Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

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Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enEdición Nº258
Personas pobres afectadas por las disputas de tierra en Cambodia se han visto obligadas a vivir en un cementerio en Phnom Penh.Foto Afp

Al llamar a redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema, especialmente la rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que se calcula que 10 por ciento de la población mundial se encuentra en esa condición.

 

El organismo expuso que "desde 1990 el progreso mundial para reducir la pobreza no tiene parangón". Sin embargo, "alrededor de 736 millones de personas siguen padeciendo" esta condición y es muy posible que las cifras aumenten. “Se espera que una desaceleración continua del crecimiento económico mundial impida –o incluso invierta– el progreso hacia la reducción de la pobreza, en particular en las zonas rurales de los países más pobres”.

 

De acuerdo con el Banco Mundial, de 1990 a 2015 la tasa de pobreza extrema se redujo, en promedio, un punto porcentual por año (de casi 36 por ciento a 10), pero sólo bajó un punto entre 2013 y 2015.

 

En ese lapso, mil millones de personas salieron de ese rango, pero una desaceleración económica mundial podría poner en riesgo el Objetivo de Desarrollo Sostenible de eliminar la pobreza en 2030.

 

Sostuvo que se debe hacer más evidente el vínculo entre pobreza y hambre, "promoviendo la coherencia de las políticas entre los sectores de la protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición y facilitando programas que aglutinen la asistencia social, el acceso a la educación nutricional, la atención sanitaria y una agricultura que tenga en cuenta la nutrición". Llamó a la inclusión económica de las personas en extrema pobreza en las zonas rurales, con la promoción de inversiones agrícolas y para la alimentación y de las oportunidades de empleo.

 

Señaló que es esencial promover medios de vida ambientalmente sostenibles y resilientes, incluyendo la reducción de la pobreza en las medidas relativas al cambio climático. "Teniendo en cuenta estas tendencias, la FAO considera que es necesario un mayor esfuerzo para llegar a las personas extremadamente pobres, que viven predominantemente en las zonas rurales".

Publicado enSociedad
La imagen de Steffen Olsen, del Instituto Danés de Meteorología, dio la vuelta al mundo. En ella se observa a sus perros de trineo avanzar con dificultad en una zona de hielo derretido. La experta Ruth Mottram teme que por las temperaturas récord aumente el descongelamiento del glaciar más alto de Groenlandia, el cual podría afectar a zonas costeras del mundo. Foto Afp

Sólo el 17 de junio perdió 3 mil 700 millones de toneladas de hielo // Se romperá récord de 2012, advierten

 

Copenhague. Aún no ha llegado el verano y los científicos ya temen un infierno en Groenlandia debido a las temperaturas récord y a la anticipación del deshielo. De continuar así, en el futuro el derretimiento de la capa congelada podría inundar las zonas costeras del planeta.

 

Los científicos no excluyen que 2019 sea un nuevo annus horribilis para el continente blanco. "Es posible que se batan los récords de 2012, tanto en lo que concierne a la banquisa (capa de hielo provocada por el congelamiento de las aguas oceánicas) más baja del Ártico (...) como para el deshielo del casquete glaciar más alto de Groenlandia", advirtió Ruth Mottram, climatóloga del Instituto Danés de Meteorología (DMI). "Esto dependerá sobre todo de las condiciones climáticas", agregó.

 

Una foto impresionante del deshielo precoz captada la semana pasada en el noroeste del territorio por un científico del DMI ha dado la vuelta al mundo.

 

En tanto buscaba balizas oceanográficas y una estación meteorológica, Steffen Olsen captó la imagen de sus perros de trineo avanzando con dificultad sobre un fiordo cuya banquisa estaba recubierta por cinco o seis centímetros de hielo derretido. Bajo un cielo extremadamente azul, frente a las montañas casi sin nieve, el trineo parece navegar sobre el agua.

 

"La imagen es impactante (...) puesto que muestra realmente cómo está cambiando el Ártico", prosiguió Mottram.

 

"Los lugareños (que acompañan la expedición) no esperaban que la banquisa empezara a fundirse tan pronto. Acostumbran tomar la ruta porque el hielo es muy espeso, pero tuvieron que dar marcha atrás debido a que el agua era cada vez más profunda y ya no podían avanzar."

 

La víspera, el 12 de junio, la estación meteorológica más cercana, la de Qaanaaq, registró 17.3 grados Celsius, o sea 0.3 grados por debajo de su récord absoluto del 30 de junio de 2012.

 

"El invierno ha sido seco y recientemente hubo corrientes de aire caliente, el cielo despejado y mucho sol, todas las condiciones necesarias para un derretimiento precoz", señaló Mottram.

 

A medida que la atmósfera se calienta, se espera que este fenómeno se agrave, con la consecuencia de alterar el modo de vida de la población local, al reducir los periodos de caza y perturbar el ecosistema.

 

La cantidad de osos polares en todo el Ártico ha disminuido en 40 por ciento durante la última década, según el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, así como la de narvales –también llamados unicornios de mar–, que se encuentran cada vez más privados del refugio natural que constituye para ellos la banquisa contra la orca, un temible predador.

 

El 17 de junio, en un solo día, Groenlandia perdió 3 mil 700 millones de toneladas de hielo, según estimaciones del instituto danés.

 

Desde comienzos de este mes, la pérdida ha llegado a 37 mil millones de toneladas, escribió en su cuenta de Twitter Xavier Fettweis, climatólogo de la Universidad de Lieja, Bélgica.

Publicado enMedio Ambiente
Por qué es más correcto hablar de "crisis climática" y no de "cambio climático"

El término "crisis" incide en cómo afecta a la sociedad la actual coyuntura climática. Tanto científicos especializados como colectivos ecologistas llevan meses utilizando este concepto para evidenciar la emergencia del momento.  

 

La realidad informativa de España, este diario incluido, utiliza de manera habitual términos como "cambio climático" o "calentamiento global" para referirse a los problemas medioambientales que sufre el planeta. Aunque estos conceptos son válidos, la expresión "crisis climática" parece haber calado en los entornos ecologistas. Con ella se busca evidenciar que la situación medioambiental del planeta pende de un hilo temporal de tan sólo diez años, tal y como advierten los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).

Fueron precisamente los científicos del IPCC los que emplearon las palabras "crisis" y "emergencia" para referirse a la situación climática del presente. Unos conceptos que fueron recogidos por los colectivos sociales que durante los últimos meses han salido a las calles de Europa, capitaneados por la joven Greta Thunberg, para reclamar acciones políticas que reviertan los riesgos medioambientales hacia los que camina la humanidad.

Esto no quiere decir que los otros términos hayan quedado desactualizados, de hecho, seguirán apareciendo en las informaciones tal y como ocurre en el resto de publicaciones científicas. Sin embargo, el reconocimiento de la crisis climática a nivel mediático tiene que ver con "subir el nivel del debate", expone Héctor de Prado, responsable de Energía y Clima en Amigos de la Tierra. "Al final se trata de comunicar, pero hay que darle el significado real a las palabras y hay que hacerlo de una manera honesta", añade.

"Cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la forma en la que pensamos", argumenta Javier Andaluz, responsable de Clima en Ecologistas en Acción. El activista expone que el cambio terminológico que se está dando en los últimos meses tiene que ver con "asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de grandes magnitudes que nos afecta en muchísimos aspectos de la vida cotidiana".

Se trata, además de una medida que trasciende a los medios de comunicación. Buen ejemplo de ello es The Guardian, que el pasado mes de mayo decidió incluir "crisis climática" dentro de su libro de estilo. "Queremos asegurarnos de que estamos siendo científicamente precisos, al mismo tiempo que nos comunicamos claramente con los lectores sobre este tema tan importante", argumentaba Katharine Viner, jefa de edición del medio británico.

El guante del periódico ingles lo ha recogido también la propia Fundéu española –fundación que vela por el buen uso del lenguaje en los medios de comunicación–, que hace una semana publicó una nota en la que advertía de que el concepto "crisis climática" era el "más adecuado para referirse a la magnitud y a las consecuencias del calentamiento global causado por la actividad humana".

"Si bien en los medios de comunicación se viene empleando la denominación cambio climático para aludir al aumento de la temperatura del planeta Tierra provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles, amplios sectores de la comunidad científica consideran que se trata de una fórmula que no describe con la suficiente precisión la gravedad de la situación actual", exponía la fundación de la Agencia EFE.

