de excepción. Esa idea aún se encuentra muy arraigada en nuestros países. De allí algunas de las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, y especialmente la policial.

En el caso venezolano particular, los cuerpos de seguridad, desde sus orígenes, estuvieron signados por su militarización e instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada de las décadas de 1960 y 1970, que dejó un saldo de miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en los años siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» serán emblemáticas para las últimas décadas de nuestro siglo xx.

El siglo xxi en Venezuela venía acompañado de la promesa de un cambio radical, de una ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, lo que sucedió fue la continuidad e incluso la profundización de todo lo que ya venía muy mal. Entre los años 2010 y 2018 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas3. 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios a manos de efectivos del Estado por cada 100.000 habitantes se sextuplicó entre 2010 y 2018, llegando a 16,6, un registro superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, la proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó, en ese mismo periodo, de 4% a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto, en un país cuya tasa de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de los homicidios. En 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 4.670 muertes y Venezuela, 4.9984. Otro contraste que puede resultar de interés: Patrick Ball estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos en eeuu son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad5. En Venezuela ese porcentaje es tres veces mayor.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se lo acusa de autoritario y dictatorial, de generador de terror, más se envilece. Allí yace su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra ni en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Con la pandemia, esta excepcionalidad solo ha seguido extendiéndose, otorgándoles más poder a quienes ya controlaban todo el aparato del Estado. Durante los primeros cinco meses de cuarentena –periodo en el que se esperaba que, al reducirse la movilidad social, se redujera también la violencia callejera–, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. 125 de ellas eran privadas de libertad que huyeron, intentaban huir o manifestaban contra las precarias condiciones en que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el covid-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo6.

Es importante distinguir algo que se manipula mucho en los medios de comunicación cuando se aborda el tema Venezuela, desde los prejuicios de clase y de raza: las cifras de miles de muertes que acabo de señalar se refieren a jóvenes de los sectores populares que son masacrados con el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No se trata de disidentes políticos ni de manifestantes. Es importante señalar estas diferencias. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.

La represión del Estado siempre es política, la seguridad ciudadana solo sirve como excusa para ello. Esta represión se distribuye socialmente de manera diferenciada: en los barrios pobres es ilimitada y letal, mientras que en las manifestaciones depende de quiénes protesten. Cuando los pobres son los que se movilizan la represión es mayor, como se pudo observar con las protestas de finales de enero del año pasado, con un saldo aproximado de 50 personas fallecidas en menos de dos semanas. En contraste, cuando son jóvenes de las capas medias o estudiantes universitarios quienes salen a la calle, la violencia institucional generalmente se expresa de formas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.

Usted dice que hubo una profundización de lo que ya venía muy mal. ¿Qué políticas condujeron a esto? ¿Qué transformaciones se dieron en las instituciones policiales bajo el chavismo que explican este incremento de los homicidios a manos de las policías?

Como señalé, el periodo entre las décadas de 1960 y 1980 no era ni un cuento de hadas ni Disneyland en Venezuela. Desde 1998 hasta la muerte de Chávez, el discurso para abordar el problema de la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. A partir del año 2013 el discurso gubernamental cambió a uno más represivo, muy próximo ideológicamente al de sus supuestos adversarios ideológicos. De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo xxi. Una primera etapa puede ubicarse entre 1998 y 2013. Se inicia con el primer gobierno de Chávez, que logra capitalizar el descontento hacia un sistema político deslegitimado. Chávez transforma ese descontento en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. Los grandes temas eran la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda o se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Qué receta exige esto? Mejorar entonces sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentró –en apariencia– en lo social, en el tema de la inclusión, y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc), los fiscales, los tribunales y las cárceles. Estas instituciones permanecieron inmutables a los cambios. Venían ya muy mal y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no fue una novedad del gobierno de Chávez, solo se agudizó durante este periodo. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.

En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc. Lejos de contribuir al mejoramiento del sistema, todo esto lo colapsa y enlentece, haciéndolo también más arbitrario y violento. Desde lo ideológico, es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza y violencia. El enfoque en este vínculo inadvertidamente puede coincidir con el discurso clasista de la derecha más conservadora. Por otra parte, también puede sugerir de manera superficial que el Estado solo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto con la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –en especial la inglesa– desde finales de la década de 1970, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene la conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Sin embargo, Chávez mantuvo el discurso «social» respecto de esta problemática desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. En él, las causas de la violencia se entendían entonces como factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, tendrían que reducirse de manera prioritaria estos factores. Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos esos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. O por el contrario, si solo se trató de otro reparto coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia.

