El movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos a reconocer su deuda ecológica.

Solicitada en el Financial Times por la discusión sobre la deuda ecológica

En Nápoles, Italia, comienza la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Pedido para que las economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo

 

Este jueves, en coincidencia con el inicio del encuentro del G20 sobre clima, medioambiente y clima, el movimiento cívico y social Avaaz lanzará una campaña en las calles de Nápoles, en las redes sociales y en el diario Financial Times, llamando a los países ricos del G20 a reconocer su deuda ecológica y a comprometer financiamiento concreto en las acciones para mitigar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

En el Financial Times, Avaaz publicará una solicitada con el título: “La gente tiene hambre de esperanza” en la que se destaca a cinco de los líderes ambientales del G20, entre ellos el ministro Juan Cabandie, como los dirigentes que tienen la posibilidad de destrabar las negociaciones internacionales sobre medio ambiente.

 “Cada vez es más claro que proteger el ambiente es la única salida para estabilizar nuestras economías, idea que ha sido reconocida por los ministros de Finanzas del G20, al indicar que siguen siendo prioridades urgentes, ahora toca que los ministros de medioambiente hagan lo propio” explicó Oscar Soria, director de campañas de Avaaz.

La solicitada Avaaz es parte de una campaña que se lanzará en Nápoles en el marco de la Reunión de ministros de medioambiente del G20. Es en ese marco que se pide a los cinco ministros que impulsen un acuerdo para que las naciones asistentes envíen un mensaje contundente en el que todos los países y mercados que las 20 economías más grandes del mundo se comprometan para lograr un cambio sistémico que permita la recuperación justa y ecológica para el mundo.

El presidente de la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el brítánico Alok Sharma tiene un poderoso menú de opciones donde el 50 por ciento de la financiación climática se dirija rápidamente para atender la adaptación climática ya que los impactos climáticos se han vuelto cada vez más severos, no sólo en los países en desarrollo, sino también aquí en Europa.

John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, debe restaurar la credibilidad climática de su país con acciones concretas para que países como China dejen las excusas y tomen acciones. Esto incluye entregar urgentemente los 100 mil millones de dólares en financiamiento climático que prometió Estados Unidos. Y también debe poner toda su influencia para forzar una reforma financiera para que el dinero destinado al pago de la deuda soberana se oriente ahora a pagar la deuda ecológica, atendiendo especialmente a las crisis gemelas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Las naciones en desarrollo no deberían quedarse esperando. Según Avaaz, deberían presentar propuestas en la mesa para cambiar las reglas que generan inequidad e incentivos destructivos para el medio ambiente. Juan Cabandie de Argentina y Barbara Creecy de Sudáfrica son vistos no sólo como defensores de los derechos humanos, sino como potenciales interlocutores del Sur Global para presentar una visión en el que las recuperaciones económicas, sociales y ecológicas vayan de la mano: “La Argentina y Sudáfrica tienen la oportunidad, y la responsabilidad, de liderar el llamado del Sur Global para reconocer la deuda ecológica contraída por los países ricos, y reorientar las finanzas de la deuda soberana hacia una recuperación justa y verde para los países en desarrollo”, dijo Soria.

Por último, el anfitrión de la cumbre, el ministro italiano de transición ecológica, Roberto Cingolani, tiene la oportunidad y la responsabilidad de guiar a todos los ministros del G20 para que acuerden una declaración política sólida que muestre al mundo que hay un camino hacia una eliminación gradual de los subsidios que dañan nuestro clima y biodiversidad.

“El mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes: graves inundaciones en el norte y temperaturas a la alza que incrementan los incendios forestales en diversas latitudes. Hoy en Argentina, el río Paraná registra la mayor bajada en los últimos 70 años, que trae consigo sequías y otras afectaciones para las poblaciones que dependen de este afluente”, dijo el dirigente de Avaaz.

El G20 es un importante impulsor de la destrucción de la biodiversidad: representan las cuatro quintas partes de las emisiones mundiales; el gasto público en subsidios perjudiciales para la el medio ambiente fue al menos cinco veces mayor que el gasto total para proteger los ecosistemas; estos 20 países deben redoblar esfuerzos inmediatos de movilización coordinada para cerrar la brecha hacia los 1,5°C de calentamiento global entre ahora y la Cumbre climática de Glasgow.

21/07/2021

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Fitch Ratings baja el grado de inversión de Colombia

Es la segunda firma que en menos de dos meses disminuye la calificación del país a causa de los problemas económicos derivados de la pandemia del covid-19 y la inestabilidad provocada por el paro nacional.

 

En la tarde de este jueves 1 de julio se confirmó que la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo a Colombia, de BBB- a BB+. Esta sería la segunda de tres firmas que emiten esa certificación en tomar dicha decisión en menos de dos meses. La primera había sido Standard and Poor’s.

No sobra señalar que la calificación BBB se interpreta como la capacidad que tiene un país para cumplir con sus obligaciones financieras, pero más sujeto a condiciones económicas adversas; mientras que BB hace referencia a que el país es “menos vulnerable en el corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y del negocio que sean adversas”. Es decir que el país podría verse gravemente afectado en caso de que llegue a presentarse otra emergencia inesperada como la pandemia del covid-19

Los argumentos para este cambio tienen que ver con el aumento del déficit fiscal y la deuda pública con la que cuenta el Estado Colombiano, como resultado de los compromisos adquiridos para disminuir el impacto de la pandemia en los hogares más vulnerables, así como por la incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo de esos dos factores. En otras palabras, no existen en este momento razones para confiar en que el Gobierno nacional podrá recuperar la senda en términos económicos y reducir sus compromisos financieros, al menos por lo un par de años.

Valga recordar que Richard Francis, director Senior de Calificaciones de la firma ya había confirmado esta posibilidad, con esa justificación, durante un foro celebrado por Bancolombia a mediados de la semana pasada, pero advirtiendo que la baja en la calificación sucedería hasta abril del próximo año. “Colombia es uno de los pocos países que va a tener un déficit fiscal mayor este año que en el 2020”, fueron sus palabras en ese momento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el déficit fiscal del país, que se traduce en los gastos que hace el Estado versus sus ingresos, fue del 7,8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020, mientras que las predicciones del Ministerio de Hacienda, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, indican que la cifra aumentará para 2021 hasta el 8,6 por ciento del mismo; mientras que la deuda neta para finales de este año será equivalente al 65,1 por ciento del mismo indicador, una cifra visiblemente superior al 60,4 por ciento del PIB con la que cerró 2020.

A ello se suma el balance trimestral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reveló que el endeudamiento neto del Gobierno nacional tuvo un crecimiento de 102,1 por ciento en 2020, mientras que el ingreso primario del país presentó una contracción del 14,5 por ciento. Como complemento, el ingreso disponible bruto del autor institucional (sector Gobierno) registró una caída del 26,2 por ciento.

Por su parte, Fitch Ratings estima que la deuda bruta del Gobierno colombiano equivaldrá al 60,8 por ciento del PIB en 2021 y seguirá aumentando en el 2022, sin dar señas de reducirse en el corto plazo, a pesar de que prevé que Colombia experimentará crecimientos económicos de 6,3 por ciento en 2021 y 3,8 por ciento en 2022 gracias, entre otras cosas, a la llegada de financiamiento internacional por cerca de 10 billones de pesos en los últimos meses y el retorno de la inversión extranjera directa a sus niveles previos a la pandemia.

La decisión ya provocó una respuesta por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien señaló que, “esto nos obliga a seguir trabajando en dos direcciones”, refiriéndose al crecimiento económico y la presentación de una nueva reforma tributaria o “proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República”.