 

Diferencias terminológicas

 

Cambio climático, calentamiento global, crisis climática. Son conceptos válidos. Incluso pueden emplearse como sinónimos a nivel informativo, pero tienen diferencias importantes a nivel científico. 

Cuando hablamos de cambio climático nos referimos estrictamente al fenómeno físico que se ha dado en el planeta y que se sigue dando, sea de manera natural o inducido por el ser humano. Es decir, las mutaciones climáticas, las modificaciones en las temperaturas y las precipitaciones o las transformaciones de los patrones del viento son cualidades que han estado presentes a lo largo de la historia del planeta. Este término, por ende, no incide en el origen antropogénico de la coyuntura climática del presente. 

El calentamiento global, por su parte, es el fenómeno final o el resultado climático que se está experimentando en la actualidad. Este término, a nivel científico, hace referencia a la subida de las temperaturas del planeta y a cómo estas pueden cambiar los ecosistemas.

Sin embargo, la terminología referida a la "crisis" y a la "emergencia" climática, sin negar nada de lo anterior, apunta a la acción del ser humano y las emisiones que esté genera como causa principal de las mutaciones que se están produciendo en la Tierra. En ese sentido, la palabra "crisis" llena de contenido social y acerca a la sociedad un problema que hasta el momento podía parecer ajeno a la humanidad. 

 

La emergencia climática

 

El cada vez más común uso de la palabra "crisis" para referirse a las consecuencias del calentamiento global inducido por el hombre viene ligado a las múltiples manifestaciones verdes que recorren Europa y otras zonas del planeta. Unas protestas civiles que buscan, por encima de todo, que las instituciones gubernamentales reconozcan la emergencia climática.

Esta es la reacción que se requiere desde los colectivos medioambientalistas para revertir la crisis climática actual. De esta forma, la declaración de emergencia se vincula a dos premisas: reconocer el problema y plantear un eje de actuación para solventarlo. Por el momento, Reino Unido es el primer país que aprobó está medida. A su declaración le siguieron las de Irlanda y las de Escocia y Gales. Además, en EEUU y Australia hay 17 ciudades que han aprobado la declaración. En el caso de Europa, más allá del espacio británico e irlandés, sólo encontramos declaraciones regionales impulsadas por gobiernos locales de Italia, Alemania, Suiza, Francia y España (declaración impulsada por el Govern de Catalunya).

Aunque la lista de declaraciones de emergencia es breve, la realidad muestra que, por el momento, estas no van cargadas de la ambición que se reclama desde las calles. Así, una medida que se presenta como revolucionaria termina convirtiéndose en algo simbólico y esto es algo que también puede ocurrir con la popularización del término "crisis climática"

"Hay que evitar que se convierta en una expresión manida como ocurrió en su momento con la palabra sostenibilidad", opina De Prado. Sin embargo, Andaluz incide en el riesgo que puede suponer vaciar de contenido expresiones tan importantes como estas. "Si perdemos el tiempo adulterando los términos es que no hemos entendido nada de lo que supone reconocer la crisis climática", espeta el activista, para evidenciar que el ser humano apenas tiene una década para afrontar la "crisis climática". 

12/06/2019 08:00 Actualizado: 12/06/2019 08:00

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 08 Junio 2019 04:58

La Tierra

La Tierra

El miércoles de esta semana fue el Día del Medio Ambiente, y pasó sin pena ni gloria, como pasan delante de nuestros ojos tantos de los hechos de los que dependen nuestras vidas. Mientras el calentamiento global sigue su curso entre otras cosas porque han logrado convertir incluso la expresión “medio ambiente” en algo neutro, en algo de lo que se ocupan los onegeístas, en algo casi abstracto o lejano. En este tema, como en otros, hay que rasgar con urgencia las vestiduras; no las propias, sino las de esa máscara que el poder global ha colocado sobre algunas palabras para que pierdan su real significado. 

No ha sido una operación ni espontánea ni inocente. Como en todo, pero especialmente en relación el medio ambiente, lo han hecho porque era imprescindible volver inocuo lo atroz, para dejar libres las manos que diariamente firman boletos de compra y venta de enormes territorios, para ser explotados como fueron explotados tantos seres humanos que hasta que el trabajo hizo su retirada, y ahora son directamente eliminados o abandonados a su suerte.


“Si el medio ambiente fuera un banco ya lo habrían salvado”, dijo hace poco Pierre Larrouturou, economista, ingeniero agrónomo, eurodiputado por la coalición de Partidos Verdes de distintos países que tienen como principal punto de lucha el calentamiento global. Larrouturou propuso una medida concreta: la creación de un Banco Climático Europeo destinado a la protección de la biodiversidad. Propuso que cada país disponga de un 2 por ciento de su PBI para avanzar hacia una economía sin emisiones de carbono, es decir, un cambio radical en el modo de producción que privilegie las energías renovables, proteja los suelos y tome las medidas necesarias para impedir las extinciones de especies en cadena que sobrevendrán muy pronto. Es curioso como el ciudadano promedio urbano de esta parte del mundo mira la televisión mientras se viste para ir al trabajo para saber si hará frío o calor. Es curioso que sólo la meteorología haya quedado en la agenda acrítica de los grandes medios, mientras sus causas –las de las largas sequías, las del crecimiento de los cinco océanos, las de los huracanes devastadores y las inundaciones o los maremotos– permanezcan en un misterio insondable que nunca es especificado.


Hace ya tres años, la periodista norteamericana especializada en ciencia Elizabeth Kolbert recibió el Pulitzer por su trabajo, luego best seller, La sexta extinción. Era un análisis de documentos científicos en los que biólogos, paleontólogos y cientistas de otras disciplinas detallaban que el planeta ha atravesado ya cinco extinciones masivas que, cada una en su momento, borró más de la mitad de la vida sobre la tierra. Especies que ya tenían una historia de doscientos mil años sencillamente desaparecieron. Se cree que alguna fue por la caída de un enorme meteorito, otra por el despertar inesperado de distintos volcanes. Pero esta vez, cuando ahora –en el último abril– la propia ONU habla del peligro de la sexta extinción y llama –con esa débil voz que tiene la ONU para hablarles a los dueños del mundo–, el desastre sería el primero provocado no por un cataclismo sino por un modo de producción. Es decir, por un modelo de vida. O mejor: por los réditos que muy pocos sacan de eso.


El problema no pasa lejos, pasa lejos y cerca, pasa en todas partes, y lacera. En Pergamino no hay agua potable porque los agrotóxicos la envenenaron. Las muertes por residuos letales del glifosato tiene nombres y apellidos y hasta tumbas que no han sido fotografiadas en el Litoral. En Rosario el miércoles hubo una marcha de los barbijos, y entre las otras pocas manifestaciones colectivas es destacable la de la Garganta Poderosa, que publicó un posteo titulado “Hacen agua por todas partes”. En él, dice la organización villera que “aprovechando el Día del Medio ambiente”, querían recordarle a Rodríguez Larreta que el 70 por ciento de la villa 21–24 sufre emergencia hídrica por falta de presión, que las viviendas desbordan de líquido cloacal y tienen altos niveles de contaminación en el agua.


Un poco más arriba en el mapa pero muy cerca de nuestra necesidad de supervivencia, la Amazonía se enfrenta a una deforestación nunca vista. La extracción sin control del litio en nuestro norte podría anteceder a una sequía sin fin. En la vida real, en los países vecinos, los líderes sociales son asesinados de igual manera que los defensores de los recursos naturales. Los pobres organizados y las comunidades rurales están contemplados como sobrantes de un sistema que sigue avanzando.


En su libro, Elizabet Korbert escribió bajo dos acápites muy bellos, pero hay que hundirse en ellos para entender la dimensión de la que hablan. El primero era de E. O. Wilson: “Si la trayectoria humana encierra algún peligro, no es tanto en la supervivencia de nuestra propia especie como en dar cumplimiento a la ironía última de la evolución orgánica: que en el momento de alcanzar la comprensión de sí misma a través de la mente humana, la vida haya condenado a sus más bellas creaciones”.
Y la siguiente, de Borges: “Siglos y siglos y sólo en el presente ocurren los hechos”.

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No es una crisis del planeta, es una crisis de la humanidad

Numerosas voces se alzan pidiendo la declaración del estado de excepción climática. Quedan tan sólo 10 o 12 años para cambiar de rumbo a nivel planetario y evitar lo peor de un cambio climático del que empezamos a percibir sus consecuencias. Pero el calentamiento global es solo una manifestación de una crisis más profunda, la de una forma de vida que por primera vez en su historia se enfrenta a los límites que le impone su propia supervivencia.

