Aprueban en Brasil reforma jubilatoria que quería Bolsonaro

Brasilia. La reforma de las jubilaciones en Brasil, la primera de las medidas prometidas por el presidente Jair Bolsonaro a los mercados para sanear la economía, fue aprobada de manera definitiva este martes por el Congreso tras el voto mayoritario en el Senado.

Los senadores discutieron por la noche las últimas enmiendas, tras las cuales la nueva norma estará pronta para su promulgación por el parlamento.

La reforma fue aprobada por 60 votos a favor y 19 en contra en la cámara alta. Para ser validada, se requería el apoyo de 49 de los 81 senadores (tres quintos de los escaños) por tratarse de una reforma constitucional.

La propuesta, aprobada previamente con masivo apoyo en la Cámara de Diputados, prevé un ahorro de unos 800 mil millones de reales (200 mil millones de dólares) en 10 años, para ayudar a sanear las cuentas de una economía letárgica.

La cifra es inferior a los 1.2 billones de reales propuestos inicialmente por el ministro de Economía, Paulo Guedes, debido a recortes realizados en la primera votación de los diputados.

"El Parlamento brasileño muestra hoy madurez política (...). Muestra el compromiso del Congreso Nacional con la agenda del país", dijo el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, antes de proclamar el resultado.

El avance de la reforma alentó a la Bolsa de Sao Paulo. El índice Ibovespa marcó este martes un segundo récord consecutivo, cerrando a 107.381 puntos (+1,28%), impulsada, entre otros factores, por la expectativa en torno a la aprobación considerada inminente.

La reforma de jubilaciones era la principal promesa económica del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, electo en octubre de 2018 con el beneplácito del mercado.

La aprobación se dio pese a las fuertes tensiones de los últimos días entre Bolsonaro y los miembros de su propio partido.

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El gobierno tiene en agenda otras reformas, como las del sistema tributario, para tratar de alentar a una economía que sufrió dos años de recesión y ya casi tres de endeble crecimiento.

Edad mínima

El texto establece una edad mínima de retiro de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres en Brasil, uno de los pocos países que no exigía una edad mínima para jubilarse.

Para los trabajadores rurales, los profesores y algunas categorías de policías, la edad mínima fluctúa entre los 55 y 60 años.

El tiempo mínimo de contribución para recibir una pensión parcial será de 15 y 20 años para trabajadores privados, y de 25 años para los funcionarios públicos, tanto hombres como mujeres. Para recibir el beneficio completo, los hombres deberán trabajar 40 años y las mujeres 35.

Los defensores de la reforma insisten en que el sistema actual es una bomba de tiempo debido a la evolución demográfica del país. En 2018, un 9.2 por ciento de los 208.5 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25.5 por ciento.

Pero sus críticos resaltan que elevar el número de años de contribuciones privará de pensiones completas a millones de personas, en un país donde un cuarto de los trabajadores del sector privado son informales y millones de otros pertenecen al sector de emprendedores que prolifera con la tercerización de los empleos.

Esta reforma de las jubilaciones "aumentará la contribución de los trabajadores y disminuirá, en consecuencia, su renta a largo plazo", afirmó el economista independiente Felipe Queiroz.

Afp | martes, 22 oct 2019 18:58 

Publicado enInternacional
Rodrigo Mundaca, activista por el agua: "No puede ser más importante la producción de un kilo de aguacate que la vida de las personas"

El activista Rodrigo Mundaca ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha contra la privatización del agua en Chile

La industria minera y de producción de aguacates están dejando sin agua a la población rural del centro de Chile

El país, cuyo presidente ha sido premiado por su contribución al medio ambiente pese a las críticas, acogerá en diciembre la Cumbre Mundial del Clima

Rodrigo Mundaca es ingeniero agrónomo, campesino y ahora ganador del prestigioso premio de derechos humanos que entrega cada dos años el tribunal de la ciudad de Núremberg por su lucha por una mejor gestión del agua en su Chile natal. Chile acogerá en diciembre una Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas bajo el amparo de un Gobierno con pocas ganas de escuchar los reclamos de Mundaca y de las "tres millones de personas sin acceso al agua potable en Chile", denuncia el activista a eldiario.es.

"No puede ser más importante la producción de un lingote de cobre, de un kilo de aguacate o la generación de energía que la vida de las personas", señala el activista. Los ejemplos corresponden a las principales industrias que operan en las zonas rurales de la economía más boyante de Latino América. "La situación en Chile es bastante dantesca", apunta Mundaca. "No tenemos sequía, sino saqueo".

El aumento de la demanda internacional de los aguacates —paltas en Chile— que llenan las dietas y supermercados occidentales tiene buena culpa de la situación. Mundaca narra cómo a principios de la década de los noventa las plantaciones de estos alimentos en las colinas y cerros en la región de Petorca comenzaron a crecer, extendiéndose a zonas menos fértiles y que necesitaban más agua.

