Jueves, 29 Diciembre 2016 09:28

Los deslices de la economía en 2016

Los deslices de la economía en 2016

La Unión Europea no pudo salir de su estancamiento económico y social en el finalizado 2016. Algo tan cercano a la realidad es que la aprobación del brexit en el referendo realizado en Gran Bretaña ha causado una especie de terremoto económico y político en la Unión Europea, que también ha tenido repercusiones sísmicas para otras regiones del mundo. Entre las causas que se le achacan a esa decisión, se encuentran la crisis que atraviesa la Unión desde 2008 la cual no ha podido solventar: los bajos crecimientos entre sus miembros; los graves problemas económicos, déficit de empleos y reducción de programas sociales en varias naciones como España, Portugal, Francia, Grecia, Irlanda; la caída del valor del euro; las medidas de austeridad impuestas por la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) y la llegada de gran número de inmigrantes los que pueden moverse por todos los países de la Unión Europea.


Políticas neoliberales hacia América Latina


Las oligarquías criollas han tomado fuerza en parte de América del Sur y se lanzaron a instaurar regímenes neoliberales que atentan contra los beneficios de las grandes mayorías con recortes de programas sociales en educación, salud, pensiones y aumento del desempleo. Una violenta guerra económica-financiera, orientada desde Washington, intenta desestabilizar a gobiernos legítimos como el de Ecuador, Bolivia y especialmente el de la República Bolivariana de Venezuela que hasta ahora han resistido todos los embates. Mientras tanto, los países progresistas de América Latina y el Caribe, apostaron por lograr una mayor integración regional y han laborado por reforzar, pese a los desafíos, la CELAC, CARICON, el ALBA y otros organismos.


Se recupera precio del petróleo


Ya a los finales de 2016, el precio del crudo comenzó su ascenso a nivel internacional debido a un acuerdo histórico firmado por países miembros y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los precios que durante todo el año se mantuvieron cercanos a los 30 dólares el barril, comenzó a elevarse al acordar los miembros de la OPEP reducir a partir del primero de enero de 2017, la extracción en 1,2 millones de barriles diarios (mbd) y los No miembros en 558 000 millones mbd. Al cierre del año, el barril de petróleo Brent, referente en Europa, llegaba a 55,33 dólares.


China sigue adelante


La segunda economía del mundo, China, volvió en 2016 a ser uno de los principales impulsoras del mundo al terminar el año con 6,7 % de Producto Interno Bruto, bastante superior a los logrados por las naciones capitalistas desarrolladas. Además, ha ayudado a mantener el impulso de las econom{ias de los países integrantes de la ASEAN y ha ocupado nuevos espacios en América Latina con la entrega de financiamientos en obras que ofrecen beneficios para las partes involucradas.


La globalización aumentó la desigualdad


Como una bendición para los ricos, por un lado, y una maldición para los pobres, por otra, llegó la llamada globalización capitalista de la economía mundial que en 2016 incrementó aún más las desigualdades entre las personas y los países del orbe. Organismos internacionales denunciaron que las 62 personas más ricas del mundo acumulan más capitales que la mitad más pobres. A los acaudalados se les facilita además, esconder sus capitales en los llamados paraísos fiscales, cuyas fortunas ascienden ya a 7,6 billones de dólares, una cantidad que supera los Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido y Alemania juntos. Cálculos recientes ubican la cifra en siete trillones de dólares, y la mayor parte, cerca de cuatro trillones, son de "ahorros" de personas de muy altos ingresos depositados en el exterior.


Yuan, dólar y euro


El yuan chino continuó su camino ascendente después de ser incluido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la lista de monedas de reserva, lo cual augura que el también llamado renminbi provocará un cambio trascendental para todo el desenvolvimiento de la economía mundial. Mientras, las otras monedas que integran esa Cesta de Derechos Especiales de Giro (dólar estadounidense, el yen japonés, la libra esterlina y el euro) han tenido constantes altas y bajas.


ALBA y PETROCARIBE


En los doce años desde su creación, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA-TP) posibilitó que cuatro países se liberaran del analfabetismo y avanzaran en la escolarización de sus poblaciones. Millones de latinoamericanos recibieron servicios de salud gratuitos y más de un 1 700 000 recuperaron la vista. Se creó un comercio de nuevo tipo, justo y complementario, sin proteccionismos que llevaron a significativos avances en materia económica: la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) y del Banco del ALBA contribuyen a la construcción de una nueva arquitectura financiera regional. Mientras, PETROCARIBE envió crudo a bajos precios a todas las naciones miembros, cooperación que les ha permitido esquivar estos tiempos de crisis .


Desastre migratorio


La cifra de personas fallecidas al intentar cruzar el Mar Mediterráneo en 2016, se elevó a más de 5 000, muy superior a la 3 771 que murieron en ese intento en 2015. Las violentas guerras, así como el hambre y la miseria en diferentes países, sobre todo de África y Medio Oriente, son las causas fundamentales de esa emigración. La situación subraya la urgente necesidad de que los Estados aumenten los mecanismos legales para admitir a los refugiados, como el reasentamiento, el patrocinio privado, la reunificación familiar y esquemas de becas para estudiantes, afirmó un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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América Latina dedica la mitad de recursos que la OCDE a gasto social


El ‘think tank’ de los países ricos y el BID apelan a una mejora de la gestión pública en la región frente al shock económico

 

La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exhortan a los Gobiernos de América Latina y el Caribe a mejorar la gestión pública para compensar el declive económico provocado por el abaratamiento de las materias primas. Ante el frenazo de las mejoras sociales logradas en los años de expansión, ambos organismos ponen el foco sobre la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a gasto social (educación, sanidad, pensiones y prestaciones de desempleo).

El informe, presentado esta semana en Santiago de Chile, recoge los datos de una quincena de países de la región de América Latina y el Caribe, subraya el potencial de aumentar el gasto público en escuelas y hospitales para hacer frente a la desigualdad de ingresos y concluye que los Gobiernos latinoamericanos “no invierten lo suficiente” en este capítulo.

Según sus cifras, de media, los países del subcontinente solo destinan el 8,7% de su PIB a programas educativos y sanitarios o a subsidios de desempleo y pensiones, frente al promedio del 16,8% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el think tank que agrupa a los países más desarrollados del mundo.

El tamaño del Estado, medido como el gasto público total, varía entre los distintos países de América Latina y el Caribe, pero en general “es relativamente pequeño”, ampliamente por debajo de la media de las economías más avanzadas: representa solo el 31% de su PIB frente al 41,5% de la OCDE, si bien esta brecha tiende a cerrarse paulatinamente. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4,7 puntos porcentuales en la región, frente a un aumento de 2,5 puntos en el conjunto de la OCDE. En el mismo plano, el empleo público como porcentaje del empleo total es del 12,4% en América Latina y el Caribe, casi 10 puntos por debajo de la media de los países más avanzados.

A pesar de los recientes progresos, subraya el informe, Latinoamérica sigue siendo una región altamente desigual en términos de ingresos de los hogares, como lo demuestra el coeficiente de Gini —que mide la inequidad de los ingresos, siendo cero la perfecta igualdad y uno la disparidad total—: mientras que en la región está en el 0,49 después de impuestos y transferencias, la media de los Estados miembros de la OCDE está en el 0,29. Esta variable está

estrechamente vinculada a la política fiscal, que en el caso latinoamericano desempeña un papel más limitado en la distribución de ingresos que en otras regiones dado el “bajo” impacto distributivo de los impuestos y de las transferencias de renta. “La política fiscal tiene un rol más limitado en la distribución del ingreso en América Latina”, apunta el documento.

Tal y como está concebido, el sistema resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2,8 puntos porcentuales de media, frente a los 17,8 puntos porcentuales en los países de la OCDE. Detrás de esta realidad emergen varios factores: un esquema de impuestos directos menos progresivos; una mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos; una proliferación de beneficios fiscales; y subsidios mal focalizados en varios sectores (por ejemplo, energía), “que con frecuencia benefician a los más ricos y no a los realmente necesitados” corrobora Santiago González, uno de los firmantes del estudio, en conversación telefónica con EL PAÍS.