 

Desde hace décadas la comunidad científica y los grupos ecologistas vienen alertando sobre algunos de los problemas que ahora se están intensificando: contaminación, residuos, cambio climático, pérdida de biodiversidad o sequías. En el año 1972 el Club de Roma publicaba el informe Los Límites del Crecimiento, que había encargado al MIT unos meses antes, con la conclusión evidente de que es imposible incrementar de forma indefinida el consumo de recursos del planeta.


Casi 50 años después todo sigue igual o peor. Somos conscientes de que nuestro modelo de vida no puede mantenerse por mucho más tiempo, pero no solo no lo cambiamos si no que profundizamos aún más en él. Se ha barajado hipótesis sobre la incapacidad del ser humano de actuar a largo plazo y sobre todo de anticiparse a los peligros que no son inminentes, en contraposición con unos ciclos naturales y planetarios que se producen a lo largo de cientos o de miles de años. Quizás la premura nos ayude a tomar decisiones. O quizás todavía vemos el peligro lejos en el tiempo o en el espacio. Quizás algunos mensajes no ayudan, como aquellas imágenes de osos polares en el Ártico, o como esas de un planeta en llamas.
Porque el planeta no va a salir ardiendo. Lo que está en juego no es el planeta, es la propia supervivencia del ser humano, la vida, nuestra vida, tal y como la conocemos. El planeta seguirá aquí, con toda probabilidad, hagamos lo que hagamos, con mayor o menor número de especies animales y vegetales, con ser humano o sin él.


Como tantas otras especies que han aparecido y se han extinguido a lo largo de los últimos dos mil o tres mil millones de años, la humanidad puede desaparecer de la faz de la Tierra en un suspiro como quien dice, y la vida y el planeta seguirán su curso. Habrá sido un episodio efímero, apenas unos minutos o unas horas “humanas” en la vida del planeta, un resfriado leve.
¿Por qué debe importarnos entonces lo que hagamos? Puede incluso que el ser humano siga aquí durante otros 200.000 años o más. Es un ser capaz de adaptarse a situaciones muy variables y adversas, y pueden sobrevivir algunos millones de personas en algunos lugares del planeta, por muy difíciles que se pongan las cosas.


Pero no nos engañemos, esto no sucederá para la mayoría de las personas. Miles de millones morirán o pasarán vidas muy duras. De seguir el rumbo que llevamos, podemos enfrentarnos a procesos catastróficos que reduzcan drásticamente la cantidad de alimento, de energía, y de materiales disponibles. La sociedad humana que hemos desarrollado, especialmente en las últimas décadas, industrial, tecnológica y globalizada, puede ver su fin al faltarle suministros básicos.


Pero sobre todo, lo que puede dar al traste con una sociedad que ha evolucionado de forma razonable en los últimos siglos o milenios, son los conflictos sociales y bélicos que pueden darse en un mundo con escasez de recursos, y que pueden ser los peores que se hayan vivido nunca, dado el enorme poder de destrucción que, en paralelo, hemos desarrollado.
Faltan probablemente algunas décadas para llegar a situaciones especialmente graves, pero las personas jóvenes de hoy vivirán seguramente experiencias duras. Como bien dicen, les estamos robando el futuro. A muchas personas, de hecho, se les roba el presente.


Por otro lado, ante la creciente huida de zonas depauperadas, inhóspitas, del hambre y de la guerra, se abre cada vez con más fuerza el auge del fascismo y la xenofobia, de sistemas autoritarios y cerrados, de la polarización social, los muros y las alambradas, las muertes en las fronteras y en los mares, las tensiones y el sufrimiento de miles o millones de personas. Ya está pasando, está empezando, y puede ir a más.


Ante este panorama solo nos queda la humanidad, en el mejor sentido de la palabra, la capacidad de empatía, de solidaridad y de apoyo mutuo, la generosidad con nuestros congéneres más allá de nuestros intereses personales, la voluntad de trabajar por lo colectivo, por un bien superior, la capacidad de no conformarnos con un destino autoimpuesto.


Los cambios que debemos realizar son enormes; llevamos miles de años en un proceso expansivo y acaparador, peleándonos por ver quién la tiene más grande. Esto incluye el funcionamiento de las empresas y el sistema económico, cortoplacista y depredador, por un sistema económico y social diferente: capaz de satisfacer las necesidades humanas sin poner en riesgo su supervivencia, que posibilite los avances tecnológicos, sociales y culturales en un marco de balance estable con la naturaleza, y de entendimiento entre las personas.
Se hace necesario un cambio cultural, un nuevo marco que genere ilusión, una historia que cambie la historia. Aún estamos a tiempo.

Por Rodrigo Irurzun Martín de Aguilera

publicado
2019-06-05 15:58:00

 

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La crisis ecológica es el síntoma, el capitalismo la enfermedad

La afirmación que da título a este texto parafrasea una analogía que Jorge Riechmann ha empleado en varias ocasiones durante los últimos años [1]. Se trata de un símil médico que nos permite distinguir cuatro dimensiones de la economía política del medioambiente: la etiológica, la nosológica, la yátrica y la terapéutica. En otras palabras, partiendo de esta metáfora organicista podemos formular preguntas acerca de las causas de la enfermedad, sus rasgos distintivos, el agente de los pertinentes cuidados y terapias y, finalmente, el carácter de dichos cuidados y terapias. En las páginas que siguen nos aproximaremos sucesivamente a cada una de estas preguntas. 

 

1. Las causas de nuestra enfermedad


La metáfora médica que encabeza este artículo sugiere un origen causal bien explícito: el patógeno es el capitalismo. Surge aquí una dificultad, y es que el capitalismo, interpretado como un sistema socioeconómico basado en la iniciativa privada y la libre competencia, es algo que, sencillamente, nunca ha existido. No disponemos de un solo ejemplo histórico de una forma semejante de organización de nuestras relaciones económicas, y muy probablemente ello se deba a que un experimento de esta naturaleza colapsaría en cuestión de semanas. Un vistazo a la historia económica sirve para constatar que eso a lo que hemos venido denominando capitalismo es en realidad una forma muy específica de patrocinio colectivo del poder privado. En lugar de iniciativa privada y libre competencia, lo que hallamos en nuestra historia económica son prolongadas intervenciones a gran escala para desviar la riqueza fruto del esfuerzo colectivo hacia la provisión de infraestructuras, la formación de trabajadores especializados, la investigación básica, el desarrollo de tecnología, la subvención directa, la garantía de precios monopolísticos, la protección contra competidores extranjeros, el auspicio de los derechos de inversión o los periódicos rescates de los que depende el sector privado. De hecho, son estos mecanismos de protección colectiva del poder privado los que subyacen no ya al éxito, sino asimismo a la propia existencia de los sectores dinámicos de la economía en todos y cada uno de los países «desarrollados» [2]. Y no tiene a deshonra, por cierto, la clase dominante la admisión del recurso a las «técnicas de extorsión de dinero al contribuyente» en que hallan sustento sus privilegios, pues, «tal y como explica la revista Fortune, la industria de alta tecnología no puede sobrevivir en una economía sin subsidios, competitiva y de libre empresa, [de forma que], agrega BusinessWeek, el contribuyente debe ser su salvador» [3].


Sea como fuere, y llamemos como llamemos a este sistema de esfuerzos colectivos y beneficios privados, hemos de preguntarnos de qué modo se encuentra el mismo en la base de la crisis ecológica en curso. Las formas que el entramado institucional «capitalista» ha adoptado han variado significativamente a lo largo de su par de siglos de historia, particularmente desde comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo XX. Una constante a lo largo de toda esa historia ha consistido, no obstante, en el protagonismo de un tipo particular de institución social en el contexto de la vida económica, cultural y política de nuestras sociedades, a saber, las corporaciones privadas. De ellas parten las decisiones y las órdenes acerca de qué hacer con los frutos del esfuerzo colectivo, de forma que a nadie debiera extrañar que se destinen a proteger e incrementar su predominio. Anotemos al margen que es imposible encontrar en el registro histórico una encarnación más perfecta del ideal autoritario que estas instituciones: si no eres el director ejecutivo, un consejero delegado o un accionista mayoritario no tienes derecho a saber absolutamente nada acerca de los procesos de toma de decisión en los que pueda encontrase inmersa una corporación, y sobra añadir que todo el mundo excepto esa exigua minoría de ejecutivos e inversores está por principio excluido de participar en esos procesos de toma de decisiones.