En 2005 la situación comenzó a hacerse insostenible, "desapareció el agua de los ríos y la gente se empezó a quedar sin agua", recuerda. Dos años después comenzaron a parecer los primeros camiones cisterna para abastecer a una población rural que nunca había conocido la sed.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

En Chile la privatización de las aguas data de 1981, incluso se encuentra consagrada en la Constitución chilena, fraguada en dictadura. Hoy en día el agua dulce se encuentra en la industria extractiva y en el agronegocio. Además, en Chile no existe el delito ambiental, robar agua en el país es una falta administrativa. Los que roban agua la pagan y pueden seguir robando agua. 

En este contexto surge Modatima, acrónimo de Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, que se constituye como organización en 2010 como "resistencia contra el robo de agua en nuestro territorio", relata el activista. Un "saqueo" que deja tras de sí un paisaje también bastante dantesco, piscinas de agua para el riego y cultivos verdes al lado de secarrales y poblaciones que "tienen que comprar el agua", explica.

En Petorca, lugar de nacimiento y símbolo del movimiento en defensa del agua, sus casi 80.000 habitantes tienen que vivir con 50 litros de agua a la semana por persona. Mientras que un estudio reciente muestra que una planta de aguacate puede llegar a consumir hasta 187,4 litros de agua al día en periodos de riego como enero, febrero y marzo.

Ríos de propiedad extranjera

La Dictadura de Pinochet estableció que el agua era un bien nacional de uso público, pero también permitió su comercialización. Concedió los derechos de aprovechamiento de agua de forma perpetua y gratuita, sin establecer prioridades de uso. Además, estos derechos operan sobre el agua y sobre la cuenca, con lo que "un empresario puede comprarse un río" y después tratar de vender el agua a la población más cercana que se abastece de ese caudal.

¿Cómo se entregan los derechos de agua?

El estado entrega de forma perpetua a los particulares los derechos de aprovechamiento del agua y es un derecho real, es decir, pueden usarla o pueden comprarla o arrendarla. Esa es la estructura jurídica. Hay dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua. Hay aguas consuntivas y aguas no consuntivas.

Las consuntivas son aquellas que se consumen y el 80% de los derechos de aprovechamiento están en manos del sector irrigado, es decir, el sector forestal y el sector agrícola. Aproximadamente un 7 o 9% —aunque nosotros creemos que es más— está en manos del sector minero. Y el saldo restante se divide entre el sector industrial y el sector sanitario [que corresponde al saneamiento y abastecimiento de agua potable en los hogares].

Y en materia de derechos de agua de uso no consuntivo, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2004 Endesa España era propietario del 90% de estos derechos. En el año 2004 hubo un reordenamiento de capitales y ahora Enel, una empresa público-privada italiana es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento.

Hoy día la mayoría de los derechos de agua tanto de uso consuntivo como no consuntivo no son de la nación, no son del Estado, sino que se encuentran privatizados. 

Más premios que soluciones

Ya son cinco las regiones de Chile declaradas en emergencia hídrica, la sequía afecta sobre todo al centro del país, donde es la más grave de los últimos sesenta años. Modatima propone "hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano" y reformar la ley para hacerla más democrática estableciendo prioridades de uso como primeras medidas para impulsar un cambio en la gestión de agua del país.

Preguntado por las soluciones que plantea el actual Gobierno de Sebastián Piñera, que Mundaca tacha de "falsas", el activista argumenta su rechazo. Por ejemplo, las autoridades estudian construir una carretera hídrica que transvase agua del norte al sur para mantener un consumo estable en las zonas más afectadas. Sin embargo, la sequía es generalizada y "no existen excedentes de agua que permitan el trasvasije" de una zona a otra, apunta el activista.

Otra solución, la desalinización de agua de mar, tampoco es aceptable para Modatima. No solo por los "daños ecosistémicos" sino porque la propuesta valora que sea el Estado quien asuma los costes de un agua que será aprovechada por manos privadas.

¿Qué posibilidades existen de que la situación cambie?

Hoy día no existe ninguna posibilidad de que haya una iniciativa política de este Gobierno que haga del agua un bien común y su acceso un derecho humano, puesto que es un Gobierno que está profundamente comprometido con el modelo de privatización del agua. 

Mundaca se refiere al actual ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacado empresario de frutas en la céntrica región del Maule, propietario de derechos de agua, y encargado de la reforma del Código de Aguas, que todavía se discute en el Senado. Otra importante figura del gobierno conservador es Edmundo Pérez Yoma, antiguo ministro del Interior y empresario agrícola.

Pese a las contradicciones, el presidente con el que Greta Thunberg rehusó sentarse en la última cumbre del Clima en Nueva York, Piñera, acaba de recibir el Premio al Ciudadano Global del Consejo Atlántico de Nueva York por su contribución a la mejora del medio ambiente.

¿Qué le parece el premio entregado al presidente Piñera?

Es un premio de mierda que tiene por finalidad lavar imagen. Cómo se va a premiar a Piñera cuando se mantiene la privatización del agua dulce, cuando en Chile siguen existiendo 28 termoeléctricas a carbón que queman combustibles fósiles, cómo premias a un individuo que mantiene la privatización del mar, que prioriza la industria extractiva y no la vida de sus comunidades…

Chile es anfitrión de la cumbre de Cambio Climático de 2019 pero también en Chile el último premio Goldman, el nobel verde, es Alberto Curamil, un mapuche que se encuentra encarcelado de las cárceles de Piñera. 