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Un seguidor de Castillo ondea una bandera de su partido, el jueves en Lima.ALESSANDRO CINQUE / Reuters

El candidato se muestra ambiguo sobre la igualdad de género y los derechos LGTBI, promueve una nueva Constitución, la mano dura contra la inmigración y renegociar los contratos con empresas extranjeras. Sus contradicciones y falta de concreción lastran su discurso

 

La llegada al poder de Pedro Castillo en Perú viene envuelta en misterio. Durante la primera vuelta hizo campaña en las plazas de los pueblos más alejados del centro del poder, en Lima. El radar de las élites no detectó a aquel hombre de estatura media, pantalones holgados de tergal y sombrero de palma. Cuando se quisieron dar cuenta, el maestro rural encabezaba las encuestas a la presidencia. Su discurso de izquierda populista, en contra del establishment y a favor de las clases históricamente olvidadas, está regado de propuestas ultraconservadoras, como la mano dura contra los delincuentes, la inmigración o el rechazo a la igualdad de género. En las propuestas claves para cambiarle la cara al Estado no ha sido del todo claro o se ha desdicho. Su idea de país todavía es algo abstracta.

Castillo ha ganado por solo tres décimas de diferencia a la conservadora Keiko Fujimori. Ella ha pedido la nulidad de 800 mesas electorales que podría dar un vuelco al resultado, lo que ha retrasado dos semanas la elección presidencial. Los expertos consultados consideran muy improbable que se haya cometido un fraude en un sistema electoral tan transparente y garantista como el peruano. A la espera de esa resolución, Castillo es el que más papeletas tiene para enfundarse la banda presidencial de un país que ha tenido cuatro presidentes en cinco años. El sillón del Palacio de Gobierno parece más bien un potro de tortura. Castillo asegura que al poco de sentarse en él se centrará en redactar una nueva Constitución “hecha por el pueblo”. “A través de una Asamblea Constituyente, tenemos que rescatar la salud como derecho universal”, dijo en el primer debate presidencial.

Sus críticos se alarmaron al entender que pretendía llevar a cabo una maniobra como la del chavismo en Venezuela para recortar libertades. La gente de Castillo aclaró que se llamaría a esa asamblea mediante un referéndum y que su inspiración es el modelo chileno, donde 155 miembros elegidos en las urnas redactarán un nuevo texto. Este ha sido uno de los principales flancos por el que le han atacado durante la campaña. De todos modos resulta difícil que pueda sacar adelante algo así. Necesita dos tercios del Congreso, y su partido solo tiene 37 de los 130 escaños. Más adelante aseguró que aceptaría una derrota en esa consulta: “Si el pueblo dice que no se toque la Constitución no tenemos por qué ser desobedientes. Somos respetuosos del mandato popular”.

Nacido hace 51 años en una aldea minúscula de la sierra de Cajamarca, en los Andes, Castillo llegó a la política tras protagonizar una huelga sindical de maestros que le hizo popular en 2017. Intentó formar su propio partido de maestros, pero no pudo recoger firmas al coincidir con el inicio de la pandemia. Acabó adscrito, más por conveniencia que por convicción, a Perú Libre, una formación regional, la primera que puede llegar a la presidencia desde la periferia. El jefe de ese partido es Vladimir Cerrón, un político de izquierdas dogmático y populista. La influencia de Cerrón en el gabinete de Castillo es otro arcano. El profesor ha renegado de él en público varias veces, sabedor de que Cerrón es muy impopular en la izquierda más centrada y urbana. Por ahí le han llegado muchos de los ataques del fujimorismo. Por ejemplo, el temor a que no sea respetuoso con las instituciones.

El 19 de marzo, en un mitin en la plaza de Chumbivilcas, en Espinar, una provincia muy afectada por los conflictos sociales entre los campesinos y una minera china y otra suiza, Castillo dijo:

—Y lo peor, hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen ¿la Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar?

La multitud respondió. “¡Nooo!”.

—¡Pero cuánto se lleva! —cuestionó Castillo aludiendo a supuestas altas remuneraciones de sus funcionarios.

Uno de sus seguidores gritó: “¿Y las empresas transnacionales?”.

Él respondió: “Las empresas transnacionales están con las horas contadas”.

Castillo acababa de un plumazo con la defensoría y con las compañías extranjeras en Perú. Se armó revuelo. La idea de que llegase al poder “un comunista peligroso”, como lo atacaba el fujimorismo, se extendió. Retrocedió en las encuestas que le auguraban una victoria holgada. La campaña de los poderes tradicionales en su contra fue brutal. Castillo apenas existía en la televisión y la radio nacional. Sobrevivió en los márgenes. Cuando el 5 de mayo recibió el apoyo de la izquierda moderada, que representa Verónika Mendoza, suavizó su postura. Ya hablaba de fortalecer, no de acabar. Explicó: “Para que ese país que sueño para mis hijos y alumnos se haga realidad, será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo: servir al pueblo”.

Quedaba en el aire su relación con las multinacionales, a las que había atacado sin piedad en sus mítines. No iba a acabar con ellas, no, aclaró. Iba a intentar que pagasen más impuestos y beneficiaran más a las comunidades que viven cerca de los yacimientos. Es una realidad que algunas de las comunidades más pobres de Perú viven alrededor de minas de oro. Dijo en un debate cara a cara con Fujimori: ”La empresa privada extranjera es bienvenida con reglas claras. Lo que hay que hacer es revisar los contratos con las empresas transnacionales”.

Al inicio Castillo demostró una cara muy retrógrada en aspectos sociales. Él asegura que es católico, aunque su esposa y sus hijas profesan el evangelismo. Dijo que no apoyaría el matrimonio gay, pero que lo plantearía en una nueva Constitución. Cuando firmó el acuerdo con Mendoza matizó en un párrafo esta postura: “Refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos, en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación”. La noche previa a la jornada de reflexión, Castillo se reunió con un puñado de activistas LGTBI en el local donde despacha en el centro de Lima. Mendoza asegura que Castillo está abierto al diálogo en temas como este.

Con él las campañas políticas han retrocedido 10 años, cuando la importancia de las redes sociales era menor. Castillo ha llenado plazas, algo que parecía algo del pasado. Llegaba a una población, contactaba con sus líderes sociales y unas horas después tenía un auditorio a sus pies. Si en los debates televisados se le ha visto rígido y encogido, en directo, en la calle, es pura energía. Se anunciaba como alguien que venía del Perú profundo. Como quienes le escuchaban con atención. Ahí se presentaba como profesor, campesino, obrero -es cierto que construyó su casa con sus manos- y rondero. Esto último es importante.

Los ronderos son los miembros de las rondas, una organización autónoma creada en los años setenta para combatir la delincuencia rural. Se ocupan de que los ladrones no roben ganado. No cobran un sueldo, visten un poncho y llevan un látigo. Mascan hojas de coca para mantenerse despiertos y beben aguardiente para soportar el frío. En teoría tienen que entregar a los detenidos a la justicia, pero antes los castigan con su látigo y los someten a vejaciones.

Castillo ha dicho que los utilizará para combatir los problemas de seguridad. “Trasladaremos las rondas campesinas y urbanas a los barrios. Hacemos un llamado a los licenciados de las fuerzas armadas, los reservistas y policía nacional para consolidar una sola fuerza”. Ha ido más allá. En el primer debate en el que participó, dijo: “Se les dé un presupuesto a las rondas campesinas, ya no solo están para cuidar las vacas. Tienen que contribuir con la tranquilidad del país y la fiscalización a sus autoridades”. En determinados círculos ha generado intranquilidad que esta especie de cuerpo parapolicial campe a sus anchas.