La obvia incompatibilidad entre cualquier interpretación de la noción de democracia y la existencia de estas tiranías herméticas no se limita a esta cuestión de la estructura interna de los procesos de toma de decisión acerca de la producción o la inversión, pues las corporaciones han invertido durante décadas formidables esfuerzos en la expansión de su ideal radicalmente antidemocrático más allá de las fronteras de su organización interna. Uno de los mecanismos más efectivos a este fin ha consistido en dar cuerpo a lo que ha venido a denominarse un «senado virtual de inversores y prestamistas» en virtud del cual nuestros «gobiernos [formalmente democráticos] se enfrentan al dilema de un electorado dual»: tenemos, por una parte, a los ciudadanos, que votan cada cuatro años y, por otra, a aquella élite financiera que a diario «realiza un referéndum actualizado momento a momento sobre las políticas económicas y financieras» adoptadas por aquellos gobiernos nominalmente democráticos [4].


Cuanto le cabe hacer en este contexto al ciudadano es observar pasivamente qué decide hacer la minoría opulenta con los frutos del trabajo colectivo o, a lo sumo, obedecer a cambio de un sueldo las órdenes que en estas autocracias herméticas descienden por la misma vertical por la que ascienden los beneficios. Una vez dentro de una cadena de mando de este tipo, si cumples con tu cometido, estupendo; si no, estás en la calle. Y bien, ¿cuál es ese cometido? El mismo en todos los casos, ocupes el eslabón que ocupes en la cadena de mando: incrementar beneficios y ampliar cuota de mercado. Hoy que se habla tanto de «responsabilidad corporativa» no debiéramos perder de vista que ésta es la única responsabilidad de cualquier corporación, al punto que ha de ser descrita como un imperativo, y es justamente este imperativo el que hace del entramado institucional que las corporaciones dominan la causa última de la crisis ecológica en curso. Es este imperativo de maximización y crecimiento el que hace palidecer la importancia del colapso ambiental ante lo que de verdad importa: bonos millonarios por desempeño o guarismos parpadeantes indicando incrementos de capitalización bursátil. En otras palabras, el objetivo de una corporación es el de crecer y obtener beneficios, suponga ello la ruina de Ártico, la de la Amazonía, la de la biosfera o la del sistema solar: los inversores no invierten para matar el rato. Subrayemos que no se trata de maldad o estupidez individual, sino de la forma más peligrosa de estupidez institucional que haya acogido la historia humana.


Es en esta estupidez institucional en lo que debemos pensar cuando leemos que las cinco principales petroleras han venido invirtiendo anualmente cientos de millones en echar por tierra cualquier iniciativa encaminada a combatir el cambio climático [5]. Los ejecutivos encargados de coordinar campañas de lobby y desinformación como éstas no están locos. En tanto individuos, con toda seguridad, se preocupan por el futuro del planeta, y puede que incluso sean socios de Greenpeace. No obstante, en su rol institucional, su tarea consiste en acelerar nuestra marcha hacia el precipicio. Y «no es que sean malas personas. Lo que ocurre es que su cometido dentro de la organización, incluso su obligación legal, es obtener beneficios y cuota de mercado a corto plazo» [6]. Si surgen dificultades de conciencia a la hora de desempeñar semejante trabajo, se plantean ipso facto dos alternativas: la dimisión o el despido; siempre se dispone de un ejército de reserva esperando para sustituir al objetor. Los motivos por los cuales este imperativo institucional de maximización ha de ser descrito como una forma de estupidez institucional son tan obvios como los motivos por los cuales esta estupidez es «letal en sus implicaciones» [7].


2. Los síntomas de nuestra enfermedad


Habiéndonos aproximado ya –por más que superficialmente– a la cuestión etiológica, echemos ahora un vistazo a la nosología de nuestra patología global introduciendo unas sucintas pinceladas que nos permitan delimitar sus contornos generales. Descuellan aquí tres procesos interrelacionados y extremadamente ominosos: la sexta extinción masiva de la historia de la vida en la Tierra, el calentamiento global y la escasez de recursos.


Disponemos de una extensa literatura especializada acerca de cada uno de estos procesos, y prácticamente cada semana se publican y discuten en las revistas especializadas de mayor impacto nuevos datos, habitualmente más funestos que los de la semana anterior. Así, por ejemplo, si Jonathan Payne y colaboradores concluían en un influyente artículo publicado en Science en noviembre de 2016 que nuestros océanos vienen sufriendo «una extinción masiva de suficiente intensidad y selectividad ecológica» como para ser clasificada junto con las cinco previas, Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich y Rodolfo Dirzo extendían en julio de 2017 esas conclusiones a los vertebrados terrestres en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [8]. En concreto, y a pesar de que estimaciones previas indicaban que la actual tasa de extinciones es aproximadamente 1.000 veces mayor que durante los últimos 60 millones de años [9], Ceballos, Ehrlich y Dirzo argumentan convincentemente que la magnitud de la extinción masiva en curso ha venido siendo sistemáticamente subestimada al no tomar en consideración datos relativos a la pérdida y reducción de poblaciones de especies no extintas. Al incluir estos datos en la ecuación obtenemos, en palabras de los autores, «una imagen sombría del futuro», más sombría aún que la proyectada por la evidencia previamente analizada. Esta imagen sombría atraviesa también las páginas del duodécimo Informe Planeta Vivo, que advertía en octubre de 2018 de una disminución promedio de las poblaciones de vertebrados de en torno a un 60% en apenas 40 años [10]. Cuando el pasado 6 de mayo de 2019 el IPBES anunció la próxima publicación de su evaluación mundial de la biodiversidad –basada en el análisis de toda la literatura científica pertinente–, aprovechó para poner lo obvio de relieve: este «declive global sin precedentes» de la biodiversidad supone una «amenaza directa para el bienestar humano en todas las regiones del mundo»; estamos estirando «nuestra red de seguridad hasta su punto de ruptura» [11].


Es interesante hacer notar en este punto que, por algún motivo, el principal motor de esta grave erosión de la biodiversidad no se digna a hacer acto de presencia en los medios de comunicación. Señalemos, contra la norma pues, que «alrededor de dos terceras partes de la pérdida total de vida salvaje se deben a la producción de alimentos» y, en concreto, a la creciente tendencia a arrasar con buldóceres millones de hectáreas de bosques y selvas tropicales para transformarlas en monocultivos de cereales con los que posteriormente se cebarán miles de millones de animales criados industrialmente, un proceso en el que se disipa «al menos un tercio de toda la cosecha global de cereales y casi toda la de soja –suficiente comida para cuatro mil millones extra de personas–» [12].


El segundo de los tres señalados síntomas de nuestra patología planetaria es el calentamiento global, un proceso extremadamente complejo y multidimensional cuyo perfil destaca, sin embargo, con total claridad: existen pocos fenómenos cuyos principios fundamentales sean objeto de mayor asenso en la comunidad científica. De acuerdo con dichos principios, conforme aumenta la concentración de determinados gases en la atmósfera, en mayor medida se comporta la misma como un aislante térmico, y se da el caso de que hemos estado emitiendo esa clase de gases de forma masiva durante medio siglo. A su vez, la disrupción del sistema climático global ocasionada por el incremento de las temperaturas medias concomitante a aquel aumento de la concentración de gases de efecto invernadero trae consigo una mayor frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones, olas de calor y de frío, aumento del nivel del mar y acidificación de sus aguas. Nuevamente, cada semana disponemos de datos que hacen palidecer a los peores de la semana anterior. Así, escogiendo un par de ejemplos al azar, el pasado 26 de marzo de 2019 un estudio de la Agencia Internacional de la Energía nos informaba de que la expansión de la economía global vino acompañada en 2018 de un nuevo récord histórico en nuestros niveles de emisiones [13]. Cuando un mes y medio más tarde se registraran por vez primera niveles de CO 2 superiores a 415 partes por millón, la prensa internacional se hizo eco de las palabras del meteorólogo Eric Holthaus: «Es la primera vez en la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta tiene más de 415 ppm de CO 2 . No ya en toda la historia registrada, no ya desde la invención de la agricultura hace 10.000 años: desde antes de que existieran los seres humanos, hace millones de años. No conocemos un planeta como éste» [14].