En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este periodo parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias del criminólogo crítico Alessandro Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad; mucho menos debe «criminalizarse» la política social utilizando lógicas securitarias para elaborarla. Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano. La política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana durante esta primera etapa fue el diseño en 2006 de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta fue creada en el contexto de un año electoral, que coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul)7. Estos casos, instrumentalizados por la oposición con fines electorales, involucraban a funcionarios policiales y a víctimas con un alto poder de reclamo social.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol. La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.

Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares llevan su propia agenda, tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones.

Así, mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una «contrarreforma» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó prácticas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas8. Podría decirse que todo el proceso de la reforma policial, usando términos de la sociología de Robert Merton, cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Pero también tuvo varias funciones latentes: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaban su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la «unión cívico-militar» nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.

Con la muerte de Chávez se dejan de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al «nuevo modelo policial» de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa que arranca en 2013 y se extiende hasta la actualidad. Se asume un discurso distinto y se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, toma el tema de la seguridad como eje central de acción política.

El discurso oficial y la política criminal dan entonces un giro radical, acercándose ideológicamente al realismo de derecha. Ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el «lumpen» que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darles un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de «profilaxis social», en la que todo el que cumpla con los rasgos que los estereotipos de clase y raza promocionan como la imagen de un delincuente debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.

El gobierno redefine sus «enemigos». Antes, tenía a unos todopoderosos en el «Imperio», el «capitalismo», la «burguesía». Ahora suma al grupo de enemigos a los pobres de los barrios, los «lúmpenes» mal agradecidos. Se pasa así de la «lucha de clases» a una especie de «lucha intraclase» que criminaliza la pobreza. De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar. Contra los marginados tiene operativos policiales militarizados con consecuencias cada vez más letales, tal como ya se los describí en la respuesta a la pregunta anterior. Sus ejemplos más recientes son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Finalmente, el panorama de estas últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y el seguimiento de políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 ministros de Interior. Estos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política basada en acuerdos mínimos de institucionalidad y un seguimiento consistente que trascienda a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y la corrupción de las instituciones, que ahora han alcanzado otros niveles y que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.

¿De qué manera los indicadores sociales y económicos (como acceso a educación, salud, empleo, vivienda, entre otros) evidencian también formas de discriminación social?

Los datos y estadísticas sobre Venezuela actualmente son precarios. Como comenté, el tema del racismo no se ha asumido como problema, por lo tanto no se aborda ni se registra.

Según el Censo Nacional de 2011, en términos de autopercepción racial, solo 2% de la población se reconoció como «negra» o «afrodescendiente», mientras que 49% se identificó como «morena». No hay conciencia de la negritud. Esto dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza como ocurre en eeuu y Brasil. En consecuencia, los debates, movilizaciones y luchas en este sentido son escasos, de corto alcance y rigurosidad.

Además, en un contexto de crisis generalizada vinculada a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, la agenda de prioridades es también de otra naturaleza. En Venezuela durante los últimos años los derechos sociales han retrocedido severamente, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, tales como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Durante los últimos 13 años, la moneda ha perdido más de 100 millones de veces su valor, alcanzando una tasa de inflación estimada en más de 1.000.000% según algunos cálculos, semejante a la de Zimbabwe de la década de 20009. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48% a 87%, mientras que la pobreza extrema creció de 23,6 % a 61%. En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), solo Siria y Libia, dos países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela, que retrocedió 25 puestos entre 2012 y 201810. El más reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos [wfp, por sus siglas en inglés] ubica a Venezuela como el cuarto país en el mundo «necesitado de ayuda urgente», con 9,3 millones de personas, 32% de la población, sufriendo de inseguridad alimentaria11.

¿Qué conciencia hay en Venezuela sobre el racismo en eeuu, el movimiento Black Lives Matter y la rebelión antirracista en curso? ¿Y qué significado toman las discusiones sobre ello en el contexto político venezolano?

Agradezco esta pregunta porque permite decir varias cosas que considero importantes y que veo que no se abordan en el debate público. Venezuela es un territorio objeto de una disputa imperial entre eeuu, China y Rusia; lamentablemente la dirigencia nacional ha ido llevando a los venezolanos a una situación de mayor indefensión. Esto hace que el país se cosifique de distintas maneras: para las potencias somos una especie de laboratorio, donde los venezolanos no somos más que cobayos. Es a su vez, en términos foucaultianos, una enorme institución de secuestro.