Mundaca no quiere desvelar qué tiene preparado Modatima para la Cumbre pero considera que el evento contribuirá a internacionalizar su lucha. "Solas y solos no podemos, necesitamos de la solidaridad internacional, ustedes como comunidad pueden hacer muchas cosas, (…) ¿y no parece de justicia hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano? ¿Les parece justo que a miles de kilómetros de distancia haya gente, pueblo sencillo, que privado de agua deba esperar el camión aljibe?", terminaba Rodrigo Mundaca su discurso tras recoger el premio de Derechos Humanos de Núremberg.

Por Marta Maroto 

18/10/2019 - 21:30h

 

Publicado enMedio Ambiente
 Madres de falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército colombiano, hablaron en tribunal de paz JEP

15 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales comparecieron en el Tribunal de Paz y exigieron investigar a funcionarios del Gobierno

 

“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.

Cada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.

Tras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.

“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.

“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.

Cada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.

Un fenómeno nacional

“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.

Fueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.

Las madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.

También recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.

La audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.

Lo que sigue

El proceso que sigue se avizora largo. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó 6 regiones de Colombia y aún falta más investigación sobre otros batallones del Ejército. En el caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los magistrados tendrán que contrastar las versiones de los militares; recabar más información y llamar a otros comparecientes. Algunos civiles han solicitado acogerse al Tribunal.

“Nuestra tarea es enorme pero no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la contrastación lo que han dicho, con los reclamos que ustedes tienen, cruzar la información que venga de la justicia ordinaria. Pero aunque nos duela como sociedad, es mejor reconocer lo que pasó para que no se repita”, agregó la magistrada, Catalina Díaz.

Sobre la petición de llamar a Uribe y Santos a declarar, el magistrado Oscar Parra aclaró que la Jep no tiene jurisdicción para juzgar a expresidentes. “Ahora bien- dijo- todo tipo de solicitudes en un proceso judicial tienen que ser analizadas y contestadas. Estas serán valoradas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el momento pertinente”.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 18 OCT 2019 - 11:52 COT

Publicado enColombia
Jornada de huelga general en Cataluña: 6 preguntas para entender qué está pasando

El paro culmina una semana de protestas tras la sentencia de cárcel a la mayoría de los líderes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.

Este viernes los sindicatos catalanes independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) han convocado una jornada de huelga general en Cataluña. Aunque en el comunicado conjunto que ambas organizaciones han publicado aducen que las "políticas de austeridad y de gobernanza neoliberal" han configurado un escenario de "ataque a los derechos de la clase trabajadora", lo cierto es que el llamamiento se produce en una semana de convulsión en la vida catalana. Además, está previsto que las llamadas 'marchas por la libertad' confluyan en Barcelona.

Hasta el miércoles se habían producido más de 352 heridos, 97 detenidos y 174 agentes de policía lesionados, según comunicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de medios convocada para dar a conocer los últimos datos disponibles de la situación en Cataluña.

1- ¿Por qué comenzaron las protestas?

El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum de autodeterminación calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional de España. En un proceso que no gozó de garantías, votaron 2 millones de ciudadanos, alrededor de la mitad de quienes tienen derecho a voto en la región, y el resultado fue un apoyo muy mayoritario a la independencia de Cataluña. Unos días después, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró de forma unilateral la independencia, aunque la suspendió inmediatamente después.

Desde entonces se empezó a instruir una causa judicial que ha culminado con la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública este lunes, en la que condena a los responsables de ese proceso soberanista.

La mayoría debe cumplir penas de entre 9 y 13 años de cárcel, de los que ya han cumplido dos en prisión preventiva. Entre los condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y cinco exconsejeros del Gobierno que encabezó Puigdemont.

La sentencia ha sido tachada unánimemente desde el ámbito independentista, que considera a los condenados presos políticos, de desproporcionada, por lo que dieron comienzo las protestas para denunciar por el proceso que ha desembocado en este fallo y para pedir el indulto.

2- ¿Qué ha pasado durante las protestas?

Desde el lunes por la mañana las protestas se han sucedido. Si bien el lunes se vivió una situación delicada con el colapso del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona, lo cierto es que la tensión con las fuerzas del orden han ido subiendo de intensidad hasta desembocar en disturbios.

  • Lunes, 14 de octubre

La plataforma 'Tsunami Democràtic', que se gestó este verano y se dio a conocer a principios de septiembre, convocó nada más conocer el contenido de la sentencia una concentración en el centro de Barcelona y posteriormente hizo un llamamiento a acudir al aeropuerto de la ciudad para colapsarlo. Se trataba de una acción planificada con anterioridad y que finalmente fue un éxito al lograr que más de 8.000 personas tomaran la infraestructura barcelonesa.

Se cancelaron más de 100 vuelos y la jornada acabó con enfrentamientos con las fuerzas policiales, que cargaron contra la multitud. Las protestas también tuvieron lugar en otros puntos tanto de Barcelona, como del resto de Cataluña, y se saldaron con más de 130 heridos, uno de ellos, un joven de 22 años, perdió un ojo a consecuencia de un disparo con pelota de goma. Ese día se produjeron también las primeras detenciones.