“La combinación de una productividad estancada [una realidad que no solo afecta a la región, sino al resto del mundo desarrollado], alta inequidad y baja recaudación está complicando a los Gobiernos. Hay poco espacio para expandir los presupuestos públicos, por lo que deberán afinar en el destino de los fondos y mejorar el diseño de las políticas”, expuso en la capital chilena Luiz de Mello, de la OCDE.

 


 

 

La desigualdad, un desafío “crítico” para la región

 


“Las desigualdades plantean un desafío crítico para los Gobiernos”, subraya el informe bipartito de la OCDE y del BID. “No sólo afectan el crecimiento y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos”. En este sentido, ambos organismos recuerdan que, pese a los avances logrados gracias al crecimiento y las reformas, Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. “Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los Gobiernos necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios para la población”, zanja el documento.

 

 

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Miércoles, 30 Noviembre 2016 06:07

Estímulo fiscal al estilo Trump

Estímulo fiscal al estilo Trump

El plan económico de Donald Trump incluye fuertes reducciones de impuestos, tanto para individuos como para empresas, y posibilidades de deducciones fiscales hasta cuatro veces más altas que las existentes en la actualidad. Se calcula que éstas y otras reformas reducirán el ingreso fiscal en 9.5 billones (castellanos) de dólares a lo largo de la siguiente década y llevarán los ingresos tributarios a su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial.


En el caso de los impuestos a las personas físicas, el plan contempla consolidar las siete tasas impositivas existentes en solamente tres estratos de ingresos. Hoy las siete tasas de impuestos existentes van de 10 a 39.6 por ciento y el plan de Trump compactará esos estratos en sólo tres con niveles de tasas impositivas de 10, 20 y 25 por ciento. Es decir, la tasa marginal más alta será reducida en casi 40 por ciento y al mismo tiempo se aumentarán los niveles de las deducciones personales. Además, la tasa impositiva máxima para las personas físicas con ganancias derivadas del capital y dividendos se reduce a 20 por ciento.


Por el lado de los impuestos a las empresas la tasa impositiva pasará de 35 a 15 por ciento. Las ganancias repatriadas se gravarán con una muy baja tasa (10 por ciento) lo que supuestamente servirá para que los grandes grupos corporativos y empresas que operan a escala trasnacional abandonen los paraísos fiscales. La tasa aplicable a las entidades fiscales de transición (diseñadas para evitar doble tributación para empresas y sus dueños) también se reducirá a 15 por ciento de su tasa aplicable que es la del impuesto al ingreso de las personas físicas. Esta reforma simplifica algunos aspectos del régimen fiscal pero, por otra parte, crea incentivos para que algunas personas físicas se transformen en esas entidades fiscales de transición y aprovechen las menores tasas que se aplican a las empresas.


Es claro que los beneficios de la reducción de impuestos serán muy desiguales. Los causantes en los deciles inferiores de la escala de distribución del ingreso apenas verán su ingreso neto aumentar 0.8 por ciento, mientras que los deciles superiores experimentarán aumentos de hasta 21 por ciento. La reforma tributaria de Trump está diseñada para beneficiar a los más ricos y aumentará la desigualdad.


Si se quisiera mantener el equilibrio en el presupuesto federal frente a estas reducciones de impuestos la administración Trump tendría que recortar el gasto en por lo menos 20 por ciento. Pero el plan del nuevo gobierno contempla una ampliación del gasto público en un ambicioso programa de renovación y construcción de obras de infraestructura, fuerzas armadas y rubros como el de la atención a los veteranos de guerra. El aumento en gasto militar es absurdo (Estados Unidos ya gasta más que los 10 países juntos que destinan grandes recursos al rubro militar). Militarizar la frontera con México y construir su famoso muro también tendrían un costo significativo. Además, en su campaña Trump siempre mantuvo que el gasto en seguridad social y el programa federal de asistencia médica no sería recortado.


¿Qué hay del gasto en infraestructura? Todos los analistas concuerdan en que el rezago en infraestructura en Estados Unidos debe ser atendido. Trump dijo la noche de su victoria electoral que vamos a reparar carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, escuelas y hospitales; nuestra infraestructura será la mejor del mundo y pondremos millones de personas a trabajar al reconstruirla. Pero el plan de Trump descansa en esquemas de asociaciones público-privadas, en los cuales una empresa privada recibe créditos fiscales para realizar una inversión en infraestructura (por ejemplo, una carretera) y posteriormente el costo es recuperado a través del cobro de peaje. Es decir, estamos hablando de privatizar buena parte de la infraestructura existente (detalles en peternavarro.com).


Cada quien puede pensar lo que quiera de la participación privada en obras de infraestructura, pero estos esquemas de privatización no son aplicables a la mayoría de los proyectos de construcción y reparación de este tipo de obras. Muchos proyectos prioritarios desde el punto de vista social no podrían ser financiados con créditos fiscales (agua, transporte urbano, reparación de carreteras existentes, modernización de hospitales y escuelas). Otros necesitarían peajes y cuotas muy elevados, así como niveles de aforo muy altos, que no existen, para garantizar la rentabilidad que los inversionistas privados exigen. La experiencia internacional (incluyendo la de México) está repleta de ejemplos que terminan en la quiebra de las entidades privadas y en episodios de su rescate con recursos públicos.


El estímulo del paquete fiscal de Trump puede aumentar el crecimiento económico en 2017, pero ese efecto se disipará y para 2019-2020 regresarán el estancamiento y la recesión. Mientras tanto, la desigualdad y el desequilibrio en las finanzas públicas habrán aumentado. Los que votaron por Trump no verán mejorar su situación.


Twitter: @anadaloficial

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Martes, 22 Noviembre 2016 06:36

La Cumbre del Clima termina sin consenso

La Cumbre del Clima termina sin consenso

La Cumbre de Marrakech (COP22) finaliza con la incapacidad de llegar a un consenso en la ONU que permita poner en marcha el Acuerdo de París. La lucha contra el cambio climático se mete en un laberinto que retrasará las soluciones justas. Organizaciones ecologistas y sociales consideran peligroso e irresponsable el aplazamiento hasta 2018 de las medidas más urgentes.

 

Hace calor y no llueve en Marrakech, Marruecos, territorio vulnerable del planeta que debería beneficiarse de más mecanismos de adaptación. Jerga ONU. Estamos a finales de noviembre, huele a humo de moto con cúrcuma, las calles son laberínticas y no hay mapa certero.

Algo parecido pasa con el problema del cambio climático, por el que gobiernos, organismos internacionales y empresas transnacionales han transitado en los últimos diez años desde la negación más cazurra, pasando por acciones efectivas de diagnóstico económico, científico y social, hasta la presentación ambigua de soluciones.

Desde este lado del noroeste africano, la plaza Jemaa El Fna muestra que hay otras maneras de mirar el mundo. Sus gentes y cielos agitan culturas diversas y hasta los pájaros se reúnen en círculo. El centro de la ciudad está abarrotado de carteles de la COP22, cuyas instalaciones se han preparado en dos grandes pabellones internacionales a las afueras: la Green Zone –para organismos representantes de la sociedad civil, transnacionales, bancos, técnicos y prensa– y la Blue Zone –para gobiernos, negociadores, delegados, más técnicos y medios–.

Muchas palabras y pocas acciones

Los jefes de gobierno de 195 países se reunían por primera vez bajo el Acuerdo de París, un tratado que ha propiciado una nueva era climática, pero que está liderada por los mismos agentes que causan la degradación planetaria. Por eso en Marrakech todo se resume en un aplazamiento hasta 2018. Lo opuesto de lo que la sociedad esperaba.

Durante dos semanas –una científica y otra política–, delegados, negociadores, técnicos, periodistas y activistas escribieron miles de textos en todas las lenguas del mundo sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático en un contexto de serias amenazas ambientales y de un aumento estremecedor de la desigualdad.