En este contexto, no es solo inútil sino además inocente tratar de reducir esta complejidad a visiones dicotómicas entre gobierno/oposición, o aún de manera más absurda izquierda/derecha. En realidad –a pesar del enorme rechazo hacia el gobierno, que cada vez es mayor– la oposición es casi inexistente y el gobierno prácticamente juega solo en el tablero nacional. De izquierda tiene poco, más allá de la estética y la propaganda que consumen acríticamente –ya sea desde el desconocimiento o la complicidad– sectores de una izquierda conservadora, que, afortunadamente, son cada vez más reducidos.

Así, podemos ver sectores que condenan la violencia policial en eeuu pero legitiman y justifican la masacre que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en Venezuela. Estos también tienen su reflejo inverso en el espejo: los que legitiman y justifican la violencia policial en eeuu pero condenan con vehemencia cuando esto ocurre en Venezuela. Al final los fans de Donald Trump y Maduro, respecto a estos temas, son bastante similares, porque siguen proyectos estructuralmente autoritarios, represivos y antidemocráticos. Aunque se autodefinan como antagónicos, son más bien complementarios y se legitiman recíprocamente. Usan los excesos del otro como propaganda oficial para así encubrir o justificar sus propios excesos.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno usa el terrible caso del asesinato de George Floyd para sus arengas y propagandas contra el gobierno de los eeuu, con la finalidad de engatusar a incautos de buena fe del progresismo internacional. Con ello distraen la atención para ocultar el desastre que han hecho en el país, así como las masacres que ejecutan sus propios cuerpos de seguridad. Por parte de los sectores de la oposición más tradicional, Black Lives Matter no va a encontrar mayor eco porque en el fondo esos sectores son conservadores, racistas y clasistas, y no les quita el sueño ese tipo de excesos en contra de sectores excluidos. Solo levantan la voz por esos casos cuando las víctimas son sus propios militantes, algún joven de clase media en el contexto de una manifestación política o cuando le conviene a su propia agenda mediática. Los miles de jóvenes pobres y racializados que mueren por intervención de la fuerza pública en el país les importan muy poco.

Como comenté, creo que la «conciencia de raza» en Venezuela está aún en estado de gestación. La izquierda en el país es predominante y mayoritariamente conservadora y eurocéntrica. No se plantea estos temas, y la cuestión del racismo no entra bien en su cartilla de la lucha de clases. Además, gran parte de ella está actualmente en un proceso de extinción autodestructiva al haber sido cooptada por los aparatos, las lógicas y las retóricas oficiales. De allí su oscilación entre las justificaciones, el negacionismo y el silencio cómplice con los excesos gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos en el país. Solo sectores minoritarios y con poca incidencia se mantienen en pie de lucha. Afortunadamente la izquierda internacional y sectores progresistas se hacen cada vez más conscientes de lo que realmente sucede en Venezuela y poco a poco han dejado de lado las solidaridades automáticas con el gobierno.

La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser siempre condenadas de manera enérgica. No existen buenos violadores de derechos humanos y sus conductas no deben justificarse de ninguna manera. Ese doble rasero para condenar a unos y justificarles a otros los mismos excesos les hace un daño enorme a las sociedades, a los Estados y a la política misma.

Nota: una versión de esta entrevista se publicó en inglés en No Borders News, 6/7/2020, <https://nobordersnews.org/>.

 

 

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Miércoles, 07 Octubre 2020 05:30

“Asesinato colateral”. Posdata

Reflexiones sobre el video destapado por Wikileaks que desató las iras de Washington

 

Antes de acabar con su vida en Dodge Center, Minnesota, el veterano de 30 años de la guerra de Irak Danny Holmes solía sentarse delante de la pantalla de su ordenador a mirar las fotografías guardadas en un archivo llamado “Irak/Imágenes”.

En esas ocasiones, según cuenta su novia, su labio inferior se contraía en un tic nervioso. Las imágenes habían sido tomadas para un informe a posteriori sobre el ataque realizado por un helicóptero Apache, el 12 de julio de 2007. El ataque adquirió una infausta fama en 2010, cuando Julian Assange y Wikileaks publicaron el video de la masacre con el título “Asesinato colateral”.

Como Vijay Prashad escribió en Counterpunch hace unos días, de todos los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos que son la auténtica razón de la persecución, encarcelamiento y actual juicio contra Assange, ninguno avergonzó tanto a los apologistas de la guerra como la publicación de dicho video, que registra con despiadado detalle el ataque contra doce hombres y dos niños.