  • Martes, 15 de octubre

Las protestas continuaron el martes con numerosas movilizaciones por todo el territorio catalán. Los manifestantes estaban llamados a concentrarse ante las sedes de las Delegaciones del Gobierno de diversas ciudades. En Barcelona la protesta comenzó a tener tintes violentos, con el lanzamiento de objetos, la construcción de barricadas y por primera vez, empezaron a verse hogueras en la ciudad.

La Policía volvió a cargar contra los manifestantes y esta segunda jornada dejó 125 heridos y 30 detenidos tan solo en la capital catalana.

  • Miércoles, 16 de octubre

Esta jornada comienzan las "marchas por la libertad". Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) organizaron un nuevo acto de protesta. En esta ocasión cinco columnas partieron desde cinco puntos del interior de Cataluña con el objetivo de caminar 100 kilómetros y reunirse este viernes a mediodía en Barcelona como forma de manifestar el rechazo hacia la sentencia del Tribunal Supremo.

Por la noche, Barcelona volvió a vivir una jornada de disturbios con más de 400 contenedores y una decena de vehículos calcinados, y de nuevo barricadas, lanzamientos de objetos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. También en Madrid cargó la Policía contra un grupo de manifestantes que se habían trasladado desde una concentración en la Puerta del Sol en apoyo al independentismo catalán hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. En este momento, los detenidos en Cataluña ascendían en total a 97 y los heridos a 352.

  • Jueves, 17 de octubre

El jueves comenzó con una manifestación de los estudiantes que recorrió las calles del centro de Barcelona. Alrededor de 25.000 jóvenes protestaban principalmente por dos motivos: en primer lugar, para mostrar su rechazo a la condena de los líderes independentistas; y en segundo lugar, para pedir la dimisión del Gobierno catalán en su conjunto por haber reprimido las manifestaciones con "una brutalidad generalizada hacia manifestantes y periodistas".

Sin embargo, el hecho más destacable de esta cuarta jornada de protestas fue la irrupción de grupos de extrema derecha en las calles de Barcelona, provocando numerosos altercados con los manifestantes independentistas y cargas policiales. Hay al menos 19 heridos y 18 detenidos. 

3- ¿Cuáles son las próximas movilizaciones previstas?

Además de la huelga general convocada para este viernes, que coincide con la llegada de las denominadas "marchas por la libertad", se vaticinan otras acciones.

El próximo 26 de octubre está prevista la convocatoria de una macromanifestación respaldada por partidos políticos y entidades independentistas. Esta acción iba a coincidir con el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero finalmente La Liga ha aplazado el encuentro. 

Por otro lado, la plataforma 'Tsunami Democràtic' lleva días anunciando una próxima acción, aunque aún no se sabe en qué consistirá. De momento anima a sus seguidores a instalar su aplicación en el teléfono móvil y, aunque el miércoles anunciaban que ya eran más de 15.000 personas las que lo habían hecho, decían que necesitaban muchas más para llevar a cabo su próximo proyecto de protesta.

En sentido contrario, el partido político Ciudadanos ha convocado un acto en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra "los violentos". Este acción es considerada por muchos como una provocación, pues el partido encabezado por Albert Rivera está liderando el llamamiento de las formaciones de la derecha para que el Gobierno de España aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana.

4- ¿Quién convoca las protestas?

Hay una diversidad de actores que se encuentran detrás de las convocatorias de los diversos actos de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo. Los siguientes son los más importantes.

  • Tsunami Democràtic

Esta plataforma surgió durante el verano y aún no se sabe quién está detrás de ella, aunque ha trascendido que algunos de sus integrantes ya participaron en la preparación del referéndum declarado inconstitucional del 1 de octubre de 2017. No tienen cara visible, pero desde principios de septiembre han estado llevando a cabo acciones con el fin de preparar el terreno para cuando se conociera el veredicto.

Aunque su convocatoria más importante ha sido la del colapso del aeropuerto de Barcelona del pasado lunes, anuncian continuamente futuros actos que aún no han concretado.

  • Asamblea Nacional de Cataluña (ANC)

Se trata de una organización nacida en 2012 con la finalidad de conseguir la independencia de Cataluña. Su expresidente es Jordi Sánchez, uno de los políticos que han sido sentenciados en el juicio del 'procés'.

Ha estado detrás de grandes movilizaciones, como las de la Diada, la festividad oficial de Cataluña, que desde hace más de un lustro se ha convertido en un gran acto independentista.

  • Òmnium Cultural

Es una organización de la sociedad civil con más de cinco décadas de existencia. Su presidente, Jordi Cuixart, también es otro de los condenados por el Supremo. Al igual que ANC persigue la independencia de la región y ha coordinado sus esfuerzos para la preparación de las últimas Diadas.

  • Comités de Defensa de la República

Los CDR nacieron para defender el referéndum del 1 de octubre, pero tras su celebración y posterior declaración de inconstitucionalidad continuaron con sus actividades enfocadas en la consecución de la independencia y en la denuncia de la represión.