El maestro rural también planteó tirar abajo el sistema de pensiones administrado por empresas privadas. Cundió entre los trabajadores el miedo a quedarse sin ahorros. Después Castillo puntualizó que solo quiere mejorar el sistema. El que quiera mantenerlo en manos privadas puede hacerlo. Esa ha sido una constante en su camino a la presidencia, primero enseñar el mazo y después colocar la tirita. La explicación gruesa y más tarde el matiz. Puede que sus posturas estén en un lado u en otro, o quizá en un punto medio. El Perú que Pedro Castillo Terrones tiene en la cabeza está por cuajar.

 

Lima - 13 jun 2021 - 11:48 CEST

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La riesgosa apuesta de China por la diplomacia de las vacunas

América Latina está siendo la región que mayores daños sufre por la pandemia de coronavirus, en gran medida porque Brasil representa 'la tormenta perfecta', con altas tasas de contagios y escasos controles, según afirma el profesor Domingo Alves de la Universidad de Sao Paulo.

Una opinión confirmada estos días por la publicación académica British Medical Journal, en un artículo titulado COVID-19: ¿Cómo la variante brasileña se apoderó de Sudamérica?

Según el informe científico, Brasil "es responsable del colapso sanitario que sufre la región desde marzo del 2021", momento en que comenzó "una fuerte circulación comunitaria de la variante P1 (Manaos) que ocasionó que el país registrara más de 4.000 muertos en un día".

En efecto, a partir de marzo los contagios tuvieron un aumento exponencial en países limítrofes de Brasil como Paraguay y Uruguay, pero también crecieron verticalmente en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

"El caso de Uruguay resulta el más paradigmático de esta situación ya que pasó de un vértice al otro, de la menor incidencia a la más alta del mundo", señala el informe.

Michael Touchton, del Observatorio para la Contención del COVID-19 de la Universidad de Miami en las Américas, agrega en una entrevista con el British Medical Journal que "la distribución de la vacuna no es lo suficientemente rápida para contrarrestar la variante más contagiosa y aparentemente más letal".

Por lo anterior, los países de la región se vieron impulsados hacia aquellos proveedores que les aseguraron la mayor cantidad de vacunas, siendo China el más destacado.

América latina "es el mayor receptor per cápita de vacunas chinas, que para muchos países son la única opción por ahora", de acuerdo con el diario de Hong Kong, South China Morning Post.

El mencionado informe científico destaca que "América Latina ha firmado acuerdos para 225 millones de dosis de vacunas chinas", lo que equivale a 36 dosis por cada 100 personas, por delante del sudeste asiático con 31 dosis por cada 100 personas y Oriente Medio con 35 dosis. Por su parte, Europa Central y Oriental van a la zaga con solo seis dosis por cada 100 personas, pero por delante de África con cuatro dosis.

En cuanto a los países, Chile compró 323 dosis por cada 100 personas, seguido de Brasil con 47 dosis. South China Morning Post asegura que "Pekín ha estado luchando por ganar influencia más allá de la esfera económica", lanzando ensayos clínicos en Brasil en julio de 2020 y en noviembre en Chile. "A principios de febrero de 2021, tanto Brasil como Chile fueron los primeros en administrar las vacunas Sinovac al público".

El puntillazo lo dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a comienzos de mayo dijo en un acto junto al embajador de Pekín: "nunca olvidaremos la hermandad de los chinos durante los amargos y angustiosos meses de la pandemia", destacando la rapidez con la que llegó la ayuda.

Sin embargo, la ayuda de China no es gratuita ni desinteresada. El Dragón es el segundo socio comercial de América Latina y el primer destino para las exportaciones de Brasil, Chile y Perú, pero es también la segunda fuente de inversión directa para la región, sobre todo en el sector energético, con 60.000 millones de dólares en los últimos cinco años.

Uno de los objetivos estratégicos de China consiste en el despliegue en América Latina de las redes 5G. La empresa Huawei ya consiguió establecer centros de datos en la nube tanto en Brasil como en México, mientras en Chile lanzará un segundo centro de datos.

Huawei logró posicionarse en el top 3 en dispositivos móviles; partiendo de una posición marginal, está operando ahora en 20 países latinoamericanos.

"En 14 de estos países su presencia en el mercado supera los dos dígitos, mientras que en cuatro de ellos tiene una presencia por arriba del 20%", sostiene la página Latinoamerica Tech.

Pese a estos innegables avances, la vacuna china más difundida en la región está bajo escrutinio.

"Sinopharm tiene una tasa de eficacia del 78%, pero representa solo el 6% de los compromisos de vacunas de China en América Latina. CanSino, con un contrato por 100 millones de dosis a México, muestra una eficacia del 66%. Pero Sinovac, que representa el 90% de las compras chinas en América Latina, tiene una tasa de eficacia de solo el 50,4%, según los últimos ensayos clínicos en Brasil", señala el British Medical Journal.

Por su parte, Pfizer, Moderna y Sputnik V tienen tasas de eficacia en torno al 90-95%. Una de las grandes preocupaciones consiste en la propagación de nuevas cepas y la incierta respuesta de Sinovac ante ellas, en particular la variante P-1 con origen en Manaos, que es la principal responsable del actual incremento de los contagios.

La preocupación es razonable y no es menor, aunque detrás de ella, como telón de fondo, aparece la tremenda competencia geopolítica entre EEUU y China. Aunque Washington está ofreciendo muy pocas vacunas a una región que las necesita con urgencia, un paso en falso de China puede ser muy perjudicial para sus intereses.

Por eso el informe del medio científico concluye: "si los lanzamientos de vacunas en América Latina se quedan cortos y la inmunidad colectiva comienza estar cada vez más fuera de alcance, podría desencadenar una reacción popular y, en última instancia, poner en peligro los objetivos económicos de China en la región".

No debe olvidarse que el talón de Aquiles de las mercancías chinas es su calidad, por lo menos en la percepción del público. Los países latinoamericanos vienen exportando a China minerales, hidrocarburos y alimentos con bajo valor agregado, e importan productos industrializados livianos. En pocos años China pasó de vender a la región vestimenta y calzados a "exportar cada vez más productos electrónicos, maquinarias, instrumentos médicos, coches".

Sin embargo, el made in China no goza de prestigio, pese a los avances del Dragón en tecnologías de punta y al esfuerzo que viene realizando para mejorar su imagen. Cualquier tropiezo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias desagradables para las aspiraciones chinas en América Latina.

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:30

Andrés Arauz presenta su plan en  Nueva York

Arauz fue ovacionado por la comunidad ecuatoriana en Queens.  ________________________________________ Imagen: @ecuarauz2021

El candidato presidencial ecuatoriano espera la segunda vuelta electoral del 11 de abril

Se reunió con la comunidad migrante de Ecuador y planea hablar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante la prensa de EE.UU. se refirió al plan económico que llevará adelante para hacerle frente a las políticas de austeridad que ha sostenido el actual mandatario Lenín Moreno

Entre decenas de banderas de Ecuador y el invierno estadounidense, la comunidad migrante en Queens, Nueva York, recibió al candidato presidencial, Andrés Arauz. El ganador de la primera vuelta en las elecciones del 7 de febrero viajó a EEUU donde también planea reunirse con inversores y la prensa estadounidense

La comunidad migrante más grande que tiene Ecuador en el exterior recibió a Arauz entre barbijos con la bandera ecuatoriana. “Estamos aquí celebrando nuestra victoria contundente en la primera vuelta” dijo el candidato de la Unión por la Esperanza a sus seguidores en Newark, Nueva Jersey, ubicada a unos 17 kilómetros de Nueva York. “Nosotros ya estamos liderando de largo las preferencias para segunda vuelta y por eso están queriendo hacer triquiñuelas en el Consejo Nacional Electoral, para evitar nuestro triunfo contundente” afirmó. La visita de Arauz también incluye reuniones con Alejandro Werner y Kirshna Srinivasan director y subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Arauz ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con cerca del 33 por ciento de votos, aún resta definir con quién disputará la segunda vuelta el 11 de abril. El banquero, Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez esperan el reconteo de votos cada uno con su 19 por ciento y una diferencia de unos pocos miles de votos todavía no resuelta. “Lo bueno es que va a ser una elección donde van a quedar contrastados claramente dos grandes planteamientos de lo que debe ser Ecuador. Uno que nos va a llevar a un país de unos privilegiados, unos pocos banqueros que quieren repartirse lo poco que le queda a la patria y otro por un país del progreso” dijo a la comunidad migrante en Newark.

