Foto: Un salón de clases es desinfectado en Egipto. (UNICEF/Ahmed Mostafa)

La pandemia de coronavirus ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países, a mediados de julio, ya había afectado a más de mil millones de estudiantes, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, este martes.

Además, al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han perdido la educación «en su año crítico de preescolar», agregó.

Como resultado, Guterres advirtió que el mundo enfrenta «una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades enquistadas».

Antes incluso de la pandemia, el mundo sufría «una crisis de aprendizaje», con más de 250 millones de niños sin escolarizar y sólo un cuarto de los jóvenes de secundaria que dejaban la escuela en países en desarrollo tenían «habilidades básicas», explicó Guterres.

Según una proyección global sobre 180 países elaborada por la Unesco, la agencia educativa de la ONU, y organizaciones asociadas, unos 23,8 millones de alumnos más entre el jardín de infantes y la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico por el impacto económico de la pandemia.

«Estamos en un momento decisivo para los niños y jóvenes del mundo», dijo Guterres en un mensaje en video y en una conferencia de prensa sobre el informe de 26 páginas. «Las decisiones que los gobiernos y los socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas».

Según el reporte, «la paralización educativa sin precedentes» por la pandemia está lejos de terminar y hasta 100 países no han anunciado todavía el calendario para la reapertura de centros educativos.

Guterres pidió acciones en cuatro áreas clave, la primera de ellas la reapertura de los centros educativos.

«Una vez que la transmisión local del COVID-19 esté bajo control, hacer que los estudiantes regresen a las escuelas e instituciones educativas con la mayor seguridad posible debe ser una prioridad», manifestó.

La Unesco tiene previsto celebrar una importante videoconferencia de alto nivel en otoño, probablemente en la segunda mitad de octubre, para lograr compromisos de los líderes mundiales y de la comunidad internacional que sitúen a la educación en primera línea de las agendas para la recuperación, explicó la subdirectora general de la institución para Educación, Stefania Giannini, a reporteros.

«Puede haber compensaciones económicas, pero cuanto más tiempo sigan cerradas las escuelas, más devastador será el impacto, especialmente en los niños más pobres y vulnerables», advirtió Giannini.

Los colegios no sólo proporcionan educación, sino que también ofrecen protección social y nutrición, especialmente a jóvenes vulnerables, afirmó.

La crisis del coronavirus ha ampliado las desigualdades digitales, sociales y de género, dijo Giannini añadiendo que las niñas, refugiados, discapacitados, desplazados y jóvenes de zonas rurales son los más vulnerables y tienen oportunidades limitadas para continuar su educación.

Guterres dijo que incrementar la financiación de la educación debería ser una prioridad.

 

Agencias

5 agosto 2020 0

Publicado originalmente en AFP

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Desterrados en París: un drama sin fin para los inmigrantes

El impacto económico de la pandemia obligará a más personas a desplazarse

 Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, inmigrantes de Somalia. Afganistán, Libia, entre otros, llegaron a la capital francesa para terminar amontonados, en su mayoría, en un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

 

Desde París

 La primera vez se asustó y se sintió agredido, la segunda salió corriendo, la tercera y cuarta trató de recuperar sus cosas y la quinta, es decir, ayer, dejó que todo ocurriera sin intervenir. Salió de la carpa, fue hasta el bus de la policía y miró desde allí “todo ese absurdo y esa injusticia que nos seguía cortando el camino”. Idil vivió este 29 de julio su quinta evacuación por la fuerza desde que llegó a Francia proveniente de Somalia. Junto a otros 2.000 inmigrantes oriundos de Sudán, Somalia, Tchad, Etiopía o Afganistán Idil se había instalado en uno de los campamentos improvisados que los inmigrantes van montando en la periferia Norte de París hasta que la policía los desaloja y trata de reubicarlos en hoteles y gimnasios de la zona. La víspera, el Prefecto de París, Didier Lallement, les había dado un plazo de “12 horas para abandonar el lugar”. La mayoría se quedaron y a la seis de la mañana el operativo comenzó a orillas del canal Saint-Denis, en la localidad de Aubervilliers

La situación era doblemente nociva: para los mismos inmigrantes expuestos ahora al calor y la insalubridad, y para las autoridades, interpeladas pos los vecinos debido a la suciedad y las peleas entre comunidades distintas. ”De todas formas, no sabemos ni siquiera a dónde vamos a ir a parar. Lo más esencial es que alguien nos ayude porque ya no podemos más”, cuenta Saidi, un afgano con unos cuántos meses de residencia en la calles, primero en París, luego en las afueras. La evacuación es tensa. Hay mucha gente, muchos niños en las carpas, muchos policías y militantes de las asociaciones de protección al migrante (France Terre d'Asile, Solidarité Migrants Wilson), muchos gritos y nervios y miedo e incomunicación. Un destierro sobre muchos otros destierros. Cada respiración es una bocanada de tragedia. De un lado están los buses para los hombres solos, del otro el reservado a las familias. Michel, una militante de la asociación Utopía 56 que asiste a la evacuación, anticipa la crueldad del futuro:” volverán aquí u a otro lugar. Ni ellos tienen donde ir, ni el Estado la responsabilidad y la voluntad de asumir la situación. La gran mayoría de la gente que está aquí regresará a la calle dentro de un tiempo. Es un ciclo infernal”. Michel y otros militantes de France Terre d’Asile y Solidarité Migrants Wilson se apresuran para recuperar los utensilios y las carpas. Hay más de seiscientas (representan unos 10.000 euros) y, en un par de meses cuando llegue el invierno, salvarán unas cuantas idas.

Los inmigrantes son personas muy pobres, perseguidas en sus países, torturadas también, que saltaron al Mediterráneo en un barco cualquiera desde las costas de Libia y se salvaron porque un navío humanitario las rescató. Otros, como en el caso de los afganos, emprendieron un terrorífico viaje a través de Irán, Turquía y Grecia hasta llegar a Francia. Las cosas son ahora peor que antes. La pandemia no arregló el mundo, al contrario. Robert (France Terre d’Asile), desliza una frase que hiere como un latigazo por su carga de lúcida veracidad: "esta gente está más allá de la posibilidad de que algo cambie para ella, incluso si en un mes el liberalismo o las bolsas se vienen abajo. No son ni pobres ni ricos, ni víctimas de la desigualdad de los sistemas. Son las voces del otro lado de la fractura provocada por la improvisación occidental. Siempre los dejarán solos”. Ningún barco humanitario opera ya a lo largo de las costas de Libia para socorrer a los migrantes. Los últimos dos, el Ocean-Viking y el Sea-Watch, fueron, una vez más, víctimas del ardor perverso de los guarda costas italianos. Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, los inmigrantes, sin embargo, continúan llegando para terminar amontonados, en su mayoría, en este un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