Pero este consenso en torno a la urgencia de la acción no se tradujo en compromisos reales. No. Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la COP22, tildaba la conferencia mundial como “la cumbre de la acción”. El presidente francés François Hollande se refería a “la cumbre de las soluciones” y el secretario general de la Naciones Unidas Ban Ki-moon se despedía diciendo que, “si no se actúa ahora, la temperatura subirá casi cuatro grados”.

Lejos de ser una cumbre activa y resolutiva, Marrakech pasa a los anales de la ONU como una cumbre-trámite en la lucha contra el calentamiento global. Para los movimientos ciudadanos ha sido la cumbre de “perder el tiempo” mientras mueren personas, pueblos originarios, islas, llegan huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales y accidentes nucleares. Para las empresas ha sido la cumbre de “ganar tiempo” en la búsqueda de nuevos nichos de mercado y nuevas formas de control económico.

Chocaba en los pabellones de la Cumbre la enorme presencia de multinacionales fósiles y de empresas de infraestructuras (cementeras, energéticas, telecomunicaciones, transporte...) cuyo número de delegados y negociadores ha sido muy superior al de las representantes de la sociedad civil. La Climate Action Network, referente en la lucha organizada contra el cambio climático, reparte las acreditaciones de entrada entre las organizaciones, pero la secretaría de la COP las está restringiendo.

La ciudadanía observa impotente la inacción de los gobiernos. Mientras las organizaciones ecologistas siguen denunciando la vulneración de derechos humanos y la negligencia de los países enriquecidos ante los peligros climáticos que afectarán sobre todo a los países empobrecidos.

Los movimientos sociales exigen hablar de resultados, no de parches que sólo ayudan a “alargar un modelo económico basado en los combustibles fósiles, obsoleto y destructivo para el planeta y la inmensa mayoría de sus habitantes”, según Javier Andaluz, responsable del área de Cambio Climático de Ecologistas en Acción.

18 de noviembre: un viernes noche

Después de doce días, pasada la medianoche terminaba el Plenario final de la COP22, pero seguía un rato más la diplomacia subterránea. Brasil, Ecuador y China aplazaban sus rifirrafes sobre el año de rendición de cuentas de los países (China se niega a poner un año), el aumento en 2025 de los 100,000 millones de dólares previstos para el Fondo Verde, y la no concesión de descuentos a países petroleros que paren sus extracciones. Finalmente, la Coalición de Países más afectados (CVF) también suscribía el comunicado. La Cumbre de Marrakech se cerraba por agotamiento y por streaming.
La única buena noticia de la Cumbre ha sido la creación de un fondo para 2050 en el que EE UU, Alemania, Canadá, Francia, Perú, Chile, Costa Rica y 47 países vulnerables (lenguaje ONU) se comprometen a tener 100% energías renovables.

Las élites políticas asumen ya como necesario el cambio estructural de modelo económico-climático. Ante esto y los propios límites del planeta, las grandes empresas intentan reformular sus modelos de negocio. No en vano, 360 multinacionales estadounidenses se han adherido a los compromisos del Acuerdo de París durante la COP22.

En los altos niveles de negociación de la Blue Zone, más allá de la nueva presidencia de EE UU, se hablaba sin tapujos de "descabornización profunda", como ha informado El Diario.

Por su parte, el comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Ángel Arias Cañete, insistía en la necesidad de mayores esfuerzos. Sin embargo, los compromisos de la UE contradecían sus declaraciones.

Durante la COP22 se filtraba el próximo Paquete Energético de Invierno elaborado por la Comisión Europea, que se presenta oficialmente el 30 de noviembre y seguirá incluyendo subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles a través de los mecanismos de capacidad, “algo que ya denunciamos hace un mes en el Parlamento Europeo”, afirma Xabier Benito, eurodiputado de Podemos.

De Europa a España

Las fotos oficiales han quedado resultonas, también para España. Aunque Rajoy no dijera nada relevante a su paso por la Cumbre. Tuvo una agenda más intensa con Mohamed VI a quién (quizás) le explicó los nefastos efectos de su impuesto al sol. Una semana antes, El Confidencial publicaba que el Banco Europeo de Inversión (BEI) iba a dar soporte a una de las mayores infraestructuras de energía solar del mundo en suelo marroquí.

En los últimos días de la COP22 el gobierno español daba un pasito y anunciaba una propuesta de Ley de Cambio Climático, que las organizaciones ecologistas llevan tiempo pidiendo, como recoge 20minutos.

Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, dispone de un documento estratégico que podría ser la base de una Ley de Cambio climático española e insta a todas las formaciones políticas a tenerlo en cuenta. Por su lado, Unidos Podemos y Ciudadanos han elaborado sendas hojas de ruta sobre cambio climático.

“Me parece capital que exista una Ley del Cambio Climático y un proceso de negociación de Ley para generar un consenso y participación amplia”, dijo a Diagonal Teresa Ribera, actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, copresidenta del panel de Naciones Unidas sobre iniciativas ante el cambio climático y miembro del Foro Económico Mundial.

En España llama la atención la falta de coordinación ministerial del gobierno del PP. Algo que también sucedió en las dos legislaturas de Zapatero (PSOE). Pero estamos en la máquina ONU. No es de recibo que el Ministerio de Medioambiente llegue a la COP22 para responder de manera difusa, sin concretar datos ni planes, y rebotar las preguntas cruciales al Ministerio de Industria, ausente oficialmente.

Las declaraciones de intenciones no son suficientes

A estas alturas de la historia, cabe preguntarse ¿qué habría que hacer para que la prestigiosa o prestidigitadora ONU fuera motor de acciones, además de declaraciones?

La COP22 terminó con la Declaración de Marrakech, un comunicado clásico en la historia de las cumbres. Una herramienta muy utilizada cuando no hay acuerdos ni resoluciones concretas, llena de formalismos del tipo “podría”, “sería deseable”,” aconsejable”, “una opción para”, que pasa de puntillas por “catástrofe climática”.

En la Cumbre alternativa, la Red Internacional de Justicia Climática (Demand Climate Change Network) publicaba la misma noche del 17 de noviembre un manifiesto que, entre otras cosas, exige que el 50% de la financiación se destine a proyectos y estrategias basadas en los ecosistemas y no en nichos de mercado para las empresas occidentales. Este documento también exige la liberación de cientos de activistas ecologistas que hoy están encarcelados por todo el mundo, así como el reconocimiento de asesinatos de líderes y lideresas indígenas que se oponen a proyectos energético-empresariales demoledores con sus territorios y comunidades.

Recetas para la dominación, pautas para la adaptación

Las economías industrializadas son las principales responsables del cambio climático y al mismo tiempo las menos comprometidas en una transformación radical del modelo productivo, industrial y energético.

El Acuerdo de París prevé para el Fondo Verde para el clima un monto de 100.000 millones de dólares anuales (67.000 millones provenientes de fondos públicos pero no puestos sobre la mesa ha sólo 165 millones) que se destinarán a acciones de mitigación (80%) y adaptación (20%) al cambio climático, es decir a que los territorios más afectados puedan adaptatse y seguir viviendo. De nuevo, jerga ONU. En este sentido, el porcentaje debería ser el opuesto: mucho más para adaptación que para mitigación.

De los 3.000 millones de dólares prometidos por EE UU con Obama para este Fondo Verde, hasta ahora sólo se han entregado 500. Un dato “muy, muy desolador”, según declaraciones de Mpanu Mpanu, jefe del grupo Países Menos Desarrollados, a La Marea.

La adaptación es uno de los pilares clave en la lucha contra el cambio climático y su puesta en marcha debería estar mucho más avanzada de lo que está. En este sentido, la inactividad de la COP22 de Marrakech pone en riesgo la supervivencia del Fondo para la Adaptación desarrollado en 2001, en la misma ciudad marroquí.

La pasividad en la adaptación y preferencia por la mitigación –un pan para hoy y hambre para mañana– en el lenguaje ONU y en los hechos tendrá grandes repercusiones sociales, ambientales y económicas en los próximos años, tal y como ya ha demostrado la comunidad científica y, en especial, el IPCC.