Pocos días antes de que se publicara el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunciaba que, incluso aunque se cumplieran los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, las temperaturas invernales del Ártico se elevarán en el próximo par de décadas lo suficiente como para «devastar la región», produciendo «enormes» impactos a nivel mundial al «desatar el aumento global del nivel del mar» [15]. A finales de abril, un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America continuaba engrosando el abultado catálogo de resultados ominosos: la velocidad a la que la capa de hielo de Groenlandia se derrite se ha multiplicado por seis desde los ochenta, experimentando una aceleración tal que, del total de la contribución del deshielo de la isla al aumento del nivel del mar a lo largo del último medio siglo, la mitad se debe a los últimos ocho años [16]. Por desgracia, tampoco en el otro extremo del planeta pintan las cosas mucho mejor: según datos publicados en Nature en junio de 2018, la tasa de deshielo antártico se ha triplicado en apenas una década. Es difícil leer con apatía la primera frase del artículo en que aparecieran dichos datos, particularmente al añadir a los mismos la creciente evidencia de vulcanismo antártico: «las capas de hielo de la Antártida contienen suficiente agua como para elevar 58 metros el nivel del mar» [17].


Puede que el cambio climático se nos antoje en occidente como algo que habremos de sobrellevar de un modo u otro en el futuro. No obstante, los perdedores primero del colonialismo y luego de la globalización lo ven de otro modo. En las regiones más empobrecidas del planeta, los cada vez más graves y frecuentes desastres relacionados con el clima obligan a más de 20 millones de personas a abandonar cada año su lugar de residencia [18]. Estos desastres están convirtiéndose, además, en la principal causa de empobrecimiento en dichas regiones, en las que cientos de millones de personas extremadamente pobres viven en los países en los que la magnitud y frecuencia de esta clase de desastres es, por lo pronto, mayor [19]. Las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres acerca del ciclón Idai, que afectara a mediados del pasado mes de marzo a más de dos millones de personas en el sureste africano, levantan acta del último episodio de esta historia de horror: «otra campana de alarma sobre los peligros del cambio climático, especialmente para los países vulnerables y en riesgo. Tales eventos son cada vez más frecuentes, más severos, generalizados y devastadores, y esto continuará empeorando a no ser que actuemos ya» [20]. Cuando a finales de abril un segundo ciclón (Kenneth) alcanzó la región, dos millones de personas seguían necesitando ayuda humanitaria. Los mozambiqueños suscribirían pues sin reservas el pronóstico de Guterres, del mismo modo que lo harían los indios y bangladesíes, azotados a comienzos de mayo por el ciclón más fuerte que haya alcanzado la región en décadas (Fani).


Ciertamente, Guterres no dota de ese carácter perentorio a sus declaraciones a causa de su afición al melodrama. Así, por ejemplo, las conclusiones del informe especial que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó el pasado 8 de octubre de 2018 son igualmente rotundas y apremiantes [21]. El IPCC se comprometió a preparar ese informe en el curso de las negociaciones que condujeron al Acuerdo de París, cuya meta más optimista era la de mantener la temperatura media global por debajo de 1,5ºC sobre el nivel preindustrial. Tres años después del Acuerdo de París, cuando el IPCC publicó finalmente el informe ofreciendo sus análisis y previsiones acerca de los riesgos e impactos previsibles de un aumento de la temperatura media global por encima de ese límite, la prensa acertó a sintetizarlo sin traicionar el núcleo de su mensaje: «la humanidad tiene una docena de años para mitigar el cambio climático o afrontar la catástrofe global» [22]. Lo que ha venido escapándosele a la prensa ha sido el hecho de que cada informe del IPCC ha sido duramente criticado por una importante proporción de la comunidad científica a causa de su acusado sesgo hacia las conclusiones tranquilizadoras [23]. De este modo, sólo dos semanas después de que viera la luz el señalado informe especial de octubre de 2018 aparecía publicado en Nature un artículo que echaba nueva leña al fuego de las conclusiones funestas. Una vez más, los datos sugieren la necesidad de revaluar al alza las estimaciones previas, en este caso las estimaciones acerca del calentamiento de los océanos, lo cual resulta especialmente preocupante a causa de su papel central en la regulación del sistema climático global. La nueva estimación rebasa en más de un 60% a la del quinto y último informe del IPCC, lo que a su vez implica que, si pretendemos evitar las peores consecuencias del cambio climático, debemos reducir nuestras emisiones de forma considerablemente mayor y más rápida, abriéndose una ventana para la «descarbonización de la economía» que difícilmente supera el par de años [24].


Cerremos este apartado sobre el cambio climático apuntando a su estrecho vínculo con el referido proceso de devastación de los ecosistemas tropicales a manos de la ganadería industrial, que da cuenta del empleo del 80% de las tierras agrícolas y es responsable del 80% de la deforestación a nivel global [25]. Las selvas tropicales habían venido siendo concebidas como un importante amortiguador del cambio climático dado su potencial para la recaptación natural de nuestras emisiones de carbono. Anotemos de pasada que, si bien es cierto que el papel de los ecosistemas boscosos en el calentamiento global es un tema de investigación abierto y en debate, pocas dudas caben sobre el potencial mitigador de los «claros enfriadores climáticos» que constituyen los bosques tropicales, principales afectados por el embate de la ganadería industrial [26]. Lamentablemente, la degradación de estos enormes sumideros de carbono ha hecho de ellos gigantescos emisores netos, de forma que, según datos recientemente publicados en Science, en lugar de absorber carbono, los ecosistemas tropicales lo emiten ahora a razón de unos 425 millones de toneladas anuales, un ritmo superior al de todo el tráfico de Estados Unidos [27].


En cuanto al último de nuestros tres síntomas, el de la escasez, su análisis debe situarse a medio camino entre lo psicosocial y lo económico. La estupidez institucional «capitalista» ha sabido concentrar la mitad de la riqueza mundial en manos del 1% de la población, pero ha pretendido permanecer de espaldas al hecho de que la base material de esa riqueza no es infinita, sino de hecho alarmantemente escasa. Estamos viviendo los últimos compases del más breve episodio de la historia humana, a saber, el de la disponibilidad ingente de las materias primas y las fuentes de energía que han sustentado el fugaz paso por la existencia del joven mas ya provecto sistema contemporáneo de producción, distribución y consumo, erigido sobre el sueño de la infinitud y legitimado por una «teología matematizada» en todo caso incapaz de probar que «su régimen es el mejor de todos los regímenes posibles» [28]. No habría motivos para la inquietud si se tratara de la abundancia o escasez de telurio o germanio, pero incluso el agua escaseará, verosímilmente, no sólo para los cientos de millones que dependen de los glaciares asiáticos en retroceso, sino asimismo para los que arrojan por el desagüe de la agroindustria tres cuartas partes del agua dulce empleada anualmente [29].


A nadie debiera extrañar que los portavoces de la estupidez institucional corporativa anuncien entusiasmados previsiones absurdas de crecimiento: el doble de coches, el doble de camiones, el doble de desplazamientos en avión, el doble de comercio marítimo… y todo ello en apenas un par de décadas [30]. En vista de tan «halagüeñas» previsiones de crecimiento, son también un par de décadas cuanto cabe augurar a la disponibilidad de las materias primas vitales para la preservación de esta suerte de «civilización» industrial –excepción hecha, según datos del gobierno estadounidense, de la bauxita– [31]. No perdamos de vista que ese próximo par de décadas no acogerá el crecimiento proyectado en el mero contexto de la escasez de materias primas, sino en el más amplio del impacto de su uso a nivel planetario, siendo así que «las tendencias y decisiones sociales y tecnológicas adoptadas en los próximos diez o veinte años podrían influir significativamente en la trayectoria del sistema Tierra durante decenas o centenas de miles de años y conducir potencialmente a condiciones que se asemejarían a estados planetarios que se vieron por última vez hace varios millones de años, condiciones que serían inhóspitas para las sociedades humanas actuales y para muchas otras especies contemporáneas, [motivo por el cual] se requieren transformaciones generalizadas, rápidas y fundamentales del sistema socioeconómico dominante en la actualidad para reducir el riesgo de cruzar el umbral» [32].