Las cifras son imparables: durante los dos meses del confinamiento, en las orillas del canal Saint-Denis había unas 200 personas, luego, dos meses después del fin del encierro, ya sumaban 2.300. Su viaje no empieza por mar sino por tierra, a menudo en la frontera entre Irán y Turquía o en la misma Grecia a través de la no menos terrorífica “ruta de los Balcanes” (Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Hungría). Desde allí zanjan todos los peligros que un ser humano pueda imaginar con tal de llegar a un país europeo seguro: los traficantes de personas, las autoridades turcas, las cárceles de Turquía, los robos, las violaciones, las agresiones, la corrupción de los policías de Albania, de Grecia, Croacia, Serbia o Hungría (les roban su dinero, sus pasaportes y sus teléfonos), las denuncias, los malos tratos o la persecución. 

Osmane, un somalí con más de cinco años de residencia en Francia, espera tranquilo sentado en el bus. Cuenta que “los nuevos, los que llegaron hace dos meses, me dan un poco de pena. ¡Han hecho tanto, sufrido tanto para llegar hasta aquí !. Y mirá, mirá lo que les espera”. Osmane es el tango del migrante, la historia que, sin,- que sea contada, se refleja en la absorbente soledad de las miradas: en su caso huyó de Somalia para escapar de las milicias chabab, llegó a Francia, obtuvo los papeles, trabaja, pero nadie le alquila una casa, sea porque no le alcanza “sea porque no entiendo”, dice señalando a un hombre joven, conocido por todos debido a la adversidad de su historia. Es Chenar Gull Nasairi, el afgano. Pasó tres años en Alemania hasta que le negaron el asilo político. Se desplazó a Francia donde, este año, también se le negó el asilo. Aunque Gull Nasairi asegura que en Afganistán los talibanes le pusieron precio a su vida, la Corte Nacional del derecho de asilo no cree ni en su historia, ni en que sea afgano. Ya va por su tercer intento de suicidio. Hay otros ejemplos como él: les rechazan el asilo en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania, en Francia y van así, con el correr de los años, probando de un país a otro.

Luis Barda, miembro de Médicos del Mundo, advierte que los flujos serán más importantes porque quienes estaban bloqueados por la pandemia y el cierre de las fronteras “ahora vuelven a los caminos”. Ismail y Faycal son hijos de ese flujo. Estos dos afganos estuvieron bloqueados en Serbia un par de meses y llevan apenas tres semanas en Francia. Recién ahora empiezan a entender que lo peor está por venir. Faycal cuenta con cierta desesperanza: "obtener una cita con la OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) para presentar un pedido de asilo es imposible”. Y hasta que no lo obtenga tampoco tendrá un estatuto, o sea, ayuda mínima. Por eso terminó a orillas del canal Saint-Denis. ”Fue una sorpresa. Después de todo lo que viví y ahora esto, la calle, las carpas, la policía, los periodistas, no sé, no sé…”. 

El traqueteo y el ruido mundial que destapó la covid-19 silenció sus voces, pero su drama continúa siendo como un fino chorro de agua helada que cae sobre el rostro de mundo. Jagan Chapagain, Secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, anticipa que “el desastre económico de la pandemia y sus efectos devastadores obligarán a muchas personas a desplazarse más allá de sus fronteras. Muchos inmigrantes sentirán que, pese a los riesgos, atravesar el mar será más seguro que permanecer en sus países porque habrá, también, la posibilidad de una vacuna contra el virus”. El canal Saint-Denis recupera su fisionomía. Pero en este paseo al que vuelven los ciclistas ha quedado como un dolor cautivo, una tensión latente. Dentro de unos meses regresarán los inmigrantes, aquí o un poco más al Norte. Volverá la policía, las asociaciones, la palabra y la indiferencia. Ellos están en la frontera de todas las fronteras. Ese lugar donde se acepta la fatalidad sin hacer demasiado para detenerla.

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Mayoría de asesinatos de ambientalistas en 2019 se registraron en América Latina: Global Witness

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios, señala Rachel Cox, de Gobal Witness. «Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice, refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. «Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

  1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos, víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras.

  1. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People’s Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la «recuperación económica tras la crisis del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas, catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

  1. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está «alentando activamente la violencia» contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

  1. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año. Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón y gas.

  1. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una represa en su región.

«Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y «grupos criminales que quieren quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó 1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018. 

 

Aencias

29 julio 2020

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 28 Julio 2020 06:00

Nuevas ilegalidades de Bolsonaro

Paulo Sergio Pinheiro, embajador.   ________________________________________ Imagen: AFP

Revelación en Brasil de un esquema de inteligencia paralelo creado por Sergio Moro

La existencia de “fichas” de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”, confirmaría la persecución política e ideológica de los adversarios. 

 

En medio del torbellino que vive Brasil – al mediodía se supo que el número de infectados por la covid-19 superó los dos millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil –, surgieron nuevas y graves denuncias contra el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa a Bolsonaro de haber cometido “crimen contra la humanidad y genocidio”. Presentada en la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores en el sector de Salud, de enfermeros a médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarde meses en decidir si acepta juzgar denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya ultra-desgastada imagen del ultraderechista y del país.

Hoy hay otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la SEOPI (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor, André Mendonça, transformó la SEOPI en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del SEOPI surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de S.Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras “fichas” idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno, con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en actividad como jubilados, definidos como “antifascistas”.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película “Tropa de Elite”, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la secretaría nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dossier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dossiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales y ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la SEOPI, Paulo Sergio Pinheiro se dijo “absolutamente perplejo”, y pidió una inmediata investigación tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: “Todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos con funcionarios para espiarme?’.

Ya llegaron al Supremo Tribunal Federal pedidos de investigación, incluyendo que se averigüe la existencia de otros dossiers. El gobierno, por su parte, optó por declaraciones formales, que no dicen ni justifican nada.

 Con relación a la denuncia presentada en La Haya, la reacción de Bolsonaro, acorde a sus auxiliares directos, no trajo ninguna sorpresa: dijo que el tema no está en la “pauta presidencial”. Para los que rodean al ultraderechista, “no es hora de darle atención a eso. Si la denuncia es aceptada, entonces el presidente sabrá contestar las acusaciones”.