A diferencia de Tsunami Democràtic actúan de manera descentralizada en multitud de cédulas distribuidas por el territorio catalán y han sido vinculadas con actos de sabotaje y vandálicos. Hace apenas unas semanas nueve de sus integrantes fueron detenidos por estar en posesión de materiales con los que se podría fabricar artefactos explosivos.

5- ¿Hay más actores importantes?

  • Fuera de España

Además de los líderes condenados y los políticos catalanes en activo, el actor más importante es Carles Puigdemont.

Después de la organización del referéndum y de la declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica para escapar de la acción de la Justicia española, al igual que otros miembros de su Gobierno. Desde allí trata de internacionalizar el conflicto catalán y de recabar apoyos políticos del exterior.

En España se encuentra en busca y captura y su situación jurídica sería similar a la del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que ha sido condenado a 13 años de cárcel, recibiendo la sentencia más dura de todas. Sin embargo, en los países europeos ya ha logrado sortear varias euroórdenes cursadas por la Justicia española, pues las autoridades judiciales de Alemania y Bélgica solo se avenían a entregarle por el delito de malversación de fondos, no por los de rebelión o sedición.

  • En España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pareció tener una postura más flexible con respecto a sus relaciones con las instituciones catalanas, aunque desde que está al frente del Ejecutivo no ha tenido acercamientos con la Generalitat. Tras conocer la sentencia ha asegurado que no habrá indultos para los líderes condenados y ha advertido que podría intervenir la autonomía catalana si se dieras las circunstancias.

Los partidos de la derecha, Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, son partidarios de utilizar más mano dura con los independentistas. El abanderado del 155 es Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no en vano su formación nació en Cataluña –antes de dar el salto a nivel nacional– y ha basado su discurso político en la oposición al independentismo.

Unidas Podemos es el único grupo parlamentario nacional partidario de buscar una solución política al conflicto y abandonar la senda judicial.

  • En Cataluña

El presidente catalán, Quim Torra, ha defendido siempre la actuación de su predecesor en el cargo. De hecho, en el pleno de urgencia celebrado el jueves por la mañana ha anunciado que entre sus planes se encuentra la celebración de un nuevo referéndum esta misma legislatura, lo antes posible.

El hemiciclo catalán se encuentra dividido entre los autodenominados constitucionalistas (socialistas, populares y Ciudadanos) e independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Candidatura d'Unitat Popular), con los Comunes haciendo de bisagra entre ambas posiciones. Aunque los soberanistas tienen en la actualidad mayoría absoluta, se encuentran en un equilibrio que podría decantar la balanza hacia el lado contrario con cualquier pequeño cambio en la correlación de fuerzas en futuras elecciones.

6- ¿Cómo se originó el conflicto?

El conflicto se remonta a 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte del Estatuto de Autonomía que había sido aprobado primero en el Parlamento catalán, después en las Cortes Generales de España y posteriormente había sido refrendado por la ciudadanía catalana en referéndum.

A pesar de la amplia legitimidad obtenida y de haberse cursado por los cauces legales, el Partido Popular interpuso un recurso ante en Tribunal Constitucional que fue en parte estimado.

Desde entonces el movimiento independentista comenzó a aumentar sus adeptos, que rechazaban el fallo judicial y denunciaban que su autonomía era recortada. Así, a partir de 2011 se comenzó a conmemorar la Diada de una manera masiva y con un claro corte independentista.

Los apoyos soberanistas fueron aumentando paulatinamente y en 2014 el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó una primera consulta, en ese caso no vinculante. Las vías de diálogo con el Gobierno de Rajoy (2011-2018) fueron inexistentes y, finalmente, los partidos independentistas convocaron el referéndum de 2017.

Publicado: 18 oct 2019 07:23 GMT | Última actualización: 18 oct 2019 09:34 GMT

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El ataque de Trump a los kurdos de Siria y dos hipótesis

Miles de personas, entre ellas niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad que habitaban el norte de Siria vuelven a huir de sus hogares, esta vez de los bombardeos de Turquía. No hay duda de que el autor “intelectual” de la invasión del 9 de octubre comandada por Erdogan ha sido el presidente de EEUU, quien dos días antes ordenó la salida de unos pocos soldados que tenía en la zona para que las víctimas no fuesen estadounidenses. Ante el estupor de sus opositores en el Congreso y el Pentágono, por haber entregado esta estratégica zona al aliado díscolo de la OTAN, Donald Trump ofreció sus particulares excusas:

  1. Los kurdos no ayudaron a EEUU con Normandía, por lo que no hay ninguna deuda histórica con ellos, todo lo contrario: han recibido millones de dólares y equipamientos militares para defender su propio territorio, no el de EEUU.
  2. El motivo de la presencia de las tropas de EEUU en Siria era acabar con ISIS, algo conseguido completamente -afirma- y en caso de que el grupo terrorista resurja, deberán ser los países de la región quienes se enfrenten a él.
  3. Con esta (pequeñísima) retirada, EEUU ahorra «un montón de dinero» y cierra una de tantas «guerras ridículas» en la que ha participado. Pero, el presidente no explica por qué el mismo día anuncia el envío de otros 3.000 soldados a Arabia Saudí para enfrentarle a Irán.