Hemos comentado tangencialmente el aspecto económico del síntoma de la escasez. Abordando su aspecto psicosocial, Jorge Riechmann proponía en un reciente encuentro que, al pretender vivir de espaldas a la manifiesta incompatibilidad entre aquellas previsiones de crecimiento y la finitud de nuestro planeta, «nuestra cultura es terraplanista» [33]. Hace unos años formulaba una idea similar al parafrasear a Edgar Morin para sugerir que el animal «orgullosamente autobautizado Homo sapiens sapiens es más bien un Homo sapiens demens» cuando su medioambiente sociocultural «se aleja cada vez más de la realidad [y] produce cada vez más víctimas» [34]. En este alejamiento de la realidad, la «cultura dominante» guía nuestra «huida hacia adelante» orientando el sutil proyecto de devastar «la biosfera en el intento por preservar el capitalismo» [35]. Ha de atravesarnos aquí un aturdimiento moral análogo al de Bartolomé de las Casas ante el salvajismo de conquistadores y encomenderos: «¿Quién en las generaciones futuras creerá esto? Yo mismo, escribiendo como testigo, apenas puedo creerlo» [36].


Quizá la alusión al terraplanismo active algún irreflexivo resorte cómico, de forma que consideramos necesario incidir en que «la distancia entre la gravedad del problema ecológico y su percepción ciudadana es uno de los abismos más desgarradores del siglo XXI» [37].


3. El médico, el tratamiento y el pronóstico


Ocupémonos ya de la tercera de las dimensiones a las que aludíamos al principio, la relativa a quién debiera ser el agente de los pertinentes cuidados y terapias para nuestra patología global. La cuestión no parece difícil de resolver, pues se trata de una patología provocada por los países «desarrollados», en los que vive hoy menos del 20% de la población, que consume, sin embargo, más del 80% de los recursos empleados [38]. Así, dado que nuestro consumo constituye el principal motor de la crisis ecológica en curso, y dado que no sólo compartimos nacionalidad con las corporaciones cuyas actividades se encuentran en el epicentro del terremoto, sino que además disfrutamos de incomparables privilegios y oportunidades exentas de riesgo para la organización de la resistencia a sus programas de rapiña y devastación, nuestra cómplice pasividad debiera resultarnos sencillamente vergonzosa, particularmente al compararla con la entrega y la valentía de las comunidades indígenas del Sur global. Estas comunidades se han colocado al frente de la lucha mundial contra la destrucción de la biosfera aun cuando sus privilegios y oportunidades son, por decir lo menos, considerablemente inferiores a los del occidental medio: a menudo ilegal y violentamente empujadas fuera de sus tierras por la bien visible mano de la «gestión corporativa» de su «capital natural», son también objeto de una persecución que se plasma cada año en decenas de asesinatos de activistas medioambientales [39]. «Estamos cansados de ser asesinados (…). Estamos cansados de este ecocidio y este genocidio de los pueblos indígenas. ¡Estamos defendiendo el planeta!» [40]. Estas palabras, recientemente pronunciadas en Brasil por un indio Apurina, podrían haberse proferido en cualquier región del planeta con presencia indígena significativa. «De modo que en un extremo tenemos sociedades tribales indígenas que intentan detener la carrera hacia el desastre. En el otro extremo, las sociedades más ricas y poderosas de la historia mundial (…) se apresuran a destruir el medioambiente lo más rápido posible» [41].


Ya sabemos, pues, cuál es el origen causal de la enfermedad, cuáles son sus rasgos distintivos y a quién correspondería hacer las veces del médico. Debiéramos tratar ahora de determinar qué protocolo terapéutico habría de seguir ese médico. En vista de lo antedicho, parece obvio: consumir considerablemente menos y de forma más responsable, organizar la oposición a la estupidez institucional y comenzar a sembrar en el presente las semillas de un entramado institucional futuro en el que las actuales cotas de destrucción, injusticia y sufrimiento ocupen el lugar que les corresponde en la historia: el del pasado pre-civilizado. Sobra añadir que nada brotará de esas semillas sobre la base de las «soluciones» propuestas por los principales centros del poder político, a saber, los mercados de derechos de emisión, cuya inoperancia ha sido ampliamente documentada [42].


Nos queda sólo el pronóstico, y es triste admitir que cuanto parece restarnos es soñar con que se obre el milagro no ya de la sanación, sino el de la implementación de cuidados paliativos tan desesperadamente necesarios como ausentes, por lo pronto, de nuestro horizonte. Pero el sueño es inadmisible cuando permanece abierta, como siempre, la puerta de la lucha tenaz.


Avanzamos «hacia el colapso catastrófico de las sociedades industriales» habiendo dejado atrás hace décadas la oportunidad de emprender alguna clase de «transición socioecológica razonable» [43]. Así las cosas, incluso «evitar los perores daños» podría ser hoy una meta, quizá, demasiado ambiciosa; pero resulta inexcusable permitir que esta idea desemboque en el abatimiento, el cinismo o la indiferencia: no podemos vender tan barata la base y la médula de cuanto apreciamos [44].