Por Eric Nepomuceno

Río de Janeiro

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"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional. Imagen: AFP

Dura denuncia de su abogado español, Baltasar Garzón

 

Baltasar Garzón, el abogado español de Julian Assange, afirmó que el fundador de WikiLeaks fue espiado como "en un película" cuando estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange denunció a la empresa española Undercover Global, encargada de la seguridad de la legación diplomática, a la que acusa de haberlo espiado durante años por cuenta de Estados Unidos cuando se encontraba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció entre 2012 y 2019.

"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo el ex juez Garzón al salir de la Audiencia Nacional en Madrid, donde tuvo que declarar este lunes para defender a su cliente.

Es "algo escandaloso", añadió Garzón, refiriéndose a las imágenes de videovigilancia que se le mostraron, y en las que se ve al informático australiano en la embajada ecuatoriana hablando con sus abogados.

 

La denuncia de Assange

 

Según el escrito presentado por Assange, la empresa española colocó micrófonos y cámaras en distintos puntos de la embajada, e incluso en el baño de mujeres, donde el australiano organizaba muchos de sus encuentros. También había micrófonos en la base de los extintores, de acuerdo con la denuncia.

La defensa de Assange, actualmente encarcelado en Londres, espera que la causa por espionaje en España lo ayude en el procedimiento de extradición lanzado en su contra por Estados Unidos.

El informático, de 49 años, se expone a una pena de cárcel de 175 años por haber difundido desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, Afganistán y muchos otros países.

"Hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales británicas todo este material, porque tienen una incidencia directa respecto de la extradición y demuestran desde nuestro punto de vista que Julian Assange ha sido objeto de una persecución política", añadió Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Assange en España.

La justicia española escuchó también este lunes los testimonios de Stella Morris, abogada de Assange y madre de dos hijos suyos, y de Fidel Narváez, ex consul de Ecuador en Londres.

"Julian está mal, pero un poco mejor, digamos, a la espera de la continuidad del proceso de extradición" en Estados Unidos, que debe reanudarse el 7 de septiembre, agregó Garzón.

También en el marco de este caso de presunto espionaje, la justicia española admitió en junio una denuncia del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa contra Undercover Global. En ella, Correa acusa a la empresa de haberlo seguido y haber tomado fotos de sus encuentros con Baltasar Garzón.

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«La tecnología 5G vulnera las garantías individuales y amplía la vigilancia personal»

El investigador de Unicamp destaca que la disputa sobre la tecnología 5G será prevalentemente más política que técnica.

 

Una vez más las cuestiones geopolíticas relacionadas con el futuro de la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IOF según las siglas en inglés) ha colocado nuevamente a China y a los EEUU en el ring geopolítico de la disputa sobre la hegemonía global. El softpower y la tecnología 5G tienen poco que ofrecer a los usuarios en comparación con las ventajas que ofrecerá a las grandes empresas y a los Estados. “Las redes deben servir para poner de manifiesto las demandas corporativas de la industria y del sector servicios como, por ejemplo, automóviles interconectados y autónomos, y sistemas de videovigilancia. Algo que está siendo considerado la “cuarta revolución industrial” (“o industria 4.0”), manifiesta Diego Vicentin profesor e investigador de la Universidad Estatal de Campiñas – Unicamp en una entrevista por email concedida a IHU on-line.

En cuanto a las diferencias entre las tecnologías chinas y estadounidenses el profesor pone de manifiesto que por lo que se sabe hasta ahora no existen grandes diferencias tecnológicas entre ambos modelos pero que el punto esencial lo constituye la cuestión política de la posibilidad de control de las informaciones. La preocupación del gobierno de los EEUU, especialmente la de la administración Trump, se relaciona con la creciente importancia de las empresas chinas en el mercado y, en consecuencia, con el aumento de la importancia de las empresas chinas y, por lo tanto, en la privilegiada situación que ocupan (en términos de espionaje y vigilancia, por ejemplo) en la estructura informativa, incluso dentro de los EEUU, agrega.

Dicha posibilidad de control biopolítico encuentra en la pandemia del coronavirus una especie de catalizador y de tubo de ensayo para experiencias poco preocupadas por los derechos civiles. Monitorear y controlar el contagio del coronavirus para reducir los impactos de la pandemia implica monitorear y controlar a la población (viral y humana) por medio de la extracción, tratamiento y análisis de datos que son a su vez funciones desempeñadas por sistemas de inteligencia artificial, dice Vicentin. “La aparición de la pandemia se vuelve favorable a la realización de experimentos que se benefician con el uso masivo de datos poblacionales considerados sensibles, así como su localización, la temperatura corporal y el contacto interpersonal. Se trata, en consecuencia, de monitorear la vida, de gobernar a individuos y poblaciones, y en consecuencia todas esas intervenciones generan problemas relacionados con los derechos básicos” agrega

Entrevista

IHU On-Line: ¿Qué es la tecnología 5G y en qué se diferencia de sus antecesoras G3 y G4?

D.V.: Las redes 5G se presentan como la quinta generación dentro de la línea evolutiva de las redes celulares de telefonía. Los cambios anteriores, por lo menos desde la digitalización de la señal (2G) tenían por principal objetivo aumentar la capacidad de tráfico de datos en a red. Las generaciones tres y cuatro (3G y 4G) tenían por objeto expandir la utilización del internet móvil y las aplicaciones para la transmisión de audio y de video por streaming servicios que requieren baja latencia. En tal sentido existe cierta continuidad, porque las redes 5G tien también por objeto aumentar la capacidad de tráfico y reducir la latencia. Pero no se trata de vender esa capacidad adicional a los usuarios finales, clientes comunes de los operadores móviles.

Las redes deben servir para informar sobre las demandas corporativas de la industria y del sector de los servicios como por ejemplo automóviles interconectados y autónomos y sistemas de videovigilancia. Algo que viene siendo considerado como la “cuarta revolución industrial” (o industria 4.0) un modo pretencioso de referirse a una economía que está fundamentalmente basada en a industria de las tecnologías de la información y de la comunicación. No solo la que desarrolla la infraestructura material por medio de la que los datos son transferidos sino también aquella que los monetiza o sea el llamado “capitalismo de vigilancia” o “capitalismo de plataforma” Las redes 5G forman parte del entrecruzamiento entre las comunicaciones y la computación electrónica.

Desde el punto de vista de la arquitectura y del funcionamiento de las redes podemos citar algunos cambios que son significativos en el conjunto pero que no constituyen innovaciones revolucionarias con relación a las redes 4G. Es decir son innovaciones que incrementan y mejoran la performance de la red añadiéndoles recursos, como la utilización de trechos adicionales del espectro de ondas de radio y la instalación de un mayor cantidad de antenas en el territorio y la “virtualización” de funciones de la red que dejan de basarse en el hardware y pasan a ser dirigidas por el software.