Entre los muertos estaba el fotógrafo de Reuters de 22 años Namir Noor-Elden y su conductor y ayudante de 40 años Saeed Chmagh. Los artilleros del Apache no habrían visto a los niños; iban en el interior de una camioneta conducida por un hombre, su padre, quién con otros dos buenos samaritanos intentaron ayudar al herido Chmagh. Les llamo samaritanos porque no hay ninguna razón para llamarles de otra manera. No devolvieron los disparos y no iban armados. Los artilleros estadounidenses especularon con la idea de que eran insurgentes, igual que especularon que Noor-Eldeen y Chmagh llevaban armas. El informe posterior determinó que todo lo que provocó esta atroz carnicería había estado justificado. Lo mismo hizo David Finkel, un reportero del Washington Post que acompañaba al ejército de EE.UU. y narró este ataque en su libro de 2009 “The Good Soldiers” (Los buenos soldados). Aunque la descripción de los hechos es la de un crimen de guerra, él concluye que los 140 disparos con el cañón de 30 milímetros del Apache son parte de la realidad de una guerra que el resto de nosotros, cómodos con nuestras opiniones, a salvo en nuestras casas y sin poder hacernos cargo del contexto, nunca podremos entender y no deberíamos cuestionar.

Pero el caso de Danny Holmes nos obliga a plantearnos su relato.

También conocemos su historia por Finkel, que siguió a algunos de los miembros del batallón con los que había convivido cuando volvieron a casa, y sobre cuyas tribulaciones escribió en otro libro, publicado en 2013, “Thank You for Your Service” (Gracias por vuestro trabajo).

El pelotón se aproximó orgulloso tras el ataque, y al menos uno de los soldados que acompañaban a Holmes hizo fotos para documentar lo sucedido. Se supone que esas fotografías eran material reservado, pero los soldados suelen llevarse a casa fotografías reservadas de Irak, que en ocasiones muestran como si fueran trofeos de guerra. Finkel describe de este modo las fotos posteriores a la acción que obsesionaron a Danny Holmes:

“Cabezas medio desaparecidas, torsos completamente abiertos derramando sangre, con las entrañas fuera.

Primeros planos, bien enfocados, con la luz perfecta y el color perfecto.

En otras palabras, la guerra tal como la experimentan los soldados que la vivieron”.

Las imágenes granulosas en blanco y negro de “Asesinato colateral”, por muy perturbadoras que sean, no tienen nada que ver con esas fotografías.

Danny se las enseñó a su novia de 19 años, Shawnee, dos años antes de suicidarse. Le dijo que él había matado a “unas cuantas” personas y que eso no le causaba problemas. Pero ella había visto como le temblaba el labio al decirlo. Él no hablaba mucho de la guerra. La historia que contaba más a menudo era la de estar metido en un tiroteo con un hombre que sujetaba a una niña pequeña. Danny decía que disparó al hombre y también a la niña; que no tenía otra opción. Los detalles de la historia has sido narrada algunas veces, una niña de tres años con cabello largo, pero el lugar y el momento de los hechos está poco claro; nadie del batallón podía confirmarla. Pero Danny se despertaba una y otra vez de sus pesadillas diciendo a Shawnee: “veo niños por todas partes”.

La niña pequeña a la que sacaron de la camioneta de su padre tenía 3 o 4 años. Llevaba cristales en los ojos y en el pelo y había sufrido una herida en el vientre. Uno de los soldados que descubrió a los niños en el vehículo volcado vomitó y echó a correr, según el entonces soldado especialista Ethan McCord, quien sacó a la niña y luego volvió a por su hermano, de 7 u 8 años, que tenía una herida en la cabeza. McCord contó años después al sitio web World Socialist que cuando llevaba a la niña en brazos pensó en su propia hija. El jefe de su pelotón le gritó: “¡Deja de preocuparte por esos putos niños!”. De regreso a la base, después de limpiarse la sangre de los niños del uniforme, McCord acudió a su sargento primero y le dijo que necesitaba ver a alguien de salud mental. “No seas mariquita”, dice McCord que le contestó.

Muchos meses más tarde, cuando regresó a Estados Unidos, McCord consideró meterse una bala en la cabeza, “pero cada vez que lo pensaba, miraba las fotos de mis hijos y pensaba en aquel día y en cómo se llevaron al padre de esos niños y lo horrible que debió ser para ellos”.