El candidato de la Unión Por la Esperanza (UNES) también fue entrevistado en el programa estadounidense Democracy Now! En la entrevista Arauz se refirió a la situación actual que vive Ecuador con la crisis sanitaria por la pandemia por covid-19 y la segunda crisis económica más fuerte en la historia del país. “Nos enfrentamos a una doble crisis, por un lado, la pandemia bajo el manejo absolutamente negligente del gobierno” aseguró. Ecuador registra más de 260 mil contagios y 15.392 muertes por covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. “Sólo han circulado cuatro mil vacunas para una población de más de 17 millones de personas”. Para enfrentar el escenario actual, el candidato propone un plan de inversión que incluiría una ayuda de emergencia similar a la que lleva adelante el gobierno estadounidense con cheques para la población más vulnerable. “También planeamos un programa agresivo para -en el corto plazo- poner la vacuna a disposición como un servicio público” afirmó. Además, Arauz contó que habló con el presidente argentino y habría asegurado de 4 millones de dosis de la vacuna producida en Argentina.

El candidato también se refirió a la ola de despidos que ha llevado adelante el sistema de salud en medio de la pandemia. “Más de seis mil trabajadores públicos de la salud han sido despedidos a causa de las políticas de austeridad que han impactado a la población de Ecuador, aumentando la pobreza y la inequidad” denunció. Arauz quiere ir en contra de estas políticas llevadas adelante por el actual mandatario Lenín Moreno. “Queremos implementar una política económica heterodoxa, que incremente la inversión pública, que incremente la protección social para la población. Y que en sí misma pueda crear una recuperación en el corto y mediano plazo para la población.” Entre los problemas que evidenció la pandemia de coronavirus, el candidato habló sobre la conectividad a Internet y cómo afecta a los estudiantes. “La mitad de la población estudiantil de Ecuador no ha podido continuar sus estudios por falta de conexión. También necesitamos un programa de emergencia para Internet, esto implica inversión en infraestructura para cubrir todo el territorio ecuatoriano con conexión de calidad, especialmente para los jóvenes”.

Arauz también cuestionó la agenda anti-extractivista del candidato presidencial Yaku Pérez quien aún espera el conteo final de los votos que definirán si triunfo o derrota ante el banquero del corralito ecuatoriano, Guillermo Lasso. “La agenda anti-extractivista tiene que ser un poco más sofisticada y detallada porque hay muchos temas que deben tenerse en cuenta incluyendo la industrialización de las minas y el desarrollo de las comunidades cercanas. No podemos tener una agenda extractivista neocolonial pero tal vez podemos buscar una agenda de petróleo, minería y agrícola que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y que las convierta en los principales actores”.

Por último, Arauz fue consultado por el caso del periodista Julian Assange, a quien el actual mandatario ecuatoriano Lenín Moreno revocó el asilo político en una de sus primeras acciones al frente del país. “Cuando le quitaron el asilo político se violaron derechos humanos y civiles incluyendo la anulación de la ciudadanía de Assange como ciudadano ecuatoriano. Eso es algo que voy a examinar y si la situación cambia veremos como accionar internacionalmente. Sin embargo, creo que los derechos humanos de Assange deben ser respetados” sostuvo sobre el fundador de WikiLeaks a quien la justicia británica negó la extradición hacia EEUU donde esperan juzgarlo por revelar al mundo los crímenes de guerra del gobierno estadounidense.

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2020, el año en el que se derrumbaron los mantras y dogmas de la economía

La pandemia lo ha cambiado todo. No ha destruido el sistema, ni lo hará, pero nos muestra sus fallos y abre el debate hacia qué tipo de economía mundial queremos avanzar.

 

Repetir una y otra vez hasta que las suposiciones se conviertan en dogmas. Aplastar el conocimiento y la imaginación machacando con que there is no alternative. Tratar como locos o ignorantes a todo aquel que se descarrile de la ortodoxia que ellos mismos han convertido en ley divina. Y, si esas supuestas normas inviolables fallan, pues se le echa la culpa a las “externalidades”, o sea, se exculpa de todo error y pecado a sus métodos y recetas: si la mano invisible no funciona es porque no le dejan. Así se ha fraguado la corriente económica dominante de las últimas décadas y todo el tinglado financiarizado al servicio del capital que se ha construido sobre él. Pero el 2020 lo ha cambiado todo.

Este no va a ser uno de esos artículos donde se explica que el capitalismo está llegando a su fin. Aquellos que lo manejan tienen mucho poder y nos llevan mucha ventaja, y su renovación y subsistencia ya se lleva fraguando desde la anterior crisis. Pero 2020 ha mostrado los fallos del sistema, y en entender dichos fallos se encuentra la clave para marcar una agenda política y social que sea capaz de labrar un futuro mejor para todo el mundo. El covid-19 ha señalado al rey desnudo mientras sus fieles vasallos insisten en convencernos de que sigue llevando ropa, pero que sus prendas necesitan una renovación. Un año donde hasta el Papa parece permitirse el lujo de señalar directamente al capitalismo y sus dogmas como causantes de la desigualdad en el mundo y la inminente crisis ecológica. Donde las instituciones que siempre han defendido sus reglas divinas se han visto obligadas a dar marcha atrás. Donde a Hayek se le esconde y todos se convierten en keynesianos.

Y, como siempre, se nos señala a la externalidad. Hemos pasado de culpar al que “ha vivido por encima de sus posibilidades” a “nos vemos obligado a tomar esta medida por el virus”, aliñados con muchas noticias de gente joven haciendo botellón, para imprimir en nuestras mentes la idea de que la culpa de que la pandemia sea más larga de lo que esperábamos es de esa gente joven y no de metros abarrotados y centros de trabajo repleto de currelas. Pero no nos engañemos, la economía ya estaba enferma y el covid solo ha sido una nueva excusa para poder justificar sus fallos estructurales.

Botón de “pausa” a la austeridad

Era comienzos de marzo y en España todavía nos estábamos riendo de “esos chinos totalitarios que encierran a ciudades enteras para la gripe esa” cuando Jerom Powell y Christine Lagarde, directores de la Reserva Federal Estadounidense (FED) y el Banco Central Europeo (BCE) respectivamente, anunciaron que harían lo necesario para sostener a un sistema económico que ya se resentía y se anotaba, en forma de caídas mundiales en los mercados bursátiles, sus primeros coletazos de la nueva crisis que se nos venía encima. En occidente todavía no teníamos conciencia de lo que estaba pasando al otro lado del globo y nuestra vida era totalmente normal, pero los mercados ya habían entrado en pánico total. Por supuesto, los bancos centrales salieron en su rescate.

Todos los bancos centrales anunciaron paquetes de medidas extraordinarios que básicamente venían a inyectar ingentes cantidades de dinero en los mercados para, otra vez, intentar “que fluya el crédito a familias y pymes”. No era suficiente. Los bancos querían que esos créditos fueran seguros y los gobiernos también salieron en su rescate a modo de avales a esos préstamos, como en el caso español con los créditos ICO avalados por el Estado central en un 80%, 90% para el sector de la hostelería.