IHU On-Line: ¿Cuáles son las diferencias existentes entre las tecnologías 5G producidas por China y por los EEUU?

D.V.: Cada una de las generaciones de tecnología celular responde a un conjunto de patrones que permiten la interoperatividad técnica y protegen los intereses económicos de los principales agentes del mercado. Estos patrones son definidos en foros en los que participan las industrias y los Estados nacionales como el 3GPP y la International Telecommunication Union -ITU aunque la formulación de patrones no significa que toda la red 5G se instale y sea operada del mismo modo. El diseño y el manejo de la red se establece entre las empresas operadoras del servicio y los fabricantes de los equipos.

Actualmente predominan las empresas chinas y las estadounidenses y la disputa entre los países se basa en la pelea por la hegemonía política que va mucho más allá de las redes móviles. Quiero decir en concreto que no creo que exista una gran diferencia, clara y esencial, entre las empresas chinas y las estadounidenses que se disputan el mercado 5G que nos permitan decir que existe una tecnología 5G china y otra norteamericana. El disgusto del gobierno de los EEUU y especialmente de la administración Trump se debe a la importancia que las empresas chinas han alcanzado en el mercado y por lo tanto la privilegiada situación que actualmente ocupan (en términos de espionaje y vigilancia, por ejemplo) al definir parte de la infraestructura informativa, inclusive dentro de los EEUU.

IHU On Line – ¿Para qué y a quiénes le sirven las tecnologías 5G que se están desarrollando en diferentes países?

D.V.: Toda nueva generación trae consigo una promesa que no necesariamente se cumple. Las redes 4G ya prometían una performance (que ahora prometen las 5G (capacidad de 1Gb no download). Como dije anteriormente el paso entre generaciones (2G-5G) tenían como principal objetivo aumentar la capacidad de la red para el tráfico de datos. Pero ¿de dónde procede la demanda de tráfico? O mejor dicho ¿quién tiene hoy capacidad para financiar una inversión en una infraestructura de red compleja y costosa como las redes 5G?. No es ciertamente el usuario final. La persona común que se enfurece cuando la red no funciona bien a lo largo de su trayecto diario hacia su trabajo o hacia la universidad. El principal financiamiento procede de las empresas o de los estados interesados en instrumentar sofisticados sistemas de control y de vigilancia sobre los recursos críticos de la infraestructura urbana (tales como los sistemas de transporte, energía y seguridad) y sobre la población. De modo que lo que se prevé para las redes 5G es la comercialización de fragmentos de la red (network slicing) dedicados a los servicios y contratados por empresas como Amazon, Facebook, Google, Uber, etc

IHU On Line: ¿Cómo es que el 5G se instaló en el centro de las fake news relacionadas con el coronavirus y como eso ha llegado a provocar actos de vandalismo en Europa?

D.V.: Existen algunas hipótesis sobre el origen de las teorías conspirativas que asocian el 5G a la pandemia de COVID-19. Una de ellas se basa en una entrevista a un médico de un periódico local de Bélgica. Pero ya existía anteriormente bastante material sugiriendo o afirmando, sin evidencias, la existencia de daños a la salud ocasionados por la intensificación de las radiaciones electromagnéticas derivadas del 5G. El canal ruso RT News que tiene una gran audiencia en el Youtube en inglés es una de las fuentes de haber propagado sospechas sobre los efectos de las redes 5G sobre la salud. La gran penetración que alcanzaron estas teorías en los últimos meses en las redes sociales sugiere que existen insistentes esfuerzos por difundir desinformaciones (a través de propaganda computarizada) y retrasar la instalación de la tecnología 5G. Esto ha provocado una ola de ataques a torres de transmisión y a empleados operadores de redes, especialmente en Europa y en el Reino Unido.

Por otra parte aunque se confirmare el interés de Rusia o de los EEUU ( o de empresas interesadas) en difundir desinformación para atrasar la incorporación del G5 en mercados clave, parte de la responsabilidad deberá ser asumida por os responsables de desarrollar los patrones, especialmente por la industria que no está cuestionando abrir su caja negra para producir transparencia y visibilidad de como opera su infraestructura, creando un terreno fértil para el cultivo de noticias falsas.

IHU On Line: ¿De qué modo la tecnología G5 está directamente vinculada a cuestiones geopolíticas?

D.V.: Las redes 5G generan diversas cuestiones geopolíticas. Mencioné anteriormente la disputa por la hegemonía del mercado entre los EEUU y China, que ciertamente no se limita al 5Gesta disputa se halla frecuentemente descripta como una carrera tecnológica vinculada a áreas estratégicas del desarrollo de las TICS que incluyen las tecnologías de inteligencia artificial (IA). Las tecnologías de la información no son solo aquellas que en cierto modo lideran el desarrollo económico e industrial, sino y principalmente los medios de ejercer el poder sobre la población humana y las máquinas.

Cuando se espera que el G5 constituya el medio de conexión de las infraestructuras críticas para el funcionamiento de las formas de vida en los centros urbanos y para el sistema productivo de las ciudades y de los países. La vulnerabilidad del sistema a los ataques externos e internos se convierte en una cuestión vital. Es preciso lidiar con el hecho de que esas redes son penetrantes sistemas de vigilancia que captan una inmensa cantidad de datos que generan conocimiento y posibilidades de intervención sobre la economía, la salud, el estado espiritual de una determinada población en un determinado territorio. La información es poder.

En lo que específicamente respecta al 5G la animosidad entre los EEUU y China aumentaron cuando la administración Trump decidió incluir a las empresas chinas como Huawei y ZTE en un listado que genera un embargo que prohíbe realizar negocios con empresas norteamericanas que son las principales proveedoras del sistema productivo. La justificación del embargo expresa que las empresas chinas cooperan con su gobierno agregando fragilidades intencionales (conocidas como backdoors) que permiten el espionaje y la vigilancia. Hace poco más de un año antes del bloqueo un memorando interno del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de los EEUU se filtró en la prensa. Dicho memorando defendía la acción directa de los EEUU en el desarrollo y la instrumentación de la infraestructura 5G destacando que es imposible garantizar la seguridad de la infraestructura instalada y operada por empresas extranjeras. De modo que el sistema sería vulnerable a la vigilancia y al espionaje como también los ataques directos al funcionamiento de las infraestructuras críticas.

Una de las características de las redes 5G es que tienen muchas más funciones y procesos internos controlados por software lo que agrega una serie de fragilidades adicionales. Tales son los aspectos mencionados por el informe sobre evaluación de riesgos producido por la Comunidad Europea que incluye históricamente a las principales organizaciones de desarrollo de patrones que conforman el mercado global. Dicho bloque no adhirió al bloqueo de las empresas chinas pero algunos países limitaron su participación en el mercado.