Cuando Wikileaks publicó el video en 2010, McCord empezó a tener pesadillas otra vez, y “la ira, la sensación de haber sido utilizado volvió de nuevo”. Él y otro miembro de la compañía, el soldado especialista Josh Stieber, que no estuvo en el lugar de los hechos ese día, escribieron una carta abierta de reconciliación y asunción de responsabilidad al pueblo iraquí. En ella reconocían su responsabilidad “por llevar el combate a su barrio” y solicitaban el perdón porque “hicimos con ustedes lo que no querríamos que hicieran con nosotros”.

Danny Holmes tenía una hija con su novia. Tras su nacimiento, según Shawnee, empezó a contar la alucinada historia del asesinato de la niña pequeña en Irak con más frecuencia. En su segundo libro, David Finkel desdeña los “absolutos y las certeza” de quienes observan horrorizados el video de Wikileaks pero él mismo no hace nada por poner en duda su propia certeza, expresada en el primer libro, de que el ataque estuvo justificado. En cualquier caso, de todas las historias de veteranos con secuelas de la guerra que cuenta Finkel en su libro, Danny Holmes es el único a quien vemos obsesionado por las imágenes de personas con los cuerpos reventados por las balas de un cañón de 30 milímetros.

Danny tenía 32 años cuando acabó con su vida. Se había deteriorado mucho desde la época en que Shawnee lo conoció en una fiesta. Se enfadaba con frecuencia y daba miedo. Le pidió a ella que escondiera su colección de cuchillos. Shawnee le sugirió que buscara ayuda, él dijo que lo haría, pero nunca lo hizo. Una historia familiar. El último día de su vida ella había hecho planes para salir por la noche con amigos. “Necesito hablar”, le dijo él esa mañana, pero ella tenía que hacer la colada, luego teñirse el pelo; “Quiero hablar… ¿Serías tan amable de hablar conmigo?”… mientras ella limpiaba la casa, lavaba el coche, se duchaba y se preparaba para salir. Esa noche ella bebió demasiado, la policía le paró el coche y pasó la noche en la cárcel. Cuando llegó a casa de madrugada se encontró a su pareja ahorcada en las escaleras con su cordel del paracaídas militar.

Shawnee se figuró que ató un extremo del cordel en lo alto de la escalera, hizo un lazo en el otro extremo y se lo colocó alrededor del cuello, para luego echar a correr y dar un salto. La operadora del 911 le pidió que lo bajara cortando la cuerda. Según explicó a Finkel, se produjo un sonido, un “boing”, que resuena en su cabeza una y otra vez. El forense dijo que probablemente tardó 10 minutos en morir. Cuando subió a la habitación del bebé encontró una almohada en el suelo, junto a la cuna. Ella se pregunta si Danny lo había dejado allí antes de saltar, al despedirse de su hija.

Ese día lleno de distracciones Shawnee, entonces con 21 años, podría haber sido cualquier estadounidense y Danny cualquier soldado angustiado. Desde entonces, las distracciones en todo el país se han multiplicado muchas veces, lo que solo explica en parte por qué no se ha producido una protesta masiva por Chelsea Manning, la primera que vio y luego filtró el video del Apache, que vuelve a estar en prisión por negarse a colaborar con Estados Unidos para procesar a Assange; tampoco se ha producido ninguna protesta masiva por Assange; ni movimientos de masas contra la guerra; ni una preocupación particular por los muertos y mutilados, incluyendo los 60.000 veteranos de guerra de EE.UU. que se suicidaron entre 2008 y 2017, según un informe del año pasado del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

McCord y Stieber hicieron hincapié en su carta abierta en que “lo que se mostraba en el video de Wikileaks solo es una pequeña muestra del sufrimiento que hemos causado”. La enormidad de ese sufrimiento es lo que devoró a Danny Holmes. Eso es lo que querían expresar Manning y Assange al revelar los secretos de la maquinaria bélica de EE.UU, arriesgando su libertad y su vida al hacerlo. Eso es, en realidad, lo que Finkel hace en sus libros, aunque Finkel dice que él no pretende otra cosa que explicar las realidades de la guerra a los estadounidenses. Su labor le valió una “beca para genios” [de la Fundación MacArthur]. Por su parte los soldados, que no recibieron elogios, denunciaban “las políticas destructivas de los líderes de nuestra nación” y hacían un llamamiento a honrar “nuestra humanidad común”.

Eso pasó hace una década. No hemos avanzado nada. Assange es un enemigo público.