Decenas de organizaciones indigenistas provenientes de los países de América Latina y el Caribe, representadas por mujeres principalmente, reclamaban en la Cumbre oficial mayor apoyo y protección a los territorios y comunidades que más sufren las consecuencias del cambio climático. Como organizaciones africanas, Attac Maroc y colectivos saharauis incluidas, insisten en poner en el centro de las negociaciones climáticas a la ciudadanía y los derechos humanos.

En la cumbre alternativa, realizada del 14 al 17 de noviembre en la Universidad Caddi Ayyad de Marrakech, se hicieron charlas temáticas y mesas redondas. Un experto en agua tunecino terminaba una conferencia llorando después de contar en público los abusos de países europeos –España es clave– sobre la explotación de gas y petróleo en el Norte del continente africano. Especial éxito tuvo la asamblea de la Alianza Euromediterránea contra el cambio climático, que ha diseñado una hoja de ruta para los próximos meses. Fue recordada con insistencia la urgencia de expulsar definitivamente a las multinacionales fósiles de cumbres como la COP.

Mercado de emisiones y carbono

Casi el 45% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea están cubiertas por el mercado de carbono, con más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales en territorios de la UE y países asociados, así como parte de la aviación civil.

Los créditos de carbono son un mecanismo de mercado que reparte asignaciones por países. Desde 2013 el gobierno español realiza una asignación de derechos de emisión gratuita para empresas y multinacionales con implantación en España. La primera vez dio 104 millones de toneladas de Co2 en derechos de emisión, una cantidad que se ha reducido cada año, para fomentar la reducción de emisiones y la descarbonización.

El sistema de mercado de carbono es responsabilidad de la UE que controla el mercado de carbono y fija el precio. En España, el Ministerio de Industria es el encargado de repartir los derechos de emisión.

Existen dos tipos de emisiones de gases de efecto invernadero: industriales –energéticas, siderúrgicas, cerámicas, cementeras, refinerías... que suponen el 40% de emisiones totales– y difusos –transporte, agricultura, sector residencial, constructoras maquinaria pesada, construcción de carreteras, y, en general, todo lo que no se puede medir directamente porque no están al final de una tubería ni hay un medidor, y que suponen el 60% de las emisiones totales–.

Decir que España tiene ya cumplidos sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2020 es verdad. Pero no lo es por el esfuerzo de los distintos gobiernos españoles (Zapatero y Rajoy), si no por un truco contable: la ONU cambió el año de referencia para medir las emisiones (antes 1990, ahora 2005).

Hace once años, España tenía unos índices de emisiones muy elevados, no cumplía con el Tratado de Kioto y desde 2007 había tenido que comprar derechos de emisión de GEI por valor de más de 1.300 millones de euros. Llegó el primer ciclo de la crisis económica (2007-2011), que en España se tradujo (entre otras muchas cuestiones) en un brusco descenso de más del 20% de sus emisiones.

La quema de carbón explica en España su aumento en emisiones de gases de efecto invernadero entre 2014 y 2016, como ha documentado Público. Según la Red Eléctrica de España, el uso del carbón para generar electricidad se disparó un 23,4% en 2015 con respecto a 2014.

El modelo de carbón agoniza y tiene ya fecha de muerte. En el caso español, 2018 será el último año que reciba ayudas públicas. Para datos de 2016, resulta interesante el informe Global Carbon Budget publicado el pasado 14 de noviembre.

El futuro es ahora

“La única manera de frenar el cambio climático es mantener el 80% de los combustibles fósiles bajo tierra y desarrollar lo antes posible una economía baja en carbono que reduzca la desigualdad y contribuya a una sociedad ecologista, feminista y democrática, acorde con los límites planetarios”, afirman en la delegación española de Ecologistas en Acción enviada a la COP22.

La OMS no ha esperado para presentar un estudio que cuantifica en más 12 millones las personas que mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el cambio climático (contaminación del aire, del agua y de la tierra, radiaciones, productos químicos...).

La COP23 tendrá lugar al año que viene en la ciudad alemana de Bonn –sede de la ONU en materia climática– bajo el auspicio de las islas Fiji, territorio vulnerable. Pero, a menos que un acontecimiento extraordinario nos haga reaccionar antes, los compromisos reales no llegarán hasta 2018, en la COP24 de Polonia.

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Las multinacionales fósiles y de infraestructuras protagonizan la cumbre del COP22

Las empresas transnacionales y los gobiernos cooptan la Cumbre del Clima de Marrakech (Cop22) y paralizan la puesta en marcha del Acuerdo de París. La sociedad civil vuelve a estar infrarrepresentada frente a los lobbies fósiles.


En la semana política de la COP22, los jefes de gobierno se han reunido por primera vez bajo el Acuerdo de París. El comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Ángel Arias Cañete, ha insistido en la necesidad de mayores esfuerzos, sin embargo los compromisos de la UE contradicen sus declaraciones.


Al llegar a la cumbre observamos la enorme presencia de multinacionales fósiles y de empresas de infraestructuras (cementeras, energéticas, telecomunicaciones, transporte...) cuyo número de delegados y negociadores es muy superior al de las representantes de la sociedad civil.


Todo apunta a que el Acuerdo de París ha propiciado una nueva era climática liderada por aquellos agentes que causan la degradación planetaria, mientras la ciudadanía observa impotente la inacción de los gobiernos. Esta pasividad tendrá grandes repercusiones sociales, ambientales y económicas en los próximos años, tal y como ya ha demostrado la comunidad científica y en especial el IPCC.


El lema oficial de la cumbre, que habla de “tiempo para la acción”, contrasta con una política que apunta al estancamiento de las negociaciones del Acuerdo de París. Esto supondría dilatar la acción climática lo suficiente para que sea imposible aplicar las recomendaciones científicas y limitar el calentamiento global a 1,5ºC.


Las Cumbres del Clima se han convertido en recintos feriales con expositores de empresas que han pasado del negacionismo al lavado climático. Su misión es vender “tecnología verde” a gobiernos y multinacionales, sin beneficios relevantes para el conjunto del planeta.

Una coartada para multinacionales y lobbies


En Marrakech vuelve a quedar patente la sobrerrepresentación de las industrias fósiles, las grandes energéticas, en especial la nuclear, las petroleras y el sector de la construcción, cuyo número de representantes, al menos, triplica al de la sociedad civil.


La presencia de multinacionales en estas cumbres supone un constante bloqueo a las iniciativas ciudadanas y ecologistas, así como la configuración de la percepción social del cambio climático.
En la COP22 los debates están centrados en el papel de las transnacionales, la legitimación de sus intervenciones y los beneficios económicos del Acuerdo de París.


Se trata de una eficaz coartada para aquellos agentes que, lejos de cambiar sus acciones socioclimáticas y reconocer sus errores históricos, siguen presentándose como salvadoras de una situación de la que ellos mismos son responsables.
Esta visión lucrativa del cambio climático perpetúa un modelo socioeconómico obsoleto que provoca atentados sociales y ambientales muchas veces irreversibles. Mientras, las organizaciones de la sociedad civil están experimentando mayores problemas de acceso a las negociaciones oficiales.


Los movimientos ecologistas exigen la retirada del estatus de observador a todas las empresas petroleras acreditadas dentro de las COP, como ya lo hizo en 2007 la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las tabacaleras.

El gobierno español no da la talla


La incomparecencia de Mariano Rajoy en la COP22 es un claro ejemplo del desinterés del actual gobierno español en materia climática. La economía española es profundamente dependiente del consumo de combustibles fósiles y prueba que estamos muy lejos de abordar una definitiva descarbonización.


El dato definitivo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) publicado hoy por el INE demuestra que España es el segundo país con mayor aumento en emisiones GEI de la Unió Europea. Esta información confirma la adelantada por EeA el pasado agosto.