Eso se debe a que algunas funciones de las redes 5G dependen en gran medida de proveedores de equipamiento (como Huawei) y colocan a las empresas operadoras del servicio (como Vivo o Claro en Brasil) en una relación de dependencia externa, especialmente en los casos en que la operadora le otorga la exclusividad a un proveedor de equipamiento para la instalación de su red. La ganancia de escala que bajaría los costos produciría en sentido inverso la dependencia del proveedor. Además, las permanentes actualizaciones del software (normalmente un propietario protegido por patentes) dificultarían la identificación de las fragilidades ya fueren intencionales o no.

IHU On Line- ¿Cómo puede funcionar la pandemia del covid-19 como un gatilllo de violación de los derechos humanos fundamentales y si tiene que ver con la tecnología 5G?

D.V.: La pandemia de covid 19 sirve de catalizador de procesos que ya venían siendo programados por la industria de los TICs y los estados y los gobiernos, Esto se debe a una serie de factores entre los cuales el más obvio es que nos hemos vuelto más dependientes de los TICs debido al distanciamiento social adoptado por mucha gente. Se han intensificado el teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia, las compras y los pagos online, etc. La segunda razón es que los TICs pueden servir de remedio a la crisis, desempeñando una de sus principales vocaciones que es la de vigilar, controlar y gobernar a la gente. Monitorear y controlar el contagio del coronavirus para reducir los impactos de la pandemia implica monitorear y controlar a las poblaciones (virales y humanas) por medio de la extracción y análisis de datos funciones actualmente desempeñadas por sistemas de inteligencia artificial.

Hace un par de semanas un grupo de investigadores hizo público un artículo que defendía el uso de datos recolectados en las redes sociales (Facebook y Twiter), en los motores de búsqueda (Google) y en “termómetros inteligentes (Kinsa) por su mayor eficacia en la anticipación de las ondas de crecimiento del contagio del covid-19 con relación al uso de indicadores tradicionales en la epidemiología como la cantidad de casos confirmados, las hospitalizaciones y las muertes. Las redes sociales, los motores de búsqueda y otros instrumentos conectados permiten la recolección de datos de manera permanente y en “tiempo real” Ese flujo alimenta algoritmos de aprendizaje que sirven para monitorear e identificar señales de crecimiento de la contaminación en una determinada región con algunas semanas de anticipación. Estos datos podrían ser decisivos en la adopción de medidas de lucha contra la pandemia como el cierre de escuelas y de comercios o hasta para establecer un lockdown. Existen ya innumerables iniciativas como estas que pretenden utilizar o ya lo están haciendo datos de comportamiento recogidos en internet o en aplicaciones de smartphones para controlar y monitorear la pandemia. Uno de los casos recientemente más discutidos es la aplicación del rastrillaje de contactos vía bluetooth, diseñados por Apple y Google. La aparición de la pandemia introduce un escenario favorable a experimentos que se benefician con el uso masivo de datos considerados sensibles como su ubicación, su temperatura corporal, las personas con las que se tuvo contacto. Se trata de regir la vida, de gobernar a las personas y a las poblaciones y en consecuencia, todas las intervenciones en ese terreno plantean cuestiones relacionadas con los derechos básicos.

Termómetros inteligentes

La red de termómetros inteligentes antes citada (Kinsa) usada como fuente de investigación reúne datos de mediciones de fiebre en más de medio millón de domicilios de los EEUU. El aparato registra las mediciones de temperatura y puede incluir información sobre otros síntomas no aplicables en el smartphone. Esos datos son comercializados por la empresa Kinsa Insights u otras empresas interesadas en acciones de marketing como las que ofrecen consultas médicas on line. El termómetro es apenas un ejemplo entre otros de “objetos inteligentes” (es decir conectados) que forman parte del “internet de las cosas” que a su vez integra el futurista escenario de las “ciudades inteligentes”, de la “industria 4.0”, los servicios de entrega mediante drones, vehículos autónomos y redes 5G consideradas las estructuras responsables de las conexiones entre las cosas.

Algunas proyecciones indican que las redes 5G deben admitir más de un centenar de objetos conectados por persona aun en ambientes densamente ocupados. Tales objetos tendrán por finalidad captar datos sobre las actividades de grupos y de individuos en espacios públicos y privados que serán mercantilizados por medio del marketing basadas en el conocimiento producido por las técnicas de la inteligencia artificial. Tales conocimientos serán más densos e incisivos cuanto más se multipliquen las fuentes de datos en tiempo real que aportarán las redes 5G.Ya sabemos teniendo en cuenta los acontecimientos de esta última década que su utilización puede estar al servicio menos legítimos que la instrumentación de políticas públicas como la realización de campañas de propaganda política y de desinformación (como en el caso de Cambridge Analytica) De modo que es preciso estar muy atento en relación ante las posible violaciones de la privacidad en los casos de discriminación por raza, clase o género con el objeto de garantizar y de proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Por Ricardo Machado | 27/07/2020 

 

Traducido del portugués para Rebelión por Susana Merino

Fuente: http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/601159-alem-da-cortina-de-fumaca-da-disputa-entre-eua-e-china-tecnologia-5g-vulnerabiliza-as-garantias-individuais-e-amplia-a-vigilancia-pessoal-entrevista-especial-com-diego-vicentin

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Jueves, 23 Julio 2020 06:30

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

 

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia. El texto de la Carta es el siguiente:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.

 Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.

 Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

  • • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.
  • • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico”.

[La Carta es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]

Como Comunidad de Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de quienes pensamos diferente en este país.

                                             Comunidad de Paz San José de Apartadó

                                                                  Julio 20 de 2020  

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Covid-19: oportunidad del neoliberalismo para impulsar una brutal neo privatización educativa en América Latina

Escalamiento del Apagón Pedagógico Global 

 

Desde el año 2015 venimos denunciando el riesgo que ocurriera un Apagón Pedagógico Global(APG). Advertíamos que este APG tendría una expresión concreta en la virtualización y la relocalización en la  casa  de una parte importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo decíamos por tremendismo, sino porque esta tendencia al APG había sido anunciada en varios documentos de las Bancas de Desarrollo y de los organismos multilaterales. Sin embargo, buena parte de la izquierda pedagógica desestimó este escenario al considerarlo improbable. Comprender esta realidad implicaba reconocer que estamos ante un reseteo planetario de la cultura educativa, lo cual desafiaba muchas de las certezas construidas en el campo de las alternativas pedagógicas. La más reciente publicación del Foro Económico Mundial de Davos “COVID-19: el Gran Reseteo” (julio, 2020) confirma las valoraciones y análisis prospectivos que hacíamos hace años.