por Asier Arias

Notas:
[1] Riechmann, J. «El síntoma se llama calentamiento climático, pero la enfermedad se llama capitalismo», Madrid, abril de 2014 [disponible en La Comuna, «¿Es posible detener el calentamiento global?», El viejo topo, 4 de marzo de 2016]. Castillo, G. «El cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el capitalismo, entrevista con Jorge Riechmann», Contexto, 26 de septiembre de 2017.
[2] Cf., v. g., Allen, R. C. (2011) Historia económica mundial: una breve introducción, Madrid: Alianza, p. 13. Kocka, J. (2013) Historia del capitalismo, Barcelona: Crítica, p. 109. Chomsky, N. (1997) «Market democracy in a neoliberal order: Doctrines and reality», Z Magazine, 10(11). Chomsky, N. (1999) El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global, Barcelona: Crítica. Chomsky, N. «Neoliberalism: An Accounting», Amherst, abril de 2017. Chang, H.-J. (2008) Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations and the Threat to Global Prosperity, London: Random House. Palazuelos, E. (2015) Economía política mundial, Madrid: Akal.
[3] Chomsky, N. (1996) «Enduring truths», CovertAction Quarterly, 56, pp. 45-51, p. 47. Chomsky, N. (2014) Democracy and Power. The Delhi Lectures, Cambridge: Open Book Publishers, p. 77.
[4] Chomsky, N. (2003) Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, New York: Henry Holt, p. 138.
[5] Laville, S. «Top Oil Firms Spending Millions Lobbying to Block Climate Change Policies, Says Report», The Guardian, 22 de marzo de 2019. InfluenceMap (2019) Big Oil’s Real Agenda on Climate Change, London: InfluenceMap.
[6] Chomsky, N. (2007) Lo que decimos, se hace. Barcelona: Península, pp. 148-149.
[7] Chomsky, N. «Noam Chomsky on Institutional Stupidity», Philosophy Now, 107, abril/mayo, 2015.
[8] Payne, J. L. et al. (2016) «Ecological selectivity of the emerging mass extinction in the oceans», Science, 353(6305), pp. 1284-1286. Ceballos, G., Ehrlich, P. R. & Dirzo, R. (2017) «Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(30), pp. E6089-E6096.
[9] De Vos, J. M. et al. (2014) «Estimating the normal background rate of species extinction», Conservation Biology, 29(2), pp. 452-462.
[10] Grooten, M. & Almond, R. E. A. (2018) Informe Planeta Vivo 2018: Apuntando más alto, Gland: WWF.
[11] IPBES «Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’», IPBES, 6 de Mayo de 2019.
[12] Lymbery, P. (2017) Dead Zone. Where the Wild Things Were, London: Bloomsbury, pp. xiv-xvi.
[13] IEA (2019) Global Energy and CO 2 Status Report, Paris: IEA.
[14] Grandoni, D. «The Energy 202: EPA Finally Added West Virginia Site Plagued by Chemical Dumping to Priority Cleanup List», The Washington Post, 14 de Mayo de 2019.
[15] UNEP «Aumento de temperatura de 3ºC a 5ºC será inevitable en el Ártico», UNEP, 13 de marzo de 2019.
[16] Mouginot, J. et al. (2019) «Forty-six years of Greenland Ice Sheet mass balance from 1972 to 2018», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Apr 22, 201904242.
[17] The IMBIE team (2018) «Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017», Nature, 558(7709), pp. 219-222. McKie, R. «Scientists Discover 91 Volcanoes below Antarctic Ice Sheet», The Guardian, 12 de agosto de 2017. Loose, B. et al. (2018) «Evidence of an active volcanic heat source beneath the Pine Island Glacier», Nature Communications, 9, art. nº 2431.
[18] UNHCR «Frequently Asked Questions on Climate Change and Disaster Displacement», UNHCR, 6 de noviembre de 2016. Jeffrey, S. & Rehman, A. «Desperate Exodus of the Climate Refugees», The Guardian, 9 de enero de 2017.
[19] Shepherd, A. et al. (2013) «The geography of poverty, disasters and climate extremes in 2030», Overseas Development Institute, Informe de Investigación, 2013/10. Elliot, L. «Natural Disasters Push 26m into Poverty each Year, Says World Bank», The Guardian, 14 de noviembre de 2016. Kumari Rigaud, K. et al. (2018) Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, Washington: The World Bank. Martin, R. «Climate Change: Why the Tropical Poor Will Suffer Most», MIT Thechnology Review, 17 de junio de 2015.
[20] Guterres, A. «Secretary-General's Press Encounter on Cyclone Idai», United Nations Secretary-General, 26 de marzo de 2019.
[21] IPCC (2018) Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels, Geneva: IPCC.
[22] Democracy Now! «Typhoon Haiyan Survivor: Fossil Fuel Companies Killed My Family by Hastening Climate Change», Democracy Now!, 12 de diciembre de 2018.
[23] Cf., v. g., Brown, P. T. & Caldeira, K. (2017): «Greater future global warming inferred from Earth’s recent energy budget», Nature, 552(7683), pp. 45-50. Horton, B. P. et al. (2014) «Expert assessment of sea-level rise by AD 2100 and AD 2300», Quaternary Science Reviews, 84(15), pp. 1-6. Stern, N. (2016) «Economics: Current climate models are grossly misleading», Nature, 530(7591), pp. 407-409. Brysse, K. et al. (2013) «Climate change prediction: Erring on the side of least drama?», Global Environmental Change, 23(1), pp. 327-337. Scherer, G. «Climate Science Predictions Prove too Conservative», Scientific American, 6 de diciembre de 2012. Overland, J. E. & Wang, M. (2013) «When will the summer Arctic be nearly sea ice free?», Geophysical Research Letters, 40(10).
[24] Resplandy, L. et al. (2018) «Quantification of ocean heat uptake from changes in atmospheric O 2 and CO 2 composition», Nature, 563, pp. 105-108. Kelly, M. & Monroe, R. «Earth’s Oceans Have Absorbed 60 Percent more Heat per Year than Previously Thought», Princeton University, 1 de noviembre de 2018. Figueres, C. et al. (2017) «Three years to safeguard our climate», Nature, 546(7660), pp. 593-595.
[25] Cf. FAO (2013) FAO Statistical Yearbook 2013: World Food and Agriculture, Rome: FAO. Kissinger, G., Herold, M. & De Sy, V. (2012) Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers, Vancouver: Lexeme Consulting. Animals Farmed, «What is the True Cost of Eating Meat?», The Guardian, 7 de mayo de 2018.
[26] Popkin, G. (2019) «The forest question», Nature, 565(7739), pp. 280-282, p. 281.
[27] Baccini, A. et al. (2017) «Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss», Science, 358(6360), pp. 230-234.
[28] Varoufakis, Y. «Utopian Science Fictions Legitimising our Current Dystopia. 2019 Taylor Lecture», Oxford University, 12 de febrero de 2019.
[29] Para recientes comentarios en prensa de la cada vez más alarmante situación de los primeros, cf. Fountain, H., Solomon, B. C. & White, J. «Glaciers Are Retreating. Millions Rely on Their Water», New York Times, 16 de enero de 2019. Hedges, C. & Jamail, D. (2019) «Climate Emergency with Dahr Jamail», On Contact, 23 de febrero de 2019.
[30] Nitch Smith, M. «The Number of Cars Worldwide Is Set to Double by 2040», World Economic Forum, 22 de abril de 2016. Scutt, D. «This Chart Shows an Insane Forecast for Worldwide Growth of Ships, Cars, and People», Business Insider, 19 de abril de 2016.
[31] Tanto para este dato como para estimaciones recientes de disponibilidad y reservas de materias primas, cf. Taibo, C. (2017) Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Buenos Aires: Libros de Anarres, pp. 81-82; Taibo, C. (2014) ¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre la antesala del colapso. Barcelona: Los libros del lince, pp. 65-66.
[32] Steffen, W. et al. (2018) «Trajectories of the earth system in the anthropocene», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(33), pp. 8252-8259.
[33] El señalado encuentro tuvo lugar bajo el título «La ecología como síntoma, el capitalismo como enfermedad» en La Cabrera, Madrid, el pasado 1 de abril de 2019.
[34] Riechmann, J. (2012) Interdependientes y ecodependientes. Ensayos desde la ética ecológica (y hacia ella), Barcelona: Proteus, p. 152. Marguerite Yourcenar, «¿Quién puede saber si el alma del animal desciende bajo la tierra?», citado en Riechmann, op. cit., p. 162.
[35] Riechmann, J. (2017) ¿Vivir como buenos huérfanos? Ensayos sobre el sentido de la vida en el Siglo de la Gran Prueba, Madrid: Catarata, p. 65.
[36] Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, citado en J. Riechmann (2012) Interdependientes y ecodependientes. Ensayos desde la ética ecológica (y hacia ella), Barcelona: Proteus, p. 413.
[37] Santiago Muiño, E. (2018) «Epílogo. La verdadera transición que viene», en J. Riechmann, A. Matarán & O. Carpintero (coords.), Para evitar la barbarie. Trayectorias de transición ecosocial y de colapso, Granada: Editorial Universidad de Granada, pp. 313-316, p. 313.
[38] Cf. Ngo, C., Natowitz, J. (2016) Our Energy Future: Resources, Alternatives and the Environment, Hoboken: Wiley, p. 120. United Nations Development Programme (1998) Human Development Report 1998. Consumption for Human Development, New York/Oxford: Oxford University Press. Ridoux, N. (2009) Menos es más. Introducción a la filosofía del decrecimiento, Barcelona: Los libros del lince, p. 31. Taibo, C. (2009) En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie, Madrid: Los libros de la catarata, p. 15. Hemos de tener presente que, incluso aunque las cifras sean ya escandalosas, parece que la cantidad de recursos consumidos en los países «desarrollados» ha venido siendo subestimada por los indicadores disponibles. Cf. Wiedmann, T. O. et al. (2015) «The material footprint of nations», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), pp. 6271-6276.
[39] Cf., v. g., Rodrigo, A. «Indígenas denuncian a mineras ante la ONU por violar sus derechos en la Amazonía», Público, 6 de noviembre de 2018. Global Witness (2017) Defenders of the Earth. Global Killings of Lands and Environmental Defenders in 2016, London: Global Witness. Global Witness (2016) On Dangerous Ground. 2015's Deadly Environment: The Killing and Criminalization of Land and Environmental Defenders Worldwide, London: Global Witness.
[40] Democracy Now! «Thousands of Indigenous People Protest Bolsonaro’s Deforestation Policies», Democracy Now!, 25 de abril de 2019.
[41] Chomsky, N. «How to Destroy the Future», The Guardian, 4 de junio de 2013. Reproducido con posterioridad en Chomsky, N. (2016) Who Rules the World?, New York: Metropolitan.
[42] Cf. Tanuro, D. (2011) El imposible capitalismo verde. Del vuelco climático capitalista a la alternativa ecosocialista, Madrid: Los Libros de Viento Sur, caps. 6 y 7. Pearse, R. & Böhm, S. (2014) «Ten reasons why carbon markets will not bring about radical emissions reduction», Carbon Management, 5(4), pp. 325-337.
[43] Riechmann, J. (2018) «El colapso no es el fin del mundo: pistas para una reflexión estratégica», en J. Riechmann, A. Matarán & O. Carpintero (coords.), Para evitar la barbarie. Trayectorias de transición ecosocial y de colapso, Granada: Editorial Universidad de Granada, pp. 247-311, p. 250.
[44] Sempere, J. (2018) Las cenizas de Prometeo. Transición energética y socialismo, Barcelona: Pasado y presente, p. 195.

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La colcha de retazos del Plan de Desarrollo

El plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que finalmente aprobó el Congreso es una colcha de retazos. Los 349 artículos no tienen consistencia, y no se derivan del diagnóstico presentado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Lo lógico sería que el plan tuvieran los ejes definidos en el diagnóstico. Esta secuencia no existe, y las Bases tienen muy poca relación con el conjunto de los artículos. Los temas que se mencionan en la versión final son variados y tocan una multiplicidad de asuntos. La financiación de los programas no es clara. En fin, el Plan de Desarrollo no es una guía para la acción del gobierno. No es un Plan. Es una infinidad de propósitos dispersos.