Pero sin duda, el mayor golpe a las recetas aplicadas en las últimas décadas a los países del sur y en la última a los Estados del sur de Europa, lo dio la presidenta de la Comisión Europea el viernes 20 de marzo. Von der Leyen anunciaba que suspendía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El límite del 60% de deuda pública respecto al PIB, que ya casi nadie en Europa cumplía, y el de déficit del 3%, se desvanecían ante un nuevo escenario de nueva crisis y de fuerzas eurófobas donde aplicar austeridad hubiera supuesto la descomposición de la Unión Europea y el ahondamiento en una profunda crisis económica sin solución fácil. La Comisión Europea, con la boca pequeña, desnudaba y ponía en evidencia las recetas austericidas aplicadas en la anterior crisis. Resultó que las reglas sagradas de la “estabilidad económica” europea no era más que, como algunos llevan años denunciando, un corsé absurdo al servicio de la estabilidad de los mercados financieros y no de los Estados. Tras 2008, viniendo de una burbuja inmobiliaria y financiera, había margen para apretar pero, en este nuevo episodio, apretar hubiera ahogado.

El “mea culpa” de la austeridad con boca pequeña se replicó en todos los gobiernos que lo habían abrazado anteriormente. Las instituciones supranacionales que habían sido el brazo ejecutor de dichas recetas también tuvieron que rectificar su mantra dominante. Tan solo un par de días antes de Navidad, el FMI publicaba el documento final de su revisión económica anual. Entre sus análisis y recomendaciones se desliza un mensaje clave, algo que muchos economistas a los que el FMI nunca ha querido escuchar llevan una década argumentando, un cambio de paradigma ya no solo en las políticas contra una crisis, sino de entender el destino de la economía global.

El FMI se ha dado cuenta de que expoliar mediante la austeridad, traducida en privatizaciones de todo lo público, y la apertura de sus economías, entendida como abrir las puertas a los expoliadores, estaba bien cuando se trataba de eso, de expoliar. En la anterior crisis, la financiera que arrancaba en 2008, se aplicaron esas medidas de austeridad a los países del norte y (¡oh, sorpresa!) funcionaron igual de mal que lo habían hecho en los países del sur. Desmantelaron nuestros servicios sanitarios y de protección social, desmantelaron una industria tan prometedora y necesaria como la de las energías renovables, rebajaron los impuestos a empresas y grandes capitales, nos dejaron indefensos ante nuevos impactos de la economía e indefensos, o al menos peor preparados, ante una crisis sanitaria.

Pero lo dicen con la boca pequeña. Nadie en Bruselas se atreve a decir en voz alta que la austeridad nunca volverá o que los objetivos del déficit no tendrán que cumplirse en unos años. De hecho, la solución divina a la crisis que se propone y abraza en Europa, los fondos de reconstrucción Next Generation UE, son un contrato de préstamo donde las condiciones de devolución siguen difuminadas. Otra vez, si no hay un cambio decisivo y valiente a nivel europeo en el destino de nuestra economía, lo que se presenta como la salvación a corto plazo puede ser nuestra tumba dentro de unos años.

El monocultivo económico

El “reparto en la cadena productiva global” u otros eufemismos para explicar que los países han sido empujados en esto de la globalización a especializarse en un tipo de industria, delegando en las bondades del libre comercio nuestro abastecimiento de otros servicios, es otro de esos castillo de naipes que se ha derrumbado. Ese monocultivo económico que es el turismo en España ha pasado de ser nuestro motor a nuestra tumba. El cierre de fronteras y la paralización casi por completo del turismo ha defenestrado nuestra economía de un plumazo, mostrando la debilidad de un país que ha confiado en un sector tan sensible a los shocks internacionales.

Las compañías aéreas son rescatadas, el sector de la hostelería también reclama su salvación, miles de personas esperan el trágico destino de las colas del paro al finalizar los ERTE. El panorama que deja la pandemia a un país como España es desolador y los fondos europeos, destinados a inversiones verdes y a la digitalización, no lo van a solucionar. 

En cuanto a las cadenas globales logísticas, también pudimos ver los fallos del sistema. La fábrica del mundo, China, paralizaba casi por completo su producción industrial al poner sus ciudades y centros de trabajo en confinamiento. Las cadenas logísticas de suministros globales se descomponían y congelaban. Las empresas de occidente temían el desabastecimiento de productos y componentes asiáticos que afectara a su oferta. No sabían todavía que su demanda, nosotros, estaríamos encerrados en casa sin poder consumir un par de semanas más tarde. Las bondades de la deslocalización productiva de la globalización se deshacían al mismo tiempo que faltaban EPI, respiradores o mascarillas en países europeos, con cada subasta en aeropuertos donde enviados de países competían por un container de productos que ya no se fabricaban en Europa o Estados Unidos, cada vez que producto básico y necesario en pandemia no llegaba a la balda de un supermercado porque no había salido de un puerto chino.

Nuevos actores, mismo poder

Mientras las guerras comerciales por la hegemonía mundial nos han despistado, la financiarización de la economía no ha hecho más que dar otro paso de gigante aprovechando esta nueva crisis. Las ingentes cantidades de dinero inyectadas en los mercados por parte de los bancos centrales no ha hecho más que engordar una economía especulativa que poco o nada tiene que ver con la economía real y con una recuperación efectiva de la economía y el empleo. Mientras el desempleo no se recupera y la gente hace interminables papeleos para conseguir el Ingreso Mínimo Vital, las bolsas de todo el planeta ya han recuperado sus niveles anteriores a la crisis impulsadas primordialmente por los dos sectores que controlan el planeta: el financiero y el tecnológico.

Trump intentó mostrar que defendía su Make America Great Again, cuando lo que pretendía era salvar la hegemonía norteamericana frente a China. La mejor forma de hacerlo ha sido rescatar con liquidez a esos dos sectores como puntas de lanza de su poder mundial. Los capos del mundo digital, como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, han aumentado su riqueza exponencialmente durante esta pandemia. Los grandes fondos estadounidenses, como Black Rock, salen a la compra de gangas bursátiles en los países más afectados por la pandemia. Alimentar a empresas rentistas, de dinero o de datos que se convierten en dinero, es la principal vía del capitalismo para mantener el orden de las cosas tal y como están, y esta crisis no iba a ser menos. Visibilizar ese poder y cómo los Estados lo están apuntalando es una tarea esencial para poder vislumbrar nuevas formas de lucha y resistencia ante dichos poderes.

Si no sirve en crisis, no sirve

Alemania entró en el accionariado de una de las empresas que están en la carrera de la vacuna para asegurarle su financiación. España limitó el precio de las mascarillas. Los bancos centrales del Reino Unido o Japón han financiado directamente a sus Estados. Los que abogan por la no intervención de los Estados en la economía han (otra vez) lloriquedado a sus puertas para exigir más dinero. Todos los sectores han exigido la intervención pública para ser rescatados. Todo ello y mucho más en tan solo unos meses, incluso semanas, de crisis económicas. El capitalismo presume de una fuerza y estabilidad que no aguanta ni dos meses sin tener que llorar y reclamar ayudas públicas.

En esos lloros debemos cimentar las bases de una economía que atienda más a las necesides públicas, de las personas, que a las de los mercados financieros. De esta pandemia quedarán secuelas y, como he dicho al comienzo, el capital ya está conformando su salida y su nueva posición dentro de esa recuperación económica para no perder su lugar dominante (de cómo los capitales están dando forma a esa transformación verde y a la digitalización lo dejamos para otro artículo). Pero de esas cenizas es de dónde debería salir esa nueva forma de entender la economía. De los restos de esas recetas fallidas debe cocinarse una nueva forma de entender la economía. Abandonar esos dogmas para crear unas nuevas fórmulas que pongan la vida en el medio. Que los mantras de la nueva recuperación hablen de que la economía y la ciencia deban estar al servicio de la sociedad, sobre sistemas más resilientes a las crisis o que directamente las evite, sobre cómo poner por encima los intereses del planeta sobre el de los accionistas y donde el cortoplacismo capitalista se sustituya por la necesidad de hacer un planeta que beneficie a todas y todos. Porque esta crisis ha mostrado que el sistema actual es débil, que los mantras mil veces repetidos no tienen por qué ser ciertos y que los dogmas de la economía son eso, dogmas, pero que la economía es, o debe ser, otra cosa.