Siempre señalamos responsablemente, que no sabíamos cuál sería el evento o el mecanismo para ello, pero que la tendencia del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial apuntaba en esa dirección. El COVID-19 se convirtió en el evento que construyó las condiciones de posibilidad para el desarrollo a escala planetario del Apagón Pedagógico Global.

La transición entre la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial hizo inminente el APG. Esta transición comportaba la consideración, por parte del capital, de la obsolescencia de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial. Obsolescencia determinada por el impacto de la aceleración de la innovación en los procesos educativos.

La cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19 obligó a generar respuestas en materia de escolaridad y educación. Las medidas educativas elaboradas por las burocracias de los ministerios de educación, fueron construidas a partir de la apelación al concepto de “emergencia”. La real emergencia sanitaria, fue usada para desarrollar un giro inusitado, dramático y excluyente en la educación. La llamada emergencia educativa sirvió de pretexto para que en la mayoría de países se intentara dar continuidad a las labores escolares, ya no en las escuelas, liceos y universidades sino “en casa” y por mecanismos remotos, en su mayoría codificados al público bajo las expresiones de “educación virtual en casa, “universidad en casa”.

 

El paradigma neoliberal de la sociedad educadora

 

Esta “nueva Realidad” nos obliga a revalorar el paradigma educativo neoliberal de la “sociedad educadora”, que desembarcó con fuerza en la región en la década de los ochenta del siglo XX.  Esta iniciativa, en la era de la transnacionalización del capital y de la mundialización cultural contemplaba la intención de ir transfiriendo a las familias, docentes y estudiantes, las condiciones mínimas para el cumplimiento al derecho a la educación.

El fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el pago de las matrículas y “colaboraciones para las sociedades de padres y representantes” en las escuelas públicas, sirvieron como caballo de Troya para intentar recargar en las familias los costes del mantenimiento de los planteles escolares, las actividades extraordinarias, los docentes suplentes, etc., en la ruta para que las madres y los padres fueron asumiendo la responsabilidad educativa que correspondía a los Estados. Cada vez más se le fue transfiriendo a las familias muchas de las responsabilidades que otrora habían asumido los Estados.

Esta intención pudo concretarse solo parcialmente y de manera desigual en los países de la región, gracias a la movilización del magisterio, los profes universitarios y los estudiantes; las familias lo hicieron en menor medida, atrapadas por la cultura evaluativa de la calidad educativa.

La exigencia de mayores aportes a los sistemas escolares por parte de las familias se encubría con el discurso funcional de la co-responsabilidad para alcanzar una educación inclusiva de calidad, algo que se convertía en un chantaje funcional para la desmovilización de las familias. Esa “noción” de la co-responsabilidad comporto un salto en la construcción de hegemonía, sobre la necesidad que los Estados “compartieran” con las familias los costes de la educación pública. Esta operación de propaganda, abrió las puertas a reformas en las constituciones nacionales y las leyes de educación que implicaron un abandono drástico de las responsabilidades del Estado, encubiertas con discursos progresistas.

 

La obligación de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para el derecho a la educación

 

Desde una perspectiva emancipadora y de Estado Docente, la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es de los Estados Nacionales. Es decir, los Estados entre otras cosas, deben garantizar que a) el presupuesto destinado a la educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto o menor del 20% presupuesto público; b) exista una legislación educativa que garantice el acceso universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones, por lo menos, a los estudiantes de educación inicial y primaria. En algunos países esta obligación se extiende al bachillerato; c) elaborar los planes de estudio y los modelos de enseñanza-aprendizaje que garanticen un aprendizaje contextualizado a cada realidad, desafíos epocales y necesidades de la población; d) construir la infraestructura necesaria (escuela, liceos, preescolares, universidades) para garantizar la igualdad de condiciones de aprendizaje; e) dotar las escuelas, liceos y universidades de los elementos, equipos y contenidos inherentes a la aceleración de la innovación y garantizar que todes los y las estudiantes tengan las mismas condiciones de acceso a estas tecnología y conocimientos; f) desarrollar una continua actualización de la formación inicial y permanente de los y las docentes que permita  garantizar el papel de la escuela como institución democratizadora del conocimiento entre los sectores populares.

Previo a la pandemia, muchas de estas condiciones mínimas de partida no eran cubiertas por los Estados nacionales, lo cual generaba resistencias, movilizaciones y denuncias del movimiento magisterial y estudiantil.

La desinversión en educación y la precarización de las condiciones de trabajo de los y las docentes actuaban como disparadores de la premisa neoliberal de abandonar la responsabilidad de los Estados con la educación pública, dando paso al modelo de sociedad educadora.

Debemos tener cuidado que el logro del 6% del PIB como piso mínimo no sea usado en buena medida para la firma de contratos con las grandes transnacionales tecnológicas en materia de contenidos educativos digitales y virtuales, ni para construir la infraestructura base para la transición a la cuarta revolución industrial, escenario en el cual se continue recargando en las familias, estudiantes y docentes el grueso de la inversión en equipamiento tecnológico básico (computadores, laptos, celulares) y la conectividad al internet. Subrayar siempre que esto es (y sería) privatización educativa y triunfo del paradigma neoliberal de sociedad educadora.

En el plano internacional el neoliberalismo educativo cada vez más se aseguraba que en muchos de los protocolos de los organismos multilaterales, el derecho a la educación apareciera sin sus apellidos sustantivos de gratuita, popular, científica y laica. Cada vez más en estos protocolos aparece el compromiso de vincular el sector privado al cumplimiento del derecho a la educación, que no es otra cosa que la transición a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una mercancía.

El tránsito abrupto de un modelo de educación presencial en las escuelas, al modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” y, el temor del contagio mortal, posibilitó un acelerado abandono de las premisas de responsabilidad de los Estados Nacionales que le obligan a garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del derecho a la educación.

 

La neo privatización educativa en el marco de la pandemia del COVID-19

 

El Coronavirus aceleró y escaló a una dimensión impensable solo meses atrás, las tendencias privatizadoras de la educación. El modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” que han impulsado los sistemas educativos en América Latina ha comportado una privatización de hecho. Las responsabilidades de los Estados de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido abandonadas y se ha entrado en la lógica del neoliberalismo educativo.

Ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19 son las familias, les estudiantes y los y las docentes, quienes deben asumir los costes del pago del internet, la suscripción a plataformas privativas para poder dar clases, la compra o reparación de sus computadoras para dar clases. Los Estados se desentienden de su responsabilidad usando el acostumbrado lenguaje de la “vocación docente”, de la “mística de los educadores”. Se trata de una Neo privatización educativa a escala global.

Muchos de los contenidos educativos en este contexto de “virtualidad en casa”, son aquellos que están disponibles en las plataformas privativas. Los y las docentes no fueron formadas y no están siendo formados adecuadamente para trabajar en entornos digitales, lo cual ha implicado una serie de déficits y problemas derivados del ensayo y error, de “como va viniendo vamos viendo”.

Se pretende culpabilizar de los errores de la coyuntura a los y las docentes, convirtiéndose el Estado en un evaluador que con desenfado traslada su responsabilidad a terceros, usando los criterios de la cultura evaluativa. La culpabilizacióna  los docentes, es una cortina de humo que procura ocultar que se está produciendo una brutal privatización educativa.

Las condiciones en las cuales se están desarrollando los procesos de enseñanza aprendizaje son desiguales y estratificadoras. Muchos estudiantes no cuentan siquiera con una casa donde estudiar de manera estable, otros no poseen familia que les apoyen, la mayoría no tienen textos o acceso a internet, ni computadoras.

La escuela, con sus programas alimentarios procuraba garantizar que todes comieran por lo menos una vez al día, precisamente para igualar las condiciones de partida para aprender a aprender. Las medidas tomadas por los ministerios de educación han roto en solo meses, la conquista social de asociar el derecho a la educación con garantías de igualdad de condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esa “nueva normalidad” está siendo poco denunciada, por el contrario, en muchos casos, está dinámica ocurriendo con el silencio cómplice de importantes sectores de la academia y los sindicatos burocráticos patronales.  Como en todo proceso de opresión, las resistencias marcan la diferencia y hoy casi un centenar de organizaciones del magisterio en la región, educadores populares y pedagogos críticos han comenzado a denunciar y movilizarse en contra de esta realidad.

 

Educación de primera para incluidos en la tecnología, educación de tercera para los excluidos de la tecnología.

 

Para colmo, con el pretexto de la emergencia sanitaria se está produciendo una nueva estratificación de la educación. Los que tienen acceso a computadores e internet, cuyo porcentaje no excede el 50% de la población en América Latina y el Caribe, son los que tienen la posibilidad de participar en la educación remota que intenta darle continuidad a los procesos de escolarización. Estas condiciones previas son las que se venden como logros de acceso a la formación, que en realidad son simplemente acceso a a información actualizada. Se confunde la capacidad individualizada de navegación conducida por la red de internet con aprendizajes.

Los otros y otras, la mayoría de estudiantes, que no tiene acceso a computadora e internet, están recibiendo enseñanza por televisión o radio, con contenidos y metodologías de la televisión educativa de los sesenta del siglo XX, transitando el aprendizaje con una mirada desde el retrovisor, no hacia el presente y el futuro.   Esto redundará en nuevas formas de exclusión. Es una educación de segunda para pobres.

Por otra parte, quienes viven en zonas de difícil acceso y precaria conectividad, con limitadas posibilidades incluso de acceder a una señal de radio, están recibiendo una educación por módulos, educación de tercera, que trata de ocultar que les están dejando en los bordes de la marginalidad intelectual.

La apelación a la contingencia y la emergencia para producir esta privatización educativa no tiene justificación alguna, más aún cuando las autoridades educativas desoyeron las advertencias que hicimos desde cinco años sobre un inminente Apagón Pedagógico Global (APG) y la obligación que tenían los Estados para prepararse para escenarios como estos, con la mirada pensada en la inclusión educativa y la justicia social.

 

La escuela no volverá a ser lo que era

 

Esta realidad no puede hacer que nos refugiemos de manera conservadora en intentar volver a las condiciones existentes antes de la pandemia. La escuela, liceo y universidad que teníamos en febrero del 2020 tampoco representaban la aspiración de los sectores populares y críticos, respecto a lo que debería ser una educación liberadora y emancipadora.

Se trata entonces de comprender y trabajar de manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica, científica y presencial, que reivindique la tradición y el saber pedagógico acumulado por décadas, pero que sea también sea capaz de empalmar con lo nuevo, lo emergente en clave de resistencia anticapitalista.

 

Alternativas 

 

Ciertamente lo peor que puede pasar es que un niño, niña o adolescente quede desconectado del sistema escolar. El hecho que consideremos que es necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la educación por televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la conexión digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva estratificación, con un claro sentido de clase.

Son los pobres, las mujeres trabajadoras, la clase obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de marginalidad en los barrios quienes están resultando más afectados por la neo privatización educativa en marcha y la estratificación de la escolarización determinada por el acceso a computadores y conexión a internet.

Las alternativas están en el plano epistémico y en la organización para la resistencia.  En el primero, la sorpresa y la sensación de vértigo que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha causado en amplios sectores progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es clarificar lo que está pasando y establecer de manera compartida el horizonte inmediato contra la opresión neoliberal.

Lo segundo, reivindicar que las experiencias de colectivos pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con fuerza como una práctica muy potente para avanzar de manera colectiva, desde abajo, en la comprensión de lo ocurre y la elaboración de resistencias anticapitalistas.

Tercero, fortalecer la unidad de los sindicatos y gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores populares y pedagogos críticos para de manera conjunta elaborar una ruta de acciones coyunturales y estratégicas.

Es momento de inventar para no errar.

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El derecho a las semillas como condición para la soberanía alimentaria

En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.

Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo  los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Históricamente, han sido mejoradas  y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.

De bien común a propiedad privada

A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.

Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.

A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.

De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.

En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.

En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.

La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.

En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.

Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.

Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.

21 julio 2020

Publicado enSociedad
Martes, 21 Julio 2020 06:28

Homo Teletrabajador

Homo Teletrabajador

UNO Como criatura mitológica en friso antiguo, en bestiario medieval o en cómic de la Gran Depresión que ahora vuelve: seres mixtos, mitad de esto y parte de aquello. Así está Rodríguez a orillas de raras vacaciones '20 luego de tanto raro tiempo vacante: saco y camisa y corbata en reunión telemática con clientes y --de cintura para abajo--chándal o calzoncillos o au naturel donde el ojo de la cámara, espera, no alcance a ver o revelar.

Y ya todo se va re(a)normalizando. Y qué raro que ya era el poder salir no porque no haya virus (se sale no de la pandemia sino con la pandemia) sino porque ya hay sitio en los hospitales siempre y cuando no se potencie lo que la Consejera de Salud de Cataluña ya define como "momento horroroso de complejidad". Así, de pronto y de nuevo y "paso previo a medidas más drásticas": sugerencia "a voluntad" de "no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario".