El primer capítulo está centrado en el presupuesto, y se destacan tres aspectos: i) El alto nivel de agregación. Con este tipo de presentación, no es posible precisar ni el destino de los recursos, ni las fuentes. ii) La dependencia de los recursos del sector privado. El 33,1% de la financiación debe ser aportado por los privados a través de las alianzas público-privadas (APP). Esta confianza del Plan en la financiación privada es ingenua. iii) La dependencia de los recursos de los gobiernos locales. El 11% de la financiación le correspondería a los municipios y a los departamentos. Esta alternativa no tiene ninguna razón de ser porque los gobiernos locales ya están ejecutando sus planes de desarrollo. El gobierno supone, sin más, que estos planes locales son compatibles con el plan nacional, y de manera arbitraria contabiliza las finanzas locales como parte del presupuesto del plan nacional.

El segundo capítulo se refiere a los mecanismos de ejecución del plan, y se le da especial importancia a la legalidad, que cubre un abanico amplio, que va desde la “protección social”, hasta la regulación de las actividades relacionadas con la minería y el medio ambiente. Sin duda, los propósitos son loables, y el más relevante es el control a la desforestación.

En el Plan se propone fortalecer a la Superintendencia de Servicios Públicos. Además, en el art. 19, se fija una nueva contribución para financiar las comisiones de regulación. Claramente, esta norma tributaria, y otras más que se incluyen en el articulado, no guarda relación con los ejes del plan de desarrollo, y debería declararse inconstitucional. Siempre ha sido claro que los tributos requieren una norma especial, y no pueden ser incluidos en la ley del plan. En varios artículos se introducen normas tributarias.

En este capítulo también se incluye la financiación de los sistemas de transporte masivo. Se reconoce que la tarifa al usuario no es suficiente para sostener la operación. Por tanto, es necesario recurrir a subsidios, pero se advierte que su financiación no se puede hacer con recursos del gobierno nacional, sino con ingresos de la propia unidad territorial (departamentos y municipios). Es positivo que se acepte de manera explícita que se requieren subsidios. Los municipios tienen que ir aceptando que es indispensable subir los impuestos, con criterio progresivo, sobre todo el predial.

En otra sección del segundo capítulo se menciona la conversión de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el gobierno, con esta cambio institucional se avanza en la consolidación de la ciencia en el país. Realmente no es así porque el nuevo ministerio funcionaría con el mismo presupuesto de Colciencias, que es pírrico.

En el capítulo tercero se introduce el pacto por la equidad, que incluye, educación, salud, subsidios.

Se recuerdan los compromisos adquiridos por el gobierno para financiar la educación superior. La agregación de los valores no es clara.

Se propone, además, la creación de una comisión que evalúe los cambios que se le deban hacer al Sistema General de Participaciones, de tal forma que se logre mayor equidad y cobertura.


Se crea una Mesa de Equidad, que debe vigilar los logros que se consigan en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.

Después de las críticas que se le hicieron a la primera versión del articulado por la poca relevancia que se le daba a la paz, en la versión final se ordena la creación del trazador presupuestal para la paz, que debe velar para que la ejecución del gasto efectivamente contribuya a la consolidación de la paz. En el Plan no se ofrecen mayores detalles sobre la forma como operaría.

En la parte relacionada con la salud, se dan algunas pistas de la forma como se financiaría el déficit del sistema que es cercano a los 10 billones de pesos. Falta claridad sobre las particularidades del cierre financiero.

El desorden del plan de desarrollo no permitió definir una ruta, así que el país continuará tomando decisiones con criterios de corto plazo, y sin una visión estratégica. Mientras tanto, persisten las amenazas contra la paz, y el país seguirá con la misma senda económica, caracterizada por la dependencia creciente de hidrocarburos y minerales. Con el desorden de opciones del Plan, es imposible dar pasos reales hacia el cambio de la matriz energética.

 

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16 de mayo de 2019.

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La colcha de retazos del Plan de Desarrollo

El plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que finalmente aprobó el Congreso es una colcha de retazos. Los 349 artículos no tienen consistencia, y no se derivan del diagnóstico presentado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Lo lógico sería que el plan tuvieran los ejes definidos en el diagnóstico. Esta secuencia no existe, y las Bases tienen muy poca relación con el conjunto de los artículos. Los temas que se mencionan en la versión final son variados y tocan una multiplicidad de asuntos. La financiación de los programas no es clara. En fin, el Plan de Desarrollo no es una guía para la acción del gobierno. No es un Plan. Es una infinidad de propósitos dispersos.

El primer capítulo está centrado en el presupuesto, y se destacan tres aspectos: i) El alto nivel de agregación. Con este tipo de presentación, no es posible precisar ni el destino de los recursos, ni las fuentes. ii) La dependencia de los recursos del sector privado. El 33,1% de la financiación debe ser aportado por los privados a través de las alianzas público-privadas (APP). Esta confianza del Plan en la financiación privada es ingenua. iii) La dependencia de los recursos de los gobiernos locales. El 11% de la financiación le correspondería a los municipios y a los departamentos. Esta alternativa no tiene ninguna razón de ser porque los gobiernos locales ya están ejecutando sus planes de desarrollo. El gobierno supone, sin más, que estos planes locales son compatibles con el plan nacional, y de manera arbitraria contabiliza las finanzas locales como parte del presupuesto del plan nacional.

El segundo capítulo se refiere a los mecanismos de ejecución del plan, y se le da especial importancia a la legalidad, que cubre un abanico amplio, que va desde la “protección social”, hasta la regulación de las actividades relacionadas con la minería y el medio ambiente. Sin duda, los propósitos son loables, y el más relevante es el control a la desforestación.

En el Plan se propone fortalecer a la Superintendencia de Servicios Públicos. Además, en el art. 19, se fija una nueva contribución para financiar las comisiones de regulación. Claramente, esta norma tributaria, y otras más que se incluyen en el articulado, no guarda relación con los ejes del plan de desarrollo, y debería declararse inconstitucional. Siempre ha sido claro que los tributos requieren una norma especial, y no pueden ser incluidos en la ley del plan. En varios artículos se introducen normas tributarias.

En este capítulo también se incluye la financiación de los sistemas de transporte masivo. Se reconoce que la tarifa al usuario no es suficiente para sostener la operación. Por tanto, es necesario recurrir a subsidios, pero se advierte que su financiación no se puede hacer con recursos del gobierno nacional, sino con ingresos de la propia unidad territorial (departamentos y municipios). Es positivo que se acepte de manera explícita que se requieren subsidios. Los municipios tienen que ir aceptando que es indispensable subir los impuestos, con criterio progresivo, sobre todo el predial.

En otra sección del segundo capítulo se menciona la conversión de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el gobierno, con esta cambio institucional se avanza en la consolidación de la ciencia en el país. Realmente no es así porque el nuevo ministerio funcionaría con el mismo presupuesto de Colciencias, que es pírrico.

En el capítulo tercero se introduce el pacto por la equidad, que incluye, educación, salud, subsidios.

Se recuerdan los compromisos adquiridos por el gobierno para financiar la educación superior. La agregación de los valores no es clara.

Se propone, además, la creación de una comisión que evalúe los cambios que se le deban hacer al Sistema General de Participaciones, de tal forma que se logre mayor equidad y cobertura.


Se crea una Mesa de Equidad, que debe vigilar los logros que se consigan en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.

Después de las críticas que se le hicieron a la primera versión del articulado por la poca relevancia que se le daba a la paz, en la versión final se ordena la creación del trazador presupuestal para la paz, que debe velar para que la ejecución del gasto efectivamente contribuya a la consolidación de la paz. En el Plan no se ofrecen mayores detalles sobre la forma como operaría.

En la parte relacionada con la salud, se dan algunas pistas de la forma como se financiaría el déficit del sistema que es cercano a los 10 billones de pesos. Falta claridad sobre las particularidades del cierre financiero.

El desorden del plan de desarrollo no permitió definir una ruta, así que el país continuará tomando decisiones con criterios de corto plazo, y sin una visión estratégica. Mientras tanto, persisten las amenazas contra la paz, y el país seguirá con la misma senda económica, caracterizada por la dependencia creciente de hidrocarburos y minerales. Con el desorden de opciones del Plan, es imposible dar pasos reales hacia el cambio de la matriz energética.

 

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16 de mayo de 2019.

Publicado enEdición Nº257
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