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Dos semanas de protestas en Costa Rica contra el plan del ajuste del Gobierno y el FMI

La relativa calma de Costa Rica se rompió hace más de dos semanas, con protestas, marchas y bloqueos en casi todo el país que han obligado al Gobierno de Carlos Alvarado a retroceder en su acuerdo con el FMI. Nada indica que la situación vuelva a la “normalidad” deseada por el gobierno, todo lo contrario, existen una tensa situación y un clima de agitación social y política.

 

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en marchas en la capital así como protestas y bloqueos en decenas de rutas y poblados en el interior del país y puestos fronterizos estratégicos, en los que cada día han venido participando cientos y miles de personas. El foco central ha sido contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus medidas de ajuste, que el gobierno de Carlos Alvarado buscó implementar en acuerdo con las cámaras empresariales. Alvarado, por la fuerza de las protestas, el 4 de octubre, se vio obligado a retroceder suspendiendo el acuerdo con el organismo internacional, por el momento.

Transcurridas las semanas nada indica que la situación en el país centroamericano vuelva a la calma, o por lo menos las cosas no tendrán la pasividad en que venían transcurriendo. Luego de meses de las restricciones por la pandemia en los que el gobierno nacional aprovechó para avanzar en una serie de medidas antipopulares como autorizar los despidos, los contratos parciales y las reducciones salariales, todo para seguir garantizando los negocios de los capitalistas y las corporaciones financieras, y el empobrecimiento mayor de sectores de la economía informal, la clase trabajadora y mayorías populares dijeron basta. Es de recordar que hace apenas dos años, en el 2018, el país se vio sacudido por importantes movilizaciones nacionales que culminaron en una huelga general contra el paquete de medidas de ajuste fondomonetarista.

Desde mediados de septiembre el Gobierno estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el supuesto argumento de “estabilizar las finanzas del país”, pero todo dentro de un plan en el que se estarían acordando privatizaciones (“venta de activos” como elegantemente le gusta decir), reducir el “gasto público” (léase recortes las instituciones públicas así como en sectores esenciales como educación y salud, presupuestos para la vivienda del pueblo pobre, despidos en el área pública, etc.), y explícitamente con el objetivo de garantizar los negocios de los empresario en un país donde gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa y donde grandes empresarios no pagan impuestos o encuentran miles formas para evadirlos con la vista gorda del Estado, o donde grandes empresas transnacionales ubicadas en las zonas francas no pagan un solo centavo de impuestos.

En estas dos semanas la tensión ha venido en aumento con enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Buscando destrabar la situación, en los últimos días el Gobierno ha implementado una estrategia de negociar con los representantes de cada zona, donde en algunas áreas tienen reclamos particulares, pero al mismo tiempo que los reprime.

A la par de esto, y luego de un marcha atrás “por ahora” del acuerdo con el FMI, el pasado domingo, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a un proceso de “diálogo multisectorial”, pero donde se seleccionan con quienes se sentarán a negociar. Pero aún esto está lejos de conseguir la calma que buscan pues los que realmente están en las calles no están presentes en dicha “mesa de diálogo”, y más que todo busca una especie de “consenso nacional”, esperando que pase el peor momento e intentar nuevos ajustes apenas la correlación de fuerzas lo permita.

Una crisis económica, alto desempleo, desigualdad social y aumento de la pobreza

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica del 5% del PIB. La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% en pocos meses y tras la llegada del coronavirus producto de las políticas gubernamentales, alcanzando niveles más alarmantes entre la juventud y las mujeres trabajadoras.

De los 11,4 billones de colones que el Gobierno presentó de presupuesto para 2021, 4,8 billones son para pagar deuda y 2,1 billones de colones corresponden exclusivamente a intereses de deuda. A la vez 54,9% del presupuesto del gobierno tiene como fuente la deuda. De tal manera que se adquiere deuda para pagar más deuda, a los mismos organismos financieros internacionales, y a costas de los intereses apremiantes del pueblo trabajador costarricense.

En Costa Rica los niveles de informalidad son altos, existiendo también una desigualdad bastante alta agravada durante los largos meses de la pandemia, con fuertes aumentos en los niveles de pobreza. Así, y de acuerdo a informaciones oficiales que fueron publicados este jueves, la pobreza en Costa Rica se incrementó en 5,2 puntos porcentuales para situarse en el 26,2 % en el 2020, la cifra más alta que se ha registrado desde el año 1992. La Encuesta Nacional de Hogares, aplicada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalla que el 26,2 % de pobreza equivale a 419.783 hogares, para un aumento de 83.888 con respecto al 2019, año en que el porcentaje fue de 21 %.

La pobreza extrema en el 2020 alcanzó el 7 %, es decir 112.987 hogares, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2019 cuando fue del 5,8 % o 93.542 hogares. En la zona urbana la pobreza llegó al 26,4 % y en la rural al 25,5 %, lo que supone incrementos de 6,6 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado. Según el organismo oficial, la subida de la pobreza ha sido provocada por la caída del 12,2 % en los ingresos de los hogares. En cuanto al concepto de salario, la caída fue del 13,8 %, y en los ingresos independientes del 35 %, a causa de los cierres de actividades económicas que se implementaron durante la pandemia de la covid-19.

El curso de las protestas contra el FMI y contra las políticas gubernamentales

Uno de los sectores que dieron inicio a la ola de bloqueos y protestas fue el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN) aprovechando el descontento por abajo, sobre todo en los sectores de interior del país y zonas rurales, pequeños productores agrarios, pobladores de pequeñas ciudades, pero que también tenía por atrás a importantes sectores del campo como la cámara del arroz, para solo poner un ejemplo.

Los dirigentes del MNR arrancaron con demanda general de “no más impuestos” (misma que hasta ese momento impulsaba la derecha opositora al plan del gobierno y fuertes grados de nacionalismo) y contra FMI, buscando englobar tanto a sectores populares o pequeños productores golpeados por la situación como con determinados sectores de empresarios que se niegan a los impuestos; de allí que, con un matiz populista de parte de una dirección que representa a un sector patronal, como lo expresa su principal portavoz José Miguel Corrales, en las protestas se colaban también posiciones negacionistas ante la pandemia y carteles contra el “socialismo”, como si el Gobierno del PAC tuviera algún atisbo de esto.

Pero la situación se fue agudizando por el fuerte descontento por abajo, siendo que el movimiento que se había despertado amenazaba desbordar a la dirección del MRN, y de tal manera que, uno de sus principales dirigentes, José Miguel Corrales, un octogenario dirigente político oriundo del clásico partido patronal PLN (Partido Liberación Nacional) llegó a pedir el cese de los bloqueos y hasta llegó a pedir disculpas ante la magnitud de la movilización y la preocupación de que la situación se le fuera de las manos.

Es que comenzaron a desatarse fuerzas que no podían controlar, al tiempo que los principales sindicatos nacionales comenzaban a protagonizar importantes marchas sobre todo en la capital del país llevando a que la clase trabajadora costarricense entrara en la escena política nacional, pudiendo tejerse una gran alianza obrera y popular. Una situación a la que le teme el Gobierno de Alvarado y que le hacía recordar las grandes movilizaciones del 2018, pero también asustaba a la dirección del MNR.