Tarea para el hogar: definir "sugerencia", "voluntad", "estrictamente", "necesario".

DOS Y no es fácil mantener enmascaradas distancias seguras en oficinas breves. Así que rotar elenco y alternar el escritorio con mesa de cocina/comedor o laptop sobre rodillas, aún más de rodillas.

Y al principio, claro, fue la sensación del ya-no-tener-que-ir-a-trabajar. Pero enseguida se descubrió que ese oasis era espejismo. Y que (promedio de dos horas extra no pagas al día) se trabaja más que nunca. Y que se ha perdido lo más importante de toda jornada laboral: salir del trabajo.

TRES Ahora, de pronto, el proceso se ha "agilizado" y el covid-19 ha actuado como acelerante de la movida. Así, algunos regresan como visitando museo del pasado reciente donde mantienen reuniones por Zoom a pocos despachos de separación. Pero Microsoft y Amazon y Facebook y Google --los dueños del mundo-- ya han autorizado a sus huestes a que sigan desde casa el resto del año. Y Twitter ha más que sugerido que no hace falta que se vuelva a sitios que solían frecuentarse. Y ya se calcula que el 40% de la población laboral europea --el 60% en los países del norte-- se ha puesto a ello. En España se pasó del 4,8% al 34% en un contexto en el que sólo el 25% de las firmas y marcas y apenas uno de cada tres trabajadores estaban preparadas y listos para dar el gran saltito. Aun así, el 95% de las empresas españolas debieron ponerlo en práctica por obligación a partir de los sin vuelta idus de marzo. Y ya se ha sabido que el 56% de las firmas locales o con base en la península se ha propuesto revisar "estructuras". Sí, las grandes-medianas-pequeñas empresas comprobaron lo que ya sabían: no hace falta tanto costoso espacio físico. Y, si se lo piensa un poco (y en eso están pensando más y más) tampoco hacen falta tantos empleados con beneficios a cargo del amo --café, vacaciones, sanidad y romance compañeril-- cuando se puede contar con mercenarios distantes pero dispuestos a lo que sea y de los que ni siquiera hará falta aprender sus apellidos. Muy pronto The Office será algo así como ciencia-ficción retro (lo mismo el no hace mucho estrenado y enseguida cancelado Job Interview: S&M reality show cuyo premio era "el trabajo de tus sueños"). A partir de ahora, todo va a ser más parecido a faenar en el Overlook de The Shining del lento Kubrick (y no del veloz King) por estos días festejando cuarenta años de desocupación y con el poseído autónomo Jack Torrance tecleando una y otra vez la misma frase en un hotel sin turistas pero con fantasmas.

CUATRO Así, la idea es acabar con la cultura del presentismo vacuo y suplirla por la del ausentismo omnipresente. Y ya se conocen algunos de sus bajísimos y sombríoshighlights: dolores por falta de mobiliario ergonómico, pérdida de masa muscular, dificultades al hablar, desgaste ocular, trocanteritis (inflamación del fémur por andar todo el día en pantuflas), ennui en las obligatorias "micropausas", la familia como ruido blanco (incluyendo a hijos telealumnos en clase de maestros teletrabajadores), emails y videoconferencias a cualquier hora, piyamas que deben ser casi extirpados, temor a estar siendo rastreado por rastreras y tóxicas entidades invisibles. Y así lo que se vendió como flexibilidad resulta ser rigidez. Y los sindicatos susurran que va siendo tiempo de legislar eso del derecho a la desconexión más allá de borroneados borradores. Y la patronal gruñe y amenaza con contratar lejos y más barato. Y Rodríguez sonríe que, de asumirse teletrabajador, será lo más cerca que jamás estuvo de llevar su deseada vida de escritor.

CINCO Y no dejan de recomendarse "métodos" para la reorganización de lo laboral en doméstico. La llamada Técnica Pomodoro (grandes tareas en pequeñas secciones, como añadiendo ingredientes para una salsa); la Regla de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell; la aplicación de apps que ayudan a la concentración como Focus To-Do, Tide, Be Focused/Focus Timer. Y, claro, Rodríguez no se ha concentrado en ninguna. Tampoco presta mucha atención a los que celebran que el teletrabajo significará ahorro en medio de transporte (y de 10.000 euros por empleado para sus empleadores) y reducirá impacto contaminante sobre medio ambiente. O a los que alertan sobre efectos de aislamiento social y pérdida de interactuación con seres a veces más queridos que los seres queridos. O al que las encuestas en España revelen que solo 4,5 trabajadores de cada 10 querría seguir teletrabajando en su oficina, dulce oficina hogareña. O a que un 13% sigue yendo a trabajar con síntomas de covid. ¿Por qué? Sencillo: por miedo a quedarse fuera del adentro y porque no les gusta mucho el sitio donde viven y por el que sudan una hipoteca cuyo pago se hace cada vez más hipotético. De ahí que aún prefieran salir del ascensor como quien entra a una plaza de toros para triunfal paseíllo y cortar orejas o ser arrastrado a enfermería corneado a traición por coleguita o, incluso, sentir ese pálido sudor frío cuando llama Dirección para vaya a saberse qué pero sospechando que el nombre propio ya no figura en cartel de corridas sino en listas de los a correr.

SEIS Y de aquí a unos años llegará nueva epidemia para la que nadie buscará vacuna: La Singularidad y adiós al 50% del trabajo humano y hola a máquinas sin tanto trauma personal y conflicto profesional. Y las oscuras golondrinas a volver serán encandiladores buitres volando en círculos.

Mientras tanto y hasta entonces, encomendarse a borrascosas cumbres abismales y continentales, ponerse el piyama de trabajo, negociar cada uno lo mejor que pueda (¿quién pagará la electricidad y ordenadores y wifi?) y rezar porque Zoom no incluya pronto función automática de teledespedido para teledesempleado.

"Salimos más fuertes" fue el slogan de publicidad gubernamental ocupando (por una vez todos de acuerdo en la misma mentira) la costosa primera plana de todos los diarios.

Pero en verdad lo que más preocupa a Rodríguez (en estas últimas tardes con nadie, encerrado con un solo juguete, diciéndose caído pero que un día volverá; cada vez más débil, fuera de sí y, por momentos, horrible) es si pronto quedará algún sitio donde meterse trabajosamente que no sea la propia/alquilada casa y allí --de 9 a 5 aunque hasta el infinito y más allá-- sentirse tan en pelotas.

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