Desde Marruecos, las organizaciones que representan a la sociedad civil insisten en la necesidad de un cambio de modelo. Los gobiernos deben actuar “de verdad” frente a las demostradas consecuencias sociales y medioambientales del cambio climático, evitar el expolio de los recursos naturales que sufren los países empobrecidos, reconocer las múltiples luchas ciudadanas silenciadas por los negociadores oficiales en la cumbre, y poner límites a figuras de poder como el negacionista y actual presidente de EE UU Donald Trump.


Poner en el centro de las negociaciones climáticas a la ciudadanía y los derechos humanos. Éste es el reto: en una situación de emergencia socioambiental y de necesidad, aplicar políticas estructurales que den soluciones reales y no parches a un modelo obsoleto y caduco. En este sentido, el primer y más urgente paso es expulsar definitivamente a las multinacionales fósiles de cumbres como la COP.

 

16/11/16 • 16:31

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El acuerdo mundial contra el cambio climático, en la cuerda floja

La elección de Trump y las divergencias entre los países sobre los mecanismos que deben regir el Acuerdo de París ponen en jaque la lucha mundial contra el calentamiento global


MARRAKECH. -Hace apenas un año, 195 estados dieron su visto bueno, por primera vez, a un pacto que les comprometía a todos en la lucha contra el cambio climático. El Acuerdo de París, aprobado el 12 de diciembre en la capital francesa, se proyectó al mundo como un esfuerzo “histórico” que tenía como principal objetivo evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados centígrados a finales de este siglo. Ahora bien, una vez decidido el qué, falta concretar el cómo.

Eso es lo que se discute estos días en la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en Marrakech: cuáles van a ser los mecanismos para que los objetivos marcados en París no queden en agua de borrajas. Es la letra pequeña y menos glamurosa del documento, pero vital para saber en qué medida la lucha contra el calentamiento global de la que hizo gala París tendrá un resultado exitoso. Y, por el momento, no hay demasiadas señales que inviten al optimismo.


Son varias las amenazas que sobrevuelan el Acuerdo de París. La primera, y que cayó como un jarro de agua fría sobre los equipos negociadores que discuten en Marruecos, fue la elección de Donlad Trump como nuevo presidente de EEUU pocos días después de que comenzara la cumbre el 7 de noviembre. El magnate estadounidense es un abierto negacionista del cambio climático y entre sus promesas electorales figura la de retirar su firma del acuerdo y retirar la financiación para la lucha contra el cambio climático a la que se había comprometido Barak Obama, 3.000 millones de dólares anuales.

Aunque aún se desconoce qué decisión tomará finalmente, su llegada a la Casa Blanca ha despertado el revuelo generalizado en Marrakech. EEUU es el segundo país más contaminante del mundo (él sólo es responsable de entre un 10% y un 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que se expulsan a la atmósfera) y sus compromisos de reducción de CO2 (Un 26% en 2020 con respecto a los niveles de 2005), aunque insuficientes, resultan esenciales en el cómputo global.

La ministra francesa de Medio Ambiente, Ségolène Royal, ya advirtió al candidato republicano de que salirse del acuerdo le llevaría entre tres y cuatro años y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido al presidente electo este martes que entienda la “urgencia” y “gravedad” del cambio climático. No obstante, Trump no tiene ni siquiera que salirse del acuerdo para entorpecerlo: como los compromisos de reducción de emisiones no son vinculantes, le basta con no cumplirlos, sin que eso vaya a suponer sanciones de algún tipo para el país.


Poca ambición


Otro de los puntos de mayor bloqueo del acuerdo es el que hace referencia a los mecanismos de revisión de los compromisos. Para cumplir con el objetivo de no aumentar la temperatura más de dos grados, cada país puso sobre la mesa el año pasado el porcentaje de reducción de emisiones con el que estaba dispuesto a comprometerse en 2020. Pero son insuficientes, es decir, que sumando los compromisos de todos ellos nos toparíamos, aún así, con un escenario de aumento de la temperatura global de casi tres grados a finales de siglo. Por ello el Acuerdo de París recoge la obligación de que los países se reúnan cada cinco años para revisar estos objetivos y hacerlos más ambiciosos. Pero no hay acuerdo sobre cuál debe ser el año de la primera revisión. En un principio se consideró que debía ser en 2018, pero “ningún país parece estar dispuesto a ello”, asegura a Público el eurodiputado de Equo en el Parlamento Europeo Florent Marcellesi. La siguiente fecha que se contempla es 2023.

Además, existen divergencias importantes en cuanto a la financiación, es decir quién y cuánto dinero se debe aportar a la lucha contra el calentamiento global. El Acuerdo de París contempla un fondo verde para el clima de 100.000 millones de dólares anuales que se destinarán a acciones de mitigación (80%) y adaptación (20%) al cambio climático, pero los países más empobrecidos, que son los más afectados y los que tienen menos responsabilidad, piden mayor porcentaje para la adaptación. En este sentido, tampoco hay acuerdo sobre si, además del fondo verde, se aportará más financiación para las pérdidas y daños que ya están sufriendo los países del sur, y que éstos reclaman.

Por LUCÍA VILLA
@Luchiva

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Sábado, 12 Noviembre 2016 06:56

Caos climático, ¿verdad o consecuencia?

Caos climático, ¿verdad o consecuencia?

El 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático. Mirando los datos reales, los festejos por este "logro" parecen un teatro del absurdo.

Abundan afirmaciones engañosas de fuentes oficiales y empresariales para desviar la atención de la gravedad del caos climático, dando así coartada y protección a quienes lo han causado: transnacionales de energía (petróleo, gas, carbón), agronegocios, construcción, automotrices; y el 10 por ciento de la población mundial más rica que con su sobreconsumo es responsable de 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El primer objetivo del acuerdo es “mantener el aumento de la temperatura media mundial [para el año 2100], muy por debajo de 2º C respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5º C... ”

Pero la misma semana que entró en vigor el Acuerdo de París, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó el informe Brecha de emisiones 2016, donde señala que con el actual curso de emisiones, habrá un aumento de 1.5º C, ya en 2030 o antes. Agrega que sumando los "compromisos" oficiales que han declarado los gobiernos a la Convención sobre Cambio Climático, la temperatura aumentará 3.5º C hasta fin de siglo. (http://tinyurl.com/jr3n9mk).

¿Por qué dos organismos de Naciones Unidas dan mensajes tan contradictorios? Para empezar el Acuerdo de París pone una meta "ideal" –que se propagandea y festeja como si fuera real– pero permite que cada país haga contribuciones voluntarias de reducción de emisiones llamadas Contribuciones Previstas Determinadas a nivel nacional. No son vinculantes, no obligan a tomar medidas para cambiar el curso de la crisis climática y, peor aún, lo que declaran ni siquiera son necesariamente reducciones reales (en sus fuentes y por parte de quienes se benefician con el consumo), porque la "contribución" de muchos de los principales países emisores no es tal: se basa en gran parte en mecanismos fallidos como mercados de carbono y tecnologías no probadas ni viables.

El artículo 4.1 del Acuerdo de París agrega que para cumplir los objetivos, se propone que “las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible (...) y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero (...) para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo...”

Si las metas son teóricas, la forma de llegar a ellas que establece el acuerdo es surrealista: primero se puede seguir emitiendo –hasta alcanzar un punto máximo o "pico" que no se define cuánto es– y luego hay que reducir rápidamente (lo cual no se podía hacer antes, pero al alcanzar el pico mágicamente sí se podrá) y luego, continúa sin hacer reducciones, sino que se trata de "alcanzar un equilibrio" entre emisiones y absorción "antropógena", o sea, por medios tecnológicos, no naturales.

Esta última parte es particularmente perniciosa, porque justifica el concepto fraudulento de "cero emisiones netas" o hasta negativas. No son reducciones sino compensaciones, es decir, contabilidad no realidad. Presupone que se puede seguir aumentando la emisión de gases de efecto invernadero porque se "compensarán" con tecnologías de "emisiones negativas".