De alguna manera, la carta escrita por los soldados llegó hasta Ahlam Abdelhussein Tuman, la viuda del hombre que conducía la camioneta en Irak y la madre de los niños que McCord había llevado en brazos. En 2010 esta mujer declaró al Times de Londres: “Puedo aceptar sus disculpas porque salvaron a mis hijos y, de no ser por ellos, tal vez mis dos pequeños estarían muertos”.

Luego añadió: “Me gustaría que el pueblo estadounidense y el mundo entero comprendieran lo que ha ocurrido aquí, en Irak. Hemos perdido nuestro país y han destrozado nuestras vidas”.

Por Joann Wypijewski | 07/10/2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/07/collateral-murder-post-script/

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En riesgo de muerte, al menos dos tercios de ex guerrilleros de las FARC, advierte la ONU

Bogotá. La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia contabilizó 297 ataques contra antiguos guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2018.

Un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, notificó 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. La Unidad Nacional de Protección puso en marcha hasta ahora 94 medidas urgentes de protección. Al menos 19 ex combatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a su solicitud.

El organismo denunció 42 matanzas y el asesinato de 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, incluidos nueve de co­mu­nidades indígenas y cinco mujeres, en 2020, en Colombia, y advirtió del riesgo de muerte que corren más de dos tercios de los 11 mil guerrilleros desmovilizados.

El escrito, basado en un reporte trimestral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en el país sudamericano, señala que, aunque han disminuido las tasas nacionales de homicidio durante el primer semestre de 2020, "la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto aún continúa", y añadió que 13 presuntas masacres siguen en proceso de verificación, que se sumarían a las 42 confirmadas.

Guerrilla reconoce crímenes cometidos

Por otra parte, la ex guerrilla de las FARC reconoció ayer ante la justicia de paz su responsabilidad en varios crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el del ex candidato presidencial conservador Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.

El tribunal, que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano, informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen "aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad" en seis sonados casos.

Entre ellos los asesinatos de Gómez, del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.

También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las FARC.

El anuncio de la ex guerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa, pues por muchos años se creyó que detrás del ataque contra el histórico líder conservador estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

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La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), difundió un preocupante llamado de alerta.  ________________________________________ Imagen: AFP

Denuncian amenazas y asesinatos en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil

 

Líderes de comunidades indígenas de la Amazonía solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "llame la atención" a los gobiernos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil ante los asesinatos, amenazas y violaciones a los derechos humanos que padecen en sus territorios.

En el marco del 177 período de sesiones de la CIDH, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, difundió este preocupante llamado de alerta.

En el caso de Perú, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Richard Rubio, alertó que desde abril pasado hasta el último 11 de septiembre han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos. Además, indicó que a esos crímenes se deben sumar "las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales" que ingresan a sus territorios.

Entre estas víctimas figuran cuatro representantes indígenas, a quienes identificó como Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit, todos de comunidades ubicadas en la Amazonía peruana.

Por otro lado, el representante de Aidesep señaló que, ante esta situación, "urgen medidas coordinadas de manera multisectorial" y que el Estado peruano debe dar prioridad a la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú "en tiempo oportuno", ratificado por el Congreso argentino hace una semana.

Aunque Perú formó parte de los 12 países americanos que firmaron el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, aún no ha ratificado el tratado, el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Por su parte, la especialista en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Jackeline Borjas, también señaló que los asesinatos "evidencian la ausencia histórica de los Estados" en la protección de las comunidades indígenas.

En este sentido, dio como ejemplo que más de seis meses después del inicio de la pandemia de la covid-19 en Perú, el sexto país con más casos en el mundo, "aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada", así como la falta de prioridad a las "medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas".

En Colombia, mientras tanto, en los últimos días al menos seis personas murieron en un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en una reserva indígena del departamento de Nariño (suroeste), que también dejó hasta el momento dos heridos y dos desaparecidos.

Los actores que se enfrentaron en la aldea de Inda Sabaleta, habitada principalmente por indígenas de la comunidad Awá, son el autodenominado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz, y un grupo narcotraficante conocido como Los Contadores.

"Alertamos sobre la grave situación en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta del Pueblo Awá en Tumaco, Nariño: En medio de enfrentamientos entre grupos armados fueron asesinados 5 indígenas, 2 están heridos y 40 indígenas fueron secuestrados", informaron desde la Organización Nacional Indígena de Colombia.  

A su turno, el dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Andrés Tapia, denunció "los frecuentes procesos de persecución y criminalización" que sufren líderes indígenas de su país.

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