Aun así, y de repente añade: «Dicho todo esto, nos gustan los kurdos», dejando la puerta abierta para ir a salvarlos si el presidente en su “sin igual sabiduría” lo considere. Los miembros del Concejo de Seguridad, incluidos China y Rusia, no han castigado y ni siquiera han condenado la invasión turca a un estado soberano de la ONU: se han limitado a mostrar su preocupación.

Lo que Trump no confiesa

  1. Que la presencia de las tropas de EEUU en suelo sirio es ilegal, ya que no tiene la autorización de Damasco, ni de la ONU, ni siquiera del Congreso de EEUU.
  2. Que no se retira de Siria, sino de una zona del norte de este país. Gracias a la guerra, EEUU por primera vez en su historia aquí cuenta con una veintena de bases militares, y del mismo modo que no ha sacado sus topas de Japón o de Alemania pasados 74 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, no las sacará, ni por las malas, de un Estado ubicado en el corazón de Eurasia.

EEUU no ha conseguido todos sus objetivos en Siria, que han sido 1) Romper el Eje de Resistencia contra Israel, compuesto por Siria, Irán, Hizbolá y Hamas; 2) Eliminar al único aliado de Irán, siendo éste el “premio” de sus guerras en la zona, albergando la primera reserva mundial del gas y la tercera del petróleo; 3) Desmantelar a otro Estado árabe después de transformar a Irak y Libia a cenizas, convirtiéndolo en una trampa mortal para los rivales de Israel; 4) Dividir el país en miniestados (como lo reveló el Sirialeaks), con el fin de poder dominarlos fácilmente en el futuro: Trump ya reconoció el dominio de Israel sobre una parte de Siria, los Altos de Golán; 3) Imponer una larga guerra y vivir del suculento negocio de armas; 4) Otanizar completamente el Mediterráneo, sin las molestas que pudiesen causar Libia y Siria; 5) Dominar Eurasia- el «heartland» o «Área Pivote»- desde Siria; 6) Cortar la Ruta siria de la Seda de China; 7) Impedir la construcción del gaseoducto Irán-Irak-Siria-Mediterráneo; 8) Seguir reconfigurando el mapa del «Nuevo Oriente Próximo» a la medida de sus intereses, un siglo después de que hicieron lo mismo Francia y el Reino Unido desintegrando el imperio otomano. Crear un estado kurdo Frankenstein de las entrañas de Siria e Irak es uno de los proyectos de Washington, a pesar de su imposibilidad. Por lo que, la guerra contra Siria continuará.

Debido a que los mortales no tenemos acceso a los sótanos oscuros de la Casa Blanca y del Pentágono para saber lo que han cocinado, dejamos volar nuestra imaginación buscando respuestas a esta misteriosa acción de Trump.

Primera hipótesis

El presidente está ejecutando el Proyecto del Nuevo Oriente Próximo y ha considerado que es hora de balcanizar Siria a lo largo de sus fallas étnico-religiosas. En su comunicado, la Casa Blanca afirma que Turquía se iba a hacer cargo de los prisioneros de ISIS, quienes están en el campamento al-Hol cerca de Irak, lo que significa que no se trata de crear una zona de amortiguamiento en la frontera turco-sirio, sino de que los turcos se apoderasen de gran parte del noreste de Siria. Si Erdogan realmente estuviera preocupado por la «seguridad» de sus fronteras, hubiera levantado un muro en vez de lanzar un ataque tan arriesgado y costoso.

EEUU está provocando una situación semejante a la que tuvo lugar en Irak en 1991, coincidiendo con el fin de la Unión Soviética: incitó a los kurdos (y a los árabes chiíes) de levantarse en armas contra el régimen de Sadam Husein, su propio aliado. Una vez que lo hicieron, los abandonó, dejándoles a merced de la venganza de Sadam. La protesta mundial por aquella traición fue el pretexto de EEUU para establecer dos zonas de exclusión aérea, sacándolas del control de Bagdad. Una vez debilitado el Estado, por los continuos bombardeos y un criminal embargo, en 2003 derrocó a Sadam con 7 mentiras y por 10 objetivos, y creó la Región Autónoma Kurda (con su parlamento, ejercito, himno, bandera, etc.), convirtiéndola en una de sus principales bases en la región.

Es posible que hoy Washington haya trazado los siguientes pasos en Siria: habrá una  matanza de kurdos a mano del ejército turco y una terrible crisis humanitaria, ampliamente televisadas (al contrario de las atrocidades cometidas por la coalición dirigida por EEUU-Arabia Saudí en Yemen); ISIS reaparecerá cortando cabezas delante de las cámaras. En 2014, nació como un ejército de mercenarios cuya misión fue «hacer de buldócer», allanando el camino del dominio del EEUU sobre Siria, sin que perdiera un solo soldado: lecciones de Vietnam, Irak y Afganistán. Paso seguido, la llamada «comunidad internacional» estará obligada, por ética a enviar tropas de «paz» compuestas por árabes, turcos y europeos, al norte del país, -el granero de Siria, donde además tiene sus reservas de petróleo y agua-, para así separarla del resto del territorio.