Las tecnologías a las que se refieren mayoritariamente son captura y almacenamiento de carbono en fondos geológicos y bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (CCS y BECCS por sus siglas en inglés), ambas consideradas técnicas de geoingeniería. En sí mismas conllevan riesgos importantes –todos los estudios recientes sobre BECCS muestran que las plantaciones para bioenergía en la escala requerida tendrán un impacto devastador en suelos, agua, ecosistemas y producción de alimentos. CCS es una vieja técnica de la industria petrolera que no se usa porque es cara e ineficiente: se llamaba antes Recuperación Mejorada de Petróleo pero cambiaron el nombre para venderla como tecnología para el cambio climático. Se trata de inyectar CO2 para empujar a la superficie reservas profundas de petróleo y dejar el carbono en el suelo. No es técnica ni económicamente viable –tampoco sirve para el cambio climático porque aumenta el consumo de petróleo– pero si se paga con subsidios públicos, es un jugoso negocio para las empresas que causaron el problema. Cuando en unos años sigan sin dar "emisiones negativas" y el planeta se siga calentando, dirán que para enfriarlo sólo quedan otras formas aún más riesgosas de geoingeniería.

Lo más cruel de este teatro es que el problema del caos climático es real, nos afecta a todos, se conocen claramente las causas y responsables, pero la mayoría de las propuestas oficiales y empresariales son falsas "soluciones". Por el contrario, muchas organizaciones y movimientos sociales muestran que hay gran diversidad de alternativas que funcionan, son viables y benefician a la mayoría de la gente y el planeta. La más fuerte por su alcance y capacidad de contrarrestar el cambio climático son los sistemas agroalimentarios campesinos, agroecológicos y locales. Pero también energías renovables con las comunidades, sistemas de basura cero, recuperar ferrovías, buen transporte colectivo de bajas emisiones y muchas otras. Cada una no es suficiente, pero juntas tienen un enorme y potencial real, viable económica, ambiental y socialmente. Lo criminal es seguir con el mismo modelo de producción y consumo, aumentar la civilización petrolera, su devastación ambiental y social y sus dueños hagan nuevos negocios con tecnologías para "compensarlos".

 

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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La cumbre del clima de la ONU negocia las reglas para reforzar el Acuerdo de París

Las conclusiones de la conferencia que arranca en Marrakech pueden catapultar la ambición de la lucha contra el cambio climático


“Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, decía el conde de Romanones (Álvaro de Figueroa), 17 veces ministro de Alfonso XIII, sabedor de que la letra menuda puede a veces más que las grandes proclamas. Convocados por la ONU, representantes de cerca de 200 países se reúnen en Marrakech (del 7 al 18 de noviembre) para negociar la aplicación del Acuerdo de París, el primer pacto mundial para combatir el cambio climático, firmado en diciembre del 2015 en la capital francesa. No será una conferencia histórica. El pacto político ya está hecho. Pero sus conclusiones pueden apuntalar, reforzar o, incluso, catapultar la ambición de la lucha contra el cambio climático; o, por el contrario, hacer que todo quede en agua de borrajas. Lo dicho: la respuesta está en la letra pequeña, que empieza a escribirse en Marrakech.


El Acuerdo de París estableció el compromiso mundial para evitar un aumento de temperaturas “muy por debajo” de los 2ºC respecto a las de la época preindustrial, y proseguir los esfuerzos para que esa subida no supere los 1,5ºC. Los grandes países firmantes del acuerdo han presentado sus contribuciones nacionales o planes de acción climática para frenar, limitar o reducir las emisiones de gases invernadero, aunque con metas libremente elegidas por cada país (en función de sus capacidades). Y deberán renovar su compromiso al alza cada cinco años.


Pasar del pacto a tener reglas, para verificar las promesa hechas


La rápida ratificación del acuerdo subraya el alto nivel de consenso sobre la necesidad de combatir el calentamiento. “Pero ahora se trata de traducir los grandes objetivos y principios en reglas de transparencia y de funcionamiento”, dice Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente. En Marrakech se debe empezar a escribir las reglas sobre cómo se hará el control y verificación de las contribuciones nacionales presentadas, algo que será clave para abordar con garantías la revisión que se iniciará en el 2018.


“Debe haber transparencia y se debe consensuar la manera de verificar el cumplimiento, para que se pueda determinar si se están dando avances significativos”, dice Manuel Pulgar-Vidal, responsable de clima y energía de WWF Internacional.


Lograr la transparencia y que haya confianza entre los países


Pero consensuar esa transparencia no será fácil. “Hay que recordar que el último inventario de emisiones de China data del año 1995, pues este país se resiste a someterse a los mecanismos de vigilancia de la comunidad internacional”, apunta Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient de la Generalitat, para ilustrar de qué se está hablando.


Está en juego, pues, la confianza entre las partes, para que no se venga abajo este precario castillo de ilusión construido en París.


Las nuevas contribuciones deben ser más homogéneas en el 2020


Disponer de reglas bien claras es necesario sobre todo para que los países sepan cómo pueden presentar sus nuevas contribuciones en el 2020 de forma homologable (las mismas características del informe, iguales períodos de cumplimiento...). Hay que tener en cuenta que las contribuciones nacionales presentadas hasta ahora (voluntarias) no tienen un criterio homogéneo; y por eso se ha programado un encuentro en el año 2018 con el objeto de facilitar esa tarea y sistematizar y mejorar la presentación de los planes.


Así, a la luz de lo acordado en el 2018, se señalarán qué acciones de carácter global son más eficaces para combatir el calentamiento o mejorar la adaptación al cambio climático para determinar las acciones más eficaces (protección de costas, seguridad alimentaria, sequía...), explica Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático de la etapa socialista.


Frenar la subida de temperaturas por debajo de los 2ºC


Todo este encaje de bolillos se tiene que hacer porque la meta final es cuadrar las contribuciones nacionales en un esfuerzo común orientado a aumentar la ambición de la lucha contra el calentamiento. Porque ahora los números (las reducciones de gases prometidas) no salen. Son insuficientes. “Antes del pacto de París, la tendencia climática marcaba un aumento de temperaturas de entre 3,8ºC y 4ºC (respecto a la época preindustrial). Con la suma de las contribuciones prometidas en París el aumento de temperaturas se sitúa en 2,8 ºC; pero sigue estando por encima de la meta de los 2 grados”, recuerda Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro de Medio Ambiente de Perú, que presidió la conferencia del clima de Lima (2014).


Otro obstáculo es que el acuerdo de París no prevé sanciones por incumplimiento de las promesas hechas por los países, y sólo se busca señalar con el dedo (¿avergonzar?) a los menos cumplidores. Se pactaron modestos instrumentos de persuasión como contrapartida a que todos los países estuvieran en el pacto. En el año 2020 los países deberán presentar sus nuevas contribuciones mientras que en el año 2023 el tratado debe actualizar sus compromisos globales.


Los grupos ecologistas piden una ambición mucho mayor


Los grupos ecologistas piden acelerar los plazos y reclaman para el 2018 una revisión que sirva para impulsar “un notable incremento en la ambición de los países”, señala Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción. “La revisión del inventario de las emisiones presentadas no debe ser usada como pretexto para posponer la aplicación de las directrices de los expertos (del panel intergubernamental de cambio climático). Si no se modifican al alza en el 2018 los compromisos presentados por los países, no podremos limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC”, continúa Andaluz.


De la misma manera, un informe del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente presentado la semana pasada indica que el mundo debe incrementar de manera urgente su ambición para recortar más o menos un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero, si se quieren evitar los peores efectos del cambio climático. Si no se produce una pronta reducción de esos gases, el planeta experimentará previsiblemente un incremento en su temperatura media de entre 2,9ºC y 3,4ºC, aunque se apliquen en su totalidad los compromisos pactados en París.


Buscar compromisos para ayudar a los países menos adelantados


Otro gran asunto de discusión es la financiación. El acuerdo de París obliga a los países desarrollados a contribuir a la financiación de las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático en los estados menos adelantados.


Se trata ahora de lograr que los fondos aumenten progresivamente hasta lograr reunir 100.000 millones de dólares para el año 2020. “¿Qué parte de esta cantidad será pública y cuál privada?, ¿cómo y de qué manera se controla la aplicación de este fondo?”, son algunos de los interrogantes que se suscitarán, explica Salvador Samitier, director de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.