Es que sectores de trabajadores y trabajadoras, agobiados por los padecimientos de la situación agravados durante la pandemia, han estado en diversos puntos de bloqueo, con fuerte presencia de sectores populares y pequeños productores. La pandemia ha significado un deterioro muy grande en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras y sus familias, despidos, suspensiones y reducciones salariales para empleados públicos; acoso y ajuste para los trabajadores tanto públicos como privados.

Por ello es que frente a esta situación las organizaciones sindicales más importantes del país llamaron a la movilización, siendo que durante buena parte de la pandemia dejaron pasar los despidos. Se tenían que reubicar frente al descontento que existe en el país. Así el pasado martes 6 de octubre, convocaron a una importante marcha en la capital del país, recorriendo una de las arterias más importantes de San José, el Paseo Colón hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora las consignas no eran solamente de “no más impuestos” en general, sino de que los ricos y las grandes empresas se les impongan impuestos y que se exima al pueblo de más gravámenes como el reaccionario impuesto al IVA, además de Fuera el FMI, contra los ajustes y las privatizaciones.

Pero a pesar de los llamados a levantar los bloqueos por parte de algunos dirigentes del MNR, el descontento en el interior sigue su curso, y si se empiezan a levantar no es por falta de energías sino por el papel de esta dirección. Fue lo que se observó en la marcha en la capital del país convocada por el MNR y que desembocara en la Casa presidencial, el pasado lunes 12 de octubre, donde el Gobierno de Carlos Alvarado a través del Ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenaron la represión, donde resultaron heridas varias personas y por lo menos 30 detenidos. Se habló incluso de infiltración por parte de la propia policía nacional.

Como señalara Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista (organización integrante de la FT-CI), “un Gobierno que reprimiendo intenta ganar lo que ha perdido en el campo político. La orientación hacia el FMI está siendo duramente cuestionada en la calle y seguramente habrá un cuestionamiento más profundo aún en los próximos meses”. Además señaló “totalmente esperable la infiltración de parte de los cuerpos policiales, lo vienen haciendo de tiempo atrás.”

Este miércoles los sindicatos APSE, UNDECA y ANDE se concentraron frente al Aeropuerto Juan Santamaría, luego de realizar caravanas desde la cercana ciudad de Alajuela y de San José. Para este lunes 18 de octubre se esperan nuevas movilizaciones mientras algunos bloqueos continúan en el interior. Los sindicatos planean nueva marcha en San José, la capital del país. Así lo hicieron saber representantes sindicales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Como indica también Esteban Fernández, en Costa Rica “es fundamental mantener la pelea, ampliarla y consolidarla, para ello se hace necesario organización. Por eso es que es necesario que las organizaciones sindicales convoquen a un Encuentro Nacional de Trabajadores llamando a los sectores populares, donde se pueda unificar un pliego de reivindicaciones de conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, así como un plan nacional de acciones contra las medidas de Alvarado y los partidos patronales.” Se hace necesario más que nunca una gran movilización nacional ya de la clase trabajadora y los sectores explotados como parte de un plan de lucha levantando un programa para que sean los ricos y los empresarios los que paguen la crisis y para derrotar los planes del Gobierno y del FMI.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 15 de octubre | 23:45

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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Fuentes: Rebelión -Foto AP: protesta contra clases presenciales, Georgia Tech, Atlanta, 17 de agosto de 2020.

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país.

El coronavirus ha sacado a relucir las peores lacras del capitalismo, revelando el carácter destructor de la forma mercancía, que se ha impuesto brutalmente en todos los ámbitos de la sociedad. La forma mercancía domina la vida cotidiana de buena parte del mundo, pero es la reina indiscutible en los Estados Unidos, y por esa razón en ese país se hacen más ostensibles sus contradicciones en esta época de pandemia. No es que se hayan originado por el Covid-19, simplemente el virus ha sido el detonante que ha hecho explotar el espejismo del “sueño americano”. Esto se nota en el trabajo, la salud, la recreación, la vivienda, la educación.

En este articulo nos vamos a referir a la mercantilización de la educación, a partir de una noticia en dos momentos: la decisión del gobierno de Donald Trump de expulsar de Estados Unidos a los estudiantes universitarios del resto del mundo que solo estuvieran recibiendo clases on line y la reacción de Estados federales y universidades que se opusieron a dicha disposición. Sobre esta reacción quedaba cierta sensación de que el rechazo a la medida inicial de Trump, que finalmente fue revocada, se debía a la defensa de la democracia y al derecho de extranjeros de estudiar en los Estados Unidos, pero si se mira con detenimiento la conducta de las universidades nos remite a la venta de la mercancía educativa y las fabulosas ganancias que genera para los mercachifles de la universidad.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: UNA COSTOSA MERCANCÍA

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país, cuando ese mismo actor de quinta categoría alcanzó la presidencia de los Estados Unidos (1981-1989). Reagan, un individuo atrabiliario e ignorante, llegó a decir, para justificar la privatización de las universidades, que los contribuyentes no debían “subvencionar la curiosidad intelectual” y eso lo debían financiar las propias universidades. Ese proyecto implicó la reducción en las transferencias estatales a las universidades, que se fue agravando con el paso del tiempo. Así, entre 1987 y 2012, la financiación pública de las universidades disminuyó en un 30% y en el 2019 en Alaska, para dar un ejemplo, la reducción de presupuesto alcanzó los 135 millones de dólares.

Las universidades recurrieron como vía alterna de financiación al aumento de matrículas, las que se dispararon a niveles estratosféricos hasta convertir a la educación universitaria de los Estados Unidos en la más costosa del mundo. Hasta tal punto esos ingresos son importantes, que el presupuesto de las universidades públicas depende en un 25% de las matrículas y de las privadas en un 35%. Estas cifras adquieren sentido si se compara con lo que sucede en algunos países europeos, donde o las matrículas son gratuitas, como Alemania, o muy bajas, como en Francia.

Como resultado, las matrículas se han elevado en las universidades de Estados Unidos en un 260% entre 1980 y 2014. En concreto, estudiar en una universidad de los Estados Unidos cuesta hasta unos 70 mil dólares por año. Como a ese costo solo puede acceder una ínfima minoría de Estados Unidos y del resto del mundo, el sistema interno que se ha desarrollado es el de los préstamos, que en el 2013 constituirán el 50% del total de presupuesto de las universidades (cuyo monto era de 75 mil millones de dólares). Esto ha dado origen a los endeudados educativos, esclavizados con el sistema financiero que está detrás de las universidades, y al cual las familias de los estudiantes debían, en 2019, 1.5 billones de dólares por préstamos para estudiar.

Otra forma de financiación de las universidades se basa en la firma de convenios con entidades privadas, como con canales de televisión, y ventas de cursos de verano y conferencias, arrendamiento de campos deportivos…. Un buen rubro de ingreso de las universidades son los estudiantes extranjeros, puesto que en Estados Unidos están matriculados más de un millón, la mitad de los cuales proceden de China e India. En el año escolar 2016-2017, estos alumnos extranjeros desembolsaron por matriculas 37 mil millones de dólares.

Este sistema de financiación de la universidad ya estaba en crisis antes de la emergencia del coronavirus, como se muestra con la insolvencia de muchas universidades y la quiebra de alguna de ellas. En 2019, estaban en situación de insolvencia 946 universidades, 60 de las cuales quebraron.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS UNIVERSIDADES

El Covid-19 ha agravado una situación ya existente y ha mostrado las limitaciones de la mercantilización educativa. El impacto del cierre de los campus universitarios se ha sentido de inmediato en ese sistema universitario mercantil, que dejara de recibir ingresos por las ventas de verano, así como por la deserción de estudiantes estadounidenses, que puede llegar al 15%, lo que significa una reducción de ingresos de 23 mil millones de dólares en el próximo año académico. A eso se suma que muchos de los estudiantes están inconformes con la educación on line, debido a que ello supone dejar de responder por otros compromisos de las universidades, como vivienda y alimentación, que les siguen cobrando a los estudiantes. Muchos estudiantes ya han demando a las universidades para que cumpla con los contratos a que se comprometen y por los cuales cobra mucho dinero. A esto se le deben sumar los 32 mil millones de dólares y los 300 mil empleos que se perderían si los estudiantes extranjeros no se matriculan para el próximo año escolar.