De paso, tiende una gran trampa a la Turquía de Erdogan -ahora que el golpe de estado contra él fracasó-, hundiéndole en lo que será un profundo pantano para su ejército y su economía debilitada. Además, es probable que los kurdos de Turquía vuelvan a la guerra partisana semejante a los años ochenta. De hecho, los países de la OTAN, que sin duda estaban al corriente del plan de invasión, han llamado «operación» al ataque militar ilegal a un país soberano. ¿Cómo reaccionarán si Venezuela invadiera a Colombia, por ejemplo?

Segunda hipótesis

Se trataría de una estrategia de supervivencia de Donald Trump acorralado por los demócratas y el «Estado profundo», quienes han pretendido destituirle, incluso barajando un golpe de estado: lo han intentado a través del Rusiagate, la campaña de MeToo -lanzada desde el Hollywood «demócrata»-, sensibilizando la opinión publica hacia abusos sexuales (y él ya tiene unas cuantas denuncias), y sobre todo empujarle hacia una guerra con Irán. A partir de agosto, la presión ha aumentado sobre el presidente:

12 de agosto: un petrolero japonés y otro noruego sufren ataques en el golfo de Omán, en medio del aumento de las sanciones sobre el petróleo iraní.

20 de agosto: Irán derriba por error un avión no tripulado de EEUU. Podría haber sido un perfecto pretexto para un castigo militar a Irán, pero Trump se negó y afirmó que no había sido intencionado.

10 de septiembre: Trump destituye al halcón más belicistas de su gobierno: John Bolton. Su impacto sobre la política de EEUU es tal que el precio del petróleo cae unos 2 dólares el barril, algo que nunca había sucedido en este país con la salida de un asesor de seguridad.

12 de septiembre: la Casa Blanca filtra que las agencias de inteligencia de EEUU han acusado a Israel de colocar dispositivos de escucha en la Casa Blanca para espiar al presidente.

14 de septiembre: un ataque de procedencia misteriosa destruye la planta petrolífera de Saudí Aramco y Mike Pompeo, sin presentar ninguna prueba, acusa a Irán. Aún así, Trump se niega a entrar en una guerra con Irán, que podría acabar con sus aspiraciones electorales de 2020. Pompeo, ex jefe de la CIA, ocupó la Secretaria de Estado poniendo fin a la diplomacia en EEUU sustituyendo a Rex Tillerson, quien fue cesado por defender el acuerdo nuclear con Irán y había recortado el presupuesto de las operaciones militares en el extranjero en un 31%.

26 de septiembre: empieza el Ucraniagate, y la posibilidad real del triunfo de una moción contra Trump y el vicepresidente Mike Pence, ofreciéndole a la presidenta demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, sustituirle.

Es en este contexto cuando Trump realiza la llamada de teléfono a Erdogan, invitándole a atacar al norte de Siria y anuncia la retirada de unos pocos soldados de una base militar, sorprendió hasta a Mike Pompeo que afirmaba que EEUU nunca dio ‘permiso’ a Turquía para lanzar esta “operación militar” contra los kurdos. ¡Pompeo podrá ser el siguiente en caer del gobierno!

Trump sigue jugando su baza del máximo jefe de las fuerzas armadas para deshacer los logros imperialistas del «Estado profundo»: podrá desmantelar cerca de 800 bases militares de EEUU esparcidas por el mundo y repatriar a decenas de miles de soldados, asestando un duro golpe al Pentágono y el complejo industrial-militar. En este caso, su intención sería un intercambio con sus enemigos: ellos retirarán la moción de censura y él no echará a la basura el resultado de años de guerras de expansión de EEUU en Oriente Próximo.

Por el momento, el ganador es Trump: ha conseguido, con este caos controlado, desviar la atención del mundo de Ucraniagate a la brutalidad de los turcos y la tragedia de los kurdos.

Por Nazanín Armanian

14 octubre 2019

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Reclusos del EPCAMS de San Isidro. Popayán, demandan alimentación adecuada

Señor teniente coronel Darío Antonio Balen Trujillo

Director Del Establecimiento Penitenciario “EPCAMS” de San Isidro. Popayán

Acudimos a usted con el derecho de petición basado en el artículo 23 de la C.N de la C.C.A. Nosotros los privados de la libertad de este penal nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle con mucho respeto, mediante el derecho de petición, nuestra inconformidad en cuanto a la vulneración y violación del suministro de nuestros alimentos.

Nosotros los reclusos: Luis Aníbal García Gómez, Leonardo Fabio Vásquez Ceballos, Carlos Mario Kerkelen, Yeiner Andrés Zapata Rueda, Luis Eduardo Higuita López, Cristian Camilo Higuita Giraldo, Luis Gerardo Flor, Hernán Darío Ardila Mora, Alejandro Ríos, actualmente recluidos en el pabellón 6 de este penal.

Le queremos informar que el día viernes 27 de septiembre del presente año nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la que nos rehusamos en recibir la alimentación que suministra el consorcio alimenticio encargado del penal, dicha protesta se hizo con el fin de exigir un buen trato en el ámbito alimenticio ya que en ocasiones no cumplen con la línea exigida en base a la alimentación.