Descarbonizar la economía en la segunda mitad de siglo, meta deseable


El Acuerdo de París es considerado como una punta de lanza para descarbonizar la economía; es decir, para sustituir los combustibles fósiles por un modelo energético más limpio. Pero no hay metas globales concretas para reducir a esta dependencia de la energía fósil; ni se esperan cambios en este punto en Marrakech. El pacto de París dice sólo que los países firmantes se comprometen a alcanzar en la segunda mitad del siglo “un equilibrio entre las emisiones generadas por las actividades humanas” y las que el planeta puede absorber, lo que da pie a que se puedan usar mecanismos naturales o técnicas de captura o almacenamiento geológico de CO2.


Arrinconar los combustibles fósiles es un reto que choca con múltiples intereses. Los expertos estiman que entre el 60-80% de las reservas de carbón, petróleo y gas de las compañías que cotizan en bolsa no deberían ser quemadas y tendrían que permanecer bajo tierra, si se quiere que el aumento de temperaturas no rebase los 2ºC. Las reservas totales de carbón, petróleo y gas identificadas por las bolsas mundiales como activos económicos equivalen a 762 Gt CO2 (una cuarta parte de las reservas totales del mundo).

 

 

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Viernes, 04 Noviembre 2016 06:06

¿Por qué invertir en ciencia y tecnología?

¿Por qué invertir en ciencia y tecnología?

Desde hace mucho tiempo las sociedades más desarrolladas han comprendido que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento y por eso invierten en Ciencia y Tecnología (CyT). El creciente bienestar y desarrollo humano de las sociedades depende del conocimiento y los avances en esta materia dependen de la inversión en CyT. Entendemos a la CyT como permeando todas las ramas del saber: desde las ciencias exactas y naturales a las sociales. La cura de enfermedades, la producción de energía sin la cual no podemos vivir, el cuidado del medio ambiente, la comprensión de nuestras sociedades, todo eso y mucho más dependen de la CyT.


La inversión en CyT es una condición necesaria, sine qua non. Pretender desarrollarse sin inversión es una fantasía y un autoengaño. Trataremos de documentar esto con datos empíricos (datos de 2013).


La figura muestra un gráfico sumamente interesante y relevante. En el eje horizontal está la inversión en CyT que realizan los diferentes países, medida en términos del porcentaje (%) del Producto Bruto Interno (PBI, que puede ser considerado representativo de la riqueza que genera un país). En el eje vertical se ve el PBI per cápita. Este número se relaciona con lo que le tocaría de la “torta” a cada uno si ésta estuviese repartida uniformemente. En este gráfico se ven una serie de puntos. Cada uno de ellos representa la situación de un país particular. Como se puede ver, estos puntos se ordenan aproximadamente alrededor de una línea recta. De hecho, la recta dibujada es la que mejor ajusta esos puntos, la que pasa por el “medio” de todos y hace mínima la distancia de todos ellos a dicha recta (técnicamente es la recta que representa la regresión lineal mínimo-cuadrática). La bondad del ajuste está representado por el coeficiente de correlación, que como se ve en el gráfico es cercano a 0,9. Es decir que las dos variables, porcentaje del PBI invertido en CyT y PBI per cápita están fuertemente correlacionadas. Si los puntos se ordenasen perfectamente sobre una recta, el coeficiente de correlación sería 1.


En el gráfico vemos que la recta pasa cerca del cero, confirmando que los países que no invierten en CyT son al mismo tiempo los más pobres (no están mostrados explícitamente, pues están apilados cerca del cero, es decir en la esquina inferior izquierda del gráfico). Existen anomalías que no están graficadas de países que sin invertir son ricos. Se trata de pequeños países que viven de las finanzas (“paraísos fiscales”) o de regalías petroleras por ejemplo (como Qatar).

Después aparece un grupo de países entre los cuales está la Argentina, y varios otros latinoamericanos y de otras zonas del mundo. De Latinoamérica, el país que más invierte en CyT es Brasil (aproximadamente el 1,1 por ciento de su PBI), como parte de su estrategia para desarrollarse. China también parece estar en la misma tesitura. Luego viene nuestro país, que en el período 2002-2012 casi duplicó su inversión en CyT (pasó de 0,35 a 0,65) y también lo hizo su PBI (de 230 mil a 500 mil millones de dólares, U$S). Chile y Argentina son los países de la región que mayor PBI per cápita tienen (14.900 y 12.300 dólares, respectivamente), pero aún están lejos de los así llamados países del primer mundo. Después vienen países “intermedios” como Italia y España, que alcanzan valores de 34.500 y 29.400 dólares para el PBI per cápita e invierten aproximadamente 1,4 por ciento de su PBI en CyT. Finalmente, “arriba de todo” están los países como Canadá, Australia, Francia, Alemania, EE.UU. y otros que invierten entre 2 y 3 por ciento de su PBI y tienen PBI per cápita de entre 43 mil y 54 mil dólares. La inclinación (pendiente) de la recta tiene un valor de aproximadamente 17 mil dólares per cápita por cada 1 por ciento de aumento de la inversión en CyT. Esto está mostrado con las dos flechas rojas, una horizontal que parte del punto representativo de nuestro país, y otra vertical a partir de la punta de la anterior y que nos llevaría a un lugar similar a Italia-España. Esta trayectoria está también para sugerir la estrategia que debería seguir nuestro país para desarrollarse: aumentar sustancialmente la inversión en CyT para eventualmente llegar a aproximarnos a la recta pero en una posición sustancialmente mejor. La cantidad de dinero que representa un 1 por ciento del PBI es de unos 5 mil millones de dólares (la mitad de lo pagado a los fondos buitres). El “rendimiento” que tendría esta inversión si la estrategia fuese exitosa sería de 17 mil dólares por 40 millones de habitantes, o sea de unos 680 mil millones de dólares, lo que más que duplicaría nuestro PBI. El factor entre lo “ganado” y lo invertido sería de ¡136 veces! Estamos en presencia de un gran amplificador. Por supuesto que esto no ocurriría inmediatamente. Sería un camino que además debería ser acompañado por otras medidas inteligentes impulsadas por un Estado activo y dedicado, como lo ha sido en los países que están “arriba”. Se debería invertir en sectores en los cuales la Argentina tiene tradiciones exitosas sin descartar nuevas opciones, fomentar y cuidar a las Pymes como generadoras de trabajo calificado y bien remunerado, fomentar el mercado interno como dinamizador de la economía al ser consumidor de la producción local, sustituir importaciones, impulsar e incentivar la innovación tanto en nuestras instituciones de CyT y universidades como en las empresas, utilizar el gran poder de compra del Estado para apoyar a la industria nacional, utilizar plenamente la capacidad de nuestros profesionales y técnicos bien formados en nuestras universidades e institutos, ocupar nichos a nivel internacional, etc.


Va de suyo que esta inversión en CyT tendría otros efectos altamente positivos: nuestros jóvenes (y también los no tan jóvenes) tendrían oportunidades y podrían realizarse plenamente desplegando sus potencialidades, sus talentos y sus mejores cualidades humanas aquí y se podrían sentir parte de la noble y solidaria gran tarea de contribuir al desarrollo de su país. No tendríamos que vivir de nuevo una fuga de cerebros, exportando materia gris a los países desarrollados que están ávidos de ellos.


Lejos de “rebalsar” el sistema científico y tecnológico argentino es aún demasiado chico. No queremos que nos roben la esperanza que acariciamos estos últimos años. Vamos a defenderla con nuestras mejores armas, mostrándoles a nuestros conciudadanos que invertir en CyT es una de las mejores estrategias a seguir.

 

Por Andrés J. Kreiner, CNEA-Conicet-Unsam.