En este contexto de crisis financiera agravada de las universidades, que se calcula en unos 47 mil millones de dólares, la decisión de Donald Trump sobre expulsar a los estudiantes extranjeros no podía llegar en peor momento. Aunque se hayan hecho declaraciones como la de la senadora Elizabeth Warren, quien señaló que “expulsar a los estudiantes internacionales en medio de una pandemia global” es “un sinsentido, cruel y xenófobo” o la del profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard quien ha dicho: “asumo que Trump y Miller (Stephen Miller, su asesor en inmigración) están encantados con que los estudiantes acaben en la Universidad de Tsinghua (China)” o la del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien sostuvo: “no podemos ser un líder mundial si le cerramos la puerta al futuro a los estudiantes”. Esas son declaraciones demagógicas, que esconden el problema real que originó el grito de protesta de los dueños de las universidades y de gobernadores estatales, así como de políticos ligados al lobby educativo: la pérdida de ingresos por no recibir el costo de la matricula y otros gastos de un millón de estudiantes extranjeros. Aquí el patriotismo barato de Trump se estrella con los fabulosos ingresos que llenan las faltriqueras de las universidades mercantiles, para las cuales su única patria es el dólar. El resto es cháchara barata.

Por Renán Vega Cantor | 26/08/2020

Publicado enSociedad
El paciente del millón de dólares o cómo pagar la factura más alta por un tratamiento de covid-19

Un ciudadano de Seattle, Michael Flor, de 70 años, recibe una factura récord de más de 1,1 millones de dólares por su tratamiento de covid-19 tras pasar 62 días ingresado. Más de 250.000 norteamericanos han sido hospitalizados por el virus y se enfrentarán a facturas que podrán dejarlos en la ruina aunque tengan un seguro médico.

 

El 4 de marzo, en Seattle, Michael Flor, de 70 años, salió pronto del trabajo y se fue a casa. Tenía una tos fea. Él no le dio importancia, pero su mujer le insistió para ir a urgencias; sólo cinco días antes Seattle había registrado el primer muerto del país por covid-19. En el hospital dio positivo e ingresó en UCI. Permaneció ingresado 62 días, casi la mitad de ellos enchufado a un respirador. El 5 de mayo salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Pero vivo. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida. "La abrí y me dije. ¡Host** p**a!", cuenta Flor al Seattle Times. La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares; es decir, 992.744 euros.

Esta vez, la suerte ha estado de su lado y Flor se va a librar de pagar nada, o eso le ha asegurado su compañía médica. Pero según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ése no va a ser el caso de muchos de las hasta ahora más de 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19. "La Ley HEROES que propuso la Cámara de los Diputados [en mayo] habría exigido que todos los seguros médicos que un trabajador tiene a través de su empleador cumplieran con la exención de gastos deductibles anuales y copagos tanto en las pruebas como en el tratamiento de la covid-19, sin embargo, el Senado [de mayoría republicana] se opone a ello", explica a la web Medical Press Cheryl Fish-Parcham, directora de acceso a la salud de Families USA, una organización de consumidores de la salud.

Flor se va a librar de pagar nada o casi nada porque, al tener más de 65 años, su seguro de salud le viene a través de los fondos de Medicare, un programa público. Así que la compañía de salud de Flor le ha asegurado que, al estar bajo Medicare, para él no habrá deducibles ni copagos esta vez. El problema para los más de 250.000 personas que han pasado por un hospital en Estados Unidos es que sus facturas dependerán de si están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan y a través de la cual tienen su seguro médico ha llegado a ese acuerdo con la compañía de salud privada.

Según el estudio de la Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, que sí tenía esa condición acordada. "Pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador", asegura Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio de la Johns Hopkins.

El gasto sanitario anual que, como promedio, uno ha de asumir en Estados Unidos en su seguro médico asciende a 1.655 dólares, según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, que alerta de que hace una década esta cantidad era de 826 dólares. Si uno tiene ese deducible anual y un copago del 20%, quiere decir que los primeros 1.655 dólares de las facturas médicas las asume uno en su totalidad y, a partir de esa cantidad, el seguro le cubre el 80% de las facturas y el resto va a cuenta del asegurado. Bajo esas condiciones, una factura como la que recibió Flor implicaría pagar más de 200.000 dólares.

El problema de esto es doble. Por un lado, la covid-19 ha desatado una crisis económica devastadora en Estados Unidos y ha dejado por el momento más de 45 millones de parados, de los que 27 millones habrían perdido su seguro médico (que tenían a través de su empleador); por otra parte, en cuanto a las personas que no han perdido su empleo y siguen trabajando, las empresas para las que trabajan, en medio de esta crisis galopante, podrían ser reacias a acordar el levantamiento de los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que cubren a sus empleados. En el caso de los autónomos, la situación es casi peor: depende de la voluntad de las aseguradoras médicas (o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales) para reducir o levantar del todo esos copagos.

Eisenberg alerta en su estudio de que esta situación es especialmente preocupante en los jóvenes. A menudo, éstos, al estar sanos, contratan seguros médicos con un deducible anual muy alto, lo que abarata mucho el coste del seguro. De este modo, si tienen cualquier percance menor pero improbable, se arriesgan a asumir ellos el coste en su totalidad de una factura menor, pero sí que estarían cubiertos para episodios más graves o urgentes de salud, como una apendicitis o romperse un hueso en un accidente, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

Sin embargo, la covid-19 ha está rompiendo los moldes de lo que es una factura elevada. Según la Fundación de la Familia Kaiser, sólo estar cuatro días en la UCI enchufado a un ventilador cuesta una media de 88.000 dólares. Los altos deducibles y los copagos "pueden fácilmente arruinar a una familia", alerta a la web Medical Press el director en la Fundación del Programa sobre Mercados Sanitarios, Matthew Rae, que concluye: "Y una de las cosas que sabemos sobre las deudas médicas es que una cantidad relativamente pequeña puede meter a la gente en una espiral hacia abajo".

Por este motivo, ya el pasado 1 de mayo 32 diputados demócratas introdujeron en el Congreso una propuesta de ley para que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia. La norma aún espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, si bien tiene su mayor escollo en el Senado, de mayoría republicana y la que deberá darle, si procede, su aprobación final.

La norma, denominada Ley Plan de Crisis Medicare, fue promovida por los congresistas Pramila Jayapal y Joe Kennedy y secundada por otros 30, todos demócratas, entre ellos, Alejandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat o Tulsi Gabbard, excandidata demócrata a liderar el partido en las últimas primarias. Senadores como Bernie Sanders le han dado su apoyo público.

Sin embargo, uno los mayores fiascos que ha sufrido la propuesta llegó el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara de los Diputados votó a favor del nuevo paquete de ayudas por la covid-19, dotado con 3 billones de dólares. Dicho paquete contó con el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, la propia Jayapal, puesto que no incluyó, a pesar de la enorme dotación económica propuesta, la cobertura sanitaria médica universal y gratuita por covid-19.

Jayapal denunció en un comunicado que el paquete de ayudas propuesto por la Cámara de los Diputados "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo", recordó, "y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". De momento, casos como el de Flor siguen siendo la excepción de confirma la regla.

 

24/06/2020 09:04

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

Publicado enInternacional
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