Señor Kemer Ramírez Cárdenas

La presente es con el fin y el buen deseo que tenemos, que nos brinden una mejor atención en los alimentos y en una proporción adecuada.

Ya que la misma está estipulada en el cumplimiento de la ley tal como lo interpone la Corte Suprema en uno de los aspectos que contribuyen a la protección y garantía de los derechos de la vida, la salud y la integridad de los reclusos. Hacemos énfasis en el suministro de una alimentación sana, adecuada y suficiente, pues se observa el deterioro de víveres, cantidad, calidad y valor nutricional. El desperfecto y pasado de tiempo de los alimentos ha provocado la aparición de enfermedades en los internos debilitando en cada uno el sistema inmunológico y daños intestinales en el organismo e incluso en casos de ausencia total. Se podría considerar esto como una modalidad de tortura o maltrato en contra de lo previsto en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Además el estado tiene el deber constitucional de proporcionar a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente en mejores condiciones de higiene garantizando así la protección de los derechos y la integridad de los reclusos. Usted bajo su cargo condicional podrá también autorizar el suministro de una alimentación especial de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno.

Tenga en cuenta que por la mala alimentación ya tenemos en el pabellón penitenciario 17 personas enfermas entre el 26 al 28 de septiembre del presente año, sin contar con que también hayan enfermado en los demás pabellones, esto debido al suministro de un pollo descompuesto y en malas condiciones que suministro la señora Alicia Bejarano, encargada del Copast o Uspec.

Por este medio explicito queremos sugerir que no se viole más la integridad y la dignidad como seres humanos ,que se respeten los derechos fundamentales y constitucionales teniendo en cuenta que de una sana y buena alimentación balanceada depende mucho la salud de todo ser humano. No siendo más en el escrito ,agradecemos su mayor interés y disposición en el asunto ,porque aunque reconocemos que estamos pagando penas justificables merecemos un trato digno en el ámbito social .Esperamos de su parte una pronta y favorable respuesta..

Muchas gracias.

Atte. Reclusos del pabellón

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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	 Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Pablo Tosco Oxfam

Oxfam entrega un informe en el que acusa al Gobierno de Iván Duque de aplicar “medidas cosméticas” que no detienen los ataques

 

Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, hasta la fecha, 55 defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas. En el primer semestre de este año hubo un homicidio de una líder social cada dos semanas y los ataques contra ellas han aumentado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe Arriesgando la vida por la paz, de Oxfam, que se publica en varios países.

La confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales denuncia que estas agresiones son sistemáticas y convierten a Colombia en el segundo país más peligroso del mundo para defensoras del medio ambiente, después de Filipinas, de acuerdo con la clasificación de Global Witness. ¨La conclusión no da lugar a dudas: la violencia contra lideresas y líderes tiene una naturaleza repetitiva, invariable y continúa, y no responde a una casuística accidental o aleatoria. Las víctimas son selectivas (lo que se demuestra porque más del 50% de las personas fueron atacadas o asesinadas en sus casas), se busca aquellas víctimas con menor protección (todas ellas llevaban a cabo su labor a nivel territorial con poca visibilidad nacional) y la gran mayoría se caracteriza por ir en contra del poder hegemónico (grupos ilegales o grupos económicos con intereses en el territorio¨, afirman en el informe.

La organización hace fuertes críticas al Gobierno de Iván Duque por su respuesta ante estos crímenes. ¨Las que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir. Las medidas que ha tomado, como el Plan de Acción Oportuna (PAO), son más cosméticas que avances reales. No se aborda la necesidad de garantizar un entorno habilitante para que defensoras y defensores puedan actuar en sus comunidades¨.

En ese sentido, Oxfam, que está presente en Colombia desde 1982, le hace recomendaciones al Gobierno. Sugiere ¨convertir la seguridad de las defensoras en política de Estado y, propone marcarse como objetivo “semanas a cero”, es decir, semanas sin ninguna víctima ni ataques¨. También, retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y apostar por el acuerdo de paz con las FARC, entre otras cosas.

El documento es parte de la campaña internacional Juntas Somos Victoria, con la que esta organización junto a la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, International Land Coalition y Somos Defensores, hacen un llamamiento a los distintos Gobiernos del mundo para salvaguardar la vida de las defensoras. Varias de ellas estarán de gira por Europa, Estados Unidos y en la sede de la ONU en Nueva York, para contar directamente los peligros a los que se enfrentan.

A la Unión Europea, por ejemplo, le recomiendan que se cree un grupo de trabajo sobre la situación de las defensoras en la comisión del Parlamento Europeo sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM). Y que allí se expida una resolución de urgencia para establecer mecanismos de protección. A España, donde se presentará el informe, le piden que frene la ¨venta de armas a Colombia¨, que se da en el marco del Tratado de Comercio de Armas, que España ratificó, así como en la Ley de Comercio de Armas de 2007. Y, finalmente, que continúe con el liderazgo que ha mostrado en la Mesa Nacional de Garantías y lidere dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una agenda específica sobre las defensoras medioambientales de Colombia.

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