Miércoles, 12 Octubre 2016 06:40

Habitat III y la Nueva Agenda Urbana

Habitat III y la Nueva Agenda Urbana

ALAI AMLATINA, 11/10/2016.-/La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible –Habitat III–, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre, se realiza en un contexto muy diferente de las dos anteriores, realizadas en Vancouver 1976 y Estambul 1996.Hoy la realidad se presenta marcada, entre otros aspectos, por el acelerado crecimiento de las ciudades en las últimas décadas, a la par del éxodo rural –se estima que de aquí a mediados del siglo, el porcentaje de la población mundial que vive en zonas urbanas pasará de 51% a 67%–, la reciente burbuja financiera inmobiliaria que precipitó la crisis financiera mundial de 2007-2008, además de la crisis ambiental y el calentamiento global.

La Nueva Agenda Urbana (NAU)[1] <#_ftn1>, documento central que los gobiernos adoptarán en Quito -cuyo contenido de 175 artículos ya fue convenido el mes pasado tras dos años de negociaciones-, sitúa el reto de los asentamientos humanos en la agenda del Desarrollo Sostenible Post-2015 y afirma tres principios: no dejar a nadie atrás, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental.Entre los conceptos y lineamientos fundamentales que promueve la Agenda para que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y participativas, la NAU incluye: la densificación urbana, en lugar de la extensión del perímetro de las ciudades; el uso mixto del suelo, en lugar de la zonificación; la preservación de los paisajes y recursos naturales y los espacios públicos para todos. Además, pone énfasis en los vínculos urbano-rurales.

Como en el caso de otras conferencias mundiales de Naciones Unidas, la Agenda que se adopta no es vinculante, pero sí establece un marco referencial para la adopción de políticas, que en muchos casos orienta la actuación de los gobiernos nacionales, sub-nacionales/intermedios y locales, a la vez que da mayor legitimidad a la acción de los actores no-estatales (tanto en el caso de organizaciones ciudadanas como de la empresa privada, siempre presente –e influyente– en estos espacios).Además, en esta oportunidad se han incluido mecanismos de monitoreo y revisión sobre los avances en la implementación de la agenda.

*Nuevos temas*

Los organizadores de Habitat informan que hubo un amplio proceso de consultas previas con autoridades locales, entidades de la sociedad civil y otros actores; que recibieron aportes de expertos y numerosos documentos de propuestas que fueron tomados en cuenta para elaborar la Agenda.Muchos actores de los gobiernos locales y movimientos sociales consideran, sin embargo, contradictorio que la Agenda sea aprobada por los gobiernos nacionales, y que los gobiernos intermedios y locales y sectores ciudadanos, que son los directamente concernidos, no tengan participación directa en las decisiones.

Entre las propuestas que han logrado un cierto avance en la NAU está el enfoque de integrar campo y ciudad.Esta propuesta la levantan particularmente los gobiernos regionales o sub-nacionales, cuya característica es que su gestión abarca las áreas urbanas y rurales.Este tema será debatido esta semana en Bogotá en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (12-15 octubre), donde se espera la participación de 2000 autoridades, para definir recomendaciones frente a la Nueva Agenda Urbana.

Según el Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador –CONGOPE—, Gustavo Baroja, ésta sería la primera vez que los gobiernos intermedios participan en reuniones del proceso Habitat.La propuesta que llevan es justamente que se debe poner énfasis en el desarrollo territorial integral, más que solo en desarrollo urbano, ya que “la ciudad se nutre del campo, del agua cuyas vertientes están en el sector rural; se nutre de productos, sea primarios o de la agroindustria, que vienen del campo; de mano de obra para su infraestructura que viene del campo”; y sin embargo, “sigue habiendo una relación inequitativa, desigual e injusta entre campo y ciudad” que habría que superar con políticas desde una visión integral.De hecho, hay avances en este sentido, ya que la NAU hace frecuente referencia al “desarrollo urbano y territorial”, algo que no estaba presente en la Declaración de Estambul.

Una de las principales críticas de redes internacionales de movimientos sociales es que la Agenda de Quito no considera la importancia de proponer medidas frente al mercado financiero mundial.Vale recordar que la crisis económica del 2007-2008 fue debido, sobre todo, al descontrol del mercado inmobiliario y de hipotecas, que conllevó a la burbuja de especulación y su subsecuente estallido que dejó un saldo de millones de personas en la pobreza y miles de familias desalojadas de sus hogares en países como EEUU y España.

En una Carta Abierta[2] <#_ftn2>, de inicios de este año, donde constatan el fracaso del modelo de vivienda basado en dueños privados e hipotecas, estos actores advierten sobre un próximo colapso enAsia oriental, debido al crecimiento explosivo de los préstamos hipotecarios. “Los mega-proyectos liderados por el mercado, el acaparamiento de tierras y los proyectos de renovación urbana provocan el desplazamiento de personas y la destrucción de comunidades por todo el mundo.Esto es debido a que el capital financiero privado solo invierte con el interés de una alta rentabilidad para sus agentes financieros”, señala la carta.

No obstante, actores de la sociedad civil señalan también importantes logros en la NAU, en particular en referencia al Derecho a la Ciudad.Por primera vez en un documento de la ONU, se hace referencia al Derecho a la Ciudad (art. 11)[3] <#_ftn3>, concepto resultante de una lucha popular de varias décadas, que refiere al derecho de todos los y las habitantes, presentes y futuros, temporales y permanentes, de utilizar, ocupar y producir ciudades, pueblos y asentamientos que sean justos, inclusivos y sostenibles, y que sean entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna.Si bien no es aún un derecho consagrado internacionalmente, la NAU sí incorpora esta visión y saluda que haya gobiernos locales y nacionales que han reconocido este derecho.Además, a lo largo de la Agenda de Quito hay numerosas referencias a planteamientos relacionados con el Derecho a la Ciudad.[4] <#_ftn4>

*Agendas paralelas*

Para debatir temas como estos, en Quito, además de la Conferencia oficial, se están organizando múltiples eventos paralelos, en los cuales se espera la participación de más de 30 mil personas.Entre ellos se incluye una Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, una Asamblea General de la Organización de Regiones Unidas, un encuentro de gobiernos intermedios, un foro de gobiernos locales y diversas ferias y exposiciones.

Del lado de la sociedad civil, se realizará también un Habitat 3 Alternativo, como espacio autónomo de la academia y organizaciones sociales, reconocido en el marco del evento oficial.Por su lado, como en anteriores eventos internacionales sobre el hábitat, diversas organizaciones han convocado a un contraevento paralelo, en Quito y Guayaquil, titulado Resistencia Habitat III[5] <#_ftn5>, que se plantea como “espacio de movilización y construcción de propuestas desde los sectores populares y desposeídos del mundo, para cuestionar el modelo urbano global basado en la alianza gubernamental con el capital que no busca el bienestar humano, sino el crecimiento de los grupos de poder”.

Si bien los eventos paralelos ya no podrán incidir en el contenido de la Nueva Agenda Urbana a adoptarse en Quito, el hecho es que las declaraciones de la ONU solo adquieren vida si los actores las adoptan o las critican, empujan por su implementación, desarrollan iniciativas propias; y en este sentido, Habitat III es una oportunidad para profundizar el debate y ampliar el conocimiento sobre las propuestas e iniciativas para mejorar la vida en los asentamientos humanos del planeta.

- Sally Burch es periodista de ALAI.

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[1] <#_ftnref1> Por ahora disponible solo en inglés: https://habitat3.org/programme/the-new-urban-agenda/

[2] <#_ftnref2> Carta firmada, entre otras entidades, por la Habitat International Coalition -HIC- y la Alianza Internacional de Habitantes -AIH-: http://www.hic-gs.org/news.php?pid=6626

[3] <#_ftnref3> Ver: http://www.righttothecityplatform.org.br/espanol-el-derecho-a-la-ciudad-sera-incluido-por-primera-vez-en-un-documento-de-la-onu/?lang=es

[4] <#_ftnref4> Ver: http://www.righttothecityplatform.org.br/espanol-global-platform-for-the-right-to-the-city-reads-nua/?lang=es

[5] <#_ftnref5> https://resistenciapopularhabitat3.org/2016/10/06/agenda-todas-las-voces-en-resistencia/

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